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Boletn Antropolgico. Ao 29, N 82, Julio-Diciembre, 2011. ISSN:1325-2610.Universidad de Los Andes. Museo Arqueolgico / Centro de Investigaciones.

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LA DEMARCACIN DEL HBITAT Y TIERRAS DE COMUNIDADES Y PUEBLOS INDGENAS DEL ESTADO

BOLVAR, ENTRE EL DESARROLLO NACIONAL Y LA IDENTIDAD CULTURAL*

Raquel Martens RamrezDoctorado en Antropologa

Universidad de los Andes, [email protected]

Resumen

El artculo analiza el proceso de demarcacin de hbitat y tierras de comunidades y pueblos indgenas del estado Bolvar, su articulacin a las polticas de desarrollo nacional y ordenamiento territorial, en el marco ideolgico de la construccin del Socialismo del Siglo XXI. Se realiza una breve descripcin del contexto histrico de la titularidad de tierras indgenas en Venezuela, seguida por la georeferenciacin de los pueblos indgenas del estado Bolvar, utilizando la categora de cuencas hidrogrficas. Finalmente se explica las fisuras que se han presentado en este proceso y se ofrecen algunas recomendaciones.

Palabras claves: tierras indgenas, estado Bolvar, desarrollo nacional, identidad cultural.

Abstract

This article analyses the process of demarcation of indigenous peoples and communities habitat and lands in Estado Bolvar (Venezuela). It also examines the articulation of that process with the national politics of development and territorial administration within the ideological frame of the so called Socialism of the Twenty-First century. The article presents a brief description of the historical context of indigenous lands ownership in Venezuela, followed by a geo-location of the indigenous peoples in Estado Bolvar taken the category of hydrographic watersheds as a reference. There is finally an explanation of the rifts that have taken place in the process of habitat and land demarcation, which go along with recommendations for the improvement of that process.

Keywords: lands, indigenous, Bolvar state, national development, cultural identity.

Boletn Antropolgico. Ao 29, N 82, Julio-Diciembre, 2011. ISSN:1325-2610.Universidad de Los Andes. Raquel Martens R. La demarcacin del hbitat... pp. 132-162.

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Introduccin

El Plan de la Nacin Simn Bolvar 2007-2013, Primer Plan Socialista de la Nacin, establece siete lneas estratgicas interrelacionadas. Una de ellas persigue el establecimiento de la denominada nueva geopoltica nacional. En este sentido, la consolidacin de este modelo geopoltico implicara modificaciones en la estructura territorial de la nacin orientadas por una visin geoestratgica [] en funcin de un nuevo sistema econmico-productivo, diversificado e integrado, tanto funcionalmente como territorialmente . El referido sistema econmico se conceptualiza desde ideales de inclusin social: junto al impulso de nuevos espacios y actividades productivas bajo nuevas formas de produccin social, y se pretende, en principio, garantizar y promover la participacin protagnica de la poblacin afectada por estos procesos que pueden implicar cambios sustantivos como la modificacin de los patrones de asentamiento.

Esta visin sistmica persigue la desconcentracin del desarrollo nacional al mismo tiempo que demanda un importante grado de centralizacin en la planificacin econmica y en la ordenacin territorial. Entre estas dos fuerzas centrpetas del sistema, se deber plantear el tratamiento de los hbitats y tierras indgenas, que en la prctica respondern a dos tipos de objetivos de la nueva geopoltica: o a los relacionados con la proteccin ambiental y a la sustentabilidad ecolgica y/o a los relacionados con el desarrollo productivo. A stos ltimos en particular tambin se vinculan los llamados ejes de desarrollo nacional y las redes y polos de articulacin territorial sustentados por los Consejos Comunales como entes de canalizacin de los procesos econmicos locales, las Comunas y los Distritos Motores.

Con una articulacin institucional novedosa y desde un enfoque ideolgico diferente, esta visin reproduce sin embargo aejas concepciones de rgida direccionalidad sobre las poblaciones indgenas, sobre sus formas de organizacin social y sobre el uso de sus tierras. La posibilidad de los indgenas de acceder a titularidad colectiva sobre sus tierras no se basa en los principios constitucionales de libre determinacin, sino en nociones de la propiedad colectiva como una forma de propiedad para el desarrollo productivo nacional planificado. Este modelo de territorializacin para pueblos y comunidades indgenas se persigue su inclusin en la nacionalidad a travs de la produccin, tal y como lo propuso el indigenismo nacido en el continente hace ya siete dcadas. Por lo que se refiere al reconocimiento de los derechos indgenas, la actual derivacin de la estrategia geopoltica, levanta cuestionamientos sobre los fines que puede lograr y sobre los medios a travs de los cuales se persiguen.


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Los vigentes planes nacionales de desarrollo no distinguen entre la diversidad de casos materiales y culturales que se encuentran dentro de la categora pueblos indgenas en Venezuela. El presente trabajo analiza esta circunstancia a la luz de la situacin de los pueblos indgenas en el estado Bolvar, regin con marcadas diferencias geoculturales y ecolgicas que en el actual paradigma de ordenacin territorial no encuentran fcil acomodo. A pesar de que actualmente existe un gran consenso en el pas alrededor de la idea de consolidar proyectos de ordenacin del territorio integrales y desconcentrados, en lo referente al mbito indgena ese ideal tiene difcil materializacin si no se articula desde una comprensin de la diversidad de pueblos y comunidades, y el reclamo de stas (trato diferenciado) en la gestin o la co-gestin de sus hbitat-tierras.

Para ilustrar la importancia de este punto, este trabajo lo aborda desde una doble perspectiva metodolgica. Por un lado, se examinan fuentes documentales relacionadas con el proceso de la nueva geopoltica nacional y con los pueblos indgenas de la regin. Por otro lado, se utilizan datos obtenidos en visitas de campo a sectores indgenas de las cuencas de los ros Caron y Cuyuni entre 2007 y 2010, producto de las actividades que realic con el equipo de la Unidad de Ordenacin del Territorio y Grupo de Investigacin Anthroposterritorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela.

La estructura del artculo consta de varios puntos principales e interdependientes en su anlisis discursivo: antecedentes y contexto nacional del proceso de demarcacin de tierras indgenas y sus implicaciones en el estado Bolvar; los procesos de desterritorializacin producto de las polticas de planificacin del Estado y los procesos territoriales en el momento actual.Este trabajo espera contribuir a desarrollar visiones ms integrales en torno a la demarcacin y titulacin de tierras indgenas ante el imperante relativismo y atomismo de la mayora de las investigaciones desarrolladas al respecto hasta la fecha.

1. Antecedentes y contexto nacional del proceso de demarcacin tierras indgenas y sus implicaciones en el estado Bolvar

En el artculo 23 de la Ley Orgnica de Pueblos y Comunidades Indgenas (LOPCI, 2005) la demarcacin se relaciona con una poltica de Estado encaminada a reconocer y garantizar los derechos originarios de estos pueblos sobre el hbitat y tierras que han ocupado ancestral y tradicionalmente. La demarcacin es paso previo para otorgar la titulacin (propiedad colectiva) a pueblos o comunidades indgenas que la soliciten a travs de los mecanismos y procedimientos establecidos


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legalmente. La Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece en su artculo 119 la co-participacin del Ejecutivo Nacional con los pueblos indgenas en el proceso destinado a demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras de los pueblos y comunidades indgenas, las cuales sern inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles. El artculo 126 aclara que dicho proceso no deber afectar la integridad y la soberana nacional, enfatizando que los pueblos indgenas forman parte de la Nacin, del Estado y del pueblo venezolano como nico. Queda en este sentido claro que la libre determinacin de los pueblos indgenas est vinculada en el plano jurdico a su articulacin con el Estado-Nacin y su poltica territorial, y en el plano poltico ningn reclamo de titularidad colectiva sobre tierras indgenas ha desconocido explcita o implcitamente esa pertenencia al conjunto estatal.

