POR: WILMER RUBIANO GARCIA

¿POLITICAS

PUBLICAS…

AL

SERVICIO

DE QUIEN?

Segunda colonización?

Por Wilmer Rubiano García1

Las realidades de explotación y enajenación de nuestros pueblos ancestrales producto de la colonización española siguen vigente, las Casas y otros tanto clamaban justicia y el respeto de la dignidad por estas tierras y estos hombres. En este sentido es en que se enmarca este ensayo una breve reflexión sobre la situación político social de aquellos días para compararlo con el presente, esto nos permitirá reflexionar sobre el país y el Estado que queremos, que hemos construido y seguimos construyendo.

El proceso de colonización se justificó desde distintas tesis excluyentes y represivas, por un lado la religión, los teóricos del momento discutían si los indígenas tienen o no alma, con ello determinaron cierta superioridad y convierten el cristianismo en verdad absoluta. Como no tienen religión, estos hombres no se pertenece a si mismos, son animales a los cuales Europa se la ha encomendado dotarlos de humanidad. Por otro lado estaban los justos títulos que injustamente justificaba la dominación y hacer la guerra, con los requerimientos lograron implementar la más sanguinaria máquina de muerte ideológicamente concebida en nombre de Dios. Esto llevo a Victoria a denunciar y sentar las bases del Derecho Internacional Humanitario. Ahora disque en nombre del desarrollo es justo satisfacer las demandas energéticas de los mercados internacionales, no importa si hay que agotar o destruir el medio ambiente o condenar a la pobreza o desplazar a millones de personas que habitan estas zonas. Los nuevos requerimientos ahora los impone el FMI y el BID, que ya no solo atentan contra Latinoamérica sino a toda Europa con sus ajustes fiscales y lo que queda en los países africanos y árabes.

Lo que sucedía en nuestra tierra latinoamericana hace más de 400 años, no es al azar, las ansias de libertad o de continuismo de nuestros primeros próceres respondía a las ideología del momento, no fuimos ajenos a las transformaciones políticas de Europa, en medio de nosotros confluyeron las discusiones de las diferentes corrientes filosóficas políticas como el iunaturalismo, el pragmatismo y el absolutismo del siglo XVI, en donde cada cual intentaba posicionarse y satisfacer los intereses de los grupos de poder en España y de toda Europa. Lo mismo sucede en la actualidad, los intereses

1 Profesor Universitario, Licenciado en Filosofía e historia, Especialista en

Docencia Universitaria y Filosofía Colombiana, candidato a magíster en

Filosofía Latinoamericana

de los megaproyectos, realizan los ajustes de fiscales y destruyen de las garantías del Estado Social. Los Estados hoy responden a exigencias de grandes multinacionales que en su afán de lucro expropian los recursos, cambian las condiciones laborales y generan conflictos para destruir el tejido social y endeudar las futuras generaciones. Hoy más que nunca existe una gran legislación internacional, toda clase de instrumentos y protocolos que promueve y protege los Derechos Humanos, pero también sabemos hoy más que nunca se siguen matando y derrocando gobiernos en nombre de la democracia, pero que todos sabemos y con complicidad de la comunidad internacional, que se hace por apoderase de algún pozo petrolero o yacimiento de gas, o las riquezas hídricas de algún país.

A pesar de que en Europa se discutían las tesis del iusnaturalismo de origen tomista que reflexionaban sobre el poder terrenal y el poder natural, que marcaron las escuelas Dominicas (Soto, Bañez, Victoria) las Jesuitas (Molina , Suarez) y los juristas. Tesis que alimentaba arduos debates y en donde se cuestionaba la forma de gobierno de los príncipes, sostenían por ejemplo que aunque estos gobernaran estaban en el deber en conducir o guiar para alcanzar el bien común, porque el poder del soberano lo recibe del pueblo, de la suprema potencialidad que le da la sociedad civil. Dios da el poder al pueblo para que este lo delegue al rey para que los gobierne. Y si este no cumple el pueblo puede revelarse, el resistirse al tirano no es un delito. Soto, Bañez, Francisco Victoria y otros acuden a estas tesis para defender sus argumentos, acuden a la ley natural, la que participa eternamente de la ley divina. Esta concepción es interesante porque el pueblo traslada su poder al rey y este a un emperador.

Lamentablemente en nuestras tierras nos marcaron otras tesis más de corte absolutista y radical, estas sirvieron para que aquellos pensadores que retomando los aportes de Maquiavelo, lograran construir más adelante el edificio de la colonización, tesis como la de los justos títulos, la guerra santa y la superioridad religiosa permitieron la dominación de nuestro continente. La concepción de la época es muy sencilla: el papa a través de las bulas concede a los reyes católicos estas concesiones, por lo tanto es Dios quien da el poder y no el pueblo, recordemos que esto luego genero en el pueblo comunero un descontento social anti imperialismo, xenofobia y rechazo a toda clase de impuestos como el de barlovento. Este tipo de orbe cristiano creía ciegamente que Dios da el poder soberano, este debe de cuidar a su pueblo, toda revuelta o subversión es pecado, porque el poder procede de origen divino, los nuestros no pueden revelarse porque el

príncipe cuida nuestra fe, por lo tanto el sometimiento, la represión, las cargas tributarias y las disposiciones del soberano son consecuencias de un orden divino.

Con estos argumentos justificaron sus guerras en contra de nosotros, justifico el genocidio de millares de aborígenes, el maltrato, la esclavitud, la explotación de los recursos, el desconocimiento de nuestra riqueza étnica y la imposición de las largas y extensas cargas tributarias en donde sobresalen las impuestos de salida y entrada a los pueblos, los del papel sellado, las medias natas, las quintas reales de los curas, el de las cruzadas entre otros, que alimentarían la denuncia llamada el memorial de agravios.

No valieron las denuncias de Victoria sobre lo injusto de la supuesta guerra justa, declarar la humanidad del indio y decirnos que todos los hombres somos iguales e inclusive proclamar del derecho de gentes. O las de Molina quien les recuerda el origen popular del poder y del pacto sagrado entre el rey y su pueblo, el cual es inviolable ya que si este no cumple el pueblo se puede sublevar. Tampoco valieron lo postulados de Suarez cuando plantea la reversibilidad del poder del rey cuando no promueve el bien común o acude a razones de estado para atentar contra sus súbditos.

