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MÉXICO • 2010
CONOCERPARA DECIDIREN APOYO A LA INVESTIGACIÓN A C A D É M I C
A
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La H. Cámara de diputados, LXi LegisLatura,participa en la
coedición de esta obra al incorporarla a su serie ConoCer para
deCidir
Coeditores de la presente edición H. Cámara de diputados, LXi
LegisLatura universidad naCionaL autónoma de méXiCo instituto de
investigaCiones soCiaLes asoCiaCión meXiCana de promoCión y CuLtura
soCiaL, a.C. instituto meXiCano de doCtrina soCiaL Cristiana migueL
ángeL porrúa, librero-editor
Primera edición, junio del año 2010
© 2010 universidad naCionaL autónoma de méXiCo instituto de
investigaCiones soCiaLes
© 2010 Por características tipográficas y de diseño editorial
migueL ángeL porrúa, librero-editor
Derechos reservados conforme a la ley ISBN 978-607-401-287-3
Obra completa ISBN 978-607-401-288-0 Tomo I
Imagen de portada: V. Basurto, óleo/tela.Colección del Museo
Regional de Querétaro
Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o
indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente
con la autorización expresa y por escrito de los editores, en
términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor
y, en su caso, por los tratados internacionales aplicables.
IMPRESO EN MÉXICO PRINTED IN MEXICO
www.maporrua.com.mx
Amargura 4, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 México, D.F.
Esta investigación, arbitrada por pares académicos,se privilegia
con el aval de la institución coeditora.
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Para mi hermana Magdalena y mi sobrina Bertalicia
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Al empezar a escribir esta obra, en 1999, no pensaba que iba a
tardarme diez años. En ese lapso diversas personas e instituciones
me apoyaron para cumplir con mi cometido. A todas debo un
particular agradecimiento. En primer lugar, debo mencionar los
diversos apoyos recibidos de la Universidad Nacional Autónoma de
México, esa espléndida institución en que me desempeño como
investigadora de tiempo completo. La directora del Instituto de
Investigaciones Sociales, la doctora Rosalba Casas Guerrero,
financió una estancia de investigación en el Ar-chivo Secreto del
Vaticano y me ha brindado todo el apoyo para diversas estancias de
investigación en el extranjero. También la Dirección General de
Asuntos de Personal Académico (dgapa), me brindó su apoyo económico
para realizar una estancia de investigación de un año en la
Universidad de Cambridge, Inglaterra, en 2003-2004, y en 2007;
también me brindó soporte para realizar una estancia de tres meses
en el Archivo Secreto del Vaticano. La Coordinación de Humani-dades
de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, me abrió sus
puertas para realizar una estancia sabática y me brindó el
privilegio de impartir clases en la licenciatura de Historia. Los
estudiantes que he tenido, desde 2007 hasta 2009, me han acompañado
en la última escritura de esta obra, me facilitaron algunos
materiales y, sobre todo, con su mirada fresca de la historia han
renovado algunas de mis percepciones. Los estudiantes del Seminario
de Investigación que imparto en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales compartieron las diferentes perspec-tivas que construyen
desde sus campos de conocimiento: la Antropología, la His-toria y
la Sociología Política. Sus comentarios me permitieron afinar
algunos pa-sajes de la obra. El apoyo secretarial de doña Ofelia
Vilchis, y de Beatriz García Martínez del Departamento de Cómputo,
facilitaron mis tareas. Especial men-ción debo a Adriana Guadarrama
Olivera, por la corrección de estilo de la intro-ducción y los dos
primeros capítulos de la obra.
Una mención especial debo al que fuera director del Centro de
Investiga-ciones y Estudios en Antropología Social (ciesas) durante
1996-2004, el
Agradecimientos
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� ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
doctor Rafael Loyola Díaz, amigo entrañable, cuyos comentarios y
sugeren-cias, siempre atinados, me obligaban a tomar distancia del
personaje central de la obra, que me envolvía en sus encantos a
través de los siglos, y a modificar algunos acercamientos. Su
traducción del francés al español del acuerdo de Pelagio Antonio de
Labastida y Dávalos con Maximiliano de Habsburgo en 1862, fue vital
para entender el papel desempeñado por el arzobispo en el proyecto
monárquico mexicano.
Clare Hall College, en la Universidad de Cambridge, me acogió en
año sabá-tico. Esa estancia fue vital para empezar a revisar y
analizar el material que había recabado durante tantos años. Tenía
y sigo teniendo la fortuna de contar con la amistad y el apoyo
académico del profesor David Brading. Sus comentarios, siem-pre
acertados, y sus observaciones desde el inicio del proyecto, cuando
apenas empezaba a vislumbrar la importancia de don Pelagio Antonio,
me facilitaron el camino. Sin duda debo agradecer las atenciones y
amabilidades de la doctora Celia Wu. Los que han estado en Storey’s
Way sabrán a que me refiero cuando mencio-no la ya legendaria fama
de Celia y David, por la atención que brindan a los amigos, así
como por la inteligencia de sus oportunas sugerencias.
Varios amigos en El Colegio de Michoacán, que sería largo
enunciar, me apoyaron decididamente. Especial agradecimiento debo
al doctor Martín Sán-chez, actual presidente de esa institución,
cuya intervención fue decisiva para la localización del material de
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos y de su sobrino, José
Antonio Plancarte y Labastida. Gracias a su invitación tuve
con-tacto con algunos estudiantes cuyas tesis versan sobre asuntos
religiosos. Mis estancias en el Colegio fueron fructíferas y el
diálogo con los historiadores fue esclarecedor. Mi deuda con ellos
es enorme.
El diálogo con los sacerdotes Julián López Amozurrutia, actual
rector del Seminario Conciliar de México; José Alberto Hernández
Ibáñez, director de la Escuela de Teología en el Instituto Superior
de Estudios Eclesiásticos (isee) y vicerrector del Seminario Menor
de México, y Federico Altbach Nuñez, direc-tor general del isee, y
con los estudiantes de Historia de la Iglesia de cuarto año de
Teología, además de la apertura de su magnífica biblioteca, fue
esencial en la elaboración de esta obra. Las sugerencias recibidas
me ayudaron a escla-recer algunos procesos. Incorporo en esta
sección mi agradecimiento a fray Eugenio Martín Torres, O. P., aun
cuando no forma parte del isee, porque comparte la misión del
sacerdocio y las simpatías por el proyecto de investiga-ción de don
Pelagio Antonio. Sus sugerencias me dieron seguridad y mejoraron
algunos planteamientos.
Los responsables de los archivos consultados, tanto particulares
como na-cionales, privados e internacionales, no escatimaron medios
para facilitarme la
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consulta. Sería largo referir los equipos de trabajo que me
apoyaron a lo largo de diez años. Sin embargo, debo agradecer el
trato especial recibido de: el di-rector del Centro de Estudios de
Historia de México, Condumex, ahora carso, Manuel Ramos Medina; del
padre Gustavo Watson Marrón, director del Ar-chivo Histórico del
Arzobispado de México; de las religiosas Hijas de María Inmaculada
de Guadalupe, custodias del archivo particular del arzobispo
La-bastida y Dávalos. Los directores de las bibliotecas facilitaron
mi tarea. Entre ellos, además del personal de la Biblioteca del
Instituto de Investigaciones Sociales, en especial de Pedro López,
quien nunca escatimó tiempo y esfuerzo para conseguir los libros
que le solicitaba, debo agradecer a la licenciada Espe-ranza Dávila
Sota, directora de la Biblioteca Vito Alessio Robles Domínguez,
fondo Óscar Dávila Dávila, Saltillo Coahuila, por ampliar el
horario de con-sulta y facilitar mi estancia en Saltillo.
Algunos alumnos me ayudaron a fotocopiar los materiales
localizados en varios archivos. A ellos les agradezco su esfuerzo y
su apoyo. Alejandra Valdés Teja, entonces estudiante de Historia de
la Universidad Iberoamericana, foto-copió el material de Félix
Zuloaga en dicha Universidad. María del Carmen Enciso, entonces
estudiante de Historia de la Escuela Nacional de Antropolo-gía e
Historia, fotocopió el material localizado en el Archivo General de
la Nación (agn) y en el Archivo Histórico del Instituto Nacional de
Antropología e Historia. José Cázarez, estudiante de historia de
Acatlán, localizó y fotogra-fió varios catecismos políticos
publicados en México de 1808 a 1940. Dos estudiantes, participantes
en el Verano de la Investigación Científica, David Carvajal López,
cuando apenas iniciaba sus estudios de licenciatura en Histo-ria en
la Universidad Veracruzana, y Teresa López Cárdenas, estudiante en
la Universidad de Yucatán, localizaron y fotocopiaron algunos
materiales del agn referentes al obispo de Puebla Francisco Pablo
Vázquez y López Cárdenas, documentos referentes a la ley de
desamortización de 1856. Pablo Mijangos me sugirió y fotocopió
algunos libros de la Biblioteca de la Universidad de Texas, en
Austin. Su conocimiento sobre Clemente de Jesús Munguía me ayu-dó a
clarificar la visión de don Pelagio Antonio. Finalmente, agradezco
a José Cazárez y Alejandro Peña su apoyo en cotejar las notas al
pie con la fuente de información, y a Elia Edith Elizalde Zavaleta
la traducción de varios docu-mentos del italiano al español.
Muchos amigos y colegas, que resistieron el embate de mis
continuas re-flexiones sobre mi tema de investigación, han quedado
en el anonimato pero no por ello fueron menos importantes. A todos
mi agradecimiento.
AGRAdECIMIENTos ––––– �
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11
Durante mucho tiempo la construcción de la historia política del
siglo xix mexicano siguió los derroteros marcados por la
historiografía triunfante, la liberal, sin que se abordara la
participación de los vencidos, los conservadores. A finales de la
década de los sesenta, Edmundo O’Gorman en su obra La
su-pervivencia política novohispana. Reflexiones sobre el
monarquismo mexicano,1 in-vitó a los estudiosos a superar ese vacío
historiográfico y rescatar los proyectos de los conservadores y los
monárquicos. De esa forma se superaría la versión maniquea de la
historia que enaltecía a los liberales mientras condenaba al olvido
la historia de los conservadores.
Los primeros estudios elaborados con ese propósito se
concentraron, como es obvio, en el análisis del Segundo Imperio, el
proyecto político más acabado del Partido Conservador formado por
Lucas Alamán en 1849. Uno de los pri-meros historiadores en
destacar el filón histórico que había en esa época fue Martín
Quirarte, en su Historiografía sobre el Imperio de Maximiliano.2
Este autor destacaba que la participación de algunos de los
intervencionistas mexi-canos era fácil de seguir, como era el caso
de José María Gutiérrez de Estrada. Pero era más difícil seguir la
trayectoria en Europa de Francisco de Paula Arangois, Pelagio
Antonio Labastida y Dávalos,3 Juan N. Almonte, Francisco Miranda,
Ignacio Aguilar y Marocho y Joaquín Velásquez de León.4
1 Edmundo O’Gorman, La supervivencia política novohispana.
Reflexiones sobre el monarquis-mo mexicano (México: Centro de
Estudios de Historia de México, Condumex, 1969).
