Programa Sectorial Seguridad Publica

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CONTENIDO

Página Presentación 2 I. Diagnóstico 3 II. Visión 46 III. Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción e Indicadores 47 IV. Programas Estratégicos y Prioritarios 53 V. Referencias 61

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Seguridad Pública

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 4, 9, 10 fracción II; 12 fracción III; 13, 16, 17, 20, 21, 24 fracciones I, II, IV; y 25, fracciones I, II, III, IV, VI, VII y VIII de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla; Artículo 6, fracción II del Decreto mediante el cual se crea el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Puebla (COPLADEP); Artículo 2 fracciones I, II y IV, 5 fracción VI y 6 fracción IV del Reglamento Interior del Comité para el Desarrollo del Estado de Puebla, se presenta el:

Programa Sectorial Seguridad Pública Este Instrumento de Planeación, acorde con los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011, busca la consolidación de los mismos en aras del desarrollo del Estado de Puebla.

Lic. Mario P. Marín Torres Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del COPLADEP

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I. DIAGNÓSTICO

La Seguridad Pública se refiere a principios, niveles, programas, en que el Estado establece una gran diversidad de aspectos legales, operativos y técnicos que inciden en la prevención, vigilancia, auxilio, control, regulación, protección y respeto en favor de los gobernados; ya sea contra la violencia, el delito, la delincuencia organizada, las acciones criminales, la impunidad o la corrupción. Hablar de Seguridad Pública es analizar con plena acuciosidad el conjunto de acciones del Estado, que deben ser prontas, directas, notorias y manifiestas, en favor de toda la comunidad, pero con miras incuestionablemente a la prevención, protección, seguridad, custodia con respecto del fenómeno delincuencial y de la corrupción en el sistema policial y ministerial o bien en materia de justicia. El Sistema de Seguridad Pública busca entre otras acciones la de planear, programar, capacitar, actualizar, desarrollar, fomentar y formar una nueva sociedad y a sus instituciones, infundirles nuevos valores culturales y cívicos que induzcan una conducta colectiva distinta hasta la ahora observada, así como una actitud de respeto a la legalidad, a la condescendencia y a la solidaridad social, para así contribuir a la preservación del orden público. De allí que su primordial función sea la prevención del delito. Por todo lo anterior, podemos decir que la importancia de la seguridad pública en el estado de Puebla radica principalmente, en consolidar la paz y el orden público, la protección de los derechos y bienes de los gobernados, así como de la preservación de los más altos valores de la sociedad, de los miembros que la integran y de aquellos que en el futuro la integrarán, en un marco de legalidad y justicia social. Aunado a lo anterior cabe señalar que la seguridad pública en el estado debe enmarcarse y concebirse como un sistema efectivo que impacte en favor de la sociedad, dada su dimensión jurídica, como un auténtico sistema programático, estructural y funcional en beneficio de la colectividad, de su preservación y su fortalecimiento, ya sea por sus planteamientos de alternativas o de acciones, o bien por la interacción de sus instituciones. Así, la seguridad pública es una función a cargo del Estado, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, mediante acciones de prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente. La seguridad pública comprende la prevención del delito, la procuración de justicia, la impartición de justicia y la readaptación social.

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Seguridad Pública

Procuración de

J us tic ia

Prevención del

Delito

Prevención del

Delito

Prevención del

Delito

Readaptación

S ocia l

Prevención del

Delito

Adminis tración de

J us tic ia

Prevención del

Delito

S eguridadS eguridad

PúblicaPública

Procuración de

J us tic ia

Prevención del

Delito

Prevención del

Delito

Prevención del

Delito

Readaptación

S ocia l

Prevención del

Delito

Adminis tración de

J us tic ia

Prevención del

Delito

S eguridadS eguridad

PúblicaPública

La Prevención del Delito tiene por objeto establecer las políticas necesarias que permitan disminuir la incidencia delictiva y lograr mayor seguridad en la sociedad. La Procuración de Justicia comprende la investigación del delito y la persecución del delincuente, con estricto apego a la ley; la observancia de los principios de legalidad; la promoción de la justicia expedita y eficiente y la protección y apoyo integral a las victimas del delito. La Impartición de Justicia tiene como finalidad imponer las penas a aquellos que han infringido la ley, a través de tribunales legalmente establecidos que emiten sus resoluciones de manera expedita, completa e imparcial. La Readaptación Social tiene por objeto primordial disminuir las tendencias y predisposiciones que llevaron a la persona a delinquir, proporcionándole los medios necesarios para que una vez reintegrado a la sociedad, sea productivo y respete la ley. La Seguridad Pública es uno de los grandes retos y campo de oportunidades para el Estado. La prevención del delito se encuentra indisolublemente ligada a la procuración y administración de justicia y a la readaptación social, ya que éstas constituyen un sistema de instituciones que

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deben funcionar de manera estructurada y perfectamente coordinadas en cuanto sus acciones y resultados. Hoy en día no es posible concebir la prevención del delito de manera aislada, una concepción limitada sin duda contribuye al fracaso de cualquier iniciativa gubernamental. A la mayoría de los ciudadanos les queda claro que si la prevención del delito no está dando los resultados esperados, lo más seguro es que el clima de inseguridad se filtre en todos los ámbitos de la sociedad afectando su convivencia; y, por lo que se refiere a la procuración e impartición de justicia, que aquella tenga volúmenes crecientes de delitos denunciados, lo cual puede derivarse en averiguaciones previas mal integradas por sobrecargas de trabajo y en consecuencia un mayor número de sentencias absolutorias. El sector Seguridad Pública esta integrado por la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobernación, el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana.