Nunca se escuchó el sermón de Montesinos cuando reclama nuestra dignidad y libertad ante los encomenderos y mucho menos el clamor de las Casas quien denuncia las injusticias y lo tratos crueles a que son sometidos los nuestros. Nada valió en su momento, se creyeron dueños de nuestros territorios y de nuestros indígenas, de nuestro futuro. Pero nada de esto a dejado de pasar, el colonizaje sigue, en el presente el asunto es mas complejo, ahora dependemos de las limitaciones externas planteadas por la creciente globalización y de las tensiones y dificultades que hemos experimentado en el largo proceso de construcción nacional que es producto del bipartidismo, la violencia generada por las guerrillas y paramilitares, el narcotráfico y la corrupción, pero en el fondo es la apropiación de las tierras, que en tiempos de la colonia se llamó los justos títulos. ¿Pero cómo se da en el presente?

Estados al servicio de quién?

“En el consolidado con corte al 20 de diciembre de 2010, el PPTD informa que cuenta con registros detallados desde 2004 a 2010, que se conocen como Registro Único de Población Desplazada (RUPD) y Registro Único de Protección de Tierras Abandonadas (RUPTA), y formularios que permiten extraer información para el periodo 1995 - 2004.

La depuración de los datos les permite afirmar que han identificado ya 270.680 predios que suman 6.556.978

hectáreas, a los cuales se pueden sumar otras 1,5 millones de hectáreas que se soportan en los formularios anteriores a 2004. Esas dos cifras llevan a un total de 8.056.978 hectáreas abandonadas por desplazamiento forzado, según los registros oficiales de los últimos 15 años. Son cerca de 280.000 predios que equivalen al 10% del total de predios que conforman la base catastral del país

La ley de víctimas no puede reducirse a una rápida entrega de títulos al 20% de las víctimas del abandono forzado. Para que no se especule tanto con el terrorismo fiscal, lo mejor es que se proyecte ejecutar la reparación a un plazo de 10 o 12 años sobre la base del total de los 280.000 predios, dando prioridad a los más vulnerados en el universo de víctimas, al retorno y a la reubicación sobre la base de planes regionales de desarrollo humano bien estructurados.

El primer acuerdo nacional debería ser la verdad y la no revictimización, con maniobras destinadas sólo a ahorrar recursos a costa de las víctimas, para eso sí trasladar subsidios y gabelas a la gran propiedad y a los macroproyectos.La verdad de la Tierra: más de ocho millones de hectáreas abandonadas.

Tomado de la razón.publica.com- abril de 2011”

El anterior informe con motivo de la nueva ley de víctimas nos permite decir una verdad que muchos intentaban tapar, que las políticas públicas del Estado colombiano implementadas durante estos últimos años responden a la implementación de un modelo de desarrollo forzado para concentrar la propiedad rural para luego responder a las exigencias y demandas del mercado internacional. Palabras más, palabras menos, ciertos grupos de poder y grandes narcotraficantes utilizaron el Estado colombiano y la sociedad en su conjunto para implementar sus grandes megaproyectos.

¿Pero cómo se ha desarrollado el modelo de desarrollo de crecimiento económico en nuestro país?

Nuestro modelo de desarrollo retoma la idea de que progresar es aumentar el producto interno bruto per cápita y el crecimiento económico. Nuestro paradigma del desarrollo humano parte del principio de que nuestra fortaleza es nuestra vocación agrícola con una tradición cercana a 50 años, por tanto, lo educativo, lo político, lo cultural y lo social queda supeditado al desarrollo tecnológico del campo y de las necesidades energéticas de los países altamente industrializados. Al trazar una línea del tiempo este modelo de crecimiento económico no es nuevo, comienza con Gaviria, en 1994, con un discurso de apertura al mercado global, luego con la implementación de una estrategia de desplazamiento forzado que genera una de las peores crisis humanitarias del país que dura desde el gobierno de Pastrana hasta los inicios de Uribe. Después

del 2003 se da inicio a grandes inversiones especialmente en infraestructura (conectividad: carreteras, aeropuertos, vías férreas y fluviales) propia para competitividad agro exportadora. En el 2006 el gobierno comienza apoyar con grandes recursos a los empresarios especialmente del sector agropecuario y conceder bastas zonas para la llegada de capitales externos. A partir del 2010, bajo el concepto de la prosperidad económica comienza la explotación de los recursos minerales, ambientales y agrícolas.

“Por razones económicas, de progreso social y de seguridad, el desarrollo de Colombia pasa necesariamente por el campo. En el sector agropecuario, como en otros, Colombia tiene ventajas comparativas que debe utilizar productivamente, agregando valor a los productos y servicios de exportación, a través de la innovación tecnológica, la diferenciación de los productos y los llamados encadenamientos „hacia delante‟ y „hacia atrás‟, generando por esta vía ventajas competitivas que le permitirán una inserción exitosa en los mercados externos” Colombia 2019, p 23.

De acuerdo al informe de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado en junio 30 de 2009, “sobre el tema de tierras” sostiene que esta forma particular de concentración de tierras que se ha dado en nuestro país durante estos años, obedece a una reforma agraria marginal centrada en el reparto de tierras baldías y a un proceso de contrarreforma” que empieza en los tiempos del de Gaviria con su programa “Bienvenidos al futuro” el cual implementa en el país, por primera vez, una política neoliberal que consistió en lo que se llamó apertura económica. La ley 160 de 1994, responde a la vieja concepción liberal donde el Estado no interviene en las relaciones económicas y deja de ser paternalista. Bajo esta concepción el Estado ya no compra la tierra sino la subsidia en una parte, y esta dependerá del acuerdo entre el terrateniente y el campesino.

Después de Gaviria quien sentó el aparato normativo o jurídico, e hizo las primeras aperturas para el nuevo modelo neoliberal llegó Pastrana, quien congeló totalmente la reforma agraria promulgada por la ley 4 de 1974, a su vez y como hecho histórico y coincidencial, en todo el país, se incrementó la conformación de grupos paramilitares que masacres con lista en mano, generaron una de las crisis humanitarias más grandes del país y nivel mundial (2º. país con desplazamiento interno), más de 3 millones de personas salieron desplazadas y dejaron en el abandono más de 7 millones de hectáreas de tierras productivas. Esta época del terror duraría hasta el primer mandato del gobierno de Uribe (2004).