2 Martín Quirarte, Historiografía sobre el imperio de
Maximiliano (México: Universidad Nacio-nal Autónoma de México,
segunda edición, 1993). La primera edición fue de 1970. También hay
que revisar la historiografía de Erika Pani, El Segundo Imperio:
pasados de usos múltiples herramien-tas para la historia (México:
cide/Fondo de Cultura Económica, 2004).
3 Las diferencias al escribir el apellido del obispo de Puebla
sin “de”, se debe a que en sus primeros escritos el obispo no lo
escribía. Posteriormente ya aparece su nombre con la forma Pela-gio
Antonio de Labastida y Dávalos. Martín Quirarte no incluye “de”,
por eso respeto su forma.
4 Martín Quirarte, op. cit., p. 25.
Introducción
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12 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
En la actualidad la participación de esos personajes se puede
estudiar a través de la consulta de los archivos privados, como el
del obispo de Labastida y Dávalos en el Centro de Estudios de
Historia de México, Condumex, ahora Carso, que guarda los archivos
de Aguilar y Marocho, y algunos expedientes de Almonte y Miramón, y
en el Archivo Secreto Vaticano, una fuente poco consul-tada en la
época en que Quirarte publicó su obra. No menciono los archivos
públicos, como el General de la Nación, el de Relaciones Exteriores
y el de la Defensa Nacional, entre otros, porque ésos han sido más
consultados por los autores mexicanos. Menos conocidos son los
archivos conservadores que guarda la Universidad Iberoamericana,
como es el caso del archivo de Félix Zuloaga, que ofrece la
oportunidad de conocer la Guerra de Reforma desde la organización
conservadora. Hasta ahora, dicha guerra, importante para conocer
las ideas y los proyectos políticos de los conservadores, ha sido
poco abordada por los estudio-sos. Erika Pani, por ejemplo, en su
obra Para mexicanizar el Segundo Imperio,5 al referirse a esa
guerra remitió al tomo iv de México a través de los siglos.
Es de destacar que la obra de Pani sobre el Segundo Imperio es
notable porque se propuso estudiar a los conservadores desde la
perspectiva de la admi-nistración política de los líderes civiles
del Partido Conservador. Los obispos, vitales para comprender las
ideas y proyectos de los conservadores en el Segundo Imperio, se
encuentran fuera de su mira. A pesar de ello, su acercamiento
for-taleció la mirada historiográfica apuntada por Charles A. Hale
en su obra El liberalismo mexicano en la época de Mora 1821-1853.6
Al efectuar su estudio sobre José María Luis Mora, con el propósito
de ofrecer una definición del libe-ralismo mexicano en su época,
Hale encontró que los liberales y los conservado-res compartían
ideas y proyectos. La Santa Sede había percibido desde 1865 que las
diferencias entre los mexicanos, en cuestiones de ideología, no
eran notables. En las instrucciones que el cardenal Giacomo
Antonelli, secretario de Estado de Pío IX, le entregó al nuncio y
delegado apostólico Pier Francesco Meglia, envia-do a México ante
el emperador Maximiliano, le indicaba que tuviera cuidado con los
mexicanos porque, de manera independiente a la ideología que
sostuvieran, todos eran adeptos de la Reforma. Para el secretario
de Estado del Vaticano la diferencia que mediaba entre los
proyectos era la rapidez con que unos deseaban la Reforma y la
moderación de los otros en su aplicación.
En la década de los setenta del siglo xx, los historiadores no
sólo se inte-resaron en Maximiliano y la construcción del “imperio
más bello del mundo”,
5 Erika Pani, Para mexicanizar el segundo imperio (México: El
Colegio de México e Instituto Mora, 2001).
6 Charles A. Hale, El liberalismo mexicano en la época de Mora,
1821-1853 (México: Siglo XXI Editores, 1972). La publicación de la
obra en inglés se efectuó en 1968.
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INTRodUCCIóN ––––– 13
sino también en el pensamiento político conservador. Una de las
obras que más influencia ha tenido, posiblemente la más leída, no
siempre citada apropiada-mente por los autores contemporáneos, es
la de Alfonso Noriega, El pensamien-to conservador y el
conservadurismo mexicano, publicada en dos volúmenes en 1972.7 Un
estudio más reciente sobre el conservadurismo mexicano es la obra
colectiva coordinada por William Fowler y Humberto Morales, El
conservadu-rismo mexicano en el siglo xix (1810-1910), publicado en
1999. Entre sus propósitos está “combatir las versiones demagógicas
imperantes”. Es decir, el maniqueísmo de la historiografía oficial
que ha marginado a los “malos de la película”, a los perdedores de
la historia, retrógradas, cangrejos, traidores y vende patrias,
entre otros epítetos a cual más de denigrantes con que han sido
calificados los conservadores de los siglos xix al xxi.
Coincido con los coordinadores de la obra, quienes consideran
que el sen-timiento conservador se fue modificando con el correr de
los años y, por otra parte, que fue heterogéneo. En un inicio
buscaba “conservar las estructuras sociales y los valores
tradicionales morales y católicos de la Colonia”, en el marco de la
estructura republicana. Posteriormente los coordinadores asumi-rán
como propia la definición de Tenenbaum de que “Alamán y los
conserva-dores creían que una monarquía mexicana encabezada por un
príncipe europeo relacionado con todas las demás casas reales
satisfacería los deseos de seguri-dad de los inversionistas y les
tentaría depositar sus fondos en México”.8 Esa postura, a favor de
la monarquía, sería reforzada durante la Guerra de Refor-ma
(1858-1861), que culminaría con la intervención francesa en 1862 y
el establecimiento del imperio de Maximiliano de Habsburgo en
1864.9
En 2005 Reneé de la Torre, Marta Eugenia García Ugarte y Juan
Manuel Ramírez Sáiz, publicaron la obra Los rostros del
conservadurismo mexicano.10 Este trabajo atiende la historia del
conservadurismo del siglo xix y del xx, hasta ahora poco
revisada.
Ésas son algunas de las obras con que se respondió al llamado de
O’Gorman de 1969 y de Quirarte al año siguiente. No son las únicas
y, sin duda, hay una gran variedad de obras colectivas sobre la
Iglesia, el Estado y la sociedad en el
7 Alfonso Noriega, El pensamiento conservador y el
conservadurismo mexicano (México: Univer-sidad Nacional Autónoma de
México, 1972), dos volúmenes.
8 Barbara A. Tenenbaum, México en la época de los agiotistas,
1821-1857 (México: Fondo de Cultura Económica, 1985). Citado en
Humberto Morales y William Fowler, El conservadurismo mexicano en
el siglo xix (1810-1910) (México: Benemérita Universidad de Puebla,
University of Saint Andrews, Scotland, U.K. Secretaría de Cultura,
Gobierno del Estado de Puebla, 1999), 7.
9 Los compiladores también analizan el conservadurismo que se
manifiesta de 1876 a 1910. Pero se trata de la época que decidí
analizar en una etapa posterior.
10 Reneé de la Torre, Marta Eugenia García Ugarte y Juan Manuel
Ramírez Sáiz, Los rostros del conservadurismo mexicano (México:
ciesas, 2005).
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14 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
siglo xix, de las cuales sólo menciono algunas.11 El interés por
los conservado-res también condujo al estudio de la Iglesia
católica, su jerarquía y laicos. Como ejemplo remito a las tesis de
Historia citadas en esta obra. En la actua-lidad, varios
estudiantes están empezando o finalizando sus tesis doctorales
sobre algunos personajes notables de la jerarquía católica en
México. Por men-cionar algunos, Pablo Mijangos está por presentar
su tesis doctoral en la Uni-versidad de Texas, en Austin. Él se
interesó por elaborar una biografía intelec-tual del obispo de
Michoacán, Clemente de Jesús Munguía. Se tratará de una obra
fundamental para entender a una de las figuras eclesiásticas más
contro-vertidas del siglo xix. Hace falta que un estudiante tome la
estafeta y estudie al primer obispo de Michoacán durante la
República, a Juan Cayetano Gómez de Portugal. Se trata de uno de
los obispos que mayor trascendencia tuvo en el siglo xix. La
influencia del obispo Portugal, como político y pastor, trascen-dió
su época y alcanzó vigencia en la administración de Pelagio Antonio
de Labastida y Dávalos como arzobispo de México (1863-1891).
He dejado para el final de esta reflexión sobre la
historiografía de los conser-vadores, el estudio de Patricia
Galeana de Valadés, Las relaciones Iglesia-Estado durante el
Segundo Imperio, publicado en 1991.12 Ésta es la obra que antecede
más directamente a mi estudio, también concentrado en el análisis
de las relacio-nes Estado-Iglesia. Difiere en el periodo de estudio
considerado: mi texto comien-za en 1825, cuando el gobierno de la
primera República Federal envió como re-presentante mexicano ante
la Santa Sede al canónigo de Puebla, Francisco de Pablo Vázquez, a
fin de arreglar los asuntos eclesiásticos que estaban pendientes de
resolución desde la independencia: el patronato y el nombramiento
de los obispos diocesanos. Concluye en 1878, cuando fallece el
pontífice Pío IX.
La fecha de arranque de la obra responde a una circunstancia
específica: du-rante el periodo de la negociación diplomática del
enviado mexicano (1825-1831) se pusieron las bases para la
fundación de una Iglesia nacional, la mejicana,13 que
11 Entre ellas: Álvaro Matute, Evelia Trejo, Brian Connaugthon,
Estado, Iglesia y sociedad en México, siglo xix (México: Miguel
Ángel Porrúa/unam, 1995). Manuel Ramos Medina, Historia de la
Iglesia en el siglo xix (México: Centro de Estudios de Historia de
México, Condumex, El Colegio de México, El Colegio de Michoacán,
Instituto Mora, uam-Iztapalapa, 1998). Patricia Galeana
(com-piladora), Relaciones Estado-Iglesia: encuentros y
desencuentros, México, Archivo General de la Nación, 1999). Alicia
Tecuanhuey Sandoval (coordinadora), Clérigos, políticos y política.
Las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos xix y xx (Puebla:
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Benemé-rita
Universidad Autónoma de Puebla, 2002).
12 Patricia Galeana de Valadés, Las relaciones Iglesia-Estado
durante el Segundo Imperio (Méxi-co: Universidad Nacional Autónoma
de México, 1991).