Incidencia Delictiva Nacional Organizaciones No Gubernamentales (ONG’S) califican y opinan sobre temas de seguridad, tal es el caso del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), quien diseñó, coordinó y aplicó la Primera Encuesta Nacional de Inseguridad Pública en las Entidades Federativas en 2002, conforme a estándares internacionales y métodos estadísticos sugeridos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos resultados mostraron un aumento de criminalidad en el país en general, y en el Distrito Federal en particular. Entre los principales resultados, se presentan los más sobresalientes de la encuesta en el ámbito nacional: • En México se cometen alrededor de 4.4 millones de delitos anuales, de los cuales sólo se

denuncia el 25 % ante las autoridades. De este total de denuncias, sólo el 11 % de los casos, se consignó al delincuente. Es decir, en México sólo se consigna realmente a menos del 3 % de los delincuentes.

• 42 millones de mexicanos fueron víctimas de la delincuencia en 2001. Los daños y las pérdidas materiales ascendieron a 49 mil millones de pesos, monto que equivale aproximadamente al 0.85 % del Producto Interno Bruto (PIB). El costo promedio de pérdidas económicas que derivan de la delincuencia se estima en 13 mil 245 pesos por víctima.

• Se estima que la cifra negra de la inseguridad para 2001 fue de 2 millones 972 mil 230. De cada 4 delitos que se cometieron, sólo uno se denunció ante el Ministerio Público.

• Por cada 100 mil habitantes se cometieron 4 mil 412 delitos en el ámbito nacional durante el año 2001.

• El 66 % de las víctimas no reporta el delito ante ninguna autoridad, principalmente porque le parece una pérdida de tiempo y que los trámites son tediosos y difíciles.

• El 44 % de los delitos se cometen con violencia, sobre todo empleándose armas de fuego.

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Seguridad Pública

• El 23 % de los mexicanos ha modificado sus actividades y hábitos por la inseguridad, temor a ser víctima de algún delito. De este porcentaje el 81 % evitó salir de noche, el 44 % dejó de llevar consigo dinero en efectivo el 37 % optó por no utilizar joyas, y el 27 % dejó de visitar a parientes o amigos que viven lejos.

• Los delitos referidos por las víctimas (de los cuales el robo representa el 92 %) son en su gran mayoría del fuero común, es decir, de la competencia de las entidades federativas. Tan sólo en el año 2000 fueron denunciados 81 mil 781 delitos del orden federal, frente a un millón 338 mil 473 del fuero común, es decir, el 94 % del total.

• En el ámbito nacional, durante el 2001, en el 14 % de los hogares al menos una persona fue víctima de algún delito. Del total de estas víctimas, sólo el 34 % reportó el delito ante algún tipo de autoridad y de quienes lo reportaron, sólo el 64 % lo denunció ante el ministerio público. Por otra parte, tan solo en el 76 % de las denuncias ante el ministerio público, se levantó un acta.

• El 50 % de los mexicanos que sufrieron algún delito y no lo reportaron ante alguna autoridad, expresaron como principal motivo la pérdida de tiempo y/o la realización de trámites largos y difíciles. Mientras que el 19 % manifestó desconfianza a las autoridades y el resto estimó que el delito carecía de importancia y no contaban con pruebas suficientes.

• Tal y como ocurre en otros países, cada vez es más frecuente que las víctimas del delito sufran de algún tipo de violencia. Durante el año 2001, el 44 % de las víctimas sufrieron algún tipo de violencia, durante la comisión del delito.

• El 92 % de los delitos, en el 2001, fueron robo, de los cuales, el 61 % fue a transeúnte, el 20 % de vehículo, el 18 % en casa habitación y el 5 % en comercio. Del resto de los otros delitos, el 50 % fueron lesiones; 25 % abuso de autoridad; 25 % daño en propiedad ajena; amenaza el 13 %; secuestro el 7 %, y secuestro exprés el 6 %, entre otros.

• El 75 % de los mexicanos percibió incremento de algunos delitos en el 2001 respecto al 2000. En coincidencia con los datos de incidencia arrojados por la encuesta, el robo es el delito que la población percibe que sufrió un mayor incremento durante ese período.

• En el ámbito nacional, la encuesta del ICESI señaló que el 47 % de los mexicanos se sienten inseguros en el lugar donde radican.

Por primera ocasión, México participa en el importante proyecto denominado “Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización, ENICRIV – 2004”, realizado por el ICESI, con el aval de la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno mexicano, por conducto de la Subsecretaría para Temas Globales. El trabajo se efectuó en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (ONUDD) con sede en Viena, Austria; así como con el Instituto de Investigación sobre el Delito y la Justicia para América Latina (IIDEJUAL) con sede en Buenos Aires, Argentina. La ENICRIV - 2004 se realizó del 1º al 14 de julio de 2004, a ciudadanos que al momento de la entrevista tuvieran 18 años o más, residentes en la República Mexicana. Entre los principales resultados obtenidos, destacan los siguientes: • En los últimos 5 años, más de 30 millones de personas mayores de 18 años fueron víctimas

de la delincuencia. • Casi en la mitad de las viviendas del país por lo menos un miembro fue víctima de algún delito:

51 % fue víctima de un solo delito, 28 %, de dos delitos, y 21 %, de tres delitos o más.

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• Los delitos patrimoniales representan 84 % de los delitos captados por la encuesta. • Como cifra negra: el promedio general de no denuncia se ubica en el 75 %, se denuncia tan

sólo uno de cada 4 delitos que se cometen. • Los delitos patrimoniales fueron los de mayor incidencia: una de cada 10 viviendas fue robada;

90 de cada 100 robos fueron en casas independientes. El 46 % de los robos se cometieron con violencia, 9 % de las personas fueron atacadas o amenazadas al menos una vez; casi en una de cada 100 viviendas hubo al menos una víctima de secuestro.