Bastidas (1997, 1998), Clarac (2001), Lpez-Zent et al (2003) y Caballero (2007) han examinado el marco histrico-jurdico de los procesos de dotacin y titularidad de tierras indgenas en Venezuela, identificando diferencias regionales producto tanto de la poltica colonial como posteriormente de los proyectos liberal y neoliberal en la historia econmica de la nacin. Clarac destaca uno de los factores vertebrales de la discusin: el problema del desarrollo nacional y su relacin con los pueblos indgenas. Los proyectos de desarrollo nacional siempre estn sustentados por procesos de ordenacin territorial y por tanto la demarcacin de hbitat y tierras indgenas no escapa a dichos proyectos. Esto implica la aceptacin de que las complejidades de la demarcacin no slo entraan desafos tcnicos, sino tambin retos procedentes del mbito de la geopoltica.

En la actual coyuntura poltica, Angosto (2010: 98) ha examinado la conexin entre la poltica gubernamental y la parte del movimiento indgena que forma parte de rganos estatales que promueven dicha poltica. Ese examen ofrece evidencia para afirmar que se est consolidando una visin de pluriculturalismo que es renuente a aplicar lo que la CRBV estableci en referencia a los pueblos indgenas y a la posibilidad de su libre determinacin dentro del Estado. El posicionamiento gubernamental que gua actualmente las relaciones entre el Estado y los pueblos indgenas se centra casi exclusivamente en el rol de los Consejos Comunales y las Comunas en la nueva geopoltica nacional, barriendo las posibilidades de libre determinacin de los pueblos indgenas ante la centralidad de polticas encaminadas, al menos en principio, a fortalecer su inclusin socioeconmica. Es importante analizar este proceso en el estado Bolvar, para lo cual comenzar por repasar antecedentes relevantes.


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En el marco de la extinta Constitucin de la Repblica de Venezuela (1961) se reconoca a los indgenas como vinculados a la poblacin campesina atendiendo a paradigmas ya delineados por la Ley de Reforma Agraria de 1960. Los indgenas, tanto los que habitaban en zonas fronterizas o de difcil acceso como los que vivan en cercanas de los centros urbanos, eran asimilados a la condicin de pequeos agricultores, en la lnea de lo ocurrido en otros pases latinoamericanos. Quedaba as desdibujada la condicin tnico-cultural frente a la condicin socioeconmica, al tiempo que asimilaba automticamente esa condicin econmica a la idea de atraso o subdesarrollo que haba que superar a travs del desarrollo productivo. Desde esta perspectiva el indgena deba ser protegido e incorporado progresivamente a la vida de la Nacin. Las polticas emanadas de esta visin devinieron en un reparto de tierras a ciertas comunidades indgenas realizado por agrimensores. Se otorgaba un tipo de titularidad sujeta al concepto de propiedad definido en el Cdigo Civil (1982) y caracterizado por perseguir tres objetivos mencionados en la extinta Constitucin (Arts. 99 y 105): rechazar el latifundismo como expresin de la desigualdad social, garantizar la funcin social de la propiedad (uso, goce y disfrute) y establecer restricciones, contribuciones y obligaciones para fines de utilidad pblica o de inters general respecto a la propiedad.

La dotacin de tierras a comunidades indgenas tena unas limitantes heredadas de concepciones romanas-musulmanes sobre tipos de propiedad, que se impuso por el proceso de conquista y colonizacin. Se describe brevemente este argumento. Uno de los tipos reconocibles en ese modelo sera el de propiedad indominicata (inculta) que el historiador Vicens Vives (1961: 242) sealaba, era una de las divisiones de un Seoro (jurisdiccin sobre tierras y vasallos) concedido a campesinos para su explotacin durante la poca medieval, los cuales estaban sujetos a contraprestaciones, y la otra, la propiedad dominicata de dominio y reserva del Seor. Al caducar el poder de los Seoros en Espaa, por el auge de las ciudades en el sistema econmico mercantilista, stas empiezan a integrar propiedades a travs de la gestin municipal. En ese sentido, Fortea Prez y otros (1999) sealaban que tratadistas como Castillo de Bovadilla a mediados del siglo XVI y principios del XVII distinguan, no sin ambigedad, entre las propiedades consideradas como patrimonios municipales (comunales y propios) de las tierras realengas y baldas. En efecto, los bienes comunales no eran aprovechados para obtener ingresos y solan referirse al usufructo de la tierra (goce y disfrute), mas no a su propiedad, declarando su carcter de inalienabilidad. Por lo tanto, la propiedad comunal en Espaa estaba subsumida en el municipio, que la converta en balda y propia para venderla, de modo que se poda usurpar y enajenar hacia formas de propiedad privada.


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Est visin de la distincin patrimonial se impuso en Hispanoamrica durante su proceso de colonizacin, reconociendo Mejas (1999), que las tierras que no fueran incorporadas a los repartos (resguardos de indgenas) y mercedes reales (concesiones de la Corona), se integraban a los realengos (tierras de la Corona) o baldos. Aunque el historiador Arcila Faras (1973:253), estableca coincidencias entre la propiedad municipal sobre tierras de uso comn (pastos y montes) y la propiedad comunal indgena, por lo que era de suponer para la sociedad dominante que las tierras incultas (sin cultivar) constituan tierras baldas, sin dueo, y las tierras indgenas, que por sus patrones de asentamiento, eran y son percibidas como desocupadas y no trabajadas, a las cuales recaa el concepto de propiedad (uso) en su alegato la tierra es de quien la trabaja, condicionando de este modo el derecho de propiedad al uso de la cosa poseda, estimndose que al cesar el uso cesa tambin el derecho a poseerla.

Esta situacin se agudiz durante el Siglo XIX, afirmando Arcila (Ob cit: 265) que los legisladores republicanos le atribuan al rgimen comunal todo el atraso y miseria en que vivan esos pueblos indgenas, desintegrndolo legalmente. Por consiguiente, los resguardos indgenas que persistan en algunas regiones del pas fueron fragmentados y repartidos como propiedad individualizada. Samudio (1996) y Bastidas (Ob cit) analizaron est problemtica en el estado Mrida, concluyendo que fue un duro golpe para los indgenas en sus demandas reivindicativas y con serias implicaciones sociopolticas, pues durante el siglo XX, la existencia de indgenas qued relegada a zonas fronterizas e inaccesibles.

Siendo vinculados desde la perspectiva estatal a la categora de campesinos, los indgenas no podan ser propietarios de grandes extensiones de tierras sin cultivos; a lo sumo, podran ser titulares de ciertos derechos de usufructo y disfrute sobre dichas tierras (unos derechos similares a los que poda generar la propiedad comunal castellana sobre montes y dehesas). Este tipo de visin an persiste en la titulacin actual del hbitat-tierra indgena, generando conflictos.

Actualmente, Caballero (2007), menciona que los ttulos otorgados a los indgenas en Venezuela tienen una tendencia hacia la entrega de ttulos comunitarios, mas no por pueblo. De acuerdo a la informacin suministrada en la pgina web del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (noticia del 20-09-2010), se han entregado 40 ttulos a 73 comunidades indgenas, que superan el milln de hectreas, pero ninguno de ellos en el estado Bolvar.


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2. Procesos de desterritorializacin

Las tierras ocupadas por los indgenas o asociadas a su territorio ancestral han sido sujetas a variados procesos de territorializacin y desterritorializacin. Centrndose principalmente en lo ocurrido a partir de la segunda mitad del siglo XX se puede encontrar, por un lado, factores econmicos. Han sido recurrentes las disputas sobre tierras y los desalojos de poblacin indgena generados por la expansin capitalista (o proto-capitalista) de los frentes agrcolas y ganaderos en su bsqueda de nuevos pastos y ms amplios predios, siendo ejemplos de ellos, las descritas en los documentos entregados por antroplogos en las solicitudes de demarcacin (casos Eapa, Karias y Huottja) y en algunos de sus trabajos publicados en algunas revistas (Boletn Antropolgico, Antropolgica). El desplazamiento de poblaciones indgenas producto de estos conflictos, unido a la necesidad de encontrar nichos econmicos, terminaron en ocasiones en migraciones a centros urbanos, donde se generaban nuevos tipos de interrelaciones sociales (transculturacin), como el caso de algunos Karias y Pemn.

