PDF Pueblos53 Julio2012

7/30/2019 PDF Pueblos53 Julio2012

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Revista de Informacin y DebateTercer trimestre de 2012N 53www.revistapueblos.org

DOSSIER > JUSTICIA AMBIENTAL Y DESARROLLOLa sostenibilidad parte de la gestin de los bienes comunes > Ro+20. El futuro que no queremos >Agua, para qu desarrollo > El aporte de la biotecnologa a la seguridad y soberana alimentaria en Bolivia >Extraccin, desarrollo y alternativas de vida en Ecuador>

MIRADAS: Nuevos paradigmas para las luchas en la transicin al revs. La hora de Centroamrica >La bsqueda de la verdad, la memoria y la justicia en el Cono Sur> EE UU y la OTAN huyen de Afganistn >Somalia, por qu un Estado? >OTRASSECCIONES: Opinin >Entrevista > Observatorio de multinacionales > Comunicacin y publicidad >Cooperacin y educacin > Cultura


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M Reyes Guijarro Ruiz es ilustradora y diseadora grfica. Colabora coneditoriales como Xerais de Galicia, Nuevos Rumbos, Tantgora o Palabras del

Candil, ilustrando libros para nios y adultos. En 2010 recibe Mencin especial deljurado en el V Premio internacional de lbum i lustrado Cabildo de Gran

Canaria-Grupo Luis Vives porNana para las nias de tus ojos. En 2011 su trabajo esseleccionado para los anuarios Select J Indexbook y Select B Indexbook.

Portada del nmero 53

M ReyesGuijarro Ruiz

Puebloses una apuesta por la solidaridad que ofrece una mirada crtica sobre las diferentes realidades sociales, polticas, econmicas y culturales del mun-do. Editada por Paz con Dignidad, busca consolidar un instrumento de comunicacin que sirva para fortalecer e impulsar nexos entre organizaciones delNorte y del Sur que trabajan en procesos de transformacin social. Fundada en 1995, cada ao se publican cuatro nmeros ordinarios de Pueblos (ene-ro, abril, julio y octubre) y al menos un especial. Todos o prcticamente todos los artculos publicados en la edicin en papel de Pueblos son originales.Pueblos Revista de Informacin y Debateno se hace responsable de las opiniones de los autores y autoras de los artculos. Impresa en papel reciclado.

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PUEBLOS - REVISTADEINFORMACINYDEBATEN 53 (II poca). Tercer trimestre de 2012FUNDADAEN 1995. Segunda poca 2002. EDITADAPORPaz con Dignidad (C/Gran Va, 40 5 Oficina 2 28013 Madrid)DEPSITOLEGAL: M.47.658-1999. ISSN: 1577-4376COORDINADOR: Luis Nieto Pereira. CONSEJO EDITORIAL: Eugenio Pascual Corua (Asociacin Paz con Dignidad) Elena Nagore Cordn (Centro de Iniciativaspara la Cooperacin Bat, CIC Bat) Carmen Sala. (Entrepueblos) Instituto de Promocin de Estudios Sociales Navarra Puri Prez Rojo (Mugarik Gabe

Euskadi) Organizacin de Cooperacin y Solidaridad Internacional, OCSI) Patxi Zabalo (Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperacin InternacionalHegoa - Universidad del Pas Vasco UPV/EHU) Fidel Nieto (Universidad Luterana de El Salvador) ACSUR-Las Segovias Jaume Botey Carlos GmezGil Adolfo Rodrguez Gil Isaac Rosa Pascual Serrano Carlos Taibo. ENTIDADESCOLABORADORAS: Justicia i Pau de Catalua Xulio Ros (InstitutoGalego de Anlise e Documentacin Internacional, IGADI) Mikel De La Fuente (Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UPV/EHU) Amparo Merino(Universidad de Castilla-La Mancha) Edgardo Mira (Centro de Investigacin Sobre Inversin y Comercio - CEICOM, El Salvador) Revista Envo (UniversidadCentroamericana de Managua, Nicaragua). Marco Gandarillas, Centro de Documentacin e Informacin CEDIB Bolivia. Olimpo Crdenas (Periferia PrensaAlternativa, Colombia).JEFADEREDACCIN: Andrea Gago Menor. CONSEJODEREDACCIN ([email protected]): Andrs Cabanas Beln Cuadrado Isabel Duque Jorge Lago Ruiz Luis Nieto Susana Prez Snchez Beatriz Ortiz Martnez. AGRADECIMIENTOS: A Eneko Calle, Urbano de la Cruz, Erika Gonzlez, AideenKennedy, Alberto Snchez y a todas aquellas entidades y personas que han hecho posible la elaboracin de este nmero.DISEO: Andrea Gago y Silvia M. Prez. MAQUETACIN: Gonzalo Trigueros. ADMINISTRACIN ([email protected] / 915233824): ngela Martn.

PUEBLOSSEREALIZACONELAPOYODELASSIGUIENTESINSTITUCIONES:

Agencia Andaluza de Cooperacin Internacional para el Desarrollo (AACID) Ajuntament dArt Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid Ayuntamiento de Valladolid Bilboko Udala/Ayuntamiento deBilbao Diputacin de Bizkaia/Bizkaiko Foru Aldundia Eusko Jaularitza/Gobierno Vasco FondoAndaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional.

Esta publicacin se ha realizado con el apoyo financiero de la Agencia Espaola de Cooperacin In-ternacional para el Desarrollo (AECID) a travs de un convenio en El Salvador, Guatemala, Hondurasy Nicaragua, coordinado por ACSUR - Las Segovias, para el fortalecimiento de la autonoma de lasmujeres, apoyando procesos que aumenten su participacin ciudadana y la defensa y el ejercicio desus derechos humanos.

Pueblos 53 se ha realizado con el apoyo especial de laAgencia Vasca de Cooperacin para el Desarrollo /

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

www.revistapueblos.org

El dossiercentral de este nmero ha sido editado tambin ntegramente en euskera.


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Informacin y Debate PUEBLOSTercer trimestre 2012 3

EDITORIALNeruda, moscas Franco? ........................................................................................................ 4

OPININ

Unin Europea e India: Negociando de espaldas a la sociedad

(Karen Bocanegra)................. 5Justicia politizada, justicia democrtica (Isaac Rosa) ............................................................... 6Se deca ayer... Rousseau y el actual contrato social (Valentn Moreno) ............................... 7

ENTREVISTAMarco Gandarillas, director ejecutivo del CEDIB (Bolivia): Para las organizaciones bolivianas deizquierdas el plantamiento es politizar el trabajo nuevamente.(Concepcin Garca y Beatriz Ortiz Martnez) ................................................................... 8

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALESNovartis vs. India, un juicio decisivo (Karen Bocanegra) ....................................................... 12

MIRADASNuevos paradigmas para las luchas en la transicin al revs. La hora de Centroamrica.(Andrs Cabanas)................................................................................................................. 14La bsqueda de la verdad, la memoria y la justicia en el Cono Sur(Rosaura Audi) ................. 17EE UU y la OTAN huyen de Afganistan (Roberto Montoya) ................................................... 20Somalia, por qu un Estado? (Oscar Escudero) .................................................................. 23

DOSSIER: Justicia ambiental y desarrolloLa sostenibilidad parte de la gestin de los bienes comunes (Luis Gonzlez Reyes) .............. 28Ro +20, el futuro que no queremos (Samuel Martn-Sosa Rodrguez) ................................. 30Agua, para qu desarrollo? (M ngeles Fernndez) .......................................................... 33

El aporte de la biotecnologa a la seguridad y soberana alimentaria en Bolivia.(Miguel ngel Crespo) ........................................................................................................ 36Extraccin, desarrollo y alternativas de vida en Ecuador(Luis ngel Saavedra).................... 39Recursos (Redaccin Pueblos) ............................................................................................ 42

COMUNICACINHablar con voz propia. La televisin participativa y el audiovisual comunitario a travs del proyectorbol en Uruguay (Paula Vilella) ........................................................................................... 43

COOPERACIN Y EDUCACINEl papel de la cooperacin y los derechos de los pueblos indgenas (Henry Morales L.) ..... 47

Nicaragua ya tiene una ley que protege a las mujeres de la violencia y castiga a los agresores.(Gixa Torres) ........................................................................................................................ 50La emergencia de la cooperacin Sur-Sur: hacia una nueva gobernanza de la ayuda?(Guillermo Santander) ........................................................................................................ 52La cooperacin al desarrollo en la era de la pobreza 2.0 (Miguel Romero y Pedro Ramiro).... 55

CULTURALeer a... Jamaica Kincaid (Clara Alonso) .............................................................................. 57Resea: Ruskind Bond, Delhi no est lejos(Javier Morote) ................................................... 58Nuevas publicaciones (Redaccin Pueblos) ......................................................................... 59Jos K. Torturado. Un viaje al dolor y la contradiccin (Jos Alberto Andrs Lacasta) ........... 60

Msica tradicional irlandesa. Ms all de la etiqueta celta (Aideen Kennedy) ....................... 62El artistavs. Mad Men. Hollywood descubre la receta del huevo frito (Alejandro Pedregal) ... 64Recomendaciones de cine (Beatriz Tostado) ......................................................................... 66

SUMARIO

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4 2012 Tercer trimestre PUEBLOS Informacin y Debate

EDITORIAL

Moscas Trujillo, moscas Tachos,/ moscas Caras, moscas Mar-tnez,/ moscas Ubico, moscas hme-das/ de sangre humilde y mermelada.Ojal pudisemos preguntarle a PabloNeruda si a ese listado que ya ha cum-plido los 62 aos aadira, por ejemplo,unas golosas moscas Franco (paragua-

yas, desambiguamos).Dicen que va a haber elecciones en

abril de 2013 en Paraguay. Si es as,las personas podrn ir a las urnas yescoger libremente la composicin desu Congreso. Es decir, de ese mismoCongreso que se dej los codos estu-diando la Constitucin paraguaya paradar un golpe de Estado que no lo pare-ciese demasiado.

Paraguay ha recurrido en tres oca-siones en trece aos al juicio poltico:en 1999, contra Ral Cubas; en 2003,

contra Luis Gonzlez Machi; ahora,contra Fernando Lugo. La media salebastante alta. Lugo haba asumido lapresidencia del pas con una coalicinde centroizquierda tras ms de 60 aosde gobierno del Partido Colorado. Elpartido de Alfredo Stroessner, quiencont con tres dcadas y media (entre1954 y 1989) para enriquecer a unoscuantos puados de personas... y paradestrozar el pas. Asesinar, torturar,desangrar, violar, quemar, desaparecer.

Hacia el interior de Paraguay, Fer-nando Lugo supuso en un momentodado una esperanza para muchas per-sonas, para las y los pobres y el cam-pesinado. Hacia el exterior, supuso unpaso ms en el giro de Amrica Latinahacia polticas de izquierdas. A pesarde las crticas, de la desilusin mani-festada por algunas y algunos, a los po-deres reales no les gustaba nada Lugo.Otro ejemplo ms de que al poder nohace falta tocarle con uas de guita-rrero para que salte como un escor-

pin. Bastara una pluma.Llama la atencin adems la rapi-dez con la se produjo todo el proceso:

el da 15 sucede el hecho (la muertea tiros de 17 personas: 11 campesinosy 7 policas); ese mismo da algunasvoces comienzan a pedir juicio polti-co; despus se suceden las destitucio-nes desde el gobierno; avanza la cam-paa en prensa; se produce el juicio,hay veredicto. Cunto tiempo pas?

