PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS · Comparecencia de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas (García Crespo) para informar sobre: — Informe de fiscalización

COMISIONES MIXTAS

Año 1997 VI Legislatura Núm. 68

PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEP SÁNCHEZ I LLIBRE

Sesión núm. 14

celebrada el martes, 30 de septiembre de 1997, en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DIA:

Comparecencia de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas (García Crespo) para informar sobre:

— Informe de fiscalización del Consorcio para la organización de Madrid, Capital Europea de laCultura 1992. Años 1989-1993. (Número de expediente Congreso 251/000037 y número de expe-diente Senado 771/000035) .....................................................................................................................

— Informe de fiscalización de la Empresa Nacional del Uranio, S. A. (ENUSA), ejercicio 1993. (Nú-mero de expediente Congreso 251/000040 y número de expediente Senado 771/000038) ...............

— Informe de fiscalización del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), ejer-cicio 1993. (Número de expediente Congreso 251/000038 y número de expediente Senado771/000036) .............................................................................................................................................

— Informe de fiscalización de la Diputación Provincial de Albacete (ejercicios 1991, 1992 y 1996).(Número de expediente Congreso 251/000044 y número de expediente Senado 771/000040) .........

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Se abre la sesión a las 4 de la tarde.

COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTADEL TRIBUNAL DE CUENTAS (GARCÍA CRESPO)PARA INFORMAR SOBRE:

— INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CONSOR-CIO PARA LA ORGANIZACIÓN DE MADRID,CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 1992.AÑOS 1989-1993. (Número de expediente Con-greso 251/000037 y número de expediente Senado771/000035.)

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores senadoresy diputados, vamos a iniciar la sesión número 14 de la Co-misión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuen-tas, en primer lugar, dando la bienvenida y las gracias a laPresidenta del Tribunal de Cuentas, doña Milagros GarcíaCrespo, que comparece para analizar y exponer la situa-ción de diferentes informes de fiscalización. Iniciaremos lasesión con el primer informe sobre la fiscalización delConsorcio para la Organización de Madrid, Capital Euro-pea de la Cultura 1992.

Tiene la palabra la Presidenta del Tribunal de Cuentas.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): Muchas gracias a los señoresparlamentarios presentes en la sala. Voy a enviarles un sa-ludo de inicio de curso, acostumbrada durante tantos añosa iniciar el curso universitario en estas fechas, y paso a ex-poner el primer informe de la tarde para no entretenerlesdemasiado.

El informe de fiscalización del Consorcio para la Orga-nización de Madrid, Capital Europea de la Cultura 1992—en adelante COM-92— fue aprobado en el Pleno delTribunal de Cuentas, en el mes de diciembre pasado, y rea-

lizado a iniciativa de la Comisión Mixta Congreso y Se-nado para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

Los objetivos de la fiscalización fueron, en primer lu-gar, verificar la fiabilidad de los estados contables, asícomo la comprobación del reflejo de la situación econó-mico-patrimonial y la ejecución presupuestaria del consor-cio y, en segundo lugar, comprobar que la gestión del con-sorcio se ha realizado conforme a la norma vigente, eva-luando el sometimiento de la gestión económico-finan-ciera a los principios de eficiencia y economía.

El período fiscalizado comprende desde el mes demayo de 1989, fecha en que se constituyó el consorcio,hasta el 11 de enero de 1994, en el que se acordó la distri-bución final del remanente líquido de tesorería.

El COM-92 tuvo naturaleza de entidad de Derecho pú-blico de carácter asociativo, dotada de personalidad jurí-dica propia e independiente de sus miembros, sujeta a lalegislación de régimen local, según lo previsto en sus pro-pios estatutos, aplicándole con carácter específico la Ley30/1990, de 27 de diciembre, de beneficios fiscales relati-vos a COM-92, que instrumentó una serie de incentivosfiscales de estímulo a la colaboración con el evento.

El régimen orgánico está regulado en los estatutos, atri-buyéndose las funciones de deliberación, decisión y ejecu-ción al comité de honor, la junta de gobierno, la comisiónejecutiva y director general.

El consorcio tuvo como finalidad la promoción, fo-mento y celebración de cuantas actividades y programasejecutaron las administraciones consorciadas con ocasiónde la celebración de la ciudad europea de la cultura, asícomo la realización de las actividades y programas que seacordaron con sus órganos de gobierno, plasmándose suactuación en la celebración de 406 actividades. Las activi-dades de la programación del COM-92 fueron financiadaspor el consorcio, pero no con carácter exclusivo, dada suparticipación, en régimen de copatrocinio, con otras insti-tuciones y entidades.

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CORTES GENERALES 30 DE SEPTIEMBRE DE 1997.–NÚM. 68

Ratificar la Ponencia encargada de informar la Declaración definitiva de la Cuenta General del Es-tado correspondiente al ejercicio de 1994 y el Informe anual del Tribunal de Cuentas referido al ejer-cicio de 1994. (Número de expediente Congreso 250/000003 y número de expediente Senado770/000003) ...................................................................................................................................................

Dictaminar, a la vista del informe emitido por la Ponencia, la Declaración definitiva de la Cuenta Ge-neral del Estado, correspondiente al ejercicio de 1994, y el Informe anual del Tribunal de Cuentasreferido al ejercicio de 1994. (Número de expediente Congreso 250/000003 y número de expedienteSenado 770/000003) ......................................................................................................................................

Propuestas de Resolución sobre los siguientes asuntos:

— Moción sobre los conceptos de sociedad estatal y empresa pública. (Número de expediente Con-greso 251/000016 y número de expediente Senado 773/000002) ........................................................

— Moción sobre diversos aspectos relativos a la rendición de cuentas en el sector público estatal y alcontenido y ámbito de la Cuenta General del Estado. (Número de expediente Congreso241/000017 y número de expediente Senado 773/000003) ..................................................................

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Los gastos totales del consorcio hasta el 31 de diciem-bre de 1993 sumaron más de 7.000 millones de pesetas,financiados con dos sorteos de la lotería nacional, en un43 por ciento del total; la aportación de las administra-ciones consorciadas, con un 28 por ciento; patrocinio deempresas privadas, un 23 por ciento, y solamente el 6 porciento con ventas, taquillaje y otros ingresos de explota-ción.

La realización de la fiscalización ha estado condicio-nada por algunas limitaciones, como son la falta de docu-mentación sobre algunos convenios y contratos y la faltade un registro adecuado de las certificaciones expedidas alos efectos de aplicación de los beneficios fiscales previs-tos en la Ley 30/1990, de 27 de diciembre. El resto del in-forme lo voy a centrar explicando las anomalías que se hanencontrado o que se puedan citar respecto a control in-terno, presupuestos y cuentas y contratación, con especialalusión a la gestión personal.

Control interno. Destaca la ausencia de normas internasreguladoras de las funciones de las distintas unidades degestión y de las competencias de los departamentos parahacer propuestas de gastos. Aunque los estatutos atribuyenla práctica totalidad de las funciones económico-adminis-trativas a la junta de gobierno del consorcio, éste delegógran parte de sus competencias en el resto de los órganos,observándose algunas irregularidades, como son: la faltade aprobación por parte de la junta de gobierno de la liqui-dación de los presupuestos y la contratación de personalpor parte del director general, fijando sus retribuciones porencima de los límites establecidos en las plantillas y apro-bación de adjudicación de contratos cuyas cuantías exce-dían de su límite competencial.

El COM-92 estuvo sujeto a la instrucción de contabili-dad de 4 de agosto de 1952, debiéndose aplicar para elejercicio del año 1992 y siguientes el sistema contable dela instrucción de contabilidad de la Administración local,regulada por Orden ministerial de 1990, que no ha sido uti-lizada. Además, se han observado deficiencias contables,como la no confección de libros obligatorios, siendo espe-cialmente significativa la falta de libros de arqueo y diariode intervención.

En el control de gasto, destaca una serie de anomalías,como son: la existencia de defectos formales en la tramita-ción de los expedientes, por ejemplo, falta de firma en laspropuestas de gasto, falta de firma del director general odel interventor en los documentos contables correspon-dientes; ausencia de determinación temporal de la realiza-ción del gasto, etcétera.

Por otro lado, no se han exigido las habituales garantíasa los adjudicatarios, como establece el artículo 73 del re-glamento de contratación de corporaciones locales. Estacircunstancia es especialmente relevante si tenemos encuenta que el consorcio anticipaba fondos a los organiza-dores.

Todas las adjudicaciones para la organización de pro-gramas se han realizado por contratación directa, sin con-currencia de ofertas y sin justificar, en gran parte de los su-puestos, la existencia de una única empresa capacitadapara el cumplimiento del objeto del contrato.

Igualmente, la convalidación de gastos, previamenterealizados sin consignación presupuestaria, ha sido reali-zada por la comisión ejecutiva y no por la junta de go-bierno, como corresponde. Gran parte de la actividad delCOM-92 se instrumentalizó por convenios con otras insti-tuciones, estableciéndose la ayuda financiera en funciónde un presupuesto previo, sin cláusulas de control sobre eldesarrollo de la actividad.

Por otra parte, en ningún caso se ha acreditado que laactividad subvencionada se haya realizado bajo las condi-ciones que originaron la concesión de la aportación econó-mica del consorcio.

Desde el lado de los ingresos, la intervención ha sidoúnicamente formal, de toma de razón de los ingresos en te-sorería y su contabilidad, ya que no ha existido ningúncontrol sobre el taquillaje de los distintos espectáculos ce-lebrados, a pesar de que estaba previsto en los conveniossuscritos. Tampoco se ha ejercido control sobre la recau-dación y liquidación de los bienes destinados a la venta,como artículos promocionales, libros, etcétera. Además,parte de las liquidaciones adjuntadas en los expedientes noestán conformadas por los responsables del COM-92.

Respecto a presupuestos y cuentas, debo indicar que lospresupuestos correspondientes a los ejercicios de 1990 y1991 se aprobaron con posterioridad a las fechas estableci-das en la normativa. Los principales defectos en las liqui-daciones presupuestarias fueron: deslizamiento de pagosordenados de un ejercicio a otro, exceso de los créditosconsignados para gastos de personal respecto a la valora-ción que figuraba en las plantillas, incorporación de crédi-tos correspondientes a gastos realizados en el ejercicio an-terior y aprobación de suplementos de crédito y créditosextraordinarios por responsable distinto al competente,siendo además parte de ellos innecesarios por ser insufi-cientes las consignaciones iniciales.

En el presupuesto de 1993, la junta de gobierno del con-sorcio, con el fin de efectuar la liquidación total del COM,acordó prorrogar los créditos para gastos del presupuestode 1992, sin que posteriormente se aprobara ningún presu-puesto definitivo. Por otra parte, la aprobación de los gas-tos del ejercicio de 1993 se produjo, simultáneamente, alreconocimiento de la obligación y ordenación del pago, in-dicándose además que la mayoría de compras de bienes yservicios correspondían a obligaciones comprometidas en1992.

En relación a los estados contables, el COM-92 no harendido ninguna de las cuentas exigibles en la Ley de Ha-ciendas Locales. No obstante, al inicio de la fiscalizaciónse entregaron las cuentas disponibles en ese momento, re-sultando que en los ejercicios de 1990 y 1991 no se forma-ron las cuentas de administración del patrimonio, las deVIAP y tesorería. En el apartado de tesorería, el consorciono ha formado las cuentas necesarias, ni llevado los librosexigibles. De las liquidaciones y registros efectuados en lafiscalización, resultan diferencias en las conciliaciones desaldos, con existencia de saldos en caja no soportados porlas correspondientes actas de arqueo.

Respecto a la contratación, debo indicar que se han fis-calizado 85 contratos, que son el 35 por ciento de los tota-

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les, por un importe de más de 1.600 millones de pesetas,que suponen prácticamente la mitad del importe total con-tratado.

El registro de contratos elaborado por el consorcio esincompleto. Además, el consorcio no celebró ningún con-trato de obras, a pesar de haber realizado reformas en susede, y los suministros y servicios necesarios para el man-tenimiento de su infraestructura fueron objeto de contrata-ción directa. Correspondía a la comisión ejecutiva aprobarlos gastos y adjudicar los contratos cuya cuantía excedierade 20 millones de pesetas. Sin embargo, la mayoría de lascontrataciones, con independencia de su cuantía, fueroniniciadas, aprobadas y adjudicadas por el director general,que actuó como único órgano de contratación. En ningúncaso la adjudicación de los contratos estuvo precedida delas actuaciones preparatorias exigibles, recurriendo elconsorcio en todos los casos a la adjudicación por contra-tación directa, lo cual limita la transparencia del procedi-miento y facilita la fijación de unos precios generalmentemás elevados que en régimen de concurrencia. En gene-ral, no se han documentado correctamente las recepcionesde los distintos servicios contratados y, además, en mu-chas ocasiones se han efectuado pagos con anterioridad ala prestación de los correspondientes servicios. Asi-mismo, se han prorrogado tácitamente contratos con in-crementos de precio sin tramitar el correspondiente expe-diente de modificación.

El consorcio COM-92 suscribió un importante númerode convenios de colaboración, en total 92, de los que sehan revisado los 29 de mayor importancia económica, quesuponen ayudas financieras por 1.167 millones de pesetas.Se advierte que en 23 de los 29 casos, y en una cuantía su-perior a los 960 millones, la actuación del COM-92 se halimitado a otorgar una ayuda finalista, sin exigir y docu-mentar que la actividad se haya desarrollado en las condi-ciones de su concesión.

En la gestión de personal, no se ha respetado el conte-nido de la Ley de medidas para la reforma de la Funciónpública, norma a la que estaba sometido el COM-92. Laaprobación de las plantillas anuales de personal se hizocomo anexos a los presupuestos de cada ejercicio. Lajunta de gobierno acordó formar la plantilla del consor-cio, preferentemente, con funcionarios procedentes de lasadministraciones consorciadas, corriendo a cargo delmismo los complementos que procedieran. Además, seseñaló que el personal tendría dedicación exclusiva. Sinembargo, se ha dado la compatibilización de los puestode secretario e interventor del consorcio con el puesto desecretario general del Ayuntamiento de Madrid e inter-ventor.

Además, en la práctica, otros funcionarios del Ayunta-miento de Madrid, que mantuvieron su situación de activoen la administración de origen, trabajaron para el consor-cio a tiempo completo. La contratación de personal laboralpor el consorcio fue efectuada en base al real decreto de fo-mento del empleo, formalizándose un total de 28 contra-tos, pero no en todos los casos se contrató a trabajadoresefectivamente desempleados, siendo significativo que, enalgunos casos, las fechas de inscripción en las oficinas de

empleo son del mismo día o posterior al que se formalizael contrato.

En el apartado de gastos de personal se señala la inexis-tencia de formalización documental del contrato del direc-tor general con el COM-92, lo que ha impedido conocerlas condiciones de su prestación de servicios. Se dan otrascircunstancias que afectan a las retribuciones efectivaspercibidas por el mismo: una gratificación por serviciosextraordinarios, una indemnización al finalizar su relaciónjurídica con el COM, que no ha quedado debidamente jus-tificada, y una retribución en especie por más de 9 millo-nes de pesetas.

Por otra parte, las retribuciones satisfechas por elCOM-92 a los funcionarios procedentes del Ayuntamientode Madrid contravienen lo dispuesto en el Real Decreto861/1986, de 25 de abril, ya que al permanecer en activoen el ayuntamiento siguieron percibiendo la totalidad desus retribuciones con cargo a éste, recibiendo del consor-cio un emolumento fijo en su cuantía y periódico en su de-vengo sin fundamento legal.

En resumen, la cuantificación del total de los pagos alpersonal, o relacionados con éste, que según el Tribunal deCuentas son improcedentes o se encontraban insuficiente-mente justificados, suma más de 120 millones de pesetas.

En el apartado de gastos en bienes corrientes y servi-cios, y más especialmente en gastos por atenciones proto-colarias y representativas, es significativo el fracciona-miento injustificado de una contratación de 29 millones depesetas, que permitió eludir la intervención de la comisiónejecutiva en la aprobación del crédito y elección de los ad-judicatarios.

Dentro del epígrafe de gastos de publicidad, en 1991 lacampaña publicitaria para la promoción del sorteo espe-cial de la lotería nacional, cuyos beneficios revertían alCOM-92, sumó más de 111 millones de pesetas, conclu-yéndose de su examen que los documentos del expedienteno responden a las actuaciones reales que dieron origen ala contraprestación, puesto que no hay constancia de la re-cepción del informe de creación y diseño de la campaña,de las maquetas, de la película publicitaria, etcétera, care-ciéndose de los certificados correspondientes de emisiónen una serie de facturas relativas a 36 pases publicitarios.

Se realizó un pago por el consorcio a una empresa depublicidad por facturas de una campaña publicitaria que nose corresponde con el plan aceptado por la comisión de se-guimiento del COM y que, además, no fue contratada porla entidad, pagándose por el consorcio, a pesar de ello, elimporte total de las facturas por 51 millones de pesetas, noestando conformada ninguna de ellas por responsables delCOM-92.

En el apartado de ingresos ha sido generalizado el des-control en su gestión, lo que ha minorado los ingresos ob-tenidos por taquillaje de conciertos, por ventas de artículospromocionales, libros, catálogos, etcétera, debido a la faltade inclusión de los rendimientos de algunas ventas y taqui-llajes cuyo efecto no ha podido ser cuantificado.

Destaca la pérdida del derecho de cobro de 6,5 millonesde pesetas, de ayuda procedente de la Comunidad Euro-pea, al no aportarse en tiempo la documentación requerida,

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así como la no liquidación en plazo del IVA correspon-diente, con pérdida de un posible derecho de cobro de 104millones de pesetas.

Disolución y liquidación del consorcio. La junta gene-ral acordó, el 7 de julio de 1993, la disolución de la entidady la constitución de la comisión liquidadora, de conformi-dad con el artículo 6.º de los estatutos, sin que a la fecha definalización de los trabajos de fiscalización se hubiera pro-ducido la liquidación definitiva, al estar pendiente deabono la subvención otorgada por el COM-92 al consorciopara rehabilitación de teatros de reciente constitución.