En direccin a veces opuesta, tambin se produjeron flujos de poblacin no indgena que, principalmente por motivos econmicos (minera, comercio), abandonaban zonas urbanas, peri-urbanas o de pequeo campesinado para levantar asentamientos (en ocasiones slo temporales, para la extractividad) en tierras ancestrales indgenas. Se fueron as consolidando dos procesos confluyentes en la generacin de asentamientos con poblaciones combinadas de indgenas y no-indgenas.

Por otro lado, en los procesos de reconfiguracin de la territorialidad de los pueblos indgenas hay que incluir la intervencin de agentes misioneros, que en sus polticas evangelizadoras y civilizatorias, auspiciadas por los gobiernos de turno desde principios del siglo XX, debido a la debilidad de la presencia del Estado en zonas fronterizas, trastocaron en diferentes niveles y escalas los patrones de vida de los pueblos y comunidades indgenas. Este proceso es de vieja data, arrancando en algunas regiones de Venezuela en el siglo XVI, no puede ser desligado completamente de los procesos econmicos. Las misiones catlicas siempre han sido focos de transformacin de los modos de produccin amerindios, y en este sentido han sido baluartes de la inclusin de buena parte de la poblacin indgena en la periferia del sistema capitalista de produccin. El factor misionero como modificador de la territorialidad contina en el presente con algunas modificaciones, incluyendo la competencia entre grupos religiosos sobre tierras indgenas, sealados por Thomas (1976) y Cousins (1991).


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En la dcada de los 80 y 90 la situacin anteriormente descrita se intensific con los giros gubernamentales hacia el neoliberalismo. La cesin de tierras a comunidades indgenas, sin perder su carcter agrarista, la realiz entonces el Instituto Agrario Nacional. Esta situacin devino en dos factores: primero, la consolidacin de algunas diferencias de patrn de asentamiento indgena en su interdependencia econmica con poblados no indgenas, reseado por Mansutti Rodrguez (1988, 1990) y Zent (2003) en el caso de los Huottja de Amazonas-Bolvar, y segundo, aunado a lo anterior algunas comunidades indgenas adecuaron el modelo de la estructura organizativa de comits, que fueron creados segn las necesidades socioculturales y productivas en su integracin al Estado-Nacin.

Este aspecto es relevante, pues Martinat (2005: 141) esgrime que la dotacin de tierras a comunidades indgenas, producto de la aplicacin de la Reforma Agraria (1961), produjo dos conflictos de representaciones entre el Estado y las comunidades indgenas: la distincin de tierras y territorios y la identificacin del indgena al campesino, ya mencionado en prrafos anteriores. En este sentido, les indignes rclament la reconnaissance de leurs territoires ancestraux, invoquant un droit originaire selon lequel certains territoires leur appartiennent pour les avoir habits avant mme que ne soit constitu ltat, Le droit positif est alors un moyen pour ltat de nier ce droit originaire en rduisant les revendications territoriales indignes une demande de terres. Esta situacin an persiste, pero se aadi la readecuacin del trmino territorio indgena como resultado de una estrategia poltica de los indgenas y sus asesores polticos para su aceptacin en la discusin sobre los derechos indgenas en la Constituyente de 1999, separaron legalmente y conceptualmente los trminos tierra y hbitat, cuyos significados no son vistos como similares para el Estado ni tampoco para los propios indgenas. Jug un papel muy importante la participacin de los antroplogos/as como agentes forneos de transformacin y comunicadores-intermediarios, sealados por Biord (1994) , al mismo tiempo que el sistema de educacin oficial formal se impuso como un elemento pragmtico en la valoracin de la identidad nacional. En este contexto histrico-poltico los proyectos estructurales de desarrollo del Estado y las relaciones bilaterales-multilaterales, sobre todo con la Repblica de Brasil, promovan la poltica de ordenacin del territorio en funcin de los intereses econmicos y comerciales impulsados primeramente a travs de la Comisin para el Desarrollo del Sur (CODESUR) y actualmente mediante la poltica de integracin con el MERCOSUR y la Alternativa Bolivariana para las Amricas (ALBA), estableciendo una serie de convenios en reas especficas como: energa, ambiente, ganadera y agricultura.


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En este contexto, la coordinacin de la poltica de desarrollo industrial en el estado Bolvar fue concedida a la Corporacin Venezolana de Guayana y subsidiarias, a la cual ceda grandes extensiones de tierras para implementar un modelo productivo de explotacin de minerales y distribucin de energa hidroelctrica. A la par empezaban a figurar en el mbito de ordenacin territorial nuevas reas de proteccin y conservacin de recursos naturales a las ya decretadas en las dcadas de los 60 y 70, mediante la promulgacin de Monumentos Naturales, Reservas y Lotes Boscosos. Esto ltimo influy en el hecho de que muchas organizaciones indgenas asumieran y a la vez fortalecieran el discurso de los movimientos sociales ecologistas, reconociendo en determinadas prcticas ancestrales indgenas de silvicultura y manejo del suelo, la proteccin y conservacin del ambiente.

Esto ha tenido implicaciones polticas y ticas, surgiendo crticas de este proceso en Colombia, analizadas por Ulloa (2004), cuya paradoja se centra en la construccin del indgena como un econativo, conferirle una representacin tradicional sustentada en su relacin con el ambiente, y regular sus territorios a partir de la ecogubernamentalidad impuesta por la globalizacin ecolgica. Al mismo tiempo que para los indgenas, se toma como discurso para sus reivindicaciones territoriales. Esta postura es distinta al denominado ecologismo popular y/o ecosocialismo, cuyas directrices polticas pueden tener otros objetivos y alcances, no precisamente responder a las demandas indgenas sobre sus hbitats, sino de alternativas socioproductivas para el desarrollo sostenible, en poblaciones que demandan mayores recursos.

3. Poblacin y distribucin de los pueblos y comunidades indgenas del estado Bolvar.

El estado Bolvar tiene una superficie de 240.528 Km, lo que supone aproximadamente una cuarta parte del territorio nacional, y est dividido poltico-administrativamente en 11 municipios. La Ley de Aguas (2007) identifica tres cuencas hidrogrficas principales en el estado Bolvar (mapa N 1): Caura, Caron y Cuyun. Por su vinculacin con patrones tradicionales de asentamiento y por su cercana a modelos indgenas de territorialidad, en el presente trabajo se utiliza como referencia esta divisin por cuencas y subcuencas para describir la ubicacin fsica y filiacin lingstica de los pueblos indgenas que hacen vida en el estado Bolvar.


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La poblacin total del estado Bolvar segn el Instituto Nacional de Estadstica INE (2001) es de 1.354.097 habitantes. Esta cifra incluye un total de 39.538 indgenas (sin contar con la poblacin indgena de centros urbanos). Representan el 2,9% de la poblacin total de la entidad. Estas cifras contrastan con las proporcionadas en 2010 por el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indgenas (MPPPI), las cuales sealan que la poblacin indgena del estado alcanza los 64.475 habitantes, sin estimar la poblacin indgena en poblados urbanos no indgenas. Los pueblos indgenas actualmente reconocidos en esta entidad, referido en la LOPCI (Ob cit) son los siguientes: Akawaio, Arawako, Eepa, Guahibo (Jivi), Jod, Karia, Kurripaco, Mapoyo, Pemn, Piapoco, Sanema, Shiriana-Uruak, Huottja (Piaroa), Warao y Yekwana.