Una semana. Lstima no poder contarcon la misma eficacia para la gestinde los programas del Estado y otrascuestiones de vital importancia para lapoblacin paraguaya.

Por una vez coincidimos en estapublicacin con palabras del presiden-te colombiano, Juan Manuel Santos: hasido la historia de una remocin anun-ciada, se saba que iba a pasar. Tam-bin sabamos que, noticia tras noticia,da tras da, se iran intentando hacerolvidar los puntos negros del proceso,

que se viese normal eso de la nor-malizacin para la convocatoria deelecciones... y hasta sabamos que ven-dran las quejas y la transformacin delos verdugos en vctimas: el actual pre-sidente de Paraguay, Federico Franco,calific de ilegales e ilegtimas lassuspensiones acordadas por Mercosury la Unin de Naciones Suramericanas(Unasur). Lleg a decir que el gobiernopromovera acciones al respecto al am-paro del derecho internacional. Con lobien que han demostrado saber mover-se en el campo jurdico, por algo serque lo dicen.

Quiz algn da se sepa con clari-dad qu papel jugaron en este golpedemocrtico la compaa Monsan-to, EE UU y algunos terratenientesparaguayos.Cuando son la trompeta,estuvo/ todo preparado en la tierra yJehov reparti el mundo/ a Coca-ColaInc., Anaconda,/ Ford Motors, y otrasentidades... Algunos nombres vancambiando, los modos se disfrazan.

Pero no nos hemos librado de las sa-bias moscas/ entendidas en tirana deNeruda. Quizs vayan llegando ms.

Redaccin PUEBLOS

Neruda, moscas Franco?PARAGUAY

POBLACIN6.459.058 (Julio de 2011).

NDICEDE DESARROLLO HUMANO (IDH)Posicin 107 de 187.

LATIERRAEl 85% de la tierra est en manosdel 2% de las personas (CensoAgropecuario de 2008).Los trabajos de deforestacin en AltoParaguay y Boquern llegaron en 2009 aser de entre 1.000 y 1.500 hectreas/da.

CRECIMIENTOYPOBREZAEn 2010 el crecimiento del pas fueenorme: 14%. La pobreza, segn fuentes,aplasta a entre el 35,1 y el 56% de lapoblacin.

SEMILLASLIBERADASEn 2011 el Ministerio de Agricultura yGanadera liber ilegalmente la semillade algodn transgnico Bollgard BT, de lacompaa Monsanto (EE UU).

NOMBRESENTREMEZCLADOSMonsanto, Grupo Zuccolillo, Aldo Zuccolillo,diario ABC Color, Cargill Paraguay, Uninde Gremios de Produccin (UGP), HctorCristaldo, Horacio Carte...

ALGNINTENTODE LUGOEn 2009 quiso terminar con el convenio quepermite el mantenimiento de la base militarestadounidense Mariscal Estigarribia.

ALGUNATAREAQUETENDRA LUGOSer el prximo presidente pro temporede la Unin de Naciones Suramericanas(Unasur).

EL 15 DEJUNIOCuruguaty, departamento de Canindey.Desalojo en un latifundio propiedad delex presidente del Partido Colorado BlasRiquelme.

ECONOMAEN CURUGUATYCultivos de soja, trigo, girasol, ssamo,estevia, algodn; ganadera de bovinos yotros; explotacin de madera y yerba mate.

APROVECHAMIENTODELTIEMPOLugo fue destituido el viernes 22 de junio.El Vaticano, Alemania y Espaareconocieron oficialmente el nuevogobierno al da siguiente. La Unin Europeapidi respeto a la voluntad democrtica.

EE UU, calma al pueblo.OTROGOLPEDEMOCRTICOHonduras, 28 de junio de 2009.


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*Karen Bocanegra es colaboradora dePueblos Revista de Informacin y Debate.

OPININ

Karen Bocanegra*

Unin Europea e India:

Negociando de espaldas a la sociedad

Desde el inicio de las conversaciones, en 2007, sehan realizado doce rondas de negociaciones. Sinembargo, lo ms preocupante es que de ninguna

de estas reuniones se ha dado a conocer un borrador totalo parcial de los acuerdos. Cmo se puede ignorar a lapoblacin europea e india, darles la espalda a los principa-les afectados y decidir su futuro mientras se oculta toda lainformacin sobre lo que se negocia?

En Europa, las protestas contra el TLC han estado en-focadas en la confidencialidad y el secretismo de las

conversaciones. Dentro de las propias instituciones de laUnin Europea han surgido grupos crticos, tales como elComit Econmico y Social Europeo, rgano consultivocuyo objetivo es servir de puente entre la Unin y lasorganizaciones de la sociedad civil de los pases miem-bros. En mayo de 2011, Madi Sharma, miembro del Co-mit, seal que las negociaciones no eran transparen-tes, basndose en las consideraciones preliminares de unestudio encargado para analizar el impacto econmico ysocial de este TLC.

En esta misma lnea, la ONG Observatorio de la Eu-ropa Corporativa present cargos contra la Comisin Eu-ropea por retener documentos relacionados con las con-

versaciones comerciales de la UE con India.A pesar de estos hechos, el secretismo no es el ni-

co motivo de rechazo, aunque s el origen de los dems.Joao Cravinho, embajador de la Unin Europea en India,ha sealado que los temas pendientes por resolver sonservicios, vinos, licores, automviles, normas sanitariasy fitosanitarias de la UE; pero stos no son los puntosms polmicos desde el punto de vista social (que pareceser el menos importante para las autoridades europeas).

Una de las discusiones ms extendidas es la relativa alos aspectos de propiedad intelectual y otras medidas quepodran afectar la produccin y comercializacin de me-

dicamentos genricos, tales como la extensin del pero-do de vigencia de las patentes y la exclusividad de datos,

cuyos efectos seran devastadores especialmente para laindustria de genricos de India.

Desde el ao 2010, este tema ha sido denunciado pororganizaciones como Mdicos Sin Fronteras (MSF), quelanz la campaa Europa, no toques nuestros medica-mentos!, pero tambin por la Organizacin de las Na-ciones Unidas (ONU). Su relator especial del Consejo deDerechos Humanos, Anand Grover, ha advertido sobre lasconsecuencias de las disposiciones de propiedad intelec-tual e inversiones para acceder a los medicamentos, ha-

ciendo particular referencia al retraso y aumento de pre-cios que podran traer estas medidas.En este escenario, la movilizacin de la poblacin india

ha sido lo ms importante. Las manifestaciones convoca-das por diversas asociaciones e instituciones han congre-gado a miles de personas para protestar contra la presinde la Unin Europea.

Ahora bien, hace falta sinceridad. Si observamos la l-nea seguida por Estados Unidos y la Unin Europea en lanegociacin de tratados de libre comercio con pases endesarrollo, con disposiciones que van ms all de la nor-mativa de la Organizacin Mundial del Comercio (ya depor s garante del libre comercio); o tambin las numerosas

confiscaciones de medicamentos genricos indios realiza-das en los puertos de la Unin Europea alegando infrac-ciones de la propiedad intelectual, podemos esperar queexista flexibilidad en la negociacin?

Desafortunadamente la respuesta es negativa: lo ques podemos esperar y en lo nico en que podemos confiares en la capacidad del gobierno indio de utilizar su poderde negociacin como potencia emergente para defenderlos intereses de la poblacin. En el caso de la industriade genricos, si India cede ante las presiones de la UninEuropea y acepta las disposiciones que sta propone, ha-br perdido no slo esta batalla sino la que viene librando

en los tribunales desde hace aos frente a las compaasfarmacuticas.

Qu sabemos de las negociaciones que se estn llevando a cabo actualmente entre la Unin Europea(UE) e India para la adopcin de un tratado de libre comercio (TLC)? Salvo las notas de prensa y artculospublicados tras las cumbres de negociacin, las declaraciones espordicas de los representantes de altonivel de ambas partes, las denuncias o crticas de algunas organizaciones no gubernamentales sobredeterminados aspectos del tratado, cabe decir que realmente no conocemos el contenido del acuerdo

que se est discutiendo.


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OPININ

Lo que est en crisis en Espaa no es slo la econo-ma, el sector bancario o el modelo productivo. Ape-nas queda un pilar del sistema que no muestre sea-

les de carcoma y amenace derrumbe: la Corona, la clasepoltica, los medios de comunicacin tradicionales, el mo-delo social representado por los sindicatos mayoritarios y

la patronal. Y la Justicia, que se suma al desmoronamientogeneral con sus propios escndalos e ineficacia.

El reciente caso protagonizado por la cuarta auto-ridad del Estado, Carlos Dvar, presidente del TribunalSupremo y del Consejo General del Poder Judicial, hasido la gota desbordante en un vaso ya bastante lleno.La revelacin de cmo haba convertido en costumbrela llamada semana caribea, consistente en trabajar delunes a mircoles y descansar de jueves a domingo enhoteles marbelles, cenando en restaurantes de lujo conacompaante privado, ha agravado un desprestigio de lainstitucin que viene de lejos.

La manera en que se ha conducido y resuelto el casoes muy sintomtica del tipo de Justicia que padecemos: laresistencia de Dvar a dimitir, el respaldo de los vocalesdel Consejo segn alineamientos partidistas, la defensade su inocencia desde la prensa conservadora, las argu-cias legales para frenar la investigacin y retrasar su sa-lida Finalmente, su sustitucin por Fernando de Rosa,ex conseller de Justicia valenciano y valedor del ex pre-sident Camps, slo sirven para ahondar ese desprestigio.

Insisto: la impopularidad de los jueces, su percepcinnegativa, no ha surgido de repente por las cenas lujosasdel piadoso Dvar. Demasiados aos soportando una Jus-ticia profundamente conservadora, que mantiene inercias

de tiempos predemocrticos, que facilita amplios espa-cios de impunidad, que funciona como correa de trans-misin de los dos grandes partidos, que se comportade manera endogmica, que retrasa durante aos en elConstitucional sentencias que afectan a derechos funda-mentales y que recientemente humill a las vctimas delFranquismo.

Por si fuera poco, la llamada crisis econmica ha he-cho ms evidente la permisividad que la Justicia espaolatiene con el poder econmico.

Son muchos los casos en que la Justicia ha permitidoque delincuentes econmicos escapen impunes: por las

propias lagunas del sistema jurdico, por la interpretacinque del mismo hacen los jueces, por procesos judiciales

demorados hasta la prescripcin, por los obstculos a laaccin popular o por la accin del Ministerio Fiscal. El pri-mer banquero de Espaa, Emilio Botn, sali indemne deun sonado caso gracias a la fiscala. Tambin los banquerosAmustegui o Corcstegui, que cobraron indemnizacionesmultimillonarias en las que se sospechaba fraude. En los

contados casos en que hay condena siempre queda el in-dulto: caso del banquero Alfredo Senz, indultado por elltimo Consejo de Ministros de Zapatero.

