MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA · Polí ca pública en prevención a violaciones de DD. HH. ... rompimiento del diálogo con poblaciones vulnerables. ... Llegamos a las regiones,

Libertad y OrdenMinisterio del Interior y de Justicia

República de Colombia

INFORME DE GESTIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR

Y DE JUSTICIA 2002-2010

2002

-201

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Libertad y OrdenMinisterio del Interior y de Justicia

República de Colombia

BICENTENARIOde la Independencia de Colombia

1810-2010

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INFORME DE GESTIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR

Y DE JUSTICIA 2002-2010

MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, 2010

Derechos exclusivos de publicación y distribución de la obra

Carrera 9 No. 14-10, Bogotá, D. C.

Teléfonos: 4443100

www.mij.gov.co

Edición Ins tucional

Con un raje de 1.200 ejemplares

Diseño de carátula y libro: Viviana Catalina Torres

Composición: Imprenta Nacional de Colombia

Corrección de es lo: Imprenta Nacional de Colombia

Impresión: Imprenta Nacional de Colombia

Carrera 66 No. 24-09, Bogotá, D. C. PBX 4578000. Fax 4578037

www.imprenta.gov.co

Impreso en Colombia

Printed in Colombia

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CONTENIDOINTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 7

1. POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA ........................................................................................... 13 1.1. Disminución de la tasa de hacinamiento ................................................................................ 14 1.2. Cero corrupción en los establecimientos de reclusión .......................................................... 19 1.3. Cero violación a los derechos humanos ................................................................................ 19

2. POLÍTICA INTEGRAL CONTRA EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS DROGAS ...................................... 20 2.1. Liderazgo en el diseño y ejecución de la polí ca contra la producción y el consumo ............ 22 2.2. Administración y enajenación de bienes incautados y con ex nción de dominio ................. 25 2.3. La nueva Dirección Nacional de Estupefacientes ................................................................... 26 2.4. Extradiciones .......................................................................................................................... 26

3. POLÍTICA PÚBLICA DE JUSTICIA .................................................................................................... 27 3.1. Interlocución permanente y fortalecimiento de la Rama Judicial .......................................... 28 3.2. Jus cia alterna va ................................................................................................................. 33 3.3. Ordenamiento jurídico ........................................................................................................... 35 3.4. Defensa jurídica del Estado .................................................................................................... 36 3.5. Jus cia transicional ................................................................................................................ 37

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y DERECHOS HUMANOS .................................................................... 39 4.1. Programa de protección ......................................................................................................... 39 4.2. Polí ca pública en prevención a violaciones de DD. HH. ........................................................ 40 4.3. Lucha contra la trata de personas .......................................................................................... 41 4.4. Protección a los grupos étnicos y otras poblaciones vulnerables........................................... 42 4.5. Consulta previa ...................................................................................................................... 45

5. POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES ............................................................... 46

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD LOCAL ................... 49 6.1. Atención y vigilancia en ciudades y municipios ...................................................................... 50 6.2. Apoyo y fortalecimiento de los Concejales ............................................................................ 51 6.3. Coordinación polí ca de desplazamiento forzado ................................................................. 52 6.4. Democracia y par cipación ciudadana ................................................................................... 53

7. GESTIÓN LEGISLATIVA ................................................................................................................... 54

8. GESTIÓN GERENCIAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE ....................................................................... 56 8.1. Reformas y fortalecimiento en la ges ón ins tucional. ......................................................... 56 8.2. Mejoras en la prestación del servicio al ciudadano ................................................................ 57 8.3. Generación de recursos para el presupuesto nacional ........................................................... 58 8.4. Avance en metas de gobierno ................................................................................................ 58

9. ANEXOS .......................................................................................................................................... 60

GRUPO DE TRABAJO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA.................................................... 69

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INTRODUCCIÓN

Agradezco al Presidente Álvaro Uribe Vélez por per-mi rme acompañarlo en sus 8 años de Gobierno desde diferentes cargos, como Embajador de Co-lombia en Italia, Alto Consejero Presidencial para la Compe vidad y Produc vidad, Comisionado Presi-dencial de Colombia ante el Plan Puebla Panamá y Ministro del Interior y de Jus cia.

Ha sido un honor trabajar para el Presidente Uribe, lo hice con convicción y compromiso con su plan de Gobierno: la seguridad desde la democracia, la in-versión desde la responsabilidad social y la cohesión social desde las libertades. En concordancia con ello, como funcionario público siempre he impulsado el servicio al ciudadano, la prioridad del trabajo por lo social y el cumplimiento a la ley, así lo he transmi do a mis colaboradores incansablemente.

Quiero resaltar los grandes esfuerzos de mis antecesores, Fernando Londoño Hoyos, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y Carlos Holguín Sardi, quienes impulsaron el trabajo por el sector interior y de la jus cia, importantes logros y aportes al país se refl ejaron del 2002 al 2008.

Mi primera impresión cuando llegué al Ministerio del Interior y de Jus cia el 26 de junio del 2008 fue que se trataba de dos Ministerios, aparentemente dis ntos y sin posibilidades de integración o ar culación, a pesar de que la fusión se había hecho 5 años atrás. Con un sector fragmentado, con una gran diversidad de temas que hacían la toma de decisiones una tarea muy compleja.

Ante esta realidad, el primer paso de nuestro equipo de trabajo fue hacer un análisis DOFA de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que me permi ó entender las compe-tencias y difi cultades que tenía que encaminar el Ministerio con claridad y per nencia para la realidad del país en ese momento.

De este análisis se concluyeron fortalezas como el impacto del sector interior y jus cia en busca de una relación armónica de poderes, el reconocimiento a nivel territorial y de la co-munidad internacional del papel del Ministerio, ser el primer Ministerio en jerarquía al inte-rior del Gobierno, transversalidad de su impacto en la sociedad, y además rector de la polí -ca del país. En cuanto a debilidades se refl ejaron la fragmentación del sector, falta de diseño en polí cas misionales, falta de ar culación intra e interins tucional. Respecto a amenazas:alto impacto de la crisis fi nanciera, dinámica de la polí ca internacional frente a temas del

INFORME DE GESTIÓN 2002-2010

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Ministerio, acciones de grupos ilegales en regiones, protestas sociales permanentes en te-mas relacionados con el Ministerio, rompimiento del diálogo con poblaciones vulnerables. Como oportunidades se destacaron: reestructurar administra vamente el Ministerio, dise-ñar polí cas públicas claras, ar cular las en dades adscritas al Ministerio, entre otras.

Con este diagnós co retomamos los principios de la seguridad democrá ca, la visión 2019, los planes de desarrollo 2002 y 2006, los indicadores del Sigob presidencial y ministerial y todo el marco legal per nente para buscar una herramienta que permi era lograr que el Ministerio del Interior y de Jus cia fuera realmente el Ministerio puente entre el Estado y la sociedad.

A par r de esto diseñamos un plan estratégico 2008-2010 que fi jó el derrotero del Ministerio para los próximos 2 años, basado en tres pilares: es lo gerencial, transparencia y cooperación glo-bal. Con cuatro obje vos estratégicos misionales: jus cia al día, legado de reconciliación, empode-ramiento de la sociedad y nación de ins tuciones. Cada uno de estos obje vos con unas líneas es-tratégicas que se desarrollaron a través de planes de acción y componentes, que permi eron deter-minar claramente los resultados que queríamos obtener, a través de un sistema de seguimiento permanente y de rendición de cuentas.

Paralelo a este plan impulsamos la reestructura-ción administra va que permi ó que se lograra en la prác ca fusionar el Ministerio, el componen-te humano, con una nivelación salarial para los

funcionarios, con la determinación de funciones claras por dependencias, con direcciones y grupos de trabajo. Con el criterio básico de las competencias, las necesidades de la sociedad y sobre todo la integración debido a la transversalidad temá ca.

Nos dedicamos a diseñar polí cas públicas que respondieran a la realidad nacional y que permi eran ir más allá de la respuesta del día a día, con el fi n de aportar unas polí cas soste-nibles y coherentes, le dimos prevalencia al diálogo y a la concertación con poblaciones vul-nerables respetando sus empos y espacios, en un trabajo conjunto Estado y sociedad civil.

Con lo anterior logramos un plan estratégico que no solo estaba dirigido a las direcciones del Ministerio sino que ar culaba a las en dades adscritas a través de metas e indicadores que impactaban directamente en el diseño de polí cas, un sistema de información gerencial que permi ó medir mes a mes el avance y cumplimiento de las metas formuladas, así como la evaluación de factores internos o externos que en ocasiones impedían el logro y que reque-rían una decisión en un comité de dirección que permi era cumplir con el propósito fi nal.


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Paralelo a este trabajo atendimos con dedicación y esmero la agenda legisla va que res-pondía a las prioridades de todo el sector del interior y de jus cia, con 15 leyes y 2 actos legisla vos de vital importancia para el país, de los que resaltamos la reforma polí ca y la prohibición al porte y consumo de sustancias psicoac vas. Es el período legisla vo en el que más se ha trabajado por la legislación de la jus cia: la ley de desconges ón judicial, la ley estatutaria de la administración de jus cia, el arancel judicial, entre otras.

Un Ministerio social fue lo que pretendimos, por eso nos fi jamos en el 2008 como propósito para agosto de 2010 el siguiente: “El país habrá reconocido al sector del MIJ su contribución signifi ca va al desarrollo de la democracia, con ins tuciones más cercanas al ciudadano, una jus cia generadora de confi anza y una nación fortalecida”.

Así lo hicimos, bajo la atención y protección a 16 poblaciones vulnerables, entre ellas, pue-blos indígenas, comunidades negras, desplazados, víc mas, defensores de derechos huma-nos, sindicalistas, entre otros. Llegamos a las regiones, a los municipios y departamentos, a través del Sistema Administra vo del Interior que ar culó a la nación con los entes territoriales de una manera real y efec va, un Sistema creado desde la ley 199 de 1995 que logramos imple-mentar con éxito en todo el país con el decreto 565 del 2010. Aportamos una asistencia técnica permanente a las autoridades locales, trabajamos por los alcaldes, concejales y ediles, forta-lecimos la gobernabilidad territorial de las alcaldesas del país. Aportamos a la seguridad y convivencia ciudadana a través de la construcción de centros de convivencia ciudadana, palacios muni-cipales e inspecciones de policía.

En materia de Jus cia, nuestro norte ha sido el de lograr para Colombia una “Jus cia al Día”, en este empeño buscamos que la jus cia sea más cercana al ciudadano, por ello hemos for-talecido los programas de Casas de Jus cia, Centros de Convivencia Ciudadana, los Centros de Conciliación y los programas de jus cia en equidad. Pero además de cercana, la jus cia debe buscar la dignifi cación y resocialización del ser humano que por uno u otro mo vo ha terminado siendo privado de su libertad, por ello a través de la entrega de más de 22 mil nuevos cupos carcelarios, mediante la construcción de 10 nuevas cárceles, hemos logrado disminuir el hacinamiento carcelario a los niveles más bajos en la historia del país, como parte de una polí ca penitenciaria de resocialización, de cero violación a los derechos hu-manos, y de cero corrupción.


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Otra dimensión de la “jus cia al día” es la que se refi ere a la necesidad de hacer tránsito de una si-tuación de violencia, a par r de la cual han sido vic mizadas cientos de miles de personas, a una nueva realidad en la que prime la verdad, la jus cia y la reparación, en este contexto hemos liderado la reparación de más de 25 mil víc mas con un pre-supuesto superior a los 250 millones de dólares.

Pasando a otro tema relacionado con la jus cia, el Ministerio ha retomado el liderazgo en la uni-fi cación de la polí ca de lucha contra el proble-ma mundial de las drogas ilícitas, asumiendo una aproximación integral que combate tanto la pro-

ducción como el consumo, logrando la mayor reducción tanto en hectáreas de coca cul va-da, como en producción de cocaína en la úl ma década. Hemos también tomado la decisión estratégica de trasferir la administración de los bienes que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Estupefacientes, a una sociedad especializada dependiente del Ministerio de Hacienda, de manera que la dirección se convierta en la ofi cina del “zar an drogas”, para dar seguimiento a la ejecución de la polí ca an drogas del país en conjunto con el Ministerio.

Frente a las en dades adscritas al sector jus cia, nuestra prioridad ha sido el fortalecimiento ins tucional de aquellas agregadas a nuestro Ministerio, por tanto, consecuentes con la po-lí ca del Presidente Uribe se reestructuraron y modernizaron el INPEC, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Dirección Nacional de Estupefacientes, están cer fi cados en calidad el Ministerio del Interior y de Jus cia, la Imprenta Nacional de Colombia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y la Superintendencia de Notariado y Registro y están en pro-ceso de obtener su cer fi cación la Corporación Nasa Kiwe y la DNE.

Paralelamente a este trabajo misional buscamos una transparencia permanente en el ma-nejo de los recursos, con soporte fi nanciero y jurídico, siempre impulsamos las audiencias públicas, las licitaciones con veedurías ciudadanas, respetamos los concursos y la carrera administra va, publicamos en el Portal Único de Contratación e hicimos todo aquello que evitara cualquier acción de corrupción en el sector.

En resumen podemos citar nuestros 10 logros más signifi ca vos:

1. Encontramos cárceles “escuelas del crimen”, y las estamos convir endo en centros de resocialización: pasamos de un hacinamiento del 16% que alcanzó cifras hasta del 38% en 2008, a un hacinamiento del 4,6% en julio 2010 y entregamos 10 nuevas cárceles que generan 22.453 cupos.

2. Nuestro propósito “Colombia territorio libre drogas”: reducción de cul vos ilícitos en un 33%, pasando de 102 mil hectáreas en 2002 a 68 mil en 2009. Reducción en la pro-

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, Viceministra del Interior, Viviana Manrique y Viceministro de Jus cia y del Derecho, Miguel Ceballos.


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ducción de cocaína en un 40%, pasando de 680 a 410 toneladas métricas entre 2004 y 2009. Desde 1984 hasta hoy, se han realizado 1.482 extradiciones, de las cuales 1.149 fueron aprobadas bajo nuestro gobierno.

3. Colombia necesita una jus cia pronta y efi caz: entre 2002 y 2010, el presupuesto asig-nado a la jus cia ordinaria se incrementó en un 52%, y el de la fi scalía en un 50% en pesos reales. Las 66 casas de jus cia en funcionamiento, han atendido más de 8 millo-nes de solicitudes a nivel nacional. Entregamos 500 mil millones de pesos para la repa-ración administra va de las víc mas. Desde agosto de 2008 a julio de 2010, se habrán benefi ciado más de 25 mil familias, para un total de 60 mil personas.

4. Cero tolerancia a la violación de los derechos humanos, como fundamento de la polí- ca de seguridad democrá ca. Se han des nado 406 mil millones para el programa de

protección que a ende 16 poblaciones vulnerables.

5. Los grupos étnicos y las poblaciones vulnerables fueron prioridad en este gobierno: diseño del programa nacional de garan as de derechos de los indígenas, para los 102 pueblos que representan el total de esta población. De 2003 a 2010 tuvieron lugar 326 procesos de consulta previa, de los cuales 217 se realizaron entre 2008 y junio de 2010.

6. Nuestro Sistema de Atención y Prevención de Desastres es hoy un modelo en el mun-do: se han atendido 5 millones 851 mil personas afectadas por desastres naturales, lo que representa el 96% de la población que solicita ayuda. Siete mil toneladas de ayuda humanitaria fueron enviadas para el desastre de Hai .