• Los delitos contra las personas en su libertad sexual se ubicaron: 4 % fueron víctimas de ofensas sexuales, 83 % son mujeres, 18 % de las víctimas no lo consideran un delito; en el 30 % de los casos, los agresores eran conocidos de las víctimas: 4 de cada 10 eran sus parientes y uno de cada 4 su ex cónyuge o ex pareja.

• Por actos de corrupción, sólo durante 2003, al 12 % de la población, alguna autoridad le solicitó un soborno o “mordida” por sus servicios, 92 % de las víctimas de soborno no denunciaron el hecho.

• La percepción de inseguridad, registró que una de cada 3 personas se siente insegura o muy insegura caminando de noche por su colonia o poblado, 40 % considera probable o muy probable que alguien robe su vivienda en los próximos 12 meses.

• De la institución encargada de la seguridad pública y su personal, se obtuvo que el 45 % opina que la policía actúa mal o muy mal para controlar el delito.

Por su parte, los industriales mexicanos de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), participan activamente en la denuncia de delitos y, bajo encuestas de opinión, publican su opinión acerca de la inseguridad, de la que destaca el delito de secuestro, del que dicen que: • En tan solo ocho años, el delito del secuestro ha aumentado en un 70 % a nivel mundial. • Por orden jerárquico, las diez naciones donde existe el secuestro son: Colombia, México, Rusia,

Brasil, Nigeria, Filipinas, India, Ecuador, Venezuela y Sudáfrica. • Se estima que el secuestro es uno de los delitos con mayor cifra negra, por lo que podría

suponerse que por cada caso denunciado existen al menos otros 3 no reportados. • En México el móvil de los secuestros es predominantemente económico, a diferencia de

Colombia donde la guerrilla juega un papel predominante en la comisión de secuestros, cuyas razones responden principalmente a aquellas de índole política (tan solo el 10 % de los secuestros tienen causas exclusivamente económicas).

• Para la comisión del secuestro los delincuentes requieren garantizarse una coordinación efectiva, por lo que utilizan algunos de los más importantes avances tecnológicos: operativos de inteligencia, aparatos de intercomunicación especializados, telefonía móvil, etc.

• En cuanto a “la industria del secuestro exprés” o rapto con robo es una modalidad cada vez más frecuente entre los mexicanos y aunque algunos tienden a referirlo como retención, sin duda representa también la privación ilegal de la libertad de una persona, aunque solo sea por unas horas, para conseguir dinero rápido de la víctima o de sus familiares (cantidad que puede ir desde los 3 mil pesos, y en ocasiones hasta menos). Los delincuentes que suelen secuestrar con esta modalidad son personas de estratos socio - económico bajos, entre los 16 y los 25

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Seguridad Pública

años; son jóvenes pertenecientes a la delincuencia común (no organizada) y operan en grupos de dos y tres personas donde alguno es el "líder" en la ejecución del delito. Son robos mediante los cuales los delincuentes utilizan a sus víctimas para sacar dinero de los cajeros automáticos bancarios, o bien roban sus vehículos y algunas otras pertenencias; se hace uso de la violencia para amedrentar a la víctima y no requieren de estrategias de inteligencia sofisticada, como se hace en el secuestro normal.

• Por otra parte existen también los secuestros virtuales, es decir aquellos que en realidad no existen, pero en los cuales los delincuentes aprovechan la ausencia de una persona para extorsionar a sus familiares y obtener algún beneficio económico en un breve lapso de tiempo. En general este tipo de delito es cometido por personas cercanas a la víctima que conocen los movimientos de la persona, lugares que frecuenta y demás.

• La magnitud del secuestro presenta alcances y modalidades inesperadas y es de las actividades delincuenciales más "productivas" y rentables, incluso respecto al narcotráfico porque requiere una menor complejidad y su riesgo es también inferior, tanto por la alta tasa de impunidad que reporta, como por la falta de coordinación y de estrategia de las autoridades para su combate (el secuestro es un delito del fuero común).

• Según Organizaciones No Gubernamentales, en 2002 se habían denunciado 345 secuestros en todo el país, pero a esa cifra habría que sumar 297 plagios no denunciados, para dar un total de 642 casos.

• Sin embargo, la unidad de negociación y manejo de crisis de la Procuraduría General de la República (PGR) intervino en 107 casos de secuestro, obteniendo la liberación de todas las víctimas. Asimismo, fueron asegurados 109 presuntos secuestradores relacionados con 14 bandas.

• En la frontera norte de Tamaulipas, de acuerdo al Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, A. C., se cometieron 93 secuestros.

La Organización No Gubernamental, Transparencia Mexicana, realizó la “Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003, Resultados por Entidad Federativa en 2001 y 2003”, resultando relevante que el estado de Puebla ocupó en los periodos de 2002 y 2003, el primer sitio (lugar 29 y 32) respectivamente. Incidencia Delictiva en la Región Centro del País En el marco de la XXIII Reunión Ordinaria del Consejo Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que los representantes del Gobierno Federal, así como los del Distrito Federal y de los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Guerrero asumieron seis compromisos para fortalecer la coordinación y el intercambio de información en favor de la seguridad pública, se informó que durante los últimos nueve meses más de 82 mil personas fueron remitidas ante el ministerio público, tanto del fuero federal como del común, como resultado de la aplicación del comando de seguridad pública centro país. Así, entre los resultados de la aplicación de ese mecanismo entre el 15 de julio de 2004 y el 6 de abril de 2005, se precisó que fueron detenidas 877 mil 496 personas en la región. De ellas, 13 mil 326 fueron remitidas al ministerio público federal y 69 mil 366 al ministerio público del

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Fuero Común, mientras que 794 mil 804 quedaron a disposición de jueces cívicos. Además, se destacó el aseguramiento de cuatro mil 835 armas, así como de dos mil 180 kilogramos de diversas drogas.