De ah que no extrae que los culpables de la crisisno visiten el banquillo. Lo vimos con el archivo de ladenuncia que varias organizaciones sociales presentaronen la Audiencia Nacional contra las agencias de califica-cin de riesgos. O con las dificultades para abrir la vapenal contra directivos de las cajas cuyo saqueo, privati-zacin y rescate ha costado miles de millones de euros.Precedentes que no invitan a la confianza cuando el 15-Mha presentado una querella contra Rodrigo Rato y otros

directivos de Bankia, culpables de un agujero de ms de24.000 millones de euros.El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-

dn, asegur que su prioridad sera la despolitizacinde la Justicia. Propone a cambio una Justicia profesio-nal, donde el gobierno de los jueces sea asunto exclu-sivo de los propios jueces y donde el reparto de cargosy magistraturas responda a criterios profesionales, almargen del Parlamento.

Es de temer que esa Justicia profesional acabe sien-do ms conservadora incluso que la actual, pues se perde-ra cualquier atisbo de pluralidad en el cuerpo judicial, yaque la sociedad no es tan homogneamente conservadora

como los jueces. Adems, su natural endogamia inspirapoca confianza para controlarse ellos mismos.

La respuesta tiene que ser la exigencia de una Justi-cia politizada. Pero politizada de verdad, sometida a laciudadana, no a los intereses particulares de los partidoshegemnicos. Lo que tenemos no es una Justicia politiza-da sino partidista, que es diferente. Y como tal vez la rei-vindicacin del trmino poltica sea una batalla perdidaen estos tiempos de descrdito de la casta poltica oficial,se nos entender mejor si hablamos de democratizar laJusticia. Del mismo modo que hay que democratizar losmedios de comunicacin pblicos (tambin acusados de

politizados, cuando queran decir partidistas), la econo-ma o, ya puestos, la poltica, tanpolitizada ella.

Isaac Rosa*

Justicia politizada, justicia democrtica

*Isaac Rosa es escritor.


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Se deca ayer...OPININ

Valentn Moreno*

Rousseauy el actual contrato social

*Valentn Morenoes colaborador dePueblos - Revista de Informacin y Debate.

La soberana que reside en el pueblo no puede serdelegada ni alienada. La esencia de la soberanaes la voluntad general y la voluntad no puede serrepresentada. O bien es una o bien es otra; no haytrmino medio. Los diputados del pueblo no sonsus representantes; slo son sus comisarios. Lasleyes que el pueblo mismo no ratifica no tienen va-lidez; son leyes nulas. 1

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Lo que en tiempos sosegados es una evidencia, enestos tiempos de crisis se muestra en sus propiasdimensiones, sin disfraces, en escndalo manifiesto:

los parlamentos son una mera marioneta manejada por losmercados financieros o, dicho de otro modo: lo llaman de-mocracia y no lo es.2

Los eufemsticamente llamados ciudadanos, que slo es-tamos ejerciendo de sbditos, tenemos enajenada al mismotiempo la independencia y la libertad de eleccin3. Enaje-

nada la independencia, pues, en los sistemas de democraciareal, slo podemos delegar, a travs del voto, la capacidad dedecidir durante cuatro aos sobre infinidad de cuestiones que,en el mejor de los casos, los partidos polticos han expresadoen un programa, todas juntas y a pelotn, en bloque y sin losdetalles y la complejidad que las cosas tienen. O en el peorde los casos, y por cierto muy de actualidad4, que ni siquierase han expresado en ningn programa. Enajenada la libertadde elegir, porque sta slo es real cuando no estn definidosa priori el qu, el cmo, el cundo, el porqu, y el para quvoy a elegir y vaya si lo estn! Los mercados, utilizados ymanejados por los poderes fcticos de toda la vida, imponenlas reglas del juego al margen del principio representativo

una persona, un voto; trocndolo por un dlar/euro, un voto.As, la democracia real apuntala la desigualdad, sometiendo

a la mayora de la humanidad a la explotacin bajo la caretahipcrita de la libertad poltica y econmica.

La coartada esgrimida por nuestros brillantes polit-logos (opinantes a tiempo completo a cambio de sueldosgenerosos o prebendas sin fin en multitudes de tribunasfinanciadas por los mismos que manejan los mercados) esque la democracia representativa es el menos malo de lossistemas, que no hay alternativa, que otro mundo no esposible. El caso es que se nos antojan tan ciegos como

los burcratas soviticos del socialismo real. Confundenla aquiescencia tcita que se deriva del hecho de viviren paz, bajo la proteccin de las leyes5 con la que actua-mos las y los gobernados con una confirmacin de sus tesissobre la verdad inmutable de que la democracia real sig-nifica el fin de la Historia. Sin embargo, la pasividad ciu-dadana no es generalmente otra cosa que la eleccin, porparte del individuo, de lo que considera un mal menor6.

No admiten como posible que puesto que el gobiernoes una gestin que se cumple en nombre y beneficio de lacomunidad, es justo que todo miembro de la misma parti-cipe de su administracin7. Y, por tanto, no entienden porqu la gente ocupa las plazas reclamando justicia social y

libertad colectiva en la que realizar su libertad individualno egosta. Como escriba Bakunin8, renunciar a ejerceresta libertad sobre los dems es renunciar a cualquieraccin social, a la misma expresin de su pensamiento yde sus sentimientos, es tambin llegar al no ser.

Y nosotros queremos ser. Por eso reclamamos nuestracondicin de ciudadanos y ciudadanas, reivindicando quela justicia social ha de basarse en la libertad, la igualdady la solidaridad. Que cambie todo a fondo! Qu de lasraces de la humanidad surja el nuevo mundo! Que unanueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futurose abra ante ellos!9 Slo entonces ser posible establecer

un contrato social digno de tal denominacin.

1 Rousseau (1762): El Contrato Social, libro III, captulo XV. Citado por Godwin,William (1793) en: Investigacin acerca de la justicia poltica. Cita tomada de laedicin de Jcar de 1983.

2 Consigna coreada en la Puerta del Sol de Madrid el 12 de marzo de 2012.3 Godwin, William (1793): Investigacin acerca de la justicia poltica.Cita tomada

de la edicin de Jcar de 1983.4 La defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla.

Krugman, Paul (2012): El programa de la austeridad. Recortar el gasto mientrasla economa est en recesin es una estrategia contraproducente, en El Pas digital(04/06/2012). Ver: www.elpais.com.

5 Ver cita 3.6 Ibdem.7 Ibdem.

8 Mijail Bakunin citado por Mintz, Frank (2006) en: Bakunin, crtica y accin, LibrosAnarres.

9 Hlderlin, Friedrich (1797): Hiperin, o el eremita en Grecia. Cita tomada de la primeraedicin en castellano de la obra (Hiperin, 1976).

MARA

JOS

COMENDEIRO.


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Marco Gandarillas, socilogo, in-vestigador social y director ejecuti-vo del Centro de Documentacin e

Informacin Bolivia (CEDIB), estuvounos das en Madrid participandoen un seminario sobre desarrollo,cooperacin y empresas transna-cionales1. En el momento de crisisy transformacin del mundo asocia-tivo en el que nos encontramos, tu-vimos la oportunidad de charlar conl sobre la situacin de las organi-zaciones sociales en Bolivia, sobrecmo les afecta la crisis y sobre las

consecuencias que est provocan-do all la situacin de la coopera-cin espaola y europea en general.

ENTREVISTA

Para las organizaciones bolivianas de

izquierdas el planteamiento es politizarel trabajo nuevamenteConcepcin Garca y Beatriz Ortiz Martnez*

FOTO: BEATRIZ ORTIZ.

Los recortes en la cooperacin

espaola han hecho que tome

an ms protagonismo la

cuestin de la financiacin privada

a las organizaciones sociales, conlas consecuencias que ello conlleva.

Cul es la situacin en Bolivia y

cmo os est afectando la crisis en

Europa?- Muchos pases y organizaciones in-ternacionales que han estado presen-tes durante 30 aos en el pas se hanido de pronto, sin dar ninguna expli-cacin. Es el caso de las ONG holan-desas, que han alimentado a una partesignificativa de las organizaciones

bolivianas de izquierdas y tambin alas de la Iglesia Catlica. Estas orga-nizaciones, en lugar de ser honestas y

plantear el que yo creo que fue el ele-mento condicionante de su salida, quela poltica exterior de Holanda se di-rigi a otras zonas geogrficas (prin-

cipalmente a frica o Asia, buscandoa la clase comercial y de negocios),dieron otras excusas que ponan encuestin el desempeo de sus contra-partes, a las que haban apoyado sincondiciones. Esos cuestionamientoshan hecho dao.

Me parece sintomtico el hechode que haya sido una salida sin mayorexplicacin o, en todo caso, con unaexplicacin que arroja la responsabi-lidad contra las contrapartes, cuando

las responsables no son ellas sino elcontexto de sus pases y de su polticaexterior. Una vez ms se ha confirma-

Marco

Gandarillas,director ejecutivo del

CEDIB (Bolivia):


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ENTREVISTA

organizaciones a unas prcticas muyperjudiciales. En vez de hacer una ac-tividad convergente, algo que fortale-ciese a todas las organizaciones, cadauna iba a lo suyo. Robbamos a otrasorganizaciones, por decirlo de algnmodo, para poder acceder a la sub-vencin y para justificarla. Creo quehay un escenario interesante para mu-chas de las organizaciones que nosquitbamos audiencia, porque ahoras tenemos que sentarnos y trabajar

juntas, porque los cuatro mangos quetenemos hay que compartirlos. Inclu-so ahora ya no tenemos determinadasresponsabilidades de trabajo que an-tes se repartan entre el equipo tcnico

de cada organizacin. Eso, en ciertamedida, creo que es bueno.

- Hasta qu punto crees que esta

salida o descenso de la presencia

de ONG internacionales en Bolivia

est relacionada con el gobierno de

Evo Morales? El Movimiento al

Socialismo (MAS) ha endurecido

las condiciones para la presencia de

ONG internacionales?- No, con Evo no tiene nada que ver.

Incluso podra decir que con l cre-ci la cooperacin en general. Haypases y organizaciones que hasta lallegada de Evo Morales al gobier-no boliviano no se enteraron de queexista Bolivia. En ese momento di-

jeron: Oh, aqu hay que venir a apo-yar cualquier cosa, lo primero queencontremos bajando del avin. Nose est retirando toda la cooperacinsino slo una parte, la que era clavepara movimientos sociales y para lasorganizaciones de izquierdas. Y con

esto, junto con nosotros, se est mu-riendo un sector grueso de ONG desupervivencia y de asistencialismo.Los casos ms graves se dan en ladesaparicin de las organizacionesque llevan temas de salud, que estnmuy mermadas y que cumplan unalabor esencial que no cubre el Esta-do. Como no ha habido un periodode transicin en el que estas organi-zaciones pudieran pelear y reclamar

junto con movimientos sociales que

el Estado se hiciera cargo de estascuestiones, ah s que va a habermuertos.

