6 | LE MONDE diplomatique | junio 2013

Para donde uno mire hoy es posible encontrar ideólogos de la Asam-blea Constituyente. Están quie-nes la plantearon previo al movi-

miento estudiantil. También los que dicen impulsarla desde principios del 2000, con lanzamiento y recolección de firmas inclui-das. Y los que alegan que fue su idea des-de inicios de la recuperación democrática. Hoy por hoy, la Asamblea Constituyente tiene un serio problema de paternidad.

Al frente están quienes reniegan de es-te recién nacido que ya gatea por sus pro-pios medios. Para otros, la demanda sería una copia de los así llamados “procesos bolivarianos” que legítimamente han lle-vado adelante Bolivia, Ecuador y Vene-zuela durante la última década, obviando interesadamente los de Colombia, Brasil, España y, más reciente aún, Islandia.

Lo cierto es que si se revisa la historia mundial (válidos son aún los principios de la Francia de 1789) y la de nuestro país, se constata que la idea no es una originalidad nacida de la febril mentalidad de lo que un economista chileno llamó “neoconstitucio-nalismo populista”.

La Comisión OrtúzarPara los chilenos no es inédito eso de los procesos constituyentes democráticos. Aunque es posible encontrar ejemplos de hace 100 años, la idea quedó plasmada en las propias actas de la Comisión de Estu-dios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile (o Comisión Ortúzar, por su presidente Enrique Ortúzar) creada por Pinochet a días del Golpe con el fin de elaborar un anteproyecto para reemplazar a la Carta Fundamental de 1925.

En un viaje que algunos miembros de la comisión hicieron en diciembre de 1973 a Europa con el fin de explicar “las circunstancias que condujeron al movi-miento del 11 de septiembre de 1973 y la orientación que inspira la actual dirección del país” (1), intelectuales del viejo conti-nente plantearon sus aprensiones por la génesis de un nuevo marco institucional. En su informe sobre la gira, Sergio Díez relató que “la inquietud fundamental de estos círculos académicos reside en que la redacción de la Carta Política no se haya entregado a una asamblea constituyente que la promulgara... En Alemania, existe también, la misma preocupación por la ge-neración de la Carta Fundamental” (2).

En un informe dirigido a la comisión

en marzo de 1974 el profesor de dere-cho constitucional Francisco Cumplido reforzó este principio, señalando que el poder constituyente reside en el pueblo y que “la legitimidad de la autoridad debe descansar, en consecuencia, en el consen-so del pueblo democráticamente expresa-do, por medio de un referéndum o eligiendo una asamblea constituyente” (3).

Dos años más tarde volvió sobre este concepto el jurista Enrique Evans, quien en 1976 afirmó sobre las instituciones -a las que se estaba dando génesis en la co-misión- que “deben probarse para que después el pueblo o una asamblea consti-tuyente [acota que prefiere esta segunda fórmula], les dé forma definitiva en un tex-to constitucional orgánico que rija el futu-ro estado de derecho de este país” (4). Algo similar señaló en 1978 el ex ministro de Defensa de Eduardo Frei Montalva y pos-terior embajador de Pinochet en Espa-ña, Juan de Dios Carmona: “La asamblea constituyente -que permitirá un debate so-bre los grandes problemas y sobre la nueva institucionalidad-, indudablemente, en-cauzará, mediante ese debate político, las aspiraciones ciudadanas” (5).

Los resultados de este trabajo son co-nocidos. El 11 de septiembre de 1980, mediante plebiscito, se “validó” la nueva Constitución, en un proceso no sólo ilegí-timo -sin registros electorales, nulos es-pacios en los medios para los opositores y en una papeleta donde al SÍ lo adorna-ba una estrella mientras al NO un círculo negro (6)- sino además fraudulento. Así lo reconoció el ex funcionario de la DI-NA Jorgelino Vergara en “La danza de los cuervos”. “Estábamos acuartelados (…) Nos ordenaron que debíamos acudir a di-versos municipios de Santiago para votar por el Sí a la Constitución” (7). Se calculan en unos 3 mil los agentes de la CNI man-datados por el régimen para sufragar en repetidas ocasiones.