7. El Ministerio del Interior y de Jus cia, puente entre el Gobierno Nacional, entes locales y la sociedad: Se creó el Sistema Administra vo del Interior. Los 32 departamentos del país están integrados a través de comisiones departamentales. A través del sistema integrado de vigilancia y seguridad ciudadana entraron en funcionamiento 110 líneas de emergencia 1-2-3, y se instalaron 24 sistemas de video y vigilancia a nivel nacional.

8. La par cipación del ciudadano, elemento esencial de la democracia: coordinación y acompañamiento desde la sala de estrategia a dos procesos electorales: elección de congreso y elecciones presidenciales. Coordinación y seguimiento en 62 casos de elec-ciones a picas.

9. Gobierno y Congreso respondieron a las necesidades legisla vas, se resalta la apro-bación de la Reforma Polí ca que establece sanciones a los par dos por vínculos con delincuentes, y crea la silla vacía para congresistas inves gados por nexos con el narco-tráfi co, delitos electorales y otros delitos.

10. Nuestro sector de interior y jus cia ha sido cer fi cado en calidad en las 8 en dades que lo conforman, 7 alcanzarán la cer fi cación en calidad este año.


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En conclusión, con este modelo gerencial hemos obtenido excelentes resultados, pasamos en el Sigob presidencial que mide las metas de gobierno con un cumplimiento del 38% en el 2008 al 95 % en julio del 2010; fuimos cer fi cados en calidad por el ICONTEC en el 2010, re-saltando que es el primer Ministerio del Interior y de Jus cia en América cer fi cado; evalua-dos por el Departamento Administra vo de la Función Pública – DAFP en la implementación del MECI con un cumplimiento del 100% y por gobierno en línea en sistemas de información.

Este trabajo no se logra con una sola persona sino con un equipo de trabajo, por ello quiero agradecer a todos mis colaboradores, quienes me han acompañado en estos dos años de ges ón, con su apoyo incondicional, dedicación en largas jornadas, compromiso, que hicie-ron posibles los resultados que presento en este libro como una realidad y un aporte para Colombia.

Gracias a todos.

FABIO VALENCIA COSSIOMinistro del Interior y de Jus cia

2008-2010


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1. POLÍTICA CRIMINAL Y PENITENCIARIA

Para fortalecer el direccionamiento y coordinación de la polí ca criminal y penitenciaria se crea mediante el Decreto 4530 de 2008 en la estructura del Ministerio del Interior y de Jus cia la Dirección de Polí ca Criminal y Penitenciaria que se encarga principalmente de formular polí cas e inicia vas de Estado en materia de prevención del delito, acciones contra la criminalidad organizada y demás aspectos relacionados, en coordinación con las instancias correspondientes, y en especial con el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación.

De otro lado, sirve de enlace permanente del Ministerio en sus relaciones con el Ins tuto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC como autoridad penitenciaria y con las demás en dades estatales que par cipen en el proceso de ejecución de la pena.

De otra parte a través del Consejo Superior de Polí ca Criminal y Penitenciaria como órgano asesor del Estado en la formulación de polí cas, el Ministerio ha puesto especial empeño en

Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio, dialogó con las internas de la Cárcel el Buen Pastor de Bogotá.


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consolidar y fortalecer el Consejo, cuyas orientaciones han guiado las decisiones dirigidas a mejorar el sector penitenciario.

En materia de diseño de polí cas públicas, en los úl mos dos años el Ministerio del Interior y de Jus cia par cipó ac vamente en la elaboración del CONPES para sistema de responsa-bilidad penal de adolescentes, el CONPES para el delito ciberné co y el CONPES de cul vos ilícitos. De igual manera se apoyó la reglamentación de la Ley 1257 de 2008 sobre sensibili-zación, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres y se elaboró con otras instancias del gobierno el documento de polí ca criminal contra el hurto de automotores.

1.1. Disminución de la tasa de hacinamientoEl país experimenta una verdadera transformación de sus establecimientos de reclusión al pasar de “escuelas del crimen” a centros de resocialización. La polí ca del gobierno en este tema ene funda-mento en cinco puntos: modernos establecimien-tos de reclusión, cero ha-cinamiento, cero violación a los derechos humanos, cero corrupción y salud y resocialización para los in-ternos.

En el año 2002 el hacinamiento de la población reclusa era del 16%, llegando a niveles del 38% en 2009. Por ello, para el gobierno fue una prioridad la disminución del sobrecupo de reclusos al 10%, mediante la entrega efec va de 22.453 nuevos cupos. La meta será supera-da al lograr en julio de 2010 un hacinamiento de 4,6%. En los ocho años de gobierno, la po-blación penitenciaria y carcelaria creció en un 53%, lo que representa un aumento de 28 mil personas, debido a varias razones: La acción contundente de la fuerza pública, la aplicación efec va de las leyes que incrementaron las penas y limitaron la excarcelación, y la declara-toria de inexequibilidad, en sep embre de 2008, de la Ley de pequeñas causas que habilitó nuevamente el encarcelamiento por delitos menores.

Ministro Fabio Valencia Cossio, admirando los resultados de los talleres educa vos que este Gobierno ha implementado en las cárceles dentro de la

polí ca de resocialización.


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Entrega de 10 nuevos establecimientos de reclusión

Nuevo Centro Penitenciario y Carcelario de Jamundí - Valle.

Población reclusa – Capacidad establecimientos de reclusión

16%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

29%

37% 34%

15%21%

28%

38%

4.6%

Capacidad Población Índice de hacinamiento

Índice de hacinamiento

Fuente: 2002-2009 INPEC – 2010 Proyección MIJ


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El primero de los dos logros más impor-tantes asociados a la polí ca penitencia-ria de deshacinamiento es la construc-ción y entrega de los nuevos estable-cimientos de reclusión. Este gobierno está entregando 10 modernos esta-blecimientos de reclusión. Entre junio de 2008 y lo que se proyecta a julio de 2010, el avance en la construcción pasa-rá del 17% al 99% lo que representa un incremento del 82%, a junio 15 de 2010 el avance de obra es del 96,2%.

A fi nales de 2008 se evidenció por parte del MIJ, Planeación Nacional y de FONA-DE (En dad ejecutora de las obras sicas con fundamento en el Convenio 150 de 2005) la necesidad de recursos adiciona-les para la culminación de la Estrategia para la Expansión de la Oferta Nacional de Cupos Penitenciarios y Carcelarios; a par r de ese momento y con liderazgo del Ministro se ges onó la elaboración de un documento CONPES que se apro-bó en marzo de 2009, documento que aseguró los recursos para la terminación de las obras, adquisición del menaje, se-guridad electrónica y puesta en funcio-namiento de los ERON.

En el 2009 se ejecutó el 60% del presu-puesto asignado al total de la estrategia, que asciende a un billón cuatro mil mi-llones de pesos.

Para julio de 2010 estarán a disposición del INPEC los establecimientos de reclusión de Cúcu-ta, Yopal, Puerto Triunfo, Acacías, Florencia, Ibagué, Jamundí, Guaduas, Medellín y Bogotá.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Dic. 2007 Jun. 2008 Dic. 2008 Dic. 2009 Jun. 2010

99%88%

46%

17%

6%

Fuente: Ministerio del Interior y de Jus�cia – Dirección de Infraestructura

Avance de obra �sicaNuevos establecimientos de reclusión

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

2005 2006 2007 2008 2009 2009

Fuente: SIIF

Miles de pesos

Recursos presupuestales proyectos de establecimientos de reclusión

2005-2010

33.740

84.711

152.500

293.387

307.461

132.246


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Sistema de vigilancia electrónica como sus tu vo de la prisión o detención domiciliaria

El segundo gran éxito de la polí ca penitenciaria es la implantación de la vigilancia electró-nica como complemento de la nueva infraestructura carcelaria, inicia va sin precedentes en el país a través de la cual, por decisión del juez competente del caso, aquellas personas que pueden ser benefi ciadas con la prisión domiciliaria o la liberad condicional cumplen con la sanción impuesta en su casa y pueden incluso ir a estudiar y a trabajar, siendo monitoreados por más de 16 satélites.

La población en detención domiciliaria asciende a cerca de 22 mil personas. Su control, de acuerdo con la ley, se limita a visitas esporádicas, llamadas telefónicas y entrevistas al vecin-dario. El INPEC únicamente dispone de 11 mil hombres y mujeres para vigilar y controlar a cerca de 106 mil personas, entre internos y domiciliarios, por lo que la vigilancia electrónica

Nuevos centros penitenciarios y carcelarios.


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cons tuye una verdadera solución tanto para el mayor control como para la disminución del hacinamiento y la resocialización efi ciente.

El programa piloto de vigilancia electrónica, puesto en marcha en febrero inició en Bogotá y hoy cubre los 25 Distritos Judiciales del país. Desde febrero de 2009 a 15 de junio de 2010 se han monitoreado con el sistema de vigilancia electrónica a 5.938 sindicados y condenados superando ampliamente la meta fi jada para julio de 2010 (5.500 sindicados y condenados, monitoreados a través de las manillas electróni-cas). Del total de personas monitoreadas, ape-

nas el 2,5% registra alguna infracción a la medida. La mayoría de estos casos corresponde a personas que por su perfi l delic vo no deberían acceder a la casa por cárcel, pero a quienes los jueces de la República (única autoridad facultada para otorgar el benefi cio) han favore-cido con la medida.

Los resultados de la vigilancia electrónica indican que la per nencia del Sistema amerita la ampliación de su cobertura. Después de realizar un muestreo de cerca de 5.000 visitas a personas que gozan del benefi cio domiciliario sin tener instalado el brazalete electrónico, se verifi có que el 60% de ellas no se encontraba en su residencia.

El Sistema opera a través de una plataforma tecnológica que entró en operación en febrero de 2009, en el marco del convenio suscrito entre el Ministerio del Interior y de Jus cia y la fi rma de telecomunicaciones GENSA SA.- Empresa Ges ón Energé ca S.A.

Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio, desde el Centro de Monitoreo del Sistema de Vigilancia Electrónica.

Compara�vo de la infracción del controlde la detención y prisión domiciliaria

Vigilancia electrónica Sistema tradicional

2,5%60,0%


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1.2. Cero corrupción en los establecimientos de reclusión

Otro gran eje de la polí ca penitenciaria es lograr cero corrupción en los establecimientos de reclusión porque el país debe impedir que los internos con núen delinquiendo desde las cárceles y penitenciarías. Durante 2009 y 2010 tuvieron lugar 4.000 opera vos de control ordinario y 123 especiales, donde se decomisaron 230 armas de fuego, 27 mil teléfonos celulares, 156 mil armas blancas, 6 mil piezas de municiones y cerca de 1 millón 500 mil gramos de estupefacientes.

Como parte de la colaboración armónica entre el Ejecu vo y la Rama Judicial, el INPEC cuen-ta hoy con la tecnología necesaria para realizar audiencias virtuales en 30 establecimientos de reclusión evitando el desplazamiento de internos y abogados para los trámites judiciales. Además, los nuevos establecimientos están dotados con modernas salas para audiencias judiciales y entrevistas con los abogados.

1.3. Cero violación a los derechos humanos En el nuevo enfoque de la polí ca penitenciaria reviste de suma importancia el impulso a la resocialización. El avance logrado en los programas de atención a los reclusos en este gobier-no incluye la implementación del modelo educa vo propio del Sistema Penitenciario y Car-celario en 47 establecimientos de reclusión, el fortalecimiento de 415 proyectos produc vos (generación de 70.000 millones de pesos anuales incorporados al presupuesto nacional en 2010) y la implementación de programas de prevención de la drogadicción en 101 estable-cimientos de reclusión (como parte de la campaña “Colombia Territorio Libre de Drogas”).

En el marco de la polí ca de cero violaciones a los derechos huma-nos, se implementaron observato-rios piloto en 6 establecimientos de reclusión del orden nacional con la designación de un delegado de de-rechos humanos en cada pa o. Así mismo, con el sistema de Visitas Vir-tuales, el INPEC coloca la tecnología

El Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Jus cia en la nueva cárcel de Cúcuta hablaron con los internos y resaltaron que una polí ca de este Gobierno es la cero tolerancia a la violación a los derechos humanos.


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al servicio de la población reclusa para permi r el reencuentro y el diálogo con los familiares que residen en lugares distantes.

Como otra inicia va para dignifi car la situación de las familias de los reclusos, se diseñó como proyecto piloto en el establecimiento de reclusión de Bellavista en Medellín, el siste-ma automá co de asignación de visitas mediante citas telefónicas para evitar las largas fi las.

Por primera vez en la historia del país, toda la población reclusa ha sido afi liada al sistema general de seguridad social en salud. El exitoso proceso, iniciado en 2009, permite que hoy cerca de 100 mil personas, entre internos y sus hijos menores de 3 años, sean benefi ciarios del régimen subsidiado de salud.

Colombia ya no puede dar marcha atrás en el proceso de humanización de la polí ca peni-tenciaria.

2. POLÍTICA INTEGRAL CONTRA EL PROBLEMA MUNDIAL DE LAS

DROGAS

El Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio, par cipó en marzo de 2009 en la Asamblea de Naciones Unidas para el Problema Mundial de la Droga en Viena - Austria


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Para el 30 de junio de 2008 no exis a, den-tro de la estructura del MIJ, una dependen-cia responsable de esta temá ca.

La Dirección de Polí ca de Lucha contra las Drogas se dio mediante el Decreto 4530 de noviembre de 2008, con el obje vo fundamental de apoyar la formulación y adopción de polí cas e inicia vas de lucha an drogas, lavado de ac vos y fi nancia-ción del terrorismo en coordinación con las instancias competentes en la materia para enfrentar los dis ntos eslabones del problema mundial de las drogas.

Bajo este contexto, se ha venido unifi can-do la polí ca de lucha contra el problema mundial de las drogas ilícitas, asumiendo una aproximación integral que combate tanto la producción como el consumo.

En concreto, se ha fortalecido la presencia de Colombia en los foros internacionales, como la Cumbre Mundial de Drogas en Viena de 2009, donde el Ministro explicó la nueva aproximación que elimina la di-ferenciación entre países productores y consumidores, pues ninguna nación en el mundo, incluida Colombia, se escapa ni al creciente consumo, ni a la producción de drogas ilícitas naturales o sinté cas.

Durante el periodo 2008-2010 el Ministerio del Interior y de Jus cia (MIJ) logró empoderar al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) y especializar a la Dirección Nacional de Estu-pefacientes (DNE), en la coordinación de la polí ca integral contra las drogas ilícitas.

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

105,000

110,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Hectáreas

años

102.000

68.000

86.000

80.000

86.000

78.000

99.000

81.000

Fuente: SIMCI

Héctareas con cul�vos ilícitos2002-2009

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Toneladas métricas

680 680

660

630

450

410

640 640

610 600

430

390

Serie inicial Serie ajustada

Fuente: UNODC – Sistema de Monitoreo SIMCI

Producción de cocaína en Colombia2004-2009


22

2.1. Liderazgo en el diseño y ejecución de la polí ca contra la producción y el consumo

Nuestro país ha sido muy exitoso en el combate contra la producción y el tráfi co internacional como lo muestran los resultados del censo nacional realizado por el “Sistema Integrado de Monitoreo de Cul vos Ilícitos - SIMCI” a través de un con-venio celebrado entre el gobierno de Colombia y las Naciones Unidas que ha fortalecido la obtención de infor-mación para medir los resultados de la acción an drogas.