Una vez ms se haconfirmado que son

organizacionesvoluntariamente ligadasa la poltica exteriorde sus pases y que estndonde hay recursos,donde puede haberoportunidades de negocio

do que son organizaciones volunta-riamente ligadas a la poltica exteriorde sus pases y que estn donde hayrecursos, donde puede haber oportu-nidades de negocio. No hayan hechoni un mnimo ejercicio de autocrticay eso dice mucho tambin de lo queha sido su trabajo en Bolivia durantelos ltimos 30 aos.

Ligado a esto est la crisis de lasONG propiamente bolivianas, que es

permanente. Nunca hemos dejado deestar en crisis, precisamente porquemuchas organizaciones han nacidode una manera dependiente. Hay muypocas, de hecho slo las asambleas deDerechos Humanos (que por otro ladotambin estn en crisis), que hayannacido sin una relacin directa conpases del extranjero. En este sentido,las organizaciones son profunda, ple-na y totalmente dependientes de losfondos de cooperacin extranjera. Enla mayora de los casos esta crisis, que

es de siempre, se ha expresado en unafalta de identidad, en un hacemos loque est de moda o para lo que hayarecursos.

- Esto implica que la agenda y l-

neas estratgicas de accin de las

ONG bolivianas han venido mar-

cadas, e incluso impuestas, por los

pases donantes.

- S. En primer lugar, las organizacio-nes bolivianas ni siquiera se plantean

el hecho de que los pocos recursosque les destinan no son suficientespara aliviar los efectos y daos que

causan las acciones de esos mismospases en Bolivia. En segundo lugar,tampoco se plantean lo que signifi-ca en cuanto a la prdida de todo elaprendizaje acumulado en lo orga-nizativo y, sobre todo, en cuanto ala gestin y prestacin, por parte delas organizaciones sociales, de servi-cios bsicos que deban ser provistospor el Estado y que solventaron ensu momento problemas estructuralesdel mismo. Qu pasa si no estamos?Qu pasa si estos recursos que tene-mos de manera coyuntural se acaban?Qu pasa con la gente a la que asis-timos y prestamos servicios? Para meste es un tema clave porque tenamos

claro que en algn momento se iba aacabar, pero no que iba a ser tan rpi-do ni tan pronto. Y ahora que se acabaaparece un hueco en el que personas yorganizaciones quedan en el aire. Seconfirma que las ONG son solamentelos recursos econmicos, casi no haynada ms que eso, porque se acabanlos recursos y se deshace la organiza-cin, los compromisos desaparecen yvolvemos a lo de siempre. Igual quepasaba con los proyectos cuando fina-

lizaban, slo que ahora acaba todo almismo tiempo.Por otro lado, en Bolivia existe

un grupo de organizaciones muy mi-noritario y marginal que no est nisiquiera en las redes, como nosotros,que estuvimos y las dejamos precisa-mente por su burocratizacin y some-timiento a las directrices de las gran-des financiadoras. Se nos presenta unescenario interesante, ya que tenemosrelaciones muy profundas con los mo-vimientos sociales. Para nosotras los

recursos estaban demasiado condicio-nados y suponan una burocracia queramos incapaces de gestionar: erapreciso redactar informes de muchaspginas, necesitbamos diez das para

justificar un evento de un da, etc.Al salirnos, queramos evitar tam-

bin otro elemento muy negativo, lacompetencia. En los ltimos aos,muchas organizaciones de izquierdasque estamos, por decirlo de algnmodo, en los bordes, tenamos un gra-

ve problema de competencia. Nos sen-tamos como enfrentadas unas a otraspor tonteras y entrbamos todas las


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ENTREVISTA

Las que s quedan son las orga-nizaciones internacionales con unaagenda poltica propia, respecto alpas y respecto a lo que quieren delas ONG y, por supuesto, tambinsiguen las grandes ONG, que tienenahora ms dinero que nunca y queson las que salen fortalecidas de esteproceso porque hacen de puente parala agenda de sus financiadores. Estaes precisamente la contradiccin del

momento: son los peces gordos quegeneraban poca transformacin so-cial los que se quedan, las grandes

ONG con los grandes equipos consul-tores. Y buena parte de las ONG de

izquierdas estamos viviendo un mo-mento en el que nos vemos obligadasa llevar a cabo una reestructuracinde tipo poltico.

- Dentro del grupo de ONG de iz-

quierdas, cmo se aborda la po-

sibilidad de acceder a financiacin

privada? Hay debate al respecto?

- No, no hay debate. Pero est claroque muchas asociaciones, sobre todolas de supervivencia, se van a vendera lo que puedan. Ya se venden los

programas REDD, los Programas deReduccin de Emisiones de Carbonocausadas por la Deforestacin y laDegradacin de los Bosques. Muchasde las ONG con las que compartamosprincipios, aunque no tenamos alian-zas, ahora venden programas REDD.

- Por lo tanto, Bolivia est entrando

en el mercado de carbono.

- S, la tarea encomendada a variasorganizaciones es que las comunida-

des indgenas accedan a programasREDD. Ah estn las que suelenestar normalmente, es decir, las de

siempre, a las que no les importanada, pero tambin estn organiza-

ciones que no solan entrar a estetipo de cosas. Y que entrarn a loque va a ser ya la moda del momen-to, la responsabilidad social corpo-rativa. Hay una presin directa so-bre las organizaciones con una granbase social, que saben que tienenincidencia y relaciones con los mo-vimientos sociales.

Va a ser un debate tanto entre lasorganizaciones como en el interiorde nuestros propios equipos. Partede la gente que trabajaba con noso-

tros se ha ido a las grandes ONGbolivianas, porque pagan cinco ve-ces ms y exigen cinco veces me-nos en compromiso. Otras tambinse han ido a las grandes financie-ras, donde pagan 20 veces lo quenosotros y exigen 20 veces menos:con pasar los contactos y llevar agente a las actividades ya est todohecho. No tienen que ponerse de-lante, slo tienen que estar. Estoya lo hemos vivido en el pasado y

ahora se va a multiplicar. Vamos acomprobar cunto compromiso hayen nuestros equipos.

Creo que hayun escenario interesantepara muchas de lasorganizaciones quenos quitbamos audiencia,porque ahora s tenemosque sentarnosy trabajar juntas

FOTO: BEATRIZ ORTIZ.


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*Beatriz Ortiz Martnezcoordina el rea de Comunicacin

en ACSUR Las Segovias.Concepcin Garca

es coordinadora de Educacin e Incidenciaen la misma organizacin.

ENTREVISTA

- Es interesante la reflexin. Cmo

nos veis desde all a las organiza-

ciones espaolas que estamos en

procesos parecidos? Cul es nues-

tro valor aadido para las organi-

zaciones bolivianas?

- Lo primero es lo que he dicho antes:politizar. En estos ltimos aos hahabido muchos y muchas cooperan-tes, demasiados, pero pocos realmen-te comprometidos, con un estilo muycomo de funcionariado. Con toda lacapacidad que tienen para aportar,que es enorme, estn muy limitadosporque no quieren asumir ms com-promiso que el del propio trabajo.Van a conocer lo que ocurre, pero por

fuera solamente, no lo incorporanms all de su lgica laboral. Param esto es clave: la gente tiene queestar comprometida realmente, nopuede ser slo un tcnico o una tc-nica con la que se hable slo de losproyectos sino con quien tambin po-damos hablar de los procesos, de lasluchas aqu y all. Lo poco que he-mos hecho de bisagra, por ejemplo,es resultado de esto, de los procesosde retroalimentacin aqu y all. Las

problemticas que vivimos son muyparecidas, realmente.La realidad ahora es que las orga-

nizaciones vamos a estar disminui-das, vamos a ir a menos. Tenemosque juntarnos ms las de ac y las deall, encontrar los espacios y escena-rios de trabajo real y poltico. Seramuy interesante, por ejemplo, plantearun debate con las ONG espaolas queestn en Bolivia sobre lo que implicala poltica de cooperacin espaola enel pas. Es clave trasladar los debates.

Creo que esta es la recomendacinms bsica en estos momentos paraenfrentar el proceso. Ya hemos vividoexperiencias en las que la unidad deorganizaciones espaolas y bolivianasconsiguieron, por ejemplo, que unamultinacional no se sentase en unamesa a negociar con organizacionesy la agencia de cooperacin. No ssi haba mucha participacin de sussedes, porque muchas veces se da elproblema de la falta de respaldo desde

las sedes, pero an as pelearon. Estetipo de acciones concretas son tam-bin las que construyen nuevos tiposde relacin.

- Para muchas organizaciones

del Estado espaol el momento que

vivimos tambin pasa por situar-

nos y ver cmo nos vamos a relacio-

nar con los movimientos sociales.

Alguna estrategia?

- Primero hay que plantearse seria-

mente la cuestin. Escucho muchasveces esa intencin de querer estary relacionarse con los movimientossociales pero luego no se da ni unpaso. Cuando alguien se acerca a losmovimientos sociales tiene que tenerclaro que son como son, con contra-dicciones. Pero tal y como estn lascosas por ac y tal y como percibocmo est la cabeza de algunos mo-vimientos, como el sindical, yo no meacercara las cabezas. Para qu?Qu vamos a lograr? Lo que s hara

es acercarme a la base de los movi-mientos y buscar lo que compartimospara, a partir de ah, generar colabo-racin, en ningn caso subordinacin.No se puede llegar con una actitud pa-ternalista por parte de las ONG sinover lo que compartimos, lo comn, yqu podemos hacer conjuntamente.


Parte de la genteque trabajaba connosotros se ha idoa las grandes ONGbolivianas, porque pagancinco veces msy exigen cinco vecesmenos en compromiso

- Has indicado antes que crees

que tiene que darse ya no slo una

reestructuracin econmica sino

tambin (y sobre todo) poltica en

el seno de las organizaciones de iz-

quierdas. Qu alternativa existe

para ellas? Cmo sera esa rees-

tructuracin?

- Para las organizaciones bolivianasde izquierdas el planteamiento es po-litizar el trabajo nuevamente. Muchasson muy polticas pero sienten que sutrabajo estaba muy encasillado en lagestin de proyectos. Ahora resultaclave replantear su perfil y potenciarsu valor agregado, qu se aporta alos movimientos sociales. Muchas

nos lo estamos planteando as. Hayasociaciones que tenan 40 o 50 per-sonas trabajando y ahora tienen seis odiez. Incluso esas seis o diez se estnpreguntando: cul es nuestro valoragregado?, qu podemos aportar anivel de informacin, de asistencia ju-rdica, de denuncia, de comunicacin,etctera? Ya no tenemos plata, ya nopodemos financiar eventos de un mi-lln de personas ni viajes a cumbresinternacionales. Entonces, qu es lo

que podemos aportar que sea vlido yfortalezca la movilizacin y la resis-tencia? Slo el hecho de replantearnosnuestro perfil y hacerse la pregunta esya un avance.

Ya hemos vividoexperiencias en las que launidad de organizaciones

espaolas y bolivianasconsiguieron, por ejemplo,que una multinacionalno se sentaseen una mesa a negociarcon organizacionesy la agenciade cooperacin

1 Seminario Repensar el desarrollo. Cooperacin, derechos humanos y empresas transnacionales, celebrado en la

Universidad Complutense de Madrid del 12 al 14 de marzo de 2012 y organizado por el Observatorio de Multinacio-nales en Amrica Latina (OMAL-Paz con Dignidad).


