Pansters Transición a fuego cruzado

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    Artculos

    La transicin a fuego cruzado: nuevo anlisisde la poltica mexicana contempornea*

    Wil Punsters

    E N 1928, DURANTE su LTIMO MENSAJE A LA NACIN, el presidente PlutarcoElias Calles declar que la poca de los caudillos haba t o c a d o a su fin

    para darinicio a la era de la poltica institucional. Con ello haca referencia tanto al asesinato del presidente electo Obregn que ocurrierameses antes, como a los esfuerzos subsecuentes por fundar el Partido

    Nacional Revolucionario, precursor del actual partido oficial (el PRI).Era la respuesta de la lite a la crisis inminente: unir a los miembros dela familia revolucionaria, que en los aos anteriores se haba mostradocomo "una fraternidad pendenciera y dividida", y evitar que surgiera unnuevo brote de violencia con motivo de la sucesin presidencial, comosucediera en 1919, 1923 y 1927.' Tambin era un intento por traer alredil del gobierno central a los jefes, caciques y movimientos polticosdel interior del pas. El arreglo de la lite contrari enrgicamente la

    voluntadde ciertas facciones, lo que provoc una efmera revuelta militar a principios de 1929, y en las dcadas subsecuentes logr reducirconsiderablemente los peligros que planteaban las ambiciones y rivalidades personales, as como sus formas concomitantes de violencia preto-

    * Una versin anterior de este texto fue presentada en el congreso "Societies ofFear", Universidad de Utrecht, septiembre, 1995.

    1 Alan Knight, "Mexico's elite settlement: conjuncture and consequences", en John

    Higley y Richard Gunter (comps.), Elites and Consolidation i n L a t i n A m e r i c a and

    Southern E u r o p e , Nueva York, Cambridge University Press, 1992, p. 121.

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    riana. E l muy conocido discurso del "Jefe Mximo" sobre el proceso deinstitucionalizacin tuvo un profundo impacto en los sucesos polticos posteriores de Mxico y en la historiografa sobre ese periodo. M uchos autores han aceptado de manera implcita la ruptura marcada porCalles como un hecho histrico. E l periodo comprendido entre 1929 y1940 se describe a menudo como una fase de transicin entre los aosen que el escenario poltico estaba dominado por recios hombres de guerray los aos ms bien dcadasen que prevaleci un mando partidista y

    pacfico, con lincamientos corporativistas. Sin embargo, la pertinaz supervivencia de las as llamadas lealtades polticas tradicionales o primordiales y sus complejas ramificaciones dentro de los nuevos marcosinstitucionales cuestiona la validez de esa interpretacin.

    Sesenta aos ms tarde, en diciembre de 1988, el presidente Salinasde Gortari declar con orgullo que la era del sistema unipartidista habavirtualmente terminado. A continuacin puso en marcha un ambicioso

    programa de liberalizacin o apertura econmica, modernizacin poltica y reforma del Estado. A l mismo tiempo, la oposicin poltica enMxico haba resurgido, con ms combatividad y fuerza, de las elecciones fraudulentas de julio de 1988. En especial, la coalicin que haba

    apoyado la candidatura de Cuauhtmoc Crdenas (ms tarde transformada en Partido de la Revolucin Democrtica, PRD) intua, o inclusotena la certeza de la inminente ruptura que habra de ocurrir en el proceso poltico.

    Esta coyuntura crucial marc el nacimiento de un discurso de cambio y movimiento.2 La cpula gobernante cerr filas en torno al discursode la modernizacin, que implicaba mayorliberalizacin econmica, lareforma del Estado, la reforma del partido oficial y una reorientacin delas relaciones entre el Estado y la sociedadcivil. La oposicin de izquierda, a veces en consonancia con la oposicin centro-derecha delPartido Accin Nacional (PAN), luchaba para consolidar su fuerza re

    cientemente adquirida. E l discurso que estructuraba su plataforma y suagenda poltica se integraba por la democratizacin o ruptura democrtica, la derrota del PRI y la reorientacin de las polticas socioeconmicas. Los discursos de modernizacin y democratizacin se articulabanen torno al discurso de la transicin. A partir de la postura ideolgicaadoptada respecto a las causas, consecuencias y posibles opciones relacionadas con la situacin poltica de finales de 1988, ambos discursos

    2 En 1991 Femando Prez Correa escribi: "En M x ic o hay un debate abierto,auspiciado por la cultura del cambio". Vase Jos Luis Barros Horcasitas et al. (comps.),Transicin a l a democracia y r e f o r m a del Estado en Mxico, M x ic o , Flacso-Miguelngel Porra-Universidad de Guadalajara, 1991, p. 284.

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    postulaban la necesidad del cambio y la transicin: ya fuera de un modelo de populismo estatista a otro de pluralismo guiado por el mercado,o de un modelo de autoritarismo y de economa neoliberal a otro dereforma democrtica y redistribucin socioeconmica de los recursos.

    As como la idea de Calles sobre el gran momento decisivo invadiel discurso poltico, tambin los discursos sobre la modernizacin, lademocratizacin y la transicin han llegado a convertirse en el puntofocal del debate pblico y acadmico. El discurso de la modernizacin yde la modernidad tuvo efectos tan profundos durante el auge aparente-mente remoto del salinismo que uno de los ms renombrados portavoces de la cultura y la poltica de Mxico, Carlos Monsivis, coment conirona en 1992: "la modernidad [...] es ahora la estrella resplandeciente,la nica meta [...] De la modernidaddepende lo que en rigor nadie discute, el porvenirnacional".3 Resulta significativa la observacin de quenadie realmente discuta la ineluctancia de la inminente modernidad.

    En aos recientes Mxico ha sido testigo de los arduos intentos delos polticos, intelectuales y periodistas que son aquellos a quienes

    puede calificarse como los "principales definidores" del debate pblico, por convertirla idea de la modernizacin y de la transicin en una

    caja negra, es decir, en un hecho inevitable e irrebatible. Tmese comoejemplo la observacin de otro respetado portavoz de la vida culturalmexicana, Hctor Aguilar Camn: "Aun para los ms reacios a inclinarla cabeza ante los hechos d u r o s de la h i s t o r i a , es evidente hoy que Mxicoha tomado, decididamente, el rumbo de este paradigma de la modernidad".4 Esos "hechos duros" pueden encontrarse en las caractersticas dela sociedadcivil mexicana moderna, participativa, educada y susrelaciones con el Estado, todo lo cual est sustentado por las polticaseconmicas (el TLCAN, la privatizacin, la industrializacin orientada alas exportaciones). Slo han pasado algunos aos desde que esas pala

    bras fueron publicadas y es ya claro que, en Mxico, la modernizacin(tambin) ha significado una violenta lucha poltica, rebelin armadarural y crisis econmica.

    Otra semejanza con la coyuntura de hace casi setenta aos sera laadvertencia de que el hecho histrico y la interpretacin poltica no de

    ben mezclarse. En el presente trabajo primero describir brevemente losrasgos principales del autoritarismo mexicano punto de partida delsupuesto proceso de "transicin"y los problemas que ste ha enfren-

    3 Carlos Monsiv is, "Duracin de la eternidad", Nexos, nm. 172, abril, 1992, p. 39.4 Hctor Aguilar Camn, "La obligacin del mundo", ibid., p. 49, cursivas del autor.

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    tado en aos recientes; despus indagar hasta qu punto puede hablarse de un proceso de transicin en Mxico y la naturaleza del mismo.Aun cuando son varios los puntos que se sealan como importantes parael anlisis de un proceso semejante, aqu examinar a los principalesactores polticos, sus estrategias y opciones en relacin con los temasde resultados electorales, legislacin electoral y corporativismo. A fin de

    profundizarnuestra comprensin de los factores que influyen enel funcionamiento del sistema poltico mexicano, rebasar las fronteras donde sedetiene casi toda la literatura relativa a la transicin, criticar su sesgoinstitucional y analizar las dimensiones cultural y prctica de la poltica. En la parte final del presente trabajo relacionar esta perspectiva conel anlisis de aquellos sucesos contemporneos en los que se ha presentado un incremento notable de la violencia.

    Los pilares del autoritarismo mexicano

    La mayora de los autores convendran en que el rasgo ms distintivodel rgimen autoritario que surgi de la lucha revolucionaria es su carcter

    institucional e inclusivo.5

    Los principios bsicos del marco poltico yju rdico del rgim en mexicano se encuentran celosamente guardados enla Constitucin. sta contiene tanto principios liberales que protegen losderechos polticos individuales, como principios que permiten un fuerteintervencionismo estatal. Los primeros dan sustento a la soberana electoral popular, que se concreta en las elecciones peridicas realizadas atodas las jerarquas del Estado. En Mxico la agenda electoral ha sido

    preservada en forma efectiva desde que la Constitucin entr en vigorytambin se ha mantenido intacto el principio revolucionario de la noreeleccin, que expresaba el rechazo populara la deformacin de la Constitucin liberal de 1857 durante el porfiriato. 6 E l celo con el que se ha

    preservado dicho principio ofrece la ventaja evidente de permitir la rotacin de la lite. Esta rotacin de diversas facciones polticas ha garantizado al sistema un cierto grado de vitalidad, al movilizar energas yabriroportunidades para aquellos que buscan acceder a los crculos po-

    5Recientemente, Csar Cansino hizo una lista de las diferencias en las definicio

    nes del autoritarismo mexicano. En trminos generales, M x ic o es considerado un casode excepcin. Vase Csar Cansino, Construir l a democracia. Lmites y perspectivas del a transicin en Mxico, M x ic o , Miguel ngel Porra, 1995, pp. 171 y 172.

    6 Es as que, cuando se tuvo la sospecha de que el ex presidente Salinas de Gortari

    coqueteaba con la idea de una posible reeleccin, ello caus una condena inmediata ygeneralizada.

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    Uticos. En las primeras dcadas que siguieron a la fase armada de laRevolucin, este principio significaba que los miembros de las claseshasta entonces subordinadas podran escalar hacia los peldaos ms altos del Estado posrevolucionario.7 Este grado de institucionalizacin

    polt ica y de constitucionalismo contrastan radicalmente con la frecuente violacin de las garantas constitucionales que ocurre en los gobiernos militares de otros pases latinoamericanos. Ha ofrecido tambin una

    barrera contra aquello que Whiteheadllama las "manifestaciones de inestabilidad plebiscitaria" en los periodos de transicin.8

    Pero el espacio reservado a la soberana popular fue minimizadodesde un principio por la fuerza creciente del intervencionismo estatal.Los artculos constitucionales que estipulaban dicha intervencin significaron una respuesta a la agenda social de la Revolucin y desde entonces han representado una poderosa fuente de legitimidad. Durante varias dcadas la ideologa de la Revolucin demarc claramente los lmitesdel debate pblico, con lo que restringi el surgimiento de discursos

    polt icos alternativos. Esta ideologa posea una fuerza unificadora yconform las bases para un acceso exclusivo al poder poltico, lo queobstaculiz el desarrollo del pluralismo ideolgico. A fin de materiali

    zar los derechos constitucionales s o c i a l e s (en las reas de la tenencia dela tierra, el trabajo y, ms importante an, la educacin), el Estado adquiri una jurisdiccin crucial sobre los recursos del pas y la autoridad

    para redistribuirlos. El amplio programa de distribucin de las tierras, particularmente durante la presidencia de Crdenas, en la segunda mitad delos aos treinta, es un ejemplo ilustrativo de la forma en que una enormeburocracia, controlada en el mbito federal, organizaba y vigilaba el reparto agrario.