Los logros en la lucha contra el narcotráfi co no enen precedentes. Entre 2002 y 2009 hubo una reducción del 33% en el área sembrada con cul vos ilícitos en el país al pasar de 102 mil hectáreas a 68 mil hectáreas entre un año y otro. La cifra de 2009 es la más baja registrada en los úl mos 11 años. El área sembrada en 2009 presenta una reducción de cul vos ilícitos del 16% comparado con el censo de 2008, al pasar de 80.953 hectáreas en 2008 a 68.025 en 2009.

Con base en la serie ajustada calculada por la Ofi ci-na de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC y el Sistema Nacional de Monitoreo – SIMCI, la reducción en la producción de cocaína entre 2004 y 2009 ha sido del 40% al pasar de 680 toneladas mé-tricas en 2004 a 410 toneladas métricas en 2009. La reducción entre el 2008 y 2009 representa el 9%. La gráfi ca siguiente registra la comparación entre la serie inicial y la serie ajustada donde se confi rma la tenden-cia decreciente de la producción de cocaína en el país. Los datos sobre esta variable antes de 2004 no fueron obtenidos por UNODC-SIMCI. El World Drug Report (2009) es mó una producción de cocaína en Colom-bia para 2002 y 2003 de 580 y 550 toneladas métri-cas, respec vamente. Sin embargo, por la diferencia en las metodologías, las cifras de las dos fuentes no son totalmente comparables para analizar la serie en el período 2002-2009.

5,4%

Marihuana Cocaína

8,0%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

9.00%

2.50%

3.00%

2.00%

1.50%

1.00%

0.50%

0.00%

1996 2009 1996 2009

Consumo de marihuana y cocaína1996 VS. 2009

1,1%

2,5%

En el mes de Junio de 2010, el Ministro del Interior y de Jus cia, recibió sa sfactoriamente el informe de “Sistema Integrado de Monitoreo de Cul vos Ilícitos - SIMCI” el cual arrojó una reducción del 33% en el área sembrada con cul vos ilícitos en el País.


23

La aspersión1 en 2009 fue de 104.771 hectá-reas lo que representa una reducción de 27% con respecto a la aspersión realizada el año anterior y el nivel más bajo en las ac vidades de aspersión desde 2002. Para 2009 el 61% de las ac vidades de aspersión se realizaron en los departamentos de Nariño, Guaviare y Cauca donde se reporta el 45% del área cul -vada con coca en 2009.

El nuevo desa o es enfrentar el abuso de las drogas a nivel nacional. Según el más recien-te estudio nacional de consumo de drogas en Colombia (2009), nuestro país está cataloga-do como de consumo intermedio de drogas ilícitas a nivel mundial. Aunque las metodo-logías y el cubrimiento son dis ntos, este es-tudio solo es contrastable con el realizado so-bre el “consumo de sustancias psicoac vas” en 1996. El compara vo de la prevalencia de consumo en ambos estudios evidencia que, entre un año y otro, el uso de marihuana au-mentó al pasar de 5,4% al 8%, y el de cocaína creció de 1,1% a 2,5%.

Existen en el país 335 mil adictos, cifra a la que contribuyó la sentencia de la Corte Cons- tucional que aprobó la dosis mínima (1994).

Por lo anterior, el Gobierno después de cinco intentos fallidos logró ante el Congreso de la República la aprobación del Acto Legisla vo 02 de 2009, que prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, a par r de una aproximación desde la perspec va de la salud pública, sin penalizar el consu-mo, pero tampoco permi endo su liberalización y menos la legalización de la producción y distribución de las drogas ilícitas. Ello impacta el microtráfi co, la inducción del consumo de drogas a menores y su u lización como correos humanos

La prohibición de la dosis mínima incluye tanto medidas pedagógicas, profi lác cas y tera-péu cas para tratar al adicto como el aumento de penas para los trafi cantes y “jibaros”

1. Informe Preliminar Censo de Cul vos de Coca 2009, Sistema Integrado de Cul vos Ilícitos, SIMCI -UNODC

Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio, en el Congreso de la República durante aprobación de la Ley que prohíbe el porte y consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas

Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio y Viceministro de Jus cia, Miguel Ceballos, durante el lanzamiento de la campaña “Territorio Libre de Drogas” en la ciudad de Cartagena.


24

(expendedores) pasando de 8 a 12 años las penas mínimas y de 20 a 24 las máximas. Estas penas serán duplicadas cuando se involucre a menores de edad en el tráfi co y la distribución. También se reducen a la mitad los términos del proceso de ex nción de dominio en el caso de los bienes u lizados en el tráfi co de drogas (para eliminar las llamadas “ollas” o “plazas de vicio”).

Como un mecanismo para preve-nir el consumo de drogas ilícitas, el MIJ, el CNE, la DNE y las Naciones Unidas, lanzaron el 14 de mayo de 2010, la campaña “Colombia Terri-torio Libre de Drogas” que busca crear una comunidad de libertad creando conciencia de que la droga limita la libertad y que debe tomar-

se la decisión autén camente libre de hacer de nuestro cuerpo, la familia, el campo, la ciudad, la escuela, el colegio, la universidad y el si o de trabajo, verdaderos territorios libres de drogas.

El mayor reto que afronta ahora el país es el fortalecimiento de la coordinación interins tu-cional en el seno del CNE, desde una visión integral que aborde la lucha contra la producción y el consumo.

En este contexto se hace necesario que el MIJ con núe liderando el proceso interins tu-cional para promover la revisión y actualización de la ley 30 de 1986 (Estatuto Nacional de Estupefacientes) y los débiles instrumentos jurídicos y opera vos de las ins tuciones del Estado para comba r las organizaciones del narcotráfi co y las diversas manifestaciones del problema de la droga. Este proceso busca actualizar el ordenamiento norma vo en la materia que dé alcance regulatorio a las nuevas conductas asociales, tendencias y marcos jurídicos nacionales e internacionales para afrontar este fl agelo de las drogas.

Así mismo, se requiere la sostenibilidad en la medición de las áreas sembradas y de la pro-duc vidad de coca, a través del convenio entre el Gobierno Nacional y las Naciones Unidas para el sistema de medición SIMCI.

“Todos los colombianos nos comprometamos en hacer de nuestro cuerpo, nuestra familia, nuestro

campo, nuestra ciudad, nuestro estudio, un territorio libre de drogas” Ministro, Fabio Valencia Cossio.


25

2.2. Administración y enajenación de bienes incautados y con ex nción de dominio

Después de un proceso complejo y lleno de intereses oscuros, amiguis-mo, donde las mafi as del narcotráfi co seguían merodeando los bienes, con el liderazgo del Ministerio del Inte-rior y de Jus cia se creó en el 2009 la Sociedad de Ac vos Especiales – SAE (organismo técnico especializado en la administración y venta de los bienes incautados y ex nguidos del narcotrá-fi co), como fi lial de CISA y adscrita al Ministerio de Hacienda.

Actualmente, la DNE ene 74.465 bienes en administración, de los cua-les 17.184 corresponden a bienes in-muebles, urbanos y rurales. De estos 9.600, enen ex nción de dominio, 703 rurales y 5.240 urbanos, el resto corresponden a bienes muebles. De los 17.184 bienes, a la fecha han sido asignados mediante acto administra- vo el 68% y el resto será entregado

antes de concluir el gobierno. Hoy la SAE ene en oferta pública 666 bienes, es mados en un valor no inferior a 200 mil millones de pesos. En una segunda fase (a par r del 30 de junio de 2010), se entregará a la SAE 57.281 bienes más, incluyendo las sociedades.

El total de ventas de bienes con ex nción de dominio (proceso iniciado en 2006), a mayo de 2010 asciende a 310.000 millones de pesos. El 2009 fue el año de mayor venta de bie-nes, por un monto de 125.600 millones de pesos. Los recursos provenientes de la venta de los bienes del narcotráfi co, han fi nanciado, entre otros, 242.000 millones de pesos que representan el 24% del valor total de la estrategia de construcción de los 11 nuevos estable-cimientos de reclusión. En los años anteriores al 2006, teniendo en cuenta que no se había adoptado el mecanismo de venta masiva por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes, no se realizo ges ón de mone zación de ac vos por parte de la DNE.

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

02002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

125,587

27,429

70,289

82,270

1,8850 0 0 0

Ventas de bienes 2002-2010

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

Recaudo por venta de bienes con ex�nción de dominio2007-2010

2007 2008 2009 2010

85.705

56.190

105.535

Millones

123.362


26

Es importante precisar que el recaudo se ob ene una vez culmina el proceso de negociación comercial por la venta de bienes que incluye el pacto de los plazos de desembolsos. A par r del 2007 se empezaron a ver resultados signifi ca vos en el recaudo al ingresar 85.705 millo-nes de pesos, antes de ese año los ingresos de la nación por este concepto fueron de 1.793 millones de pesos. Entre 2007 y el 15 de junio de 2010 el recaudo totaliza 282.435 millones de pesos. En julio de 2010 se espera alcanzar la meta de 370.792 millones de pesos (el re-caudo de 2010 ascenderá a 123.362 millones de pesos).

2.3. La nueva Dirección Nacional de Estupefacientes

Con la reorientación de la polí ca y la crea-ción de SAE, la DNE vuelve a concentrarse en su obje vo central de ser la en dad coordi-nadora opera va de la polí ca an drogas y ejercer la secretaría técnica del CNE. En los 2 úl mos años se destacan la reac vación de los 32 Consejos Seccionales de Estupefacien-tes, la creación del observatorio an drogas pionero en el con nente, y el fortalecimien-to del control de precursores y sustancias químicas.

En materia de administración de bienes la Dirección Nacional de Estupefacientes está

canalizando sus esfuerzos en auditar la ges ón que la nueva Sociedad de Ac vos Especiales SAE realiza sobre los mismos, logrando mayor transparencia y mejorando el ingreso de re-cursos al estado colombiano a fi n de dedicarlos a la lucha contra el crimen organizado.

La en dad ha hecho esfuerzos signifi ca vos en su reorganización funcional y por procesos, lo cual se evidencia con el reciente reconocimiento por parte de la Contraloría General de la República al fenecer por primera vez la cuenta, producto de la implementación de los planes de mejoramiento para dar solución a los hallazgos administra vos y fi nancieros. Adicional-mente, la En dad fue cer fi cada en el Sistema de Ges ón de Calidad.

2.4. ExtradicionesEl Gobierno reconoce que a través de la cooperación en materia de extradición, se ha lo-grado comba r de manera exitosa el delito del narcotráfi co. Desde 1984 a la fecha (mayo de 2010), se han realizado 1.511 extradiciones, de las cuales 1.178, fueron aprobadas entre agosto de 2006 y mayo de 2010, frente a las 333 extradiciones aprobadas por gobiernos


27

anteriores. En los úl mos ocho años el número de extraditados por narcotráfi co fue de 970 per-sonas (fecha de corte 24 de junio de 2010).

El Ministerio ha mantenido en estos dos úl mos años un diálogo dinámico y produc vo con el go-bierno de los Estados Unidos, para mejorar los mecanismos de cooperación judicial entre am-bos países.

“Colombia es un estado de derecho con independencia entre las ramas del poder público, las cuales deben colaborar armónicamente entre ellas”.

Extradiciones por narcotráfico2002-2010

0

50

100

150

200

250

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

53

185203

138

100

125

8562

19

El Ministro Fabio Valencia Cossio y el Viceministro de Jus cia, Miguel Ceballos, por primera vez desde de 1991, sostuvieron un encuentro ofi cial, con el Ministro de Jus cia de Estados Unidos,

Eric Holder, para consolidar y ampliar la cooperación judicial.

3. POLÍTICA PÚBLICA DE JUSTICIA


28

Colombia es un Estado de derecho con independencia entre las ramas del poder público, las cuales deben colaborar armónicamente entre ellas.

El poder judicial en Colombia goza de total autonomía patrimonial, presupuestal, fi nanciera y administra va. De acuerdo con lo establecido en la Cons tución Polí ca, corresponde al gobierno en relación con la rama judicial, prestar a sus funcionarios, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efec vas sus providencias.

En este espíritu, justo es mencionar el enorme esfuerzo que el gobierno viene haciendo, a través de la polí ca de seguridad democrá ca, por la recuperación de la ins tucionalidad y el monopolio estatal en todo el territorio nacional, para comba r el crimen y afi anzar la legi- midad y la efi ciencia en la administración de jus cia, buscando integrar a toda la ciudada-

nía en el respeto y acatamiento a reglas del juego que permitan superar las contradicciones dentro de un sano pluralismo.

La seguridad democrá ca no solamente ha devuelto el monopolio de la fuerza al Estado, ha también devuelto el monopolio de la jus cia a los rincones más apartados de la nación, donde antes reinaban los violentos, quienes usurpaban y suplantaban las funciones propias de nuestros jueces.

3.1. Interlocución permanente y fortalecimiento de la Rama Judicial

El Ministro del Interior y de Jus cia pre-side 7 espacios ins tucionales, en los que no solamente man ene una inter-locución permanente con las Altas Cor-tes y el Fiscal General de la Nación, sino que comparte la toma de decisiones re-lacionadas con los temas centrales de la jus cia.

Los espacios ins tucionales de interlo-cución y trabajo conjunto son: el Con-sejo Superior de Polí ca Criminal y Pe-nitenciaria, el Consejo Superior del No-tariado, el Consejo Nacional de Estupe-facientes, la Junta Direc va del INPEC, el

Comité Interins tucional de Jus cia y Paz, la Comisión para el Proceso Oral y la Jus -cia Pronta y la Comisión de Seguimiento al Proceso Penal Oral Acusatorio.

El Presidente Álvaro Uribe Vélez, el Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio y el Viceministro de Jus cia, Miguel Ceballos en reunión el 25 de marzo de 2009 con el entonces Presidente de la Corte Suprema de Jus cia, Javier de Jesús Zapata, y el Presidente de la Sala Penal, José Leónidas Bustos Mar nez.


29

De otra parte, a través del Viceminis-terio de Jus cia, se han creado gru-pos de trabajo interins tucional con jueces y fi scales, para la lucha contra la criminalidad y la judicialización de los delincuentes en las principales ciudades del país.

De otra parte es justo reconocer el compromiso y enorme esfuerzo del Gobierno Nacional por fortalecer fi -nancieramente las altas cortes, los tribunales y juzgados. De un presu-puesto de 831 mil millones de pesos en 2002, se pasó a uno de 1.865 mil millones en 2010, lo que representa un aumento del 52% en pesos reales, y en lo que se refi ere a la Fiscalía Ge-neral de la Nación se pasó de 657 mil millones en 2002 a un billón 1.453 mil millones en 2010, lo que representa un aumento de 50% en pesos reales.

En lo referente al recurso humano, la Fiscalía General de la Nación cuenta con cerca de 20 mil funcionarios, de los cuales 2.166 desempeñan cargos creados desde enero de 2008.

La Unidad de Jus cia y Paz pasó de tener 295 funcionarios en diciembre 2007 a 552 en di-ciembre de 2008, lo cual representa un aumento del 87%. La Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario pasó de tener 77 funcionarios en diciembre de 2007 a 258 en diciembre de 2008, lo cual representa un aumento del 235%. Finalmente la unidad de ex nción de dominio pasó de tener 96 funcionarios en diciembre de 2007 a 116 en di-ciembre de 2008, es decir, un aumento del 20%.