1. Prevención del Delito En materia de prevención del delito son frecuentes las manifestaciones masivas, en donde se ha expresado la preocupación por la creciente inseguridad pública en la vida cotidiana. A diario se cometen actos individuales y masivos que perturban la paz y la tranquilidad sociales, afectan el bienestar, la seguridad y el patrimonio de las familias y, en no pocas ocasiones, lesionan irreparablemente la integridad e incluso la vida de muchos. Cuando estos delitos no se resuelven conforme a la ley, se quebranta seriamente el Estado de Derecho. Se reconoce que existe una franca desconfianza hacia las instituciones, los programas y los responsables de la Seguridad Pública. La sociedad, al percibir el incremento de la inseguridad y su relación con las ineficiencias, desviaciones y tolerancia de las instituciones de seguridad pública, ha optado por alejarse de las mismas por desconfianza o por temor. Se ha llegado a evidenciar que: • El desempeño policial esta carente de método, técnica, ética y compromiso. • La capacitación recibida no está al nivel de las circunstancias por el tipo de delincuencia que

hoy en día actúa. • La remuneración a los elementos policíacos no es adecuada. • Los operativos preventivos de vigilancia normal no son permanentes ni eficaces. • A pesar de lo frecuente de los operativos conjuntos entre los tres ámbitos de gobierno, no están

implantados claramente los mecanismos que den eficacia a este esfuerzo. La coordinación policial se ha enfocado más a combatir los delitos consumados que a adoptar medidas de prevención. Los factores antes señalados inciden en la percepción de la sensación de inseguridad que enfrentan los ciudadanos. Los datos indican que, más allá de la incidencia delictiva, la inseguridad ciudadana se relaciona con variables sociodemográficas; incremento en el porcentaje de delitos que se cometen con uso de violencia y sistemas ineficientes de prevención y procuración de justicia.

Incidencia Delictiva a Nivel Estatal Es necesario considerar como antecedentes delitos diversos del Fuero Federal y el lugar que el estado de Puebla ocupó:

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Seguridad Pública

INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL SEGÚN PRINCIPALES DELITOSDEL FUERO FEDERAL2002 - 2003(Delitos)

Id Tipo de Camino 2002 2003 Variación

Total 187 157 -91 Contra Instituciones Bancarias 13 6 -1172 Patrimoniales (excepción robo) 8 7 -143 Ambientales 4 12 67

4 Contra la Propiedad Intelectual 8 10 25

5 Cometido por Servidores Públicos 23 8 513

6 Contra la LFAFyEa 15 14 -7

7 Asociación Delictuosa 24 25 4

8 Robo en Carreteras 24 7 -243

9 Violación a la Ley General de Población 20 19 -5

10 Culposos por Transporte de Vehículos 2 3 33

11 Otros Delitos 12 11 -9

12 Robo en Carreteras 8 7 -13

8 Otros Delitos 26 28 7

Fuente: INEGI.

a: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

También, se ha de considerar como antecedente la incidencia delictiva de los delitos del Fuero Común.

INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL SEGÚN PRINCIPALES DELITOSDEL FUERO COMÚN 2002 - 2003(Delitos)

Id Tipo de Camino 2002 2003 Variación

Total 64 58 -91 Robo 7 7 0

2 Lesiones 7 4 -43

3 Homicidios 6 6 0

4 Secuestro 11 12 9

5 Patrimoniales 8 7 -13

6 Violación 5 4 -20

7 Sexuales 8 7 -13

8 Otros Delitos 12 11 -9Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

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LONGITUD DE LA RED CARRETERA POR TIPO DE CAMINO1993 - 2003(Kilómetros)

Id Tipo de Camino 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2003

Total 6,169.7 8,045.7 8,437.0 8,527.9 8,540.0 8,354.0 8,354.0 8,354.0 10,423.41 Pavimentada de Larga Distancia 140.1 1,444.7 1,445.0 1,474.1 1,477.0 1,482.0 1,482.0 1,482.0 1,512.3

2 Alimentadoras Estatales 2,089.3 2,236.6 2,628.0 3,269.0 3,468.0 3,073.2 3,073.2 3,073.2 3,465.1

3 Caminos Rurales 3,940.3 3,940.4 3,940.0 3,360.8 3,441.0 3,644.4 3,644.4 3,644.4 5,446.0

4 Brechas Mejoradas N/D 424.0 424.0 424.0 154.0 154.4 154.4 154.4 N/D

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. N/D: No Disponible.

Comparativamente, datos más recientes registrados por las áreas de Seguridad Pública en la entidad con relación a los operativos implantados por los cuerpos policíacos, revelaron que dos de los delitos que tienen un mayor impacto en la sociedad, y que por su naturaleza y el modo de operar, es difícil combatir son el graffiti y el narcomenudeo.

Seguridad Vial La seguridad vial, como parte inseparable de la seguridad pública es una función que permite en los términos que señale las leyes y reglamentos respectivos, proteger a los usuarios de las vías de jurisdicción estatal en sus bienes y en sus personas, así como vigilar el tránsito fluido y seguro de vehículos; esta tarea coadyuva y fortalece la actividad comercial y la entrega de insumos del sector industrial; además de evitar accidentes, prestar auxilio a los usuarios de las vías de comunicación y coordinarse con otras corporaciones en acciones tendientes a la prevención del delito y la protección civil. El ámbito de la seguridad vial se ve afectada por factores como el aumento de los vehículos en circulación, la ampliación de la longitud de la red carretera en la entidad, la mayor potencia de los vehículos para alcanzar mayores velocidades, la falta de pericia de los conductores y la falta de respeto de estos a las normas vigentes en materia de tránsito y vialidad. De acuerdo a los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), podemos afirmar que hay una tendencia irreversible en el aumento del parque vehicular que ascendido para 2003 en 624 mil 306 vehículos, entre automóviles, camiones, camionetas de carga y motocicletas en la entidad.