Como consecuencia del informe de fiscalización delCOM, el Tribunal de Cuentas realizó una serie de reco-mendaciones, que sustancialmente hacen referencia a lanecesidad de que la comisión liquidadora, como único ór-gano subsistente del consorcio, ejercite las acciones opor-tunas para que se exijan las responsabilidades administra-tivas derivadas de las irregularidades puestas de mani-fiesto en el informe. La comisión liquidadora debe aprobarla distribución del remanente de tesorería generado desde1993 por los ingresos financieros producidos por el saldode efectivos existente en cuenta corriente y elaborar la co-rrespondiente cuenta de liquidación.

Esto es lo que les quería explicar respecto al informe yquedo, como siempre, a su disposición.

El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora a los dife-rentes grupos parlamentarios fijar su posición, formularpreguntas o pedir aclaraciones respecto a la exposición queha hecho la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabrael diputado don Sergio Moreno Monrove.

El señor MORENO MONROVE: Ante todo, quierodar la bienvenida a la presidenta del Tribunal de Cuentas aesta nueva sesión, que va a ser larga por la cantidad de ex-pedientes que tenemos en el orden del día para su análisis.(El señor vicepresidente, Gimeno Marín, ocupa la pre-sidencia.)

En primer lugar, quiero decir que este informe de fisca-lización del Consorcio para la Organización de Madrid,Capital Europea de la Cultura 1992, que fue aprobado porel Pleno del Tribunal en diciembre de 1996, ya tuvo su de-bate político, aunque no en esta sede parlamentaria. Comoeran varias las administraciones afectadas, este asunto sedebatió en el Ayuntamiento de Madrid y tuvo su trascen-dencia en los medios de comunicación. Incluso hubo unPleno del Ayuntamiento de Madrid, de 30 de enero de1997, en el que los distintos grupos políticos tomaron po-sición. Desde mi punto de vista se hizo en esa sede muni-cipal por ser el alcalde de Madrid presidente de la comi-sión ejecutiva, que asumió gran parte del protagonismo deaquellos momentos y, por tanto, de la responsabilidad entodos los eventos.

Sin embargo, ahora estamos en sede parlamentaria, noshemos podido documentar de todo lo anterior y es aquídonde tenemos que efectuar nuestras valoraciones, a partirdel informe de fiscalización que ha realizado el Tribunalde Cuentas. Solicitud que, como ha dicho la presidenta,

fue realizada por esta Comisión Mixta y aprobada en elPleno del Tribunal de Cuentas el 29 de diciembre de 1994.

También me parece importante destacar que los objeti-vos de la fiscalización han sido —como es habitual en es-tos temas—, en primer lugar, verificar la fiabilidad de losdiferentes registros de operaciones, así como si los estadoscontables reflejan la situación, las variaciones económico-patrimoniales y la ejecución presupuestaria del consorciode manera adecuada.

En segundo lugar, comprobar que las actuaciones y lagestión del consorcio se han realizado conforme a la nor-mativa vigente, y, en tercer lugar, evaluar el sometimientode la gestión económica-financiera del consorcio a losprincipios de eficiencia y economía. Por tanto, es el análi-sis de estos objetivos lo que nos debe llevar a efectuarnuestras propias valoraciones a la luz de un informe tre-mendamente exhaustivo y completo, por el cual felicito ennombre de mi grupo al Tribunal de Cuentas y a su presi-denta.

También quiero destacar, antes de entrar en el centro demi intervención, las palabras que aparecen en el propio in-forme de fiscalización respecto de los elementos que hancondicionado la labor del Tribunal de Cuentas. En primerlugar, quiero destacar que hay un elemento especialmenteimportante, que es la disolución del consorcio y, en conse-cuencia, las dificultades de comunicación con los respon-sables de su gestión, la carencia en los archivos del con-sorcio de determinados expedientes, contratos y conveniosy la falta de contestación al consorcio de determinadas so-licitudes de documentación.

Los objetivos condicionados para su elaboración porestos elementos previos y completados por el régimen ju-rídico al que estaba sometido el consorcio de 1992 —quees el de ser una entidad de Derecho público sujeta a la le-gislación de régimen local y específicamente por Ley3/1990, de 27 de diciembre, de beneficios fiscales relativosa Madrid, Capital Europea de la Cultura de 1992— esta-blecen el marco en el que nos debemos mover para hacerla valoración del contenido del informe de fiscalización.

En función de ese régimen jurídico, en función de esosobjetivos y con los condicionantes expuestos por la propiapresidenta, los elementos son los que hacen actuar al Tri-bunal y, como conclusión, le llevan al desarrollo de las másde cien páginas de que se compone el mismo. Sin em-bargo, las alegaciones que presenta el presidente de la co-misión ejecutiva tienen una objeción a este marco, que esuna casi permanente negativa a decir que el régimen jurí-dico es el que establece el propio Tribunal.

Hay una discrepancia de fondo que se establece comohilo conductor de todo el desarrollo de las alegaciones y,por tanto, de los elementos que comparativamente va esta-bleciendo el Tribunal en su informe de fiscalización.

El máximo órgano del COM-92 es la junta de gobiernoy su comisión ejecutiva, ambas presididas por el actual al-calde de Madrid. Esta comisión ejecutiva es la que tienetodo el peso. Todo el peso de la gestión y todo el peso de loque acontece en este consorcio a lo largo de toda su vida.Y su movimiento económico, también como contexto ge-neral, es de 7.000 millones de pesetas. Por tanto, estamos

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hablando de unos objetivos, de unas condiciones previas,de un régimen jurídico, de una organización ejecutiva yadministrativa y de un montante económico que enmarcade manera definitiva lo que venimos a analizar.

Ha habido alegaciones sólo del presidente del comitéejecutivo, no de otras instancias a las que se les ha solici-tado, que están incorporadas al informe y, además, tenidasen cuenta por el Tribunal. Se desprende de todo el conjuntode alegaciones no tanto una réplica contraria a lo que ma-nifiesta el informe de fiscalización, sino una justificaciónde lo realizado por la existencia y dinámica propias de con-sorcio 92 y una discrepancia de fondo, como decía antes,sobre si el consorcio estaba sujeto o no a la ley y a las nor-mas sobre régimen local, sobre lo que una y otra vez insis-ten tanto el presidente del comité ejecutivo en sus alega-ciones como el Tribunal, en el informe de fiscalización, enposiciones contrarias. Y hay una especie de queja, tambiéncasi permanente, en las alegaciones, al no haber consti-tuido una sociedad anónima en vez de un consorcio. Laverdad es que en este punto concreto mi grupo se sor-prende porque probablemente en su momento hubo la op-ción de hacerlo, y no se puede alegar el régimen jurídico yla composición del consorcio para justificar un conjunto deineficiencias o irregularidades.

El informe lo hemos analizado con tranquilidad, es tre-mendamente exhaustivo, recorre uno a uno todos los ele-mentos que pueden componer un trabajo de esta naturalezay los capítulos dos al seis reflejan de manera minuciosa—y yo no voy a entrar en cada uno de sus elementos, aun-que la presidenta sí ha hecho referencia a varios de ellos—las deficiencias, las insuficiencias, las irregularidades y,sobre todo, las ausencias de control ajustado a normas le-gales en materia de organización, en materia de contabili-dad, en materia de presupuestos, de contratación, de gas-tos, de ingresos. Algunos de estos elementos son de menorenvergadura; otros, sin embargo, a nuestro criterio y a lavista del informe y alegaciones, de mayor calado, que que-remos dejar señalados en este momento, a efectos del«Diario de Sesiones», para resaltar lo que, a nuestro juicio,reviste mayor importancia.

En primer lugar, las actuaciones del director general porencima de sus límites competenciales. En segundo lugar, laausencia total de control sobre los ingresos producto de lasventas y taquillaje de actos. En tercer lugar, la ausencia to-tal del sistema de adjudicación por contratación pública ysin garantías legalmente exigibles en muchos casos. Encuarto lugar, la relación de acreedores a 31 de diciembre de1991 que, literalmente dice el Tribunal, ocultaba determi-nados pagos al director general, secretario general e inter-ventor general. En quinto lugar, la ausencia de contrato porescrito con el director general. En sexto lugar, la contrata-ción de personal laboral que se realizó al amparo del RealDecreto 84/1989, de 17 de octubre, de medidas de fomentodel empleo. Sin embargo, muchos de esos trabajadorescontratados al amparo de esa normativa no eran desemple-ados. En séptimo lugar, la no cumplimentación por partedel Ayuntamiento de Madrid de alguna de las solicitudesde información y documentación realizadas por el Tribu-nal en el período de fiscalización.

Se pueden poner muchos ejemplos que se desgranan alo largo de todo el informe de fiscalización, pero todosellos coinciden, según el criterio de nuestro grupo, con al-guno de los conceptos de fondo que nosotros también he-mos tratado de destacar y que la presidenta lo ha hecho demanera exhaustiva.

Para nuestro grupo también es importante poner de ma-nifiesto que la liquidación de los presupuestos representarazonablemente la ejecución de los mismos, como indicaliteralmente el informe de fiscalización. Dicho informe yafue objeto, como decía al principio, de un debate políticoen el seno del Ayuntamiento de Madrid, que ejerció lasmáximas responsabilidades. No obstante, es ahora, en estasede parlamentaria, donde se deben analizar y, finalmente,proponer aquellas resoluciones que, a la vista del informey sus conclusiones, nos hagan cumplir con la obligación deesta Comisión Mixta. Normalmente, en cada informe defiscalización solemos proponer medidas que vengan a me-jorar los controles existentes, que vengan a subsanar lasdeficiencias encontradas, que vengan a garantizar el cum-plimiento de las normas vigentes, pero en este caso el con-sorcio finalizó su vida, finalizó su tarea, finalizó su obra ysólo queda la comisión liquidadora. En consecuencia, te-nemos una cierta dificultad, como también ha puesto demanifiesto la presidenta, para proceder en los mismos tér-minos en que lo haríamos en caso de ser una instituciónque tuviera vida activa en este momento.

Por tanto, quedan tres tipos de propuestas, más allá deljuicio político que merece el conjunto del informe: las quepuedan solucionar reclamaciones, estando al final de lavida del consorcio; las que permitan ejecutar los posiblesremanentes y las que tengan relación con responsabilida-des administrativas. Este tipo de responsabilidades, distin-tas de las contables y de las penales, se refieren a las quepueden ser exigidas por las administraciones públicas a susautoridades y demás personal a su servicio por los daños yperjuicios causados a sus bienes y derechos por una actua-ción dolosa, culposa o negligente de los mismos. Su regu-lación jurídica actual se encuentra en la Ley de régimen ju-rídico de las administraciones públicas y del procedi-miento administrativo común.

Señora presidenta, en este tema concreto mi grupo qui-siera que nos explicara cómo se articula la exigencia deresponsabilidad de una comisión liquidadora y, sobre todo,quisiéramos conocer, con el mayor grado de concreciónposible, si ha habido o hay algún estudio específico en re-lación con este informe que pudiera dar lugar a la exigen-cia de este tipo de actuaciones a fin de formar criterio a lahora de presentar resoluciones en la próxima sesión de estaComisión Mixta.

Finalmente, queremos decir que nuestro grupo está deacuerdo con el contenido del informe de fiscalización. Nosparece extraordinariamente profundo y acertado. Portanto, nuestro grupo está de acuerdo con las conclusiones alas que llega el Tribunal, que en casi todos los casos surgencomo consecuencia de la no aplicación de la normativa vi-gente por parte del consorcio.

Consecuentemente, nuestras propuestas de resoluciónestarán en la línea de lo que recomienda el Tribunal, ha-

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ciendo hincapié en la recomendación primera, que es deotra naturaleza y que para su más concreta evaluación migrupo ha solicitado y reitera en este momento las aclara-ciones oportunas a la señora presidenta.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por elGrupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Carreratiene la palabra.

El señor CARRERA I COMES: En primer lugar, ennombre del Grupo Parlamentario Catalán quiero saludar ala señora presidenta y darle las gracias por su comparecen-cia en esta Comisión.

El informe que ha sometido la señora presidenta a laconsideración de la Comisión lo dice todo y casi nos evita-ría añadir cualquier otro comentario. Es extenso, explícito yaltamente preocupante. Yo diría que las conclusiones y re-comendaciones que hace son demoledoras. Además, no so-lamente son demoledoras, sino que desde el punto de vistade Administración pública son preocupantes, porque lasirregularidades son varias, importantes y graves, tanto que,sin duda, el propio Tribunal de Cuentas insta a que se ejer-citen las responsabilidades administrativas. Todo ello, portanto, es altamente significativo, porque, al margen de laslimitaciones encontradas para una buena fiscalización, elTribunal reseña y justifica 28 conclusiones, que son mu-chas, que abarcan desde el sistema de control interno alcumplimiento de la legalidad, pasando por la gestión depersonal y la liquidación de los presupuestos, terminandocon tres recomendaciones. No creemos que la función deesta Comisión Mixta sea reproducir el contenido de todoello, sino analizar lo que expone a nuestra consideración,aunque a uno le entre la tentación de hacerlo porque, conello, se visualiza con claridad el cúmulo de cosas mal he-chas, que además son graves, como decía antes. No obs-tante, remarcaría tres o cuatro: asumir competencias que nocorresponden o sobrepasar las mismas; descontrol de lagestión, incluso con la pérdida de subvenciones; nula ren-dición de cuentas con ocultación de pagos efectuados alequipo directivo; endoso de contrato de arrendamiento per-sonal y todo tipo de contratación sin ajustarse en absoluto alas normas legales. Si antes decía que todo ello era alta-mente significativo, también es altamente demostrativo.

Apoyamos sin reservas el informe del Tribunal deCuentas y, en concreto, las tres recomendaciones del finaldel mismo, que son las responsabilidades administrativas,la atención a la posible reclamación contencioso-adminis-trativa y la aprobación de la distribución del remanente detesorería.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por elGrupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senadorLuis María Huete.

El señor HUETE MORILLO: Con la venia, señoras yseñores diputados y senadores; gracias, señora presidenta,por su comparecencia.

Es para mí un honor poder asumir esta tarde, en ciertaforma, el papel de aclarar algunos conceptos, presuntas

—repito, presuntas— anomalías, no en términos condena-torios. Vamos a dar una visión política y no contable de loshechos del COM-92.

En primer lugar, es prudente hacer un análisis objetivode aquel consorcio. Es lógico y prudente respetar los infor-mes del Tribunal de Cuentas, incluso felicitar a su presi-denta, como lo ha hecho el Partido Socialista, pero igual-mente es lógico y sensato respetar las alegaciones oficialesdel presidente del consorcio y las de los técnicos afectados,que constan en el expediente que nos ocupa y que fueronevacuadas en fecha 26 de mayo de 1997, por tanto, conprioridad a la aprobación definitiva del informe del Tribu-nal de Cuentas.

También es importante —aquí se ha dicho— queSS. SS., antes de las resoluciones, estudien, vean y anali-cen el acta del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, cele-brado —se ha citado— el 30 de enero de 1997. Ahí cons-tan las explicaciones del actual concejal de Hacienda, se-ñor Bujidos, anteriormente consejero del propio Tribunalde Cuentas. Es, por tanto, un experto en la materia y susobservaciones son también demoledoras, pero vistas desdeel lado contrario. Somos humanos y todos, incluidos lospolíticos y los miembros del Tribunal, nos podemos equi-vocar en nuestras observaciones por exceso de subjeti-vismo. Me viene a la memoria una frase muy reciente delprofesor don Julián Marías, que dice que hay que estar per-suadidos de que no se tiene nunca —repito, nunca— todala razón, que los demás tienen alguna y hay que dársela.Con este talante de diálogo abierto, voy a intentar aclararalgunos de los puntos mencionados del informe.

En primer lugar, estamos ante un tema absolutamentetécnico. Se discute cuáles son las normas jurídicas aplica-bles a este consorcio. Está claro que sus fundadores, el 4 demayo de 1989, aprobaron su estatuto fundacional. Eran elentonces alcalde de Madrid, mi buen amigo don Juan Ba-rranco, también senador y aquí presente; el presidente de laComunidad señor Leguina, y el ministro de Cultura deaquella época, señor Semprún. Ésta es la Ley del Consor-cio. Que fuera completa o incompleta, que fuera buena omala, es otro tema, pero se cumplió, se pactó y se observóen todo momento la ley fundacional, que es la Ley delConsorcio. Ésta es la verdad real, que puede ser distinta dela verdad contable.

Quería señalar también que todos los acuerdos del con-sorcio se tomaron por unanimidad. El COM, como se hadicho por la señora presidenta y por los intervinientes, eraun consorcio de las tres administraciones. Por parte delMinisterio de Cultura estaba el señor Semprún, después elseñor Solé Tura y, al final, ya en la liquidación, la señoraAlborch; por la autonomía, el señor Leguina; y por la Ad-ministración local, en un principio y durante pocos meses,el señor Barranco, después don Agustín Rodríguez Saha-gún, que en paz descanse, y más tarde Álvarez del Man-zano.

Este consorcio contaba con tres órganos colegiados,aparte de la junta de honor a la que, como es lógico, sedaba cuenta solamente de las grandes actuaciones. Comoórganos rectores, la junta de gobierno, el comité ejecutivoy la llamada comisión de seguimiento. Durante todos los

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años, en las actas de las sesiones de estos tres organismos,a las que asistían el señor interventor y el señor secretariode los cuerpos nacionales de Administración local, noconsta ningún voto particular, ningún voto reservado, nin-gún voto en contra, ninguna impugnación ni ninguna ad-vertencia de ilegalidad. A mi modo de ver, es difícil obte-ner tal grado de consenso y de diálogo si fueran ciertas ytan graves las anomalías que aquí se han denunciado. Portanto, no es posible que hubiera tanta picardía en los fun-cionarios y que los representantes políticos estuvieransiempre tan ciegos. Eso no encaja.

También quiero aclarar que había una representaciónpolítica plural. En los tres órganos colegiados de carácterdirectivo que se han reseñado, había representación delPartido Socialista Obrero Español, de Izquierda Unida ydel Partido Popular, y este último era minoritario en todoslos órganos. Repasen ustedes —aquí lo he traído por si al-gunos no tienen memoria— los que formaron parte delconsorcio en todos sus organismos y, en todos, el PartidoPopular y el Ayuntamiento de Madrid eran minoritarios.En aquella época —lo quiero decir en beneficio de loscompañeros del Ministerio de Cultura y de la autonomíade Madrid— siempre se actuó en positivo, no había adver-sarios políticos, no había adversarios ideológicos, habíaafán de acertar. Ésa es la realidad del COM-92. Se de-muestra por la prensa de aquella época cómo se actuósiempre por consenso de las tres administraciones, dos delas cuales estaban en manos distintas al Partido Popular.