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t iendanindefinida-mente su monopolio sobredeterminados frmacos, paten-tando modificaciones de sustan-

cias ya inventadas.Esta clusula ha sido el origende la batalla legal emprendida porNovartis. En 2006, la Oficina de Pa-tentes de India rechaz la peticin dela empresa para patentar el mesilatode imatinib por considerar que noconstitua una verdadera innovacinrespecto al principio activo patenta-do en 1993.

A raz de estos hechos, la com-paa present dos demandas: la pri-mera sobre la patente del Glivec y la

segunda sobre la seccin 3 (d) de laLey de Patentes. A pesar de que elTribunal de Chennai (sur de India)rechaz la solicitud de la farmacuti-ca en 2007, la decisin fue recurridaen 2009 ante la Junta de Apelacinde la Propiedad Intelectual, que rati-fic las decisiones anteriores.

Sin embargo, esto no supuso el finde las acciones por parte de la mul-tinacional. En 2009, Novartis acudial Tribunal Supremo de India para

someter a juicio la interpretacin dela Ley de Patentes realizada por losorganismos que han visto el caso.

patentes de procesos. De esta manera,era posible producir la versin gen-rica de un producto si se utilizaba unprocedimiento o tecnologa distintaal empleado por el titular de la paten-

te. As fue como algunos fabricantesde genricos indios (Cipla, Ranbaxy,etc.) pudieron producir el Glivec yotros frmacos.

En 2005, India aprob una enmien-da de la Ley de Patentes de 1970 paraincorporar las obligaciones del Acuer-do sobre los Aspectos de los Derechosde Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio de la OrganizacinMundial de Comercio (OMC), queestablece la obligatoriedad de patentarlos productos farmacuticos1.

Esta enmienda ha sido motivo denumerosos debates. El punto ms con-trovertido radica en el apartado (d) dela Seccin 3, que excluye como inven-ciones todo lo que implique el merodescubrimiento de cualquier propie-dad nueva o nuevo uso de una sustan-cia conocida o de la mera utilizacinde un proceso, mquina o aparato co-nocido a menos que de este procesoconocido resulte un nuevo producto oemplee al menos un nuevo reactivo.

Segn algunas organizaciones, estasexcepciones son salvaguardias queevitan que las grandes compaas ex-

Este tema ha sido polmico pordistintos aspectos. Si centra-mos la discusin slo en la pa-

tente del frmaco, corremos el riesgode que los rboles no nos dejen ver el

bosque. Ciertamente, esta sentenciaser definitiva para culminar un plei-to legal que se ha extendido por seisaos (definitiva en el mbito nacional,porque existe la posibilidad de quesea llevado a instancias internaciona-les). Pero su importancia no se limitaa determinar si el frmaco debe o noser patentado.

Sus alcances se extienden ms all:Novartis cuestiona la esencia de la Leyde Patentes india al poner en discusinlas garantas que sta ofrece para evi-

tar el abuso de los derechos de paten-tes por parte de las empresas privadas.

CRNICADEUNLITIGIOEn 1993, Novartis patent por pri-mera vez la molcula imatinib enEstados Unidos. Posteriormente, en1998, solicit una nueva patente parauna variante de esta sustancia: el me-silato de imatinib, compuesto prin-cipal del frmaco Glivec. Cuando laempresa solicit la patente de Glivec

ese mismo ao, la legislacin vigenteno contemplaba el registro de patentesde productos farmacuticos, sino de

Karen Bocanegra*

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES

12 2012 Tercer trimestre PUEBLOSInformacin y Debate

Novartis vs. Indiaun juicio decisivoDesde el ao 2006, la empresa Novartis mantiene una reclamacincontra el gobierno de India por la patente de Glivec, un medicamen-

to utilizado principalmente en el tratamiento de un tipo de cncersanguneo conocido como leucemia mieloide crnica (LMC). Actual-mente, el caso es revisado por el Tribunal Supremo de Justicia, queha aplazado su decisin en varias oportunidades. Si no hay nuevoscambios, el dictamen definitivo se conocer el prximo 22 de agosto.


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1 India ingres en la OMC en 1995. Con el fin de que los pases en desarrollo adaptaran su legislacin a este acuer-do internacional, se concedi un plazo de transicin de 10 aos. Al final de este perodo, las autoridades competen-tes deban evaluar todas las solicitudes de patentes presentadas entre 1995 y 2005, para admitirlas o rechazarlas.

*Karen Bocanegra es colaboradora de

Pueblos Revista de Informacin y Debate.En www.revistapueblos.org puede leerse un artculo de la

autora ms amplio sobre este tema: India vs. Novartis:Cuando los rboles no dejan ver el bosque, 27/04/2012.

dos los medicamentos a la vez que sepone en tela de juicio aquellas garan-tas y salvaguardias que establecen losEstados para cumplir estos objetivos,como se ha hecho en el caso del Glivec.

REFLEXIONESFINALESPara finalizar, es interesante recordarlas reflexiones de Brian Druker, uno delos cientficos que descubri el mesi-lato de imatinib. En su artculo de opi-nin Dont abuse patents: scientists(2007), reconoca la molestia que habasentido por el alto precio de venta queNovartis haba fijado para el Glivec yagregaba: Las compaas farmacu-ticas que han invertido en el desarro-

llo de medicamentos deben recuperarsus inversiones. Pero esto no significaabusar de estos derechos de exclusivi-dad con precios excesivos y solicitan-do patentar cualquier pequeo cambiopara extender sus precios de monopo-lio. Esto va contra el espritu del siste-ma de patentes y no se justifica debidoa las cruciales inversiones realizadaspor el sector pblico durante dcadas,que han hecho posible el descubri-miento de estos medicamentos.

Es evidente que no se puede de-jar la salud de las personas en manosde empresas que por encima de todovelan por incrementar sus ganancias.Si se deja que la mano invisible delmercado acte a su libre albedro, laspersonas ms necesitadas continuarnsiendo lo nico invisible en medio deeste juego impersonal de oferta y de-manda, donde a menudo la salud estratada como una mercanca ms.

Por ello, la proteccin de la saludes un deber de los Estados, que deben

planificar y ejecutar polticas pblicasque incluyan inversin en infraestruc-tura e investigacin. Lamentablemen-te, como en el caso de India, muchosde los recursos que podran estar des-tinados a programas y proyectos sa-nitarios estn dirigidos a hacer frentea las demandas y dems obstculoslevantados por las multinacionales ypases desarrollados.

QUESTENJUEGO?Si la sentencia es favorable a Novar-tis, inmediatamente impedir que losactuales fabricantes indios sigan pro-duciendo y comercializando el gen-rico. Segn la empresa, las versionesdel genrico lanzadas antes de 2005permaneceran en el mercado por unaclusula de transicin contemplada enla ley. No obstante, esto no se aplica-ra a las exportaciones que India reali-za a otros pases.

En trminos generales, el medica-mento estara

a disposi-cin del

pbli-

c o ,

pero a un costo mayor. Los datosofrecidos por Farmamundi sealanque Novartis comercializa Glivec a2.500 dlares por paciente al mes en

India, mientras que la versin genri-ca producida en India cuesta 175 d-lares por paciente al mes (en India yotros pases).

Si bien es cierto que una sentenciafavorable a Novartis no tendra efectosretroactivos, es evidente que pondrano slo al Glivec sino tambin a otrosmedicamentos en el ojo del huracn,sentando un precedente importante enla jurisprudencia india sobre patentes.

Por ello, organizaciones indias einternacionales como Mdicos SinFronteras, OXFAM Internacional yFarmamundi, han realizado campaaspara evitar una decisin favorable ala multinacional, argumentando que

esto afectara a la produccin globalde genricos del pas.

Por su parte, Novartis emprendiuna campaa centrada en su Progra-

ma Internacional de Asistencia alPaciente de Glivec. En el docu-mento Verdades y Falsedades,elaborado por la multinacio-

nal, la empresa afirma que a tra-vs de este programa iniciado

en 2002 ha destinado msde mil millones de dla-

res para suministrar trata-miento gratuito a ms de13.000 pacientes en India.La intencin no es negar

la importancia que tieneeste programa para laspersonas que puedenacceder al tratamiento a

travs del mismo. Pero ses imprescindible reflexionar

sobre algunas cuestiones. Enel mismo documento, No-

vartis afirma que con

estas acciones sedemuestra que ga-rantizar el accesode la poblacin alos medicamentoses una prioridadpara la empresa.

Estos argumentos son mera retri-ca: no existe coherencia entre lo quese dice y lo que se hace. No se puededefender el acceso de la poblacin a to-

PAULA CABILDO.


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MIRADAS

El golpe de estado en Hondu-ras tiene varias consecuenciasfundamentales: la recupera-

cin de la presencia y el papel poltico

de los ejrcitos regionales (Honduras,Guatemala, El Salvador); el impul-so del autoritarismo y la violencia;el fortalecimiento de la dependenciafrente a empresas y potencias extran-

jeras (sobre todo Estados Unidos) y lapromocin del neoliberalismo en lapoca de transiciones posneoliberalesen Ecuador, Venezuela, Bolivia y Ar-gentina.

DE CONTADORAA TEGUCIGALPA:ELDETERIORODEMOCRTICODespus del golpe de Estado se agu-diza la reconfiguracin de los Estadoscentroamericanos bajo paradigmasde seguridad nacional, con remili-tarizacin, concentracin del poder,represin y criminalizacin de luchassociales. Si alrededor de Contadora(reunin de presidentes latinoame-ricanos para la bsqueda de la pazen los 80) se desarrollaron procesosde transformacin/revolucin, sue-os y utopas parcialmente fallidas,

el espritu de Tegucigalpa resuenamucho ms opaco: las sociedades entransicin democrtica (que de todas

formas nunca logran llenarse de con-tenidos) retroceden hacia dictadurasciviles/constitucionalistas (afirman enHonduras) o estados militares (carac-terizan en El Salvador).

Guatemala va un paso ms all.El reciente estado de sitio decretadoen Barillas, Huehuetenango, en unescenario de fuerte conflictividadcontra una hidroelctrica espaolade accionar plagado de irregulari-dades1, representa un ensayo de res-triccin generalizada de libertades:la institucionalizacin de regmenesde altsima concentracin del poder,a nivel local o nacional, para acuer-par poltica e institucionalmente los

procesos de acumulacin transna-cional. La reversin de este estadode sitio despus de pronunciadasprotestas sociales representa un re-vs para este proyecto pero no suabandono.

Aunque nos resistimos a ponernombre a esta etapa y modelo polti-co, la presencia de un presidente queal mismo tiempo es (formalmentefue) general del Ejrcito, represor eintegrante de las tramas oscuras de

la economa criminal, deja poco es-pacio para el engao. El Estado gua-temalteco se aleja de principios de-

mocrticos, con el agravante de queeste retroceso implica la crisis prc-ticamente terminal de los Acuerdosde Paz y de un proyecto colectivo y

consensuado de convivencia social.TENDENCIASREGIONALESLa renovacin autoritaria muestrauna lgica regional implacable a pe-sar de las singularidades de cada unode los pases. Un ejemplo: se avanzade manera significativa en Guatemalahacia la remilitarizacin de la seguri-dad (con el ultraconservador PartidoPatriota) y tambin en El Salvador(gobierno de Mauricio Funes, pro-puesto por el Frente Farabundo Mart

para la Liberacin Nacional, ex gue-rrilla), con la transferencia de oficia-les en activo a la direccin de la segu-ridad pblica.