De esto se deriva que el paramilitarismo realmente no nació para exterminar los grupos guerrilleros, fue realmente una estrategia implementada en el país exclusivamente para el despojo de millones de hectáreas, hecho que puede ser corroborado luego con la implementación, primero de la Ley 812 de 2003, que modifica la ley de subsidios y establece las modalidades temporales de acceso a la tierra y años más tarde una nueva ley, la 1152 del 2007, donde el Estado concede títulos de las tierras a quien demostrara que tenía más de cinco años de posesión, y en el nuevo Plan de Desarrollo en donde se permite la compra de tierras hasta de 100.000 hectáreas.

Durante los últimos 15 años narcotraficantes, grupos armados ilegales y grandes terratenientes y empresarios se apropiaron y concentraron lo que hoy es público 8.056.978 hectáreas a millones de campesinos, y no sólo las tierras sino adquirieron poder militar, territorial e implementaron todo tipo de actividades ilegales y mega proyectos. Para entender la gravedad del asunto o de lo que hablamos, en nuestro país, el cual lleva mas de 50 años de reforma agraria, sólo se ha logrado sembrar unas 5’ 317.862 hectáreas de las 14 millones de tierras fértiles que existen.

Fuente: IGAC: Corpoica

El informe de la comisión, de la cual hace parte expertos como el ex Presidente de la Corte Constitucional, Eduardo Cifuentes, la periodista Patricia Lara, el Director Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica colombiana Monseñor Héctor Fabio Henao, el economista Luis Jorge Garay, el Rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano Dr. José Fernando Isaza, el Director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DEJUSTICIA Rodrigo Uprimny Yepes, el Presidente de la Organización Nacional Indígena de Colombia Luis Evelis Andrade, la dirigente

Rosalba Castillo de la organización Afro América XXI, el Profesor de la Universidad Nacional de Colombia Orlando Fals Borda (qepd), el Presidente de la Corporación Viva la Ciudadanía Pedro Santana y el profesor de la Universidad Nacional y Presidente de Codhes, Marco Romero, al citar a Esteirner y Corchuelo, sostiene que ya en 1999 los narcotraficantes poseían 4.4 millones de hectáreas, esto guarda estrecha relación con el aumento de tierras destinadas para la ganadería que en total suman aproximadamente 39 millones, cuando en el país según los expertos sólo hay aptas 19 millones de hectáreas para este tipo de actividad.

A la par con la expropiación forzosa, los gobiernos de Uribe y Santos se ha implementado y consolidado un modelo de desarrollo forzoso que se conoce como Colombia 2019, que privilegia los intereses de grandes empresarios y sus megaproyectos, a los cuales por sus altos niveles de producción a gran escala se les concedieron elevados subsidios especialmente durante el segundo periodo de Uribe.

El informe de la Comisión, según Salgado (2008) sostiene que todo esto sucede porque hay una nueva concepción del campo, donde el campesinado ya no es el objeto de las políticas públicas sino que juega un papel residual, al cual se le niega los derechos de retribución de activos a favor. Los nuevos teóricos o academicistas del asunto, bajo los conceptos de Multifuncionalidad de la Agricultura, la Nueva ruralidad y el Crecimiento Endógeno, sometieron el desarrollo del campo al nuevo modelo competitivo, ahora las nuevas formas de capital (social, humano, físico, natural), el desarrollo de la capacidad científica y la supremacía del mercado externo como finalidad de lo económico son los que determinan y regulan las nuevas relaciones del mundo rural, el protagonista es el empresario, único capaz de integrarse a esa dinámica global. En este contexto ya no es el campesino, ni la tierra el valor, sino el conocimiento y el empresario quien realiza actividades con valor agregado con la tierra. Los campesinos no pasan de ser productores asalariados. El mismo autor, Salgado (2009) sostiene que el enfoque de desarrollo y el modelo de crecimiento actual está basado exclusivamente en criterios de productividad, rentabilidad e inserción económica, sin importar las condiciones o situaciones de las personas y mucho menos sus derechos.

Prueba de esta nueva teoría y su desarrollo o aplicabilidad en el país, es el Estatuto Rural (Ley 1152 de 2007), que fue declarado inconstitucional porque abiertamente privilegiada a los empresarios y limitaba el papel del campesinado en el desarrollo agropecuario del País. Dicha ley buscaba convertir a los campesinos en

empresarios para responder al modelo competitivo animado por el desarrollo empresarial, las cadenas productivas, los clúster y los complejos industriales. La ley no promovía la redistribución de las tierras, por el contrario se demandaba que los subsidios, servicios, los factores productivos y mercados debieran estar regidos por costo/eficiencia de los proyectos y de bancarización de los beneficiarios que excluía de entrada a los campesinos. Proyecto bandera de este tipo de concepción es lo que hoy se conoce como Agro Ingreso Seguro. Los recursos de todos al servicio de grandes agro productores.

La Ley 1152 regulaba los subsidios y apoyos del Estado limitándolos sólo a quienes podían presentar proyectos competitivos y que estuvieran en organizaciones capaces de negociar y hacer alianzas con empresarios, los pequeños campesinos no están dentro del modelo competitivo. A pesar de todas las críticas sobre lo excluyente de su política, Uribe ante Congreso de la República con motivo de su informe de gestión 2002-2009 sostenía que:

“establecimos una política anticíclica basada en la financiación del Estado y de los empleadores, para cubrir las necesidades de crédito de lo público y proteger el empleo. Creamos estímulos fiscales, porque nosotros creemos que en un país con tantas dificultades, en lugar de dar una reducción sustancial de la tasa tributaria, hay que promover la inversión, como fuente de empleo formal. Por eso tenemos importantes incentivos generales, como la deducción a las inversiones, la nueva legislación de zonas francas y los contratos de estabilidad jurídica y otros estímulos sectoriales.” Que permitieron, por ejemplo, inversiones en el 2008 por un monto de USD$10.564 millones, equivalente al 4,4% del PIB, que creció 16,7% frente a 2007.”