Había personal cualificado al servicio del consorcio,con lo cual no se entiende que hubiera este mare mágnumde anomalías cuando había personas tan cualificadas. Eldirector general del consorcio, hombre experto, fue nom-brado directamente por el ministro de Cultura y, duranteaquellos años, nunca se pidió su remoción. Además, comose ha dicho, estaba asistido por el secretario general delpropio Ayuntamiento y el interventor general, ambos fun-cionarios de la Administración local. Había también otrosfuncionarios técnicos, TAG, de los cuerpos de la Adminis-tración general. Por tanto, había unos medios humanosadecuados.

En segundo lugar, quiero aclarar que había un compro-miso conjunto de las tres administraciones. Al analizar elCOM-92 no se está juzgando exclusivamente al Ayunta-miento de Madrid, como parece del trasfondo; era, comose ha dicho, un consorcio con el Ministerio de Cultura y lacomunidad autónoma, siendo la Administración local mi-noritaria en el conjunto de los órganos colegiados. La glo-ria o el desprestigio del COM es para todos, no es parauno. Ésta es la pura realidad de los años 1992, 1993 y 1994y la preparación, todavía en vida, de don Agustín Rodrí-guez Sahagún.

También quisiera señalar la ausencia de reclamacionesdurante estos años. Durante la vigencia del COM-92, pe-ríodo de liquidación y años posteriores hasta la filtración ala prensa de algunos informecillos en articulillos en enero,no se han producido reclamaciones sindicales o laborales opolémicas públicas sobre irregularidades en las contrata-ciones, funcionamiento y actuaciones; tampoco se han pre-sentado por partidos políticos, en años anteriores, iniciati-

vas parlamentarias en el Congreso, en el Senado, en laAsamblea de Madrid o en el propio Ayuntamiento, exi-giendo responsabilidades o denunciando anomalías. No esposible tanta anomalía y tanto silencio. Algo no cuadra, se-ñorías. Aquella paz que hubo entonces es la paz que debehaber ahora para analizar las cosas. Aceptamos, como eslógico, las posibles anomalías o pequeñas irregularidades,pero nunca el cúmulo de errores, fracasos o desconoci-miento absoluto de la legalidad vigente.

Quería destacar, como es lógico, la eficacia de las ac-tuaciones. La liquidación final arrojó un superávit superiora los 27 millones de pesetas, cifra que no se ha rebatido,por lo que no se ha producido un quebranto de los cauda-les públicos. Primer punto, no ha habido quebranto de loscaudales públicos.

Segundo punto. La previsión de ingresos, cifrada en6.700 millones de pesetas, dio como resultado una recau-dación líquida de 7.900, lo que supuso un aumento del 17por ciento sobre lo presupuestado, cifra tampoco puesta enduda por el Tribunal de Cuentas.

El control de la tesorería quedó asegurado con la lle-vanza de los libros de caja y banco, resguardo de talonesbancarios, extracto de cuentas corrientes y registro demandamientos de pago a justificar, así como la conside-ración de saldos periódicos y los estados de tesorería delas liquidaciones anuales. Además, se elaboraron y con-trolaron los siguientes libros y registros, y se ha dichoaquí que faltaban libros. Estaba el libro registro generalde contabilidad, el registro de expedientes, el libro gene-ral de gastos, el libro-registro de ingresos, el libro de re-tenciones del IRPF, el libro de fianzas y depósitos y losestados de ejecución mensuales. Hubo, a juicio del señorinterventor general del Ayuntamiento de Madrid, la ob-servancia normal de todas las normas contables que seusa en estos consorcios o, como dice el código, de unbuen comerciante.

Conviene que todos tengamos presente la singularidadde las actividades oficiales del campo cultural. Se ha di-cho que no hay concurrencia de ofertas. Yo nunca he visto—y pongo el ejemplo— que para una corrida de toros dela Beneficencia de haga una concurrencia de ofertas, se-ñorías. El mundo cultural es distinto, y así es aceptado.Los plazos administrativos de los concursos, concurrenciade ofertas y demás especificaciones normativas se adap-tan siempre por todas las administraciones —repito, siem-pre por todas las administraciones— a las exigencias rea-les del mundo del espectáculo, sin que ello suponga deso-bediencia civil, ya que los órganos colegiados o los cargosdirectivos con poderes oficiales subsanan con su aproba-ción las aparentes anomalías. En ningún caso se compro-metieron gastos o se ordenaron pagos sin crédito sufi-ciente, aunque puedan existir disfunciones en la dinámicade gastos y de impago, ni tampoco se efectuaron pagos in-debidos. Todo ello bajo el prisma de la celeridad del ám-bito de la cultura, circunstancia que se debe tener siemprepresente.

Se ha hablado de presuntas anomalías. Yo doy por re-producidas, para no alargar más mi intervención, las alega-ciones que hicieron los propios afectados que he dicho al

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principio, en enero de este año. Sobre el caso del señor Ló-pez de Osaba, quisiera llamar la atención respecto a quepuede ser más bien un problema fiscal personal, no del Tri-bunal de Cuentas, ya que la retribución en especie es otrotema que no entra en las competencias del Tribunal deCuentas. También está el asunto de los funcionarios muni-cipales. En todos los casos se formalizó el oportuno expe-diente. Hay el expediente administrativo corriente. Nohubo, por tanto, ocultación de datos. Son, por consi-guiente, posibles anomalías de carácter menor.

Se ha hablado de la subvención europea. Se negó lasubvención, el resto de seis millones y medio de pesetas,porque la Unión Europea solamente subvencionaba losfestivales deficitarios, y éste no era el caso del COM-92.No se diga que se perdió porque no se podía solicitar esacantidad pues el COM-92 no era deficitario. En cuanto ala liquidación del IVA, el único beneficiario era el Es-tado. Por lo tanto, no ha habido perjuicio, no ha habidoterceros.

Yo quiero aclarar —respeto y estoy conforme con la ac-tuación del Tribunal de Cuentas, salvedad hecha de misobservaciones— que el Tribunal de Cuentas, como má-ximo órgano fiscalizador, hace tres labores diferenciales:primero, control de eficacia, es decir, si se cumplen los ob-jetivos. En este aspecto, no hay ninguna advertencia contrael COM-92. Segundo, control de eficiencia, es decir, aná-lisis de los medios y fines. Tampoco hay advertencias delTribunal. Y, tercero, control de legalidad. Tampoco se haabierto ninguna investigación especial, puesto que paraque se puedan exigir responsabilidades contables es pre-ciso infracción de ley —que no ha habido—, menoscabode caudales públicos —que no se ha discutido en la liqui-dación—, relación causal entre infracción y daño y con-ducta dolosa, culposa o negligencia grave. En el COM-92no se dan estas circunstancias. El COM realizó, como se hadicho, 78 programas genéricos, 406 actividades, 18 certá-menes, 248 conciertos, 109 escenografías, 406 proyeccio-nes, 27 exposiciones y 58 obras editadas. Ésta es la laborfísica del COM-92. Y todo esto en un período tan reducidode tiempo.

Hay que tener siempre presente la presunción de legali-dad. Se han hecho afirmaciones graves por mis compañe-ros los señores diputados o senadores respecto al COM-92.Hay que tener claro que se trata de una presunción de le-galidad. Lo que hoy estamos estudiando no es definitivo yaque, a tenor de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas,cabe el recurso ante la Sala del Tribunal y, en su caso, lacasación ante el Tribunal Supremo. Además, nosotros te-nemos que hacer nuestras resoluciones.

Sin que nadie me haya dado este mandato, en nombrede las tres administraciones que en aquellos años actuarony en nombre del Partido Popular, quiero aceptar con todorespeto las posibles anomalías, errores o defectos pura-mente formales, pero denegar absolutamente cualquier in-sinuación de defraudación o abuso por dolo, culpa o negli-gencia. Y vuelvo a repetir que hablo en nombre de las tresadministraciones, de las cuales solamente una estaba enpoder del Partido Popular.

Nada más.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Tienela palabra para contestar, si así lo estima oportuno, la pre-sidenta del Tribunal.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): Al señor Moreno, portavozdel PSOE, quiero responderle brevemente. Me ha hechoalguna pregunta que no le puedo contestar dado que la res-ponsabilidad administrativa sobre la que me pregunta sólocompete a las administraciones públicas responsables. Eneste caso son el Ayuntamiento de Madrid, la ComunidadAutónoma de Madrid y el Ministerio de Cultura, que sonlos consorciados, como muy bien acaba de indicar el señorHuete. Sobre este tipo de responsabilidades, el Tribunal deCuentas no tiene ninguna competencia. Se limita a ponerlode manifiesto en el informe para que estas administracio-nes, si lo creen conveniente, actúen. Por lo tanto, no pode-mos hacer otra cosa que manifestarlo. Al Tribunal deCuentas le corresponden las responsabilidades contables,que no son de carácter administrativo. Y sobre esto sí debodecir —y en parte es una respuesta al señor Huete— queen el mes de abril se ha abierto una pieza separada, queestá en funcionamiento, con el contenido de algunas cues-tiones referidas sobre todo a retribuciones y a un pago quese hizo a una ONG por un concierto que no se llegó a cele-brar, etcétera. Eso está recogido y el tipo de responsabili-dades, como muy bien se ha dicho aquí, las tendrá que verel consejero de enjuiciamiento correspondiente, lo tendráque ver la Sala y lo tendrá que ver, si llega a apelación, elTribunal Supremo, que es donde terminan los procedi-mientos jurisdiccionales del Tribunal. No tengo más quedecir en ese sentido.

El señor Carrera no me ha hecho ninguna consideracióny agradezco su intervención. Al señor Huete tengo que de-cirle que tengo mucho gusto en conocerle porque había ha-blado con él en otra ocasión debido a un informe anteriorque resolvimos mucho más agradable y amistosamente,dado que en la fiscalización que yo me encontré en su díadel Ayuntamiento de Madrid había algunos temas pendien-tes que pudimos resolver de mutuo acuerdo y sin llegar aningún enfrentamiento o discordia.

Señor Huete, quiero decirle con todo afecto que llevopresentando muchos informes en esta Comisión Mixta yque me duele, porque es la primera vez que se nos dice queel Tribunal de Cuentas se ha debido equivocar al realizar elinforme. Hoy —y creo que llevo presentados unos cuantosinformes— es la primera vez que nos dicen que el informeestá mal porque el Tribunal lo ha hecho mal. Lo lamentoprofundamente, porque esto es como apuntar contra elmensajero. Añade que está conforme con la actuación delTribunal de Cuentas. Creo que comete una contradicción.Si cree que la responsabilidad es de un consorcio en el cualhabía tres administraciones, no hay ninguna duda. Noso-tros nunca hemos apuntado a un lugar concreto, ni muchí-simo menos. Siento que a estas alturas de mi permanenciaen la Presidencia del Tribunal de Cuentas —el Tribunal deCuentas ha hecho el informe a petición de la ComisiónMixta y no por iniciativa propia—, por primera vez se nosdiga que el Tribunal lo ha hecho mal porque el informe no

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gusta. Lo lamento, de verdad, y se lo digo con todo afecto,porque todas las referencias que tengo respecto al señorHuete son extraordinariamente positivas. (Varios señoresdiputados y senadores piden la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Veomuchas manos levantadas y no sé para qué piden la pala-bra. Si es para alguna cuestión de orden, la otorgaré; si espara pedir la palabra, no la daré.

El señor HUETE MORILLO. Para alusión directa. SiS. S. me da la palabra, encantado.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): No ledaría la palabra, pero la señora presidenta me pide que sela conceda. Así pues, se la doy pero le ruego que sea breve.

El señor HUETE MORILLO: Yo también tengo lasmejores referencias suyas, por lo que no debe ver en mispalabras ningún enfrentamiento; sí acaloramiento.

Únicamente me va a permitir que le diga que nadie esinfalible. Yo no he querido implicar...

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): SeñorHuete, volvemos a incidir en el debate y entonces no re-solvemos el problema.

El señor HUETE MORILLO: Quiero decir, para quequede claro, que nunca he querido criticar a la señora pre-sidenta. Únicamente deseo añadir que la vida es así y quetodos podemos cometer equivocaciones. Soy respetuosocon la señora presidenta y quiero manifestarle mis mejoresafectos puesto que hemos tenido trato desde antiguo.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Paracerrar el debate, tiene la palabra la señora presidenta.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): Brevísimamente. Nunca mesiento aludida a nivel personal, sino de la institución a laque represento.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín):Quiero recordarles a SS. SS. varias cosas. Primera, que escriterio de esta Cámara que se desconecten los teléfonosmóviles, así que comuníquenselo a la compañera cuandovuelva. Ni siquiera es criterio del presidente de esta Comi-sión en estos momentos, sino del señor Presidente de laCámara. Segunda, quería recordar a todos los grupos quelas sesiones en las que se producen las intervenciones de lapresidenta del Tribunal de Cuentas y los informes de fisca-lización tienen como objetivo fundamentalmente clarificarlos informes para que, en este caso, la presidenta del Tri-bunal de Cuentas pueda producir esas aclaraciones. Lodigo porque, con un criterio muy amplio, como siempre, sedejan intervenciones enormemente abiertas en el tiempo.Les recordaría, si fuera posible, que vayamos ya delimi-tando los tiempos para cumplir los objetivos que tienen es-tas comparecencias.

— INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EM-PRESA NACIONAL DEL URANIO, S. A.(ENUSA), EJERCICIO 1993. (Número de expe-diente del Congreso 251/000040 y número de expe-diente del Senado 771/000038.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Pasa-mos al siguiente punto del orden del día y le damos la pa-labra a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas paraque exponga el informe de fiscalización de la Empresa Na-cional de Uranio, S. A. (Enusa), ejercicio 1993.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): La fiscalización del área deexistencias de la Empresa Nacional de Uranio, S. A.(Enusa), se ha realizado a iniciativa del Tribunal. Enusa esuna sociedad estatal de las comprendidas en el artículo 6.1del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. En1969 se encomendó al Instituto Nacional de Industria sucreación y la escritura pública de constitución se otorgó enabril del año 1972. A 31 de diciembre de 1993, el capitalsocial de Enusa era de 10.000 millones de pesetas, partici-pando Teneo, S. A., con un 60 por ciento y el Centro de In-vestigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológi-cas, organismo autónomo del Ministerio de Industria yEnergía, con el 40 por ciento restante.

Los objetivos fijados para la fiscalización han sido lossiguientes: analizar las operaciones y contratos de comprade mineral y adquisición de servicios de conversión y enri-quecimiento concertados en 1993 o con vigencia en dichoaño; verificar la realidad de las existencias contabilizadasa 31 de diciembre de los ejercicios 1992 y 1993; el que és-tas se ajustaran a las disposiciones en vigor; comprobarque la valoración de las existencias, al 31 de diciembre de1993, es conforme con las normas y con los principios decontabilidad generalmente aceptados, y, finalmente, elanálisis de la gestión de existencias.

El alcance temporal es el ejercicio de 1993, sin perjui-cio de la extensión de las comprobaciones a ejercicios an-teriores o posteriores cuando se ha considerado preciso.No se han presentado limitaciones en las comprobacionesrealizadas. El valor registrado de las existencias de Enusaera de 45.247 millones de pesetas al finalizar el ejercicio1992 y de 37.333 millones al finalizar el año 1993. En esteúltimo ejercicio, las existencias finales desglosadas por ac-tividades correspondían, en su mayor parte, al stock bá-sico, más de 25.000 millones, seguidas por las relativas ala actividad de aprovisionamiento, 8.854 millones.

Las principales conclusiones a las que ha llegado la fis-calización son las siguientes. Respecto al control interno,al cumplimiento de la legalidad aplicable, al registro y a lavaloración de las existencias por Enusa, las conclusionesson, en primer lugar, que, en términos generales, los pro-cedimientos de control interno aplicados por Enusa en lagestión de sus existencias pueden considerarse correctos.No obstante, se han apreciado insuficiencias en las normasy procedimientos recogidos en el manual de control in-terno de la sociedad. No parece justificada la amplitud depoderes solidarios otorgados al presidente y a los directo-

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res de las distintas divisiones para la contratación de sumi-nistro de uranio y de venta de elementos combustibles.

En segundo lugar, respecto a los contratos de suminis-tro de los distintos componentes del uranio que estaban envigor en 1993, se ha comprobado que, en general, se hancumplido las normas de legalidad aplicables.

En tercer lugar, respecto al registro de existencias, se haconfirmado la realidad de las unidades físicas que integra-ban las existencias de Enusa a 31 de diciembre de 1993.

En cuarto lugar, respecto al valor registrado de las exis-tencias, a 31 de diciembre de 1993, se concluye en el in-forme que puede suponerse de forma razonable que elstock básico está sobrevalorado, sin que podamos realizarla cuantificación por las razones que se exponen en el in-forme, como también están sobrevaloradas, por un importede 1.268 millones de pesetas, las existencias de la activi-dad de aprovisionamiento. Por el contrario, se encuentraninfravaloradas las relativas a la actividad de la minería ylas de la actividad de fabricación de elementos combusti-bles, por 91 y 76 millones respectivamente.

Por otra parte Enusa no informa en la memoria del ejer-cicio 1993 de un beneficio potencial de aproximadamente436 millones de pesetas, obtenido como consecuencia delo previsto en los contratos de fabricación de elementoscombustibles.

También se señala en el informe que Enusa contabilizael stock básico de uranio como materia prima, cuando enrealidad es un inmovilizado, ya que constituye un stockpermanente cuya composición no varía y su finalidad no esla venta. El Tribunal indica que procedería la oportuna rec-tificación.

El segundo objetivo es el análisis de la gestión queEnusa realiza de sus existencias. Respecto a esta parte, lasconclusiones son las siguientes. En primer lugar, la gestióndel stock básico está controlada por la comisión de segui-miento y vigilancia de dicho stock, dejando a Enusa unmargen de maniobra muy limitado. Destaca la transforma-ción realizada de la parte del stock básico localizada en elextranjero, que se ha hecho de stock físico a contable. Esuna transformación que el Tribunal califica de adecuada ysin deficiencias.