Por otra parte la ampliación de la longitud de la red carretera permite vislumbrar un campo mayor de acción para la seguridad vial, aunque la conformación de la red en su mayor parte es por caminos rurales o de terracería, de hecho representó en 2003 el 52 % de la Red Carretera Estatal. Por lo que respecta a los accidentes, se ha identificado que existe una tendencia a su disminución tanto en las carreteras de competencia estatal como federal, y representa un importante resultado de las prácticas coordinadas y operativos conjuntos de seguridad pública y

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Seguridad Pública

ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LAS CARRETERAS DE JURISDICCIÓN ESTATAL, SEGÚN TIPO DE CAUSA2003(Porcentaje)

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

59.9

29.9

10.2

Exceso de Velocidad

Estado de Ebriedad

Rebasar Indebidamente

Total: 980 Accidentes

vialidad, además de los cursos de educación vial y de manejo a la defensiva que se han impartido en la entidad; cabe señalar que el índice de accidentes de carreteras de competencia estatal es de nueva creación por parte del Instituto Nacional de Estadística, Geografía, e informática (INEGI).

Otro factor a notar en la situación actual relativa a la seguridad vial, es la tendencia de los municipios de constituir sus cuerpos de vialidad y la promoción de reglamentos de tránsito locales, lo que ocasiona: descoordinación, problemas de competencia, exceso de autoridad en el ejercicio de las normas de tránsito o por el contrario relajamiento en su observancia, y por ultimo desconcierto de la ciudadanía en la pertinencia de observar en una localidad una infracción que en otra no lo es.

Infraestructura La infraestructura con la que se cuenta en la entidad para la prevención del delito, proporciona una cobertura total de la geografía poblana. Cuenta con una sólida red de telecomunicaciones que permite atender los diversos sucesos que se generan en los municipios de la entidad, además de la coordinación existente con las policías municipales.

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El uso de la radiocomunicación es un elemento indispensable, ya que permite la coordinación no solo entre miembros de esta corporación, sino de otras instancias para la atención a una emergencia mayor, ya sea por accidente o por desastres naturales que perturban la tranquilidad y la paz social de los ciudadanos. El sistema de radiocomunicación tiene una cobertura total en más del 60 % del territorio estatal, y en el resto con cobertura parcial, considerando lo accidentado de la orografía del espacio poblano. En la Dirección General de Seguridad Pública se cuenta con un centro de monitoreo del sistema GPS, mismo que se encuentra en proceso de operación total, con una cobertura parcial del 40 % del parque vehicular, requiriéndose actualmente de mapas cartográficos y visualización de zonas limítrofes en el sistema para incrementar la operatividad. Por lo que se refiere al personal policial, se cuenta con un policía estatal preventivo por cada 2 mil 306 habitantes en la entidad y con 321 unidades vehiculares en servicio permanente.

Cobertura y Operación La estructura operativa actual se organiza mediante la integración de seis regiones en las que se dividió el estado. Cada uno se encuentra a cargo de un Centro de Coordinación Regional (CECORE), operado directamente por un inspector quien tiene como función sustantiva la coordinación, conducción y supervisión de las acciones de prevención y auxilio de las bases de operaciones radicadas en su región. Así, en este contexto, el Centro de Coordinación Regional de Base Central ubicado en la Ciudad de Puebla concentra al 36 % de la policía estatal preventiva y 5 delegaciones de seguridad vial con el 74.6 % de su personal; la responsabilidad de los servicios cubre 30 municipios con permanentes operativos de vigilancia preventiva. El CECORE II, ubicado en Chignahuapan coordina 6 bases de operación y agrupa al 24 % de la policía estatal preventiva y 7 delegaciones de seguridad vial con el 7 % de su personal; la responsabilidad de los servicios cubre 32 municipios con operativos de vigilancia preventiva. El CECORE III, con 4 bases de operación y la policía intermunicipal, ubicado en la ciudad de Teziutlán reúne al 17 % de la policía estatal preventiva y cuenta con 5 delegaciones de seguridad vial con el 6.2 % de su personal total. Con operativos de vigilancia preventiva permanente, otorga seguridad a la población de 30 municipios de esa región. El CECORE IV, se ubica en Zacatepec y cuenta con 5 bases de operación que concentran al 19 % de la policía estatal preventiva y 10 delegaciones de seguridad vial con el 12 % de su personal; el ámbito de su responsabilidad se extiende por 44 municipios con diversos operativos de vigilancia.

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Seguridad Pública

El CECORE V, ubicado en la Ciudad de Tehuacán coordina las actividades de 3 bases de operación y la policía intermunicipal; agrupa al 16 % de la policía estatal preventiva y 3 delegaciones de seguridad vial con 5 % de su personal total. El ámbito de su competencia cubre a la población asentada en 27 municipios con operativos de vigilancia permanente y coordinada. El CECORE VI, con la suma de la policía intermunicipal ubicada en la Ciudad de Izúcar de Matamoros y la policía intermunicipal de Acatlán de Osorio y con 4 delegaciones de seguridad vial, previenen el delito y mantienen la seguridad pública en 30 municipios de la región con operativos de vigilancia preventiva.

2. Procuración de Justicia Si bien el aumento en los delitos se explica por factores como el desempleo, la pobreza, la desigualdad o las malas expectativas de la economía, la diferencia entre la posibilidad de que México se precipite respecto a la impunidad y violencia o, por el contrario, puedan revertir las inercias delictivas, depende, en gran medida, de la efectividad y solidez de las instituciones encargadas de combatir al crimen. De acuerdo a los datos registrados por el Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C. (CIDAC) en un estudio sobre el Subsistema de Seguridad Ciudadana y Justicia Penal, y la Procuración de Justicia, se puede decir que la procuración de justicia es el eslabón más frágil del subsistema, dado que de cada 100 hechos aparentemente delictivos sólo se denuncia el 25 %; de los cuales sólo se concluye la investigación en el 4.55 %, poniendo sólo a disposición de los jueces al 1.6 %; de este porcentaje el 1.2 % llega a sentencia, condenándose únicamente al 1.06 %.