A pesar de que la dinmica urbana y el crecimiento de la poblacin indgena estn afectando el nivel de recursos disponibles y los patrones de vida en muchas comunidades que estn cambiando por el acceso a servicios, la gran mayora de ellas mantiene sus patrones de asentamiento disperso en grandes extensiones de tierras de las que hacen uso de forma diversa. En aquellas comunidades con proyectos de desarrollo econmico, ste se est canalizando en la actualidad principalmente a travs de los Consejos Comunales, los cuales perciben recursos econmicos para proyectos especficos. Adems, los cambios de uso en el hbitat-tierras, reconceptualiza la construccin social del territorio y sus formas, replanteando una nueva visin territorial hacia formas ms concentradas de tipo urbano, particularmente en aquellos espacios interconectados (bordes de la entidad federal, fronterizas con otros pases y estados). A nivel de cuencas, la situacin se puede delinear de la siguiente forma:

Cuenca del ro Caura

Su superficie alcanza las 6.113.100ha (MPPAMB, 2006) y se subdivide en 3 subcuencas: Aro, Suapure y Cuchivero. Los pueblos indgenas que hacen vida en la misma se encuentran localizados desde la cuenca alta del ro Caura (Sanema), inmediaciones de la sierra de Maigualida (Jod) y el sector medio y alto (Yekwana) en un patrn de poblamiento disperso, salvo escasas comunidades con alta concentracin poblacional como Santa Mara de Erebato. La organizacin poltica y social entre los Yekwana, ha sido ampliamente estudiada por antroplogos, para referir a algunos, por ejemplo: Arvelo-Jimnez (1992) y Silva Monterrey (2003). Esta cuenca recorre los municipios Heres, Sucre y Cedeo, municipio este ltimo atravesado por las subcuencas del ro Cuchivero-Guaniamo, a cuya margen izquierda se distribuye el pueblo indgena Eepa y a cuya margen derecha se encuentra el pueblo Jod. En las inmediaciones de los ros Parguaza y


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Suapure se localiza el pueblo indgena Huottja (Piaroa), estudiado por Mansutti (1988, 1990) y Zent y, a lo largo del Orinoco medio, los Mapoyo. Finalmente, en la subcuenca del ro Aro hay poblacin Karia dispersa en varias comunidades.

Es notable la presencia de fundos agropecuarios en la regin noroccidental de la cuenca, siendo las poblaciones de Maripa, Guarataro y Caicara del Orinoco las ms influenciadas por dichas actividades. Adicionalmente, en el poblado de Pijigaos se congrega una poblacin mixta (indgena y no indgena) que incluye: indgenas Guahibos o Jivi procedentes de la Repblica de Colombia; grupos de Piapocos que fueron alentados a incorporarse como poblacin indgena en el municipio Cedeo a travs de la actividad misional de proselitistas cristianos; Huottjas y Eepas que habitan en el ro Parguaza (los primeros) y cerca de los poblados de Caicara y Pijigaos y que, como muchos otros, son tambin atrados por las explotaciones de bauxita realizadas por la Corporacin Venezolana de Guayana (CVG- Ferrominera) y la aparicin del denominado oro azul (coltan), que comienza a congregar crecientes nmeros de poblacin fornea.

El decreto de ilegalizacin de la minera de aluvin que se realizaba en la cuenca del ro Caron en el 2006 a travs de la activacin Plan Alianza Pueblo y Gobierno, tuvo repercusiones adversas en la cuenca alta del ro Caura, tal y como fue denunciado desde el 2006 por la organizacin indgena Kuyujani y grupos ecologistas ante el MIPPAMB, lo cual provoc graduales intervenciones del Estado hasta la puesta en prctica del llamado Plan Caura en mayo del 2010, con desalojo de los mineros. Al mismo tiempo, esos hechos pusieron sobre el tapete la separacin del discurso indgena de demanda territorial y el de una parte de los grupos ecologistas que promovan el cambio de figura de Reserva Nacional a Parque Nacional. El Juzgado Superior Primero Agrario en el 2009 termin reconociendo la demanda de la Procuradura General de la Repblica respaldada por grupos ecologistas, la cual tuvo apoyo de algunos sectores polticos y econmicos a nivel regional y nacional, dictaminando que la cuenca tenga una zonificacin restrictiva a fin de proteger su carcter fsico-natural prstino como Parque Nacional y Zona Ecolgica Protegida de la cuenca del ro Caura.

Respecto a la subcuenca del ro Suapure, y cercana a ella, los indgenas Huottja se han desplazado del sur hacia el norte, creando conflictos intra-tnicos con los Wanai (Mapoyo), en las riberas del ro Villacoa, acusando los primeros a los segundos de no indgenas por haber perdido sus costumbres tradicionales o de ser indgenas nuevos en el marco de sus disputas territoriales. Ya hace casi dos dcadas Mansutti (1990: 57) afirmaba que esa expansin ha estado asociada a


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varios hechos, tales como: la aparicin de grandes espacios escasamente poblados debido al proceso de colonizacin, asimilndose los sobrevivientes de esos grupos a los Huottja; profundizacin de intercambios comerciales entre la sociedad global, la pacificacin intra-tnica y alianzas matrimoniales con otros pueblos indgenas y la direccionalidad de las polticas estatales de desarrollo econmico para integrar a los indgenas al resto de la sociedad venezolana. En este sentido, en 1991 los Huottja de la comunidad Cerro Pastoral de Villacoa denunciaban que los Mapoyo haban ampliado su territorio de 45.000ha a 60.790ha a travs de concesiones del IAN, lo cual afectara sus intereses (de los Huottja) e impedira la realizacin de actividades compartidas (caza y agricultura). En reuniones posteriores con funcionarios del gobierno los denunciantes pedan la elaboracin de estudios histricos y socioantroplogicos para determinar la ocupacin ancestral.

Otra comunidad como Garzoncito de Ore denunciaba la ocupacin de tierras comunales por parte de una familia no indgena, valindose de una asociacin civil denominada Luz Infinita para justificar una invasin pacfica en rea Piaroa con indgenas Piapocos (solicitud de autodemarcacin ). Esta situacin, refleja en algunos contextos que, ante demandas de reivindicacin y revitalizacin tnica o reindianizacin propia de un pueblo o comunidad indgena, se expresa en exacerbar la identidad tnica-cultural discriminando y rechazando a otros pueblos, revelando la existencia de intereses sectoriales entre ellos, enfatizando en sus conflictos los efectos del proceso de transculturacin. En este caso, ambos pueblos (Mapoyos y Huottjas de ese sector), convinieron ante las instituciones regionales y nacionales, respetar su territorialidad y presentar una propuesta conjunta de demarcacin, apareciendo dicho compromiso en las solicitudes presentadas en el 2003, pero sin llevarla a cabo con efectividad.

Cuenca del ro Caron

De acuerdo a la Corporacin Elctrica - CORPOELEC (2008) la cuenca del ro Caron comprende una superficie estimada de 92.170 Km, lo cual supone un poco ms del 10% del territorio nacional y un 40% del estado Bolvar. Se estima tambin que el 87% del rea total de la cuenca se encuentra designada como reas Bajo Rgimen de Administracin Especial (ABRAE), cuyas figuras ms importantes se presentan en la Tabla N 1:

Caballero Arias (Ob cit) seala, que las ABRAE han trado varios inconvenientes respecto a la reivindicaciones indgenas, especialmente por las normativas restrictivas en algunas zonas con fines conservacionistas que implicaran que


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los indgenas no tendran posibilidad de solicitar ttulos de propiedad colectiva sobre las tierras reguladas a pesar de estar stas ya habitadas por ellos. Este es el caso del Parque Nacional Canaima, en donde indgenas Pemn denuncian las restricciones para el cultivo de conucos y otras actividades mientras que el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) reclama que los incendios forestales en la zona es causada a la quema incontrolada de sabana por parte de los pemones y a la minera ilegal en algunas zonas del Parque. Perera et al (2009) expone estos conflictos y las argumentaciones de los indgenas sobre estas prcticas ancestrales, pero no lo analiza desde el punto de vista de su impacto ambiental, ante una mayor demanda de recursos por el crecimiento vegetativo de la propia poblacin indgena. Ya la Federacin Indgena del estado Bolvar, FIEB, conjuntamente con el Ministerio de Poder Popular para la Educacin y la ONG, The Nature Conservancy, elaboraron un Plan de Polticas Pblicas para el Pueblo Pemn en el 2003, presentando un diagnstico sectorizado (Sector I. La Paragua; Sector II-Kamarata-Kanaim; Sector III-Urimn; Sector IV-Kuyuni; Sector VI-Santa Elena de Uairn; Sector VII- Ikabaru y Sector VIII-Wonken, excepto el Sector V-Kavanayn).