Una oposición por la Asamblea ConstituyenteUno de los primeros esfuerzos colectivos para proponer una alternativa a la Cons-titución fraguada por los militares fue la conformación, en 1978, del Grupo de Es-tudios Constitucionales (“Grupo de los 24”), integrado, entre otros, por su presi-dente Manuel Sanhueza, Patricio Aylwin, Edgardo Boeninger, Carlos Briones, Jor-ge Correa Sutil, Francisco Cumplido, Ar-mando Jaramillo, Jorge Mario Quinzio, Alejandro Silva Bascuñán, Enrique Silva Cimma y Hernán Vodanovic. En un infor-me de 1979 concluyó que la nueva Carta Fundamental debía gestarse bajo deter-minadas condiciones: en un régimen con plena vigencia del derecho y las liberta-des públicas; mediante una Asamblea Constituyente y un posterior plebiscito aprobatorio; y con un sistema electoral válido (8).

Esta idea fue reiterada por el ex Presi-dente Eduardo Frei Montalva en el teatro Caupolicán durante su histórico discurso del 27 de agosto de 1980 con motivo del re-feréndum constitucional convocado por el régimen. “Constituido este gobierno de

transición (cívico-militar) se elija por vo-tación popular una asamblea constituyen-te u otro organismo auténticamente repre-sentativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente defini-das y plena libertad de expresión” (9).

En octubre de 1980 volvieron sobre la propuesta los socialistas exiliados en América Latina y Europa reunidos en Ca-racas en búsqueda de la unión de la oposi-ción. Bajo la presidencia del líder históri-co del socialismo, Aniceto Rodríguez, se llega a la conclusión que la unidad oposi-tora permitiría plantear al pueblo chileno “un proyecto viable de recambio del régi-men actual por un nuevo gobierno ligado a las mayorías nacionales y que haga fac-tible una Asamblea Constituyente del pue-blo que proponga las nuevas estructuras institucionales” (10).

Estos principios fueron recogidos por la Alianza Democrática (AD) -precursora de la Concertación de 1988- e integrada por representantes de diversas corrientes de pensamiento político de oposición (los partidos no tenían existencia legal en esa época): la derecha republicana, socialde-mócratas, radicales, socialistas, demo-cratacristianos. En el punto 11 de su ma-nifiesto fundacional -difundido en marzo de 1983- propuso que luego de alcanzar-se el pleno Estado de Derecho “se crea-rían las condiciones necesarias para el más pronto funcionamiento de las instituciones democráticas, particularmente mediante la convocatoria a una Asamblea Constitu-yente integrada por las distintas corrien-tes de opinión y la adopción de un sistema electoral que garantice la libre, informada y auténtica expresión de la voluntad ciuda-dana” (11). Firmaron el documento Patri-cio Aylwin, Hugo Zepeda, Enrique Silva Cimma, Julio Subercaseaux, Fernando Luengo, Luis Bossay, Ramón Silva Ulloa, Dubenildo Jaque, Hernán Vodanovic, Gabriel Valdés y Julio Stuardo. Uno de los voceros de la AD fue Ricardo Lagos. Este planteamiento fue refrendado meses des-pués en el documento “Bases democráti-cas para un gran acuerdo nacional” (12).

Al año siguiente, en febrero, la dicta-dura difundió una propuesta de ley de partidos políticos. Fue tal el debate gene-rado por el anteproyecto gubernamental que el diario El Mercurio publicó un cua-dro con la postura de las colectividades de la época sobre diversas materias insti-tucionales. En este análisis es posible dis-tinguir a gran parte de la oposición plega-da a la idea de la Asamblea Constituyente; la Derecha Republicana, el PDC, el Par-tido Radical, el Partido Social Demócra-ta, el PS (los adscritos tanto a la AD como al Movimiento Democrático Popular), el Partido Comunista y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (13).

Por esto, en la hora presente, llama la atención la postura dubitativa de algunos líderes de esa época. Ejemplos son los dos Ricardos; Núñez (14) y Lagos (15). Porque en los 80 no tenían dudas. “Cuando nues-

tro pueblo sea convocado a establecer una Asamblea Constituyente, se dará otra Cons-titución, una que efectivamente refleje el al-ma nacional” (16) señaló en 1986 a La Ter-cera el ex senador socialista. Y La Segun-da consignó en 1987 que quien una década después llegaría a La Moneda sólo valida-ba la proscripción de partidos políticos por motivos ideológicos si esto era resuelto “por una Asamblea Constituyente” (17).