En segundo lugar, la gestión de la actividad minera ge-neró, en el ejercicio 1993, unas pérdidas de explotación demás de 1.300 millones de pesetas como consecuencia delcomienzo de la actividad de la planta Quercus, de produc-ción de concentrado de uranio, cuyo coste de producciónresultó ser superior al precio Euratom, lo que llevó a in-frautilizar la planta y a proceder a su amortización acele-rada. Por tanto, se puede concluir que la decisión de cons-truir esa planta, según un plan de viabilidad, resultó erró-nea pues ha influido en que la actividad minera de Enusasea deficitaria.

En tercer lugar, la gestión de aprovisionamiento estácondicionada por las peculiaridades del mercado de uranioy sometida a una estricta regulación y control. Aunque nose han detectado deficiencias importantes en el período fis-calizado, los resultados de la gestión se han visto afectadospor la existencia de ciertos contratos de suministro concer-tados con Enusa a largo plazo, en el marco de las previsio-

nes de necesidades de uranio contenidas en los planesenergéticos nacionales. Como consecuencia de estos con-tratos, los precios medios satisfechos durante el ejerciciode 1993 en las compras de los componentes del uranio en-riquecido han sido superiores a los precios medios de lasnuevas operaciones concertadas en dicho ejercicio.

En cuarto lugar, la actividad de fabricación de elemen-tos combustibles de Enusa se encontraba en 1993 en plenafase de expansión y búsqueda de nuevos mercados. Estaactividad de fabricación de elementos combustibles re-portó a Enusa unos beneficios de explotación de más de1.250 millones de pesetas. El sistema de costes aplicadospor la empresa en esta actividad, con las salvedades que serecogen en el informe, se considera adecuado para recogerel coste total de cada elemento combustible.

Además de los resultados de fiscalización, que les heexpuesto brevemente, el informe recoge una serie de reco-mendaciones tendentes a la mejora de la gestión de la so-ciedad, entre las que destaca las que se refieren al sistemade control interno de la empresa.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por elGrupo Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Quiero darle lasgracias por su comparecencia, señora presidenta del Tribu-nal de Cuentas. La felicitamos por el exhaustivo informeque ha presentado sobre la Empresa Nacional de Uranio—Enusa.

El Grupo Socialista ha examinado y analizado el in-forme que emitió el Tribunal de Cuentas el pasado día 20de marzo de 1997, correspondiente al ejercicio de 1993, ycreemos que es preciso acentuar la valoración global posi-tiva y correcta que nos merecen los distintos aspectos ana-lizados y fiscalizados. A ello tenemos que añadir una tra-yectoria clara y nítida de esta sociedad estatal, tendente a irmejorando y solucionando cuestiones que no estaban re-sueltas con pleno acierto, como las que ha indicado referi-das al manual de normas y al procedimiento de la sociedado a los apoderamientos, pero que quizá tienen un carácterde orden menor en relación a la trayectoria de esta socie-dad estatal, que, como digo, es clara y nítida. Digo estopara que aspectos que pudieran ser más secundarios nodesvirtúen esta apreciación global positiva y correcta queha hecho el Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización deesta empresa pública.

De igual manera, quiero señalar que, a nuestro enten-der, se debe calificar de favorable el análisis del cumpli-miento de la legalidad y de la normativa aplicable, aunque,para ser precisos, hay que señalar que se han observado pe-queñas deficiencias y errores en dos contratos de suminis-tro de servicios contenidos en el propio informe del Tribu-nal de Cuentas y que el Grupo Parlamentario Socialista es-tima que están suficientemente aclarados en las alegacio-nes que efectúa la empresa.

Por otra parte, siguiendo la propia estructura del in-forme y en relación al sistema de control, quiero añadirque consideramos satisfactorio el establecido por la em-presa, aunque la insuficiencia de normas y procedimientos

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referidos a la existencia de la sociedad y recogidos en sumanual de control interno hubiera podido dar lugar a defi-ciencia en la gestión de la misma, fundamentalmente en elsistema de apoderamientos, que concedía poderes solida-rios de contratación ilimitados al presidente de Enusa y alos directores de las distintas divisiones, por lo que nos pa-rece justificada y acertada la recomendación del propioTribunal de Cuentas de revisar el sistema de apodera-miento.

En relación al análisis de compra del ejercicio de 1993,quiero señalar que efectivamente se realizaron compraspor valor de 14.837 millones de pesetas, lo que ha puestode manifiesto que estas compras han estado debidamentesoportadas y documentadas, habiéndose seleccionadopara su verificación un alto porcentaje de expedientes decompra, por lo que consideramos debidamente probadoque estaban debidamente documentadas y soportadas.Quiero destacar que el control referido a la verificaciónreal de las unidades físicas que integraban las existenciascontabilizadas a 31 de diciembre de 1993 también han re-sultado conformes, destacándose que el valor registradode Enusa ascendía a la importante cifra de 37.733 millo-nes de pesetas, como acaba de indicar la señora presidentadel Tribunal.

Por último, respecto a la gestión de las existencias,quiero señalar que en este ejercicio de 1993 difiere consi-derablemente según la actividad de la que se trate: minería,aprovisionamiento, ingeniería y fabricación de alimentos.A título de ejemplo diré que, mientras que la actividad deminería de Enusa fue deficitaria como consecuencia de ladecisión de constituir la planta de uranio concentradoQuercus, la gestión de aprovisionamiento y fabricación re-portó a esta empresa estatal unos beneficios de explotaciónmuy importantes, de 1.256 millones de pesetas.

Esto es lo que consideramos más importante del in-forme de fiscalización del Tribunal, sin que tengamos queplantear a la presidenta del Tribunal ninguna cuestión,salvo agradecerle las recomendaciones que se efectúan yque, según parece, ya son seguidas por Enusa.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Noestá el señor Carrera. Si no tiene inconveniente el GrupoPopular en caso de que se incorporara, le concedería el usode la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra elseñor Luis Ángel Fernández.

El señor FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Vaya por de-lante que a nuestro grupo le gusta encontrarse con infor-mes de fiscalización sobre ejercicios de gobiernos anterio-res que no conlleven graves irregularidades. Es verdad quealguna existe, pero, como ha resaltado el propio Tribunal,los procedimientos de control en general y la gestión de laempresa han sido correctos. Además, muchas de las obser-vaciones que se han realizado por el Tribunal han sido yaatendidas o se encuentran —así lo entendemos— en víasde solución.

Sí nos llama la atención la amplitud de los apodera-mientos a los directores de las distintas divisiones para

realizar contratos de suministro de uranio y venta de ele-mentos combustibles y, aunque parece ser que informanpuntualmente al órgano de gobierno de la sociedad, cree-mos, como el propio Tribunal señala en su informe, que es-tos contratos, en todo caso, deberían estar suscritos por elpresidente del consejo de administración, garantizando deesta forma que fueran previamente conocidos por este ór-gano de gobierno de la sociedad.

Igualmente, consideramos que el manual de normas yprocedimientos de la compañía debería incluir la regula-ción de todos aquellos procedimientos que sean necesariospara una adecuada gestión y control de las existencias, sibien es verdad que la sociedad revisó en el año 1996 sumanual de normas, habiéndose procedido por tanto a lapráctica actualización de las mismas.

En otro orden de cosas, nos parece especialmente signi-ficativo que el ejercicio de 1993 haya generado unas pér-didas de explotación de 1.329 millones de pesetas, funda-mentalmente debido a la decisión de construir la planta deproducción de concentrado de uranio Quercus, un pro-yecto que se acometió en base a un plan de viabilidad cu-yas premisas, basadas en el precio estimado del concen-trado de uranio, resultaron erróneas, habiendo sido necesa-rio infrautilizar la planta, que actualmente opera al 30 porciento de su capacidad.

Tampoco nos parece un ejemplo de gestión adecuado elcontrato de suministro de servicios de conversión suscritopor Enusa con la British Nuclear Fuels el 12 de abril de1988 y prorrogado cada dos años, al tratarse de un contratoabierto en el que no se fijan cantidades mínimas o máxi-mas a comprar cada año ni precios, ni siquiera baremos oíndices para fijarlos. Los precios y cantidades a comprarcada año se han venido negociando y aceptando por el jefedel departamento de materiales, que no tiene facultadespara contratar y, además, no se ha facilitado por la empresael documento en que conste la aceptación por parte deEnusa de las cantidades y precios pactados para el ejerci-cio de 1993. Tampoco consta, como es preceptivo, que lasprórrogas hayan sido aprobadas por la Dirección Generalde Energía.

En definitiva, y sobre todo si tenemos en cuenta los in-formes de fiscalización que han ido pasando por esta Co-misión a lo largo de estos años, podemos concluir comoempezamos señalando que, en líneas generales, los proce-dimientos de control y la gestión de la empresa han sidocorrectos y, además, que se han ido perfeccionando bas-tante en los últimos años.

Nada más.

— INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL INSTI-TUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESA-RROLLO AGRARIO (IRYDA), EJERCICIO1993. (Número de expediente Congreso 251/000038y número de expediente Senado 771/000036.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín):Como no hay ninguna pregunta, pasamos al siguientepunto del orden del día, concretamente el informe de fis-

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calización del Instituto Nacional de Reforma y DesarrolloAgrario.

Tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): La fiscalización del orga-nismo autónomo Instituto Nacional de Reforma y Desarro-llo Agrario —en adelante Iryda— del ejercicio 1993 se harealizado a iniciativa del Tribunal y fue aprobado en enerodel presente año.

En 1993 el Iryda era un organismo autónomo de carác-ter administrativo adscrito al Ministerio de Agricultura,Pesca y Alimentación y fue suprimido en 1995, después definalizados los trabajos de fiscalización en el organismo.Planteada como una fiscalización integral, los objetivosmarcados en su realización fueron los siguientes. En pri-mer lugar, análisis y comprobación de los estados finan-cieros a fin de determinar si representaban fielmente su si-tuación, tanto financiera como patrimonial, a 31 de di-ciembre de 1993, así como el resultado de sus operacionesen el ejercicio de 1993 según los principios y criterios quele son de aplicación. En segundo lugar, verificar el cumpli-miento de la legalidad vigente en la gestión de los fondospúblicos. En tercer lugar, evaluar los procedimientos y sis-temas de gestión económico-financiera y de control in-terno aplicados. Y, en cuarto lugar, evaluar la gestión delos recursos públicos, a fin de comprobar si se ha desarro-llado de forma económica y eficiente, así como el grado deeficacia conseguido en el logro de los objetivos previstos.Para este último objetivo se presentaron limitaciones deri-vadas de las deficiencias observadas en la fijación de losobjetivos e indicadores de los programas presupuestariosdel Iryda y de los deficientes sistemas de información delos mismos. Estas limitaciones han impedido al Tribunalemitir una opinión sobre la eficacia, eficiencia y economíade la gestión del organismo. Por tanto, el informe se re-fiere, básicamente, al análisis de la regularidad de la ges-tión del Iryda, aunque incluye también el detalle de las de-ficiencias detectadas en el presupuesto funcional, en losobjetivos de los programas presupuestarios y en los siste-mas de control y seguimiento; todo ello con independenciade que el informe, al analizar ciertos sistemas de gestión,exprese opiniones sobre la eficacia y eficiencia del orga-nismo en ciertas áreas concretas de su actividad.

Dado el exhaustivo análisis realizado en todas las áreasde la gestión del Iryda, expresando la opinión del Tribunalrespecto de cada una de ellas, sólo me voy a referir a los re-sultados más relevantes de la fiscalización. Los he divi-dido en cinco puntos. En primer lugar, los estados finan-cieros rendidos por el Iryda no representan la imagen fielde la situación financiera y patrimonial del organismo a 31de diciembre de 1993 ni el resultado de sus operacionespara ese ejercicio. En el informe se detallan las salvedadesque fundamentan esta opinión y que afectan principal-mente a las cuentas del inmovilizado, material y finan-ciero, de tesorería y de derechos reconocidos en el ejerci-cio fiscalizado. En segundo lugar, respecto a la liquidaciónpresupuestaria de las cuentas rendidas por el Iryda, éstasarrojan un déficit de 4.035 millones que, tras los ajustes

propuestos por el Tribunal, daría un superávit de 11.318millones de pesetas, resultado corregido que se explica porel bajo grado de ejecución del capítulo VII, transferenciasde capital, del presupuesto de gastos, como consecuenciadel retraso en la aprobación por la Comisión de la UniónEuropea de determinados programas de ayudas, cuya apli-cación estaba prevista para el año 1993. En tercer lugar, losprocedimientos administrativos y contables que configura-ban el control interno del Iryda en el ejercicio fiscalizadotenían numerosas deficiencias como son que no existía uninventario detallado del inmovilizado —es una deficienciaque se viene señalando en las declaraciones definitivas dela cuenta general del Estado a lo largo de los últimos ejer-cicios—; que al margen de la contabilidad se gestionaronhasta 61 cuentas bancarias, cuyos saldos al finalizar el año1993 sumaban 670 millones de pesetas. Esta irregularidad,junto a la inexistencia de libros auxiliares o sistemas alter-nativos que permitieran el control de las operaciones efec-tuadas por las cuentas, ha impedido al Tribunal conocer lacomposición del saldo de muchas de ellas. Esta falta decontrol se puso de manifiesto de forma especial en las oncecuentas que se destinaron al pago de ayudas, cuyos saldosal finalizar el ño 1993 sumaban 416,6 millones de pesetas.En estas cuentas se han detectado diferencias de distintosigno y de origen desconocido entre sus saldos y el importeal que deberían ascender, según la documentación justifi-cativa aportada por el Iryda. Ante los indicios de responsa-bilidad contable por alcance que se derivan de esta cir-cunstancia se ha procedido, conforme establece el artículo46 de la Ley de funcionamiento del Tribunal de Cuentas,trasladando los hechos a la sección de enjuiciamiento delTribunal.

Por otro lado, los procedimientos de control interno delos préstamos que concedió el Iryda eran muy deficientes.Se han observado deficiencias en la aplicación informáticaa través de la que se gestionaban los préstamos concedidosasí como una falta de correlación entre los datos derivadosde dicha aplicación y de los resultados de la contabilidad.Como consecuencia de ello el Tribunal no ha podido de-terminar el importe de los derechos de cobro a favor del or-ganismo que se derivan de estos préstamos. También esdeficiente el procedimiento para el cobro de estos présta-mos. En un caso concreto se ha producido una prescripcióncon un saldo pendiente de 25 millones de pesetas, lo cualpresenta indicios de responsabilidad contable, por lo quetambién se está procediendo a la apertura de pieza sepa-rada. Además, en el control interno hay una falta de coor-dinación entre distintas unidades del Iryda en cuanto a lagestión y pago de algunas ayudas y carencia de informa-ción completa de estos aspectos.

En cuarto lugar, una parte de las ayudas y subvencionespagadas por el Iryda se gestionaban como bonificacionesde intereses de los préstamos concertados por los agricul-tores con las entidades financieras, al amparo de los con-venios suscritos por las entidades y la Secretaría Generalde Estructuras Agrarias. Conforme a lo que se marca en di-chos convenios, el Iryda bonificaba la diferencia entre eltipo de interés preferencial, fijado en los préstamos, queera de un 13 por ciento aquel año, el año 1993, y los tipos

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fijados para el beneficiario en la norma reguladora de lasayudas, que oscilaban entre un 4 y un 7 por ciento. El Irydahacía efectiva esta bonificación a las entidades financieras.Pues bien, en 1993 el Iryda decidió anticipar a dichas enti-dades de pago de las bonificaciones. Sin embargo, esteprocedimiento de anticipar el pago no se encontraba sufi-cientemente regulado en 1993 ni los convenios preveían laposibilidad de su anticipación. En el mes de diciembre secanceló parte de las bonificaciones de los préstamos sus-critos a lo largo de 1993 por un importe de 1.764 millonesde pesetas. A juicio del Tribunal, y es una opinión que estáconfirmada en las alegaciones, el Iryda realizó esta opera-ción concreta con el propósito de agotar las disponibilida-des presupuestarias del ejercicio ante la eventualidad deque los presupuestos de los años siguientes no contasencon disponibilidades suficientes para que el organismoafrontara sus compromisos. Este propósito debería habervenido acompañado de la aplicación de criterios de racio-nalidad económico-financiera, que no parece que se tuvie-ron en cuenta.

En quinto lugar, la actuación del Iryda, como entidadcolaboradora en la gestión de la Seguridad Social, el año1993 no se ajustó a lo previsto en la normativa reguladorade dicha colaboración. Además el concierto suscrito parala prestación de asistencia sanitaria al personal pasivo, cla-ramente deficitario, se financió en parte con cargo a crédi-tos destinados a una finalidad distinta a aquella para la quefueron aprobados, lo que es un incumplimiento del textorefundido de la Ley General Presupuestaria. Se han apre-ciado indicios de responsabilidad contable en el pago porel Iryda de gratificaciones a los médicos del Insalud in-cluidos en el cuadro médico de la entidad colaboradora,cuando dichos médicos percibían sus retribuciones de laSeguridad Social, habiéndose procedido a la apertura de lacorrespondiente pieza separada.

Por último, el informe contiene unas recomendacionessobre medidas necesarias para fortalecer el control internode las actividades del organismo y otras referidas a distin-tos aspectos de la gestión. Es evidente que estamos ha-blando del Iryda, que como organismo autónomo fue su-primido en 1995, pero su supresión no resta validez a losresultados de la fiscalización ni a las recomendaciones quese formulan en el informe, ya que las funciones que elIryda desempeñaba en 1993 han sido asumidas por el Mi-nisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al que seadscribieron los antiguos funcionarios del Iryda, y tambiénpor el nuevo organismo autónomo Parques Nacionales.

Esto es todo por el momento.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Por elGrupo Socialista, el señor De la Plata tiene la palabra.