13 La decisión de escribir mejicana con j y no con la x no
constituye un error ortográfico o un apego a la forma hispánica,
que fuera privilegiada por los conservadores. Con esa denominación,
utilizada por los obispos y el clero de México hasta 1870, se
enfatizaba el carácter nacional de la Iglesia y su autonomía,
soberanía y libertad frente al gobierno del país y, también, frente
a la Santa
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INTRodUCCIóN ––––– 15
se caracterizó por la defensa de la libertad y autonomía que
habían alcanzado con la independencia y la ruptura del patronato
regio. Fue una negociación larga, de seis años, azarosa y
complicada por los debates nacionales sobre el derecho de la nación
al patronato y la realidad internacional que situaba en el centro
del debate a la Santa Sede por el reconocimiento que daba al rey de
España, Fernando VII.
La de término, 1878, se estableció porque el papa Pío IX estuvo
involucra-do en los acontecimientos políticos mexicanos desde su
proclamación en 1846. En particular, porque el obispo de Puebla
(1855-1863) y también arzobispo de México (1863-1891) Pelagio
Antonio de Labastida y Dávalos, el personaje central de esta obra,
disfrutó de la amistad y el reconocimiento del pontífice. Pío IX,
gracias a esa amistad y respeto por el entonces obispo de Puebla,
criti-có de forma áspera el proyecto reformista de los triunfadores
del Plan de Ayu-tla y la Constitución de 1857. También se negó a
aceptar al enviado mexicano del presidente Ignacio Comonfort,
Ezequiel Montes, por el rechazo de Labas-tida a la figura que había
sido clave en su destierro de 1856. En 1861-1862, Pío IX apoyó
firmemente la aventura monárquica de los conservadores que
encabezaba Pelagio Antonio, quien le había presentado un escrito
sobre las ra-zones para aspirar al establecimiento de la monarquía
en México. De esa ma-nera, se trata de un actor fundamental en la
historia del siglo xix mexicano.
Con la muerte de Pío IX en 1878, el arzobispo Labastida perdió
un gran amigo pero, también, se libró de las ataduras afectivas con
el pontífice y la Santa Sede, aun cuando siguió cultivando sus
relaciones de amistad con la curia romana. El sucesor de Pío IX, el
pontífice León XIII, no era su amigo. Esa distancia le permitió
actuar con mayor libertad y autonomía hasta su muerte, en febrero
de 1891.14
Proceso histórico
La obra, en sus dos tomos, tiene como objeto principal el
estudio de las posiciones políticas y sociales sostenidas por los
obispos mexicanos desde 1831 hasta 1878. El proceso histórico civil
en que se define la postura de los obispos da cuerpo y coherencia a
la obra. Uno de sus aportes es que la mirada historiográfica se
cons-truye desde las posiciones políticas, sociales y pastorales de
la jerarquía católica, la doctrina pontificia y el Partido
Conservador. Como contrapunto, que permite
Sede. La forma, Iglesia mejicana, sólo la uso cuando me refiero
a la Iglesia mejicana como tal o cuando los obispos la
mencionan.
14 El pontificado de Pío IX duró 32 años, de 1846 a 1878. El
periodo de Labastida como obispo de la Iglesia mexicana fue más
largo que el del pontífice: 36 años.
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16 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
superar una visión maniquea de la Iglesia y de los
conservadores, se analizan las ideas sostenidas y defendidas por la
reforma liberal tanto en 1833 como de 1855 a 1874. El resultado de
esa forma analítica fue fascinante: mostró que, hasta la guerra con
Estados Unidos, de 1846 a 1848, tanto los liberales como los
conser-vadores compartieron con los primeros obispos mexicanos, los
que fueran propues-tos por el gobierno mexicano para ocupar las
sedes vacantes del país, el deseo de construir una nación moderna,
poderosa y católica. También coincidían en el deseo de fortalecer
una Iglesia nacional, la mejicana, independiente de Roma. Esa
coincidencia se encuentra estrechamente relacionada con la decisión
de la Santa Sede de aceptar los nombramientos de los candidatos
propuestos, que se distin-guían por su cercanía con el gobierno de
México.
Después de la derrota frente al ejército invasor de Estados
Unidos en 1847-1848, la población en su conjunto experimentó una
profunda decepción con el gobierno nacional, en cualquiera de las
versiones que habían tenido lugar desde 1824: la república, federal
o central, y la dictadura. En ese con-texto, en 1850, algunos
individuos manifestaron su deseo de establecer el sistema
monárquico, con un príncipe extranjero, como una alternativa viable
para que el país resurgiera de sus cenizas. Ésa había sido la
propuesta de Gutiérrez de Estrada en 1840 y de la conspiración
monárquica de 1846 que involucrara al arzobispo de México, Manuel
Posadas y Garduño. Otros sectores prevenían sobre el peligro que
había de probar nuevos sistemas cuando el más adecuado para
impulsar la modernidad era el republicano. Las posturas polí-ticas,
tanto las liberales como las conservadoras, se radicalizaron a
partir de que Lucas Alamán impulsó la formación del Partido
Conservador y la instala-ción de la última dictadura del general
Antonio López de Santa Anna. Este gobierno, que en sus formas
aspiraba a un trato casi monárquico, excedió sus límites y suscitó
un profundo malestar social.
Las inconformidades subieron de tono por la participación de
algunos individuos del clero en la conducción de los asuntos
públicos. La fuerza de los eclesiásticos, sumada al grupo de los
conservadores y el control que tuvieron de los puestos más
importantes del gobierno, definieron el conservadurismo de tipo
eclesiástico que distinguió a esta administración. La presencia en
el go-bierno de hombres como Teodosio Lares, Ignacio Aguilar y
Marocho, Manuel Díez de Bonilla, Clemente de Jesús Munguía, obispo
de Michoacán, el padre Francisco Javier Miranda, sacerdote de
Puebla, el jesuita Basilio Manuel Arri-llaga y Antonio Haro y
Tamariz,15 que sería sustituido en el ministerio de
15 Aun cuando Haro y Tamariz era liberal, tenía un profundo
sentido católico que lo acercaba al Partido Conservador. Al final
de su vida y, después de arreglar sus asuntos personales,
ingresa-ría a la Compañía de Jesús.
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INTRodUCCIóN ––––– 17
Hacienda por Ignacio Sierra Rosso, entre otros, y la aceptación
plena del ar-zobispo de México, Lázaro de la Garza y Ballesteros,
determinó que el gobier-no civil asumiera posturas eclesiásticas y
los eclesiásticos posturas civiles. Se habían confundido los
papeles de tal manera que, al fracasar el gobierno, los
eclesiásticos se quedaron con el sabor del poder en la boca, con
las ansias de ejercerlo y con la frustración de no haber logrado
sus objetivos específicos: habían perdido una oportunidad. Para
Santa Anna, se sabe, fue la derrota fi-nal, mientras que para los
liberales fue la oportunidad de reorganizarse.
En esta coyuntura se trastocaron los principios básicos del
poder civil, mientras los agentes gubernamentales mexicanos
promovían el establecimiento del sistema monárquico en las cortes
europeas. La informidad política con la dictadura conservadora
católica de Santa Anna se transformó en una revolución social,
política y militar, la de Ayutla que postuló, bajo la reforma
propuesta por Ignacio Comonfort, el establecimiento de las
instituciones liberales.
Al triunfo de la Revolución de Ayutla, como había sido
estipulado en el plan reformado en Acapulco, se inició de forma
inmediata la definición de las reformas que se habían deseado desde
1833 pero que no habían sido llevadas a cabo: la eliminación del
fuero eclesiástico y militar (1855) y la Ley de desamortización de
fincas rústicas y urbanas que administraran como propietarios las
corporacio-nes civiles o eclesiásticas de la República, del 25 de
junio de 1856, publicada durante la presidencia sustituta de
Ignacio Comonfort. También se convocó al Congreso Constituyente,
que elaboraría una nueva constitución para el país sin permitir,
por primera vez desde el establecimiento de la primera República
Fede-ral en 1824, la participación del clero. Si la reforma de 1833
había mostrado a los eclesiásticos lo que podían esperar del sector
radical del Partido Liberal, la última dictadura de Santa Anna
mostró a los liberales, moderados y radicales, lo que podían
esperar si el clero y los conservadores asumían el poder político.
La reforma política, que en su propósito de fortalecer al Estado
chocaba con los in-tereses eclesiásticos, corría el riesgo de
frustrarse. Por eso se negaron a permitir el acceso de los clérigos
como diputados al Congreso Constituyente de 1856.
El malestar de los obispos se expresó en airadas cartas
pastorales por la inserción del artículo 44 de la Ley de
Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la
Federación (Ley Juárez), del 23 de noviembre de 1855, expedida
durante el tiempo de gobierno de Juan Álvarez, porque estipulaba
que el fuero eclesiástico en los delitos comunes era renunciable.
La oposición del clero fue reforzada por los militares, quienes
también veían afectados sus intereses. La vinculación de ambos
cuerpos pronto derivó en la primera revo-lución conservadora en
contra del gobierno de Ignacio Comonfort: la de Zaca-poaxtla,
Puebla, en 1856.
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1� ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
Las dificultades suscitadas en el Congreso Constituyente en
torno al ar-tículo 15, que declaraba la tolerancia de cultos aun
cuando también aseveraba, lo que desde 1824 se había dispuesto, que
el gobierno protegería a la religión católica con leyes sabias y
justas, fortalecieron las inconformidades católicas y conservadoras
que tomaron la vía armada para defender la religión y los fueros,
como ellos decían. La oficialidad joven del ejército, hasta
entonces marginada de los altos puestos de la política percibió,
por interés o por convicción, la oportunidad de acceder al poder
político mediante su vinculación con los gru-pos conservadores. Su
formación militar les permitió fortalecer los planes y los
levantamientos conservadores con la estrategia militar que
dominaban. El re-sultado de esos vínculos, ya expresados en
1833-1834, durante la primera reforma liberal, la dirigida por
Valentín Gómez Farías, fue mantener en una gran inestabilidad al
gobierno de Comonfort.
Al iniciar el periodo constitucional bajo la égida de la
Constitución de 1857, el presidente Comonfort y su equipo más
cercano consideraron que era preciso introducir reformas al texto
constitucional. El movimiento respondía a la necesidad de
fortalecer al Poder Ejecutivo profundamente debilitado por las
atribuciones que concedía la carta magna al Poder Legislativo.
Antes de hacer propuesta alguna al Congreso, Comonfort siguió dos
estrategias para eliminar la oposición armada conservadora: primero
se buscó entablar el diá-logo con el arzobispo de México, Lázaro de
la Garza y Ballesteros, y con el obispo de Michoacán, Clemente de
Jesús Munguía, con el propósito de llegar a un acuerdo sobre las
leyes que tanto malestar habían generado: la de los fueros y la de
desamortización de los bienes eclesiásticos. Esos propósitos
con-dujeron al desastre porque ni el arzobispo de México ni el
obispo de Michoacán cedieron un ápice en sus demandas. La segunda
vía fue enviar a su ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos,
Ezequiel Montes, como enviado plenipo-tenciario ante el pontífice.