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2008 por el Ministro del Interior y de Jus cia, el Gobierno Nacional expidió los decretos de reajuste salarial del 5% para los servi-dores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por encima del aumento general.

El Ministro del Interior y de Jus cia condena de la manera más enérgica todo po de ame-naza o atentado contra los miembros de la Rama Judicial, y especialmente contra los ma-gistrados de la Corte Suprema de Jus cia. Por ello, el Gobierno Nacional mediante Decreto 4996 del 24 de Diciembre de 2009, asignó en el presupuesto de la vigencia 2010 del Consejo Superior de la Judicatura, recursos por 7 mil millones de pesos, con des nación específi ca para la protección de los magistrados de la Corte Suprema de Jus cia

El Ministerio del Interior y de Jus cia ha hecho un gran esfuerzo por impulsar la aprobación de proyectos de ley, considerados como esenciales para el fortalecimiento de la administración de jus cia


30

El Ministerio ha estado en perma-nente contacto con la Policía Na-cional, con el propósito de seguir tomando las medidas necesarias para fortalecer los esquemas de se-guridad de jueces, fi scales y magis-trados.

El Gobierno Nacional ha hecho gran-des esfuerzos para mejorar la estruc-tura de la rama judicial y superar las difi cultades que viene afrontando desde hace décadas. En el primer semestre de 2008, este Ministerio presentó una propuesta de reforma a la jus cia que, aunque proponía

importantes y ú les ajustes, no tuvo la comprensión ni el respaldo sufi ciente en la misma rama judicial. En el espíritu de rescatar lo mejor de dicha inicia va, venimos haciendo un gran esfuerzo por impulsar la aprobación de proyectos de ley considerados como esenciales para el fortalecimiento de la administración de jus cia:

A través de la aprobación de la Ley 1285 de 2009 (estatutaria de la administración de jus -cia), se fortaleció la rama judicial tanto fi nanciera como funcionalmente.

En cumplimiento de esta ley, dentro del proyecto de presupuesto para 2010, se adicionaron $50.000 millones a los $75.000 millones que se asignan anualmente para desconges ón judicial.

Se logró la aprobación de la ley que busca vigorizar el principio de oportunidad dentro del Sistema Penal Acusatorio.

De otro lado, el Ministerio presentó cuatro proyectos de ley para lograr una jus cia al día, pronta y efi caz:

La ley 1395 por la cual se adoptan medidas en materia de desconges ón judicial, la cual reforma los Códigos de Procedimiento Civil, Laboral y Penal.

Jueces para pequeñas causas o mul competencia. Estos jueces se encargarán de los pro-cesos de mínima cuan a (menores de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes). De esta manera buscamos desconges onar los despachos judiciales.

El Ministerio presentó al Congreso de la República cuatro proyectos de ley para lograr una jus cia al día, pronta y efi caz.


31

• Apelaciones en el efecto devolu vo

Busca que los procesos no se dilaten a través de las apelaciones, planteando que aunque se interponga una de ellas el proceso siga su curso mientras se resuelve dicha apelación.

• Ex nción de dominio

Establece que la no fi cación no tenga que ser personal, sino que se haga en el predio afec-tado con la acción de ex nción de dominio. De esta manera se desconges onarían 4.000 procesos.

• En materia laboral

Se propone un mecanismo para que, cuando los derechos ciertos e irrenunciables de los trabajadores estén plenamente probados, más allá de toda duda, el juez pueda ordenar su pago sin necesidad de esperar hasta el momento procesal de dictar la sentencia.

Además de hacerse pronta jus cia, el reconocimiento y orden de pago de tales derechos será medida efi caz para la desconges ón de la jus cia para atribuir el conocimiento de la acción de tutela a los jueces de la jurisdicción y especialidad que corresponda al asunto ma-teria de la acción.

• Sobre los jueces

Se busca que el juez que decide la tutela tenga un conocimiento más específi co del campo del derecho al que corresponde el asunto, lo que permite, a su vez, un uso más efi ciente del empo de los operadores judiciales en este po de decisiones.

• Fallos de unifi cación

En el tema de la seguridad social y del régimen pensional, el proyecto de ley propone los fallos de unifi cación cuando exista una serie de sentencias similares en sus resultados, especialmente en lo que se refi ere a pensiones de jubilación, prestaciones sociales y salariales.

En ese sen do se evitaría la conges ón y los costos en los procesos si se logra que a través de estos fallos de unifi cación no hubiese la necesidad de estar esperando las decisiones de los jueces frente a pro-cedimientos similares.

La ley de arancel judicial y la de desconges ón judicial son complementarias porque una de ellas entregará nuevos recursos y la otra permi rá una

jus cia pronta, efi caz y cumplida, lo que fortalecerá el Sistema Judicial.


32

La ley 1394 de 2010, por la cual se regula un Arancel Judicial busca fortalecer la fi -nanciación de la administración de jus -cia y su plan de desconges ón.

El arancel judicial es una contribución pa-rafi scal des nada a sufragar gastos de fun-cionamiento e inversión de la administra-ción de jus cia, tales como modernización y desconges ón.

• El arancel se generará en todos los pro-cesos ejecu vos civiles, comerciales y con-tencioso administra vos cuando el monto de las pretensiones se haya es mado en una cifra igual o superior a 200 salarios mínimos legales mensuales.

• Como regla general, la tarifa del arancel judicial es del dos por ciento; sin embargo, para los casos en que el proceso termine de manera an cipada la tarifa será del uno por ciento de la base gravable. De igual manera, se aplicará ese mismo porcentaje cuando se requiera reconocimiento o refrendación de un laudo arbitral.

• Dicho gravamen se aplicará durante el cumplimiento de una sentencia de condena que se haya proferido en un proceso declara vo de cualquier naturaleza.

• No podrá cobrarse arancel en los procedimientos de carácter penal, laboral, contencio-so laboral, de familia, de menores ni en los juicios de control cons tucional o derivados del ejercicio de la tutela y demás acciones cons tucionales.

• Tampoco podrá cobrarse a las personas de los niveles del Sisbén 1 y 2.

El Proyecto de Ley de Delitos Menores, que establece penas no priva vas de la libertad y excarcelables para delitos de menor impacto social, actualmente está a punto de superar su primer debate en el Senado.

Como complemento a este esfuerzo legisla vo, el Gobierno Nacional ha designado un grupo de ex magistrados de las altas cortes, en cuya cabeza está el doctor José Alejandro Boniven-to, ex presidente de la Corte Suprema de Jus cia, dentro de la posibilidad de restablecer el Ministerio de Jus cia, en el contexto de una “reforma estructural” de la rama judicial.

Para el ministro Fabio Valencia Cossio estas leyes son de la mayor importancia para el país, porque demuestran el interés y el compromiso que ene el Gobierno de mantener la colaboración armónica con la Rama Judicial.


33

El país entero está atento a las propuestas que presentará este grupo de expertos, las cuales serán analizadas en su conveniencia y oportunidad por el Gobierno Nacional.

Colombia necesita una jus cia pronta, cumplida y efi caz. La rama judicial ene hoy la autonomía, la independen-cia y los instrumentos necesarios para lograr este reto histórico.

3.2. Jus cia alterna va El Ministerio, a través de la Dirección de Acceso a la Jus cia, formula y ejecuta la polí ca de jus cia alterna va con cuatro grandes líneas: las Casas de Jus cia, los Centros de Conviven-cia Ciudadana, los Centros de Con-ciliación y los programas de jus cia en equidad.

El programa de las Casas de Justi-cia promueve la prevención del de-lito, acerca la jus cia al ciudadano, orienta a las comunidades sobre sus derechos, impulsa el ejercicio de los mecanismos alterna vos de solu-ción de confl ictos, promueve la jus- cia comunitaria y el derecho propio

de las comunidades étnicas, armoni-zando las dos jurisdicciones.

En agosto de 2002 estaban en fun-cionamiento 44 Casas de Jus cia, en junio de 2010 hay 66 y en julio de 2010 el país contará con 69 Casas operando (el Anexo No. 3 referencia los municipios donde operan las Casas de Jus cia); se supera la meta del cuatrienio, es mada en 67 casas en operación. Del total de Casas de Jus- cia en operación, 25 han sido producto de la ges ón de los úl mos 8 años. Desde enero de

2002 a la fecha, las Casas de Jus cia han atendido más de 8 millones de solicitudes en todo el territorio nacional.

El Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y el Ministro Fabio Valencia durante la inauguración de la Casa de Jus cia de Tumaco.

El Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio y el Viceministro de Jus cia, Miguel Ceballos, recibieron por parte de la Comisión de Expertos, el informe fi nal de Reforma a la jus cia.


34

La demanda de solicitudes y de atención en las Casas de Jus cia comportó un notable incre-mento al pasar 396.802 solicitudes atendidas en 2002 a 1,3 millones en 2009 (aumento del 230%), cifra que demuestra la efec vidad del programa y jus fi ca su permanencia.

Los Centros de Convivencia Ciudadana (CCC) promueven la jus cia alterna va desde la pre-vención al brindar espacios donde la comunidad ene acceso a en dades del orden local que desarrollan inicia vas de promoción a los valores ciudadanos, la convivencia, los dere-chos humanos, la cultura ciudadana y la cátedra en convivencia, civilidad y ciudadanía, así como el respeto por el medio ambiente. En agosto de 2002 estaban en funcionamiento 9, en junio de 2010 se cuenta con 16 y se espera que para julio de 2010 contar con 20 de ellos en funcionamiento (el Anexo No. 4 referencia los municipios donde operan). Entre 2002 y 2010

Número de Centros de Convivencia Ciudadana por departamento

Número de Casas de Jus cia por departamento

Centros de conciliación existentes por año2002-2010

141

185216

236259

286310

329 334

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2002

Fuente: DAJ - MIJ

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 años

1 22

2

3

11

1

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5 5

8

6

1

1

1

1 1

11

1

12

2

2

1

1

1

11

1

2

2

4

4

1

1

Fuente: Consolidado Nacional Casas de Jus�cia

Solicitudes

años200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

396.802

574.149

819.770

1.024.931

1.139.386

1.423.585

1.386.584 1.308.035

Atención en las Casas de Jus�cia2002 –2009


35

los CCC han atendido cerca de seis millones de ciudadanos en todo el país.

El Programa Nacional de Conciliación en Dere-cho brinda igualdad en el acceso y en el trata-miento para resolver oportuna, confi able y pa-cífi camente las diferencias, con la par cipación de un tercer abogado conciliador, buscando hacer efec vos derechos y obligaciones de los ciudadanos, sin necesidad de acudir a la jus cia ordinaria. En 2002 exis an 141 centros de con-ciliación autorizados; a la fecha el país cuenta con 334, para un total de 193 centros de conciliación nuevos.

Los centros de conciliación han tramitado más de 75.000 confl ictos jurídicos, la mayoría de ellos en un término inferior a 30 días. Entre 2002 y 2009 se recibieron 523.232 solicitudes en los centros de conciliación.

El Programa de Jus cia en Equidad propicia la solución de los confl ictos y promociona la jus cia por medio de ciudadanos escogidos por la propia comunidad. Los conciliadores en equidad son capacitados para desarrollar sus habilidades en la resolución pacífi ca de confl ic-tos. La fi gura de conciliación en equidad está presente en más de 230 municipios y funciona con el concurso de 5.700 conciliadores seleccionados.

3.3. Ordenamiento jurídicoPara avanzar en el propósito de disponer de información actualizada y veraz sobre las leyes y decisiones de los tribunales, en 2007 el Gobierno inició la implementación del Sistema Único de Información Norma va (SUIN) para ofrecer a los ciudadanos, de manera gratuita y a través de la página de internet www.suin.gov.co, las normas del ordenamiento jurídico colombiano, así como los análisis de vigencia de leyes y decretos y la jurisprudencia que les afecta la validez

Durante los dos úl mos años de la implementación del Sistema, a 15 de junio de 2010 se han publicado en el SUIN 15.876 normas; se ha rebasado la meta del cuatrienio, establecida en 13.500. También se han publicado en el SUIN 7.300 partes resolu vas de sentencias pro-ducidas por las altas cortes. Los avances en el SUIN posibilitaron la publicación de decretos únicos sectoriales o temá cos, con el propósito de facilitar la consulta y aplicación de las decisiones del Gobierno Nacional.

A junio 15 de 2010, 1.954 normas han sido objeto de análisis de vigencia para el asegura-miento de la calidad de proyectos de decretos únicos sectoriales y de compilaciones legisla- vas (la meta a julio 2010 son 500 normas con análisis de vigencia). El MIJ ha remi do a la

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Número de solicitudes atendidas en loscentros de conciliación

2002-2009

32,563

70,044

79,453

65,386 66,76563,497

70,958 74,566


36

Presidencia de la República para su aprobación 18 proyectos únicos (15 de junio de 2010) y a julio de 2010 se habrán remi do 12 más para llegar a 30 proyectos sectoriales únicos en el úl mo cuatrienio.

3.4. Defensa jurídica del EstadoEl MIJ diseña e implementa las polí cas de prevención del daño an jurídico, coordina con las ofi cinas jurídicas la adecuada defensa de los procesos en los que es parte el Estado, que superan los 2.000 salarios mínimos legales, y hace seguimiento a la correcta aplicación de la polí ca de conciliación, así como del uso de las acciones de repe ción a través de la asesoría a los comités de conciliación.

En cumplimiento de la función de coordinación de procesos, la Dirección de Defensa Jurídica del Estado iden fi có el universo de procesos con cuan a superior a 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes —4.035 casos— a través de la instalación de mesas temá cas e intersectoriales. Con la par cipación en estrategias de defensa en casos específi cos y la ex-pedición de protocolos de defensa y circulares se logró coordinar 3.430 casos, que equivale al 85% del universo mencionado.

El MIJ expidió el protocolo para la defensa judicial de los recursos del Sistema General de Par cipaciones y emi ó circulares cuya observancia permi ó el acompañamiento del des-embargo de algunas cuentas de municipios de los departamentos de Bolívar, Chocó y Mag-dalena, entre otros. Mediante un trabajo coordinado con el Ministerio de la Protección So-cial, se apoyó el diseño de la propuesta de conciliación para reliquidación de la pensión de gracia de los docentes, con lo que se ha contribuido en el proceso de desconges ón admi-nistra va y judicial, es mado en 15.234 procesos.

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2008 2009 2010

Normas publicadas en el SUIN2008-2010

10,000 11,000

15,876

Nota: El número de normas publicadas en el Sistema Único de Información Norma�va - SUIN, a par�r de 2009, es acumulado.


37

Está en proceso de consolidación de una base datos de información li giosa con datos su-ministrados por en dades estatales, los cuales vienen siendo u lizados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el cálculo del presupuesto requerido para afrontar el pasivo con ngente del Estado.

Según la información recopilada en 2009, el pasivo con ngente del Estado superaba los 100 billones de pesos, distribuidos en 214.000 procesos, en 207 en dades públicas. Las diez en dades cuyas demandas enen el mayor valor en sus pretensiones son en su orden: Mi-nisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, corporaciones autónomas, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Nacional de Planeación, Fiscalía General de la Nación, Ministerio de las Tecnologías de Información y las Comunica-ciones, Ministerio de Transporte, Ministerio de Minas y Energía y la Presidencia de la Repú-blica. Para estas 10 en dades las pretensiones suman cerca de 77,8 billones de pesos.