    Los campesinos que resultaron beneficiados con la reforma agrariafueron organizados en instituciones corporativistas que estabanorgnicamente vinculadas al partido revolucionario. E l fortalecimiento

    de la postura negociadora del movimiento laboral tambin est relacionado con los vnculos institucionales que tena con el rgimen y el partido revolucionario. Sin embargo, la incorporacin organizacional de loscampesinos, trabajadores y diversos grupos populares los convirti, a la

    7 Un recuento ficticio de esa exitosa carrera puede encontrarseen Roderic A. Camp,

    M e m o r i a s de u n poltico mexicano, M x ic o , Fondo de Cultura Econmica, 1989. Elrelato se basa en los amplios estudios de Camp sobre el desarrollo de la lite polticamexicana a lo largo del siglo xx.

    8Whitehead, "The peculiarities of transition a l a m e x i c a n a " , en Neil Harvey y

    M nic a Serrano (comps.), Party Politics i n "An Uncommon Democracy", Londres, TheInstitute of Latin American Studies, 1994, p. 115.

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    vez, en receptores subordinados de las polticas gubernamentales. Entanto estos mecanismos incorporadores estuvieron vinculados a las polticas de reforma y distribucin que tambin pretendan una emancipacin poltica y cultural, aunque de manera paternalista, pudieron gozar del apoyo desde abajo; pero, a medida que dichas polticas fueronsiendo abandonadas, aquello que se iniciara como un proceso de obtencin de poder para las clases populares se transform en un instrumento

    de control. De esta manera, el desarrollo de una ciudadana activa fuefrenado.Otro de los pilares del autoritarismo mexicano, el pacto corporati-

    vista, que surgi en los aos veinte y treinta y se consolid en la dcadade los cuarenta, tambin revela su carcter inclusivo y permite explicarla longevidad del sistema. Pese al hecho de que el corporativismo hafuncionado como un mecanismo de control, tambin ha operado eficazmente como mecanismo de mediacin. Hace medio siglo lasorganizaciones corporativistas representaban a la mayora de los grupos sociales y asus intereses; eran ellas las que organizaban la distribucin de los beneficios resultantes del desarrollo econmico, a cambio de los cuales tenan la responsabilidad de convertir dichos beneficios en apoyo general

    para el sistema (tanto en trminos electorales como de organizacin). Elgran xito con el que estas organizaciones desempeaban su funcinhaca que las elecciones no representaran sino un ritual para la legitimacin del rgimen.9 La fuerza del PRI tambin tena sus bases en la desar-ticulacin intencional de la oposicin, es decir, en la falta de opcioneselectorales viables.

    Pero, as como las masas organizadas llegaron a desempearun papel subordinado dentro del partido revolucionario, tambin este ltimohabra de ocupar una posicin de dependencia respecto al Ejecutivo. Laconsolidacin de un sistema presidencialista muy poderoso, que descansa en prerrogativas tanto constitucionales como metaconstituciona-

    les, est ntimamente ligada a la construccin de una "base popular orga-

    9 V a se el agudo artculo de Rogelio Hernndez Rodrguez, "La difcil transicinpoltica en Mxico", M e x i c a n Studies/Estudios Mexicanos, vol. 8, num. 2, p. 238-240.En opinin de otros acadmicos, resulta difcil aceptar que en las dcadas pasadas laselecciones fueran meros rituales. V a se Juan Molinar Horcasitas, E ltiempo de l a legitimidad. Elecciones, autoritarismo y democracia en Mxico, M x ic o , Cal y Arena, 1991.Tambin pueden hallarse evidencias que apoyan este argument en algunos estudiossobre los procesos pol t icos regionales. Vanse , por ejemplo, Rubin, "The myth ofcorporatism", en Joe Foweraker y Ann Craig, Popular Movements andP o l i t i c a l C h a n g e

    i n M e x i c o , Boulder, Lynne Rienner Publishers, 1990 y Wil Pansters, "Citizens with

    dignity. Opposition and government in San Luis Potos, 1938-1993", en Rob Aitken etal, D i s m a n t l i n g the M e x i c a n State?, Londres, MacMillan, 1995, pp. 244-266.

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    nizada, pues fue esto lo que cre vnculos jerrquicos entre la presidencia y las masas populares, mediadas organizacionalmente porel partidooficial. Este sistema surgi luego del desplazamiento conflictivo de los

    bloques de poder territorialmente fincados, durante los aos veinte ytreinta, por grupos polticos estructurados en torno a la clase social (cor-

    porativismo).10 Aun cuando el poder ejecutivo siempre ha tenido ascendiente sobre el partido oficial, esta tendencia se ha acentuado en aosrecientes. E l ascenso al poder de una tecnocracia administrativa, a principios de los aos ochenta, ha disminuido el papel del partido como unforo de negociacin poltica. El predominio poltico del Ejecutivo, fenmeno que se reproduce en otros estratos de la jerarqua administrativa (gobernadores, presidentes municipales), tambin es aplicable a loscuerpos legislativo y judicial. Durante la mayor parte del periodo

    posrevolucionario, dichos cuerpos que debieran representar los contrapesos ms importantes al poder y posible abuso del Ejecutivo fueron controlados porel presidente y porlos lderes del partido, medianteun amplio sistema de patrocinios.

    El presidencialismo socava gravemente el principio del federalismo,encarnado en la Constitucin. Si bien formalmente el "municipio libre"

    constituye la base de la jerarqua administrativa y los estados federalesdetentan un grado considerable de autonoma, en la prctica los actores ylas instancias gubernamentales locales dependen tanto de las decisionescomo del financiamiento de los estratos administrativos ms altos. Elfederalismo mexicano ha sido eficazmente paralizado por las fuerzas telricas del corporativismo y el presidencialismo, pilares fundamentalesde uno de los sistemas polticos ms centralizados de Amrica Latina."A pesar de que se diga lo contrario, las polticas recientes de descentralizacin no han modificado en forma positiva esta situacin. 12 E l centralismo poltico y administrativo fue apuntalado porla ideologa del nacionalismo revolucionario, que lleg a ser un motorcrucial de la tendencia

    1 0 Como lo demuestro en otro trabajo, este proceso no fue un juego de suma cero.

    Los bloques de poder territorialmente fincados han seguido desempeando un papelimportante en el funcionamiento del sistema poltico mexicano, pero a partir de finalesde los aos treinta dejaron de ser el nico pivote del poder poltico. Wi l Pansters, Politicsand Power i n P u e b l a . T h e P o l i t i c a l History of a M e x i c a n State, 1 9 3 7 - 1 9 8 7 , Amsterdam,

    CEDLA, 1990.1 1

    Sobre el desarrollo histrico del federalismo, vanse los captulos sobre M x i co en Marcelo Carmagnani, Federalismos latinoamericanos: Mxico, Brasi l , Argenti

    n a , M x i c o , FCE-EI Colegio de M x ic o , 1993.1 2 Victoria Rodrguez, "The politics of decentralization in Mexico: from M u n i c i

    pio L i b r e to Solidaridad", B u l l e t i n of L a t i n A m e r i c a n Research , vol . 12, num. 2, 1993,

    pp. 133-145.

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    hacia la unidad y monopolizacin del espacio poltico. La exaltacin dela "raza csmica" estaba ligada a la unificacin de la familia revolucionaria y la exclusin de otros proyectos polticos. El partido revolucionario y, en particular, la fuerza centrpeta de la presidencia epitomaron eltema de la mexicanidad y de la construccin de la nacin. Si el sitio privilegiado de los ciudadanos mexicanos es el municipio, entonces la organizacin centralista de facto del poderpoltico y la subordinacin delos poderes que debieran representarla soberana popular (parlamento) ygarantizar los derechos individuales y colectivos (poderjudicial), representan grandes obstculos a la realizacin de los principios liberales dela Constitucin. En resumen, el ubicuo presidencialismo, el corporativismo estatal, el acentuado centralismo, el papel secundario de las elecciones como fuente de legitimidadpoltica y la cerrazn discursiva, todos ellos articulados porun partido oficial y dominante, han representado,a grandes rasgos, las piedras angulares del autoritarismo mexicano. Desde esta perspectiva, el Estado coloniz a la sociedadcivil a tal punto queimpidi la formacin de actores sociales que tuvieran capacidad de expresin y representacin polticas propias'.13 Ante el poderoso Leviatn,la sociedad civil mexicana apareca como una frgil criatura. Segn

    Loaeza, la contundente autonoma del Estado, en contraste con la posicin subordinada y dependiente de la sociedadcivil, constituye el ncleodel autoritarismo mexicano.14

    Autoritarismo y cambio

    La descripcin anteriorpuede ser considerada como un punto de partidapara el anlisis de los acontecimientos y polticas que han aumentadolas presiones sobre el autoritarismo mexicano y han contribuido a lasrupturas ocurridas en el sistema de mediacin y representacin.15 La pa

    radoja fundamental que enfrenta la evolucin sociopoltica de Mxico apartir de los aos cuarenta es que el funcionamiento eficaz del sistemaentre 1940 y 1970, aproximadamente, gener las condiciones para su

    1 3 Vase Iln Bizberg, "La crisis del corporativismo mexicano", F o r o I n t e r n a c i o n a l , nm. 120, 1990, p. 702.

    1 4Soledad Loaeza, "Mxico , 1968: los orgenes de la transicin", en Iln Semo et

    al. (comps.), L a transicin i n t e r r u m p i d a . Mxico, 1 9 6 8 - 1 9 8 8 , M x ic o , Universidad Ibe-roamericana-Nueva Imagen, 1993, p. 27.

    1 5 En un prrafo posterior analizar el aspecto poltico-cultural que no se presentaen la descripcin anterior.