Su misión era precisa: obtener la aprobación de la Santa Sede a las
medidas liberales. En este caso, aun cuando el cardenal An-tonelli,
secretario de Estado de Su Santidad, parecía dispuesto a llegar a
un arreglo con el enviado Montes, el obispo de Puebla, Pelagio
Antonio de Labas-tida y Dávalos, quien radicaba en Roma desde que
fuera expulsado en mayo de 1856 por sus renuencia a aceptar la
intervención de los bienes eclesiásticos de la diócesis de Puebla,
decretada por Comonfort en marzo de ese año, se opuso
terminantemente a cualquier negociación que implicara el
reconocimien-to de la reforma liberal. El obispo de Puebla, hasta
entonces famoso por su habilidad como negociador político, mostró
por primera vez una postura dura y rígida frente al proyecto
liberal. No había arreglo posible. Las alternativas propuestas por
Comonfort se agotaron al momento de iniciar las negociaciones.
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INTRodUCCIóN ––––– 1�
Entonces se perdió la última oportunidad que había de efectuar
una reforma del Estado y de la Iglesia de forma pacífica.
El grupo de Comonfort estaba convencido de que el Congreso no
aprobaría reforma alguna a la Constitución, por tibia que fuera. En
esos términos se fraguó el movimiento del Plan de Tacubaya a
finales de 1857. Inserto en la conspiración contra la Constitución,
Comonfort se debatía en la angustia y no había consejo que le
satisficiera. A pesar de su comprometida posición, se pro-dujo el
muy conocido golpe de Estado a través del Plan de Tacubaya. Este
plan otorgaba el supremo Poder Ejecutivo a Comonfort, anulaba la
Constitución y anunciaba la formación de un nuevo Congreso, con el
cometido de formular una Constitución moderada. La nueva
Constitución debería “estar en armonía con la voluntad de la
nación”.16 Se trataba de una situación inédita. Era la primera vez
que se organizaba un movimiento político-militar con el propósi-to
de fortalecer al Poder Ejecutivo frente al Legislativo.
El plan nació en el seno del gobierno bajo la coordinación de
Manuel Pay-no, Manuel Siliceo, Juan José Baz, José María Revilla y
Pedregosa y el licen-ciado Mariano Navarro. Es de destacarse que ni
los conservadores ni los cléri-gos participaron en la formación del
plan ni en su sostenimiento, aun cuando el obispo Munguía y el
canónigo Covarrubias habían sido consultados sobre el sentido que
debería tener la reforma de la Constitución. Estuvieran o no
invo-lucrados en el plan, que en realidad respondía a una acción
gubernamental, su resultado fue dar a los conservadores la
oportunidad de acceder al poder.
Al proclamarse el Plan de Tacubaya siguiendo las instrucciones
del presi-dente, Félix Zuloaga se puso al frente de las fuerzas de
la capital. Pero el presidente se había arrepentido, dejando
comprometida a la guarnición y a todos los que habían tomado parte
en el movimiento.17 Al aceptar el plan de diciembre, como dijera
Payno, Comonfort había perdido y sustituido sus títu-los legales de
presidente “por los de un miserable revolucionario”. Ante la
deserción de Comonfort, el socio militar Félix Zuloaga no cesó en
su empeño y formuló un nuevo Plan de Tacubaya en enero de 1858.
Este plan fue apoya-do por las fuerzas militares de Osollo y
Miramón que estaban esperando a ser llamados para cubrirse de
gloria.
16 Francisco de Paula Arrangoiz, México desde 1808 hasta 1867
(México: Editorial Porrúa, 1968, 1994 en bibliografía), 430.
También en Reforma y República restaurada 1823-1877. Estu-dio
histórico y selección de Horacio Labastida (México: Miguel Ángel
Porrúa, librero-editor, 2a. edición, 1988), p. 241.
17 Félix Zuloaga, a los redactores del periódico La Orquesta, el
3 de julio de 1865. En res-puesta a la acusación que se le había
hecho en dicho periódico el día primero de ese mismo mes, como
ambicioso y traidor. Archivo de la Universidad Iberoamericana,
Fondo Féliz Zuloaga, Ibero, fz, Caja 6, Doc. 1872. De ahora en
adelante (Ibero, fz).
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20 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
Fue así como dio inicio la Guerra de Reforma, entre el gobierno
conserva-dor, situado en la ciudad de México, representado por
Félix Zuloaga, y el go-bierno liberal, representado por Benito
Juárez, errante en la República hasta situarse en Veracruz. Fue la
guerra civil más sangrienta que experimentara México desde 1824:
estaba en disputa la religión y sus fueros y la defensa de la
República y sus libertades. La confrontación armada parecía, en su
primer año, favorable a los conservadores. A partir del segundo
año, en 1859, los triunfos empezaron a ser frecuentes para el bando
liberal. En ese contexto de guerra, se expidieron los decretos de
1859 conocidos como Leyes de Reforma, que propiciaron la creación
de una clase media pujante por medio del decreto de nacionalización
de los bienes eclesiásticos y la formación de un Estado laico por
el decreto de separación de la Iglesia y el Estado. Las leyes
subsecuentes, la creación del registro civil y la declaración de la
tolerancia el 4 de diciembre de 1860, poco antes del triunfo
liberal sobre las fuerzas conservadoras, instau-raron los valores y
derechos civiles que en la actualidad disfruta la sociedad
mexicana. A partir de entonces, el proyecto de una República
católica y una Iglesia mejicana nacional quedaron en el olvido. No
había retorno posible.
Hasta 1850, los obispos utilizaron el vínculo con Roma como una
coraza frente a los propósitos reformistas de los liberales. La
jerarquía mexicana, que compartía los ideales liberadores y
democráticos que se respiraban en la nación durante la primera
mitad del siglo xix, estaba cerca de Roma, pero no tan cerca como
para coartar su autonomía. El obispo de Michoacán, Clemente de
Jesús Munguía, expresó esa posición en 1854, cuando se opuso a la
celebración de un concordato entre la última dictadura de Antonio
López de Santa Anna y la Santa Sede, no sólo porque se trataba de
un régimen que estaba por caer frente al avance de las fuerzas
militares e ideológicas del Plan de Ayutla, sino porque todo
acuerdo del gobierno con Roma dejaba a la jerarquía fuera de las
negociaciones y afectaba, por tanto, su libre determinación en los
asuntos eclesiásticos. Después del decreto de 1859 que separó la
Iglesia del Estado, tal recurso dejó de tener sentido.
A pesar de su cercanía con la Santa Sede y con el pontífice Pío
IX, en particular después del destierro de los obispos decretado
por el liberalismo triunfante en 1861, los pastores mantuvieron una
sana distancia que les per-mitía adaptar la doctrina pontificia a
las realidades del país. No eran fieles sumisos, repetidores de las
ideas romanas. Fueron hombres con ideas propias, innovadores y
formadores de instituciones. Vivían una contradicción profunda
porque coincidían con los liberales en la necesidad de hacer
reformas en el país, siempre y cuando se respetaran sus derechos y
libertades. Para los libe-rales, la reforma, queriéndolo o no,
tocaba los derechos y las libertades ecle-
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INTRodUCCIóN ––––– 21
siásticas. No estaban en contra de la religión, pero sí del
cuerpo eclesial que se empeñaba en negar el derecho de
independencia a la sociedad política.
Si la administración moderada de Comonfort tenía esperanzas de
llegar a un acuerdo con la Iglesia, las tensiones generadas por la
guerra y la reforma liberal anularon toda relación posible. La
discordia armada tenía la palabra. Quien triunfara en la guerra
definiría el futuro de la nación. Esa certeza se encuentra atrás de
los proyectos, tanto de los liberales como de los conserva-dores de
buscar un apoyo extranjero. Los primeros volvieron los ojos a
Estados Unidos, los segundos lo hicieron, de forma persistente y
mucho más agresiva, con Europa. Para el obispo de Puebla, Labastida
y Dávalos, el triunfo liberal, visto desde la perspectiva de 1859,
el año en que se publicaran las Leyes de Reforma, significaba la
ruina del país y de la Iglesia. Esa convicción lo llevó a promover
la intervención extranjera y el establecimiento del sistema
monár-quico con un príncipe extranjero.
Tradición y modernidad
Las relaciones entre tradición y modernidad concentran la
atención de diver-sos estudiosos. La bibliografía es enorme y son
muchas las obras que incorpo-ran en sus títulos ambos conceptos sin
que, en su desarrollo, se presente una acabada definición de
tradición. Por el contrario, la modernidad es explicada y
desarrollada con amplitud. Es factible pensar que no se atiende el
concepto tradición porque se refiere, en la definición social
aceptada del concepto, a un mundo antiguo supuestamente ya pasado o
acabado que no guarda relación alguna con el presente. Esta
perspectiva es usual en aquellos que privilegian el estudio de la
modernidad y sus contradicciones, tanto en el siglo xx como en el
xxi. En cambio, los trabajos sobre el siglo xix mexicano, cuando se
for-man los tres partidos políticos que ocuparon la escena
histórica, el liberal, el conservador y el moderado,18 tienden a
vincular el movimiento conservador “con el pensamiento
tradicionalista […]”.19 Ambos términos, conservador y
tradicionalista, se identifican en su aspecto de conservar o
mantener las prác-ticas y las instituciones que sustentaron la
identidad mexicana en el periodo virreinal: la monarquía, porque
tres siglos de historia habían probado sus be-
18 El partido moderado ha sido poco estudiado. Una excepción es
el espléndido libro de Sil-vestre Villegas Revueltas, El
liberalismo moderado en México 1852-1864 (México: Universidad
Nacional Autónoma de México, 1997).
19 Humberto Morales y William Fowler, coords., El
conservadurismo mexicano en el siglo xix (1810-1910) (México:
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, University of Saint
An-drews, Scotland, U.K., Secretaría de Cultura, Gobierno del
estado de Puebla, 1999), p. 9.
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22 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
neficios, y la Iglesia católica, porque daba sentido a la vida y
había sido la religión heredada por los padres.
La tradición aparece vinculada a una visión del mundo que
privilegiaba el sentido divino de la vida y la historia humana.
Precisamente Max Weber situa-ba el umbral de la modernidad en la
ruptura del “postulado ético de que el mundo es un cosmos sujeto a
los designios divinos, lo que de alguna manera le confiere una
orientación ética y de significado”.20 Se coincide en considerar
que la modernidad emerge a partir de un cambio cualitativo. De una
revolución en la percepción de la sociedad y el gobierno, hasta
entonces regulados por los principios sempiternos del Dios
omnipotente cristiano. La ruptura de esa cos-movisión no podía
hacerse de forma pacífica ni de forma masiva. Tampoco sería la
acción de un momento histórico. En Europa tomaría siglos arribar a
la for-mulación de una nueva propuesta social y política que
destacara al hombre como ciudadano y miembro de una sociedad
regulada por el Estado moderno.