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ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA2002(Porcentaje)

Entidad Federativa Índice

Robos Reportados por cada 100 mil

hab.

Homicidios Intencionales por

cada 100 mil hab.

Lesiones Intencionales por

cada 100 mil hab.

Resto de Delitos por cada

100 mil hab.Incidencia Delictiva

Baja California 63.13 2,114 18.49 426 2,972 AltaDistrito Federal 56.73 1,252 8.24 224 16,234 AltaQuintana Roo 44.24 1,061 18.74 323 2,641 Media AltaOaxaca 38.97 233 54.03 161 1,147 Media AltaTabasco 38.79 459 11.10 397 3,213 Media AltaGuerrero 38.55 345 45.43 127 3,906 Media AltaBaja California Sur 36.51 1,228 7.31 311 247 Media BajaEstado de Máxico 36.26 566 20.81 236 3,955 Media BajaChihuahua 33.75 857 17.66 160 3,944 Media BajaSan Luis Potosí 31.94 397 11.05 335 1,613 Media BajaDurango 29.09 447 19.60 224 1,037 Media BajaMorelos 27.84 634 22.63 40 4,876 Media BajaNuevo León 27.28 599 3.21 236 3,150 Media BajaYucatán 27.03 571 1.51 300 1,276 Media BajaTamaulipas 26.84 559 8.03 223 2,211 Media BajaChiapas 24.95 155 31.65 104 1,546 Media BajaNayarit 24.37 414 8.10 161 4,059 Media BajaCoahuila 22.26 363 4.92 202 2,501 BajaTlaxcala 21.92 180 29.09 77 1,162 BajaSinaloa 21.00 358 19.67 70 2,297 BajaPuebla 20.77 334 11.29 160 1,435 BajaJalisco 19.44 541 7.69 66 3,657 BajaSonora 18.60 286 8.57 161 1,182 BajaQuerétaro 18.24 460 4.34 135 1,845 BajaVeracruz 18.03 197 6.73 151 2,413 BajaGuanajuato 17.94 314 4.87 159 1,728 BajaCampeche 17.52 202 7.96 109 3,276 BajaHidalgo 16.77 212 6.08 150 1,722 BajaZacatecas 16.14 271 5.17 153 1,024 BajaMichoacán 15.79 232 12.22 96 1,131 BajaAguascalientes 12.87 332 1.48 91 1,892 BajaColima 10.05 182 8.29 30 1,484 BajaFuente: Elaborado con base en la información de los anuarios estadísticos del INEGI y bases de datos del CIDAC.

En cuanto a la incidencia delictiva, en el cuadro anterior se presentan algunos indicadores que son relevantes de destacar. Como podemos observar Baja California aparece como la entidad con mayor incidencia delictiva y violencia, pues es la entidad con el mayor número de robos y lesiones intencionales denunciados por cada 100 mil habitantes (2 mil 114 y 426 respectivamente); le sigue el Distrito Federal, y Quintana Roo se ubica en la tercera posición con indicadores de delitos violentos. Por su parte, el estado de Puebla se encuentra con una incidencia delictiva baja.

16

Seguridad Pública

INCIDENCIA DELICTIVA SEGÚN ÍNDICE Y ENTIDAD FEDERATIVA SELECCIONADA 2002(Porcentaje)

Nota: Las entidades federativas fueron seleccionadas con el criterio de ser las que colindan con el Estado de Puebla. Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado, elaborado con base en la información de los anuarios estadísticos Fuente: del INEGI y bases de datos del CIDAC.

18.0Baja

21.9Baja

20.8Baja

39.0Media Alta

27.8 Media Baja

16.8Baja

38.6Media Alta36.3

Media Baja

56.7Alta

DistritoFederal

Estado deMéxico

Guerrero Hidalgo Morelos Oaxaca Puebla Tlaxcala Veracruz

En lo referente a los homicidios intencionales dentro del territorio nacional, los indicadores son ilustrativos. Oaxaca, Guerrero y Chiapas presentan, respectivamente 54.03, 45.43 y 31.65 homicidios por cada 100 mil habitantes, tal como se aprecia en el respectivo cuadro, indicador comparable con países que están inmersos en dinámicas cercanas a la guerra civil. Estos indicadores muestran la reducida capacidad de respuesta de nuestras instituciones frente a la delincuencia y la limitada e insuficiente cobertura de sus servicios. Por citar un ejemplo, durante el año 2000, en México, cada agente del Ministerio Público inició 279 averiguaciones previas en promedio, que desde luego se suman a las pendientes de años anteriores, lo que genera incapacidad para que los agentes para integrar en tiempo y forma cada una de las averiguaciones. Al seleccionar a las entidades federativas que tienen influencia geográfica sobre el estado de Puebla, en el año 2000, se identifica en la siguiente gráfica a Puebla como un estado con incidencia delictiva baja, al igual que Hidalgo, Tlaxcala y Veracruz; media baja para el Estado de México y Morelos; media alta para Guerrero y Oaxaca, así como alta para el Distrito Federal.