El señor DE LA PLATA RODRÍGUEZ: Quiero co-menzar agradeciendo la presencia de la señora presidentadel Tribunal de Cuentas, y felicitarla, a ella y al propio Tri-bunal, por el minucioso y extenso informe de fiscalizaciónque nos ocupa sobre la gestión del Instituto Nacional deReforma y Desarrollo Agrario en el ejercicio de 1993. Hetenido la oportunidad de leerlo en profundidad, así como

las alegaciones que al mismo se presentaron. He de decir,en primer lugar, que este organismo desde su creación en1971, cuando se extinguen el Instituto Nacional de Coloni-zación y el Servicio Nacional de Concentración Parcelariay Ordenación Rural, y en 1991 el Servicio de ExtensiónAgraria, asume sus funciones y su personal. Además, conel proceso de transferencias de competencias a las comuni-dades autónomas y las diferentes reestructuraciones delMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pasan aincorporarse al organismo Parques Nacionales junto al Ins-tituto Nacional de Conservación de la Naturaleza. Comodigo, el Iryda ha llevado a cabo una labor importante en loque se refiere a la mejora del medio rural, mejor aprove-chamiento y conservación de los recursos naturales enaguas y tierras y lo referente a explotaciones agrarias. Trasel traspaso de competencias a las comunidades autónomas,sus funciones se centran fundamentalmente en las obras demejora y reparación de infraestructuras agrarias en colabo-ración con dichas comunidades, al igual que la concesiónde subvenciones a los agricultores, cofinanciada la mayorparte por la Unión Europea y, por otro lado, en lo referentea la capacitación agraria.

Sirva esta información previa para enmarcar mi inter-vención y como relato de los diferentes avatares que esteorganismo ha tenido desde su creación hasta su extinción ypara situar algunas preguntas que me gustaría hacer a la se-ñora presidenta del Tribunal de Cuentas, manifestándoleque el Grupo Parlamentario Socialista va a suscribir las re-comendaciones que el propio Tribunal hace en su informe,reservándose para la próxima Comisión si ha de hacer al-guna valoración, cuando se produzca el debate entre losgrupos, como se sabe opina la señora presidenta y nos harecordado el presidente de la Comisión hace un momento.

Siempre que se lee un informe de este tipo surgen con-tradicciones o, al menos, opiniones divergentes entre quienlo emite y las alegaciones que presenta el propio orga-nismo fiscalizado; esto es lógico y parece obvio. Ahorabien, me gustaría centrar mi pregunta en algunas de esasopiniones para que si lo tiene a bien y puede ser, puedaaclararme el criterio del Tribunal respecto a la posición delpropio ministerio.

Para empezar, diré que en la prescripción de variospréstamos contratados entre 1964 y 1971 hay divergenciaen cuanto a una supuesta responsabilidad contable, por lomenos en uno de ellos. ¿Dónde se produce la diferencia decriterio si existe un expediente sobre prescripción basadoen la interpretación de un real decreto de 1970 y otro de1971, donde se clasifica la obra objeto del préstamo comode interés general, debiendo ser sufragada por el extin-guido Instituto Nacional de Colonización? Igual en cuantoa la obligatoriedad o no de que las cuentas corrientes aso-ciadas a pago de ayuda formaran parte de la contabilidad.

Finalmente, respecto al pago anticipado de intereses,donde existe igualmente discrepancia, ¿no son válidospara el Tribunal los argumentos de que, de mutuo acuerdoentre la Secretaría General de Estructuras Agrarias y lasentidades financieras, a propuesta de la Comisión de se-guimiento, que es el órgano establecido en los conveniosfinancieros regulados por el Real Decreto 1.887/1991, se

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proceda al abono anticipado del total del valor actualizadocon la tasa que corresponda a la fecha del primer venci-miento, además de, entre otras cosas, por descarga presu-puestaria en años sucesivos y ahorro en la carga financieraque soporta la Administración, dada la considerable reduc-ción que se produce de las cantidades totales a pagar por elpago actualizado? Lo mismo podríamos preguntar sobre sihay suficientes sistemas de control o no, o la opinión sobrela eficacia, eficiencia y economía de la gestión. Me gusta-ría, señora presidenta, que me aclarase, en la medida de loposible, estas cuestiones, con el objeto de salir de algunaduda que ha podido surgirme de la lectura del documento.

Para terminar, quiero decir que el Grupo ParlamentarioSocialista apoya la idea de exigir en cualquier organismopúblico los máximos y mejores sistemas de control y de se-guimiento en la gestión y las medidas necesarias para quelos objetivos y funciones que tengan sean evaluables y res-pondan a su situación real.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): El se-ñor Jordano, por el Grupo Popular, tiene la palabra.

El señor JORDANO SALINAS: Señor presidente,gracias, señora presidenta, por su nueva presencia hoy enla Comisión.

En relación al informe emitido sobre el Iryda, y vistoque partimos de un organismo ya desaparecido, habría quedecir que, tal como llevaron los gestores de los últimosaños la gestión del Iryda, en la forma que la refleja el in-forme del Tribunal de Cuentas, bien desaparecido esté elorganismo. Sin embargo, es triste comprobar que una seriede áreas amparadas por el Iryda, que funcionaban muybien y daban un magnífico servicio a la agricultura, comoera el servicio de extensión agraria y una serie de servicios,haya acabado en un informe de estas características, en elque, a pesar de referirse a la apertura de expedientes por in-dicios de responsabilidad contable en tres puntos concre-tos como abono de cantidades a médicos del Insalud sin es-tar justificadas, cuentas destinadas al pago de ayuda yprescripción de créditos de más de 25 millones de pesetas,lo cierto es que la lectura de otros apartados del informenos llevaría a pensar que parece que el Tribunal se ha que-dado corto en algunas de las apreciaciones.

La conclusión global de que los estados financieros delIryda no representan la imagen fiel de la situación finan-ciera y patrimonial es una conclusión que, puesta en rela-ción con determinadas conclusiones de los informes anua-les y del dictamen de la Cuenta general del Estado, refuer-zan en la idea, expresada ya por el propio Tribunal en el in-forme de 1994, de que la incorporación a las cuentas de or-ganismos, no debía de haberse hecho, o no debían haberseaprobado esas cuentas. Esto distorsiona el concepto globaldel sector público y, desde luego, cuentas como las delIryda, que mueven una cantidad considerable a lo largo delaño, incorporadas a las cuentas globales del sector público,distorsionan la visión que se tenga de ese sector público.

En cuanto al pago anticipado de bonificaciones por in-tereses, a los que se refieren las conclusiones 5.9 y 5.10, nologramos entender qué movió a los gestores del Iryda a

realizar estos pagos; y no lo logramos entender porquecuando se establece un sistema de subvención de tipos deinterés, lo que se va buscando es dilatar en el tiempo elpago y se atiende a la escasez de tesorería o a la escasez denumerario durante un año para facilitar el pago por partedel sector público de una subvención. Si ese pago se pro-duce anticipadamente, no se llega a entender la ventaja queel sector público obtiene por este pago anticipado. Sí estáclara la ventaja del sector financiero a recibir los pagos,puesto que el cobro de esos intereses supone una inversión,a lo largo de todo el período de duración del convenio, deunas cantidades que son recursos propios y por las que vaa obtener una rentabilidad que en el año 1993 pudo llegarfácilmente al 18 por ciento en cuanto a los rendimientos derecursos propios de entidades financieras.

Señala también el privilegio excepcional que tiene laComunidad Autónoma de Andalucía durante la época degestión a que se refiere el informe, en el año 1993, quemientras todas las comunidades no pagan a los adjudicata-rios de obra, la Comunidad Autónoma de Andalucía rea-liza también ese acto final de entregar el dinero al adjudi-catario de una obra, y no entendemos por qué se mantuvoese privilegio para esta comunidad autónoma, igual que noentendemos, y creemos que puede haber indicios de res-ponsabilidad, el punto 5.13, cuando se refiere a la entregaa la empresa Tragsa, que si bien es pública es una sociedadanónima, de cantidades importantes —se habla de más de4.000 millones de pesetas— como pago a justificar. Da laimpresión de que Tragsa, aunque sea propiedad al cien porcien del sector público, no está sometida en su gestión a loscontroles y a las rigideces del sector público, con lo cualentendemos que no parece tener sentido alguno, desde elpunto de vista de transparencia de la gestión de bienes pú-blicos, que se entregue una cantidad tan importante comopago a justificar. La conclusión que podría sacarse quizáfuera más seria o grave de la que se recoge en el informe,porque entramos también en un ámbito de responsabilidaden dos sentidos: responsabilidad política, y parece quetambién contable, en el retraso al que se refiere el punto5.16, de más de tres meses en el pago del Fondo SocialEuropeo. Da la impresión de que los pagos del Fondo So-cial Europeo deben llegar a los beneficiarios cuanto antes,y este retraso de más de tres meses en algunos pagos no pa-rece estar justificado.

Por otra parte, pediríamos aclaraciones sobre tres co-mentarios de los que puede deducirse que hay algo más se-rio que el comentario que se realiza. Me refiero, en elpunto 5.16 de las conclusiones, a la frase «como coberturade los créditos de su presupuesto de gastos». ¿Quiere estodecir que el Iryda utilizó un fondo europeo con caracterís-ticas finalistas, y durante trece meses utilizó ese dineropara pagar otra serie de sus atenciones y no dirigió el di-nero recibido a la finalidad prevista? En el punto 5.21 seutiliza la frase «gestionada de manera extracontable» parareferirse a una serie de cuentas bancarias. ¿Quiere esto de-cir que, en estas cuentas, se operó con una sola firma, o seutilizaron disposiciones de dinero sin haber mandamientode pago intervenido, y sin haber un control, como es habi-tual, en el sector público? Y en el punto 5.23 se menciona

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«gestionó diversas cuentas en condiciones diferentes a lasestablecidas». Eran cuentas, por otra parte, sin autoriza-ción previa para su apertura, pero ¿se gestionaron con unasola firma, se gestionaron de forma indiferente o se carga-ron en ellas cantidades sin estar plenamente justificadas?Evidentemente, que se gestione mal, que se recaude mal elpago del IVA, que un organismo del Estado perjudique alpropio Estado con la gestión del IVA no extraña, visto todolo anterior.

En cuanto a las recomendaciones, se insta a los organis-mos que han asumido competencias del Iryda a que losconvenios de colaboración con las comunidades autóno-mas deben aplicarse en todos sus términos. ¿Ha notado elTribunal alguna diferencia entre comunidades autónomasa la hora de liquidar cuentas con el Iryda, y por tanto, untrato del Iryda a favor de determinadas comunidades autó-nomas?

Para terminar, en relación con las distintas alegacionesnos llama enormemente la atención —y a lo mejor somosnosotros los equivocados— que en la alegación que emite,respecto al área de tesorería, la Dirección General de Pla-nificación y Desarrollo Rural, para justificar algo en rela-ción a los préstamos que han resultado prescritos se diga:«las entidades (comunidades de regantes, sociedad agra-rias de transformación, etcétera) no tienen NIF.» Este he-cho nos llama poderosamente la atención, porque no lo-gramos, al menos en lo que sabemos, conocer ninguna per-sona jurídica y, por supuesto, las comunidades de regantesy las sociedades agrarias de transformación lo son, que notengan NIF, porque es requisito imprescindible para suoperatividad; con lo cual, no logramos entender el hechode que haya pasado desapercibido o no se haga ningún co-mentario respecto a este punto de las alegaciones de la Di-rección General de Planificación y Desarrollo Rural.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Tienela palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): Muchas gracias por sus in-tervenciones, tanto del señor De la Plata como del señorJordano. Si ponemos enfrente las intervenciones de uno yotro, se pueden contestar algunas de las cuestiones, preci-samente en la discrepancia de las preguntas.

El tema de la prescripción de los préstamos y las posi-bles divergencias entre el criterio del Tribunal de Cuentasy el criterio del propio organismo que ha sido objeto de in-forme, es lógico que se tenga que dirimir en algún lugar,precisamente ése es el tema que está presentado como res-ponsabilidad contable, ésas son las cuestiones que el Tri-bunal ha decidido enviar como responsabilidad contable ocomo pieza separada. Se hace así precisamente para acla-rar, en otras instancias que no son las puramente fiscaliza-doras, quién puede tener razón. La apertura de una piezaseparada no quiere decir que se vaya a culpabilizar al or-ganismo, no se puede prejuzgar nada; unas piezas separa-das se archivan y otras son objeto de resolución en contradel organismo y cuando algo está en el enjuiciamiento con-table que tiene la misma categoría que cualquier otro orden

de enjuiciamiento, la prudencia me obliga a decir que hayque respetar lo que se decida en su momento en la sala dejusticia del Tribunal. Precisamente, la apertura de la piezaseparada tiene esa finalidad. A mí me ha llamado la aten-ción y lo tenía anotado, cuando el señor De la Plata aludíaa que los responsables, en su momento, del Iryda, en lasalegaciones dicen que por qué las cuentas de ayuda tienenque estar en la contabilidad, y el señor Jordano dice quecómo es posible que haya cuentas que no estén en la con-tabilidad. Yo creo, sinceramente, que todas las cuentas decualquier organismo tienen que estar contabilizadas. Elgrado de imperfecciones o incorrecciones de cada una delas cuentas, si era un solo firmante, si se hacían operacio-nes al margen, etcétera, en este momento no lo puedo de-cir, porque le doy la misma respuesta que le acabo de daral señor De la Plata; es decir, están abiertas piezas separa-das de este punto, precisamente para aclarar, porque el ob-jetivo fundamental de una pieza separada es incidir en as-pectos que a lo largo de la fiscalización habitual se han en-contrado como indicios de algo, para ver si realmente esosindicios que se han encontrado luego quedan justificados ono, y entonces debemos esperar a la resolución del pro-blema.

Me pregunta si hemos detectado trato a favor de deter-minadas comunidades autónomas. Yo no sé si en el mo-mento de redactar el informe ésta era alguna de las ideasque corriera por la mente del departamento o de los res-ponsables del departamento que iniciaron esta fiscaliza-ción, de lo que sí estoy segura es de que si lo hubieran de-tectado lo hubieran incorporado al informe. Ahora bien, nosé si es que no lo han detectado o es que no se les ha pre-sentado ningún indicio de ello y, por tanto, no han profun-dizado. Respecto a si se han utilizado los fondos europeoscomo cobertura temporal de los gastos, es otra cuestión adilucidar. En todo lo que se me ha dicho, habida cuenta deque son puntos neurálgicos del informe, tenemos que es-perar algún tiempo para la respuesta definitiva, pero creoque el contenido del informe está ahí y el hecho de que deahí se hayan derivado la apertura de piezas separadas o laexigencia de posible responsabilidad contable es sufi-ciente; en estos momentos creo que es suficiente.

— INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA DIPU-TACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE (EJER-CICIOS 1991, 1992 Y 1996). (Número de expe-diente del Congreso 251/000044 y número de expe-diente del Senado 771/000040.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Va-mos a pasar al último informe que va a presentar la presi-denta del Tribunal de Cuentas, concretamente el informede fiscalización de la Diputación Provincial de Albacete,ejercicios 1991, 1992 y 1996.

Tiene la palabra la señora presidenta.

La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DECUENTAS (García Crespo): La fiscalización de la Dipu-tación Provincial de Albacete se ha realizado por iniciativa

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del Tribunal de Cuentas y se refiere al período 1991-1993.Los objetivos han sido verificar la fiabilidad de los regis-tros y estados contables, y si éstos representan la situacióneconómico-patrimonial de la corporación, la regularidadde la actuación de la diputación, el grado de implantacióndel sistema de información contable que se regula en lainstrucción de contabilidad de julio de 1990, es decir, el Si-cal, y el análisis de la actividad económico-financiera delos organismos autónomos, sociedades mercantiles y otrosentes dependientes de la diputación.

La realización de la fiscalización ha estado condicio-nada por una serie de limitaciones. En primer lugar, la au-sencia de algunos estados contables, que deben acompañara la cuenta general, que ha impedido valorar magnitudescomo el remanente de tesorería, o conocer con exactitudlos saldos de la cuenta VIAP. Por otro lado, los estadosanuales de las cuentas generales de 1991, o de la cuenta ge-neral de 1991, no son coherentes con los registros conta-bles correspondientes porque se han utilizado normas dis-tintas en el registro de operaciones. Al cierre del ejerciciode 1990, la diputación anuló en contabilidad los derechospendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pagoy este hecho ha impedido realizar un seguimiento de laevolución de los saldos deudores y acreedores de dichoejercicio. Por último, otra limitación es que la corporaciónno tenía un registro que reflejase las altas y bajas del per-sonal, y esto ha impedido analizar las variaciones de lasnóminas.

Teniendo en cuenta los objetivos fijados y estas limita-ciones que acabo de señalar, las principales conclusionesde la fiscalización las he dividido en cinco apartados: elprimero se refiere al sistema contable, el segundo al con-trol interno, el tercero a presupuestos, el cuarto a represen-tatividad de las cuentas y el último a contratación. En rela-ción al sistema contable, durante 1991 y 1992 la diputa-ción aplicó el régimen establecido en la instrucción decontabilidad de corporaciones locales del año 1952 e im-plantó el Sical a finales de 1992. Por tanto, optó por el ré-gimen transitorio establecido en la orden de diciembre de1992. El registro de los elementos en el inventario figurabapor el valor de mercado y no al precio de adquisición ocoste de producción, sin incluir la cuenta de infraestructu-ras y bienes destinados al uso general. Se han incorporadoal balance de situación al 1 de enero de 1992 resultadospresupuestarios correspondientes a los dos ejercicios ante-riores, calculándose las deudas a largo plazo en función delas informaciones obtenidas extracontablemente, sin queconste certificación del interventor. Las cuentas generalesde los años 1992 y 1993 se aprobaron fuera de los plazoslegalmente previstos, sin acompañar la memoria del costey rendimiento de los servicios públicos ni la del cumpli-miento de los objetivos programados, y ambas son de ren-dición obligatoria según la Ley de Haciendas Locales. Lacorporación tampoco ha presentado documentos comple-mentarios de las cuentas anuales, exigidos por la instruc-ción de contabilidad de julio de 1990.

Respecto al control interno hay que indicar que existendeficiencias al no disponer de procedimientos normaliza-dos reguladores del funcionamiento o interrelación de sus

unidades. Así, en el registro contable de derechos y obli-gaciones no se ha seguido un criterio uniforme, aplicandoalternativamente el principio de caja o el principio de de-vengo, y ha habido distintos procedimientos de cobro o re-caudación de los recursos de la corporación, lo que no ga-rantiza que se haya producido el cobro de la totalidad delos ingresos y anotación contable. Lo mismo ocurre en ma-teria de gasto donde, a título de ejemplo, hay hasta 18 pro-cedimientos de compra previstos en las bases de ejecuciónde los presupuestos.