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    creciente inoperancia. E l xito del modelo mexicano de desarrollo porsustitucin de importaciones, que fue en gran medida condicionado porel rgimen poltico, tuvo un profundo impacto en el sistema social delpas. El surgimiento de una clase media urbana y una burguesa fuertemente atrincherada modific el paisaje social que en un principio dieraorigen al sistema poltico, durante el periodo cardenista. En ese entonces Mxico an era una sociedad predominantemente rural, con algunosimportantes focos industriales urbanos y con el recuerdo fresco de lalucha civil que haba asolado al pas. Las instituciones corporativistascreadas en esos aos correspondan en gran medida a la estructura social, como tambin lo haca la consolidacin de un sistema presidencialfuerte y centralizado, que responda a la amenaza de levantamientosmilitaresy de fragmentacin poltica. Sin embargo, los procesos de industrializacin y urbanizacin dieron lugar a una sociedadms compleja ydiversificada, y los efectos polticos de ello fueron reconocidos desdeuna etapa temprana. Y a en 1946 el presidente vila Camacho aadi elsector popular a la organizacin interna del PRI y, a partir de ese momento, el peso de ese sector dentro del partido no ha dejado de aumentar. E l

    primero que experiment los efectos de las cambiantes relaciones entre

    las fuerzas sociales y polticas fue el sector campesino (CNC). Cuando laatencin de las polticas de desarrollo empez a recaer cada vez ms enla industria y en la agricultura comercial y de gran escala, los ejidatariosy los pequeos propietarios perdieron rpidamente gran parte de su fuerzanegociadora en tanto aue como es claro los trabajadores organizadosse beneficiaron con el fortalecimiento del segmento urbano e industrial.El cambio socioeconmico foment niveles ms altos de alfabetismo yeducacin, as como mayor acceso a informacin.

    Luego de ms de tres dcadas de un vigoroso desarrollo socioeconmico, los pequeos y medianos empresarios, los profesionales, losempleados "informales" y los desempleados se dieron cuenta de que no

    tenan un lugar en el sistema corporativista de mediacin de intereses.16

    Todos estos desarrollos se cristalizaron de manera ms notable en lasclases medias urbanas. E l movimientoestudiantil de 1968 es generalmente considerado como la primera expresin (violenta) de las tensionesque se estaban generando entre las fuerzas sociales del pas, cada vezms diversificadas, y sus instituciones polticas. Dado que los estudiantes demandaban el reconocimiento de sus derechos civiles e impugnaban la monopolizacin del espacio pblico por el Estado, 1968 ha sidointerpretado como el primer signo de emancipacin de la sociedadcivil.

    1 6 Iln Bizberg, op. cit.

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    Ante esta situacin el rgimen respondi con la reforma poltica de 19771978, que pretenda canalizar el descontento hacia el sistema electoral.En aquellos das el ex presidente Echeverra declaraba que la reformabuscaba "incorporar a un mayornmero de ciudadanos y fuerzas sociales al proceso poltico i n s t i t u c i o n a l " . "

    Pero la posibilidad de que la reforma poltica de los aos setentarindiera frutos se perdi con la irrupcin de la crisis econmica de 1982,

    que increment la magnitud y fuerza del descontento social. Las fuerzassociales que se haban estado fermentando durante varias dcadas sehallaban polticamente articuladas fuera y dentro del campo del partidooficial. La competitividadelectoral, aunque voltil y dirigida hacia la protesta, aument en forma considerable. Un suceso importante fue la victoria del PAN en las principales ciudades del estado de Chihuahua, en1983. A lo largo del territorio norte surgi una rama ms agresiva del

    panismo, que consigui ejercer gran influencia nacional. Tanto polticos como analistas advertan que las elecciones estaban convirtindoseen la nica fuente de legitimidad y soberana polticas. Este giro quedailustrado por las recurrentes disputas poselectorales la callada aceptacin de los resultados oficiales parece ser, hoy da, la excepcin a la

    regla y tambin por la forma en que el rgimen fue obligado a entablar amplias negociaciones con laoposicin respecto a la reforma electoral, durante el gobierno de Salinas. Ms an, la insistencia de la propia li te gobernante en reformaral PRI a fin de que ste pueda mejorar suactuacin en las elecciones, aunada a la amplia presencia de comitsciudadanos que escrutinan todo el proceso electoral en ocasionesase-sorados por delegaciones extranjeras , muestran la creciente importancia que han adquirido las elecciones. De igual manera, lasmltiplesreformas hechas a la legislacin electoral en aos recientes han disminuido los mrgenes que tena la lite gobernante para la manipulacin yel fraude. Tomando esto en consideracin, debe concluirse que la mayorcompetitividad y la reforma electorales han contribuido a redefinir ladesequilibrada relacin entre Estado y sociedadcivil.

    Si la emancipacin del espacio electoral es una prueba del"desper-tar" de la sociedadcivil, las reacciones populares al terremoto de 1985refuerzan esta opinin. El surgimiento espontneo de numerosas organizaciones de autoayuda hizo que el Estado apareciera como mal equipado y preparado para manejar la situacin y dio un mpetu a la idea deque los problemas ms agudos podan ser resueltos sin la mediacin del

    1 7 Citado en Octavio Rodrguez Araujo, L a r e f o r m a poltica y los partidos polti-cos en Mxico, M x ic o , Siglo XX I, 1982, p. 56.

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    Estado.18 En cada rincn de la sociedad han surgido movimientos populares, muchos de los cuales reivindican sus derechos y presionan poradoptar formas ms eficaces de representacin poltica. En fecha recienteFowerakerha advertido que los movimientos populares contemporneosya no rechazan al sistema poltico per se, sino que tratan de conseguirun reconocimiento institucional. Para tal efecto establecen vnculos conel sistema legal e institucional de gobierno, siempre en combinacincon la accin directa y con la movilizacin masiva.19 Por su parte, Ha

    ber sostiene que los movimientos populares han sido un ingrediente delcambiante paisaje poltico mexicano y que su funcin principal consisteen ser los vigilantes del gobierno.20 Estos y otros sucesos (que abordaren la siguiente seccin) han impugnado de diversas formas la herenciaautoritaria de Mxico y abierto las posibilidades de cambios posteriores. Tambin constituyen la materia prima con la cual se han construidolos discursos sobre la modernizacin y la transicin.

    Interrogando a la transicin mexicana

    En trminos generales se considera que las polmicas elecciones presidenciales de 1988 fueron la culminacin poltica de un prolongado ciclode cambio social y econmico. La urbanizacin, la diferenciacin socioeconmica y demogrfica, los rangos ms altos de educacin y la proliferacin de modernos medios de comunicacin, es decir, todos esos avancesseculares que transformaron profundamente la estructura social de Mxico, finalmente invadieron el terreno poltico y electoral. Dado que seconsidera que estas tendencias estructurales son irreversibles, parece pro

    bable que las consecuencias polticas tales como mayorcompetitividady pluralismo electoral, habrn de ponertrmino al gobierno unipartidistay al control corporativista. Hacia finales de los aos ochenta haban sido

    derrumbadas muchas de las verdades axiomticas e inamovibles del sis-

    1 8Estos y otros ejemplos de organizacin popular dieron lugar a que algunos au

    tores sugirieran que la sociedad civil realmente se estaba organizando desde abajo, lo

    cual fue ms tarde cuestionado por Sergio Zermeo, quien atinadamente argumentabaque la mayora de esas organizaciones no tena un efecto duradero. V a se S. Zermeo,"Crisis, neoliberalism and disorder", en J. Foweraker y A. Craig, op. cit., pp. 160-180.

    1 9 J. Foweraker, "Popular movements and political culture in contemporary Mexico", en W. Pansters (comp.), Citizens of the Pyramid. Essays on M e x i c a n P o l i t i c a l

    C u l t u r e , Amsterdam, Thela Publishers, 1997, pp. 225-246.2 0 Paul Haber, "Crdenas, Salinas and the urban popular movement", en Neil

    Harvey (comp.), M e x i c o : Di lemmas of T r a n s i t i o n , Londres, The Institute of Latin

    American Studies-British Academic Press, 1993, p. 242.

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    tema mexicano.21 En comparacin con otros pases latinoamericanos endonde ciertos acontecimientos turbulentos, como golpes militares y guerras civiles, trastocaron las relaciones polticas y sociales, Mxico durante mucho tiempo pareci estarhabitado por una sociedadlibre de esosdramticos virajes.22 El gobierno autoritario se hallaba atrincherado ymodulado. Sin embargo, luego de 1988 la imaginaria poltica de Mxicorecibi una inyeccin de dinamismo; el colapso sbito o gradual de lalite revolucionaria y la instalacin subsecuente de una poltica ms democrtica se hizo algo imaginable.

    No obstante, el optimismo sobre la viabilidad de una transicin democrtica ha empezado a desvanecerse con rapidez. Este fenmeno de"desencanto democrtico" ha sido observado, aunque porotras razones,de manera ms difundida en Amrica Latina y, en particular, en el conosur;23 en Mxico esto empez con las elecciones parlamentarias de 1991,cuando el PRI recuper la mayorparte del terreno que haba perdido en1988. En el mbito regional, las elecciones siguieron siendo sumamentedebatidas, y se establecieron gobiernos panistas en Baja California,Chihuahua, Guanajuato y, en fecha ms reciente, en Jalisco. Las dudassobre el esperado retiro del PRI y, en consecuencia, sobre la transicin

    hacia una sociedad ms democrtica empezaron a surgir y se infiltraron en el discurso acadmico. A partir del inicio de los noventa, la ideade una transicin empez a ser calificada con muchos adjetivos. Lasdudas estaban relacionadas con ciertas caractersticas del sistema poltico mexicano y con las prcticas del gobierno tendientes a contener elriesgo del derrumbe del rgimen mediante una reforma preventiva. Algunos analistas se han sentido obligados a aclarar la "transicin" mexicana con ayuda de conceptos que expresan ambivalencia e incertidumbre.Ms de diez aos despus de que Enrique Krauze demandara la instalacin de una "democracia sin adjetivos", la tendencia de la mayora delos analistas es hoy da la de "adjetivar" la transicin mexicana.24 NeilHarvey analiz la situacin en trminos de una "transicin difcil", en lacual las fuerzas desatadas por las polticas econmicas neoliberales

    2 1Wayne A. Cornelius, "Overview: the dynamics ofpolitical change in Mexico",

    en Wayne A. Cornelius et al. (comps.), Mexico's A l t e r n a t i v e P o l i t i c a l F u t u r e s , San

    Diego, Center for us-Mexican Studies, 1989, p. 2.2 2 Una excepcin importante sera la rebelin estudiantil de 1968.2 3

    Ronaldo Munck, "After the transition: democratic disentchantment in Latin

    America", E u r o p e a n R e v i e w of f^atin A m e r i c a n and C a r i b b e a n S t u d i e s , num. 55, di

    ciembre, 1993, pp. 7-19.2 4 Enrique Krauze, Por u n a democracia sin adjetivos, Mxico, Joaqun Mortiz-

    Planeta, 1986, pp. 44-75.

