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Los expertos temen unaregresin a la beneficencia

municipalLa Asociacin de Gerentes alerta sobre la privatizacin de servicios locales y eldesmantelamiento de la dependencia

Carmen Morn Madrid 10 JUL 2012 - 09:26 CET7La ltima amenaza en materia social la ven los expertos en la reformaque se ultima sobre la Ley de Bases del Rgimen Local, que anima alos Ayuntamientos a privatizar aquellos servicios obligatorios quesean deficitarios o a eliminarlos si se prestaban de forma voluntaria yno son rentables. A la espera de que el borrador que ya se conoce seperfile en detalle, los gerentes de servicios sociales advirtieron ayerque puede suponer la privatizacin de residencias geritricasgestionadas por los Ayuntamientos o lastimar de forma definitivaotros servicios sociales. Nos tememos una regresin a labeneficencia municipal, que ya ha empezado con el brutal hachazoque recibi el Plan Concertado en los presupuestos estatales, dijo

Jos Manuel Ramrez, el presidente de la Asociacin Estatal deDirectoras y Gerentes de Servicios Sociales, en referencia a la partidaque el Gobierno destina a los Ayuntamientos desde los aos ochentapara gasto social.Este asunto lo sac a colacin el diputado de IU Gaspar Llamazares:Se est arrebatando a los Ayuntamientos todas sus partidas sociales,

es un asalto, la desproteccin de los ciudadanos est servida. Elprecio de ser europeos no puede ser este desmantelamiento social,alert. Llamazares intervino en el Debate sobre el Estado Social de laNacin, unas jornadas organizadas por la Asociacin de Gerentesdado que el Gobierno no ha querido programar el debate quecorresponde al Parlamento. Por eso, en las jornadas que continanhoy, intervienen polticos de diversos partidos -el PP no ha queridoasistir-, as como expertos, sindicatos, presidentes de las plataformasen defensa de la dependencia, responsables del Consejo de

Trabajadores Sociales y organizaciones que trabajan en este sector.Todos saludaron la iniciativa porque se trata, aseguraron, de un

debate que est en la calle, en el bar, en las escuelas. Solo faltabaen el Parlamento, ah es donde debera estar, seal el presidentede la Asociacin, Jos Manuel Ramrez.En estas jornadas se ha alertado de las cifras que arroja Espaa enmateria social: la tasa de riesgo de pobreza, en un 26,7%; uno decada cinco ciudadanos por debajo del umbral de la pobreza; un 7,7%de los hogares han tenido retrasos para pagar facturas de serviciosbsicos (agua, luz, alquiler); el paro, que supera los cinco millones depersonas; los desahucios; el nmero de personas que percibe unarenta mnima de insercin se ha doblado en cinco aos y ya son ms

de 200.000 (con datos de 2010). Y el hambre, que ya es unarealidad, afecta a cientos de miles de nios, y encima estn retirando

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las partidas para comedores escolares; esto ya atae a la dignidad.Hay que sealar con nombre y apellido a quien hace esto, afirmGustavo Garca Herrero, miembro de la Asociacin y director delAlbergue municipal de Zaragoza.Se trata, aadi Garca Herrero, de cambiar la injusta poltica fiscal

y redistributiva espaola, donde el 44% de los ingresos del Estadoprovienen del IRPF y ms del 83% de ellos son rentas del trabajo. Losexpertos en servicios sociales exigen ms gravamen para el capital yla recuperacin o implantacin de impuestos sobre las rentas msaltas.Esto es pnico, cuando no se tiene para dar de comer a los hijos o teestn echando de casa, y no lo de los mercados, apuntaron losexpertos. La diputada socialista de la Asamblea de Madrid y antiguaministra de Asuntos Sociales, Matilde Fernndez, propuso, citandouna idea de la Red contra la Pobreza (AEPN), que en cada medidapoltica que se plantee o se ponga en marcha se aada un informesobre su impacto en la pobreza, como en su da se hizo, a instanciasdel feminismo, con los informes sobre el impacto de gnero.La situacin de miles de familias plane en todas las intervenciones yse alab la red familiar que an sostiene la cohesin y la paz social.Es casi incomprensible que no haya conatos de violencia en lascalles o ms mendicidad. Es la red familiar la que est sosteniendoesto, pero las familias estn al borde. He visto a jubilados pasarnecesidades porque estn ayudando con su pensin a los hijos, lo veocada da. El 40% de los pensionistas sostiene a algn hijo en paro.Esta generacin de jubilados deposit su esperanza en los hijos, que

por primera vez tenan un buen piso, una carrera universitaria, uncoche, y ahora los ven venir derrotados de nuevo a casa, explicGarca Herrero. Si se rompe la red familiar esto va a estallar y est alborde de sus posibilidades, advirtieron. Y recordaron que Espaaest todava lejos del gasto social que se destina como media enEuropa.La Dependencia, cuya reforma se discutir hoy entre los consejerosdel ramo y el Gobierno, no falt en el debate. No estaremos deacuerdo en que se abra ese meln -dijo Llamazares- porque el PP yalgunos partidos nacionalistas tienen hilo directo con sectores queestn por la privatizacin de estos servicios y ya estamos bastante

cerca de un Estado asistencial, en lugar de un Estado de derechosciudadanos, advirti. Las medidas que se estn tomando parareformarla no servirn ms que para hacerla insostenible, porque sele han hurtado partidas millonarias. Despus dirn que no es viable yse producir un desmantelamiento de la ley, alert Ramrez.Sobre ello se pronunci tambin la socialista Rosa Aguilar, portavozde Asuntos Sociales del PSOE en el Congreso: Estamos ante unavoladura calculada del Estado social y de la Ley de Dependencia, esun golpe de timn para cambiar el modelo social con la excusa de lacrisis. No es casual que se estn reformando tambin lascompetencias que tienen los Ayuntamientos sobre servicios sociales.Las grandes empresas del ladrillo ya tiene puestos sus ojos en elsector social donde ven un importante nicho de negocio, critic. Para

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Aguilar, este cambio de modelo ya se est notando en lapersecucin a los cuidadores familiares de dependientes y en lainsistencia de introducir esa especie de cheque geritrico que nodejar elegir a los ciudadanos, sino que ellos sern los elegidos en unmodelo dual donde habr gente con derechos y gente sin ellos.

Alberto Reyero, diputado madrileo por UPyD y muy vinculado alsector social, defendi tambin una ley de dependencia y unosservicios sociales pblicos en su acceso e inspeccin, pero subray lanecesaria colaboracin para la provisin de estos servicios con lainiciativa privada.