3.5. Jus cia transicional Como parte del rediseño ins tucional del MIJ, a fi nales de 2008 se creó la Dirección de Jus -cia Transicional, encargada de las funciones de formulación, coordinación y fomento de una polí ca de Estado en materia de jus cia para la consecución de la paz y la repara-ción de las víc mas. El Ministro del Inte-rior y de Jus cia preside y lidera el Comité Interins tucional de Jus cia y Paz (Ley 975 de 2005), compuesto por los subcomités de reparación, atención a las víc mas, in-formación y memoria histórica.

Reparación por vía administrativa a las víctimas. En 2008 se crea el Comité de Reparaciones por Vía Administra va. De agosto de 2008 a julio de 2010 se entregan 500.000 millones de pesos a 25.391 fami-lias, para un total de 60.000 benefi ciarios, como resultado de un esfuerzo sin precedentes en el mundo, como lo reconocieron tanto la comunidad internacional como la propia Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR).

De las solicitudes de indemnización radicadas hasta la fecha, en lo que a la caracterización del hecho vic mizante, se infi eren las siguientes estadís cas.

• 66.6% víc mas de homicidio. 92% son hombres.• 3,13% víc mas de secuestro

Con el programa de reparación por vía administra va a las víc mas se han entregado 500.000 millones de pesos a 25.391 familias.


38

• 0.57% víc mas de delitos contra la integridad sexual• 11.56% víc mas de desaparición forzosa• 0.89% víc mas de reclutamiento de menores• 6.00% víc mas de lesiones • 2.92 % reclutamiento de menores

Del total de solicitudes, el 78 % fueron realizadas por mujeres; de todas las solicitudes pre-sentadas, 5.668 corresponden a desplazados con otro hecho vic mizante adicional al despla-zamiento mismo.

Bajo el liderazgo del Gobierno Nacional den-tro de la consolidación de una polí ca integral de verdad, jus cia, reparación y garan a de no repe ción a las víc mas de la violencia, se han obtenido avances signifi ca vos en los siguientes frentes:

• El Sistema de Información Interins tucional de Jus cia y Paz, diseñado y desarrollado para el

manejo de documentación y estadís cas, unifi cando todas las bases de datos y archi-vos que sobre el tema existen en varias ins tuciones del Estado, para facilitar el control y la toma de decisiones en la orientación y desarrollo de la polí ca.

• El modelo piloto interins tucional regional de atención integral a las víc mas que se implementó en las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Valledupar y Santa Marta, próximo a implementarse en Cartagena y Pasto. Como resultado de la implementación de este modelo, se han atendido 13.500 víc mas desde mayo de 2009, a las que se les han prestado los servicios que requieren según sus necesidades.

• Las Comisiones Regionales de Res tución de Bienes con el diseño de un plan piloto para descentralizar la atención integral a las víc mas en materia de res tución de bie-nes en 12 ciudades del país. Entre 2009 y 2010 se han instalado las 7 primeras Comisio-nes Regionales de Res tución de Bienes en Bogotá, An oquia, Bolívar, Bucaramanga, Sucre, Valle y Quibdó; están próximas a instalarse en Pasto, Villavicencio, Valledupar y Mocoa, mientras a corto plazo serán aprobadas otras dos en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander.

La instalación de las Comisiones dio impulso a los trámites de res tución en las regiones, los que ya han mostrado los primeros resultados (están en desarrollo tres proyectos piloto de res tución de bienes en Turbo, Mampujan y Chengue). En conjunto con la CNRR, se propició en el municipio de turbo la res tución de 105 predios a 177 propietarios, con una exten-sión total de 534 hectáreas, por valor de $13.350 millones. Con el apoyo de la Organización

Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez y Viceministro de Jus cia, Miguel Ceballos durante la entrega de indemnizaciones solidarias a familiares de víc mas de grupos violentos en Montería.


39

Internacional para las Migraciones (OIM) se viene avanzando en los programas piloto de Mampujan y Chengue, con el propósito de iden fi car y formalizar la propiedad de las erras.

Los retos más importantes están en garan zar los recursos que permitan la sostenibilidad del modelo interins tucional de atención a las víc mas de la violencia, la de las polí cas de verdad, jus cia reparación y garan a de no repe ción, lo de la con nuidad a la descentralización de los programas de atención y res tución de bienes a las víc mas y la asignación presupuestal para la sostenibilidad de la reparación por vía administra va de las víc mas.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y DERECHOS HUMANOS

Bajo el principio de cero tolerancia a la violación de los derechos humanos como fundamen-to de la polí ca de seguridad democrá ca, el Gobierno centró su atención en velar por la situación y protección de personas, grupos y comunidades vulnerables en materia de dere-chos humanos y derecho internacional humanitario y por el diseño de una polí ca pública en prevención de violaciones de derechos humanos.

4.1. Programa de protecciónComo resultado de la polí ca de seguridad democrá ca es signifi ca vo el avance y mejora-miento de las condiciones de seguridad, con una notable reducción entre 2002 y 2009 en homicidios (45%), secuestros (93%) y acciones terroristas (81%). Se ha otorgado una especial protección individual y colec va a 16 poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran di-rigentes polí cos, sindicalistas, conce-jales, defensores de derechos humanos y población con enfoque diferencial (in-dígenas y afrocolombianos). Entre 2002 y 2009 la reducción en el número de homicidios es apreciable. En el caso de los sindicalistas la disminución fue del 86% (la estadís ca registra el paso de 196 homicidios en 2002 a 28 en 2009), mientras que para los concejales la re-ducción fue del 67% (77 casos en 2002 y 10 en 2009).

El hecho de que ninguna persona cu-bierta por el programa de protección

0

50

100

150

200

250

Compara�vo homicidios de sindicalistas, concejales y alcaldes2002 VS. 2009

Homicidiossindicalistas

Homicidiosconcejales

Homicidiosalcaldes

196

28

77

10 12

20022009

0


40

con medidas duras haya sido víc ma de homicidio evidencia la garan a a la vida y el libre ejercicio de la ac vidad de los protegidos.

En 2002 el Programa otorgó protección a cerca de 4.900 personas, en el 2009 a algo más de 11.000, y entre enero de 2010 y el 17 de junio de 2010 han sido benefi ciarias con medidas de protección 9.253 personas, y se proyecta que a diciembre de 2010 ascienda a 12.000 el total de benefi ciarios (incremento que alcanzaría el 56% en los 8 años). El Anexo No. 1 registra el detalle del número y po de benefi ciarios por año en el período de referencia.

El Gobierno Nacional desde 2002 ha des nado 406.000 millones de pesos al programa de protección a personas.

4.2. Polí ca pública en prevención a violaciones de DD.HH.

En desarrollo de la polí ca pública preven va de violación de derechos humanos se han promovido 18 planes de con ngencia que responden a situaciones de riesgo presentadas en una zona determinada. En 2009 se creó la Mesa Nacional de Garan as como escenario de diálogo y concertación con las autoridades de gobierno. En el contexto departamental exis-ten 12 mesas de garan as, que brinda un espacio de diálogo permanente entre los defenso-res de derechos humanos, la comunidad y autoridades y organismos del Estado vinculados con el tema. A julio de 2010, 16 departamentos cuentan con planes de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitarios vigentes.

A corto plazo es prioritario mantener el diálogo polí co directo y los escenarios de concer-tación con las poblaciones vulnerables, para consolidar el programa de protección de dere-chos humanos de acuerdo con las redefi niciones de la norma vidad vigente.

4.3. Lucha contra la trata de personas

Presupuesto programa de proteccióna personas 2002-2010

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

Millones

2002

Fuente: MHCP

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

20.73512.692 12.227

19.54429.850

43.000 42.745

87.513

137.972

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población beneficiada 2002-2010Programa de protección a personas

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

4,857 5,221 5,446 5,5076,097

9,444

10,71611,179

12,000


41

En el marco de la polí ca preven va se han creado 18 comités departamentales de lucha contra la trata de personas en los departamentos de mayor índice de la ac vidad y se ha capacitado a las en dades y a la ciudadanía en la prevención y denuncia del delito.

En 2008 se lanzó la campaña publicitaria “Lucha contra la trata de personas, la siguiente víc ma puedes ser tú” y en 2010 “Con la trata no hay trato” (actualmente en divulgación na-cional). Un logro importante está en la sostenibilidad y funcionamiento de la línea nacional de denuncia gratuita contra la trata de personas, que entre 2007 y 2009 recibió 1.700 llama-das, que fueron atendidas brindando la orientación y la ayuda solicitadas. En 2008 se creó el Centro Opera vo an Trata de Personas (COAT), para prevenir, proteger y ofrecer asistencia psicológica y judicial a las víc mas.

Colombia es reconocida en América La na como líder en la lucha contra la trata de perso-nas y como segundo en el mundo después de Canadá. Desde junio de 2010 nuestro país par cipará en la Red Iberoamericana contra la Trata de Personas impulsada por el gobierno español.

4.4. Protección a los grupos étnicos y a otras

En 2009 se creó la Mesa Nacional de Garan as como escenario de diálogo y concertación con las autoridades de gobierno.


42

poblaciones vulnerablesLas poblaciones vulnerables han sido una prioridad para esta Administración; es así como el Ministerio del Interior y de Jus cia ha liderado e impulsado la formulación e implemen-

tación de polí cas par culares para cada po de población.

La política indígena, basada en el diá-logo y la concertación, fue el criterio que prevaleció para la reac vación en 2009 de espacios ins tucionales tan importantes como la mesa per-manente de concertación indígena, la comisión nacional de derechos hu-manos y la mesa regional amazónica (luego del rompimiento de las rela-ciones entre los pueblos indígenas y el Gobierno Nacional en 2007 con episodios como el levantamiento de la mesa nacional de derechos huma-nos y la minga indígena). En 2010 el

Gobierno creó un espacio de concertación para el pueblo indígena AWA a raíz de las ma-sacres que afectaron a esta comunidad por ataques de la organización terrorista de las FARC y de parte de bandas criminales.

Colombia cuenta en la actualidad con 1.392.623 indígenas, que corresponde al 3,4% de la población nacional; este grupo étnico fue adjudicatario por el Gobierno de 34 millones de hectáreas que representan el 30% del territorio del país. El Estado colombiano adquirió en 1991 el compromiso de comprar 15.663 hectáreas para la reparación del pueblo nasa, perjudicado por la masacre de la hacienda, El Nilo, en el departamento del Cauca. En 2002 estaban pendientes por adquirir 7.065 hectáreas. Entre ese año y 2008 este Gobierno adquirió 4.532 hectáreas y a la fecha existen recursos por un monto de 8.000 millones de pesos para la adquisición del resto de terrenos que demanda el cumplimiento total de compromiso. La inversión 2002-2010 en las erras del Nilo asciende a 37.680 millones de pesos, de modo que este Gobierno deja casi cumplido un compromiso del Estado de hace más de 20 años.

En 2005 en acuerdo con los indígenas de Cauca, el Gobierno se comprome ó a adquirir 8.000 hectáreas, de las cuales compró y entregó 3.400 quedaron pendientes 4.600. Para cumplir por completo con la obligación, el MIJ acordó con los Ministerios de Agricultura y Hacienda la compra de 700 hectáreas más en 2010 fi nanciadas con 4.000 millones de pesos del presupuesto del Incoder y el resto de terrenos con una par da de 15.000 millo-nes de pesos serán ejecutados por la misma en dad en 2011.


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En el marco del Auto 004 de 2009 dela Honorable Corte Cons tucional, el MIJ coordinó el diseño del Programa Nacional de Garan as de Derechos de los Pueblos Indígenas, inicialmente or-denado para los pueblos en situación de desplazamiento. Con el propósito de fi jar una polí ca de Estado para la salvaguarda de los pueblos indígenas, el Gobierno decidió ampliar este pro-grama dando cobertura no solo a los 34 pueblos señalados por la Corte, sino al total de la población indígena del país (102 pueblos). La propuesta de polí ca pública para los pueblos indígenas ene varios enfoques: dife-rencial, territorial, humanitario, res -tu vo y de derechos. A julio de 2010 estarán instalados 15 planes de salva-guarda de los pueblos indígenas.

En cuanto a la Política para las Comu-nidades Negras, Afrocolombianas, Rai-zales y Palenqueras, con la preocupa-ción permanente por la mejora de las condiciones de vida y garan a de los derechos de esta población, el esfuer-zo se concentró en el fortalecimiento de la polí ca pública que la favorece, como lo demues-tra la formulación de cuatro documentos Conpes. El primero de ellos corresponde a la polí- ca que iden fi ca, incrementa y focaliza el acceso de la población negra o afrocolombiana

a los programas sociales del estado. Otro documento Conpes refi ere al pacífi co colombiano y la región de Urabá. El tercero es el Conpes del Chocó y Montes de María. El úl mo, apro-bado el 10 de mayo de 2010, recoge las recomendaciones de la Comisión Intersectorial para Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales, creada en 2008.

En este caso el Ministerio también recuperó los escenarios de concertación y diálogo. En el úl mo año fueron realizadas cuatro consul vas nacionales de comunidades negras, cuatro mesas de seguimiento del Auto 005, una consul va departamental ampliada y una asam-blea de consejos comunitarios.

Los dos avances más importantes en el cumplimiento del Auto 005 de 2009 de la Corte Cons tucional son el inicio de la caracterización de 160 territorios colec vos y ancestrales de comunidades negras para establecer las condiciones de salud, educación, vivienda, entre

El Ministro Fabio Valencia Cossio reac vó el diálogo polí co y la concertación con los 102 pueblos indígenas del País.

Tierras del NiloInversión 2002-2010

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1.000

11.3500

1.320

9.360

Millones

10.000

7.500

4.000 4.000


44

otros, y la asignación de 10.621 mi-llones de pesos para la vigencia 2010 para el Fondo de Préstamos condo-nables de comunidades negras con el Icetex.

El Ministerio también trazó polí cas dirigidas a otras poblaciones vulnera-bles:

Para la Población Gitana (grupo hu-mano compuesto por cerca de 5.000 personas), a par r del 2009 el MIJ co-ordinó un trabajo interins tucional para concertar y diseñar una polí ca pública en materia de salud, vivienda, fortalecimiento ins tucional, proyec-

tos produc vos y templabilidad. Los acuerdos quedarán incluidos en un de-creto, próximo a expedirse, que con e-ne la polí ca pública para esta pobla-ción incluyendo la creación de la mesa de diálogo para el pueblo Rom.

De otra parte, en el úl mo año las or-ganizaciones más representa vas de la Población LGTBI y el Ministerio lo-graron un acercamiento que condujo a la iden fi cación y consenso de tres puntos claves en el diseño de una po-lí ca pública sobre este grupo huma-no: derechos sucesorales, derechos para prestación del servicio de salud y pensión. Este hecho fue destacado

por organismos internacionales y gobiernos de otros países como un gran avance en el reconocimiento a la diversidad. Está próxima la instalación de la mesa de diálogo Gobier-no – Población LGTBI con la realización de un evento en julio de 2010 con par cipación nacional e internacional.

4.5. Consulta previa

El Ministerio recuperó los escenarios de concertación y diálogo. En el úl mo año fueron realizadas cuatro consul vas nacionales de comunidades negras.

El Ministerio del Interior y de Jus cia en el marco del Auto 004 de 2009 coordinó el diseño del Programa Nacional de Garan as de Derechos de los Pueblos Indígenas.