La diputación no tenía procedimientos escritos que die-ran información exacta sobre la situación de los bienes delinmovilizado, careciendo de una unidad específica para lasadquisiciones de estos elementos. Además, la contabiliza-ción de los movimientos de tesorería se efectuaba habi-tualmente con un considerable retraso respecto a la fechade su realización, existiendo discrepancias entre los movi-mientos de los estados de tesorería y los libros de caja.También faltaba un adecuado control de firmas de lascuentas bancarias.

En materia presupuestaria, que es el tercer punto de losque iba a analizar, además de otras deficiencias se han in-corporado a la clasificación económica del presupuesto degasto algunos artículos que no están incluidos en la ordenministerial de septiembre de 1990 que regula, con caráctercerrado y obligatorio, la estructura del presupuesto. La ma-yor parte de las modificaciones presupuestarias que hanocurrido a lo largo de los años no están documentadas conlos correspondientes expedientes, observándose reiteradosincumplimientos de las normas que la regulan. Cuantitati-vamente destacan las modificaciones del año 1992, por unimporte de más de 11.600 millones de pesetas y un incre-mento del 125 por ciento del presupuesto inicialmenteaprobado, tramitándose créditos extraordinarios y suple-mentos de crédito sin que conste memoria justificativa desu necesidad.

En cuanto a la representación de las cuentas en las ope-raciones relacionadas con gastos de personal, hay que se-ñalar que la oferta de empleo público sólo ha sido apro-bada para el ejercicio de 1992 y que es frecuente la supe-ración de los límites para el abono de pagas extraordinariasy la inclusión en este concepto para el personal funciona-rio de unos complementos que infringen la legislación vi-gente.

En el capítulo de transferencias corrientes, durante lostres años fiscalizados la diputación otorgó 39 millones depesetas a los grupos de cargo electos de los partidos políti-cos con representación en su pleno, lo que no está previstoen la Ley Orgánica 3/1987, de Financiación de PartidosPolíticos y que en otros informes, a otro nivel, este Tribu-nal ha manifestado en la Comisión Mixta.

En los mandamientos de pago se observa que en unos300, que representan el 15 por ciento de los que se han exa-minado, no hay justificación adecuada del gasto realizado,y que una parte de ello se ha imputado a ejercicios distin-tos al de su contratación. En los pagos a justificar, en mu-chos casos, se incluyen facturas de fechas anteriores a laemisión del mandamiento, constando en gran número deellos reparos del interventor. En el cálculo de los remanen-

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tes de tesorería de 1991 y 1992 no se incluyen los deudo-res pendientes de cobro ni los acreedores pendientes depago, ni se concretan los saldos deudores de difícil o im-posible recaudación.

Respecto a la contratación, a lo largo de los tres añosfiscalizados la corporación suscribió 412 contratos, por unimporte superior a los 21.000 millones de pesetas. El pro-cedimiento más utilizado fue la contratación directa. Lasprincipales irregularidades en materia de contratación hansido, en primer lugar, el fraccionamiento injustificado dealgunos proyectos, para no exceder el importe límite parala utilización de la contratación directa; el hecho de que di-versos proyectos no se hayan sometido al trámite de infor-mación pública; que en algunos expedientes no queda jus-tificada la urgencia que motiva acudir al procedimiento decontratación directa; que en la ejecución de los contratosdestaca el incumplimiento de los plazos, sin que se impu-sieran las penalizaciones legalmente previstas. Tampocose justifican, en algunas ocasiones, las razones para modi-ficar los proyectos.

En los contratos de crédito las anomalías son conse-cuencia de la consideración de estas operaciones por partede la diputación como contratos bancarios sometidos alDerecho mercantil y no como contratos administrativosespeciales.

Finalmente, en ninguno de los expedientes de contratosde asistencia técnica que se han analizado se justifica la noutilización de los servicios de personas de la propia corpo-ración.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas realiza una seriede recomendaciones— que ustedes pueden ver y que co-nocen— en el informe, tanto sobre el control interno comosobre la representatividad de las cuentas y la contratación,con el fin de mejorar la gestión económico-financiera de ladiputación.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): El se-ñor Álvarez tiene la palabra, en nombre del Grupo Socia-lista.

El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: A partir del expedienteen el que se fiscaliza la gestión de la Diputación Provincialde Albacete durante los ejercicios 1991, 1992 y 1993, delpropio informe del Tribunal de Cuentas y de las alegacio-nes y documentos presentados por la corporación provin-cial, así como de algunos antecedentes que en relación aeste asunto nos han parecido relevantes, me correspondefijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en estedebate.

En primer lugar, quisiera resaltar que este expediente defiscalización hay que situarlo —como bien ha señalado lapropia presidenta del Tribunal de Cuentas— en un con-texto de modificación legislativa, de adaptación de las nor-mas de contabilidad de las corporaciones locales al Plangeneral de contabilidad, así como también hay que situarloen un contexto de dificultades en la modernización y capa-citación de estas administraciones, por variadas razones.

A partir de este contexto es posible que las interpreta-ciones y las conclusiones que subyacen en la gestión de la

Diputación Provincial de Albacete en el período fiscali-zado sean más atinadas. Me parece que lo más ilustrativosería que nos hiciéramos la pregunta, básica y clave, decuál ha sido la voluntad política del grupo de gobierno so-cialista en la Diputación Provincial de Albacete en el pe-ríodo fiscalizado, es decir, qué objetivos buscaba y quémedidas fueron tomadas a partir de la situación en la quese encontraba en 1991, cuál era el norte al que se dirigía elequipo de gobierno y cuáles eran sus líneas maestras de ac-tuación. El informe del Tribunal de Cuentas demuestra sinduda, a nuestro juicio, que la voluntad política estuvoorientada a corregir la cuantía del endeudamiento para cer-carlo al límite del 25 por ciento exigido por el artículo 54de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de lasHaciendas Locales, a partir de la cual es precisa la autori-zación del Ministerio de Economía y Hacienda para la for-malización de operaciones de crédito. También se demues-tra que la voluntad política estuvo orientada a corregir lasdeficiencias, los errores, las omisiones y los incumpli-mientos, de tipo generalmente formal, que se venían pro-duciendo en la gestión de la diputación, así como a aclararcriterios de interpretación de las normas vigentes, algunosde los cuales todavía hoy no han sido pacíficamente supe-rados.

En este sentido, queremos subrayar unos datos, expre-sivos también de la voluntad política de la DiputaciónProvincial de Albacete. En primer lugar, que el grupo degobierno socialista de la diputación provincial solicitó, afinales de 1992, apoyado por el Grupo de IzquierdaUnida y con la abstención del Grupo Popular, una audito-ría al Tribunal de Cuentas para asesoramiento, apoyo yayuda a la corporación provincial, mientras el Grupo Po-pular pretendía que ésta fuera realizada a través de unaentidad privada. En segundo lugar, que en diciembre de1991 el pleno de la diputación aprobó un plan de sanea-miento para el período 1991/1995, al que se opuso nue-vamente el Grupo Popular. En julio de 1992 el Plenoaprobó el plan de refinanciación de la deuda al que nue-vamente también se opuso el Grupo Popular, que preten-día una refinanciación en divisas. Este acuerdo le suponehoy, según los datos de que disponemos, a la diputaciónprovincial un ahorro en carga financiera de unos 400 mi-llones de pesetas año. En el informe que envía el Tribunalde Cuentas a esta Cámara y que se somete a debate y fi-jación de posición, aunque no se hace una fiscalizacióndetallada por períodos anuales sino por grupos de activi-dad, por así decirlo, lo cual dificultad y en algunos as-pectos impide, comprender o visualizar cuáles han sidolas acciones de mejora emprendidas y cuáles han sido losobjetivos conseguidos, a pesar de ello, digo, se pone demanifiesto de forma notoria que tanto el nivel de endeu-damiento como las deficiencias, las inexactitudes y dife-rencias de interpretación de los preceptos vigentes, enparticular a raíz del régimen transitorio de las instruccio-nes de contabilidad de los años 1952 a 1990, se han redu-cido significativamente en 1993 coincidiendo, además,con la plena aplicación, precisamente, de la instrucciónde contabilidad aprobada por el Ministerio de Economíay Hacienda por Orden ministerial de 17 de julio de 1990

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y la reestructuración llevada a cabo en la propia interven-ción provincial.

Por tanto, a nuestro juicio, existe una nítida y deci-dida voluntad política del Grupo Socialista de adaptar laorganización y funcionamiento de la diputación de Alba-cete a la legalidad vigente y de modernizar la Adminis-tración provincial permitiéndole asumir un papel signifi-cativo en el desarrollo de la provincia y en la prestaciónde servicios de calidad a los ciudadanos. Sin embargo, através de estos datos no parece tan clara la voluntad decolaboración leal de la oposición representada por elGrupo Popular en estos períodos en la diputación de Al-bacete. A nuestro juicio, los datos son significativos.Añadiremos que del análisis de las alegaciones formula-das por la Diputación Provincial de Albacete se puedeapreciar, sin duda también, un talante de colaboracióncon el Tribunal de Cuentas para esclarecer aquellos as-pectos que fueron subrayados en el informe provisional.Expresan los criterios mantenidos por la intervenciónprovincial y la propia secretaría de forma objetiva y conapoyo en los fundamentos legales que han consideradooportunos e indican un elevado grado de responsabilidady de esfuerzo que los responsables de los distintos de-partamentos han venido realizando para mejorar la ges-tión de la institución, así como el respeto que le merecenotros criterios que el propio Tribunal expresa en su in-forme inicial, algunos de los cuales merecen sin dudauna especial atención por la trascendencia política quetienen y sobre los cuales sería deseable encontrar unaposición común de todos los grupos políticos en esta Cá-mara para darle una adecuada respuesta a través de lasoportunas modificaciones legales. En todo caso, las defi-ciencias, los errores, las omisiones, las inexactitudes ylas diferencias de criterio en la interpretación y en laaplicación de las normas a nuestro juicio no han impe-dido conocer en términos globales y, sobre todo, al finaldel ejercicio de 1993 de forma fiable cuál es la situacióneconómica, financiera y patrimonial de la diputación deAlbacete y reflejan un tránsito normal en positivo a laadecuación de las normas contables establecidas para laimplantación del Sical. Finalmente, queremos subrayardesde el Grupo Socialista que el Tribunal de Cuentas harealizado un informe que valoramos positivamente y queva a permitir mejorar la gestión de la Diputación Provin-cial de Albacete teniendo en cuenta las recomendacionesformuladas en el referido informe.

A partir de este contexto podríamos entrar en numero-sas cuestiones con la minuciosidad que sea precisa, con eldetalle que lo ha hecho el propio Tribunal en su informe,pero consideramos que éste es el marco de referencia queseñala de manera fundamental y decisiva cuál ha sido lavoluntad política real del Grupo Socialista en la diputaciónde Albacete de ser rigurosos en la aplicación de las nor-mas, perseguir la modernización de nuestra Administra-ción local y prestar servicios de calidad a los ciudadanos.(El señor Carrera i Comes pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): ¿Pidela palabra, señor Carrera?

El señor CARRERA I COMES: Sí.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): SeñorCarrera, me extrañaba que pidiera la palabra en este punto.Por supuesto, tiene la palabra.

El señor CARRERA I COMES: He pedido la palabrapuramente y con toda brevedad para fijar la posición sobreel informe de fiscalización de la diputación de Albacete.No sé si ha habido voluntad política de corregir errores y,sin duda, también criterios de interpretación. En principio,es seguro que ha habido esta voluntad política, pero hay uncúmulo de irregularidades que, aunque de distinta enver-gadura que las expresadas en el informe de fiscalizacióndel Consorcio para la Organización de Madrid, CapitalEuropea de la Cultura, sin embargo también son preocu-pantes por tratarse en este caso de una diputación, respe-tando, digo, que haya habido o no voluntad política —queremarco que seguro que la ha habido—. En definitiva, 32conclusiones y sus correspondientes recomendaciones sontambién en este caso altamente significativas y, por tanto,cuesta aceptar que no haya organigrama ni reglamento or-gánico y que se incumplan, por ejemplo, los requisitos enel otorgamiento de subvenciones a terceros; más, que hayaaprobación de presupuestos y liquidaciones fuera de plazo,personas indebidamente autorizadas para disponer de fon-dos, contabilizaciones mal hechas y liquidaciones malefectuadas y, para terminar, por ejemplo, consignación in-debida de saldos, etcétera.

Todo ello nos lleva a dar nuestra conformidad tambiénen este caso al informe del Tribunal de Cuentas y a sus pro-pias recomendaciones, que en definitiva nos van a permitirpreparar las oportunas propuestas de resolución.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): El se-ñor Alarcón por el Grupo Parlamentario Popular tiene lapalabra.

El señor ALARCÓN MOLINA: Señorías, doy las gra-cias a la presidenta del Tribunal de Cuentas, al trabajo quehan realizado y estas gracias que manifiesto en nombre delGrupo Popular las hago también partiendo del actual go-bierno de la corporación por el trabajo desarrollado.

Como es obvio, intervengo en nombre del Grupo Parla-mentario Popular para fijar nuestra posición y crítica sobreel informe de fiscalización de los años 1991 a 1993 y se-ñalo dos cuestiones sobre las que había pasado por encimainicialmente cuando podían ser también conclusión. Pri-mera, que una misma persona gobierne con mayoríasaplastantes y un largo período de años puede dar lugar aproducir a su alrededor un ambiente de opacidad y de al-gunas corruptelas difíciles de controlar. Este presidente,que estaba en los años 1991 a 1993, ha estado hasta 1995dieciséis años. He dicho corruptelas porque la poblaciónalbaceteña dejó de sorprenderse ante las reiteradas compa-recencias de la diputación provincial ante los tribunales dejusticia por cuestiones que podían ser de menor cuantíafrente a presupuestos altos, pero que costaron mucho di-nero, muchos disgustos y sinsabores; hasta una congrega-

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ción salesiana llevó a la diputación provincial ante los tri-bunales de justicia.

Se pueden sacar algunos ejemplos del informe de fisca-lización. La señora presidenta del Tribunal de Cuentas hahecho cinco apartados. Yo me voy a limitar a hacer cuatro.En cuanto al a), referido a control interno, ya se ha tocadoreiteradamente por los distintos grupos y por la propia Pre-sidencia, pero que no haya una unidad de gestión que con-trole la administración más los servicios que prestaba la di-putación y que haya dieciocho procedimientos distintos decompras y gastos no indica nada más que una cosa, que loscriterios de interpretación, tal y como se ha mencionadoaquí, eran muy específicos del grupo que gobernaba la di-putación: dieciocho procedimientos de compra distintos, yello llevaba como consecuencia a autorizaciones de firmaslógicamente de personas que además, dice el informe, notenían cometido alguno en la diputación en esos momentosen que estaba autorizada su firma para la retirada de fon-dos. Existían diversas cuentas corrientes con una únicapersona con firma autorizada para retirar fondos y se care-cía, como señaló la señora presidenta, de justificantes so-bre algunos ingresos y gastos. Para control interno, creoque es más que suficiente, y de ahí ha salido el enormetomo que ha aportado el Tribunal de Cuentas.

El punto b) lo refiero a la prestación de servicios. Creapara ello nada menos que dos organismos autónomos, tressociedades mercantiles, un centro coordinador de bibliote-cas y ocho consorcios. Dependiendo mayoritariamente delos presupuestos de la diputación, sin embargo, no se tienerelación de plantillas de esos organismos o consorcios y,desde luego, el control económico no es el adecuado ni loes tampoco la presentación de cuentas, como señala el in-forme. Con tal bosque de organismos y entes, con fracasode algunos de ellos —con posterioridad ha habido que ce-rrar alguno que ha costado por encima de los 30 millonesde pesetas de pérdidas—, cualquiera se puede preguntarhasta qué punto era necesario tanto servicio. Sin tratar deofender en absoluto al gobierno que había entonces, mepregunto si no sería una manera oficial para evitar o aliviarel desempleo, porque no se tenía relación de plantillas.

El punto c) está relacionado con funcionarios. Ya se hadicho que no hay altas y bajas en los años de fiscalización,por lo que las variaciones en nómina no aparecen. Sola-mente en un año de los tres se hace oferta de empleo pú-blico. Hubo protestas sindicales que corroboran esa situa-ción.

Por último, en el punto d), nos vamos a referir al sis-tema contable Sical porque la ley es de julio de 1990 y elSical se impone a finales de 1992, principios de 1993. Esseñal de que efectivamente los criterios de interpretaciónson bastante sui géneris y los deseos políticos de arreglar lasituación, tal como se ha mencionado, nos hacen dudar,porque llevar una administración acogiéndose a normati-vas pasadas y anteriores nos indica qué no se debe hacerlegalmente para llevar una administración de fondos públi-cos, dicho lo cual y en nombre del Grupo ParlamentarioPopular, quiero dejar meridianamente claro que se eximede cualquier culpa y duda al conjunto de los funcionarios,ello porque toda actividad presupuestaria pública se rige

por normas de obligado cumplimiento, bajo la tutela, con-trol interno y firmas de los responsables políticos del go-bierno de la institución.

Tras el análisis de este informe fiscalizador, creemosque las irregularidades detectadas o su opacidad contableprocedían de un exceso de confianza y relajación adminis-trativas, dado las aplastantes mayorías que venía consi-guiendo el Partido Socialista en las sucesivas elecciones,con su reiterado candidato a la Presidencia de la entidad.Se hacen alegaciones por el actual gobierno de la corpora-ción, se solicitaron alegaciones por el Tribunal de Cuentasal gobierno anterior de la diputación como decimos, presi-dido durante dieciséis años por la misma persona, y noaportan alegaciones en contra. Por tanto, sólo tenemos ale-gaciones de una parte; no es que se ponga a favor del Tri-bunal de Cuentas sino que cumple con una obligación,cuestión que no se cumple por parte del anterior gobiernode la diputación. Las responsabilidades en este caso, si hayque depurarlas, tienen un nombre bien definido.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Tengola impresión de que no se han planteado preguntas a la pre-sidenta del Tribunal de Cuentas, por lo que daríamos porterminado este primer punto del orden del día. Levantamosbrevemente la sesión para despedir a la señora presidenta yagradecer, una vez más, su presencia en esta Comisión.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.