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De acuerdo a la investigación realizada por Guillermo Zepeda, investigador del CIDAC, México respecto a otros países está ligeramente por encima del promedio internacional en el número de delitos por cada 100 mil habitantes, ya que el promedio internacional es de 4 mil 47 delitos, en tanto que la media mexicana es de 4 mil 412 ilícitos, tal como se pudo verificar con la Primera Encuesta Nacional sobre Inseguridad Pública en las Entidades Federativas. Pese a que Puebla se ubica muy por debajo de la media nacional con mil 940 delitos por cada 100 mil habitantes en el año 2001, se deben reformar y reforzar las instituciones que procuran justicia, con la finalidad de que, de una posible debilidad en cuanto a seguridad se refiere, se convierta en una fortaleza y con esto se consolide como una de las entidades federativas más seguras del país. En su estudio, Guillermo Zepeda afirma que en México la impunidad es de 93 % para todos los delitos. En el plano internacional los países que menos impunidad presentan son Azerbaiján (37.5 %), Bielorrusia (60.6 %), Grecia (74 %) e Inglaterra (77.4 %); en tanto que México aparece entre las naciones con mayor impunidad junto con Portugal (95 %) o Argentina (98.7 %). La impunidad para el caso de homicidio es menor, pero no envidiable: 85 %. En nuestro país apenas se cumple, en promedio, una de cada cuatro órdenes de aprehensión, mientras que en algunas entidades del país como Hidalgo y Tlaxcala tal como lo muestra el siguiente cuadro sobre el Índice de desempeño de las procuradurías, se cumplen más del 60 % de esas órdenes de aprehensión; por su parte, en estados como Oaxaca y San Luis Potosí apenas se cumple el 6.3 % y el 9.8 % respectivamente. Para el caso de Puebla, la entidad está bien ubicada en este rubro, con un 67.8 % de órdenes cumplidas.

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Seguridad Pública

ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE LAS PROCURADURÍAS EN MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA 2000(Porcentaje)

Entidad Federativa Índice Desempeño Índice de Recursos Cumplimiento de

AprehensionesEfectividad en

Averiguaciones

Colima 80.0 Alto 44.1 41.7 29.6Michoacán 75.4 Alto 74.9 33.4 18.1Nayarit 73.9 Alto 67.6 N/D 15.9Sonora 71.3 Alto 56.8 30.7 24.5Baja California Sur 71.2 Alto 75.5 45.1 13.2Zacatecas 62.4 Medio Alto 69.4 34.3 13.4Coahuila 61.8 Medio Alto 57.2 39.8 14.4Hidalgo 61.5 Medio Alto 42.5 64.1 19.4Querétaro 61.2 Medio Alto 48.3 35.1 17.4Veracruz 59.9 Medio Alto 55.9 29.1 20.6Distrito Federal 58.6 Medio Alto 46.8 N/D 13.3Guanajuato 58.0 Medio Alto 48.5 40.1 20.2Tabasco 57.2 Medio Alto 45.9 31.8 14.6Baja California 57.1 Medio Alto 40.4 34.4 14.9Chihuahua 55.8 Medio Bajo 47.9 34.6 16.5Puebla 55.6 Medio Bajo 43.7 67.8 11.8Sinaloa 55.6 Medio Bajo 48.6 47.5 10.9Campeche 54.6 Medio Bajo 54.5 11.2 14.2Aguascalientes 53.3 Medio Bajo 43.8 32.4 16.0Tlaxcala 51.0 Medio Bajo 40.3 64.4 5.3Durango 51.0 Medio Bajo 56.5 N/D 12.7Nuevo León 49.3 Medio Bajo 25.8 46.6 14.8Tamaulipas 48.9 Medio Bajo 44.4 29.1 7.2Jalisco 48.8 Medio Bajo 48.1 31.1 19.1Morelos 47.2 Medio Bajo 63.0 30.1 12.6Estado de Máxico 46.6 Medio Bajo 20.2 47.6 22.0San Luis Potosí 45.9 Medio Bajo 56.5 9.8 15.6Quintana Roo 44.1 Bajo 57.4 28.9 11.8Chiapas 43.0 Bajo 49.6 25.7 9.2Guerrero 35.8 Bajo 52.0 14.0 10.1Oaxaca 34.5 Bajo 68.5 6.3 3.2Yucatán 33.6 Bajo 11.8 34.1 3.6N/D: No Disponible Fuente: Elaborado con base en los anuarios estadísticos del INEGI y base de datos del CIDAC.

En cuanto a la determinación de averiguaciones previas, en el ámbito nacional apenas el 18.2 % (ver esquema) llega a concluirse efectivamente, en tanto que en el 81.8 % restante nunca se concluye la investigación quedando truncada la expectativa de justicia de los denunciantes. La no

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Pendientes del año anterior: 41.5

In iciadas durante 1999: 58.5

Averiguaciones Previas vigentes en 1999

Pendientes: 38.6

Tramitadas: 61.4

Archivadas con las reservas de ley: 25.4

Concluidas: 36

Archivadas en definitiva: 20.2

Incompetencias 4.4

Consignadas 11.4

Efectividad: 18.2 %

Prescri tas: (estimada) 12.8

Otras: 7.4

Sin detenido: 5

Presentados: 3.1

Con detenido: 3.3

TOTAL: 2’312,521

1) Solo incluye rezago de 1999 2) Datos estimados FUENTE: Anuarios estadísticos de los estados del INEGI 1998-2001

Averiguaciones previas en México durante 2000 (Porcentaje)

1

2

Esquema 1

conclusión de las averiguaciones previas se debe a que no se pudo obtener evidencias suficientes para esclarecer el caso, no se captura al presunto responsable, o por prescripción, entre otras. Las averiguaciones previas que se consideran como determinadas (se destacan en gris en el esquema Averiguaciones previas en México durante 2000), son aquellos asuntos en los que: a) Hay un delito que perseguir (se consignó la averiguación), logrando además, capturar al

presunto responsable (con detenido 3.3 % y presentado 3.1 %); b) No hubo competencia (casos que correspondían a la Procuraduría General de la República o al

Consejo Tutelar para Menores Infractores, 4.4 %); c) Se archivaron definitivamente porque se determinó que no hubo delito que perseguir o que, a

pesar de que probablemente existía un delito, la ley permitió que (por perdón de la víctima, por ejemplo) pudiera concluirse la averiguación, 7.4 %.