45

El proceso de consulta previa con las comunidades indígenas y negras es de obligatoria apli-cación. De 2003 a 2010 tuvieron lugar 326 procesos de consulta previa, de los cuales 217 se realizaron entre 2008 y junio de 2010.

Como resultado de la labor de unifi ca-ción norma va para la consulta previa, el Gobierno Nacional publicó en 2010 dos tomos que recopilan las normas, juris-prudencia y documentos de trabajo exis-tentes sobre el tema. Con ello empieza a cubrir el vacío de información de las nor-mas y jurisprudencia sobre la materia.

La Direc va Presidencial 01 de 2010, ex-pedida en marzo, indica a las en dades nacionales la obligatoriedad del proce-so de consulta previa cuyo resultado no es vinculante. La Direc va establece con claridad las etapas y metodología para el proceso, lineamientos inexistentes hasta esa fecha.

Estos avances posicionaron a Colombia como líder mundial en consulta previa y en la garan a de los derechos fundamen-tales a los grupos étnicos. En este sen do, los dis ntos países asistentes al Foro Per-manente de las Naciones Unidas para las cues ones indígenas efectuado en Nueva York en marzo de 2010 expresaron su re-conocimiento sobre el par cular.

El Grupo de Consulta Previa del MIJ ha venido ges onando recursos de cooperación internacional con el propósito de cons tuir un Observatorio y Centro de Estudios sobre Consulta Previa para Grupos Étnicos. Esta inicia va pretende ofrecer información confi able y veraz que sirva para la toma de decisiones acerta-das en todo lo concerniente a la materia.

El próximo reto es situar a la consulta previa como un eje transversal en las relaciones con las comunidades étnicas. En tal virtud, debe realizarse la consulta previa del proyecto de ley sobre esta materia a todas las comunidades indígenas y a las comunidades negras.

De 2002 a 2010 tuvieron lugar 307 ac vidades de consulta previa.

Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio y la Viceministra del Interior, Viviana Manrique, presidieron el primer encuentro nacional con

población LGTBI.


46

5. POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

El Sistema de Atención y Prevención de Desastres de Colombia se ha conver do en un mo-delo para el mundo.

De las 6 millones 95 mil personas damnifi cadas por eventos de desastres naturales que so-licitaron atención al Fondo Nacional de Calamidades entre 2002 y 2010, se atendieron 5 millones 851 mil, lo que representa una cobertura del 96% de la población afectada con una inversión de 273.000 millones de pesos. El Anexo No. 2 incluye el detalle de las cifras de atención a personas 2002-2010 por año.

La inversión de recursos entre 2002 y 2010 para la atención de desastres y emergencias en el país asciende a 287.000 millones de pesos.

La cobertura del programa de Banco de Materiales, iniciado en 2005, fue de 23 de-partamentos, 88 municipios y un total de 15.730 viviendas con una inversión aproxi-mada de 37.000 millones de pesos.

De 2002 a 2010 se ejecutaron 483 proyec-tos de prevención y mi gación de desastres por un valor de 83.000 millones de pesos benefi ciando a 239 municipios y 30 de-partamentos. Para la atención de obras de prevención y mi gación por afectaciones ocasionadas por la ola invernal del 2008 y 2009, las alcaldías presentaron los proyec-tos ante el MIJ y están en ejecución obras en 19 departamentos y 52 municipios con un costo de 40.000 millones de pesos fi nan-ciados por el Fondo Nacional de Regalías (FNR).

En materia de prevención, sobresale el dise-ño de una polí ca frente a la ac vidad vol-cánica para los casos de: Galeras, Cerro Ma-chín y nevado del Huila, que comprende la elaboración de un plan de con ngencia (en este modelo la inversión ascendió a 51.850

Atención a personas por el Fondo Nacional de Calamidades 2002-2010

2002

Personas que solicitan apoyo al FNC

Fuente: DGR - MIJ

Personas que solicitan apoyo y fueron atendidas con recursos del FNC

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

99,9%94,6%

82,5%

97,7%

92,7%

98,7%

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

400.000

200.000

0

99,4%

96,6%

99,7%

6.1503.988

11.728

22.418

70.451

57.03761.839

22.694

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Inversión atención de desastres y emergencias 2002-2010

Millones

31.000

50.000

40.000

30.000

80.000

70.000

60.000

20.000

10.000

0


47

millones de pesos). Al fi nalizar mayo de 2010, el Gobierno Nacional logró el reasentamiento de 171 personas por fuera de la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) del volcán Galeras (Nariño). La meta a julio de 2010 es el reasentamiento de 400 personas mediante la adqui-sición de 100 predios habitados.

El exitoso modelo de reubicación y reasentamiento de la población afectada, en el caso del volcán nevado del Huila, resultó de un trabajo entre el MIJ, la Corporación Nasa Kiwe (CNK) y otras en dades estatales.

Culminó también el desarrollo e implementación del sistema integrado de información para la prevención y atención de desastres (7 módulos), con lo cual el Gobierno Nacional sumi-nistró al SNPAD un instrumento de gran funcionalidad para la toma de decisiones y el se-guimiento y control de cada una de las fases establecidas para el ciclo de ges ón del riesgo.

En la actualidad avanza la formulación del documento Conpes para atender y reubicar a la población en riesgo asentada a lo largo de la cuenca del río Páez en los departa-mentos del Cauca y Huila. La población del municipio de Belalcázar (Cauca) fue benefi -ciaria de las siguientes obras: construcción del proyecto de vivienda “Las Américas” para 70 familias del municipio (por valor de 2.720 millones de pesos); entrega de las fases 1 y 2 de la normal de Belalcázar para 1.500 estudiantes (convenio Nasa Kiwe-Fonade-Mineducación por valor de 2.600 millones de pesos); construcción del hogar infan l múl ple en el resguardo de Calde-ras, municipio de Inzá, Tierradentro, Cauca, para 160 niños paeces (convenio ICBF-Nasa Kiwe por 1.200 millones de pesos); renova-ción de 450 hectáreas de café en zona de Tierradentro con benefi cio para 700 fami-lias cafeteras (convenio Federación de Ca-feteros-Nasa Kiwe); habilitación de tres (3) vías (convenio Invías-Nasa Kiwe por valor de 1.690 millones de pesos); construcción de 9 puentes peatonales y dos cable vías en la región de Tierradentro (Recursos del FNR por valor de 3.000 millones de pesos).

La CNK en cumplimiento de su misión fren-te a la reconstrucción y rehabilitación de la

La población del municipio de Belalcázar fue benefi ciaria de la construcción de viviendas para 70 familias

por valor de 2.720 millones de pesos.

El Ministerio del Interior y de Jus cia lideró el modelo exitoso de reubicación y reasentamiento de la población del municipio de Belalcázar.


48

cuenca del río Páez y zonas aledañas entre agosto de 2002 y mayo de 2010 alcanzó los siguientes resultados: 168 vías; 26 puentes peatonales; 1.960 viviendas ubicadas en 65 rea-sentamientos del Cauca y 17 del Huila; 3 puestos de salud; 107 sistemas de acueducto y al-cantarillado; 14 proyectos de recuperación de microcuenca; adquisición de 862 hectáreas de erra en Cauca; adquisición de 240 hectáreas de erra en Huila; 45 centros escolares cons-

truidos; 1.030 viviendas electrifi cadas en el Cauca; 206 viviendas electrifi cadas en el Hui-la; 54 proyectos pecuarios implementados; 86 proyectos agrícolas implementados; 1 hotel turís co en San Andrés de Pisimbalá; 1 distrito de riego; 12 proyectos microempresariales.

Estas obras han tenido una inversión de 16.000 millones de pesos que cubren a 21.000 be-nefi ciarios directos y más de 70.000 indirectos en los departamentos del Cauca y Huila.

Colombia exportó su modelo de atención y apoyó humanitariamente a varios países afecta-dos por desastres naturales: Hai , Chile, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú y Bolivia, por la dimensión del desastre se destaca la presencia de Colombia en Hai . Con el fi n de coordinar la asistencia humanitaria del gobierno y del pueblo colombiano hacia Hai se instalaron dos puestos de mando unifi cado, uno en Bogotá y otro en Puerto Príncipe, que aún siguen fun-cionando. La ayuda humanitaria a este país es la más grande prestada por Colombia en un desastre natural con el envío de 7.000 toneladas por vía marí ma, terrestre y aérea.

Actualmente cursa en el Congreso Nacional un proyecto de ley de autorización para la do-nación de 120 millones de dólares para contribuir a la reconstrucción de Hai en la región de Cabaret.

La ges ón del riesgo debe ser prioritaria en el próximo Plan Nacional de Desarrollo como tema transversal a la planifi cación en lo nacional, departamental y local, dando mayor im-pulso a la prevención del riesgo.

El Ministro Fabio Valencia Cossio visitó la zona de desastre tras el terremoto en Puerto Príncipe - Hai .


49

6. POLÍTICA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y GOBERNABILIDAD LOCAL

Implementación del Sistema Administra vo del Interior SAI

El MIJ es el puente entre el Gobierno Nacional, entes locales y la sociedad.

El Sistema Administrativo del Interior – SAI (creado por la Ley 199 de 1995), puesto en mar-cha en febrero de 2010 (Decreto 565), permite una real ar culación entre la nación y los entes territoriales. En mayo de 2010 los 32 departamentos están vinculados al SAI con sus respec vas comisiones regionales que aplican, en el marco de la descentralización, ocho líneas estratégicas (derechos humanos, desplazados, igualdad de oportunidades para gru-pos étnicos, seguridad, convivencia ciudadana y orden público, descentralización, procesos electorales, prevención y atención de desastres y derecho de autor).

El SAI cuenta hoy con una metodología única para la formulación de planes integrales de seguridad y convivencia ciudadana que enen aplicación por priorización en los 32 departa-


50

mentos del país, 17 ciudades capitales y 23 municipios. Estos planes deben ser actualizados anualmente. Para 2010 tendrán aplicación en los departamentos de Caquetá (14 munici-pios), Cauca (9 municipios), Nariño (14 municipios), Norte Santander (16 municipios) y Pu-tumayo (9 municipios).

En junio de 2010 existen 100 Planes de Seguridad y Convivencia (diseñados conjuntamente con la Policía Nacional y los entes territoriales entre 2008 y 2010) lo que indica que ya ha sido superada la meta de gobierno de formular 97 planes en julio de 2010. Además, me-diante el decreto de mayo de 2010 quedaron actualizados la metodología, las pologías de alertas, los criterios obje vos para declarar la alerta temprana y los mecanismos de segui-miento.

6.1. Atención y vigilancia en ciudades y municipios

Con modernas funcionalidades y tecnología de avanzada, el Sistema Integrado de Emergen-cias y Seguridad – SIES brinda respuesta oportuna a los requerimientos de la ciudadanía. Entre 2006 y 2009 se instalaron y están en funcionamiento 110 líneas (123) número telefó-nico único de seguridad) y 24 sistemas de video y vigilancia (circuitos cerrados de televisión – CCTV). En ambos casos el avance (47% y 11%, respec vamente) es rela vamente bajo frente a las metas fi jadas debido a la restricción presupuestal que indujo a priorizar la imple-mentación de los dos sistemas en capitales y ciudades intermedias. La cobertura alcanzada corresponde a una inversión de 100.000 millones de pesos entre 2007 y 2010.

Con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana – FONSECON, administrado por el Ministerio del Interior y de Jus cia, este Gobierno (2002-2010) invir ó 320.000 mi-llones de pesos para la construcción y reconstrucción de 7 CAI, 278 Centros Administra vos Municipales, 14 Centros de Convivencia Ciudadana, 28 Casas de Jus cia, 80 Estaciones de Policía, 73 proyectos de seguridad militar y policial, entre otros.

Un aporte trascendental en la vigencia 2009 fue la puesta en operación de la Sala de Es-trategia en Seguridad y Convivencia Ciuda-dana, que en coordinación con el SIES a nivel nacional, permite la ar culación con todas las en dades relacionadas con la seguridad ciuda-dana y el orden público y con el Sistema Nacio-nal de Prevención de Desastres y de Vigilancia Electrónica a la población reclusa. Durante 2009 y 2010 desde la sala de estrategia se han cubierto eventos entre los que desta can las elecciones 2010, el puesto de mando unifi ca-

Presupuesto proyecto de inversión SIES2007-2010

15,000

65,000

5,000

15,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

Millones

2007 2008 2009 2010


51

do Hai , el Plan Democracia, la asistencia técnica a las comisiones departamenta-les de fútbol y las capacitaciones en go-bernabilidad local.

Para prevenir actos de violencia se impul-só la aprobación de la Ley 1270 de 2009 de seguridad y convivencia en el fútbol, reglamentada por el Decreto 1267 de 2009, que crea la Comisión Nacional y las comisiones locales de las cuales a mayo de 2010 se han instalado 14. Además, se realizó seguimiento a 77 par dos de alto riesgo y diseñó el protocolo de seguridad en el fútbol adoptado mediante decreto. Igualmente, se diseñó la campaña contra la violencia en el fútbol que comenzó a di-fundirse en mayo de 2010.

6.2. Apoyo y fortalecimiento de los concejales El tema de los concejales ha sido de gran preocupación para nosotros, no solo por su alta representa vidad, sino por la tras-cendencia que enen en la organización polí ca administra va del país.

La Ley 1148 de 2007 impulsada por este gobierno, reguló para los concejales la póliza de seguro de vida, las sesiones virtuales fuera del municipio, prohibió la contratación para los familiares en prime-ro y segundo grado de consanguinidad e incluyó el subsidio de vivienda.

Promovimos la expedición de la Ley 1368 de 2009 que especifi có la liquidación de honorarios, reconocimiento de transporte, reten-ción en la fuente, aporte a pensión, capacitación y ejercicio de la profesión u ofi cio, para los concejales del país.

A través de decreto se reguló lo relacionado con el subsidio a la pensión de aquellos conce-jales que devengan menos de un salario mínimo mensual promedio.

Durante el 2008 y 2009 se mejoraron las competencias administra vas y gerenciales de los concejales a través de programa nacional

Viernes del Concejal.

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

21.000

42.819

25.16623.061

52.841

33.444

38.96442.000

39.897

Millones

Inversión de recursos Fonsecon 2002-2010


52

En coordinación con el Fondo Nacional de Ahorro se promovió la vinculación masiva de los concejales en todo el país, para acceder a créditos de vivienda y se están brindando capaci-taciones virtuales con el apoyo del SENA y la ESAP.

6.3. Coordinación polí ca de desplazamiento forzado

El Ministerio del Interior y de Jus cia, en su rol de coordinador entre la nación y el terri-torio, a par r del 2007, crea el grupo de coordinación territorial en materia de desplaza-miento forzado con el propósito de comprometer a las autoridades territoriales para que generen mayores compromisos administra vos y presupuestales y coordinen y diseñen acciones encaminadas a la implementación de la polí ca pública de atención al desplaza-miento forzado.

En cumplimiento de su compromiso de reivindicar a los desplazados, el Gobierno Nacional, entre 2005 y 2010, ha desarrollado 318 planes integrales únicos para esa población.