— RATIFICAR LA PONENCIA ENCARGADA DEINFORMAR LA DECLARACIÓN DEFINITIVADE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO CO-RRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1994 YEL INFORME ANUAL DEL TRIBUNAL DECUENTAS REFERIDO AL EJERCICIO DE 1994.(Número de expediente Congreso 250/000003 y nú-mero de expediente Senado 770/000003.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Ini-ciamos el segundo punto del orden del día.

Si no hay ningún inconveniente por parte de los miem-bros de la Comisión ratificaríamos la ponencia encargadade informar la declaración definitiva de la cuenta generaldel Estado, correspondiente al ejercicio de 1994, y el in-forme anual del Tribunal de Cuentas, referido al ejerciciodel mismo año. ¿Hay algún inconveniente por parte de al-gún miembro de la Comisión? (Pausa.)

Por asentimiento, queda ratificada la ponencia.

— DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORMEEMITIDO POR LA PONENCIA, LA DECLA-RACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENE-RAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE ALEJERCICIO DE 1994, Y EL INFORME ANUAL

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DEL TRIBUNAL DE CUENTAS REFERIDO ALEJERCICIO DE 1994. (Número de expedienteCongreso 250/000003 y número de expediente Se-nado 770/000003.)

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Pasa-mos al siguiente punto, dictaminar, a la vista del informeemitido por la ponencia, la declaración definitiva de lacuenta general del Estado, correspondiente al ejercicio de1994, y el informe anual del Tribunal de Cuentas, referidoal mismo ejercicio de 1994.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabrael señor Moreno.

El señor MORENO MONROVE: Voy a intervenircon extrema brevedad porque la fijación de posición delGrupo Parlamentario Socialista sobre la cuenta general delEstado y su declaración definitiva se realizó en la sesiónanterior. Por lo tanto, estamos en el trámite de hacer nues-tras propuestas de resolución, que, en el caso del GrupoParlamentario Socialista —y supongo que la tiene el restode los señores comisionados—, se ha limitado a transcribirliteralmente la recomendación que hace el Tribunal, quetiene un sentido amplio, pero al mismo tiempo recoge to-dos y cada uno de los elementos que sujetó al informe defiscalización. Por lo tanto, se concreta en una propuesta deresolución que es la de instar al Gobierno para que adoptetodas las medidas necesarias para que la cuenta general delEstado y la de las entidades que la conforman se ajusten alas recomendaciones del Tribunal de Cuentas y a los prin-cipios que deben informar su elaboración y rendición.

Hacer esta propuesta de resolución significa, ni más nimenos, el acuerdo de mi grupo, como ya puso de mani-fiesto mi compañero, el anterior portavoz señor Pérez Tou-riño, sobre la valoración, razonablemente positiva, de ladeclaración definitiva que hace el Tribunal de Cuentas, talcomo se desprendió de su informe, continuándose una me-jora progresiva de las cuentas rendidas, tanto en el fondo,que afecta al resultado de la gestión presupuestaria, comoa los aspectos formales, en sus aspectos generales y par-ciales. Siguen vigentes también, sin embargo, algunas di-ferencias de criterio en cuanto a la imputación de gastos yen desfases temporales en la imputación de gastos al pre-supuesto. Son dos elementos que afectan, sin duda, a la si-tuación patrimonial. Nuestro grupo espera que, como con-secuencia del paso del tiempo y sobre todo de la puesta aldía de las resoluciones que hoy aprobaremos probable-mente, estos criterios terminen definitivamente ajustán-dose en el menor breve plazo de tiempo posible.

Finalmente, quería decir que hoy me parece que dicta-minando la declaración definitiva de la cuenta de 1994, to-dos nos sentimos un poco más satisfechos al ver que noshemos puesto casi al día, que el esfuerzo del Tribunal deCuentas y de la Administración del Estado han posibili-tado y están posibilitando que en los plazos que práctica-mente establecen las distintas normas se produzca esta fis-calización, máxime cuando sabemos que la correspon-diente al año 1995 podría estar en esta Comisión Mixta an-tes de final de año, lo que constituiría un auténtico éxito

del Tribunal en su función fiscalizadora y, cómo no, de lasadministraciones al cumplir los plazos de envío al Tribunaly de alegaciones de los documentos necesarios para que seproduzca la fiscalización.

Estamos, por lo tanto, en un momento en el que el re-traso que los años anteriores se ha venido produciendo seha recuperado en un tiempo yo diría que récord; estamos,por ello, en condiciones de analizar informes de fiscaliza-ción con una cierta vigencia y más aún cuando todos losgrupos en la anterior sesión, de una manera u otra, con al-gún matiz que otro, ponían de manifiesto la progresiva me-jora del informe de fiscalización en cuanto al cumpli-miento de objetivos formales que expresaba el Tribunal.

No sé si es éste el momento adecuado para tomar posi-ción sobre las propuestas de otros grupos.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Mejorque la haga.

El señor MORENO MONROVE: Bien, señor presi-dente.

Nuestro grupo, a las propuestas de resolución delGrupo Parlamentario Popular, por considerar que coinci-den en el fondo y prácticamente en la forma con la globalque hace el nuestro, votará favorablemente las números 1y 2. No así la 3, porque consideramos que aunque su con-tenido está reflejado en la propuesta de resolución quehace el Grupo Parlamentario Socialista, entendemos quesu segregación de la más general no es conveniente, segúnnuestro criterio. Casi tendría que esperar a que tomara po-sición, respecto de las resoluciones, el Grupo Parlamenta-rio Catalán (Convergència i Unió), porque no sé si va a ha-ber alguna modificación en su propuesta, aunque en prin-cipio coincidimos básicamente con el contenido de cadauna de las cuatro que presenta en este momento.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): El se-ñor Carrera tiene la palabra, por Convergència i Unió.

El señor CARRERA I COMES: Nuestro grupo parla-mentario ha presentado cinco propuestas de resolución alinforme relativo a la declaración definitiva de la cuenta ge-neral del Estado de 1994 y todas ellas están en plena con-cordancia con el informe del Tribunal de Cuentas y con re-ferencia en concreto a aspectos que nos ha parecido opor-tuno remarcar y que ha hecho que los plasmemos en dis-tintas propuestas de resolución.

Las dos primeras no dejan de ser una reiteración, perono por ello carecen de importancia; al contrario, en una deellas, la número 1, se insta al Gobierno a que la cuenta ge-neral se ajuste plenamente a la legislación aplicable, y enla otra, la número 2, a continuar en la línea ya iniciada desuperar el retraso en la presentación de los informes de lacuenta general, que sin duda lo va recuperando, como bienha dicho el portavoz del Grupo Socialista. Las tres restan-tes son, sin duda, más puntuales y yo las mantengo en sutexto actual. En este sentido, hago una aclaración a la peti-ción hecha por el portavoz del Grupo Socialista, por enten-der que son temas importantes, ya que se refieren a que se

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actualicen y cumplimenten las órdenes de pago, por unlado; a que se clasifiquen y expongan las cuantías globalesde la cuenta del inmovilizado material y a que se provisio-nen adecuadamente los créditos de difícil o nula recupera-ción. Aquí había la duda de las conversaciones que hemosmantenido con los distintos grupos parlamentarios de siera posible el cumplimiento de estas propuestas de resolu-ción, que yo mantengo que son realmente importantes, enun tiempo determinado. Aquí lo dejo, a criterio y a expen-sas de lo que puedan opinar los distintos portavoces, eneste caso el Grupo Popular, de ver si se acepta o no unacierta matización a este calendario de cumplimiento, perorepito que lo que es el texto en sí de lo que debe cumplirselo mantengo en su totalidad.

En cuanto a las propuestas de resolución presentadaspor el Grupo Socialista, no tenemos ninguna objeción, lasvamos a apoyar, así como la 1, 2 y 3 del Grupo Parlamen-tario Popular.

El señor VICEPRESIDENTE: (Gimeno Marín): Porel Grupo Popular, el señor Jordano tiene la palabra.

El señor JORDANO SALINAS: Con bastante breve-dad hay que decir que sería ilógico mantener el criterio deque no han mejorado nada las cuentas del ejercicio 1994respecto a ejercicios anteriores, pero lo cierto es que la opi-nión global respecto a este ejercicio sigue siendo coinci-dente con la de ejercicios anteriores, con la del año 1993,con la del año 1992 y con los anteriores, en cuanto a laexistencia de salvedades e infracciones de las normas pre-supuestarias, que, a fin de cuentas, limitan el reflejo en lacuenta general del Estado de la actividad económica y fi-nanciera exacta del Estado y de sus organismos autóno-mos. Cuando las cosas van muy mal cualquier mejora debevalorarse, pero tampoco pueden lanzarse las campanas alvuelo en el ejercicio 1994 respecto a que se hayan arre-glado todas las cosas. Sigue habiendo un desplazamientode cantidades pendientes de aplicar de este ejercicio y delos anteriores de 782.000 millones de pesetas, es decir, si-gue habiendo 782.000 millones de pesetas de las cuentasdel Estado que se desplazan a ejercicios posteriores en losque tendrán que ser asumidos. Aumenta el déficit real delEstado y no se cumplen las previsiones de los presupuestosgenerales en este ejercicio 1994 y realmente el déficit ajus-tado final del año 1994 debería de haberse situado en 4,2billones de pesetas.

Estas razones son las que nos llevan, de un lado, a valo-rar positivamente el trabajo del Tribunal y, sobre todo, avalorar el espacio temporal en que ha realizado su informe,lo cual creo que nos está acercando a una aspiración que enotros años parecía totalmente inalcanzable, ha de ver en laCámara la liquidación de las cuentas no más allá de año ymedio o dos años después de haberse terminado un ejerci-cio. Parece que ya por fin, en el año 1997, vamos a conse-guir este objetivo de hace muchos años y que, al final, seestá logrando.

Por supuesto que instamos al Gobierno a que adopte lasmedidas para evitar las salvedades que plantea el Tribunaly en el punto tercero creemos que la observación que in-

troducimos de que esta Comisión debe considerar que sehan desplazado a ejercicios futuros obligaciones de pagoque condicionarán la evolución del déficit durante los años1995 y 1996, ya no 1997, es una observación que puede re-coger la Comisión, puesto que se deduce claramente delinforme realizado por el Tribunal y se deduce también dela intervención y de las aclaraciones de la presidenta delTribunal de Cuentas cuando presentó las cuentas de 1994.Por tanto, creo que al resaltar este apartado estamos di-ciendo nada más que lo que se contiene en el informe.

En cuanto a las propuestas realizadas por los otros gru-pos, no tenemos ninguna objeción que realizar a la delGrupo Socialista ni al conjunto de las propuestas delGrupo Parlamentario de Convergència i Unió, si bien ha-ríamos algunas matizaciones. Partiendo de la base de queel gobierno que recibe las recomendaciones de esta Comi-sión no es el gobierno que ejecuta y que cierra el presu-puesto de 1994, es un gobierno de índole distinta, le pedi-ríamos a la representación de Convergència i Unió en estaComisión que matizara sus propuestas números 4 y 5, 5 y6 en el total, en el sentido de que no se puede pedir al Go-bierno actual que realice de inmediato la clasificación delinmovilizado material del sector público cuando está pen-diente de clasificar desde 1985. Y de la misma forma cree-mos que tampoco puede pedirse que en un ejercicio deter-minado en un solo año se provisionen todas las partidas decrédito a largo plazo de difícil o casi nula recuperación quehemos venido denunciando durante una serie de ejercicioscontinuadamente y que en los distintos presupuestos si-guen figurando en el activo por sus importes iniciales, sinque nadie haya considerado a lo largo de estos años quedebía de haberse producido una dotación anual para ir re-bajándolas. Por tanto, si pediríamos que se matizara tam-bién esta propuesta de resolución número 5 de Convergèn-cia i Unió en el sentido de pedir al Gobierno que inicie lasenda de la regularización, pero que, evidentemente, nonos obliguemos a producir la regularización en un soloejercicio, no en el ejercicio 1997 sino en 1998, de golpe yporrazo todo esto no se ha regularizado o no se ha provi-sionado a lo largo de muchos ejercicios.

El señor VICEPRESIDENTE: (Gimeno Marín): Se-ñor Carrera, ¿qué dice usted a las matizaciones que le hanhecho en relación con sus dos últimas propuestas de reso-lución? ¿Inicia la senda de mejorar?

El señor CARRERA I COMES: No sé si es iniciar lasenda de mejorar, pero algo deberíamos decir en este sen-tido. El espíritu y el sentido de nuestra propuesta de reso-lución no era taxativo en cuanto a que se formalizara en unperíodo de tiempo determinado o en una anualidad a efec-tos presupuestarios. Sin duda era una recomendación ins-tando al Gobierno a que iniciara los trámites o la contabili-zación necesaria para ir regularizando estas partidas enconcreto. Por tanto, todo lo que sea respetarlo e instar aque realmente se cumplimenten toda esta serie de cuestio-nes entraría de lleno en lo que es nuestra perspectiva y po-dríamos decir que se inicie dentro de un plazo razonablecualquier cuestión de este tipo, lo que pueda parecer opor-

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tuno. Puramente se puede decir que se inicie, si acaso, sinmarcar ningún tipo de plazo.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): SeñorCarrera, le hago una propuesta, para que quede una redac-ción ya fija y establecida, a ver si encaja en los que solicitael Partido Popular. Sería algo así como que la ComisiónMixta del Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que enpróximos ejercicios clasifique y exponga las cuantías glo-bales de la cuenta del inmovilizado material. Eso por unlado y la misma formulación se daría en la siguiente reso-lución. ¿De acuerdo? (Asentimiento.) Así quedaría, pues,la redacción.

El Grupo Socialista solamente desea votación separadade la tercera propuesta del Grupo Popular. ¿Hay algún in-conveniente en que votemos todas las resoluciones juntas,menos la última del Grupo Popular? (Pausa.)

Pasamos a votar la única resolución propuesta por elGrupo Socialista, las cinco propuestas por Convergència iUnió, con las modificaciones que hemos introducido en lasdos últimas, y las dos primeras propuestas de resolucióndel Grupo Popular.

Efectuada la votación, dijo:

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín): Que-dan aprobadas por unanimidad las resoluciones indicadasanteriormente.

Pasamos a votar la tercera propuesta de resolución queplanteaba el Grupo Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo-tos a favor, 16; en contra, 10; abstenciones, una.

El señor VICEPRESIDENTE (Gimeno Marín):Queda aprobada la tercera propuesta del Grupo Popular.

Pasamos al siguiente punto del orden del día. (El señorvicepresidente, Fernández Menéndez, ocupa la Presi-dencia.)

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN SOBRE LOS SI-GUIENTES ASUNTOS:

— MOCIÓN SOBRE LOS CONCEPTOS DE SOCIE-DAD ESTATAL Y DE EMPRESA PÚBLICA. (Nú-mero de expediente Congreso 251/000016 y númerode expediente Senado 773/000002.)

— MOCIÓN SOBRE DIVERSOS ASPECTOS RE-LATIVOS A LA RENDICIÓN DE CUENTAS ENEL SECTOR PÚBLICO ESTATAL Y AL CONTE-NIDO Y ÁMBITO DE LA CUENTA GENERALDEL ESTADO. (Número de expediente Congreso251/000017 y número de expediente Senado773/000003.)

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menén-dez): Quisiera proponerles que se debatan conjuntamente

las dos propuestas de resolución incluidos en el orden deldía y que corresponden a los números de expediente delCongreso 251/000016 y 251/000017. (Asentimiento.)

En primer lugar, tiene la palabra el señor Carrera, por elGrupo Catalán de Convergència i Unió.

El señor CARRERA I COMES: Hemos venido man-teniendo durante toda la sesión que iniciaba los debates elGrupo Parlamentario Socialista. Si no tiene inconvenientela Presidencia, seguiríamos en el mismo orden.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menén-dez): Tiene la palabra el señor Gimeno.

El señor GIMENO MARÍN: Con brevedad, debati-mos ahora las mociones presentadas sobre temas, porcierto, curiosamente de actualidad en estos momentos,pero, sorprendentemente, de una actualidad que nos llevahacia el agotamiento total, en el sentido de que a la veloci-dad que parece que quiere coger el Gobierno en la privati-zación de las empresas públicas difícilmente vamos a teneralgo para fiscalizar por el Tribunal de Cuentas (El señorCámara Rodríguez: Algo quedará.), pero en cualquiercaso es un buen debate en un momento en el que en estasCámaras parece ser que se ha tomado la decisión de que nopuede comparecer ni el presidente de Telefónica, cuandopodía ser muy interesante conocer la situación.

Simplemente quiero decir que la moción que hemospresentado de alguna manera entiende los criterios del Tri-bunal de Cuentas y, al entenderlos, parecía adecuado —yalo debatimos en la anterior sesión— introducir algunasconsideraciones nuevas sobre lo que debería ser el con-cepto de empresa pública o de sociedad estatal, porque enlas mociones y en los criterios del Tribunal de Cuentasnuestra posición es apoyar esos criterios en los que se esta-bleciera una regulación legal que definiera ese tipo deplanteamientos. Ya digo que no sé si éste es el momentomás adecuado en el tiempo, pero, en cualquier caso, ésa esla propuesta y la moción que nosotros presentamos.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menén-dez): Para defender las propuestas de resolución del GrupoParlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la pa-labra el senador señor Carrera.

El señor CARRERA I COMES: El Tribunal de Cuen-tas, en su moción, platea la definición de los conceptos desociedad estatal y de empresa pública, a fin de que el pro-pio Tribunal pueda ejercer plenamente y de modo efectivola labor fiscalizadora del sector público. A tal efecto hacecuatro propuestas, en las que —lo digo de forma resu-mida— pide que se definan legalmente los conceptos desociedad estatal y de empresa pública, teniendo como baseno sólo el criterio de participación mayoritaria en el capi-tal social, sino también el criterio de ejercicio del control odominio efectivo de una manera directa o indirecta, la obli-gación de elaborar y publicar anualmente un inventario ac-tualizado de las sociedades estatales y empresas públicasparticipadas, el establecimiento de los procedimientos de

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rendición de cuentas al Tribunal a fin de agilizar los plazosy el preservar la confidencialidad de determinadas infor-maciones.