Los postulados que demandaban mayor libertad, tanto política
como so-cial, científica y religiosa, se reforzaron con el primado
de la razón, principio de la Ilustración, y la agitación
revolucionaria como un proceso continuado de cambio social. Como se
sabe, los revolucionarios de la Francia del siglo xviii hicieron
añicos el orden absolutista existente y proclamaron un nuevo
sistema político, un nuevo orden social: “una nueva y diferenciada
serie de proyectos institucionales, emblema del mundo moderno
[…]”.21 Esos proyectos circula-ron en la Nueva España por medio de
panfletos, catecismos políticos y obras publicadas por los
filósofos europeos de la Ilustración y la Revolución francesa y por
los fundadores de Estados Unidos. Esa majestuosa república que se
vol-vió espejo para toda la América española en el siglo xix.
También se difundían las obras de los autores católicos que se
oponían a la filosofía moderna de Rousseau, Voltaire, Holbach y
Fréret. Estos autores, conocidos en la época como los
“controversistas”, contribuyeron a difundir aún más la “perspectiva
filosófica de la modernidad”.22
20 Citado en Samuel N. Eisenstadt, “La dimensión civilizadora de
la modernidad. La moder-nidad como una forma concreta de
civilización”, en Las contradicciones culturales de la modernidad,
coordinado por Josetxo Beriain y Maya Aguiluz (Barcelona: Anthropos
Editorial, 2007), p. 262.
21 Björn Wittrock, “La modernidad: ¿una, ninguna o muchas? Los
orígenes europeos y la modernidad como condición global”, en Las
contradicciones culturales de la modernidad, op. cit., p. 305.
22 Entre ellos, Bergier, Nonnotte y Valsechi, citados por Alzate
en la Gaceta de Literatura del 21 de julio de 1791. Los dos
primeros, Nicolás Silvestre Bergier y Claudio Francisco Nonnotte,
son “representantes de la enconada polémica que se encendió entre
el modernismo y la tradición”. Rechazaban el ateísmo, el
materialismo o sistema de la naturaleza, deísmo, escepticismo y las
consecuencias que dichas ideas tendrían para estimular la
incredulidad de la población. Cfr. Raúl
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INTRodUCCIóN ––––– 23
Las prohibiciones inquisitoriales se incrementaron pero las
obras seguían entrando por Veracruz y seguían su camino a las
bibliotecas privadas, conven-tuales y catedralicias. Sus
propietarios se enriquecieron con las ideas ilustradas y con los
proyectos políticos que condenaban la monarquía y ensalzaban las
vir-tudes de las repúblicas democráticas. Las obras de los
filósofos de la Enciclopedia y las de los católicos que se
opusieron a sus ideas penetraron el mundo social novohispano. Lo
mismo aconteció con las ideas y postulados de la Revolución
francesa y la de sus críticos (Edmund Burke y William Paley, entre
otros).
Si el primer avance de la modernidad, del siglo xii al xvi, se
reflejó en la concepción del hombre y del sentido religioso, el
segundo, el de finales del siglo xviii y principios del siglo xix,
se manifestó en la búsqueda de la liber-tad política y la igualdad
ciudadana que únicamente podrían lograrse bajo el sistema
republicano. El primer proceso, que trastocaba los valores y
princi-pios de la tradición católica tuvo un acomodo singular en la
Nueva España, porque la selección de los primeros evangelizadores
se hizo entre los que provenían del mundo reformado. El segundo
introdujo cambios en la visión del mundo que tenían los miembros
del clero secular y regular y los grupos de hacendados, mineros y
comerciantes, criollos y españoles. Las ideas, que circulaban como
proyectos deseables, cristalizaron en la independencia. Se habían
enriquecido con el encuentro del liberalismo que se respiraba en
las Cortes de Cádiz y la modernidad, que ya habían alimentado los
deseos de autonomía y libertad.
Es bien sabido que el pensamiento social y político de una época
se en-cuentra definido por los valores y principios vigentes en la
sociedad situada en su pasado inmediato y la imaginación creadora
del presente que ya contiene las ideas y los fundamentos sociales
que serán hegemónicos en el mañana. También es cierto que cuanto
más distante se encuentre una sociedad de su futuro, más fuertes y
sólidos serán sus vínculos con el pasado. Esa fortaleza, que se
afirma en la tradición histórica, vuelve frágiles y dudosas las
interpre-taciones que apuntan a un cambio de las costumbres, los
valores y la concep-ción social del hombre y de su historia.
La ambivalencia propia de ser en el tiempo conlleva una variedad
de pos-turas sociales, políticas, culturales y religiosas, tanto de
los individuos como de los grupos sociales que, con diferentes
grados de intensidad, oscilan entre la seguridad de la tradición y
las ventajas y beneficios que ofrece la innovación social. Parte de
la complejidad del análisis social e histórico de los grupos
humanos radica en esta condición que impide hacer una distinción
radical o
Cardiel Reyes, Del modernismo al liberalismo. La filosofía de
Manuel María Gorriño (México: unam, 1981), pp. 32-40.
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24 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
pura entre tradicionalistas e innovadores. ¿Cómo distinguir la
línea divisoria si cada individuo tiene una combinación abigarrada
de valores tradicionales e innovadores que suelen trasmutarse en su
contrario de acuerdo con las circuns-tancias de la vida cotidiana?
Esta situación fue más compleja en el siglo xix por la serie de
cambios políticos, sociales y económicos que tuvieron lugar.
Lorenzo de Zavala dejó consignada la dificultad sociopolítica de
esta época:
Cuando uno detiene su consideración sobre los sucesos de las
repúblicas ame-ricanas, parece que una especie de vértigo se ha
apoderado de todos sus habi-tantes, que son arrastrados por un
movimiento rápido y continuo, que anima-dos por pasiones
desconocidas, se acometen, se cruzan y se combaten, de manera que
la vista penetrante no acierta a seguirlos ni a distinguir sus
dife-rentes direcciones.23
Otra dificultad que no se puede soslayar es que los conceptos
mismos y su contenido cambian al ritmo de la historia. Por ejemplo,
la tradición, como con-cepto, nació con la constitución de la
Iglesia católica. Esa tradición fue refor-zada por el Concilio de
Trento, auténtica reforma católica que afirmó la doble tradición
eclesiástica, la oral y la escrita, y el derecho del magisterio en
su interpretación, que habían sido cuestionados por la reforma de
Lutero. De esa manera, la tradición católica hace referencia al
fondo reservado de la fe, de la verdad revelada, inmutable y
permanente, que mantiene su pureza a lo largo de los siglos. Por
esta razón, las reformas eclesiásticas siempre han significado un
retorno o una recuperación de la tradición a través de sus fuentes
primi-genias. El carácter inmutable y permanente de la verdad
revelada siempre ha otorgado estabilidad a la institución
eclesiástica. De acuerdo con esa defini-ción, los obispos mexicanos
del siglo xix eran tradicionalistas porque se ape-gaban y defendían
con pasión la tradición y disciplina eclesiásticas. Ese ca-rácter
condicionaba sus definiciones políticas y los situaba en las
posiciones conservadores más radicales. A pesar de ello eran
hombres, tanto la primera generación de obispos nombrada en 1831
como la segunda, la que empezó a ocupar las sedes diocesanas
vacantes a partir de 1850, que estaban al día de las ideas que
campeaban en el mundo. Eran modernos en el campo social y
tradicionalistas en el campo eclesiástico. Es decir, en lo
teológico, en lo pasto-ral y en el régimen de vida del clero
secular y regular.
Un ejemplo de modernidad se puede seguir en la actuación de
Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos como presidente de la Junta
Departamental de Michoacán de 1843 a 1847: adoptaba los programas
sociales (renovación
23 Lorenzo de Zavala, Páginas escogidas (México: unam, 1991), p.
115.
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INTRodUCCIóN ––––– 25
de la educación) y productivos (apertura de puertos e impulso a
la explota-ción de la seda) que demandaba la nación. Su apego a la
tradición eclesiástica quedó explicito cuando presentó su renuncia
al gobernador Melchor Ocampo en 1847 por una razón de principios:
había jurado lealtad a un gobierno, el central. El cambio al
régimen federal lo dejaba libre de su compromiso. Pero renunciaba,
sobre todo, porque el gobierno había afectado los bienes
eclesiás-ticos sin tener consideración de los pastores y la Santa
Sede. Se trataba de “la perseverancia inmutable de mis principios”,
como dijera Juan Cayetano Gó-mez de Portugal.24 Pelagio Antonio,
como arzobispo de México de 1863 a 1891, se hubiera sentido
profundamente indignado de ser identificado con el apelativo de
conservador. Mucho más con el de “retrógrada inquisitorial
intra-table” con que lo etiquetaron José Manuel Hidalgo y Juan
Nepomuceno Al-monte, cuando querían obtener todas las gracias del
príncipe Napoleón III. Él se consideraba un hombre moderno,
moderadamente liberal, apegado a la tra-dición eclesiástica. Es
difícil definir las posiciones políticas de los obispos por-que se
presentan entrelazadas con la tradición eclesiástica. Los obispos
eran hombres de Iglesia que, al margen de su posición política, se
veían obligados a defender la autonomía y la libertad eclesial.
En otro orden, es innegable que las posturas de los obispos con
respecto al sistema político más idóneo para el país o sobre el
papel que debería desempe-ñar la Iglesia en el nuevo orden y sus
relaciones con los gobernantes, se encon-traban estrechamente
vinculadas o definidas por la política internacional que
sostuvieron los papas Pío VI (1775-1779), Pío VII (1800-1823), León
XII (1823-1829), Pío VIII (1829-1830), Gregorio XVI (1831-1846) y
Pío IX (1846-1878).
No se puede olvidar que el primero de esos seis pontífices vivió
el surgimien-to del secularismo, el ateísmo y la aspiración de los
gobiernos de controlar la Iglesia en sus territorios. Los embates
de la Revolución francesa y la ocupación de los estados pontificios
doblegaron la voluntad de Pío VI, quien se vio obliga-do a firmar
la Paz de Tolentino (19 de febero de 1797) y a publicar la carta
pastoral Pastoralis Sollicitudo en la que reconocía la nueva
república francesa y, además, recomendaba a los católicos su
obediencia. Los términos de la paz, de suyo frágiles, pronto se
deterioraron dando lugar a una segunda ocupación de los estados
pontificios y a la toma militar de la ciudad de Roma, que condujo
al papa al destierro en la Toscana. De hecho, el papa murió en el
exilio. Por esa razón, el cónclave para elegir su sucesor se
celebró en Venecia con la protección
24 Portugal, al ministro de Justicia y Negocios eclesiástico,
Dr. D. Miguel Ramos Arizpe, el 16 de agosto de 1833. Publicado en
la imprenta a cargo del C. Antonio Quintana, octava calle de las
Alcantarillas núm. 9, Morelia.