El modelo impuesto es altamente competitivo que al corte de 23 de junio de 2009, ya existían 46 zonas francas aprobadas, 8 en trámite ante la secretaría

técnica, 1 zona franca se encuentra para consideración de la CIZF y 3 se encuentran pendientes por trámite del

inversionista. Fueron creadas con el propósito de atraer nuevas inversiones y empleo de calidad, para desarrollar procesos industriales altamente productivos, competitivos y con un componente de innovación tecnológica sustancial, para impulsar el crecimiento del comercio y por ende el desarrollo y crecimiento del país. Como puede verse este modelo desprecia lo interno, el incremento de vastas zonas de mono cultivos de palma y de caña de azúcar y de cadenas productivas para producción de agro combustibles como el Etanol y la Biomasa, de mega proyectos mineros y energéticos, de cultivos de tardío rendimiento, de ganadería extensiva e intensiva y la explotación de recursos forestales atentan contra la seguridad alimentaria y la biodiversidad. Y en muchas partes han ocasionado la violación de los derechos, el acrecentamiento de todo tipo de conflictos y el lavado de activos ilegales.

Plantaciones de Palma

Plantaciones de Caucho

Este nuevo desarrollo económico es causante del desplazamiento en nuestro país, es una estrategia de los grupos de poder para generar pobreza y miseria, es decir, se sacaron de sus tierras, se les despojó, y luego se les envió a las ciudades a engrosar los cordones de miseria en las periferias, para, con el tiempo y sin oportunidades de trabajo en la ciudad, regresarlos como

mano de obra barata a estos

grandes megaproyecto

s agropecuarios y así poder competir con

el mercado internacional.

El Estado: ¿Al servicio de quién?

Retomamos los aportes de Nussbaum:

“la crisis silenciosa” en nuestro país, es producto de las políticas públicas implementadas “en menos de 8 años nuestro país “producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos”. (Pp.18-31)

Nuestra democracia depende de un hilo, está al servicio de intereses macro económicos.

Después de la estrategia jurídica excluyente y la arremetida paramilitar para implementar los negocios del futuro, se hizo necesario invertir durante el primer mandato de Uribe cerca del 28% del presupuesto nacional en infraestructura, especialmente en vías, comunicaciones, trasportes masivos, minas y energía, en

total y durante los cuatro primeros años se invirtieron aproximadamente 30.4 billones de pesos de los 112.1 billones presupuestados. Sumado a eso unos gastos de defensa cercanos a los 3.2 billones para garantizar la retribución de las inversiones y poder realizar las obras.

“En los últimos años en carreteras, el país ha consolidado los grandes corredores de velocidad: a) en sentido norte-sur: la troncal de Occidente, troncal del Magdalena y Marginal de la Selva; y b) en sentido oriente-occidente: el corredor Tumaco-Río Putumayo, que incluye la transversal Tumaco-Puerto Asís; el corredor Buenaventura-Puerto Carreño, que incluye la transversal Buenaventura-Puerto Gaitán; la transversal Pacífico - Santanderes; la transversal de los Valles Fértiles; y la Marginal del Caribe. Como parte de este proceso y de la pavimentación de la red arterial, hacia 2019 deberán existir 21.000km de vías arteriales”. Colombia 2019 p 37.

En los Planes de Desarrollo Nacional, Hacia un Estado Comunitario y Estado Comunitario: desarrollo para todos, es la primera vez que se comienza a montar los pilares de un nuevo modelo competitivo y abiertamente Neoliberal, el cual requiere grandes inversiones en conectividad, especialmente en transporte terrestre, por ejemplo, entre agosto de 2006 y mayo de 2009, se pavimentaron con nuestros recursos unos 3.756,9km de la red vial nacional, y con la participación del sector privado, a mayo de 2009, se encontraban en ejecución 21 concesiones viales que comprenden más de 4.041km. de carreteras de la red primaria nacional. A nivel de vías férreas sólo hasta el 2009 se abrió el proceso de licitación del proyecto de concesión Sistema Ferroviario Central del Magdalena, que permitirá reactivar el servicio de transporte ferroviario de carga y pasajeros desde el centro del país hacia el puerto de Santa Marta y viceversa. Así mismo, se extenderá la vía férrea al departamento del Tolima, para lo cual se incluirá la variante férrea entre la Dorada y Buenos Aires. También se realizaron grandes inversiones en trasporte

masivo público y fluvial. Así mismo, es la primera vez que en las políticas públicas del Estado que se comienza hablar de temas como biotecnología, propiedad intelectual, la conservación y uso sostenible, bienes y servicios ambientales y el manejo del agua como

oportunidad de negocio.

Bajo el concepto de reestructuración para la optimización, se comienzan a privatizar el sector energético (venta acciones de Ecopetrol), los hospitales, los servicios públicos, por ejemplo: el gobierno sostuvo que con el fin de mejorar la eficiencia en la prestación del servicio de energía eléctrica a través de la gerencia de las empresas por operadores idóneos, el 26 de febrero de 2009, la Nación vendió su participación accionaria en las electrificadoras de Norte de Santander (CENS), Santander (ESSA) y Cundinamarca (EEC). En este periodo se hace la famosa reforma laboral de acuerdo a los estándares exigidos por los mercados internacionales, donde se disminuyen muchas de las prestaciones sociales, se crean nuevas modalidades de contrato, especialmente para eliminar las prestaciones sociales, se incrementa la edad pensional y reduce el pago de las horas extras. Así comienza el proceso para contrarrestar los supuestos efectos nocivos producto de la Constitución del 91, el cual incrementó desfavorablemente el balance fiscal del país. El Plan de Gobierno 2002-2006 de la época sostuvo que hay que re-direccionar los 68.835.565 (cifras en millones de pesos) que se invierten en los gastos sociales del Estado como educación, salud, trabajo, vivienda, saneamiento básico y cultura para satisfacer las demandas del Fondo Monetario Internacional y cumplir con el pago de la deuda externa.

A comienzos de 2005 el presidente Uribe presentó el documento Visión Colombia II Centenario: 2019, conocido popularmente como Colombia 2019, que busca consolidar supuestamente un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad, tolerancia y fraternidad, para afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con un Estado garante de la equidad social. Para alcanzarlo propone que se desarrollen cuatro grandes objetivos:

• Una economía que garantice mayor nivel de bienestar

• Una sociedad más igualitaria y solidaria

• Una sociedad de ciudadanos libres y responsables

• Un Estado al servicio de los ciudadanos

Para el logro de estos cuatro objetivos se han propuesto estrategias, en las cuales se incluyen breves diagnósticos y se plantean metas específicas y acciones para lograrlas.