En cuanto a la finalidad que persigue el conjunto de lamoción, ciertamente encomiable desde la perspectiva delas competencias de las comunidades autónomas en el ám-bito de su potestad autoorganizativa, así como del ejerciciode las funciones de fiscalización de los órganos autónomoshomologados del Tribunal de Cuentas, consideramos quees susceptible de mejoras. A tal efecto se ha de recordar, yasí lo hago, que la Ley de empresa pública catalana definela empresa pública no sólo en base a la posición de domi-nio derivada de una mayoría accionarial, sino tambiéndesde la vertiente de la posible designación total o parcialde los órganos de dirección, a la vez que introduce la cate-goría de sociedad vinculada. Esto es tal como se viene en-tendiendo en Cataluña y, por tanto, sin que en ningún casosuponga dualidad de funciones o limitación de las faculta-des del Tribunal de Cuentas, creemos que es preciso salva-guardar la competencia de los órganos fiscalizadores autó-nomos del Tribunal de Cuentas.

Considerando todo lo expuesto, nosotros, el Grupo Par-lamentario Catalán (Convergència i Unió), hacemos trespropuestas de resolución. Una que afecta al texto de la pri-mera propuesta del Tribunal de Cuentas en una doble ver-tiente. Cuando se hace referencia por parte del Tribunal—y en cuyo texto consta así— al criterio de participaciónmayoritaria, control o dominio efectivo de las distintas ad-ministraciones, queremos añadir un nuevo criterio igualque el que venimos aplicando en Cataluña, que es el devinculación. Se trataría de añadir el criterio de vinculacióna aplicar a las sociedades que hayan suscrito convenioscon las administraciones públicas o a aquellas en las que seostente una participación mínima de un 5 por ciento y setenga la facultad de designar los órganos de dirección. Laotra vertiente hace referencia, dentro también de la pri-mera propuesta, a fijar criterios sobre la obligación de ren-dir cuentas al Tribunal de Cuentas y se trataría de añadir: ytambién a órganos de control externo de las comunidadesautónomas. Las dos restantes van en este mismo sentido; lapropuesta tercera del Tribunal de Cuentas habla de proce-dimientos de rendición de cuentas al Tribunal y se trataríade añadir: órganos de control externo de las comunidadesautónomas. Y el mismo añadido se hace en la cuarta pro-puesta, cuando se habla de confidencialidad.

Aquí se me presentan muchos interrogantes. He enten-dido que en este mismo trámite voy a defender las enmien-das de la otra moción y, como digo, tengo una serie de du-das, de interrogantes, en cuanto a si este trámite es o no eloportuno para intentar introducir estas propuestas de reso-lución, cuando además nos encontramos con que el propioGrupo Parlamentario Popular ha presentado en el Con-greso una proposición no de ley pidiendo un estudio de loscriterios de definición de sociedad estatal y empresa pú-blica y, al mismo tiempo, publicación anual de un inventa-rio. Por tanto, estamos en una situación en que está enpuertas una tramitación que a nuestro entender es impor-tante, donde sin duda va a ser posible —y entendemos queasí debería ser— la participación de los distintos grupos

una vez que se haya hecho este estudio, este informe, queva a permitir hacer las aportaciones necesarias. Continúoinsistiendo en mis dudas en el sentido de preguntarme si esmejor supeditar al estudio estas propuestas de resolución,tanto las que estoy debatiendo, las que estoy proponiendoen estos momentos como las que voy a hacer a continua-ción, o dejar constancia de que se contemple en el estudio.Alguna solución habrá que adoptar; con todo, lo que síhago en este trámite es dejar constancia de lo que son nues-tras propuestas de resolución así como de las que hacen re-ferencia a la rendición de cuentas del sector público estataly al contenido y ámbito de la Cuenta General del Estado.También el Tribunal de Cuentas, en su moción, proponeuna serie de cuestiones, como son modificar el contenidode la cuenta general en los documentos que la integran y,por otro lado, regular la tramitación y los plazos de rendi-ción ante el Tribunal de las citadas cuentas. Nosotros en-tendemos que se está refiriendo a lo que es la Administra-ción del Estado y a sus organismos y empresas y que enningún momento el Tribunal de Cuentas hace mención alas comunidades autónomas; únicamente afecta a la Admi-nistración del Estado y concretamente al contenido y tra-mitación de la cuenta general. No entra, en absoluto, en loque son las comunidades autónomas.

En términos generales, la propuesta del Tribunal nosparece correcta, aunque habrá que ver la regulación con-creta que se apruebe, y aquí empiezan nuestras interrogan-tes, ya que por parte del Tribunal sólo se hacen una serie dereflexiones y recomendaciones de tipo genérico, pero nouna regulación detallada. Se habla de revisar el proceso derendición de cuentas y de que las Cortes Generales adop-ten medidas encaminadas a asegurar la debida coherencia,definir los plazos de forma precisa, armonizar la normativapresupuestaria, unificar las cuentas anuales y limitar larendición de cuentas a los estados financieros. Asimismo,se habla de que la Intervención no debería condicionar lafunción fiscalizadora del Tribunal y modificar la regula-ción de la cuenta general del Estado. Repito que todo elloparece correcto, pero ¿quién aplica y cómo todas estas re-comendaciones que hace el Tribunal de Cuentas? Podría-mos llegar a la conclusión, un poco en la línea del GrupoSocialista, de decir: vamos a hacer una sola propuesta deresolución en el sentido de asumir las propuestas, las reco-mendaciones del Tribunal de Cuentas, pero ¿cómo se ma-terializan estas recomendaciones? Por nuestra parte, y enesta moción, hemos intentado hacer una aportación contres propuestas: que la regulación de todos los aspectos re-lacionados con los plazos y documentos a presentar se es-tablezca en una única norma legislativa, el texto refundidode la Ley General Presupuestaria —texto aprobado me-diante Real Decreto 1091/1968—; la obligación de elabo-rar una memoria en donde se incluya información sobreespecificidades propias del sector: ejecución de los contra-tos-programa, principios de publicidad y concurrencia,rendimientos y coste de los servicios y ejecución de losplanes de actuación; y modificar la transmisión automáticade copias por la obligación de facilitar la consulta de losoriginales. En un sentido como en otro, señor presidente,señorías, nuestro grupo continúa con la duda de si estas

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propuestas de resolución están en el punto óptimo de tra-mitación en este momento, que realmente podemos acep-tarlo, o si sería más oportuno, para su aplicación práctica,esperar al debate de la proposición no de ley presentada.No obstante, nuestro grupo entiende que ésta es una apor-tación que sí vamos a hacer en este trámite parlamentario,y, por lo tanto, las dejamos planteadas tal cual están.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):El diputado señor Santiso tiene la palabra, por IzquierdaUnida.

El señor SANTISO DEL VALLE: Con mucha breve-dad quiero manifestar el acuerdo de nuestro grupo con laspropuestas del Tribunal de Cuentas, entendiendo que coin-cidimos con el fondo de ambas propuestas, sobre todo por-que coinciden con una idea que siempre ha mantenido Iz-quierda Unida y es esa paradoja de que hay grandes em-presas que con participaciones de menos del 50 por cientono hay posibilidad de fiscalizar, léase Endesa o antes Tele-fónica, mientras que otras mucho más pequeñas, sin em-bargo, por el simple hecho de tener el 51 por ciento puedenser fiscalizadas. Además se da otra casuística, como sonlas empresas públicas que crean filiales con el cien porcien, que tampoco son fiscalizadas, puesto que no tienen laconsideración de empresa pública, a pesar de que su capi-tal indirectamente es cien por cien público; o en el ámbitomunicipal, a su vez, empresas de servicios municipales enlas que el consejo de administración lo nombra el propiomunicipio y no están sometidas a fiscalización.

Creemos que son muy importante estas recomendacio-nes del Tribunal de Cuentas. He de decir que también com-partíamos las enmiendas presentadas por Convergència iUnió por precisar algunos aspectos en cuanto a porcenta-jes, poner unos límites y acotar los aspectos a contemplar.Lo que sí haremos será una consideración para que, efecti-vamente, estas propuestas no queden sólo en esta Comi-sión, sino que se vean traducidas —y en esto el Grupo Po-pular que sostiene al Gobierno tiene su propia responsabi-lidad en el futuro—, porque si van en esa dirección noso-tros apoyaremos también todas las iniciativas de proyectosde ley o modificaciones legislativas necesarias para que secumplan estas recomendaciones.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Para fijar su posición el diputado señor Cámara tiene la pa-labra.

El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA:Intervendré con toda brevedad para explicar, en primer lu-gar, por qué nuestro grupo no ha ofrecido propuestas de re-solución sobre las mociones presentadas por el tribunal,manifestando lo imprescindible que parece resaltar la im-portancia de las dos mociones presentadas y discutidas enla sesión anterior. Algún grupo solicitó en su día la concre-ción, además de decir que se modificará la ley con respectoa lo que se decía en la moción del Tribunal de Cuentas.Nuestro grupo quiere aportar esa mayor concreción no através de una propuesta de resolución en el seno de esta

Comisión. Como quiera que entendemos que es una cues-tión trascendente sobre los temas que se tratan; más aún,como dijo el portavoz socialista, en un momento en que elproceso de privatización de las sociedades públicas es detal importancia en la actualidad y en la seguridad y firmezaque nuestro grupo quiere aportar en esta sesión acerca de laconvicción de que las sociedades públicas, más allá del cri-terio de participación mayoritaria, deben ser fiscalizadaspor el Tribunal de Cuentas cuando deban serlo en funciónde criterios diferentes al de participación mayoritaria, he-mos presentado dos proposiciones no de ley antes del ve-rano en el seno del Congreso de los Diputados, que tratanprecisamente de concretar e ir más allá de lo que se llegóen las mociones del Tribunal de Cuentas y más allá, anuestro entender, de las proposiciones presentadas, porejemplo, por el Grupo Socialista, que asume, como lo hacenuestro grupo, las recomendaciones del Tribunal de Cuen-tas. Dicen algo más, que es simplemente instar al Gobiernopara que presente en el Congreso de los Diputados las mo-dificaciones legislativas necesarias para que las propuestaspresentadas por el Tribunal de Cuentas tengan una eficaciajurídica real.

Las proposiciones no de ley están presentadas. Nuestrogrupo ofrece al resto de los grupos parlamentarios el diá-logo y el consenso necesarios para llegar a unas proposi-ciones no de ley consensuadas, matizadas, modificadas enfunción de lo que los grupos consideren necesario. En estesentido hacemos una especial mención a lo aportado porel portavoz de Convergència cuando manifestaba que nosabía muy bien si era el momento procesal oportuno, si laeficacia jurídica era la requerida para que estas propuestasde resolución que su grupo presentaba fueran eficaces oútiles. Nosotros tendemos estas proposiciones no de leypresentadas por nuestro grupo para que puedan ser incor-poradas las propuestas que hoy hacen, matizadas. Porquesí que entendemos que las propuestas presentadas debie-ran tener alguna matización, en concreto dos, fundamen-talmente. Una, que se repite a lo largo de las cinco pro-puestas de resolución presentadas por el Grupo de Con-vergència, referida a la necesidad de modificar tambiénlas legislaciones de aquellas comunidades autónomas quetengan órganos de control externo. Nos parece que, enprincipio, si bien la propuesta está dotada de toda la razo-nabilidad y necesidad jurídica, podría vulnerar las compe-tencias de las propias comunidades autónomas o de losparlamentos donde hay órganos de control externo. Cree-mos que verdaderamente deberían ser matizadas en esesentido. En concreto, el resto de las propuestas de resolu-ción nos parecen correctas, porque en lo fundamental re-cogen las recomendaciones hechas en su día por el Tribu-nal de Cuentas.

Simplemente deseo ofrecer, para terminar, la posibili-dad de que, en el trámite previo a la presentación y discu-sión en el Pleno del Congreso de los Diputados de la pro-posición no de ley presentada por nuestro grupo, los gru-pos parlamentarios tengamos oportunidad, con tiempo, derealizar un encuentro para definir, en la medida de las ne-cesidades de cada grupo, lo que haya de ser una propuestaconsensuada de la proposición no de ley.

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Si fuera posible o si entrara dentro de las posibilidadesdel Grupo de Convergència, incluso del Grupo Socialista,pediría la retirada de las propuestas de resolución, para queen su día fueran observadas conjuntamente en este trámite.Considero que, por su propia elevación del rango, por loque significaría ver un asunto de esta importancia en elPleno del Congreso de los Diputados, eso tendría una tras-cendencia, sin duda, mayor de la que tiene en esta Comi-sión Mixta del Tribunal de Cuentas, por la especial impor-tancia y complejidad de lo que pueda ser la materia tratada.Así, solicitaríamos con toda humildad que las propuestasde Convergència y del Grupo Socialista fueran retiradas ydejadas para un trámite posterior de esta proposición no deley en el seno del Pleno del Congreso de los Diputados.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Senador Carreras, ¿desea intervenir respecto a la propuestaque le hace el diputado señor Cámara?

El señor CARRERA I COMES: Sí, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Tiene la palabra.

El señor CARRERA I COMES: Dos cuestiones. Una,cuando en nuestra propuesta de resolución hacemos refe-rencia a los órganos de fiscalización de las comunidadesautónomas, no estamos diciendo que se modifiquen paraque se regule el funcionamiento de estos órganos de las co-munidades autónomas, sino que pensamos que las socieda-des a las que hacemos referencia también deberían rendircuentas a dichos órganos.

Aclarado esto, el portavoz del Grupo Parlamentario Po-pular propone que retiremos, por nuestra parte, estas pro-puestas de resolución, entendiendo que tendremos oportu-nidad u opción en la tramitación de las proposiciones no deley presentadas para hacer las aportaciones necesarias.Tengo mis dudas, pero hay que resolver una situación y to-mar una determinación. Yo ya la tenía al principio e insistoen ella: ofrezco en estos momentos a la Comisión Mixta,que es donde nuestro grupo debía hacerlo, y así lo ha he-cho, unas propuestas de resolución, que pueden prosperaro no. No sé si será esto tan efectivo como lo sería si en sumomento se pudieran introducir en el trámite parlamenta-rio de la proposición de ley. No sé, por ejemplo, señor pre-sidente, si podría ser que el sentido de estas propuestas deresolución del Grupo Parlamentario Catalán, yo diría, si esnecesario, no el texto literal, se pudiera estudiar en estaproposición no de ley que en su momento se va a tramitar.Sería una especie de transaccional en cuanto al texto. Ennuestra posición, ¿qué sería lo óptimo? Que se entendieraque respetando las proposiciones no de ley que van a serpropuestas, quisiéramos que el sentido de este texto por lomenos estuviera dentro de los estudios a realizar cuando sehiciera el informe final. No sé si esto comporta un textotransaccional o es muy complicado; no lo sé.

El señor GIMENO MARÍN: Señor Presidente, enprincipio, quiero dejar claro que mi grupo mantiene las

propuestas. No creemos que haga falta. Esto no es un pro-blema de Estado. No hay ningún problema en estos mo-mentos a debate que, aunque sea importante, exija unacuerdo o no. Yo creo que la situación es bien clara. Noso-tros mantenemos las propuestas y creemos que los demásgrupos tienen que decir si las mantienen u ofrecen untexto; si no, esto es muy complicado. Las proposiciones node ley, en su día, ya se votarán o no se votarán, pudiendohacerlo a favor o en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):El señor Cámara.

El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA:Señor presidente, simplemente quería apuntar que en el trá-mite de la proposición no de ley se puede, no sólo enmendarel texto presentado por nuestro grupo, que es lo que estamosofreciendo, sino que el trámite parlamentario permite la pre-sentación de una enmienda o de un texto alternativo a la pro-posición no de ley, que puede ir en la línea de las presenta-das hoy o pueden ser otras que se consensuen con el resto delos grupos. Por tanto, es perfectamente posible que el textosea modificado tan ampliamente como se quiera.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):¿Quería aclarar algo el señor Carrera?

El señor CARRERA I COMES: Señor presidente,quería aclarar la posición final de nuestro grupo, porquepienso que ha quedado en una total y absoluta nebulosaqué es lo que vamos a hacer.

He estado pendiente de ver si había una transaccionalmás concreta del Partido Popular. Como quiera que su pro-puesta es que retiremos la nuestra, en espera de intentar in-troducirla, creo que, finalmente, por nuestra parte vamos amantener el texto y que se proceda a la votación.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Vamos a someter a votación la propuesta de resolución delGrupo Catalán (Convergència i Unió), sobre los conceptosde sociedad estatal y empresa pública.

¿Podemos votar conjuntamente las propuestas 1, 2 y 3,que ustedes presentan? (Asentimiento.)

Por tanto, votamos las propuestas de resolución núme-ros 1, 2 y 3.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo-tos a favor, 12; en contra, 14.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Queda rechazada.

Votamos a continuación la propuesta de resolución nú-mero 4, del Grupo Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: vo-tos a favor, 12; en contra, 14.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Queda rechazada.

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Seguidamente votamos la moción sobre diversos aspec-tos relativos a la rendición de cuentas en el sector público es-tatal y al contenido y ámbito de la cuenta general del Estado.

Procedemos a votar las propuestas de resolución núme-ros 1, 2 y 3, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).

¿Tiene alguna duda el señor Carrera?

El señor CARRERA I COMES: No. La defensa de laspropuestas está hecha. No había entendido si es que íba-mos a la votación.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Habíamos sometido a votación la moción sobre los con-ceptos de empresa pública.

El señor CARRERA I COMES: De acuerdo, señorpresidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Por tanto, ahora, vamos a someter a votación las propues-

tas de resolución números 1, 2 y 3 a la moción sobre di-versos aspectos relativos a la rendición de cuentas en elsector público estatal y al contenido y ámbito de la cuentageneral del Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Quedan aprobadas por unanimidad.

Ahora vamos a someter a votación la propuesta deresolución número 4, del Grupo Parlamentario Socia-lista.


El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Menéndez):Queda aprobada también por unanimidad.

Se levanta la sesión.

Eran las siete y cinco minutos de la tarde.

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PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS · Comparecencia de la señora Presidenta del Tribunal de Cuentas (García Crespo) para informar sobre: — Informe de fiscalización