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26 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
del ejército austriaco. Los siguientes cinco papas, de Pío VII a
Pío IX, se enfren-taron a los cambios sociales y culturales que
impulsaban las nuevas doctrinas filosóficas y políticas, la
independencia de los países iberoamericanos, la discon-tinuidad del
patronato regio concedido a los reyes de España, la invasión y
pérdida de los estados pontificios y, por tanto, del poder temporal
del papado.
Ante las nuevas concepciones políticas, sociales y religiosas,
los papas se aferraron a lo que para ellos era la verdad: la
defensa del poder temporal del pontífice, de sus dominios
territoriales y de la autonomía y libertad de la Iglesia para
poseer, administrar y usufructuar sus bienes. Esa libertad era
incuestiona-ble en lo que se refería al ejercicio de la
espiritualidad de los hombres, sobre los valores morales que
deberían normar la vida social y acerca del reconocimiento de la
Iglesia católica como la única verdadera. También es cierto que, en
la me-dida en que perdía el poder temporal, la Santa Sede afianzaba
el control de las iglesias nacionales. Este proceso, conocido como
romanización de la Iglesia, al-canzó su máxima expresión durante el
pontificado de León XIII (1878-1903),25 Pío X (1903-1914),
Benedicto XIV (1914-1922) y Pío XI (1922-1939).26
La confusión sobre el concepto tradición surge porque aplicado
al orden social tiene el mismo carácter que el eclesiástico: el
valor de lo permanente que da seguridad y estabilidad social.27 Sin
embargo, existe una distinción funda-
25 El pontificado de León XIII queda fuera del ámbito histórico
de este estudio. Él introdu-jo, sin desapegarse de los principios,
cambios sustanciales en la doctrina política de la Iglesia. Sobre
la participación de los católicos en la vida política de las
naciones, véanse las encíclicas de León XIII, Inmortale Dei, sobre
la constitución cristiana de los Estados, del 1o. de noviembre de
1885, en Acción Católica Española, op. cit., p. 61. Sapientiae
christianae, sobre los deberes de los ciuda-danos cristianos del 10
de enero de 1894, en Acción Católica Española, op. cit., pp. 80-94.
Rerum novarum, sobre la condición de los obreros, del 15 de mayo de
1891, en Acción Católica Española, op. cit., pp. 595-617. Graves de
communi. Sobre la democrcia cristiana, en . Consulta realizada el 5
de abril de 2009.
26 Después de la Primera Guerra Mundial, el papa Pío XI
(1922-1939) tuvo que negociar la situación de la Iglesia con varias
naciones. Su gran logro fue la firma del Tratado de Letrán, el 11
de febrero de 1929, negociado con Benito Mussolini. Por el Tratado
de Letrán se estable-cía la ciudad del Vaticano como un Estado
independiente, soberano y neutral. En ese año fue la primera vez,
desde 1870, que la Santa Sede reconoció oficialmente a Italia como
un reino, con Roma como su capital. Por su parte, el gobierno
italiano indemnizó a la Santa Sede por la pér-dida de los estados
pontificios y aceptó la religión católica como la oficial de la
nación. Cfr. J.N.D. Kelly, Oxford Diccionary of Popes (Oxford y
Nueva York: Oxford University Press, 1986), y Owen Chadwick, A
History of the Popes (1830-1914) (Oxford: Clarendon Press,
1998).
27 Consejo del pontífice San Agatón (678-681): “Nada debe
quitarse de cuanto ha sido defi-nido, nada mudarse, nada añadirse,
sino que debe conservarse puro tanto en la palabra como en el
sentido. Firme e inconmovible se mantendrá así la unidad […] para
que todos encuentren ba-luarte, seguridad, puerto tranquilo y
tesoro de innumerables bienes […]”. Fue citado por Gregorio XVI,
Mirari Vos, sobre los errores modernos, del 15 de agosto de 1832,
en Acción Católica Españo-la, Colección de encíclicas y documentos
pontificios (Madrid: Acción Católica Española, 1962), sexta
edición, p. 5.
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INTRodUCCIóN ––––– 27
mental entre la tradición católica y la social: la primera se
refiere el fondo re-servado de la fe, transmitido por generaciones
en la historia de la humanidad y resguardado por el magisterio
eclesiástico. La segunda, la social, es un pro-ducto histórico, que
bien puede ser inventado o resultado de un proceso histó-rico
limitado en un tiempo “bastante reciente”.28 Es cierto que nada
impide que la tradición católica sea inventada como la social. Sin
embargo, a favor de su diferencia aboga la consideración de que es
una de las memorias institucio-nales más antiguas de la
humanidad.29 En otro orden, como indica Hobsbawn, es preciso
distinguir que la tradición social se encuentra diferenciada de la
costumbre, “que predomina en las sociedades tradicionales”.
El objetivo y las características de las “tradiciones”,
incluyendo las inventa-das, es la invariabilidad. El pasado, real o
inventado, al cual se refieren, im-pone prácticas fijas
(normalmente formalizadas), como la repetición. La “cos-tumbre” en
las sociedades tradicionales tiene la función doble de motor y
engranaje […] La “costumbre” no puede alcanzar la invariabilidad,
porque incluso en las sociedades “tradicionales” la vida no es así.
El derecho consue-tudinario o la ley común muestran todavía la
combinación de flexibilidad sustancial y adhesión formal a lo
precedente.30
El movimiento a favor del cambio mediante el impulso de la
filosofía moderna, pronto se identificó con las ideas que
planteaban la transforma-ción del orden social, del sentido y
posición del hombre y del soberano y, por ende, del Estado y de la
Iglesia. Las nuevas ideas tomaron forma en la corrien-te del
pensamiento liberal que tuvo sus orígenes en el movimiento de la
Ilustración y la Revolución francesa. Durante los primeros 20 años
de la épo-ca independiente, los tradicionalistas añoraban la forma
de gobierno reco-nocida y respetada por su permanencia histórica,
mientras que los innova-dores empezaban a transitar hacia las
teorías más liberales que buscaban acabar, como dice Brígida von
Mentz, “con lo que consideraban las trabas feudales y medievales
prevalecientes en México”.31 Se trata de la misma idea sostenida
por Hobsbawn,
28 Eric Hobsbawm, La invención de la tradición (Barcelona:
Crítica, 1983), p. 7.29 La fundación de la Iglesia se remonta a la
etapa inmediatamente posterior a la muerte de
Jesús. Entonces se formó una comunidad religiosa distinta de
Israel. Así, aunque la Iglesia no fue fundada por Jesús, “apela a
él desde sus orígenes”. Hans Küng, La Iglesia católica (Barcelona:
Grupo Editorial Mondadori, 2002).
30 Eric Hobsbawm, op. cit., pp. 8-9. Comillas en el original.31
Brígida von Mentz, “Estudio preliminar, revisión, y notas”, en
México hacia 1850, compi-
lado por Carl Christian Sartorius (México: Conaculta, 1990), p.
17.
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2� ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
[…] una hostilidad general contra el irracionalismo, la
superstición y las cos-tumbres que eran reminiscencia de un pasado
oscuro, si no provenían directa-mente de él, provocó que los
apasionados creyentes en las verdades de la lus-tración, como los
liberales, los socialistas y los comunistas no fuesen receptivos a
las tradiciones viejas o nuevas.32
Las posiciones frente a la tradición social y católica no tenían
una delimi-tación política clara antes de la guerra con Estados
Unidos. Los autores de ese tiempo como José María Luis Mora o Lucas
Alamán, definieron las opciones por el cambio como progresistas.
Las opciones a favor de la tradición fueron definidas por sus
contrarios, los del partido del progreso, como miembros del
“partido del retroceso”. Como se observa, se trató de una
calificación de carác-ter negativo que hacía referencia a la
confianza que los tradicionalistas otorga-ban a la organización
social novohispana como verdad absoluta, como sumo bien. Esta
percepción de la realidad social fue determinante para que los
tra-dicionalistas, constituidos en agrupación política, se llamaran
a sí mismos “el partido a priori, indicando que sus ideas estaban
configuradas con antelación al nacimiento de México”.33
Algunos autores como Reynaldo Sordo sostienen que el pensamiento
con-servador surgió como reacción al “radicalismo filosófico del
siglo xviii”, que modificaba de forma sustancial la percepción del
hombre y la sociedad.34 Sin oponerme a lo anterior, al estudiar las
posturas sociales y políticas que se sos-tuvieron durante el
periodo en estudio, de manera independiente de la forma como uno
las defina,35 se observa que suelen responder a las necesidades
pro-pias del momento, de ahí su fuerte pragmatismo o su profunda
ambivalencia. La ubicación política de los personajes en esta
historia resulta compleja porque podían asumir un discurso
republicano federalista, propio del partido del pro-greso y, al
mismo tiempo, defender a ultranza los valores morales tradicionales
católicos vigentes en la Nueva España, opción emblemática del
partido tradi-cionalista, después definido como conservador. Esa
ambivalencia y los cambios de partido de acuerdo con las
circunstancias del momento, impiden caracteri-
32 Eric Hobsbawm, op. cit., p. 15.33 Jesús Reyes Heroles, El
liberalismo mexicano. Los orígenes, t. 1 (México: Fondo de
Cultura
Económica, 1982), xii.34 Reynaldo Sordo Cedeño, “El pensamiento
conservador del partido centralista en los años
treinta del siglo xix mexicano”, en El conservadurismo mexicano
en el siglo xix (1810-1910), coor-dinado por Humberto Morales y
William Fowler, op. cit., p. 138.
35 Con nombre y apellido, si se apega uno a los dirigentes, como
fueron los iturbidistas, san-tanistas, gomezpedracistas,
bustamantistas, juaristas, lerdistas etc., o desde los sistemas
políticos que defendían monárquicos y republicanos federalistas o
centralistas, o desde los partidos políti-cos y sus facciones,
liberales, conservadores, santanistas, moderados.
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INTRodUCCIóN ––––– 2�
zar con nitidez a los grupos sociales de los primeros 40 años
del siglo xix como liberales o conservadores o como
tradicionalistas e innovadores. La dificultad se aplica a todos los
grupos, ya sean civiles, eclesiásticos o militares.
En apariencia, las diferentes tendencias políticas del país, al
menos hasta después de la expedición contra Texas, tenían el
propósito de respetar los va-lores y las tradiciones católicas en
cuanto a la moral y las buenas costumbres. También compartían,
cuando asumían el gobierno, la pobreza de la nación y la concepción
de que los bienes de la Iglesia podían y debían utilizarse para el
bien común. De ahí el pragmatismo que en materia eclesiástica
distinguió a los hombres que se destacaron en el ámbito
público.