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    interactan con frmulas neocorporativistas de representacin poltica.25

    En 1991 Snchez Susarrey hablaba de la "transicin incierta", y dos aosdespus public el libro L a transicin i n t e r r u m p i d a . En 1994 Whiteheadenlistaba los enormes obstculos institucionales y culturales para unaautntica democratizacin, inherentes a ese tipo particular de autoritarismo, pero conclua considerando posible la ruptura democrtica. Porsu parte, Jorge Javier Romero analiz la situacin despus de las elecciones de 1991, refirindose al "pantano de la transicin". El optimismo

    posterior a 1988 ha ido remplazndose por una interpretacin muchoms cautelosa de las posibilidades y limitaciones de una transicin democrtica. Romero sealaba, en particular, las debilidades del sistema mexicano de partidos y criticaba la incapacidad de la coalicin cardenista(PRD) para trascender su radical postura contra el sistema, lo que evitabaque el partido participara en un debate nacional sobre una mayor apertura y democratizacin polticas. En consecuencia, el centro-izquierda, queen 1988 haba conseguido colocarse en mitad de la arena electoral, ha

    ba ido perdiendo terreno, mientras que el PRI y el PAN emprendieron unaestrategia de "concertacin". Sin embargo, la consolidacin de un partido fuerte de centro-izquierda es un prerrequisito para la consolidacin

    del pluralismo poltico.26

    El argumento de que la oposicin de centro-izquierda ha evitado participaren negociaciones con el rgimen (cuando menos hasta 1995) apoya implcitamente la idea de que el rgimen en efecto ha dado ciertos

    pasos para la creacin de espacios polticos desde los cuales podra construirse un proceso de transicin. Pero, cmo puede comprobarse esahiptesis?, cmo puede medirse la transicin?, cmo encaja Mxicodentro del debate ms amplio? O'Donnell y Schmitter han planteado quela llegada de polticas democrticas va por lo general precedida por unaserie de medidas que incrementan la apertura poltica. Podra pensarseen algunas tendientes a la reforma del proceso electoral, la reorganizacin del partido oficial y la restructuracin del corporativismo. Tomandoesto en consideracin, los acontecimientos de los aos recientes dan ciertacredibilidada la interpretacin de que Mxico est experimentando un

    proceso de apertura y liberalizacin polticas.

    2 5 Neil Harvey, "The difficult transition: neoliberalism and neocorporativism", en

    N . Harvey (comp.), Dilemmas ofT r a n s i t i o n , op. cit., pp. 4-26.2 6

    Nexos, num. 176, agosto, 1992, pp. 37-45.

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    E l e c c i o n e s

    En el mbito electoral, el gobierno de Salinas dio muestra de ms tolerancia hacia parte de la oposicin de la que pudieron imaginarse muchos crticos e incluso algunos seguidores del rgimen. El reconocimiento del triunfo del PAN en las elecciones gubernamentales de BajaCalifornia, en 1989, y ms tarde en Chihuahua, representaban una clararuptura con el pasado, cuando el PRI an conduca un "carro completo".E l presidente Zedillo ha continuado aparentemente esta poltica, comolo muestra el nuevo triunfo del PAN en Baja California y su espectacularvictoria en el importante estado de Jalisco, que cuenta con la segundaciudadms grande del pas, Guadalajara. Es claro que el PAN es capaz dehacer incursiones de importancia hacia el centro de Mxico.

    Pero este al parecer claro avance hacia el pluralismo poltico presenta dos facetas que cuestionan su alcance. Las victorias electoralesdel PAN en la provincia mexicana no pueden disociarse de los acontecimientos polticos de carcternacional. Aqu, el gobierno de Salinas sevio obligado a negociar con la dirigencia del PAN en s, un elementosaludable de la poltica democrtica sobre ciertos temas polticos fun

    damentales. Las prolongadas y difciles negociaciones entre el PAN y elPRI respecto a la reforma electoral slo tocaron a su fin cuando, a principios de 1989 , se negoci un acuerdo entre la dirigencia del PAN y laSecretara de Gobernacin (no en el Congreso!). Dichas negociaciones llevaron a una as llamada "carta de intencin", en la que el gobierno suscriba ciertas modificaciones a la legislacin electoral, acordescon los deseos del PAN. En un principio, el PRI neg la existencia dedicho acuerdo, lo que caus disputas entre facciones del PAN. 2 7 Se creeque a cambio del apoyo parlamentario del PAN a las iniciativas polticasdel gobierno, que por lo general eran rechazadas por la oposicin decentro-izquierda, el gobierno "concedi" ciertas victorias electoralesluego de negociar con la dirigencia panista. Por lo tanto, lo que parecera ser una apertura democrtica es, al mismo tiempo, el resultado decomponendas corporativistas y elitistas. Esta aseveracin puede ser sostenida por las protestas de algunos grupos locales de priistas sobre loque para ellos fueron actos de traicin porparte de la lite nacional. En1989 los miembros del PRI en Baja California sintieron que el presidentede su partido, Luis Donaldo Colosio, haba roto las reglas (informales)al reconocer la victoria electoral de Ernesto Ruffo, candidato panista a

    2 7Leopoldo G m e z y John Bailey, "Transicin poltica y dilemas del PRI", F o r o

    I n t e r n a c i o n a l , vol. X X X I , nm. 1, julio-septiembre, 1990, p. 83.

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    gobernador, cuando ellos ya haban anunciado el triunfo del PRI.28 Asimismo, en 1993 el presidente municipal de Mrida, Yucatn, renunciquince das despus de haber tomado el cargo. En medio de protestas,acusaciones de fraude y en un claro intento por resaltar los intentos deMxico por democratizar al pas, en vsperas de la entrada en vigor oficial del TLCAN, se decidi en las oficinas de gobierno en la ciudad deMxico que el candidato del PAN, Correa Mena, sera quien ocupara elcargo de alcalde. Los priistas de la localidad se opusieron furiosos a tal

    decisin y organizaron una serie de reuniones de protesta.29

    As, la conquista de espacios polticos por la oposicin fue "una transicin elitistay pactada", que estaba encaminada a mantener las condiciones y losmecanismos que habran de permitir que la lite permaneciera en el poder, en el entorno nacional.30

    Las polticas relativas a la oposicin no slo eran objeto de negociaciones entre la lite, sino que tambin eran selectivas.31 Mientrasque el PAN mantena una relacin de dilogo con Salinas, el PRD tena queenfrentar las antiguas estrategias del PRI y a grupos de poder locales yregionales. Los casos de Michoacn y Guerrero y, en fecha ms reciente, los de Nayarit, Chiapas y Tabasco, demostraron claramente que el

    rgimen aplica criterios diferentes a sus distintos oponentes polticos.Esta situacin ambivalente apoya la hiptesis de que si bien en ciertasregiones de Mxico se est consolidando una cierta forma de legitimidad electoral, la competencia electoral, en su conjunto, est an sujeta anegociaciones polticas. La lgica de la democracia electoral legal, que

    presupone la toma de posesin de un cargo pblico nicamente a partirde los votos emitidos porlos ciudadanos, an est subordinada a la lgica de la negociacin entre diversos actores polticos. No es de sorprender que el nico partido de oposicin que haya podido obtener un provecho de este funcionamiento electoral fuera aquel que estaba dispuesto anegociar en reas cruciales para el rgimen. Este argumento no pretende

    2 8 Tonatiuh Guil ln Lpez , "Baja California, una dcada de cambio poltico", enTonatiuh Guilln Lpez (comp.), F r o n t e r a norte. U n a dcada de poltica electoral,M x i c o y Tijuana, El Colegio de Mxico/El Colegio de la Frontera Norte, 1992, pp.162 y 163.

    2 9Jolle Demmers, "Economic Liberalization and the Political Change in Yucatn,

    M x ic o " , Utrecht, Utrecht University (en prensa).3 0 V a se Javier Hurtado, "Caractersticas y dificultades de la transicin democr

    tica de M x ic o con relacin a la naturaleza de su rgimen poltico", en Jos Luis BarrosHorcasitas et al. (comps.), Transicin a l a democracia y r e f o r m a del Estado en Mxi-

    co, M x i c o , Universidad de Guadalajara-Porra-Flacso, 1991, pp. 136 y 137.3 1 V a se Lorenzo Meyer, L a segunda muerte de l a Revolucin M e x i c a n a , Mxi

    co, Cal y Arena, 1992, p. 123.

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    subestimar los esfuerzos electorales y de organizacin del PAN, O el grado de apoyo popular que el partido ha conseguido; tampoco quiere so

    breestimar el desempeo electoral y la magnitud de los seguidores delPRD. Solamente afirma que tras la fachada del acceso de la oposicin al

    poder, formas inusitadas de negociacin poltica ocurren tras bambalinas,sin duda en las oficinas de la Secretara de Gobernacin en la ciudad deMxico.

    La disputa electoral de San Luis Potos, en 1991, puede ilustrarmsclaramente este punto. Aqu, no fueron el PAN ni el PRD quienes salieron victoriosos, sino un movimiento poltico autnticamente regional,el Frente Cvico Potosino, liderado por SalvadorNava. Las eleccionesgubernamentales de 1991 en los estados vecinos de San Luis Potos yGuanajuato coincidieron con las importantes elecciones parlamentariasintermedias. En el primerestado se enfrent el priista Fausto Zapatacontra el veterano y renombrado SalvadorNava, quien logr conformaruna coalicin excepcional con el PRD, el PAN y el PDM. Las elecciones sevieron enturbiadas por varios tipos de fraude. San Luis Potos ofrece elclsico ejemplo de un estado en el que la oposicin domina las principales reas urbanas, mientras que las zonas rurales ms rezagadas, princi

    palmente de la Huasteca, dan su voto al PRI. Como se esperaba, las zonas dominadas por el PRI recibieron, por mucho, los registros mscuantiosos de votantes. A lo largo de la campaa el PRI utiliz sus tcticas comprobadas para influir en el voto: control total de los medios decomunicacin locales, fondos excesivos para propaganda, acusacionesa la oposicin de provocar la violencia, etc. Pero el fraude preelectoralfue complementado con un fraude an mayordurante las propias elecciones.32 No obstante, la prensa local anunci el triunfo de Zapata incluso antes de que las casillas hubieran cerrado. Aun cuando existan clarasevidencias de fraude, Nava rehus internarse en la jungla judicial de loscuerpos electorales y opt por organizar un movimiento de resistenciacivil. La tensa situacin que prevaleca en San Luis Potos recibi unimpulso imprevisto cuando el candidato del PRI a la gubematura del ve-cio estado de Guanajuato renunci luego de una eleccin igualmentefraudulenta y el candidato panista de esta ltima entidadasumi el mando como interino A l mostrarse el gobierno federal disuesto u obligadoa sacrificar a su candidato en Guanajuato, tambin surgieron expectati-

    3 2 El informe de dos organizaciones independientes que observaron las elecciones

    en 750 casillas conclua que en ms de la mitad de ellas haba existido algn tipo deirregularidad. Citado por Alberto Aziz Nassif, "San Luis Potos: la repeticin de unagravio", Eslabones. Revista Semestral de Estudios Regionales, nm. 3, enero-junio,

    1992, p. 13.