En esta cuenca, el potencial de extraccin de mineral de hierro se localiza en la cuenca baja, donde las reservas probadas ascienden a los 4.184 millones de toneladas. Los recursos aurferos y diamantferos estn dispersos por toda la cuenca, siendo explotados por mineros artesanales hasta cantidades estimadas de 10,3 millones de toneladas para el primero de esos minerales y de 18,7 millones de quilates para el segundo, segn CORPOELEC (2008). Est explotacin de minera de aluvin se ha hecho con tcnicas degradantes del ambiente, lo cual pone en peligro la generacin de energa hidroelctrica. Tambin se realiza minera no metlica (arenas, rocas industriales y caoln) en menor proporcin en el municipio Gran Sabana, especialmente en algunas comunidades indgenas cercanas a Santa Elena de Uairn. Datos ms recientes, aportados por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente- MPPAMB (2010), sealan que hay 449.021 ha vinculadas a la actividad minera, 263.118 ha destinadas a concesiones y contratos mineros, las cuales estn siendo objeto de revisin.

Para CORPOELEC (Ob cit), el potencial agrcola es limitado por la baja fertilidad de los suelos, las condiciones topogrficas, las altas precipitaciones y el escaso nivel de poblamiento e infraestructura, particularmente en la cuenca media y alta. La actividad agropecuaria se concentra en la cuenca baja (La Paragua) y no supera el 3% del total de la produccin del estado Bolvar, y el conuco indgena en medio y alto Caron alcanza el 2,53%. Uno de los procesos de autodemarcacin relacionado con sta cuenca se ha visto acompaado de conflictos producto


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del crecimiento urbano de Santa Elena de Uairn, en la cuenca alta. Santa Elena, localidad con poblacin mixta, se muestra como un polo de desarrollo econmico de la regin.

CORPOELEC (2008) y MPPAMB (2010), sealan que las explotaciones mineras (diamantferas-aurferas) de la zona, congrega tambin la provisin de servicios tursticos y otras actividades terciarias como las comerciales, resultando en una creciente demanda de tierras para la expansin y provisin urbana. Cuando se concedieron 5.000 ha a la poligonal urbana de Santa Elena de Uairn, no se previ la conformacin de ejidos, y esa poligonal se solapa hoy con porciones de tierras alinderadas de algunas comunidades indgenas que limitan la competencia poltico-administrativa municipal y ha hecho necesario que los alcaldes electos intenten negociar con stas a travs de las Capitanas indgenas.

Este ltimo aspecto se ha presentado como un punto de inflexin entre indgenas y no indgenas, y sobre todo est dividiendo a los primeros: los que defienden sus derechos de colectivizacin de tierras por sector del pueblo indgena (incluyendo la poligonal urbana de Santa Elena) y los que defienden su autonoma comunitaria, rechazando o no los proyectos impulsados por los entes gubernamentales, especialmente por la alcalda. Las interacciones entre familias emparentadas y las jerarquas creadas por el estatus econmico predominante en las comunidades activan la desnivelacin cultural, asomndose disputas internas por el control de los espacios. En paralelo a los factores econmicos tambin encontramos disensos nutridos por las diferencias religiosas, dificultando a veces, el proceso de autodemarcacin.

Adems, el emparejamiento entre indgenas y no indgenas por el acercamiento fsico e intercambio socioeconmico y por consiguiente la aparicin de mestizos reduce las posibilidades de construir una territorialidad saneada, complicando las posibilidades de una demarcacin sectorial; y, dependiendo de los estatutos sociales de cada comunidad, se aceptan o rechazan a ciertos individuos, obligndolos a desplazarse a otras comunidades indgenas, sectores o centros poblados no indgenas. Se propone la co-gestin que debe ser definida en la Ley Orgnica de Gestin y Planificacin para la Ordenacin del Territorio y ampliada en la LOPCI.

Cuenca del ro Cuyuni

La cuenca del ro Cuyun, segn el MPPAMB (2010) abarca una superficie total aproximada de 50.347 Km, la cual est compartida con la regin del Esequibo,


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zona en Reclamacin (adyacente a la Repblica Cooperativa de Guyana). La cuenca alta que se encuentra en territorio venezolano, posee una superficie aproximada de 38.199 Km y esta ubicada en gran extensin en los municipios: Sifontes, El Callao, Roscio y en menor proporcin en los Municipios Padre Pedro Chien y Piar. De acuerdo a la Ley de Aguas (2007), la conforman las subcuencas Yuruari y Yuruani.

La poblacin indgena de est cuenca se concentra en el municipio Sifontes, colindante con el Esequibo, y presenta una gran diversidad tnica-cultural por la presencia de indgenas de filiacin Caribe que histricamente han realizado intercambios comerciales, en primer lugar con otros grupos indgenas y posteriormente con los holandeses y britnicos, que ocuparon esa regin en su rivalidad con los espaoles durante la colonia, descritos por numerosas fuentes (misioneros, viajeros y antroplogos). Es importante resaltar, que esos grupos Caribes, tenan conflictos territoriales con arawakos del Esequibo segn Cousins (1991) y CIAG (2000), y a finales del siglo XIX, producto de la emancipacin y conformacin del Estado-Nacin, Venezuela reclama 159.500Km, interviniendo indirectamente a finales de la dcada de los 60 en el movimiento indgena de Rupununi, alentando a jvenes indgenas akawaios (deprimidos por las condiciones culturales y polticas de la regin) en su anexin a Venezuela, en contra del gobierno nacionalista de Burnham Forbes, durante su proceso de independencia de Gran Bretaa.

Actualmente las relaciones de intercambio comercial y productivo no han cesado, incorporndose poblacin no indgena de afrodescendientes procedente de las Antillas y Guyana (siglos XIX y XX) con poblacin no indgena local y fornea (corsos franceses, alemanes e ingleses, afrodescendientes antillanos), durante el siglo XIX, reseado por Cunill Grau (1987, Tomo III); brasileos, colombianos y dominicanos, siglo XX). La primera ocup tierras para la ganadera y agricultura (siglo XVIII, mediante la actividad misionera de los Capuchinos y expansin de los pobladores de Upata), luego por la expansin de la minera de aluvin en los ros Cuyuni, Supamo-Parapapoy y Yuruani, tambin por la actividad forestal en las Reservas Forestales de Imataca, San Pedro y El Dorado.

La poblacin fornea se desplaz de sus lugares de origen principalmente para participar en la actividad minera y comercial, y otros indgenas, particularmente Pemn- arekunas de filiacin Caribe, se han movilizado por razones de ese intercambio, estableciendo alianzas polticas y matrimoniales. Adems, la influencia del cristianismo y la presencia de misioneros no catlicos (indgenas y no indgenas), han tenido un impacto social e ideolgico en los hbitats indgenas


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para realizar sus actividades, ya que la penetracin del cristianismo y la sustitucin del chamanismo por cultos sincrticos Pemn-cristianosabarcaba modalidades de control que garantizaban la sostenibilidad de su presencia en la regin, restringiendo o condicionando las actividades cinegticas y la transformacin del entorno para la agricultura, incluido en ambos casos el manejo adecuado del fuego mencionado por Perera et al (2009:8), pero tambin imponiendo restricciones en la cacera y otras costumbres.

Este tipo de influencia sincrtica religiosa se ha manifestado sobre todo en el sur del estado Bolvar (movimiento Aleluya o Areruya, movimiento Chochimuh y movimiento San Miguel), ya mencionado por Thomas (Ob cit). En el norte del municipio Sifontes, en el sector conocido como Bochinche (poblacin Karia), en donde Clarac (2003) denunciaba los atropellos hacia los Karias producto de las actividades madereras, mineras y agropecuarias, las cuales han sido de suma importancia en esta cuenca, tambin se han observado la presencia de iglesias religiosas no catlicas.

Estas comunidades estn relacionadas con la actividad minera, y constituyen de alguna manera u otra, centros poblados intermedios que prestan servicios a comunidades indgenas ms pequeas y a campamentos mineros situados en el Km 88, Las Claritas o en los ros Cuyuni y Venamo. La superficie aprovechada de la mina indgena de Apanao alcanza las 1.717 ha y la presencia de pequea minera se realiza en 11 reas, que totaliza 82.968,78 ha, siendo la de Flor de Carapo I y II y Supamo-Parapapoy, las de mayor extensin para ser aprovechadas, segn datos del MPPAMB (2010).