El documento propone que en 2019, el Estado deberá funcionar completamente por resultados y el proceso de descentralización habrá madurado con una completa definición de competencias entre la Nación y los entes territoriales. La eficiencia del Estado deberá reflejarse también en una política exterior con la cual Colombia aproveche plenamente su localización estratégica para convertirse en un país articulador de bloques en el hemisferio y para estrechar sus relaciones con Europa y con Asia.

Según Ernesto Parra Friday, profesor de la Universidad Externado quien nos ofrece una excelente síntesis del documento Colombia 2019, señala que la Visión toma como sustento

“tres condiciones que determinarán el desarrollo colombiano en el futuro próximo. La primera, un mundo en transformación con cambios dramáticos en la economía mundial, liderados por la irrupción de China, seguida por India y Rusia, como potencias económicas mundiales. Proceso que tendrá como repercusiones el incremento de los precios de los bienes básicos, al igual que el de los bienes de capital, acompañado de la caída de los precios de los bienes manufacturados intensivos en mano de obra, causada por su abundancia en esos países. Los países mencionados incrementarán sus inversiones en el resto del mundo en procura de insumos y materias primas, minerales y productos agrícolas, y buscando competir en grandes mercados externos.

De aquí se derivan oportunidades gigantescas para la economía colombiana, que no estarán restringidas a la existencia de relaciones directas con los mercados chino, indio y ruso, pues los efectos del crecimiento de esas economías se trasladan a la demanda global elevándola conjuntamente con los precios de estos productos. El reto para Colombia, aduce la Visión, es apropiarse de estas oportunidades que se están generando en la actualidad.

La segunda condición reside en el territorio privilegiado de Colombia. El país solo podrá beneficiarse de las oportunidades de la expansión de la economía mundial si aprovecha plenamente la variedad y situación geográfica de su territorio, a la vez que asimila la condición de contrapartida que radica en los costos que el territorio le genera para proveer bienes públicos como gobernabilidad y seguridad. El Plan destaca que el modelo económico debe ser “consistente con la extraordinaria localización de Colombia, con sus dos océanos, sus fronteras, su carácter de país ecuatorial intertropical, sus minerales, sus ríos y su variedad climática” (p. 12), recursos que históricamente jamás se aprovecharon y ahora se requieren más que nunca para la integración a la economía mundial en expansión.

Revista semana 2010.

Para hacer esto posible, Colombia 2019 sostiene que el país deberá estar integrado al mundo, pues el mercado interno es demasiado pequeño para absorber el potencial de producción agropecuaria, minera, manufacturera, de servicios y de talento humano. Para dar tan solo un ejemplo, el área sembrada agrícola de Colombia es 4,2 millones de hectáreas con un potencial de más de diez millones de hectáreas y, aún así, ya es un exportador neto de productos agrícolas.

La Visión señala el incremento de la productividad como una de las consecuencias más benéficas que ofrece el comercio internacional a Colombia. Por eso le presta atención especial a la consolidación del mercado externo con base en el desarrollo de sectores con gran potencial. Y considera que el sector agropecuario es uno de estos sectores.

“Su desarrollo se deberá basar en el aumento del área sembrada, la recomposición del uso de la tierra de acuerdo con su verdadera vocación, el aumento de la productividad y en la agregación de valor” (Idem). En el sector agropecuario hay ventajas comparativas que se deben utilizar productivamente, “agregando valor a los productos y servicios de exportación, a través de la innovación tecnológica, la diferenciación de los productos, y los llamados encadenamientos “hacia delante” y “hacia atrás”, generando por esta vía las ventajas competitivas que le permitirán una inserción exitosa en los mercados externos” (Ídem).

La tercera condición radica en los cambios demográficos, que consisten en el crecimiento de la población, el cual implicará que en 2019 el país

tendrá 10 millones de habitantes más, en el envejecimiento de la población y en su ubicación predominantemente urbana. Esto conlleva una demanda creciente de servicios como cupos escolares, servicios de salud, vivienda, zonas verdes y pago de pensiones. Ello va a repercutir en una mayor presión sobre los recursos públicos, lo que hace más imperioso mejorar la calidad del gasto y asegurar una situación fiscal equilibrada y sostenible.

Hacia el 2019, el tamaño del PIB deberá ser dos veces más grande que el de hoy; la economía deberá crecer a 4,5% a partir de 2008, 5% a partir de 2010 y 6% después de 2013, para lo cual la inversión deberá elevarse gradualmente a 25% y el ahorro a 24% del PIB. El desempleo deberá haber caído a 5%; se deberá haber sembrado dos millones de hectáreas adicionales entre cultivos temporales y de tardío rendimiento y la producción agropecuaria pasará de 30 a 57 millones de toneladas, con aumentos significativos de productividad en todos los productos. El crecimiento de la economía se sustentará con base en el descubrimiento, innovación y diferenciación de bienes y servicios, para lo cual es imprescindible no sólo la ampliación de la cobertura y el mejoramiento de la calidad de la educación, sino un incremento muy grande de la inversión en ciencia y tecnología, que deberá llegar a 1,5% del PIB en 2019, la mitad de la cual debe corresponder al esfuerzo del sector privado. Como podemos ver este punto coincide con la actual propuesta educativa que se debate para el sector educativo universitario presentada por la actual ministra de educación. María Fernanda Campo.

El documento Colombia 2019 parte de un estudio comparativo bajo el título de dónde venimos que inicialmente valora nuestra larga tradición democrática y luego ofrece algunos datos comparativos en diversos campos como la educación, el nivel de altura, el nivel de

esperanza, productividad, el reconocimiento de la mujer, entre otros:

Sostiene el documento Colombia 2019, que a comienzos del siglo XX la esperanza de vida al nacer de los colombianos era tan sólo 37 años; hoy es 72. Hace 50 años, los colombianos mayores de 15 años apenas habían cursado en promedio 2,2 años de estudios; hoy estudian 7,6 años. A comienzos del siglo pasado, la mortalidad infantil alcanzaba 20,4 por mil niños nacidos vivos; hoy es 24,4. La pobreza medida a través de índices como el de calidad de vida o el de necesidades básicas insatisfechas ha mejorado continuamente, en 1900 la pobreza se estimaba en 92%, en 1950 había bajado a 85% y para 2004 el nivel de pobreza en el país es de 52,6%.