En 2008 se diseñó e implementó el Sistema de Información de Coordinación y Seguimiento Territorial –SICST- para la recolección, procesamiento y análisis de información general y específi ca de esfuerzos presupuestales y administra vos de los entes territoriales en cuan-to a la atención integral a la población desplazada. En cumplimiento de su compromiso de reivindicar a los desplazados, el Gobierno Nacional, entre 2005 y 2010, ha desarrollado 318 planes integrales únicos para esa población (en junio los planes totalizarán 330).

El MIJ ha efectuado 14 sesiones técnicas preparatorias previas a las audiencias regionales citadas por la Honorable Corte Cons tucional.


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Desde fi nales de 2009 a la fecha, se han efectuado 14 sesiones técnicas preparatorias con las en dades territoriales previas a las audiencias regionales citadas por la Honorable Corte Cons tucional. En la actualidad, el Gobierno Nacional, con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coopera-ción Internacional, adelanta la formulación de un documento Conpes sobre los lineamientos de coordinación nación – territorio para avanzar en acciones ar culadas a nivel local.

6.4. Democracia y par cipación ciudadanaLa par cipación ciudadana, elemento esencial de la democracia.

En 2007 se diseña y desarrolla el Sistema Nacional de Información del Sector de la Par cipación - SIDEPAR, que permite el registro efi caz de los diferentes procesos y dinámicas sociales generadas en el ni-vel territorial y nacional.

En los dos úl mos años ha sido priori-tario el desarrollo de la ges ón ins tu-cional para fortalecer la organización comunal y la construcción de una nueva cultura par cipa va electoral.

Por primera vez se logró iniciar el trabajo previo a los comicios electorales un año antes de los mismos con el funciona-miento permanente de la Comisión Na-cional de Seguimiento Electoral.

Se efectuó el monitoreo con las comisio-nes departamentales y municipales para la coordinación y seguimiento de los pro-cesos electorales en 62 casos de eleccio-nes a picas, las consultas de los par dos y la elección del Congreso de la Repú-blica, en la cual se coordinó la ac vidad con los 32 delegados presidenciales y 32 ministeriales.

El Ministerio del Interior y de Jus cia presidió las Comisiones Nacionales de Seguimiento Electoral desde un año antes

de los comicios que se realizaron en 2010.

Desde la Sala de estrategia del Ministerio del Interior y de Jus cia, se realizó seguimiento permanente a las jornadas electorales desarrolladas en el 2010.


54

La unidad de reacción inmediata “URIEL” se instala para recibir las denuncias y quejas de los ciudadanos durante el proceso electoral. A junio 24 de 2010 se han recibido 607 denuncias que tuvieron trámite ante las autoridades competentes.

Como parte de la pedagogía ciudadana frente a la jornada electoral, se diseñó la campaña, ampliamente difundida en medios de comunicación, contra los delitos electorales antes de los comicios de marzo de 2010 y para la elección presidencial de mayo.

En 2010, se impulsó y aprobó el documento Conpes para las Juntas de Acción Comunal – JAC que ene como propósito apoyar la solución de los problemas asociados con la estructura organizacional, reconocimiento, ges ón y sostenibilidad fi nanciera de las JAC.

El Programa Nacional de Formación de Formadores, creado en 2002 para la acción comunal fue desarrollado en coordinación con las en dades territoriales; este gobierno ha capacita-do 350 equipos de formadores a nivel nacional que equivalen a 16.000 personas.

7. GESTIÓN LEGISLATIVA

Durante los 8 años de este Gobierno, el Congreso de la República aprobó 252 leyes y 5 actos legisla vos de inicia va gubernamental, de los cuales 39 leyes y 4 actos legisla vos corres-ponden a temas del Sector Administra vo del Interior y de Jus cia.

Dentro de las aprobadas, se destacan las siguientes leyes:

• Ley 793 de diciembre 27 de 2002, por la cual se establecen las reglas que gobiernan la acción de ex nción de dominio.

• Ley 796 de 2003, que se convir ó en el acto legisla vo 01 de 2004, por el cual se con-vocó a un referendo y se some ó al pueblo un proyecto de reforma cons tucional.

• Ley 1142 del 28 de junio de 2007, por medio de la cual se reforman parcialmente las leyes 906 de 2004 y 599 de 2000 y se adoptan medidas para prevención y represión de la ac vidad delic va de especial impacto para la convivencia y la seguridad ciuda-dana.

• El Acto Legisla vo 3 de 2002, por el cual se reforma la Cons tución Polí ca y se adop-ta el Sistema Penal Acusatorio.

• Ley 1285 de enero 22 de 2009, por la cual se reforma la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de jus cia.

• Ley 1309 de 2009, por la cual se aumentan las penas para delitos contra sindicalistas.


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Los actos legisla vos más relevantes son:

• Acto Legisla vo No. 2 de diciembre 18 de 2003, impulsado conjuntamente con el Ministerio de Defensa, por medio del cual se modifi có la Cons tución nacional para enfrentar el terrorismo.

• Acto Legisla vo No. 2 del 21 de diciembre de 2009, por el cual se reforma el ar culo 49 de la Cons tución Polí ca, prohibien-do el porte y consumo de sustancias es-tupefacientes y psicotrópicas.

• Acto Legisla vo No. 01 de julio 14 de 2009, por medio del cual se modifi ca y adiciona la Cons tución Nacional y se aprueba la reforma polí ca.

• Ley 1394 de 2010, por la cual se regula un Arancel Judicial

• Ley 1395 de 2010, por la cual se adoptan medidas en materia de desconges ón judicial.

Un logro para resaltar en el 2009 es la aprobación de la reforma polí ca para cas gar seve-ramente a direc vos y par dos o movimientos que permitan el ingreso de delincuentes y dineros mal habidos en las ac vidades polí cas o electorales, saneando así la polí ca. Habrá “Silla Vacía” para congresistas inves gados por nexos con el narcotráfi co y otros delitos. También exis rá “Silla Vacía” en los casos de delitos electorales. Desaparecen las suplencias de los congresistas y el carrusel de las curules. Los aspectos centrales de la reforma polí ca aplicables requieren reglamentación.

El Ministro Fabio Valencia Cossio, resalta que un gran logro de esta cartera fue la aprobación en el 2009 de la Reforma Polí ca.

Leyes de inicia�va gubernamental aprobadas 2002-2010

14

49

29

23

28 28

43

24

10

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010


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8. GESTIÓN GERENCIAL EFICIENTE Y TRANSPARENTE

8.1. Reformas y fortalecimiento en la ges ón ins tucional

Varias de las en dades del Sector se fortalecieron estructural y funcionalmente para hacerlas cada vez más efi cientes en la prestación de los servicios a los ciudadanos. A fi nales de 2008 el MIJ culminó un proceso de restructuración orientado prin-cipalmente a la mejora en su ges ón misional y a la búsqueda del equilibrio en las condiciones laborales de los funcionarios.

Después de 14 años, el INPEC logró, a mediados de enero de 2010, reestructurarse para cubrir un défi cit histórico de su re-curso humano creando 3.297 cargos entre cuerpo de custodia y personal administra vo para cubrir las necesidades de per-sonal de los nuevos establecimientos de reclusión.

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), en coor-dinación con el Programa de Renovación de la Administración Pública – PRAP del DNP, avanza en la profesionalización de la planta de personal para, entre otras cosas, equiparar las con-diciones laborales de todos sus servidores. En el 2006 inició el concurso público y abierto para el nombramiento de los no-

tarios en propiedad y el ingreso a la carrera notarial que culminó en los primeros meses de 2010, después de un largo proceso interrumpido varias veces por tutelas, recursos jurídicos y decisiones judiciales.

Cinco en dades del Sector hoy están cer fi cadas en calidad: la Imprenta Nacional de Colom-bia, la Dirección Nacional de Derecho de Autor, el Fondo para la Par cipación y el Fortale-cimiento de la Democracia del Ministerio del Interior y de Jus cia y la Superintendencia de Notariado y Registro, ins tución que el pasado 14 de mayo recibió por parte del ICONTEC este reconocimiento. Antes de terminar este período de gobierno se espera contar con la cer fi cación de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la Corporación Nasa Kiwe, para alcanzan la meta de 7 de las 8 en dades del Sector cer fi cadas en calidad. Además, se an -cipa que la Contraloría General de la Republica, fenecerá las cuentas de 7 de las 8 en dades sectoriales por su buen manejo administra vo y fi nanciero.


57

8.2. Mejoras en la prestación del servicio al ciudadano

En el marco de la estrategia gubernamen-tal de acercamiento de la administración pública al ciudadano, el Sector registra avances signifi ca vos en la simplifi cación y automa zación de sus trámites.

En 2004 la SNR inició el Sistema de Infor-mación Registral –SIR– que ya está imple-mentado en 110 Ofi cinas de Registro, co-rrespondientes al 57,2% del total de Ofi ci-nas a nivel nacional y que incluyen el 91% de los folios de matrícula del país. Además, antes de terminar 2010 el 87,5% de las Ofi -cinas de Registro estarán sistema zadas.

Otro gran logro en Notariado y Registro es sin duda la implementación de la Ventanilla Úni-ca de Registro (VUR) que desde su entrada en operación logró la reducción del 22% de los trámites, la disminución del 13% del empo del usuario y ahorro del 2% de los costos. Este sistema permite consultar en línea desde las notarías, la situación jurídica del inmueble en el folio de matrícula, la valorización, el impuesto predial, la información catastral, tanto a través del portal www.registratupropiedad.com, como a través de un call center habilitado para el trámite.

Con la implementación de la VUR, Colombia ganó posiciones en la medición del doing bu-siness realizada por el Banco Mundial, pasa del puesto 78 al 51 del ranking en cuanto al registro de inmuebles (avance de 27 puestos). El proyecto, implementado inicialmente en Bogotá, amplía su cobertura a todo el país, inicia por los departamentos de Atlán co y Cun-dinamarca. Además, la SNR lanzó en 2010 el “Botón de Pago” que da inicio a la expedición de cer fi cados de tradición de bienes inmuebles por internet. En su comienzo el proyecto entró en funcionamiento en 58 Círculos Registrales del país y, antes de terminar el año, fun-cionará en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

La Dirección Nacional de Derecho de autor en la actualidad cuenta con el registro en línea de los derechos de autor y conexos. También se aplica para la sistema zación de registro de obras a través de internet. La u lización de la tecnología generó un aumento de las inscrip-ciones de registro que pasó de 13.107 en 2006 a 37.614 en el 2009. La en dad es depositaria de amplio reconocimiento a nivel internacional por su seriedad y nivel técnico.

Un gran logro en Notariado y Registro es sin duda la implementación de la Ventanilla Única de Registro (VUR).


58

8.3. Generación de recursos para el presupuesto nacional

El Sector aporta recursos para mejorar la efi ciencia estatal y autofi nanciar sus acciones de mayor repercusión. Entre los fondos especiales de fuente propia están los recursos origina-dos en la Ley 55 de 1985 que genera aportes para la Rama Judicial y los proyectos de cons-trucción y dotación de establecimientos de reclusión. Estos úl mos también se nutren de los recursos del Fondo para la Rehabilitación, la Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado - FRISCO (venta y administración de bienes incautados y ex nguidos al narcotrá-fi co) que a su vez fi nancia otras inicia vas de las en dades territoriales y de los programas nacionales de alto impacto social.

Otras fuentes del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana FONSECON, son los proyectos produc vos de la población reclusa y los excedentes fi nancieros de la Imprenta Nacional de Colombia y la Superintendencia de Notariado y Registro. El 35% del presupuesto apropiado al MIJ y sus en dades adscritas y vinculadas fue fi nanciado con recursos genera-dos por el Sector entre 2002 y 2010.

8.4. Avance en metas de gobiernoEl Sector Administra vo del Ministerio del Interior y de Jus cia registró un avance promedio en las metas de gobierno de su responsabilidad en el Sistema Sigob del 38,2% en diciembre de 2008. En diciembre de 2009, el Sector alcanzó el 52% de avance y en los primeros seis (6) meses de 2010, el resultado de los indicadores es sa sfactorio, a 15 de junio de 2010 el avance promedio es de 76,7%.

2002

Total presupuesto Ingresos del sector

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos generados por el sector VS. presupuesto aprobado 2002-2010

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000


59

Lo anterior ha sido posible gracias al es lo gerencial del Ministerio del Interior y de Jus cia que se fundamenta en una administración por obje vos y resultados que permite la toma de decisiones oportunas de la Alta Dirección, buscando mejores niveles de efi ciencia, efi cacia y efec vidad mediante la ges ón adecuada de los procesos y la op mización de los recursos técnicos, presupuestales y humanos.

Compara�vo avance Sigob-SIJ Diciembre de 2008-Junio 15 de 2010

38.20%

52.80%58.40% 61.80%

72.90% 74.90% 76.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%Porcentaje

Diciembre2008

Diciembre2009

Febrero2010

Marzo2010

Abril2010

Mayo2010

Junio 152010


60

9. ANEXOSAnexo No. 1

Programa de Protección a Personas

Número de Benefi ciarios 2002-2010

Benefi ciarios 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Concejales 404 1.120 832 1.195 1.198 2.150 2.462 3.565 3.440

Sindicatos 1.566 1.424 1.615 1.493 1.504 1.959 1.980 1.550 1.358

ONG 1.077 1.215 733 554 683 613 1.003 573 419

Ins tucional 0 0 0 0 69 320 360 430 403

Alcaldes 212 344 214 87 76 390 295 233 295

Desplazados 0 0 0 59 92 594 776 1.400 569

Personeros 26 125 65 45 94 101 148 176 191

Acuerdos de paz 0 0 0 0 68 69 69 68 78

Diputados 0 43 45 33 58 74 105 115 100

Tes gos 0 0 0 0 21 32 25 32 21

Misión médica 0 0 0 0 4 4 11 2 0

Líderes 699 456 545 552 516 951 966 1.079 1.015

UP-PCC 775 423 1.158 1.402 1.648 2.058 2.220 1.621 1.108

Jus cia y Paz 0 0 0 0 0 0 82 135 71

Periodistas 168 71 125 46 64 128 154 171 160

Ex Alcaldes 0 0 114 41 2 1 60 29 25

TOTAL 4.927 5.221 5.446 5.507 6.097 9.444 10.716 11.179 9.253

Nota: Los datos del año 2010 están consolidados a 17 de junio de 2010


61

Anexo No. 2Atención de personas Fondo Nacional de Calamidades - FNC

2002-2010

AñoNúmero de personas

afectadas

Número de personas que solicitan apoyo al

FNC

Número de personas que solicitaron apoyo

y fueron atendidas con recursos FNC

2002 343.149 198.198 198.098

2003 436.052 345.638 327.010

2004 851.276 706.695 582.703

2005 1.103.612 966.471 944.694

2006 711.447 594.191 550.562

2007 1.559.377 1.367.261 1.349.874

2008 1.877.504 1.472.372 1.464.127

2009 435.641 292.677 282.829

2010 602.253 151.750 151.750

Total 7.920.311 6.095.253 5.851.647


62

No. CASAS DE JUSTICIAANTIOQUIA

1 Medellín - Villa del Socorro 2 Medellín - Robledo 3 Bello 4 Caucasia 5 Chigorodó 6 El Bagre 7 Itagüí 8 Remedios 9 Segovia

10 Vegachí 11 Yalí 12 Zaragoza

ATLÁNTICO13 Barranquilla - La Paz 14 Barranquilla - Simón Bolívar

BOGOTÁ D. C.15 Bosa 16 Ciudad Bolívar 17 Los Már res 18 Suba 19 Usme

BOLÍVAR20 Cartagena - Chiquinquirá 21 Cartagena - Country 22 Cartagena - Canapote

BOYACÁ23 Tunja

CALDAS24 Manizales

CASANARE25 Yopal

CAUCA26 Popayán27 Buenos Aires28 Corinto29 Toribío30 Puerto Tejada

CESAR31 Valledupar - La Nevada32 Valledupar - Primero de Mayo

CHOCÓ33 Quibdó34 Condoto35 Itsmina36 Novita37 Tadó

No. CASAS DE JUSTICIACÓRDOBA

38 Montería CUNDINAMARCA

39 Chía 40 Girardot 41 Soacha

HUILA42 Neiva

LA GUAJIRA43 Riohacha

MAGDALENA44 Santa Marta

META45 Villavicencio

NARIÑO46 Tumaco 47 Pasto

NORTE DE SANTANDER48 Cúcuta

PUTUMAYO49 Mocoa 50 Puerto Asís

QUINDÍO51 Armenia

RISARALDA52 Pereira - Cuba 53 Pereira - Villasantana 54 Dosquebradas

SAN ANDRÉS ISLA55 San Andrés

SANTANDER56 Bucaramanga 57 Floridablanca

TOLIMA58 Ibagué 59 Ataco 60 Chaparral 61 Ortega 62 Rioblanco

VALLE63 Cali - Aguablanca 64 Cali - Siloé 65 Buenaventura 66 Buga 67 Cartago 68 Palmira 69 Tuluá

Anexo No. 3Casas de Jus cia en Operación

Nota: Las Casas de Jus cia de Caucasia (An oquia), Palmira (Valle) y Dosquebradas (Risaralda) inician en operación en julio de 2010.