El sector terciario evidencia por lo tanto, su articulacin a la distribucin de la actividad minera, que en el Municipio Sifontes, en donde estn localizadas la gran mayora de estas comunidades, representa aproximadamente el 47% de los contratos y concesiones vigentes para oro y diamante del estado Bolvar (MPPAMB, 2010). Esto de alguna forma, crea rivalidades entre mineros no indgenas que perciben a los indgenas como no venezolanos, y compiten a veces por el mismo nicho ecolgico para desarrollar la minera, expresado por algunos mineros cercanos a la comunidad indgena de San Martn de Turumbang, cercana al Esequibo. La dinmica social, en esta nueva dimensin territorial producto de las interrelaciones con terceros indgenas y no indgenas (agrupan a 44 empresas y cooperativas mineras, sin contar el nmero de fundos agropecuarios) se torna compleja por el crecimiento del sector servicios y el desplazamiento de indgenas


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a centros urbanos, sobre todo por mujeres y estudiantes (ambos sexos), las primeras en calidad de trabajadoras domsticas o de mltiples oficios del sector terciario, y los segundos para tener oportunidades como profesionales en otros mbitos, fuera de los entornos indgenas.

Por consiguiente, aumenta la tercerizacin del sector productivo, a causa del desarraigo en el interior de las comunidades indgenas, creciendo el sector servicios y deprimiendo ciertas prcticas tradicionales (conucos, artesanas) dando paso a la actividad minera de aluvin, cuyas consecuencias en las comunidades indgenas del sector no han sido profundizadas. Adems, se incorpora la visin de una agricultura intensiva (hortalizas) y ganadera extensiva, que de ser aplicadas sin una adecuada capacitacin tcnica, es tan amenazante para los hbitat indgenas como la pequea minera, pero tambin por las concesiones otorgadas por el Estado a las empresas (transnacionales y nacionales), sta ltima bajo la denominacin de compromisos mineros, alcanzan el 21,48% del rea total de la cuenca, segn informacin manejada por el MPPAMB (2010).

La tercerizacin discurre por una red de relaciones de poder, en las que estn operando prcticas clientelares y familiares a travs de las cooperativas, pero tambin entre las alianzas matrimoniales o de emparejamiento entre mujeres indgenas y no indgenas, extendiendo as una prctica entre los Caribes, que se inserta en la cotidianidad del mundo urbano, representada por los centros poblados de Tumeremo, El Dorado (Municipio Sifontes), y las capitales de otros municipios (Ciudad Bolvar y Puerto Ordz). En ello, las alianzas amplan en lo exgeno la participacin de los parientes de la mujer desplazada, a una serie de beneficios que de otra manera no se podran obtener en funcin de la endogamia.

Este aspecto, puede beneficiar a algunos miembros del pueblo Pemn un estatus poltico y social comparativamente ventajoso frente a otros pueblos indgenas de la regin. Con este estatus algunos de sus miembros pueden conseguir beneficios colectivos e individuales ante instituciones del Estado, tratando de negociar oportunidades, buscando una nivelacin cultural en lo exgeno-fuera de la comunidad (distribucin equitativa de las cuotas de poder, producto de los intercambios culturales y polticos) y una nivelacin social en lo endgeno-comunitario-sectorial (persistencia de algunas formas colectivas de redistribucin de los recursos, afectadas por la ideologizacin poltica-religiosa, que de resultar positivas podran ser la catapulta de un modelo interactivo a seguir por otros pueblos indgenas en sus demandas y reivindicaciones.


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Sin embargo, la otra cara de la moneda sera la desvalorizacin de la cultura tradicional, o la prdida de algunos rasgos que definen la diferenciacin cultural, las cuales son fundamentales para las polticas de reconocimiento dentro del Estado. Esto puede generar la prdida de credibilidad de algunos actores polticos. Por otro lado, el fenmeno de la masculinizacin o mayor presencia de individuos masculinos, segn la Alcalda de Sifontes (2007) en la mayora de las comunidades indgenas Pemn y Karias del sector (23 comunidades de 29), por diversos factores, est afectando internamente estos territorios, sobre todo en los hbitats, convirtindose en espacios cuyo contenido simblico ancestral es readecuado a las demandas de aprovechamiento y explotacin de recursos naturales. La dialctica de la autodemarcacin-desmarcacin, as desdibujada por la influencia de una poltica de desarrollo abierta a las redes comerciales internacionales, deja a los pueblos indgenas en el dilema de la interconexin global con sus ventajas y desventajas.

Otros problemas que se derivan del grado de complejidad de la interaccin indgenas-no indgenas describen una serie de factores concomitantes al proceso de autodemarcacin con el cambio cultural, generando complicaciones para su abordaje:

En la mayora de los sectores indgenas, sobre todo en los sectores Pemn, los cambios de uso de la tierra dado a las actividades mineras, ganaderas y comerciales, refuerzan patrones de asentamiento urbano no indgena. Esto implica una afectacin de los recursos naturales en sus hbitats-tierras, en detrimento de los valores tradicionales y ancestrales. Esto quiere decir que se puede consolidar la transculturacin por la implementacin de proyectos productivos, sin medir las consecuencias y los impactos a menor y largo plazo en sus patrones y formas de vida, materializndose en el hbitat-tierras, objeto a demarcar.

Poco se ha analizado la prdida de la prctica del conuco por el impacto de la minera, sus implicaciones sociales y de gnero. Adems, el crecimiento de la poblacin y su distribucin expone una realidad hacia la intensificacin y expansin de los conucos, los cuales no encuentran espacios para su rotacin ya sea por la deforestacin producto de la ganadera y minera o bien por la competitividad intra-tnica e intertnica en espacios naturales poco alterados para su uso tradicional, sealado por el MPPAMB (2010). Esto da lugar a espacios de intersticios colectivos y comunales que pueden estar localizados cerca o lejos de los centros poblados, los cuales necesitan estar bien definidos en las titulaciones. Tambin, la conceptualizacin que define los criterios en los procedimientos de demarcacin y autodemarcacin como la existencia de terceros no indgenas, los


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cuales y segn los casos pueden demostrar derechos legalmente adquiridos ya sea por alianzas matrimoniales ya sea por permanecer y ocupar esos espacios de acuerdo a derechos civiles y econmicos establecidos en la Constitucin, se topa con la diferenciacin reconocida legalmente, generando incertidumbre. Este aspecto es de suma importancia, sobre todo en miras a visibilizar el rol de los mestizos en la ambigedad de ser indgena en la comunidad y no indgena fuera de ella. Adems, si los ttulos concedidos por el IAN tienen validez para los indgenas en sus derechos sobre tierras, tambin y de igual manera lo tendran para los no indgenas, y esos derechos no prescriben a menos de que las restricciones legales as lo establecieran, sobre todo en casos de usurpacin y despojo violento.

Por otra parte, en el marco jurdico la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (2001), en el Art.1, establece que se pueden crear dichas zonas con el fin de fomentar el desarrollo de la productividad y adecuada explotacin de los recursos, elevando los niveles de bienestar social y calidad de vida de la poblacin. Estas zonas especiales son delimitadas por el Ejecutivo Nacional en extensiones continuas que pudieran abarcar total o parcialmente una parte del territorio de uno o varios estados o municipios, en donde se podrn promover sistemas especializados y colectivos de produccin, sin menoscabar por supuesto, el ejercicio del poder pblico ni la ordenacin poltico territorial, lo que se ha denominado Distritos Motores. Los espacios fronterizos al sur del estado Bolvar (cuenca alta del ro Caron) presentan varias de esas caractersticas, pues en ellos se ha localizado el tendido elctrico binacional, una de las vas de comunicacin de primer orden. La zona es adems de seguridad fronteriza y su regulacin est sujeta a una delimitacin internacional a partir de un laudo fronterizo, con la finalidad de resguardar y controlar la presencia de personas nacionales y extranjeras, cuyas actividades pueden representar amenazas, afectado los recursos naturales (turismo y minera).

No obstante, en la prctica se ha vislumbrado una complejidad en la que se contraponen dos visiones sobre la planificacin de estos espacios para el desarrollo, entraando una serie de conflictos de orden poltico-territorial. Los espacios indgenas se encuentran inmersos en una funcin organizativa planificada del Estado Nacin en su ejercicio de soberana y seguridad sobre los recursos estratgicos, y esto est implicando transformaciones en hbitat-tierras. Los lderes indgenas interpretan, traducen, y transforman los elementos de cambio cultural a partir de sus redes articuladas a los movimientos y fuerzas sociales de origen nacional e internacional, que en los espacios fronterizos tienen otras consideraciones de orden poltico, socioeconmico y cultural.