En Nicaragua y Costa Rica lassimilitudes provienen sobre todo dela debilidad de los Estados como ga-rantes de consensos y la falta de sobe-rana econmica: se profundizan losmodelos neoliberales y el predominiopoltico de los mercados, aunque en elgobierno del primer pas se encuen-

tren los herederos del sandinismo he-roico de los aos 70 e inicios de losochenta.

Pocas fechas hay tan simblicas en el pasado reciente de Centroamrica como el 28 de junio de 2009,el da del golpe de Estado que acaba con el gobierno electo de Manuel Zelaya. Se proyecta al resto de laregin y el continente el ensayo del neogolpismo en Amrica Latina, en palabras de Isabel Rauber.

Andrs Cabanas*

Nuevos paradigmas para las luchas en la transicin al revs

La hora de Centroamrica


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Amrica Latina MIRADAS

A esta secuencia de poco casualescoincidencias regionales no es ajena lapoderosa influencia de Estados Unidosen un territorio que continan conside-rando su patio trasero. A pesar de unaperceptible y sin vuelta atrs multipola-ridad econmica, el monopolio polticoen la regin lo sigue ejerciendo el ami-go norteamericano a travs de la in-fluencia sobre los ejrcitos y el controlde las polticas de seguridad y defensa.

LADISPUTAECONMICAYPOLTICAEntre las dictaduras militares (hastamediados de los 80 en El Salvador,Honduras y Guatemala) y las dicta-duras civiles o democracias armadasde la actualidad, Centroamrica havivido, y experimenta todava, deter-minados procesos de gran impacto,relativamente novedosos:- Crecimiento de la economa cri-

minal.- Expansin de nuevas transnacio-

nales y nuevos mbitos de acumu-

lacin.- Renovadas disputas geoestratgi-cas por el territorio.

El incremento de la economa cri-minal influye sobre las institucionesy el rgimen de partidos. El ejerciciopoltico y democrtico se ve mediadopor las agendas empresariales y por losintereses de la narcoactividad, la tra-ta de personas, el contrabando y otrosrubros significativos de esta economa.La mitad de las instituciones, el 40 porciento del territorio y al menos el 33por ciento del Producto Interior Bruto(PIB) de Guatemala forma parte, se-gn investigaciones independientes,

de esta economa, vinculada con lasinstituciones formales y las sociedadesempresariales. Son las conexiones so-cietarias de las que habla el periodistamexicano Ricardo Ravelo.

Minera, servicios, agua, petrleo,agro-combustibles, sector bancarioTodos ellos son mbitos privilegiadosde acumulacin, que renuevan proce-sos de deforestacin, prdida de culti-vos, reconcentracin de la propiedaden manos de finqueros y narcotrafi-

cantes, pobreza y vulnerabilidad. Adiferencia de los aos 90, las trans-nacionales predominantes en Centro-

amrica son, adems de las estadouni-denses y europeas, las colombianas ybrasileas (translatinas), y cada vezes ms visible la presencia de capital

chino y de la India. Esta emergenciade nuevas transnacionales se produceen condiciones de competencia o co-laboracin: el poderoso sector energ-tico de Guatemala est desde hace dosaos en manos de capitales colombia-nos, con financiamiento europeo.

Por otro lado, la posicin de laregin como puente entre Atlntico yPacfico la convierte en centro de dis-putas entre capitales de China, India,Irn, Espaa, Alemania, Estados Uni-

dos, Venezuela y Brasil. Adems, cre-ce la importancia de Centroamricacomo espacio de contencin frente alas iniciativas de soberana poltica yeconmica de los pases de la AlianzaBolivariana para los Pueblos de Nues-tra Amrica (ALBA).

Estas tres dinmicas, parcialmentediferentes de las existentes hace unadcada, inciden en una reconfiguracinde los Estados bajo parmetros autori-tarios. Las lgicas de acumulacin dela narcoactividad, afirma Ricardo Ra-

velo, son idnticas al modo de funcio-namiento de las cada vez ms agresi-vas corporaciones capitalistas.

LUCHASSOCIALESENUNCONTEXTOAUTORITARIOEn esta especie de transicin al revs,que se proyecta en espiral autoritariasobre s misma, estamos reevaluandola dimensin de nuestros sueos. Losparadigmas de transformacin de hacedos dcadas no coinciden con las posi-

bilidades y la correlacin de fuerzas denuestro mapa vital actual. Pero, aunqueintrincados y a veces decepcionantes,

La presencia de un presidenteque al mismo tiempo es(formalmente fue) general delEjrcito, represore integrante

de las tramas oscuras de laeconoma criminal, deja poco

espacio para el engao

NELTON RIVERA.


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MIRADAS Amrica Latina

los nuevos caminos de lucha presentangrandes retos:

- Las certezas histricas se susti-tuyen por el arte de trabajar enlas incertidumbres, parafrasean-do a Edgar Morin;

- Las vanguardias ungidas y el par-tido nico retroceden ante lgicasde autorepresentacin sin interme-diacin o subordinacin, siguien-do a lvaro Linera;

- La identidad de clase como eje deopresin y luchas se complejizahasta articular identidades mlti-ples, que derivan en luchas, acto-res y sujetos igualmente plurales,organizados a partir de su diversi-

dad no dispersa (Isabel Rauber);- Los movimientos sociales pue-

den ser sociedades en movimien-to (Ral Zibechi), y en cualquiercaso no son correas de transmi-sin de los partidos ni meros mo-vimientos reivindicativos;

- Nuevos paradigmas (feminismo,cosmovisin) complementan losviejos paradigmas transformado-res, en dilogo y construccin per-manente entre los mismos (Andrs

Cabanas); y- El poder se desterritorializa, resu-me Mximo Ba Tiul, desde lgicascomunitarias.Todo est en discusin, incluso los

conceptos que el neoliberalismo vacide contenido y desideologiz, sustra-yendo democracia, Estado, desarrollo,incluso gnero o derechos, de su com-penetracin fundamental con el anlisisde las relaciones del poder. El cosmoci-miento, el buen viviry las alternativasfeministas de vida forman parte de esta

nueva conceptualizacin y categoriza-cin, con una enorme vitalidad poltica.

Son expresiones avanzadas de estasnuevas luchas, por ejemplo, las consul-tas comunitarias en Guatemala comoejercicio de democracia directa (sus-tancialmente diferente a la democraciaactual) y como instrumento polticopedaggico; as como las propuestas derefundacin del Estado desde los pue-blos indgenas de la regin o el reco-nocimiento de lo privado y lo personal

como poltico (el cuerpo como territorio

de opresin y de liberacin, la defensadel territorio cuerpo tierra como aportedel feminismo guatemalteco). Tambinconstituye un buen ejemplo la articula-cin de visiones, miradas, actores y lu-chas tras el golpe de Estado en Hondu-ras, que se mantiene con mayor fuerzaen el espacio organizativo del ConsejoCvico de Organizaciones Populares eIndgenas de Honduras (COPINH).

As, el contexto regional implicatanto una regresin autoritaria como el

forta lecimiento de propuestas antisis-tmicas y radicalmente transformado-ras. La incompatibilidad entre ambasanticipa confrontaciones y tensiones,pero permite (y obliga) al ejercicio dela creatividad y la imaginacin social, alfortalecimiento ideolgico y a la articu-lacin de luchas. Este es el reto: la trans-formacin ideolgica, poltica, econ-mica y social de la democracia. Retomar(profundizndola) la apuesta estratgicade las luchas sociales de los 80.

LAINVOLUCINDELACOMUNIDADINTERNACIONALA la reversin autoritaria interna se aa-de la deriva neoconservadora a nivel in-ternacional: el sociofascismo, definidopor Boaventura de Sousa Santos comoun momento donde se mantienen cier-tas libertades formales y formas demo-crticas (sobre todo el derecho de elec-cin) mientras se cierran los espacios yse profundiza la exclusin social y eco-nmica. En este marco, las relaciones

internacionales se definen en trminosde explotacin y ganancia; las agenciasde cooperacin internacionalizan las

inversiones; las embajadas se convier-ten en instrumentos de exportacin; lasONG de solidaridad se introducen enlos circuitos de lo pblico-privado y losintereses de las empresas espaolas sonlos intereses de los gobiernos (dicen enArgentina, caso Repsol, y tambin enGuatemala, Santa Cruz Barillas). Lacooperacin se debilita y vuelve mar-ginal: da la espalda al contexto cam-biante, desconoce las nuevas formasde organizacin social, prefiere viejos

pero irrelevantes actores (contrapartes)que nuevos sujetos, busca certezas enuna etapa de incertidumbres creativas.Se desnaturaliza, convirtindose en ac-tor de poder. Se desideologiza, pierdecompromiso y pasin transformadora.Hoy por hoy, las voces solidarias y laspropuestas de cooperacin genuinas,fundamentadas en valores democrticosy humanos, son minoritarias. La solida-ridad comprometida es sustituida por latecnocracia mediocre, que acumula tan-to poder como niega la accin poltica.

Junio de 2012, tres aos despusdel golpe de estado en Honduras, va aconvertirse en otra fecha significativapara Centroamrica. La firma en Hon-duras del Acuerdo de Asociacin UninEuropea - Centroamrica sancionarla expansin sin control de empresastransnacionales y fortalecer las posi-ciones autoritarias de los gobiernos dela regin: el aval europeo a las polticasde las empresas y a los actuales gobier-nos de libertades restringidas.

1 Ver: www.memorialguatemala.blogspot.com*Andrs Cabanas forma parte del consejo de redaccin de

Pueblos Revista de Informacin y Debate.

NELTON RIVERA.


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MIRADAS Amrica Latina

dora Lorena Balardini, del Centro deEstudios Legales y Sociales (CELS):el juzgamiento sostenido a los repre-sores (al que ahora se suman causascontra civiles), la condena social aquienes asesinaron, torturaron, roba-ron bebs u ordenaron las atrocidades,y que se haya encontrado la solucinlegal para construir un caso a partir dela prueba testimonial.

Es cierto que la mayor parte de lascondenas carece de una sentencia enfirme, no existe un cierre visible y fal-ta, sin duda, extender este proceso alos crmenes cometidos por la TripleA2, una banda paramilitar que operen el gobierno de Juan Domingo Pe-

rn y Mara Estela Martnez de Pernque asesin a 1.500 personas antes dela dictadura.

Argentina comenz el primerproceso poco despus del retorno ala democracia, una decisin valientedel entonces presidente Ricardo Al-fonsn, sin precedentes en la regin.Alfonsn orden el Juicio a las Juntasy la creacin de la Comisin Nacio-nal por la Desaparicin de Personas(CONADEP).Nunca Ms, el informe

elaborado por este organismo, fue elfundamento para juzgar a los dictado-res y para las condenas en 1985. Seestableci que hubo 30.000 personasdesaparecidas.