63

Anexo No. 4

Centros de Convivencia en Operación

No. Municipio y Departamento

1 Barrancabermeja – Santander

2 San Vicente del Caguán – Caquetá

3 San Gil – Santander

4 Ocaña - Norte de Santander

5 Aguachica – Cesar

6 Magangué – Bolívar

7 Cantagallo – Bolívar

8 Le cia – Amazonas

9 Sonsón – An oquia

10 Baranoa – Atlán co

11 Arauquita – Arauca

12 Tibú - Norte de Santander

13 Juan Atalaya - Cúcuta - Norte de Santander

14 La Dorada – Caldas

15 Sogamoso – Boyacá16 Convención - Norte de Santander

Centros de Convivencia en construcción y en operación en julio de 2010

17 Sabana de Torres – Santander

18 Puerto Wilches – Santander

19 La Salina – Casanare

20 Sácama – Casanare


64

Anexo No. 5Sector Administra vo del Interior y de Jus cia

Documentos Conpes 2002-2010

Número Nombre del documentoFecha de

aprobación

Polí ca, programa,

proyecto, trámite

3277Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios

Mar-04 Proyecto

3278

Autorización a la Nación para contratar una operación de crédito externo hasta por un monto de US$ 30 millones, o su equivalente en otras monedas, con des no a la fi nanciación del programa “Paz y desarrollo”

Mar-04 Trámite

3310Polí ca de acción afi rma va para la población negra o afrocolombiana

Sep-04 Polí ca

3412Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios - Seguimiento del Conpes 3277.

Mar-06 Proyecto

3437Implementación del Sistema integrado de emergencias y seguridad SIES de Colombia.

Ago-06 Proyecto

3559

Concepto favorable a la Nación para contratar emprés tos externos con la Banca Mul lateral hasta por US$62.000.000, o su equivalente en otras monedas, para fi nanciar un proyecto de fortalecimiento a los servicios de Jus cia

Dic-08 Trámite

3566

Concepto favorable a la Nación para contratar un emprés to externo con la banca mul lateral hasta por US$7.812.500 dólares o su equivalente en otras monedas, des nado a fi nanciar la segunda fase del programa “Paz y Desarrollo”

Feb-09 Trámite

3575Estrategia para la expansión de la oferta nacional de cupos penitenciarios y carcelarios - seguimiento a los Conpes 3277 de marzo de 2004 y 3412 de marzo de 2006

Mar-09 Programa

3590Consolidación de los mecanismos de búsqueda e iden fi cación de personas desaparecidas en Colombia

Jun-09 Polí ca

3629 Sistema de responsabilidad penal para adolecentes Dic-09 Polí ca


65


Avance Promedio de Indicadores Sigob 2008-2010

Programa IndicadorMeta

cuatrienio

Avance 2008

frente a meta

Avance 2009

frente a meta

Avance junio 2010 frente a

meta

Avance julio 2010 frente a

meta

Fortalecimiento de los procesos de

atención básica y tratamiento

penitenciario a la población reclusa

intramural

Internos afi liados por el INPEC al régimen subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS

1 NA NA 100,00% 100,00%

Prevención y atención de

emergencias en el área de infl uencia del volcán Galeras

Número de personas reasentadas por fuera de la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) del Volcán Galeras (Nariño)

400 NA NA 42,75% 100,00%

Promoción del respeto y goce

efec vo de los derechos

fundamentales de los indígenas

Instalación de los planes de salvaguarda para los pueblos indígenas

15 NA NA 93,33% 100,00%

Sistemas de Vigilancia

Electrónica como sus tu vos de

prisión y detención domiciliaria a nivel

nacional

Personas monitoreadas mediante el Sistema de Vigilancia Electrónica

5.500 NA NA 107,96% 105,29%

Atención y vigilancia en ciudades y municipios

Sistemas 123 y CCTV contratados para la implementación del SIES

139 NA NA 96,40% 100,00%

Nuevas ciudades y municipios con la línea 123 en funcionamiento

221 45,70% 49,77% 49,77% 54,30%

Nuevas ciudades y municipios con el sistema de video de vigilancia en funcionamiento

213 9,86% 11,27% 11,27% 14,08%


66




cuatrienio

Avance 2008

frente a meta

Avance 2009

frente a meta


meta


meta

Descentralización de la polí ca

pública de Derechos Humanos

Departamentos con Planes de Acción en Derechos Humanos y DIH vigentes

16 NA 75,00% 93,75% 100,00%

Sistema Integrado de Información del

SNPAD

Módulos del Sistema Integrado de Información del SNPAD implementados

7 33,33% 33,33% 100,00% 100,00%

Porcentaje anual de personas damnifi cadas reportadas que son atendidas con recursos del FNC

100% 99,13% 98,99% 100,00% 100,00%

Planes Integrales de Seguridad

Planes integrales de seguridad formulados en departamentos, municipios y ciudades capitales

96 70,83% 97,92% 104,17% 104,17%

Operación de Casas de Jus cia

Casas de Jus cia en funcionamiento

67 39,13% 95,65% 95,65% 108,70%

Recaudo por venta de bienes con ex nción de

dominio

Bienes ex nguidos entregados sicamente para

comercializar a la Sociedad de Ac vos Especiales -SAE-

782 NA NA 93,86% 100,00%

Recursos obtenidos por recaudo de venta de bienes con ex nción de dominio (millones de pesos)

370.792 38,27% 66,73% 76,17% 100,00%

Operación de Centros de

Convivencia

Centros de Convivencia Ciudadana en funcionamiento

23 42,86% 42,86% 50,00% 78,57%


67




cuatrienio

Avance 2008

frente a meta

Avance 2009

frente a meta


meta


meta

Coordinación de procesos contra la

Nación

Porcentaje de procesos contra la Nación con cuan a superior a 2.000 smlmv coordinados al año

100,00% 100,00% 85,00% 85,00% 86,00%

LegislaciónSectorial

Normas del ordenamiento jurídico colombiano con análisis de vigencia y aseguramiento de la calidad

500 NA NA 150,00% 100,00%

Proyectos de decretos únicos sectoriales y de compilaciones legisla vas remi dos a Presidencia de la República para su aprobación

40 25,00% 45,00% 45,00% 75,00%

Implementar el Sistema Único de Información

Norma va

Normas del ordenamiento jurídico publicadas para consulta en el Sistema Único de Información Norma vo –SUIN–

13.500 NA NA 117,60% 100,00%

Porcentaje de avance en la implementación del Sistema Único de Información norma va en línea

100% 75,00% 92,00% 92,00% 100,00%

Disminuir el hacinamiento

carcelario

Número de cupos penitenciarios y carcelarios construidos por obra nueva

22.703 0,00% 5,72% 47,73% 98,90%


68




cuatrienio

Avance 2008

frente a meta

Avance 2009

frente a meta


meta


meta

Disminuir el hacinamiento

carcelario

Personas con disposi vos electrónicos en funcionamiento como medida de sus tu va de prisión

400 NA NA 143,50% 130,50%

Porcentaje de avance de obra sica en la construcción de establecimientos de reclusión del orden nacional

90,00% 51,33% 97,33% 106,89% 109,53%

Tasa anual de hacinamiento carcelario

10,00% -150,00% -150,00% -150,00% 150,00%

Proceso de cer fi cación de

calidad

Porcentaje de avance en la implementación del sistema de ges ón de calidad en el sector

100,00% 79,07% 99,00% 99,00% 99,00%

Porcentaje de en dades del sector cer fi cadas en sistema de ges ón de calidad

100% 28,57% 42,90% 57,14% 85,71%

Estado de fenecimiento de la cuenta con la

Contraloría

Porcentaje de en dades del sector con la cuenta fenecida

100,00% 62,50% 62,50% 62,50% 62,50%

PROMEDIO 38,27% 52,83% 76,72% 94,90%


69

GRUPO DE TRABAJO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Y DE JUSTICIA

Ministro del Interior y de Jus cia, Fabio Valencia Cossio, Doctor en Derecho y Ciencias Po-lí cas de la Universidad de An oquia.

Viceministra del Interior, Viviana Manrique Zuluaga, Abogada, Filósofa e Internacionalista, con especialización en Altos Estudios Europeos con énfasis en Cooperación y Negociación con Europa de la Universidad del Rosario.

Viviana Manrique ZuluagaViceministra del Interior

Miguel Ceballos ArévaloViceministro de Jus cia y del Derecho

María del Pilar SerranoSecretaria General

Fabio Valencia CossioMinistro del Interior y de Jus cia


70

Viceministro de Jus cia y del Derecho, Miguel Ceballos Arévalo, Abogado con maestría en Filoso a Polí ca y Doctorado en Negociación y Resolución Alterna va de Confl ictos en la Universidad de Harvard.

Secretaria General, María del Pilar Serrano Buendía, Abogada con especialización en Dere-cho Público y Derecho Administra vo.

Jefe de Gabinete y Secretaria Privada, María Carolina Gast Niño, Politóloga con magíster en Seguridad y Defensa Nacional.

Jefe de Asuntos de Cooperación Internacional, Patricia del Pilar Acosta Trujillo, Profesional en Relaciones Internacionales y Diplomacia y Derecho y Ciencias Polí cas con especializa-ción en Ges ón Pública.

Jefe de Asuntos Legisla vos, Faihan Fares Thaher Muhammed Al-fayez Chaljub, Abogado y Politólogo con especialización en Ges ón Pública e Ins tuciones Administra vas y en Teoría.

Directora para la Democracia y Par cipación Ciudadana, María Carolina Cas llo Aguilar, Abogada con máster en Derecho Público y Administra vo.

Director de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, Pedro San ago Posada Arango, Abogado con especialización en Derecho Administra vo, Negociación y Contratación Internacional.

Directora de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras, Rosa Carlina García Anaya, Socióloga con magíster en Población y en Ecoauditorías y Plani-fi cación Empresarial del Medio Ambiente.

Directora de Gobernabilidad Territorial, Sandra Patricia Devia Ruiz, Politóloga y Periodista con Magíster en Ciencia Polí ca y especialización en Derecho Cons tucional y Parlamentario Comparado y en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos.

Director de Derechos Humanos, Rafael Emiro Bustamante Pérez, Abogado con especializa-ción en Derecho Empresarial.

Directora de Ges ón del Riesgo, Luz Amanda Pulido, Economista, con estudios en Desarro-llo Local, Alta Gerencia, Procesos Administra vos, Evaluación de Daños y Análisis de Nece-sidades, Implementación de Planes de Emergencia y Con ngencia y Ges ón del Riesgo en Colombia.

Directora de Acceso a la Jus cia, Judhy Stella Velásquez Herrera, Economista y Abogada con especialización en Derecho Administra vo, Alta Gerencia, Economía y Finanzas Públicas.

Directora de Jus cia Formal y del Derecho, María A. Gélvez Albarracín, Abogada con espe-cialización en Procesal Civil.


71

Directora de Jus cia Transicional, Heidi Abuchaibe Abuchaibe, Abogada con conocimientos en Derecho Público e Internacional, Negociación y Solución Alterna de Confl ictos y maestría en Análisis de Problemas Polí cos Económicos e Internacionales Contemporáneos.

Director de Ordenamiento Jurídico, Fernando Gómez Mejía, Abogado con especialización en Economía.

Director de Defensa Jurídica del Estado, Franky Urrego Or z, Abogado, especialista en De-recho Cons tucional y con maestría en Derecho Administra vo.

Directora de Polí ca Criminal y Penitenciaria, Marcela Ramírez Rincón, Comunicadora So-cial y Periodista con especialización en Estudios Polí cos.

Director de Polí ca de Lucha contra las Drogas y Ac vidades Relacionadas, Enrique Hómez Vanegas, Abogado con especialización en Derecho Probatorio, Casación Penal y Derecho Público.

Directora de Infraestructura, Andrea Alarcón Aguilar, Ingeniera Civil con especialización en Gerencia de Empresas de Ingeniería.

Director Jurídico, Jorge Alberto García Calume, Abogado con especializado en Derecho Ad-ministra vo y maestría en Derecho Administra vo.

Jefe Ofi cina Asesora de Planeación, Nubia Patricia López Méndez, Ingeniera Industrial con especialización en Ingeniería de la Calidad y el Comportamiento.

Jefe Ofi cina de Control Interno, Luz Elena Arango Cardona, Administradora de Empresas con especialización en Ges ón para el Desarrollo y Gerencia Ambiental y en Estudios Polí -cos con énfasis en Geopolí ca.

Grupo de trabajo direcciones adscritasDirector del Ins tuto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, Coronel (r) Carlos Alberto Barragán, Administrador Policial y Criminalís ca y Administrador de Empresas con especia-lización en Ciencias Policiales Tercera Categoría.

Director Nacional de Estupefacientes, DNE, Ómar Figueroa, Abogado con especialización en Derecho Administra vo de la Universidad Sergio Arboleda.

Superintendente de Notariado y Registro, Orlando García-Herreros Salcedo, graduado en Ciencias Jurídicas y Económicas con especialización en Derecho de Familia.


72

El Ministro Fabio Valencia Cossio, los Viceministros del Interior y de Jus cia, junto a los directores de las en dades adscritas y el equipo administra vo, realizaron seguimiento mensual a los logros y retos trazados.

Director de Nasa Kiwe, Eduardo Nates López, Ingeniero civil con especialización en Vivienda y Desarrollo Urbano.

Director Nacional de Derecho de Autor, Juan Carlos Monroy, Abogado con especialización en Propiedad Intelectual, Derecho de Autor y Nuevas Tecnologías.

Directora de la Imprenta Nacional de Colombia, Carmen María Restrepo Correa, Abogada.

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MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA · Polí ca pública en prevención a violaciones de DD. HH. ... rompimiento del diálogo con poblaciones vulnerables. ... Llegamos a las regiones,