Los cambios tanto en la percepción política como en la social,
comenzaron a surgir cuando el fracaso de la expedición con Texas y
los desastres de la na-ción pusieron en debate el sistema político
más adecuado para el país. Fue entonces, en 1840, cuando José María
Gutiérrez de Estrada publicó su defen-sa de la monarquía. En 1849,
después de la derrota ante el ejército invasor de Estados Unidos,
la República entera se cuestionaba sobre lo que se había he-cho mal
y sobre el sistema político que era adecuado para el país. En ese
con-texto, Lucas Alamán fundó el Partido Conservador con
directrices políticas claramente diferentes a las del Partido
Liberal. Las particularidades del Parti-do Conservador no
surgieron, por supuesto, de la mente ilustrada de Alamán, como
tampoco José María Luis Mora se inventó la ideología liberal. Ambos
proyectos se fueron formulando en la dinámica propia de los
primeros 50 años del siglo xix e hicieron eclosión en la Guerra de
Reforma (1858-1861).
El pivote de la formación de ambos sentimientos radicó en la
postura que sostuvieran sobre la relación Iglesia y Estado. Con esa
posición como antece-dente, el estudio centra su atención en esa
relación y en las manifestaciones de la jerarquía católica que
contribuyeron a radicalizar las posturas del pensa-miento liberal y
conservador.
La Iglesia y el movimiento político conservador
Es usual considerar que la jerarquía católica mexicana formó
parte del movi-miento político conservador. Su oposición a las
nuevas ideas, su apoyo y par-ticipación en los gobiernos
centralistas, su opción por los gobiernos conserva-dores en 1858 y
1859 y el sistema monárquico en 1861, entre otras manifestaciones,
son algunas de las razones argumentadas para situarla dentro del
movimiento conservador. Esa opinión también se sostiene en el
discurso liberal que necesitaba situar a su enemigo más poderoso en
el bando político
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30 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
contrario, el Partido Conservador. La historiografía sobre
México poca aten-ción había prestado a los conservadores. En parte
porque la reflexión histó-rica fue dominada por los escritores de
fines del siglo xix. Estos hombres como Justo Sierra, Francisco
Bulnes o Vicente Riva Palacio, el coordinador de la obra monumental
México a través de los siglos, estudiaron el liberalismo, la fuerza
política triunfante en un siglo que vivió la fortuna de definir la
nación en su futuro.
Ciertamente el liberalismo, heredado del movimiento de la
Ilustración, la Revolución francesa, la independencia de Estados
Unidos y las Cortes de Cá-diz, prendió en el medio mexicano de la
primera República Federal. Los dipu-tados del Congreso
Constituyente de 1823-1824, incluso los eclesiásticos como Miguel
Ramos Arizpe y Juan Cayetano Gómez de Portugal, los más
re-presentativos, veían con simpatía al liberalismo y eran
defensores del federa-lismo. Las diferencias que había no tocaban
los principios sino la forma de aplicación. Pero también estaban
divididos por las opciones del sistema políti-co más adecuado al
país: la monarquía borbónica, la monarquía constitucional y la
República en sus dos versiones: la central, que había sido adoptada
por la República de Colombia, y la federalista como Estados Unidos.
Nadie plantea-ba la dictadura como sistema político idóneo, por más
que ésa fue la opción política seguida en varias ocasiones en el
siglo xix.
Después de la derrota de las fuerzas mexicanas por el ejército
invasor de Estados Unidos, el país se sumió en una etapa de
profunda depresión: se cues-tionaba al ejército y al gobierno
federal porque habían sido incapaces de defen-der a la nación. En
ese contexto se fundó el Partido Conservador con Lucas Alamán como
su dirigente. A la muerte de Alamán y debido a la serie de
acon-tecimientos políticos que culminaron en la revolución liberal
de 1854, el Partido Conservador se encontraba en una etapa de
profunda inestabilidad. Es verdad que algunos autores han señalado
a diversas personalidades de la época como sus dirigentes. Pero el
partido, si así se puede llamar a la unión de vo-luntades pero que
carecía de la fuerza de una agrupación, no contaba con un líder
político y, lo más grave, carecía de estadistas. La fragmentación
política más que su unidad parecía ser su característica.
En 1856, la revolución conservadora de Zacapoaxtla, Puebla, bajo
el lema de religión y fueros, puso al obispo de esta diócesis,
Pelagio Antonio de Labas-tida y Dávalos, en el centro de la
tormenta. Las circunstancias políticas y so-ciales del país y la
voluntad firme de este obispo, recientemente nombrado, de
constituirse en un factor de cohesión y no de división, lo llevaron
a la cima del Partido Conservador. El reconocimiento a Labastida,
como líder político y eclesiástico fue unánime tanto por la
sociedad política como la civil y la reli-
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INTRodUCCIóN ––––– 31
giosa. Ese liderazgo explica su expulsión del país, en mayo de
1856, previo decreto de intervención de los bienes de la diócesis
que produjo, pese a la gran corrupción que generó, ingresos frescos
al gobierno. La coyuntura, que situó a Labastida al frente del
Partido Conservador, pone en evidencia la pobreza de dicho partido
por la carencia de líderes civiles. Eran buenos administradores
pero no eran estadistas. La joven oficialidad militar estaba
dispuesta a tomar la estafeta, pero a su beneficio. Es verdad que
había individuos tan notables como Luis Gonzaga Osollo, el general
caballero, y Miguel Miramón. Al morir Osollo el 18 de junio de
1858, por la fiebre del tifo, el Partido Conservador perdió a su
estadista más notable. La suplencia de los clérigos en la dirección
del partido tendió a debilitar aún más la organización política.
Esa debilidad fue evidente en el bienio 1862-1863, cuando el
ejército francés manifestó su intención de llevar adelante su
proyecto de establecer una monarquía liberal de manera
independiente del partido que lo había convocado, el conservador,
bajo el argumento de que dicho partido no existía y la población
demandaba un gobierno liberal.
El obispo de Puebla ejerció su liderazgo sobre el Partido
Conservador des-de el exilio a través de su hombre en el terreno,
el padre Francisco Javier Mi-randa. En 1858, cuando los
conservadores asumieron el poder bajo la direc-ción de Félix
Zuloaga, Labastida consideró que se trataba de un triunfo efímero
por la falta de dotes estadistas del elegido. Fue el único obispo
en manifestar su desaprobación. El regocijo del arzobispo de
México, Lázaro de la Garza y Ballesteros, y del obispo de
Michoacán, Clemente de Jesús Murguía, contrastaba frente a la
crítica aguda del obispo de Puebla, Pelagio Antonio de Labastida y
Dávalos. De cualquier manera, todo el gabinete de Zuloaga se puso a
sus órdenes al tiempo que le dijeron que las puertas de la patria
estaban abiertas para su retorno. En medio de su desconfianza
respecto de la estabili-dad del gobierno conservador, colocado en
manos tan inexpertas, el obispo tomó el camino hacia La Habana tan
sólo para enterarse de que los puertos eran controlados por los
liberales y su ingreso a la patria le estaba vedado.
En 1859, cuando se estableció en Nueva York, su estrategia
política de propiciar el cambio de Zuloaga por Manuel Robles
Pezuela no se llevó a cabo por las componendas locales entre los
caudillos militares y los políticos po-blanos, incluyendo el
general Echeagaray, el responsable del levantamiento que se
articuló en torno al Plan de Navidad. La presidencia conservadora
fue asumida por Miguel Miramón, quien ya no gozaba del prestigio de
los pri-meros años. La derrota era previsible desde el momento de
su elección. Mi-ramón perdió su capacidad de gestión dividido como
estaba entre sus funcio-nes presidenciales y la coordinación de la
campaña militar. Además, los
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32 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
recursos económicos, a pesar del apoyo de la Iglesia desde la
época de Zuloa-ga, eran insuficientes para sostener el gobierno y
la guerra. Parecía que las probabilidades de éxito eran sumamente
escasas. Ante esa convicción, los deseos de la intervención europea
que definiera el triunfo a favor del Partido Conservador
arreciaron.
El padre Francisco Javier Miranda, el gran gestor práctico del
cambio político de 1858-1859, con la inteligencia que lo
distinguía, percibió la derro-ta con anticipación suficiente para
dejar el país y ponerse a salvo. En cambio, sus dirigidos se
quedaran atrapados en un trágico fin. El padre Miranda no es una
figura agradable. Era un hombre de fuertes pasiones, cuyos amores y
odios políticos se traducían en guerras intestinas. A pesar de sus
deficiencias per-sonales, era el hombre esencial de la Iglesia y de
los conservadores. La posi-ción no era fortuita. Se la había ganado
día a día, por su capacidad política y organizativa, demostrada en
1856 y en 1858, y por su defensa firme y tenaz de los valores
eclesiales y católicos. Sobre todo, por su deseo persistente de
des-truir a los liberales para impulsar un sistema de gobierno que
respetara a la Iglesia y le devolviera las posiciones políticas,
sociales y económicas de que disfrutaba antes del triunfo del Plan
de Ayutla.
En el contexto de las leyes de Benito Juárez de 1859, las
conocidas como Leyes de Reforma, el obispo Labastida fue designado
por Miramón y sus con-sejeros obispos como ministro
plenipotenciario de México ante la Santa Sede. Labastida no
ignoraba que era factible que su misión se dirigiera al desastre.
Temía que ese destino manchara su trayectoria, hasta entonces
sumamente exitosa. Más temía porque la representación del obispo
Vázquez había sido muy prestigiada. A pesar de sus temores, su
aceptación de la misión diplomá-tica conllevaba el propósito de
regresar a Europa para gestionar la intervención europea y el
establecimiento de la monarquía. Estaba convencido de que los
conservadores que se habían sumado a Félix Zuloaga en 1858, habían
cometi-do un grave error porque carecía de dotes de estadista. En
1859, ya con Mi-ramón como presidente de la facción conservadora,
sus sentimientos sobre la incapacidad conservadora de triunfar se
habían confirmado. Por eso había empezado a sumarse a los que
planteaban la necesidad de la intervención eu-ropea para apoyar a
las fuerzas conservadoras.
En 1860-1861, cuando regresó a Roma, sus gestiones, que
reforzaban las realizadas por los mexicanos en el extranjero
Gutiérrez de Estrada, José Ma-nuel Hidalgo Hidalgo y Esnaurrízar y
Juan N. Almonte, alcanzaron un éxito rotundo. En particular, cuando
Pío IX acepta involucrarse en la aventura im-perial. Su
intervención fue decisiva para que Maximiliano de Habsburgo
acep-tara el ofrecimiento que le hacía ese grupo de notables
mexicanos. En 1863,
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INTRodUCCIóN ––––– 33
ya nombrado arzobispo de México, contando con amplias facultades
de la San-ta Sede, Labastida gestionó un acuerdo con Francia de
respeto a los bienes de la Iglesia adquiridos por los mexicanos y
los extranjeros por las leyes liberales que los habían afectado.
Aceptó, además, fungir como regente hasta la llegada del emperador.
Los conflictos con Francia fueron cotidianos desde el primer mes de
asumir el puesto de regente, por la ruptura del acuerdo formulado
en 1863 sobre los bienes de la Iglesia. También fue profunda la
ruptura con el emperador, que de manera abierta promovía los
decretos liberales que habían suscitado la guerra.