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    vas en San Luis Potos. Se llevaron a cabo diversas reuniones, una granmarcha fue organizada, las carreteras fueron bloqueadas y durante elltimo discurso del gobernador saliente, las seguidoras de Nava se hicieron orbatiendo sus utensilios de cocina. Al mismo tiempo, otro gru

    po inici un plantn permanente frente al palacio de gobierno. Mientrasque Nava iba y vena a la ciudad de Mxico y consegua una presenciade carcternacional, Zapata dej de aparecer en pblico. En una de susvisitas, se propuso a Nava un arreglo: que Zapata tomara la gubernatura

    y Nava ocupara una posicin importante en su gobierno o que este ltimo fuera gobernadory que los priistas ocuparan cargos relevantes en sugobierno. Nava lo rechaz.33 Cuando Zapata tom posesin oficialmente del cargo, el 26 de septiembre, con la presencia del presidente Salinas, el anciano y enfermo Nava inici la muy difundida "Marcha de laDignidad" a la ciudad de Mxico. Un grupo de mujeres impidi que Za

    pata entrara en sus oficinas. Se le demandaba que renunciara, lo quehizo menos de dos semanas ms tarde. Nava suspendi la marcha y regres a San Luis Potos, en donde fue recibido como un hroe. Ese mismo da, el priista Gonzalo Martnez Corbal vol a la capital potosina

    para tomar el mando. La situacin en San Luis Potos haba sido tan

    competitiva como en Guanajuato y la diferencia en el resultado slo puede explicarse por una lgica que es externa a las relaciones regionales depoder. La presencia del PAN en las mesas de negociacin de la ciudadde Mxico y la negativa de Nava a pactar fueron cruciales para la decisin de conceder al PAN el gobierno interino de Guanajuato y al PRI enSan Luis Potos. S i la lgica de Guanajuato hubiera sido tambin aplicada a San Luis Potos, el gobierno interino habra quedado en manos delmovimiento navista. Es obvio que esto no les convena ni al PRI ni al

    P A N . 3 4

    El proceso electoral en Mxico ha estado desde hace mucho tiemposujeto a complejos "candados" jurdicos, que hacen difcil que los gru

    pos puedan participar, registrar a ciertos candidatos o protestar por lasdecisiones arbitrarias, en suma: ejercer sus derechos constitucionales.Por tanto, no es de sorprender que el propsito de reformar la legislacin electoral haya estado desde hace tiempo en la agenda de las fuerzas

    polticas opositoras. Desde que la importante reforma poltica y electoral fuera promulgada en 1977, las negociaciones en torno a la legisla-

    3 3 V a se Miguel ngel Granados Chapa, Nava s, Z a p a t a no! L a h o r a de SanL u i s Potos: crnica de u n a l u c h a que triunf, M x ic o , Grijalbo, 1992, p. 68.

    3 4Poco despus de este episodio, las relaciones entre el movimiento navista y el

    PAN se deterioraron rpidamente. Un anlisis ms detallado de esta coyuntura se encuentra en W. Pansters, "Citizens with dignity", op. cit.

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    cin electoral y los ajustes a la misma se han intensificado. Pese a algunos cambios positivos, la introduccin en 1986 del Cdigo Federal Electoral por el presidente De la Madrid, signific el reforzamiento del control del Ejecutivo y la concesin de amplias garantas al partido oficial

    para mantener una influencia predominante sobre aspectos cruciales delproceso electoral. Por muchos motivos la reforma de 1986 representun retroceso en comparacin con la apertura poltica de 1977. Ms an,sancion el carcterconstitucional del concepto de gobernabilidad,porel cual un partido poda recibir la mayora absoluta en la Cmara deDiputados, aun cuando hubiera obtenido menos de 51% de los votos. L arelevancia de esta reforma, que fue el marco legal de las elecciones presidenciales de 1988, no debe ser subestimado. Un analista ha afirmadoque, sin ella, Salinas no habra llegado a ser presidente.35 Luego deestaselecciones se iniciaron los preparativos para la reforma que adopt elCongreso en 1990. Pero, pese a algunos avances, como mayor presu

    puesto para los partidos y mayorregulacin del acceso de los mismos alos medios de comunicacin, el Cdigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales contena numerosas clusulas que salvaguarda

    ban el control presidencial y priista: la clusula de gobernabilidad fue

    modificada, pero no eliminada; los miembros del Tribunal Federal Electoral deban ser elegidos de entre una lista elaborada por el presidente;el Instituto Federal Electoral era controlado por personas designadas

    por el presidente y por delegados priistas; los funcionarios de casillaeran elegidos porlos presidentes de distrito, quienes a su vez dependande un aparato burocrtico controlado en el mbito federal, etc. Frente amayorcompetencia electoral,el rgimen respondi con lo que parecerauna apertura de la legislacin electoral, pero Que en realidad se reducaa una complejidadlegislativa tendiente a fortalecer "los mecanismos deseguridaddel sistema a fin de mantenerel control de los resultados electorales y garantizar al PRI la presidencia y la mayora en la Cmara deDiputados".36 En 1996, luego de veinte meses de difciles negociacio

    nes el gobierno de Zedillo v las Drincitmles fuerzas onositoras anroba-ron otro paquete de reformas electorales. Entre los aspectos ms impor-

    3 5 Silvia Gmez Tagle, "Electoral reform and the party system, 1977-1990", en

    \ N. Harvey (comp.), Dilemmas of T r a n s i t i o n , op. cit, p. 80. Otro excelente y detallado

    ] anlisis de la reforma electoral de 1986 es el de Emilio Krieger, "Derecho electoral en

    ! julio de 1988", en Pablo Gonzlez Casanova (comp.), Segundo i n f o r m e de l a democra-

    \ c i a : Mxico, el 6 de j u l i o de 1 9 8 8 , M x ic o , Siglo XXI, 1990. Este autor concluye que lalegislacin electoral era "un conjunto de trampas para que el partido en el poder, tenga

    o no la mayora del cuerpo electoral, imponga a sus candidatos, con la complicidad de

    las autoridades gubernamentales y de las electorales" (p. 50).3 6 Silvia Gmez Tagle, op. cit, p. 86.

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    tantes de ste destaca el hecho de que las futuras elecciones ya no seranorganizadas por funcionarios del gobierno, sino porlos ciudadanos, ascomo que el Instituto Federal Electoral sera transferido de la Secretarade Gobernacin (lase el Ejecutivo) a la rama judicial. Estas nuevas reglas fueron puestas a prueba en las elecciones de 1997. Aun cuando sinduda se ha logrado cierto avance en el rea de la reforma electoral, estotambin presenta otra faceta. Recientemente, Cansino seal los efectosy funciones paradjicos del permanente reformismo institucional. Afir

    maba con acierto que, si bien los sistemas polticos democrticamenteconsolidados se adaptarn institucionalmente a un entorno cambiante paramejorar su funcionamiento (productividad del sistema, eficiencia), ensociedades como la mexicana donde las prcticas antidemocrticas invaden el sistema, el reformismo institucional constituye en esencia unmecanismo de legitimacin. Portanto, en lugar de verlas enmiendas continuas a los aspectos legales e institucionales del sistema poltico comouna seal de genuina democratizacin, stas deben considerarse como elresultado de la necesidad que tienen las lites de conseguir un consensoy una legitimidad (temporales).37

    C o r p o r a t i v i s m o

    Siendo un aspecto fundamental del sistema poltico autoritario de Mxico, el destino del pacto corporativista tendra que representarun buen indicadordel grado de apertura y democratizacin del sistema.38 En losinicios del sexenio, el gobierno de Salinas puso en marcha un procesomediante el cual disminuy la influencia corporativista dentro del PRI.La destitucin espectacular de dos caciques sindicales, clebres por sucorrupcin y poder, fue sin duda un paso firme en esa direccin.39 Perocuando lleg el momento de reformar al partido oficial, las cualidadesque habran tenido efectos duraderos e institucionales en el papel poltico del movimiento obrero organizado, particularmente la audacia y lavisin, fueron reemplazadas por la apata y el pragmatismo. Durantemuchos aos el acuerdo corporativista haba desempeado dos funciones esenciales: organizar el apoyo (electoral) para el partido oficial, acambio de asignar y distribuirbienes y servicios hacia las masas populares, y garantizar la estabilidadeconmica durante el periodo de rpida

    3 7 Csar Cansino, op. cit., pp. 191 y 192.3 8 Joaqun Hurtado, op. cit., p. 135.3 9 El encarcelamiento de Javier Hernndez Galicia, lder de los trabajadores pe

    troleros, se debi en gran medida a su activa oposic in a la candidatura presidencial deSalinas.

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    industrializacin y, especialmente durante la crisis econmica de los aosochenta. Pero entonces se hizo dolorosamente evidente que las organizaciones corporativistas estaban fallando en ambos aspectos. La litedominante respondi con iniciativas de reforma tendientes a restructurarlas relaciones entre el Estado, los sectores corporativistas, el partido oficial, la economa y el mbito electoral. En 1989 el presidente del PRI,Luis Donaldo Colosio, declar que a fin de mantener la fuerza electoralde su partido, la dirigencia no poda seguir dependiendo (solamente) delas organizaciones corporativistas, sino que deba establecerse una relacin ms directa entre el partido y los ciudadanos individuales.40 El contacto con estos ltimos fue organizado de acuerdo con una versin renovada de la estructura territorial del partido. E l sector popular del PRI fueel escenario de los experimentos ms importantes, pero finalmente el

    proyecto fracas. Luego de algunos aos de modificacin interna, el sector popular, ahora llamado Federacin Nacional de Organizaciones y Ciudadanos, ha retornado a la estructura bsica de 1988, aunque con una

    burocracia modernizada. Las prcticas polticas siguen siendo las mismas pero se han agudizado los conflictos dentro del partido entre losmodernizadores y los tradicionalistas.41

    Mientras que los experimentos del sector popular se encaminabanen gran medida hacia los asuntos del voto y pretendan llegar a nuevoselectorados, el sector laboral fue especialmente tomado en cuenta enrelacin con la economa. La restructuracin de la economa y la industria demandan de manera particular mayor eficiencia, productividad yflexibilidad. La privatizacin y el rompimiento de los contratos colectivos de trabajo han sido algunas de las consecuencias ms frecuentes quechocan con los intereses de la burocracia corporativista tradicional.42 Sila tecnocracia gobernante pensara seguiradelante con su proyecto derestructuracin econmica resultara imperativo limitarel peso polticodel movimiento obrero dentro del partido. La reorganizacin de los sec

    tores corporativistas fue analizada durante la X IV Asamblea Generaldel PRI, en 1990, donde qued claro que el sectorlaboral no iba a cruzar-

    4 0Wayne A. Cornelius et al, M e x i c o ' s A l t e r n a t i v e . . . , op. cit, pp. 28 y 29.