Tras intentos de golpes de Estado,Alfonsn dio marcha atrs y promo-vi las leyes de Punto Final (1986) yObediencia Debida (1987). Luego, elpresidente Carlos Menem (1989-1999)dio el indulto a militares y guerrilleros.El gobierno de Fernando De La Ra(1999-2001) no hizo nada al respecto,

pero las organizaciones de derechoshumanos continuaron con su lucha.

En 2003, la llegada de NstorKirchner al gobierno supuso un cam-bio rotundo. Su determinacin con-virti en poltica de Estado lo queMadres y Abuelas de Plaza de Mayo,Hijos y otras organizaciones habanreclamado. En 2006 se reactivaron losprocesos. Hoy se extienden a civilesy se analiza la posibilidad de juzgarlos vejmenes infligidos por los ofi-

ciales a los conscriptos en la Guerrade Malvinas como crmenes de lesahumanidad. Desde 2006, segn datos

del CELS, hubo 68 sentencias, aun-que slo 7 causas o 10 imputados tie-nen una pena en firme por parte de laCorte Suprema de Justicia.

CHILE: AMNISTAVIGENTECONAVANCESENLOS JUICIOSEn Chile, la detencin del genocidaPinochet en Londres en 1998, promo-vida por un pedido de extradicin del

juez espaol Baltazar Garzn, fue cla-ve para activar causas por violacionesa los derechos humanos. Haba quere-llas presentadas desde el fin de la dic-tadura (1990), algunas en tribunalesmilitares, pero sin avances. Hasta esemomento la Corte Suprema reconoca

la Ley de Amnista, que abarca desdeel golpe de 1973 hasta diciembre de1978, perodo en el que se concentrel 90 por ciento de las vctimas y en elque oper la Direccin de InteligenciaNacional (DINA).

A partir de ese ao la Corte proh-be condenar pero no prohbe investi-gar, lo que habilita a abrir el proceso,explica el periodista Luis Narvez,especializado en derechos humanosen Chile, quien precisa que a casi 40

aos todava hay jueces que piensanque la Ley de Amnista est por enci-ma de normas internacionales. ParaBalardini, ello evidencia que no hayuna voluntad de los poderes del Esta-do ni suficiente fuerza por parte de lasociedad civil.

Sin embargo, empezando por JuanGuzmn, algunos jueces encontraronhuecos legales que permitieron llegar a307 condenas en 2011, con 231 senten-cias en firme. Balardini seala que enmuchas de las causas hay una sola vc-

tima como querellante y que en las con-firmaciones de las condenas se producea menudo una reduccin de la pena.

Tambin fue importante lo realiza-do por la Comisin Retting o Comi-sin Nacional de Verdad y Reconcilia-cin, creada por el presidente PatricioAylwin, que permiti una primeraaproximacin sobre las vctimas y queel Estado hiciera una reparacin eco-nmica. Luego, la Comisin Valechahond sobre las torturas y estableci

que hubo 35.000 personas torturadas-detenidas, 1.000 detenidas-desapa-recidas, 3.000 asesinadas y 200.000

exiliadas. Lo primero en juzgarse fueel caso de las y los desaparecidos, alcrearse la figura del secuestro perma-nente, que implica que mientras no eshallado el cuerpo el delito permanece.Luego fueron los asesinados y ahorase est procesando, adems, a repre-sores por torturas.

BRASIL: UNCAMINOQUE SEINICIAEl lanzamiento el pasado 16 de mayode la Comisin de la Verdad por lapresidenta Dilma Rousseff inaugu-r en Brasil un nuevo camino. Enun pas donde todo est por hacersepara esclarecer lo sucedido durante21 aos de dictadura, esta comisines un primer paso, aunque el gobiernoaclar reiteradamente, bajo presin,que su informe no derivar en aper-tura de causas a represores. No saber

ni siquiera la cantidad de vctimasubica al pas incluso ms atrs que losprocesos realizados por Paraguay yBolivia.

Brasil es clave en trminos de des-clasificacin de archivos. As lo ase-gur hace unos aos Peter Hornbluh,del National Security Archive de Es-tados Unidos. Dijo que no se podrsaber la historia completa de la inter-vencin en Amrica del Sur en los 70sin los documentos brasileos.

Brasil merece la verdad, las nue-vas generaciones merecen la verdady, sobre todo, merecen la verdad

No existela posibilidad de establecerun camino real de verdad,

reparacin y justicia,sin una determinacinsostenida del Estado

y una sociedadque presione, condeney exija esclarecimiento

sobre los hechosabominables

de su pasado reciente


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Amrica Latina MIRADAS

*Rosaura Audi es periodista.

1 Juego de mesa argentino que plantea un conflictoblico sobre un planisferio dividido en 50 pases.

2 Alianza Anticomunista Argentina (AAA).

quienes perdieron amigos y parientesy que continan sufriendo como siellos muriesen de nuevo y siempre,cada da, manifest la presidenta, exguerrillera, apresada y torturada porel rgimen.

URUGUAY: JUZGAMIENTOINCIPIENTEEl rol de la Comisin Interamericanade Derechos Humanos (CIDH) fue

central en Uruguay para destrabar elprocesamiento a militares y la con-dena por crmenes cometidos desde

junio de 1973 a marzo de 1985. LaLey de Caducidad aprobada en 1986por el gobierno de Luis Mara San-guinetti fue una traba permanente.

Unos pocos procesos fueron laexcepcin. En 2006 fue procesadoJuan Mara Bordaberry, dictador en-tre 1973 y 1976, al igual que su canci-ller Juan Carlos Blanco. En 2007 fuecondenado por los vuelos de la muer-

te, en el marco del Plan Cndor, eldictador Gregorio Conrado lvarez(1981-1985). En 2011 el Congresoaprob, por impulso del Frente Am-plio, la Ley de Imprescriptibilidad deViolaciones a los Derechos Humanos.

En opinin de Balardini, no hayuna voluntad unificada de juzga-miento por parte del Poder Judicial,salvo excepciones. En la actualidadcontinan las excavaciones en bs-

queda de cuerpos, entre ellos el dela nuera del escritor Juan Gelman.Jos Mujica, a partir de un fallo de laCIDH, asumi ante el Congreso lasresponsabilidades del Estado en ladesaparicin forzada de Mara Clau-dia Garca.

PARAGUAY: TONELADASDEARCHIVOSYUNSOLOCONDENADO

En la tierra en la que fueron halladoslos informes que prueban la existen-cia del Plan Cndor, los llamadosArchivos del Terror, no hay justicia.Esta visin, compartida dentro y fue-ra del pas, es la que traslada MartnAlmada, abogado que en 1992 halllos documentos junto al juez JosAgustn Fernndez. Solamente fueprocesado y condenado un militar, elgeneral Ramon Duarte Vera, ex jefede Polica de Stroessner. Los otrosprocesados y condenados fueron po-

licas ex torturadores. El Poder Judi-cial est en manos de los nostlgicosde la dictadura, no hay espacio legalpara el procesamiento de genocidas,resumi.

Paraguay tuvo, s, una Comisinde la Verdad y la Justicia, presididapor monseor Mario Melanio Me-dina, que trabaj entre 2004 y 2008.En gran medida reconstruy loscrmenes cometidos durante el terro-rismo de Estado, pero no sirvi para

avanzar en los reclamos de justicia.El informe final fue ms bien unasancin moral, explic Almada.

BOLIVIA:IMPUNIDADYUNPUADODEPRESOSEl cuadro que se presenta no es slode impunidad, lo que ya es delito,sino de complicidad, porque teniendoinformacin se nos niega sistemtica-mente. Olga Flores Bedregal recla-ma an por su hermano Juan, sindica-lista, desaparecido en 1980. Hubo unacomisin para investigar desaparicio-nes forzadas durante el gobierno deHernn Siles Zuazo (1982-1985), queregistr 156 casos, pero sus activida-des se suspendieron con el cambio demandato. No puede decirse que hayahabido una Comisin de la Verdad.

En 2004 se aprob la Ley de Re-

sarcimiento. Se registraron 6.600 de-nuncias, de las que el gobierno de EvoMorales reconoci como vlidas unas1.200. Para Bedregal, el gobierno mi-nimiza lo ocurrido, no desclasifica do-cumentos, afirma que los militares slocumplan rdenes, negando la responsa-bilidad en crmenes de lesa humanidad,y ya incumpli seis rdenes judiciales(incluida una de la Corte Suprema).

En el Juicio de Responsabilidades,Luis Garca Meza Tejada, conocido

como el narcodictador, fue conde-nado a 30 aos de crcel, al igual queLuis Arce Gmez, ministro del Inte-rior. Hubo tambin penas para otras26 personas, represores, paramilitaresy policas que participaron del golpe.Algunos ya estn libres y otros conti-nan presos. El juicio contra el dicta-dor Hugo Banzer Surez (1971-1978)nunca lleg a producirse.

ALFUTUROQueda claro, a partir del horror atrave-

sado por estas naciones, que no existela posibilidad de establecer un caminoreal de verdad, reparacin y justicia, sinuna determinacin sostenida del Estadoy una sociedad que presione, condene yexija esclarecimiento sobre los hechosabominables de su pasado reciente.Tambin es central la accin internacio-nal en el plano judicial, que en el ConoSur se concret con los requerimientosde Garzn y la Comisin Interamerica-na de Derechos Humanos.

FOTO:ARCHIVON

ACIONAL

DE

LA

MEMORIA,

MINISTERIOD

E

JUSTICIA

Y

DERECHOS

HUMANOS,

ARGENTINA.


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La Operacin Libertad Duraderafue considerada rpidamenteun xito, un paseo militar. Para

George W. Bush slo quedaba pen-diente la reconstruccin del pas quese acababa de devastar y ayudar alfiel presidente Hamid Karzai (ex eje-

cutivo del gigante de hidrocarburosestadounidense Unocal) a construir lademocracia.

Es la historia de una derrotaanunciada, dicen casi once aos des-pus los talibn.

Quin tiene razn entonces,quin derrot a quin?

Parece indudable que la afirma-cin vlida es en realidad la ltima, lade los talibn. No son los triunfadoresmilitares, ninguno poda serlo, pero s

los vencedores polticos.Los talibn prevean que final-mente derrotaran al infiel occidental

en el siglo XXI, como en los aos 80del siglo XX haban derrotado al tam-bin infiel (y adems rojo) Ejrcitosovitico.

Paradjicamente, fue Estados Uni-dos el principal aliado con el que con-taron en aquel entonces las milicias

de mujaidin afganas para combatir yderrotar al poderoso Ejrcito Rojo.Sin EE UU y los numerosos aliadosque acompaaron en aquella cruzadaa Carter primero y luego a Reagan, ja-ms esas milicias mal armadas, pocoentrenadas y desorganizadas hubieranpodido derrotar a un ejrcito fogueadoen mil batallas como el sovitico.

LAINVASINSOVITICAEstaba Jimmy Carter de inquilino en

la Casa Blanca cuando en la nochedel 27 al 28 de diciembre de 1979la Unin Sovitica inici la invasin

de Afganistn con 80.000 soldados y

3.800 tanques y vehculos blindadosde la 40 Divisin del Ejrcito Rojo,para ayudar a recuperar el poder a loscomunistas locales, Taraki y Karmal.