El documento sostiene que el significativo mejoramiento en los niveles de vida de los colombianos fue en parte posible gracias al avance en las condiciones materiales que propició la economía nacional. El desarrollo económico mejoró la situación en la que vivía una importante proporción de la población colombiana, que pasó de 4,7 millones al comenzar el siglo XX a unos 45,3 millones en 2004.

Reconoce que pese a todos los avances, existen aún grandes brechas dentro del país. Son preocupantes las enormes desigualdades en los servicios sociales, en el acceso a servicios públicos y en el desarrollo de la infraestructura de las zonas urbanas y rurales. Para dar algunos ejemplos, se pueden mencionar las diferencias educativas existentes entre el campo y la ciudad. En 2003 los colombianos de 15 años y más estudiaron en promedio 7,6 años; sin embargo, los habitantes de las zonas rurales sólo alcanzaron niveles de 4,9 años, frente a 8,5 años promedio en las zonas urbanas. Asimismo, mientras la cobertura de agua potable alcanzó 99% en

Bogotá, en los municipios del Pacífico sólo fue de 45%. Las brechas entre hombres y mujeres son igualmente preocupantes: mientras la tasa de desempleo de los primeros es de 10,6%, la de las segundas alcanza 17,7%, con el agravante de que, para igual capacitación, los hombres reciben remuneraciones salariales significativamente mayores que las mujeres. Las tasas de escolaridad del país presentan importantes rezagos: mientras los países avanzados tuvieron una tasa de escolaridad para el nivel preescolar de 90,4% entre 1990 y 2002, en Colombia sólo alcanzamos 44,9%.

A nivel educativo Superior, en cuanto al comportamiento de la matrícula por sector (público o privado), se observó un incremento en la matrícula pública de 67.094 estudiantes en 2009, con respecto al 2008, lo que representó un crecimiento de 8,2% y una participación de 56,6% en el total de la matrícula para 2009. Como una de las estrategias utilizadas para ampliar la cobertura el Gobierno, a través del ICETEX, reconoce un subsidio del 25% del valor de la matrícula para el sostenimiento a estudiantes registrados. Ese incremento se puede justificar por la nueva modalidad implementada y que busca la desconcentración de la oferta, a través de la creación de

los Centros Regionales de Educación Superior (Ceres). A mayo de 2009, el informe sostiene que se encuentran en funcionamiento 116 Ceres de un total acumulado de 141 creados. Actualmente este programa tiene cobertura en 31 departamentos con un área de influencia de 521 municipios, se beneficia así a 25.347 estudiantes a través de la oferta de 675 programas académicos , de los cuales 77 son Técnicos, 238 Tecnológicos, 344 Profesionales y 16 programas de Postgrado. Aquí entraría en discusión si es mejor cobertura que calidad. Para comprender el panorama de la educación superior y que tanto le importa al Estado colombiano algunos datos nos podrán dar a entender la situación, por ejemplo según datos del 2010 la inversión en la

estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación, es del 0,77% del PIB. Para apoyar estudios de formación avanzada, durante 2008 se financió con recursos de Colciencias un total de sólo 240 estudiantes para estudios de maestría y doctorado en Colombia y en el exterior y fue bajo la modalidad de créditos por un valor de $15.480 millones. Si comparamos los datos

“A modo ilustrativo, la inversión total en investigación y desarrollo en Colombia es del 0,2% del PIB; un nivel muy bajo en comparación con países como Argentina, que invierte el 0,5%; Chile el 0,7%; Brasil el 0,8%; o Corea del Sur el 3,2%” PND 2010-2014 p.8

Colombia 2019, es una propuesta de modelo de desarrollo económico que en palabras de Nussbaum

“le interesará una educación basada en el auge del nacionalismo, dejando por fuera un estudio histórico centrado en las injusticias de clase, casta, género, etnia o religión, pues eso generaría un pensamiento crítico sobre el presente” es un “Educación para la renta.”.

La Visión sostiene que dentro de las tareas encabeza como primera, como prioritaria, la Revolución Educativa. Ella debe ser una constante de la vida colombiana para lograr las otras metas. Si se coronan los propósitos de la Revolución Educativa llegaremos a niveles superiores de productividad y competitividad, que son los supuestos para aumentar el ingreso y mejorar su distribución. La Revolución Educativa tiene varios elementos. Hay uno que es un elemento ideológico y de comportamiento: lograr que los colombianos estudien y trabajen toda la vida. Lo queremos hacer a través de la expansión de la cobertura y mejoramiento de la calidad –basada en el estímulo a los mejores– y de la redefinición de los contenidos y programas para los años que vienen es la incursión dinámica en la economía mundial.” Muchos defensores del modelo de desarrollo económico propuesto en la Visión, se basan que éste, redunda en otros beneficios como salud, educación, disminución de la desigualdad socio-económica; hace un invitación a mirar hacia los mercados internacionales, particularmente con aquellos bienes y servicios en los cuales tenemos ventajas comparativas para agregarles valor y transformarlos en ventajas competitivas. El ensanche del mercado interno dependerá del éxito en la erradicación de la pobreza que incluya como sujetos más dinámicos de la economía a los compatriotas excluidos, pero la experiencia –dice Nussbaum- demuestra lo contrario: “los avances en materia de salud y educación,

por ejemplo, guardan una muy escasa correlación con el crecimiento económico” (Nussbaum, p.36); de ahí la afirmación que hace la autora cuando dice que el producir crecimiento económico no equivale a producir democracia.

Colombia 2019 es un modelo de desarrollo forzado, excluyente y generador de pobreza. Es una estrategia para la reconcentración de la riqueza y el ingreso en los sectores que resultarán ganadores con el TLC (sector financiero, ganaderos y grandes agroexportadores). Es

un modelo de desarrollo dirigido a la Expansión de las exportaciones de recursos naturales, biodiversidad, recursos genéticos, y recursos minerales. Creará una nueva reconfiguración territorial, geográfica, social y política por medio de un esquema de desarrollo forzado a través de grandes megaproyectos.