    4 1 Nikki Craske, "Dismantling or retrenchment? Salinas and corporatism", en Rob

    Aitken et al. (comps.), D i s m a n t l i n g the M e x i c a n State ?, Londres, Macmillan, 1996, pp.

    78-91.4 2 Dos trabajos recientes de Iln Bizberg resultan sumamente relevantes: "La cri

    sis del corporativismo: el rgimen poltico mexicano ante la modernizacin", RevistaOccidental, vol. XVII, num. 2, pp. 115-143; y "Modernization and corporatism in

    government-labourrelations", en N. Harvey, Dilemmas of T r a n s i t i o n , op. cit., pp. 299

    317.

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    se de brazos frente a las innovaciones en la organizacin. La CTM amenaz con boicotear la reunin si solamente, como se propuso inicial-mente, contara con 8% de los delegados de la asamblea. El poder denegociacin de los sindicatos demostr tenerla fuerza suficiente paracasi duplicar el nmero de sus delegados. La asamblea concluy conuna ambivalencia e hibridez en su organizacin. Los antiguos pilarescorporativistas y las nuevas unidades territoriales ahora conviven lado alado. Todo esto tiene poca relacin con transicin y democratizacin.En su anlisis de la relacin entre Salinas y el partido oficial, Hernndezdemuestra slidamente que la retrica de la modernizacin y la democratizacin del PRI fue de hecho subordinada al objetivo general de sometercompletamente al partido bajo el mando de una lite que tiene una relacin funcional cada da mayor con l. 4 3

    El papel decreciente de las organizaciones corporativistas tradicionales en el paisaje poltico (resultado de su mal funcionamiento y de laintervencin poltica desde arriba) se equilibra por tendencias de restructuracin neocorporativistas durante el periodo de Salinas. En la in dustria y los servicios ha surgido una nueva forma de sindicalismo, queha sido bienvenida porel gobierno. Con mayor grado de independencia,estos sindicatos, ejemplificados porel de los telefonistas y el de los electricistas, centran su atencin en las negociaciones relativas a los salarios, las prestaciones y las condiciones de trabajo en relacin con el incremento de la productividad.44 Esta variante de neocorporativismo combinauna postura pragmtica hacia los derechos sindicales bsicos con una"disposicin para aliarse con el capital en una bsqueda conjunta de elevar la productividad y la calidad, lo que le gan reconocimiento comoun interlocutor vlido en las propuestas relativas a estos aspectos".45

    Aunque fuera del mbito de las relaciones laborales, Craske ha descritoel Programa Nacional de Solidaridadcomo una variante de neocorporativismo, al afirmar que si bien el Pronasol se enfocaba hacia nuevos

    temas, tales como los servicios urbanos, el desarrollo regional, las mujeres y las escuelas, reforzaba el centralismo de los sectores corporati-

    4 3Rogelio Hernndez Rodrguez, "What to do with the PRI? Salinas and the ruling

    party", en W. Pansters, Citizens ofthe Pyramid..., op. cit., pp. 209-224.4 4

    Iniciado por el dirigente de los telefonistas, otros sindicatos que formaban parte

    del acuerdo corporativista m s tradicional unieron fuerzas con esta nueva estrategia

    sindical y fundaron la Federacin de Servicios y Bienes.4 5 Enrique de la Garza Toledo, "The restructuring of state-labor relations in M

    xico", en Maria Lorena Cook et al. (comps.), T h e Politics ofEconomic Restructuring.

    State-Society Relations and Regime Change i n Mxico, San Diego, Center for us-Me

    xican Studies, 1994, p. 214. Vase, tambin, Neil H. Harvey, "The difficult transition",en N. Harvey (comp.), Dilemmas of T r a n s i t i o n , op. cit., pp. 19-23.

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    vistas y reproduca sus estructuras jerrquicas. Su estudio sobre las colonias populares de Guadalajafa concluye que el Pronasol "ha hechomuy poco por apartarse de las prcticas tradicionales del PRI delclientelismo, la arbitrariedady la carenciade un claro imperio de la ley". 46

    E l h o r i z o n t e t e m p o r a l

    De acuerdo con los conceptos planteados porO'Donnell y Schmitter, loscambios en el mbito electoral, las modificaciones a la legislacin respectiva y la restructuracin de los pactos corporativistas, podran interpretarse como los cimientos de un proceso de transicin. En este sentido, lasinusitadas elecciones presidenciales de julio de 1988 que llevaron a Salinas de Gortari al poder son vistas con frecuencia como el punto de partidade este proceso. Pero el ao de 1988 no constituye una ruptura equiparable al momento en que los generales se retiraron del poder en Amricadel Sur, ni tampoco puede compararse a los dramticos acontecimientos

    por los cuales las guerras civiles tocaron a su fin en Amrica Central. EnEspaa, el punto de partida de la transicin fue la muerte del caudillo y,en Filipinas lo fue el derrocamiento de una dictadura. En el caso de Mxico

    no existe un acuerdo respecto a una delimitacin temporal. En opininde Cisneros, no se trata tan slo de un asunto de carcter acadmico,puesese hecho es esencial para comprenderel fenmeno de la apertura ytransicin p olticas . 47 Porfortuna, los recientes procesos polticos que havivido Mxico ofrecen otras opciones para ubicar el inicio del procesode apertura. En un artculo escrito hace algunos aos antes de las espectaculares elecciones de 1988, Kevin Middlebrook remita el inicio del

    proceso de apertura poltica en la iniciativa de reforma que el gobiernode Lpez Portillo present entre 1977 y 1978. Dicha reforma facilit elregistro de los partidos de oposicin y, en trminos generales, ampli loscanales para la movilizacin y la representacin polticas. La reformaDoltica fue la respuesta aue dieron el gobierno v el partido oficial a unaserie de impugnaciones que debilitaban la eficiencia y legitimidaddelPRI Si bien los efectos globales de ese proceso de apertura poltica fueron limitados Middlebrook considera aue "marc un giro importante enla poltica mexicana".48

    4 6 Nikki Craske, Corporatism Revisited: Salinas and the r e f o r m of the popular

    sector, Londres, University of London/iLAS, Research papers, nm. 37, 1994, p. 42.4 7

    Isidro H. Cisneros, "Los modelos de la transicin poltica: M xico en la disyuntiva de la innovac in o la conservacin", en Alberto Aziz Nassif(comp.), Mxico: u n aagenda p a r a fin de siglo, M x ic o , La Jornada Ediciones-cncH, 1996, pp. 67-91.

    4 8 Kevin Middlebrook, P o l i t i c a l L i b e r a l i z a t i o n i n a n A u t h o r i t a r i a n R e g i m e . T h e

    Case of Mxico, San Diego, Center for us-Mexican Studies, 1985, p. 31.

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    En ese intento que a veces aparece como un afn frentico por determinar el punto de partida de lasupuesta transicin poltica mexicana,a menudo se presenta el ao de 1968 como un momento decisivo. Seafirma que el movimiento estudiantil y la clase media que lo apoyabafueron los primeros en retarabiertamente al sistema de gobierno partido-Estado. Las demandas de aumentar la participacin ciudadana y laresponsabilidad del gobierno provocaron un conflictorespecto a la dirigencia poltica de la sociedad. Fue un movimiento que abarc muchoms que los asuntos relacionados directamente con la autonoma universitaria; sus demandas concernan ms al ejercicio efectivo de laciudadana. Aunque el agitado verano de 1968 termin con una brutal re

    presin, se dice que sus efectos a largo plazo son tan profundos queexiste "entre esta experiencia [1968] y laeclosin electoralista que desde julio de 1988 pretende poner fin a la hegemona del partido oficial,una lnea de continuidad".49 Dichos efectos abarcan desde la modificacin de los valores y de las prcticas del comportamiento, mediante lareorganizacin de las alianzas de clase dentro de la lite gobernante (quefavorece a las clases medias urbanas en detrimento de los sectorescorporativistas tradicionales),hasta el surgimiento de la opinin pblica

    como un elemento poltico. Otros han subrayado que la aniquilacin violenta del movimiento estudiantil de 1968provoc la irradiacin de lderes e ideologas a todo lo largo de la sociedad. En los barrios y en lascomunidades campesinas, entre los profesores y los obreros, quedaronlas sernillas de una nueva cultura poltica que prepar el camino para loQue ms tarde concluy con el levantamiento electoral de 1988.50 Auncuando la imnortancia Doltica v simblica de los sucesos de 1968 nodebe ser subestimada, como tampoco sus efectos en los acontecimientos posteriores, s resulta debatible la afirmacin de cjue el movimientoestudiantil fuera la Diimera exoresin de protesta aue coniunt una identidad corporativa (la autonoma universitaria) y la movilizacin en favorde demandas generales de la ciudadana. No sera demasiado difcil demostrar que los grandes movimientos obreros de finales de los aos cincuenta tambin lucharon por una conjuncin de derechos corporativos ypolticos (participacin en la toma ae decisiones)' estos movimientostambin hicieron referencia a la Constitucin y tambin fueron brutalmente renrimidns Pnr otra narte en lo me resnerta a los efectos anta

    gnicos de la Revolucin cubana'y a los ajustes al interior del bloque de

    4 9Soledad Loaeza, op. cit, p. 16.

    5 0 Vase , por ejemplo, Francisco Prez Arce, "The enduring struggle for legalityand democracy", en J. Foweraker y A. L. Craig, Popular Movements and P o l i t i c a l

    Change..., op. cit., pp. 105-120.

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    poderdel pas, se podra afirmarincluso que la coyuntura de 1958-1959constituye una ruptura ms importante que la de 1968.