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En el caso del pueblo indgena Pemn sus interacciones con el mundo exterior tienen en su expresin territorial una forma multidimensional, y se manifiesta en procesos sociales de diversa escala de acuerdo a los roles sociales, identidad de gnero y edad., los cuales han sido analizados en el sector IV Kuyuni, por Cousins (Ob cit). Por ejemplo la reutilizacin de categoras sociales-tnicas (negros, mestizos) como demarcadores de fronteras tnicas, y cierta intolerancia hacia la sociedad no indgena en zonas de contacto directo y permanente (sobre todo si sta se percibe como un riesgo para la preservacin de su identidad cultural como pueblo diferenciado), se combina con las oportunidades que le ofrece el Estado Nacin en su participacin poltica.

En este proceso de cambio cultural y de retroalimentacin permanente las comunidades plurales y multitnicas disponen de una mayor informacin sobre los conocimientos que requieren para sus reivindicaciones (caso de los indgenas) o de prestacin de servicios (comunidades indgenas y mixtas), dialogando e intercambiando ideas. Tal y como lo sealara Clarac (2005) esto genera un discurso al revs en el que los indgenas estn asumiendo pautas de comportamiento del no indgena, y stos estn copiando modelos de organizaciones indgenas, para obtener beneficios colectivos. El cambio de valores culturales por parte de los indgenas, puede desvirtuar la nocin del territorio, al mismo tiempo que su relacin con ste empieza a tener otras connotaciones distintas a las que le precedieron, redimensionndolo.

Este proceso podra tener consecuencias a corto, mediano y largo plazo, pues al consolidarse los asentamientos indgenas en espacios determinados, especialmente en ejes carreteros como la Troncal 10, (Municipios Sifontes, Gran Sabana y otros) mezclando elementos culturales y perdiendo algunos valores y lengua (proceso de criollizacin y evangelizacin), la nocin de propiedad colectiva y su relacin con el territorio tambin cambia.

En conclusin, es fundamental que entre las relaciones de los pueblos indgenas y el Estado Nacin, se incluya el debate de la construccin del modelo poltico-ideolgico orientado a aceptar el concepto de lo pluricultural y multitnico. Por otro lado, en el contexto de las polticas de desarrollo nacional hacia la integracin latinoamericana y caribea, sera necesario hacer participes a los pueblos indgenas en los proyectos estratgicos que afectan sus derechos legtimos a pesar de las transformaciones internas impuestas por el sistema de produccin imperante. En este sentido, es necesario resolver las contradicciones que en lo nacional se sustent en viejos modelos y estructuras de inequidad e injusticia social, comenzando por debatir el concepto de propiedad colectiva y articularlo


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a procesos de cambio cultural, en el marco de la diversidad especfica de cada pueblo indgena cuyos desequilibrios empiezan por visibilizar su articulacin socioeconmica con comunidades no indgenas en las cuencas hidrogrficas.

Notas

* Este artculo se termin de escribir en Julio de 2011, luego de haber culminado una etapa importante de la investigacin grupal en la Unidad de Ordenacin del Territorio en el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, Sede Bolvar, a cargo de la Coordinacin Regional de la Inga. Mara Meja y Coordinacin Nacional por la Dra. Rosa Garca (Caracas), en Diciembre de 2010. ** Investigadora Independiente. Form parte de la Secretara de la Comisin Regional de Demarcacin del estado Bolvar, Octubre 2008- Diciembre 2010. Colaboradora del Grupo de Investigaciones Lingsticas y Antropolgicas- GRIAL. E-mail: [email protected]. 1Esas lneas estratgicas son: nueva tica socialista; suprema felicidad social; democracia protagnica revolucionaria; modelo productivo socialista; nueva geopoltica nacional; Venezuela: potencia energtica mundial y nueva geopoltica internacional.

2En el Libro Segundo De los Bienes de la Propiedad y de sus Modificaciones. Titulo II De la Propiedad, Captulo I, Disposiciones Generales, Art. 545, se define la propiedad como el derecho de usar, gozar y disponer de una cosa de manera exclusiva, con las restricciones y obligaciones establecidas por la Ley, por lo que el concepto de propiedad colectiva no est plasmado en el Cdigo Civil y el Estado an no ha planteado esta discusin formalmente. Si bien, en la LOPCI aparece que los indgenas no se rigen por dicho Cdigo, cmo entonces se pretende afirmar un reconocimiento de ciudadana integrada a un colectivo no indgena? Adems antes de aparecer la LOPCI, los asesores indgenas tomaron algunos elementos del Cdigo Civil sobre la Comunidad, para elaborar los estatutos sociales de las mismas. Estas contradicciones tienen que ser analizadas profundamente, por un lado el concepto de comunidad indgena tiene que ser redefinido en base a sus interrelaciones socioespaciales con la sociedad nacional (en una comunidad indgena no solamente habitan familias indgenas y estn emparentadas con indgenas, negando las relaciones intertnicas y la aparicin de mestizos) y por otro lado, las caractersticas de la propiedad colectiva indgena de la no indgena que persiste en algunas comunidades campesinas


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(con una fuerte base de representacin y prcticas simblicas indgenas sin ser autoreconocidas).

3Esta situacin se ha presentado en otras entidades con poblacin indgena como el caso de Apure, Amazonas y Zulia, descritas ampliamente por CLARAC NOIRTIN, Gerard. 2003. En el estado Bolvar han sido descritas por el Centro de Investigaciones Antropolgicas de Guayana (CIAG). Tambin es importante sealar, que algunas comunidades indgenas estn introduciendo ganado en pastos comunales producto de los cambios internos generados por la poltica de desarrollo nacional. Ejemplo de ello, la comunidad de San Martn de Turumbang, pueblo indgena Akawaio en la regin del Esequibo y otras del municipio Gran Sabana.

4Segn datos proporcionados por el Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, de un inventario de tierras que empez a elaborarse en 1962, el IAN a travs de la Delegacin Agraria, en el estado Bolvar, entre 1962-1992, concedi 1.781.721,10 ha. a diversas comunidades campesinas e indgenas.

5El papel de los antroplogos ha sido discutido ampliamente en Congresos de Antropologa, reconociendo no slo su rol de comunicadores sino su compromiso hacia la construccin de una antropologa pertinente con la realidad del pas, que analice los procesos coyunturales ante el cambio cultural de la sociedad venezolana, as como la creacin de nuevos campos de reflexin, abierta a la pluridisciplinariedad y articulada acadmicamente a nivel nacional. Entre esos trabajos se encuentran los de: AMODIO, Emanuele. 1998. Introduccin a la antropologa venezolana: historia y perspectiva, en Historias de la antropologa en Venezuela. (Emanuel Amodio Editor). Ediciones de la Direccin de Cultura. LUZ. Maracaibo. Venezuela; CLARAC DE BRICEO, Jacqueline. 1999. Una antropologa rel o una antropologa creativa? Y MANSUTTI RODRGUEZ, Alexander. 1999. La antropologa que requerimos en, Hacia la antropologa del siglo XXI (Lino Meneses Pacheco, Jacqueline Clarac de Briceo y Gladys Gordones Rojas Eds). CONICIT. CONAC, Museo Arqueolgico ULA. CIET-ULA. Mrida. Venezuela.

6CLARAC DE BRICEO, Jacqueline. (2001: 347), expone loa objetivos de CODESUR para la dcada del 70; La presencia fsica y sensible del Estado venezolano en todos los rincones de la patria, y afirmacin de la soberana nacional; La elevacin progresiva del nivel socioeconmico y cultural de la poblacin, como deber del Estado, y por la diferencia existente entre la regin sur y el promedio nacional, la prioridad deba darse al sur; Por la necesidad


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de conseguir nuevas fuentes de ingresosobre todo por las grandes riquezas minerales que encerraba y por su posicin estratgica como puente entre tres pases.