En definitiva, el propósito de liberar a Chile del nudo institucional impues-to, mediante un proceso completamente participativo no es nuevo. Ya en los 70 y 80 parte importante de los líderes de la oposición lo consideraron la vía funda-mental para dotar al país de su propia Constitución. Algo que no ocurrió con las reformas de 1989 y 2005 -las princi-pales-, que no solucionaron un ápice el problema de legitimidad originaria ni el profundo sentido neoliberal (subsidia-riedad del Estado, le llaman) de nuestra Carta Fundamental.

¿Qué ocurrió en el camino? Otros tie-nen las respuestas.

Pero el debate se ha reabierto. Es es-perable que ésta sea la oportunidad para que quienes cambiaron de opinión en es-tos años, ésa que permitió a Chile salir de la oscura noche de la dictadura y a ellos llegar al poder, acepten una vez más que la mayoría ciudadana tiene el irrenuncia-ble derecho a definir su destino y el de su generación. g

1. Actas Comisión Ortúzar, 7 de enero de 1974. Informe de Ale-jandro Silva Bascuñán. Tomo I, p. 269. Ver en http://bit.ly/COrtuzarT12. Actas Comisión Ortúzar, 7 de marzo de 1974. Tomo I, p. 287. Ver en http://bit.ly/COrtuzarT13. Actas Comisión Ortúzar, 19 de marzo de 1974. Memorándum de Francisco Cumplido. Tomo I, p. 397. Ver en http://bit.ly/COrtuzarT14. Actas Comisión Ortúzar, 23 de septiembre de 1976. Tomo VIII, p. 48. Ver en http://bit.ly/COrtuzarT85. Actas Comisión Ortúzar, 14 de marzo de 1978. Tomo X, p. 416. Ver en http://bit.ly/COrtuzarT106. Voto Plebiscito 1980. “Historia de Chile, parte IV”, profesor Luis Quitral Silva. Biblioteca Digital Fundación DUOC. Ver en http://bit.ly/VotoPlebiscito19807. “Ex DINA reveló fraude en plebiscito para validar la Consti-tución de 1980”. Radio Cooperativa, 11 de junio de 2012. Ver en http://bit.ly/15W8vC48. “Bases Fundamentales de la Reforma Constitucional”. Infor-me “Grupo de los 24”, octubre de 1979. Ver en http://bit.ly/InformeG249. Discurso Eduardo Frei Montalva. Teatro Caupolicán 27 de agosto de 1980: “Acto de los Chilenos Libres”. Ver en http://bit.ly/FreiMontalvaCaupolican198010. “Acuerdo de socialistas”. El Mercurio, 27 de octubre de 1980. Ver en http://bit.ly/ElMer198011. “Manifiesto Democrático” de la Alianza Democrática. 14 de marzo de 1983. Ver en http://bit.ly/ManifiestoAD12. “Bases del diálogo para un gran acuerdo nacional”. En www.socialismo-chileno.org Ver en http://bit.ly/BasesDialogoAD13. “Acuerdos y diferencias de los partidos políticos”. El Mercu-rio, 22 de abril de 1984. Ver en http://bit.ly/ElMer198414. “Ex presidente del PS: ‘Michelle Bachelet debe pronunciarse sobre los temas que le importan a Chile’”. Radio Universidad de Chile, 21 de marzo de 2013. Ver en http://bit.ly/RadioUChNunez15. “Ricardo Lagos se refiere a asamblea constituyente”. El Mer-curio, 18 de enero de 2013. Ver en http://bit.ly/ElMer201316. “Si el general Pinochet gana el plebiscito seremos los prime-ros en reconocer el triunfo”. La Tercera, 5 de octubre de 1986. Ver en http://bit.ly/La3ra198617. “Ricardo Lagos, un socialista duro, enfrentado a ‘las’ pregun-tas sobre la UP, sobre Allende, sobre sus caminos y cómo ve los programas de la transición”. La Segunda, 27 de noviembre de 1987. Ver en http://bit.ly/La2da1987

*Periodista.

En las décadas de los 70 y 80 fue vista como la principal vía para dotar al país de una nueva Constitución

Los años en que la elite política sí creía en la Asamblea Constituyentepor Patricio Segura Ortiz*

Gabriel Valdés, Ricardo Lagos, Patricio Aylwin, Eduardo Frei Montalva, Enrique Silva Cimma y Ricardo Núñez, entre otros, adhirieron firmemente a la idea que hoy mueve el piso de la institucionalidad de Pinochet.

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