Permitirá una drástica ampliación de las siembras de cultivos de tardío rendimiento: 2 millones de hectáreas. Reconvertirá la ganadería con sistemas pecuarios semi-intensivos (0.6 a 1.5 reses por hectárea). Se realizarán grandes alianzas con inversiones externas para la explotación de la oferta de biodiversidad y recursos genéticos, marinos, aguas, bosques y maderas finas, para ello se hará concesiones para la Explotación de Bosques Naturales cercanas a los 25 millones de Hectáreas.

Este tipo de propuesta contradice abiertamente el informe presentado por el señor presidente con motivo de su gestión durante dos períodos:

“Nosotros no participamos de la idea del estatismo ni del neoliberalismo a ultranza. Nosotros creemos en la iniciativa individual. Creemos en el emprendimiento con responsabilidad social, que se traduce en transparencia en las relaciones entre los inversionistas y el Estado; compromiso de la inversión con las comunidades, más allá de los mínimos legales; fraternidad en las relaciones laborales, ni odio de clases ni capitalismo salvaje y una noción de capital como factor de creación de riqueza social, no como herramienta de especulación. Nosotros entendemos la seguridad y el crecimiento económico,

no como fines en sí mismos, sino como medios para erradicar la pobreza y obtener la equidad; por eso hemos acompañado esta tarea con grandes esfuerzos en la política social estructural que va más allá del asistencialismo y abre los senderos de movilidad social, esenciales en la democracia” Uribe (2009).

Los Planes de gobierno de Uribe se caracterizaron por desarrollarse una llamada Política de Defensa y Seguridad Democrática, el cual llegó a invertir en el segundo periodo de su gestión cerca de 10,9 billones de pesos, dicho eje buscaba brindar seguridad y protección a todos los colombianos, asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado en un contexto de estricto respeto a los derechos humanos y de solidaridad con las víctimas de la violencia y el terrorismo.

La estrategia de seguridad implementada niega el “conflicto” como una posibilidad para el cambio y la transformación social, mediante el uso de mecanismos alternativos para su manejo y resolución, en la perspectiva de garantizar el goce de los Derechos Humanos, satisfacer las necesidades sociales ya sean de grupo o personales, en donde la negociación y la construcción de consensos juegan un papel fundamental en la construcción de la gobernabilidad democrática, en la perspectiva de convivencia y paz, al contrario lo que propició fue un desgaste de recursos por ejemplo 2007 y mayo 31 de 2009, el pie de fuerza aumentó en cerca de 26 mil uniformados. De su funesta política de Seguridad hoy lo que queda es el fortalecimiento de grupos mal llamados “Bacrin”, que para muchos son bandas de paramilitares que no se quisieron desmovilizar y que se guerrean el negocio del narcotráfico. Así mismo quedó el endeudamiento ya que en su gobierno se firmaron “acuerdos de cooperación industrial y social con algunos de los proveedores de bienes para el Sector Defensa, para compensar las adquisiciones hechas por el país en bienes o sistemas de defensa, con transferencias de tecnología, inversión en intangibles

y/o desarrollo de oportunidades de negocios. Entre 2004 y mayo de 2009, se han firmado 29 acuerdos de este tipo, alcanzando obligaciones cercanas a USD$1.188 millones.” P.34.

Habría que abonarle como ganancia de esta política el componente de control estatal del territorio, ha sido la recuperación de la seguridad en las carreteras y el aumento en el volumen de tráfico vehicular por la red vial principal, porque no se puede confundir en poner bases de ejército o de policía como verdadera presencia del Estado Social de Derecho en especial en los municipios lejanos. A nivel de restructuración y reforma de las instituciones del Estado el gobierno en sus informes de 2002 a 2009 sostiene que se permitió ahorrar aproximadamente $24,7 billones de pesos, lo que corresponde a un impacto fiscal de 5,36% del PIB. Estos ahorros están asociados con menores pasivos pensionales debido a la supresión de cargos, mejoras en los balances operacionales de entidades públicas y utilidades por la venta de activos y de bancos públicos. Como resultado del proceso de reforma de la administración pública nacional, entre agosto de 2002 y mayo de 2009, se rediseñaron y reestructuraron 431 entidades, de las cuales, 181 hacen parte de los 19 sectores de la Rama Ejecutiva. Como resultado se generaron ahorros por más de $1,3 billones de 2007, derivados de la supresión de 39.929 puestos de trabajo y se ordenó en total liquidar 46 instituciones Estatales. La pregunta es: ¿En dónde están las personas que perdieron sus empleos o pasaron a engrosar la fila del sub empleo y de la economía informal? Y, si la supresión de cargos responde más al modelo neoliberal que una verdadera reestructuración, entonces: ¿Habría que preguntarnos qué papel juega el Estado como ente de control y administrador de los recursos y derechos promovidos en la Constitución del 91? El gobierno de la prosperidad, consolidación del modelo El contexto histórico que enmarca este Plan Nacional de Desarrollo es diferente al de otras administraciones. Estamos frente a un optimismo auténtico en nuestro futuro, una confianza incomparable en las potencialidades del país y una imagen en el exterior que es claramente positiva. De ser percibidos en el mundo como un Estado fallido nos convertimos en una economía emergente, atractiva para la inversión y para el turismo. Pasamos además a formar parte, desde hace poco, de un selecto grupo de naciones, los CIVETS –Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Suráfrica–, vistas en el planeta como economías con grandes expectativas de

crecimiento para las próximas décadas” Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, p-1.