El empleo de una fuerza extranjera tenía el carácter, innegable,
de un Ejército invasor del territorio nacional. La población
mexicana, que ya había sufrido el embate de dos ejércitos
extranjeros, el de Francia en la década de los treinta y el de
Estados Unidos en la de los cuarenta, vería lastimada su iden-tidad
nacional. Además, ¿cómo justificar las muertes mexicanas a manos de
soldados extranjeros? Los enfrentamientos armados entre los
mexicanos ha-bían destrozado los campos, destruido la unidad
familiar y, como resultado, generado mucho dolor, pobreza y hambre.
¿Qué justificación podía haber para infligir y profundizar esos
males bajo el rigor implacable de una de las armadas con mayor
prestigio en Europa y en el mundo?
Los interrogantes tienen razón de ser. En el trimestre
febrero-abril de 1862, cuando se inició la intervención extranjera,
las circunstancias eran favorables para que los conservadores
asumieran el poder y dirigieran los destinos de la nación bajo los
principios que ellos sostenían. Igual había sucedido en 1858,
cuando las circunstancias permitieron que Félix Zuloaga ocupara la
presidencia de la República. Alejado de los liberales, tanto
moderados como radicales, a Zuloaga no le quedó otro camino, en
aquel año, que apoyarse en el Partido Con-servador. Las
oportunidades de 1858 se desperdiciaron porque Zuloaga no era el
hombre indicado. De eso estaba convencido tanto el padre Miranda,
quien estaba en el lugar de los hechos, como el obispo Labastida,
residente en Roma por el exilio. Pensaron entonces que el grupo
fuerte de los conservadores, el eclesiástico, que era dirigido por
Labastida y Miranda, podía suplir las deficien-cias tan notables de
Zuloaga. Pero no tuvieron esa capacidad. Tampoco pudieron suplir
las deficiencias de Miramón, una vez que asumió la presidencia
sustituta como resultado del Plan de Navidad de 1858. Esos fracasos
fortalecieron la idea de que era preciso cambiar las instituciones
políticas del país, colocar en el tro-no a un príncipe extranjero
católico, y sostener el nuevo gobierno con las fuerzas militares
nacionales apoyadas por una extranjera. Esa fue la agenda principal
del obispo Labastida cuando regresara a Roma a finales de 1859,
enviado por Miramón como ministro plenipotenciario ante Su
Santidad.
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34 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
En opinión de los mexicanos que estaban en Europa, su propuesta
emergía de las bases nacionales: las fuerzas francesas estarían
bajo el mando de los conservadores. Serían un apoyo, no tendrían la
dirección de la empresa. El proyecto así planteado no lesionaba la
soberanía nacional. Tenían toda la ra-zón. Si el proyecto se
hubiera llevado a cabo como ellos, desde el exterior, lo habían
pensado no se hubiera lastimado la soberanía nacional. Ninguno de
los grandes gestores de la monarquía, ni Labastida, Miranda o
Gutiérrez de Es-trada se atrevieron a pensar con profundidad los
otros aspectos del proyecto que minaban de entrada la posibilidad
de éxito. Entre ellos, posiblemente el esencial, como lo
comprobaría el padre Miranda, era la inexistencia del Parti-do
Conservador y la carencia de un jefe de Estado. Ni Zuloaga ni
Almonte alcanzaban a cubrir las expectativas deseadas en un jefe
supremo. El primero, a pesar del empeño que había tomado en
mantener vivo el Plan de Tacubaya después de la derrota de 1861,
porque sus deficiencias habían sido la causa del fracaso del
gobierno conservador, y el segundo, porque carecía del prestigio y
de la fuerza política necesaria para imponerse a las fuerzas
nacionales y a las francesas. Con el agravante de que su debilidad
de carácter lo había llevado a asumir la ideología francesa. De esa
manera, los esfuerzos por crear una fuer-za nacional que dirigiera
el proyecto de la intervención como un apoyo a la causa
conservadora se frustraron al momento de nacer.
El padre Miranda sabía que el apoyo de las fuerzas conservadoras
al ejército de la intervención en las acciones militares para tomar
Puebla, po-día asumirse como una traición a la patria. Por esa
percepción, en la que no estaba equivocado, desde febrero, cuando
llegó al país, percibió que era ne-cesario contar con una figura
nacional que pudiera reunir a las tropas con-servadoras con las
francesas sin temor “de incurrir en la nota de traición a la
patria”. Por eso había proclamado el Plan de Córdoba, que nombraba
al general Almonte como jefe supremo de la nación, aun cuando no lo
consi-deraba el hombre idóneo. Ese plan, que había sido diseñado
por Labastida y Gutiérrez de Estrada, había permitido la unión de
las tropas mexicanas con las francesas. Bajo ese recurso, las
tropas francesas aparecían “no como enemigos de la independencia
del país, sino como auxiliares de la causa conservadora, para echar
al suelo al gobierno de Juárez y preparar una si-tuación de orden y
estabilidad”.36
36 Francisco Javier Miranda al señor Duque de la Torre, desde La
Habana, el 10 de junio de 1862. Genaro García y Carlos Pereyra,
Correspondencia secreta de los principales intervencionistas
mexicanos, segunda parte (México: Librería de la vda. de Ch.
Bouret, 14, cinco de mayo,14, 1906), pp. 109-116.
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INTRodUCCIóN ––––– 35
Apartado de ese proyecto, el ejército francés hizo a un lado las
fuerzas conservadoras nacionales, fragmentadas al servicio de unos
cuantos generales, y asumió por sí mismo el proyecto. Algunos,
incluso Gutiérrez de Estrada y el padre Miranda, pensaron que era
el momento de abandonar la empresa y em-pujar el establecimiento de
una dictadura. Pero el obispo Labastida indicó que no era tiempo de
volver a las viejas andanzas, que ningún resultado habían dado en
el pasado. Había que seguir adelante con el proyecto. En esa
decisión, que se tomaba porque había acuerdos previos con el
emperador de Francia y con Maximiliano de Habsburgo, que llegaría a
México en 1864, se fraguó la supuesta traición de los
conservadores: se había construido a partir de la ilu-sión de los
dirigentes políticos Labastida, Gutiérrez Estrada y Miranda, de
creer que podían formar un Partido Conservador nacional poderoso,
cuando la historia había demostrado que había sido débil y
fragmentado desde su forma-ción en 1849.
En mayo, después de la derrota del ejército francés en Puebla,
no había lugar a dudas: el Partido Conservador, una vez más, había
perdido la oportu-nidad de dirigir por sí mismo los asuntos
nacionales. Con el agravante, en esta ocasión, de que sobre ellos
recaían los juicios más severos y amargos de la na-ción: habían
violado la soberanía nacional y habían permitido el ingreso de un
ejército extranjero invasor. De ser los representantes de las
causas más nobles y puras habían venido a concentrar la culpa más
grave en la política y en la vida nacional: se habían convertido en
traidores. La expresión “traidores”, rechazada por la nueva
historiografía, fue contemplada por Labastida y por Miranda al
menos en una ocasión. El primero repitió en 1862, con amargura, la
misma percepción que había tenido en La Habana, en 1858, de
quedarse solo en el proyecto. Con el agravante, en 1862, que
reconocía que los promo-tores de la intervención, como lo era él,
eran llamados traidores:
Es extraño que muchos que me escribían antes pidiendo a gritos
la interven-ción hoy están contra ella: y no se detienen en llamar
traidores a los que la han promovido y la sostienen. A mí mismo me
dan los parabienes de que no haya ido cuando pensaba hacerlo; y me
exhortan para que no piense en regre-sar al país mientras el
pabellón extranjero esté flotando dentro del país.37
Era claro que al inicio del proyecto la nación podía haber
logrado su liber-tad apoyada por la fuerza exterior como auxiliar
de la autonomía propia de la
37 El obispo Labastida a Francisco Javier Miranda, desde Roma,
el 17 de julio de 1862. Ge-naro García y Carlos Pereyra,
Correspondencia secreta de los principales intervencionistas
mexicanos, segunda parte, tomo iv (México: Librería de la vda. de
Ch. Bourete, 14, cinco de mayo, 14, 1906), pp. 137-140.
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36 ––––– MARTA EUGENIA GARCÍA UGARTE
nación. En esos términos, existía una línea divisoria muy clara
entre las ope-raciones extranjeras y las nacionales. Pero el rumbo
se había desviado y la línea divisoria entre ambas fuerzas había
desaparecido. De tal manera que, la auto-nomía nacional se
confundió con la acción francesa. Por esa confusión, decía el padre
Miranda:
[…] el partido y los principios de donde debería salir la vida
de la nación, están reportando toda la odiosidad y todo el
descrédito e impopularidad de una in-vasión extranjera. ¿Cómo puede
comprender ahora la obra de nuestra regene-ración sin tropezar con
los inconvenientes y dificultades de una guerra de ocupación y de
conquista?38
En 1863, con la toma de la ciudad de México no había vuelta de
tuerca. La desgracia se consumaría cuatro años más tarde. Pero el
desatino había em-pezado en 1861, cuando arreciaron los empeños por
cambiar las instituciones políticas del país y sostener el nuevo
gobierno con un ejército extranjero.
En febrero de 1867, al fin del Imperio y del Partido
Conservador, La-bastida y Dávalos salió del país en compañía del
general Aquiles Bazaine y las últimas tropas francesas. Se había
dejado a su suerte al emperador Maxi-miliano de Habsburgo. Su
salida causó conflictos al emperador porque era la señal para todo
México y el mundo de que el Imperio no tenía salvación. Para
Labastida tuvo que haber sido muy penoso abandonar al emperador en
su trágico final. No se puede justificar su salida cuando él había
sido el principal gestor del Imperio y más cuando se iba por temor
a las represalias liberales. Pero no abandonaba al emperador en ese
momento. Ya lo había hecho, desde 1865, cuando sus desencuentros
con la pareja imperial lo ha-bían alejado del círculo de poder en
donde se tomaban las decisiones. Maxi-miliano no era un amigo. Por
eso pudo tomar la decisión de dejar el país. Su actuación en Puebla
en 1856 había sido completamente diferente: no había abandonado la
ciudad al calor de los bombardeos de Comonfort por-que los
levantados eran sus amigos. Tampoco huyó de Roma en 1870, cuan-do
Pío IX se encontraba confinado en el palacio del Vaticano.
Labastida no abandonaba a sus amigos. Pero el emperador no era un
amigo. No había sido leal: había traicionado a todos los que habían
depositado su confianza en él gracias a su catolicidad.
38 Francisco Javier Miranda al general Leonardo Márquez, el 21
de septiembre de 1862. Genaro García y Carlos Pereyra,
Correspondencia secreta de los principales intervencionistas
mexica-nos, op. cit., pp. 175-179.
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INTRodUCCIóN ––––– 37
Su decisión de salir del país evitó la persecución del Partido
Liberal que no perdonaba a los que se habían i