    Si tomamos en cuenta la variedad de circunstancias, candidatos posibles para representarel inicio de la apertura poltica y de una transicin subsecuente podran ser los aos de 1988, 1978, 1968 y quizs incluso 1958. Pero, a dnde nos lleva todo esto?, no sera ms adecuadoconsiderar el periodo entero como una fase continua de transformaciones, con coyunturas identificables de crisis polticas, o bien, como lo hahecho Cisneros, de ciclos polticos? 51 El concepto de transicin que hacereferencia a un periodo delimitado "por una parte, por el comienzo deun proceso de disolucin de un rgimen autoritario y, por la otra, por elestablecimiento de una cierta forma de democracia, el retomo a algntipo de gobierno autoritario o el surgimiento de una alternativa revolucionaria" parecera, as, tenerpoco significado en lo referente al casomexicano.52 La pregunta que tal vez tendra que plantearse es porquesas dcadas de crisis seguidas de polticas de liberalizacin y aperturapolt ica (an) no han sido capaces de consolidar un orden democrtico?Algunos han sugerido que las dificultades para establecer la ubicacintemporal y el ritmo de la transicin estn relacionadas con el carcter

    ambivalente del propio sistema poltico mexicano. Por lo tanto, al parecer resulta necesario analizarlo desde otra perspectiva.

    El universo de las lealtades primordiales

    Quienes se centran en la naturaleza institucional del autoritarismo mexicano tienden a ignorar la existencia de los principios de organizacinque estructuran a la sociedad y a la poltica del pas. El rgimen mexica-

    5 1Isidro H. Cisneros, op. cit., pp. 75 y 76.

    5 2 Guillermo O'Donnell y Philippe Schmitter, Transi tionsfrom Au t h o r i t a r i a n Ru l e .Tentative Conclusions About U n c e r t a i n Democracies, Baltimore, The Johns Hopkins Uni

    versity Press, 1986, p. 6. Fernando Prez Correa se refiere al "curso sostenido de transformaciones que invade espacios mltiples [...] Es por esta razn que, para el caso deMxico , resulta ms acertado hablar de continuidades que de transiciones"; vase PrezCorrea, "Reflexiones sobre la pertinencia de la aplicacin del conceptode transicin democrtica para el caso mexicano", en J. L . Barros Horcasitas et al. (comp.), Transicin a l a

    democracia y r e f o r m a delEstado en Mxico, Mxico , Flacso-M. A. Porra, Universidad deGuadalajara, 1991, p. 284. Sin embargo, este autor relaciona despus su conclusin al discurso oficialista de modernizacin, al afirmar que en Mxico realmente no es necesariauna transicin (democrtica), dado que una definicin ms amplia de democracia, que seaplicara a las esferas social, econmica, cultural y poltica, significara que el pas de hechoha pasado por un prolongado proceso de "democratizaciones graduales y sostenidas".Ms

    adelante intentar demostrar por qu no puedo estar de acuerdo con esta interpretacin.

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    no debilita en efecto la operacin del t r i a s poltica, de la responsabilidad administrativa, de los contrapesos polticos, la soberana electoral,el federalismo, el pluralismo ideolgico y el desarrollo de la ciudadana.Pero si el anlisis del autoritarismo mexicano se enfoca nicamente enel marco legal-institucional no ser capaz de comprender las reglasoperativas cotidianas del autoritarismo. Junto con la e s t r u c t u r a institu-cidnal, el anlisis debe tambin incorporar la p r a x i s poltica. El presidencialismo mexicano no descansa solamente en los amplios poderesque le otorga la Constitucin, sino que tambin, quiz de manera primordial, se basa en la posicin central que ocupa dentro del universo delas relaciones personales e informales. El presidente se encuentra en lacspide de una red de camarillas piramidales interrelacionadas que extiende su poder hasta los diversos dominios del sistema poltico y social. Las camarillas cruzan las barreras institucionales, ideolgicas, sociales y sectoriales, y estn enlazadas por las lealtades personales. Sucarcterinformal logra ocultarlas casi por completo de la mirada pblicay a l se debe en gran medida la fluidez y adaptabilidad de la polticamexicana. La camarilla presidencial articula lderes de una amplia gamade camarillas subordinadas, que representan a diversos actores polticos

    y sociales, tales como la dirigencia del partido, la burocracia sindical,los grupos empresariales y los intelectuales. De esta manera., las prerrogativas de oue goza el presidente para designar a sus colaboradores enlos puestos esenciales del gobierno se complementan y amplan medianteotros privilegios discretos que lo hacen el centro de un universo de lealtades personales el cual trasciende las reas formales de la autoridadpresidencial. '

    As, la importancia de las reglas informales que rodean a la presidencia mexicana adquieren una dolorosa claridaddurante la coyunturade la sucesin presidencial, no slo en los escalones ms bajos de la

    pirmide administrativa, sino muy particularmente en su mismo pice.

    La sucesin presidencial de 1993-1994 estuvo acompaada desde su inicio por una serie de acontecimientos sin precedentes, que demostraronpblicamente las inclementes sanciones que acarrea el romper las reglas informales del juego. Cuando los dirigentes del PRI anunciaron enforma oficial que Luis Donaldo Colosio sera el candidato presidencialdel PRI, varios meses de tensiones llegaron a su fin. Sin embargo, contrariamente a las experiencias anteriores, el principal oponente del candidato, Manuel Camacho Sols, no expres en forma pblica e inequvoca su apoyo a Colosio. Por el contrario, esper varios das antes dehacer una aparicin pblica y entonces declar que l en efecto haba

    participado con toda seriedad en la carrera presidencial. Con ello,Camacho rompi la regla de la "cargada", es decir, la expresin unni-

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    me de apoyo al candidato porparte de sus anteriores contendientes y detodos los sectores del partido. Unas cuantas semanas despus de queestall la rebelin armada en Chiapas, el presidente pronto design aCamacho Sols como portavoz oficial y negociador del gobierno. Ellohizo que fuera Camacho y no Colosio quien monopolizara la atencinde los medios de comunicacin, lo que puso en serios problemas a loscoordinadores de campaa del segundo. Cuando Colosio fue asesinadoalgunos meses despus, las fricciones entre Camacho y el partido ha

    ban llegado a un punto sin precedentes. Durante el funeral del antiguocandidato, Camacho fue casi atacado fsicamente porun grupo de furiosos priistas. Corran muchos rumores sobre su participacin en el asesinato e incluso en la rebelin de Chiapas. Dado que haba roto intencio-nalmente las reglas informales del juego del podere intentado sobrevivira la derrota en la apuesta presidencial, la muerte fsica de Colosio significaba la muerte poltica de Camacho.53

    La articulacin del poder mediante complejas redes personales esuno de los principales factores que pueden explicarla falta de independencia de los cuerpos legislativo y judicial, elemento crucial del autoritarismo mexicano. Existe una gran probabilidadde que los puestos clave de

    dichos cuerpos (magistrados, dirigentes de la mayora parlamentaria,presidentes de los comits ms importantes del Congreso, etc.) sean ocupados por personas que hayan sido nombradas directamente por elpresidente o pormediacin del partido oficial. La metfora de la "familia" resulta aqu importante, pues hace referencia a un universo en elque las relaciones polticas est reguladas porel parentesco (real o ficticio), la amistad y los vnculos personales.54 Es la lealtad personal al lder de la camarilla o al propio presidente, y no (necesariamente) la actuacin burocrtica impersonal, lo que constituye el ncleo de estasrelaciones. Eso no significa que el desempeo burocrtico o administrativo sea irrelevante, sino slo que el mismo est en funcin del cumplimien

    to con las lealtades personales. Un administrador eficiente es aquel quelleva a cabo las tareas que le fueron delegadas por su superiorsin provocarle problemas polticos a este ltimo y a su camarilla o faccin. Si ,

    para realizar con xito dichas tareas, fuera en algn momento necesarioburlaralgunas reglas burocrticas o incluso violar la ley, el administra-

    5 3 Un interesante aunque parcial relato de estos hechos se encuentra en Enrique

    Mrquez, Por qu perdi Camacho. Revelaciones del asesor de M a n u e l Camacho Sols,Mxico , Ocano, 1995.

    5 4 Los sucesos ocurridos en los ltimos meses del rgimen de Salinas de Gortari, enlos que se vieron implicados su hermano y su antiguo cuado, Ruiz Massieu, han dado alconcepto de "familia revolucionaria"un contenido que va ms all de la metfora.

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    dor cuenta con la proteccin de su superior. As, los vnculos de lealtadpersonal se basan, en ltima instancia, en la reciprocidad y confianza,en la suposicin de una responsabilidad compartida que permite que lagente establezca relaciones de intercambio en circunstancias inciertas,cambiantes y vulnerables.55

    Si, en el mbito de las lites las camarillas constituyen un vehculoimportante para la cohesin del rgimen, el mecanismo que las vincula

    con los estratos inferiores de la jerarqua social y hasta el rango msbajo, a saber, el ejido y el mercado, es el clientelismoy la intermediacin.Un mecanismo de intercambio entre actores de distintos niveles jerrquicos, el clientelismo o patrocinio, opera en Mxico en situaciones sumamente diversas, tanto en trminos histricos como sociales. Ya seaque el intercambio se lleve a cabo entre un burcrata del DepartamentoAgrario y un grupo de campesinos pobres en los aos treinta; entre los

    paracaidistas de Chalco y un funcionario distrital del partido oficial; oentre un director universitario y los estudiantes; siempre se tratar deasimtricas relaciones de reciprocidad. Su postura de negociacin en elespacio poltico y su acceso a los recursos se construyen a partir de amistades (instrumentales) y obligaciones mutuas. La pertenencia a un grupo

    se convierte en un capital muy estimado. Un individuo sin contactos, unindividuo sin amigos es un "don nadie". En un pas como Mxico, endonde el poderpoltico est sumamente centralizado, la proximidada laautoridad es una variable esencial para cualquiera que quiera convertirseen ldero patrn de un grupo. E l partido oficial y la burocracia han sido,desde hace mucho tiempo, las principales vas para llegarah.

    En el caso de Mxico, el fenmeno del clientelismo se liga de manerainextricable al cacique, el hombre fuerte cuyo "mando caractersticamente informal, personal y a menudo arbitrario" es apuntalado por sus

    partidarios. E l cacique suele combinar la amenaza de violencia con alguna variante de una "moral personal de obligaciones", que se encuen

    tra grficamente retratada en el personaje de Lzaro Pizarra, en la novela de Aguilar Camn sobre el cacique de un sindicato petrolero. 56 Elcacique y el presidente son las figuras polticas que condensan la perso-

    5 5 Luis Roniger, H i e r a r c h y and T r u s t i n M o d e r n M e x i c o and B r a z i l , Nueva York,

    Praeger, 1990, p. 10.5 6 La primera parte de la definicin es de Paul Friedrich, "The legitimacy of a

    cacique", en M . J. Swartz (comp.), L o c a l Level Politics. Social and C u l t u r a l Perspectives,Chicago, Aldine Publishing Company, 1968, p. 247; la segunda parte es de Christopher

    Clapham, "Clientelism and the state", en C. Clapham, P r i v a t e patronage and P u b l i c

    Power, Londres, Francis Pinter Press, 1982, p. 5. La novela de Hctor Aguilar Camnes M o r i r en el golfo, Mxico , Ocano, 1987.