El derrocado gobierno de Nur Mo-hammad Taraki era quien haba lanza-do una profunda reforma agraria, quiensepar la religin del Estado, inici unaamplia campaa de alfabetizacin, eli-min la tan extendida usura, elimin elcultivo de opio, autoriz a las mujeresa no usar velo y facilit su integracinen la vida poltica, laboral y educativa.

El golpe contra Taraki que pro-tagoniz su vicepresidente, JafizulAmn, a favor de un alineamiento conEE UU y Pakistn, decidi a la Uninde Repblicas Socialistas Soviticas(URSS) a intervenir militarmente,alegando, en plena Guerra Fra, laexistencia del Tratado de Amistad,Buena Vecindad y Cooperacin entrela URSS y Afganistn.

Carter autoriz de inmediato laque se convertira en la mayor ope-

racin encubierta de la Agencia Cen-tral de Inteligencia (CIA) en toda suhistoria.

EE UU y la OTANhuyen de Afganistn

MIRADAS

Roberto Montoya*

Es la historia de una derrota anunciada, decan con sorna los estrate-

gas del Pentgono poco despus de empezar, el 7 de octubre de 2001,los demoledores bombardeos contra Kabul y otras ciudades de Afganis-tn y las bases de entrenamiento de Al Qaeda en ese pas. En pocassemanas dieron oficialmente por acabado el rgimen de los talibn.

FOTO: KOLDO (WWW.FLICKR.COM).


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Mundo rabe MIRADAS

NACELAPRIMERAYIHADMODERNAEE UU tuvo el paradjico mrito dehaber ayudado a organizar la primerayihadde la era moderna y de ayudara crear La Base (Al Qaeda en rabe).

La CIA hizo llegar contenedorescon armas al ISI, el Servicio de Inte-ligencia del Pakistn de MohmmadZiaul-Had, el dictador a quien hastaentonces criticaba Carter por sus vio-laciones a los derechos humanos.

La agencia de inteligencia plani-fic cmo convertir la intervencinsovitica en Afganistn en su Viet-nam. Y lo consigui diez aos des-pus tras comprometer en la opera-cin al Reino Unido, Francia, China,

Marruecos, Arabia Saud y muchosotros pases. Los pases musulmanesaliados jugaron un papel clave enla difcil tarea de reclutar a decenasde miles de estudiantes radicales demadrasas de Arabia Saud, Pakistn;a chechenos, uigures, bosnios y unlargo etctera, dispuestos a combatir

junto a sus hermanos afganos contrael ocupante rojo.

Todos ellos reciban sueldo, armasy entrenamiento en campamentos en

Pakistn supervisados por EE UU.Fue la gran trampa contra laURSS, de la que no se recuperara.Dos aos despus de salir derrotadade Afganistn, se desintegr.

EE UU sali victorioso, s, perotiempo despus esa victoria se leconvertira en un boomerang, elmonstruo que ayud a crear volvisus armas contra l y contra todoslos infieles del mundo. Como partede su operacin encubierta, a fines delos 70 la CIA haba recurrido a viejos

contactos de EE UU con el poderosoBinladin Group Saudi para vincular-se con uno de sus miembros, Osamabin Laden, quien ya operaba sobre elterreno como importante mecenas yque terminara convirtindose en unaliado fundamental.

Bin Laden y los ms de 100.000combatientes islmicos que intervi-nieron en la guerra contra las tropassoviticas aprovecharon la prepara-cin militar recibida y ese hermana-

miento de sangre en las trincheraspara tejer una estrecha coordinacin.Haba nacido Al Qaeda, cual coordi-

nadora internacional del terror, quehabra de golpear luego en distintaszonas del mundo.

Cuando, tras el 11-S, GeorgeW. Bush inici la guerra contra elrgimen de Kabul y sus aliados deAl Qaeda, subestim a su enemigo.Y han sido ellos, los barbudos mu-yaidin de las montaas, ese ejrcitoirregular de todas las edades, quecalza sandalias y jams tuvo uni-

forme ni bandera (razn que Bushjunioresgrimi para justificar la noaplicacin de las Convenciones deGinebra), quienes estn haciendohuir a la mayor potencia del mundoy a sus aliados.

Igual a como muchos de esos mis-mos guerreros y sus mayores hicieronhuir al Ejrcito Rojo ms de veinteaos atrs.

LAHUIDADE EE UU YLA OTANDecenas de miles de civiles muertos

despus, Estados Unidos y la Organi-zacin del Tratado del Atlntico Nor-te (OTAN) apresuran su retirada deAfganistn. En noviembre de 2010la cumbre de la OTAN en Lisboarespald el plan de Obama para co-menzar el traspaso de la seguridad deAfganistn a las fuerzas locales afga-nas, proceso que se previ concluiren 2014. Se hicieron planes para irentregando gradualmente el controlde las provincias a las fuerzas de

seguridad locales y poder concluirel entrenamiento de stas (300.000hombres) en 2013.

Si en 2010 ya estaba claro que laOperacin Libertad Duradera era untremendo fracaso, dos aos despus loes mucho ms. Pese a ello, en marzopasado, Obama, escoltado por el pre-mierbritnico, David Cameron, pre-sentaban al mundo como modlica lamisin en Afganistn y ratificaban losplazos para la retirada. Ya es hora.Ha sido una dcada y, francamente,ahora que hemos terminado con Osa-ma bin Laden, ahora que hemos debi-litado a Al Qaeda, estamos en una po-sicin ms fuerte para una transicinde lo que estbamos hace dos o tresaos, dijo Obama.

La realidad es muy distinta. La

devastacin provocada por los bom-bardeos de EE UU y sus aliados, conlas numerossimas vctimas civiles re-sultantes; las torturas indiscriminadasy vejaciones a la poblacin cometidaspor sus tropas, y la corrupcin del go-bierno aliado de Hamid Karzai, hanservido de caldo de cultivo para quelos talibn se recuperaran.

El accionar de estos es constante.Atacan en cualquier zona del pas, atal punto que las tropas afganas (adies-

tradas y armadas por las de la OTAN,pero con un promedio de 4.000 deser-ciones al mes) han decidido retirarseparcialmente de muchas zonas, reple-gndose en sus cuarteles y saliendoslo para operaciones puntuales.

EE UU ha perdido ya a ms de2.000 soldados y el resto de la Fuer-za Internacional de Asistencia para laSeguridad (ISAF, misin de la OTAN,en la que participan 35 pases) otros1.000.

Los talibn controlan provincias

como Kandahar y Kelmand, dondetienen sus propios tribunales de Justi-cia, sistema de escuelas, recaudacinfiscal y atencin sanitaria.

Ante el fracaso militar, el presiden-te estadounidense hace tiempo que au-toriz conversaciones directas con lostalibn buenos en el emirato de Qatarpara intentar negociar la transicin. Elgobierno afgano ya lo vena haciendodesde antes, pero ni uno ni otro hanconseguido resultados. Los insurgen-

tes saben que controlan la situacin,que un enemigo en retirada no puedeimponer nada en las negociaciones.

Paradjicamente,fue Estados Unidos

el principal aliadocon el que contaronen aquel entonces

las milicias de mujaidinafganas para combatiry derrotar al poderoso

Ejrcito Rojo


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MIRADAS Mundo rabe

Nueve aos despus deiniciarse la guerra, Irakest gobernadopor fuerzas chiesque mantienen una buenarelacin con Irn, elarchienemigo deWashington

Las ofensivas de los guerrilleros

islmicos se han recrudecido en losltimos meses, como reaccin a ma-tanzas, agresiones a la poblacin yhumillaciones a su religin, con que-mas incluidas, cometidas por solda-dos estadounidenses, de centenaresde ejemplares del Corn en la base deBagram (conocida como el Guant-namo afgano).

A pesar de que las compaas es-tadounidenses han sido las principalesbeneficiadas en la explotacin de ma-terias primas y en la licitacin de lasobras para la reconstruccin, mu-chos en EE UU se preguntan si conello logran en realidad amortizar los30.000 millones de dlares de gas-to anual que supone para sus arcas.Esas labores de reconstruccin seven adems dificultadas por los ata-ques guerrilleros y sern an ms dif-ciles a partir de ahora, tras la decisin

de Karzai de impedir que sigan ac-tuando en el pas las eufemsticamen-te llamadas subcontratas de seguri-dad, que no son otra cosa que PrivateMilitary Companies, empresas condecenas de miles de mercenarios con-tratadas por el Pentgono, que, entreotras labores, se ocupan de la custodiade las obras de reconstruccin.

Una encuesta conjunta realiza-da por la cadena de TV ABC y TheNew York Times concluye que el 60

por ciento de las y los estadouniden-ses considera que la guerra ha sidointil, mientras que el 54 por ciento

reclama la salida de las tropas. Y estoes algo que Obama ha tenido muy encuenta para decidir acelerar el procesode retirada. Los republicanos podranpasarle factura en las elecciones presi-denciales de noviembre si la situacinse deteriora an ms.

RAJOYNOSIGUELOSPASOSDE HOLLANDE

En la cumbre de la OTAN de Chicago,en mayo pasado, el flamante presiden-te francs, Franois Hollande, adelantque su pas retirar de Afganistn sus3.300 efectivos, provocando as la pri-mera divisin importante en el seno dela Alianza Atlntica, pero previsible-mente no la ltima. Otros pases po-dran seguir en breve su ejemplo.

No Espaa, aparentemente. Rajoydijo: Entramos juntos y saldremos jun-tos, siguiendo los pasos del gobiernoZapatero al respecto. A pesar de retirar

las tropas de Irak en 2003 poco despusde llegar al poder, el ex presidente so-cialista mantuvo e incluso incrementla participacin de Espaa en Afga-nistn. Espaa cuenta en ese pas con1.500 efectivos, y el nmero dos en lacadena de mando operacional en Afga-nistn es durante todo 2012 el generalde divisin espaol Javier Cabeza. Es-paa ha gastado 2.500 millones de eu-ros en esta guerra en la ltima dcada.

El nefasto balance que arroja la

intervencin de EE UU y sus aliadosen Afganistn vuelve a repetir una ca-racterstica de la tambin modlica

misin en Irak. El rgimen de SadamHusein al que se derroc en 2003 trasinventar el fantasma de las armas dedestruccin masiva, era sun y ac-

rrimo enemigo de Irn, pas de losayatols chies contra el que mantuvoocho aos de guerra (1980-1988) ayu-dado por el dinero y las armas de EEUU. Nueve aos despus de iniciarsela guerra, Irak est gobernado mayo-ritariamente por fuerzas chies quemantienen una buena relacin conIrn, el archienemigo de Washington.

Y en Afganistn, el rgimen de lostalibn, integrista sun y tambin ene-migo de Irn, fue reemplazado por el

de Hamid Karzai, quien mantiene unarelacin cada vez ms tensa con Occi-dente y que ya en noviembre de 2010no tuvo empacho en reconocer quereciba millones de dlares de Irnpara gastos administrativos (comorecibe de tantos otros pases).

El presidente iran, Mahmud Ah-madineyad, m

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PDF Pueblos53 Julio2012