El nuevo plan gira en torno a ocho grandes pilares: convergencia y desarrollo regional, crecimiento y competitividad, igualdad de oportunidades, consolidación de la paz, innovación, sostenibilidad ambiental, buen gobierno y relevancia internacional. En la estrategia de convergencia y desarrollo regional llama la atención el desarrollar estrategias para la preservación y el aprovechamiento sostenible del ecosistema amazónico: regulación y control de la expansión de la frontera agrícola, e impulso a la investigación e innovación en biodiversidad en el Amazonas, Putumayo y Caquetá. Mas cuando sabemos que Colombia es el 4º país más megadiverso del mundo y el segundo en biodiversidad marina, que tenemos la mayor cantidad de aves y anfibios del planeta. El ganador del premio Pullitzer Edward Wilson en su visita a Colombia:

“La biodiversidad es a Colombia lo que el petróleo es a Arabia Saudita”,

Bejarano insistió en la necesidad de que se estimule el crecimiento del biocomercio. Actualmente, el país tiene tan sólo el 0.5% del mercado mundial. Hoy Perú, por ejemplo, exporta cerca de 260 veces más que Colombia (Foros por una Colombia bien gobernada, Revista Semana. 2008-2011) Además de explotar la Biodiversidad se hace necesario modernizar la infraestructura de transporte minero-energético para apoyar el desarrollo de eslabonamientos en torno a la actividad minero-energética. (La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Cesar, Casanare, Meta y Boyacá) Para alcanzar los objetivos de crecimiento económico sostenible, llama la atención que el Plan Nacional de Desarrollo ha definido tres grandes pilares: 1) la innovación; 2) las políticas de competitividad y productividad; y 3) el impulso a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo. Para ello se debe consolidar el desarrollo de competencias en la formación básica y media: fortalecer el sistema de evaluación de estudiantes y docentes, profundizar el desarrollo de las competencias básicas y ciudadanas en niños, jóvenes y docentes, y fortalecer el uso y apropiación de las TIC y el bilingüismo. E implementar un plan de choque para la formación de competencias dirigidas a las locomotoras y los sectores del Programa de Transformación Productiva.

Además se debe desarrollar estrategias logísticas para el impulso del transporte multimodal, a través de: modos alternativos de transporte (corredores fluviales y férreos), nodos de transferencia (puertos, aeropuertos, pasos de frontera, centros logísticos en las afueras de las ciudades), gerencias de corredores logísticos, y programas piloto de plataformas logísticas. Las locomotoras de crecimiento, según el PND, por definición son sectores que avanzan más rápido que el resto de la economía. Son el sector minero-energético, la vivienda, la infraestructura de transporte y el sector agropecuario que se encuentra en movimiento, pero a una velocidad inferior a su verdadero potencial. Todas tienen un impacto equivalente sobre la generación de empleo, el impulso del crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Para acelerar la locomotora de vivienda y ciudades amables, los grandes retos se concentran en: (i) aumentar la disponibilidad del suelo para la construcción de proyectos de vivienda de interés social, (ii) mejorar la disponibilidad y acceso a mecanismos de financiación, y (iii) fortalecer la articulación entre el subsidio de vivienda familiar, el crédito y la oferta de vivienda El PND sostiene que “El sector minero-energético representa la oportunidad que tenemos de aprovechar de manera responsable nuestra riqueza en recursos naturales para generar crecimiento sostenible y mayor equidad social, regional e inter-generacional. Las elevadas proyecciones de producción de petróleo y carbón para los próximos años, las estimaciones al alza de los precios internacionales de la canasta minero-energética y la creciente actividad de exploración en el territorio nacional, muestran claramente el papel crucial que tendrá este sector en la economía colombiana en los próximos años.” P. 18

Dentro del PND, existe el Plan Plurianual de Inversiones (PPI) para el período comprendido 2011 - 2014 recoge la estimación de los recursos involucrados en la implementación de los pilares, objetivos y estrategias descritos en este Plan de Desarrollo. El PPI asciende a $564 billones que serán distribuidos así: Con aporte directamente de la Nación se invertirán $294 billones, que es el 52% del total del PPI. Estos recursos están representados por aquellos del presupuesto de inversión que ascienden a $195 billones (35% del total), el Sistema General de Participaciones con $99.4 billones (18%) y recursos de funcionamiento (gastos de personal y generales) asociados a los sectores de Seguridad y los

gastos de personal del Sector Justicia por $65 billones (11%). Se girará a las entidades territoriales, con un monto estimado $35,7 billones (6%), como cofinanciadoras de algunas de las estrategias propuestas en este PND como Vivienda y Ciudades Amables, Sostenibilidad Ambiental y Gestión del Riesgo, Política para la Población Desplazada, Cultura, Deporte, y Estrategia contra la Pobreza Extrema

El gobierno espera recibir de la inversión extranjera o sector privado cerca del 40% de dinero para poder cumplir con los propuesto, calcula una inversión que asciende a $228 billones, entre las que se destacan las correspondientes a las locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo, principalmente para: la formalización minera y expansión energética ($93.4 billones), vivienda y ciudades amables ($73.3 billones) y para infraestructura de transporte ($16 billones ) como se puede ver los mega proyectos serán los generadores de inclusión social y superación de la pobreza. Plan Plurianual de Inversiones (PPI) 2010-2014. En conclusión todo sigue igual que hace más de 400 años, la historia se repite, una verdad que muchos intentaban tapar, que las políticas públicas del Estado Colombiano implementadas durante estos últimos años responden a la implementación de un modelo de desarrollo forzado para concentra la propiedad rural para luego responder a las a las exigencias y demandas del mercado internacional, antes fue para las demandas de la corona española. Palabras más, palabras menos, ciertos grupos de poder y grandes narcotraficantes utilizaron el Estado colombiano, las armas, los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto para implementar sus grandes mega proyectos encubiertos en prosperidad. Lo que nos debe de llevar a tomar conciencia y elaborar propuestas de reconstrucción nacional que superen esas dificultades y

permitan la creación de un país incluyente y solidario, que respete la diversidad y nuestras diferencias. Es un llamado a ser ciudadanos.

Referencias Bibliográficas:

Álvaro Acevedo y Roberto Dager, apuntes de las clases de la Maestría en Filosofía Latinoamericana, II semestre de 2011. Edward Wilson, por una Colombia bien gobernada, revista semana. 2008-20011 Informe de la Comisión De Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado en junio 30 de 2009 La verdad de la Tierra: más de ocho millones de hectáreas abandonadas tomado de la razón.publica.com- abril de 2011 Nussbaum, C. Martha. (2005) El Cultivo de la Humanidad. Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal. Paidós Ibérica. Barcelona Nussbaum, M. (2010) Sin Fines de Lucro. Por qué la democracia necesita de

las humanidades. Buenos Aires: Katz, Editores. Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Visión Colombia II Centenario: 2019