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    nalizacin del poder y las ambivalencias del sistema poltico mexicano.El caciquismo ha penetrado el marco institucional del Estado pero, almismo tiempo, tambin desafa a la institucionalizacin.57 El caciquismo y el clientelismo han sido llamados los nervios del corporativismo yson, por tanto, fenmenos decisivos de la estructura de las relacionesEstado-sociedad en Mxico. 58 Constituyen mecanismos de mediacin ointercambio tanto entre los mbitos federal y regional-local, como en

    tre los diferentes grupos sociales (por ejemplo, la burocracia y los campesinos). Para el siglo xix este mecanismo mediador ha sido descrito entrminos del "corretaje" poltico-cultural entre el mundo de los "letrados" liberales y el mundo provincial de las lealtades primordiales tradicionales, que no estaba equipado para efectuar las concepciones de laideologa liberal. 59 En el siglo xx, la eficaz concentracin del poderpoltico y los recursos en manos del Ejecutivo (en las jerarquas nacional,regional y local), as como el carcter inclusivo del autoritarismo mexicano, han reproducido la necesidad de que existan los intermediarios a finde establecervnculos entre las masas y el Estado. Ha (re)creado puntos

    privilegiados de transmisin (corretaje), por medio de los cuales la gente ordinariapuede teneracceso a los recursos.60 El cacique ansia monopo

    lizary defender dichos puntos, en ocasiones con el uso de la violencia;cultiva las relaciones personales con sus partidarios y se proyecta hacialos escalones superiores de la jerarqua, usando como base a un grupode partidarios es decir un actorcolectivo Para conseguir recursos delEstado individuos se entremeten en relaciones personalistas en gruposv corporaciones A partirdel estudio del proceso electoral Guilln Lpezha observado que los procesos de mediacin y negociacin corporativistay caciquil pertenecen a una cultura poltica Que reconoce la existenciade un rjoder establecido independiente con el cual la gente negocia Porel contrario la cultura poltica liberal'presupone una relacin polticadirecta entre los ciudadanos y el Estado. De esta forma el poder no esuna entidad establecida y externa, sino que est determinado de manera

    5 7 Alan Knight, "Historical continuities in social movements", en J. Foweraker y

    A. Craig, Popular Movements..., op. cit., p. 96.5 8

    I b i d , p. 16.5 9 Franois Javier Guerra, Mxico: del antiguo rgimen a l a revolucin, M x ic o ,

    Fondo de Cultura Econmica, 1988, tomo I, p. 167.6 0 Para una revis in interesante de las diferentes funciones del cacique como

    intermediador ( b r o k e r ) , vase Guillermo de la Pea, "Poder local, poder regional: perspectivas socio-antropolgicas", en Jorge Padua y Alain Vanneph, Poder local, poderregional, M x ic o , El Colegio de M xic o-CEM CA, 1986, pp. 27-56.

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    directa por la gente, mediante las elecciones.61 La omnipresencia de lamediacin personalista tiene, as, profundas consecuencias para la constitucin de la ciudadana y para el anlisis de la transicin.

    Transicin, violenciay miedo

    El hecho de que la lgica personalista forme parte de la operacin cotidiana de las principales instituciones del sistema poltico ciertamente noes privativo de Mxico. Sin embargo, la tan elevada centralizacin delsistema poltico, la acentuada concentracin del poder en la presidencia,en detrimento de lospoderes equilibradores, y el hecho de que los gruposorganizados predominantes formen parte o estn vinculados al partidooficial, son caractersticas que hacen a Mxico particularmente susceptible a las propiedades y dinmicas de la lgica personalista. Esto tieneconsecuencias importantes en lo que respecta alos discursos de modernizacin y de transicin democrtica. Su enfoque institucionalista resultatil para destacarel cambio legal-institucional como condicin fundamental para construir una sociedad ms plural, abierta y democrtica. Sin

    embargo, si se supone que esto debe ocurrirsin tomar en cuenta la polticade las camarillas, es poco probable que logre alcanzar el objetivo de unademocratizacin plena. La eficacia del cambio y reforma institucionalest condicionada tanto por los procesos socioeconmicos como por loscdigos culturales que regulan el universo de las lealtades primordiales.La pobreza de la mayora de los actuales debates sobre la transicin-reside, precisamente, en el hecho de que en ellos se reduce el concepto dedemocracia al mbito de las elecciones y tiende a medir "la salud moralde la nacin nicamente con base en si la ltima ronda de elecciones fue

    justa y 'transparente' ", 6 2

    A lo largo de gran parte de la historia del Mxico posrevolucionario,

    el funcionamiento del sistema poltico, de la economa y del repertorio cultural del personalismo, consiguieron crear un cierto tipo de articulacin(autoritaria) estable. La poltica de las camarillas penetr la burocracia,

    pero el ritmo de la agenda electoral y elprincipio de no reeleccin previeron que hubiera una circulacin peridica de las lites, aunque den-

    6 1 Tonatiuh Guillen Lpez , "The social basis of the PRI", en W. A. Cornelius et al,op. cit.. p. 255. Vase tambin su artculo "Political culture from the northern border ofMexico. Elements for a debate", en W. Pansters, Citizens of the Pyramid, op. cit., pp.

    337-362.6 2 Nikki Craske. "Dismantling or retrenchment...", op. cit., p. 90.

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    tro de los confines del partido oficial. La latitudideolgica del ra permitique se dieran movimientos pendulares en las tendencias polticas, conlo que fue posible que sectores y grupos diversos ganaran un peso poltico de manera peridica. Esto evit el anquilosamiento de la burocraciay es lo que explica la capacidad del sistema para adaptarse a las circunstancias cambiantes. La sustitucin de las lites tambin abra opcionesde desarrollo profesional para los polticos y burcratas prometedores.La centralizacin del poder poltico en la presidencia y la articulacinde grupos de poder informales a lo largo de diversas instituciones, organizaciones y regiones, si bien impeda el desarrollo de una lgica burocrtica impersonal, produca una cierta forma de cohesin e integracinsocial, inexistente en muchos otros pases latinoamericanos.63 El desarrollo econmico sostenido gener los beneficios que se distribuyeronmodestamente entre el sistema (corporativista) institucional. Debido aesas condiciones generales, el uso de laviolencia poltica poda sereliminado eficazmente de los escalones superiores del sistemapoltico. Sinembargo, la estabilidad y civilidad de la poltica nacional no puede serdisociada de los continuos actos de violencia en los estratos inferioresde la sociedad, sino que, por el contrario, estn estrechamente unidos.

    La violencia poltica de carcter local ha contribuido a la estabilidad ycivilidad general del sistema poltico.

    En aos recientes, la articulacin entre los pactos institucionales,los avances econmicos y el universo de las lealtades personales se havisto erosionada. La crisis financiera, losdrsticos giros en la poltica econmica impuestos desde arriba y apoyados desde afuera, la reforma institucional y la proliferacin de proyectos polticos y socioeconmicosdesde abajo, han aumentado mucho las presiones sobre el sistema en suconjunto. Los cambios sociales, econmicos, polticos y culturales, handesencadenado fuerzas que son difciles de canalizar mediante los antiguos sistemas de pesos y contrapesos y de "pan y palo". Rogelio Her

    nndez afirm recientemente que la fuente ms importante de la inestabilidad de Mxico reside en el hecho de que, mientras los mecanismostradicionales de representacin y mediacin se han vuelto inoperantes,el sistema electoral y partidista no tiene la fuerza suficiente para reem

    plazarlos. Esto se debe a que el prolongado monopolio del partido oficialimpidi el desarrollo de un sistema de partidos fuerte y de una ciudadana activa y consciente. Como resultado de ello, el mbito electoral seha convertido en un canal de protestas, en lugar de una plataforma de

    6 3 En este sentido, resulta interesante la comparacin entre M x ic o y Per. VaseFlorencia Mallon, Peasant and N a t i o n , Berkeley, University of California Press, 1995.

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    opciones polticas y programticas diferentes; se ha transformado en unafuente de presiones, en lugar de una solucin a las tensiones estancadas.An no surge otro pacto institucional que pueda representar de maneraefectiva a los intereses sociales y polticos. 64

    El resultado conjunto de la nueva orientacin econmica (neoliberalismo) y la crisis, la inoperancia institucional y la descomposicin delas redes y lealtades personales, ha sido el incremento de la violencia entodos los mbitos de la sociedad. La adopcin de las polticas econmi

    cas neoliberales dej fuera a diversos sectores y grupos polticos vinculados con el modelo de desarrollo anterior. El Pronasol ha generado tensiones entre diversos grupos polticos (principalmente dentro del PRI)respecto a la distribucin de los recursos gubernamentales. La reforma

    poltica y electoral ha disminuido la eficacia de los dirigentes localesdel PRI y ha aumentado la movilizacin y la conciencia de los grupos y

    partidos de oposicin. Durante el gobierno de Salinas, varios procesoselectorales locales /regionales terminaron con graves estallidos de violencia, como fueron los casos de Michoacn (1989), Guerrero (1989) yChiapas (1994). El PRD fue el que sufri la represin ms violenta. E l

    propio partido afirmaba haber registrado el asesinato de 292 activistas

    entre julio de 1988 y enero de 1995, en tanto que la Comisin Nacionalde Derechos Humanos confirm la responsabilidadoficial en 67 de los140 casos de asesinato denunciados porel PRD. 6 5 E l gobierno de Salinassubrayaba que las elecciones constituan una fuente de legitimidad, tanto de carcterinterno como externo, pero stas se convirtieron ms bienen una fuente de inestabilidad.66

    Si bien la violencia relacionada con los conflictos electorales pareca estar confinada a determinadas zonas, el estallido de la rebelinzapatista en Chiapas, en enero de 1994, hizo de ella un problema nacional. En el presente trabajo no es posible ahondar en las races y antecedentes de dicha rebelin, pero basta sealar que el EZLN fue el primermovimiento de oposicin organizado y armado en Mxico desde los aossetenta. La lucha del EZLN contra el ejrcito y la polica fue particularmente intensa durante las primeras semanas del conflicto; luego del anuncio del cese al fuego, los enfrentamientos directos dieron paso a formasms ocultas de violencia en las reas ms remotas de la zona de conflicto. En junio de 1996 otro movimiento guerrillero armado, el Ejrcito

    6 4 V a se R. Hernndez Rodrguez, "La difcil transicin...", op. cit, pp. 245-249.6 5

    Amnesty International, H u m a n Rights Violations i n M e x i c o : A C h a l l e n g e for

    the Nineties, Londres, Amnesty Internati