7Segn la pgina web: www.chavez.org.ve/temas/noticias/acuerdos-venezuela.brasil/ del 6 de Agosto de 2010, se menciona la suscripcin de 27 acuerdos, siendo los que tienen implicaciones geoestratgicas para la regin de Guayana: el acuerdo para el establecimiento de un rgimen especial fronterizo, la creacin de un Distrito Motor de Desarrollo en la Gran Sabana, y el convenio de integracin econmica productiva y de infraestructura binacional fronteriza y regional entre el norte de Brasil y el oriente venezolano.

8La Corporacin Venezolana de Guayana fue creada por el Estado venezolano en la dcada del 60 como una institucin para impulsar la poltica de desarrollo segn las caractersticas y potencialidades regionales. Para HERNNDEZ GRILLET, Rodolfo. 1987. Geografa del estado Bolvar. Academia de la Historia. Caracas, el desarrollo industrial de Guayana est asociado al del sector elctrico, desde sus primeros tiempos en 1953 cuando se crea la Comisin de Estudios para la Electrificacin del ro Caron como dependencia del Ministerio de Fomento, p. 161. En la dcada del 70, la instalacin de plantas y complejos industriales procesadoras de minerales (bauxita, hierro y oro) en los yacimientos encontrados en diversas localidades del estado, no tuvo su correspondencia en la diversificacin econmica y beneficios sociales, creando las bases de una fuerte estratificacin social y dependencia del mercado internacional con un alto consumo energtico. 9Fue reseado ampliamente el problema del tendido elctrico que pasaba por tierras-hbitat de indgenas Pemn, cuya conexin llegaba al norte de Brasil, lo cual afectaba de alguna manera su coparticipacin en las decisiones sobre determinadas polticas de desarrollo e integracin territorial.

10Esos municipios son: Angostura, Caron, Cedeo, El Callao, Gran Sabana, Heres, Padre Pedro Chien, Piar, Roscio, Sifontes y Sucre.

11Algunos sectores indgenas conservadores proponen sanear (expulsar a terceros) de sus tierras por considerarlos como peligrosos a sus intereses (preservacin de la identidad cultural). Es en esta ltima posicin en donde se combina una serie de factores (econmicos, sociales, religiosos, injerencia no indgena, otros) ha sido un obstculo para el proceso de demarcacin, pues el Estado tiene que garantizar derechos derivados y constitucionalmente establecidos


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a nivel nacional, a la vez de que el concepto de propiedad colectiva puede que ste subsumido al concepto de propiedad social.

12ORTZ, Bibiana. 2002. Los nuevos recolectores: Los Guahibos recicladores de basura en Ciudad Bolvar, en Boletn Antropolgico. N 54. CIET. Museo Arqueolgico. ULA. Mrida-Venezuela, p. 486, citando a Romero, seala que la migracin de los Guahibos parte de los llanos orientales colombianos, sobre todo del Departamento de Vichada en donde se concentran, seguido de los Departamentos de Meta y Guaviare. Esta poblacin migrante se ha insertado en la economa regional de los estados a donde asisten, trabajando en actividades socioproductivas como comercio, recolectores en pocas de siembra y recolectores de desechos para reciclar.

13El 16 de Septiembre de 2009, el Juzgado Superior Primero Agrario ante la oposicin interpuesta por la Procuradura General de la Repblica de decretar el Caura como reserva forestal, y bajo pretexto de inters social y colectivo, se estableci, mientras persistiese el riesgo daoso que eventualmente le dio origen, vale decir, el riesgo de destruccin potencial de los ecosistemas y del legado cultural existente en la zona denominada Selva Virgen de la Cuenca del Ro Caura, existiendo siempre la posibilidad de revocar dicha medida, en caso de cese de los hechos que la motivaron o en el caso de variacin las circunstancias iniciales que la justificaron, cumpliendo con ello, con el requisito de temporalidad antes reseado. Es contradictorio que un Juzgado en materia agraria dictamine medidas en relacin al tema ambiental-indgena cuya competencia debera ser otro Juzgado, pues en la LOPCI se establece muy clara las limitaciones de no interpretar al indgena como campesino tampoco como vitrinas del pasado y las ABRAE como los asuntos indgenas deberan tener una jurisdiccin especial ante el Tribunal Supremo de Justicia, sino que deja sin efecto, slo como probanza una serie de consultas pblicas por estimarlas insuficientes para argumentar una salida cautelar a los conflictos sociales suscitados producto de la minera ilegal y a la amenaza de usos no cnsonos a su proteccin (comparndola con la Reserva Forestal de Imataca), requiriendo de estudios de impacto ambiental y socioculturales como estudios de factibilidad. Se alega que la visin amerindia queda muy relegada, desconociendo este Juzgado la autodemarcacin de hbitat-tierras realizada por los indgenas e investigadores del Centro de Investigaciones Antropolgicas de Guayana.

14Esta solicitud se encuentra en la Direccin Estadal Ambiental Bolvar.


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15La reindianizacin que Caballero Arias. (Ob cit), afirma puede ser consecuencia de un disimulo de las identidades tnicas por la neocolonizacin, puede presentar aristas. La primera atae a una individualidad indgena que no declara su pertenencia a un pueblo en especfico (como aparece en los datos censales analizado por Allais), y por consiguiente esa identidad tnica se esta construyendo culturalmente por lo que cabe preguntarse sino se trata de mestizos que ven oportunidades en algunos contextos (particularmente en relacin a derechos sobre tierras) de ser indgena o pueden ser indgenas desarraigados que perdieron su referente cultural en un proceso de desterritorializacin.

16DONIS ROS, Manuel. 1988. Laudos fronterizos en, Diccionario de Historia de Venezuela. Tomo II. Fundacin Polar. Caracas, p 660, describe la situacin del laudo, afirmando que los guayameses britrnicos interesados en las reservas aurferas del Yuruari-Cuyuni, producto de los problemas econmicos entre 1850 y 1880, emplearon formas de colonizacin mediante la creacin de una lnea ficticia (lnea Schomburgk, en 1840) a fin de ocupar ilegalmente dicha zona, la cual llegaba hasta las cercanas de Upata, abarcando las minas de El Callao, Nueva Providencia y otras acercndose al curso del ro Caron. Est situacin provoc la ruptura de relaciones con Gran Bretaa, llevando a Venezuela a un arbitraje injusto y viciado en 1899, declarndola nula e irrita, hasta lograr mediante el Acuerdo de Ginebra en 1966, un tratado por parte de Gran Bretaa y la actual Repblica Cooperativa de Guyana, la reclamacin venezolana. Por otra parte, MRQUEZ, Jos Oscar. 2000. en su texto La reclamacin territorial entre Venezuela y Guyana y las relaciones de Estado, en Venezuela y los pases hemisfericos o hispano hablantes, compilado por Nweihed Kaldone, publicado en el Instituto de Altos Estudios de Amrica Latina de la USB, afirmaba que los britnicos adulteraron los mapas, sustituyeron los originales y por las presiones de las compaas mineras, pretendieron ampliar sus reas de influencia hasta las cercanas de Upata. Sin embargo, en la actualidad existen acuerdos de cooperacin en el rea de energa, agrcola y pesquera, www.correodelorinoco.gob.ve (21 Julio 2010).

17Esta informacin fue obtenida directamente por uno de los indgenas akawaios que participaron en dicho movimiento, en la poblacin de San Martn de Turumbang, el cual fue producto de un trabajo de investigacin grupal con estudiantes del Programa de Formacin de Grdao de Estudios Polticos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Bolvar, coordinado por el Prof. Jos Fortique, en el marco de la conformacin del Grupo de Investigacin Anthroposterritorial.


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18Aunque no hay datos precisos de censo minero, en esta actividad participan no indgenas forneos, procedente de Guyana, Brasil, Colombia y Repblica Dominicana.

(Artculo escrito en 2011, solicitado y aprobado en julio 2012).

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Tabla N 1. reas Bajo Rgimen de Administracin Especial en la cuenca del ro Caron

Fuente: CORPOELEC (2008, p 30). Nota: muchas de estas figuras se solapan.


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Mapa N 1. Comunidades indgenas del estado Bolvar segn cuencas

Fuente: SIGOT. DEA-Bolvar. 2011 Comunidades indgenas

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Pemon _Martens Articulo3