Con respecto a esta variable (averiguaciones previas determinadas) se presenta una gran variedad en el desempeño de las procuradurías en las diversas entidades federativas, pues así como en los mejores casos, Colima y Sonora se atienden con una efectividad del 29.6 % y 24.5 %

20

Seguridad Pública

Pendientes del año anter ior: 4 5.3 6%

Iniciadas durante 19 99: 5 4.6 4%

Aver iguaci ones Previas vigentes en 1 999 : 100(117,932 = 1 00)

Pendientes:4 3.2 4%

Tramita das:5 6.7 6%

Archivadas c on las res ervas de ley : 1 5.0 6%

Concl uid as: 4 1.6 9%

Arc hivadas en defi nit iva: 2 9.9 1%

I ncomp etenc ias.1 8%

Cons igna das 1 1.5 9%

Efe ctivid ad : 41.68 %

S in de ten ido: 9.7 2%

Presentados : (est imado) 1.6 2%

Con de ten ido: .2 5%

Averiguaciones Previas en Puebla 2004




Pendientes:4 3.2 4%














Pendientes:4 3.2 4%












Fuente: Procuraduría General de Justicia.




Pendientes:4 3.2 4%















Pendientes:4 3.2 4%














Pendientes:4 3.2 4%












Fuente: Procuraduría General de Justicia.

respectivamente, estados como Yucatán y Oaxaca reportan una bajísima efectividad del 3.6 % y 3.2 % relativamente, tal como se puede constatar en el cuadro del Índice de Desempeño de las Procuradurías en México por Entidad Federativa, 2000; sin embargo, aun las procuradurías estatales mexicanas con mejor desempeño en este rubro, están lejos de la efectividad de países europeos, en los que se concluye entre 45 % y 55 % de sus investigaciones, o de Japón, donde se resuelve aproximadamente el 60 % de los expedientes. En países de nuestra región sólo se dispone de información para Perú, que duplica nuestra efectividad promedio (18.2 %), al concluir el 36 % de sus investigaciones. El comportamiento de las averiguaciones previas en el estado de Puebla para el año 2004, se puede apreciar en el siguiente esquema.

En un intento por confrontar los índices de incidencia delictiva y el de desempeño de las procuradurías elaborados por el CIDAC, encontramos por una parte, que en los estados en donde los ciudadanos perciben seguridad en su vida cotidiana, presentan incidencia delictiva baja, al mismo tiempo que sus procuradurías presentan indicadores de desempeño alto o por encima del promedio nacional. Por otro lado, los estados con seguridad ciudadana media son entidades en las que se presentan indicadores delictivos bajos, por lo que el desempeño de sus procuradurías está por encima del desafío inmediato de la delincuencia. Lo anterior refleja una coherencia en el cálculo de los indicadores diseñados por dicho centro de investigación.

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AVERIGUACIONES PREVIAS INICIADAS Y DETERMINADAS EN EL ESTADO DE PUEBLA1993 - 2004(Averiguacio Previa)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Averiguaciones Previas Iniciadas 53,429 62,886 54,444 51,054 46,861 50,688 49,990 54,460 59,895 60,627 64,752 64,438

Consignadasa 7,643 9,061 10,369 7,201 9,089 9,876 8,953 12,032 14,155 14,239 13,114 13,675

Archivo Definitivoa 2,730 14,786 14,776 8,543 10,775 47,349 70,092 109,694 107,918 146,613 33,276 35,274

Incompetenciaa 395 367 1,510 635 461 503 427 361 375 534 234 214

Reservaa 4,072 2,438 3,348 6,348 1,775 6,766 9,171 11,912 13,808 16,497 9,831 17,767a: Considera las averiguaciones previas iniciadas en el mismo año y las rezagadas de años anteriores.Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, 1993 - 2004.

El comportamiento de las averiguaciones previas en el periodo 1993 – 2004 se puede observar en el cuadro siguiente, detectando que en el periodo existe una diferencia sustancial entre la cantidad de averiguaciones previas iniciadas y las que llegan a consignarse, ya que estas representan en promedio el 19.11 %.

A pesar de que las averiguaciones previas representan no más del 20 %, podemos apreciar que la tendencia es creciente; es decir, proporcionalmente cada vez se consignan más averiguaciones previas. Hacia el año 1993 sólo se consignaba el 14.3 % de ellas mientras que para el 2004 se consignaron el 21.2 %. Respecto a las averiguaciones previas que se destinan a archivo definitivo, podemos observar un incremento a partir del año 1998, siendo más significativo el año 2002, esto debido a la implantación en enero de ese mismo año del Programa Emergente de Abatimiento del Rezago en la Integración y la Determinación de Averiguaciones Previas. En cuanto a las incompetencias, podemos ver que, pese a que existe un comportamiento irregular, la tendencia es decreciente al pasar de 395 en el año 1993 a 214 para 2004, pese a haberse incrementado en 20.6 % el inicio de averiguaciones previas. Es indudable que el cúmulo de averiguaciones previas que se inician anualmente en las agencias del Ministerio Público incide directamente en la correcta integración de las mismas y por ende, en su determinación, por lo que resulta necesario instrumentar mecanismos para disminuir el término con que cuentan los agentes del Ministerio Público para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. En cuanto a las intervenciones del Ministerio Público en procesos penales, podemos observar que la tendencia en preparatorias, pruebas, conclusiones, pedimentos y sentencias condenatorias es creciente, mientras que en cuanto a careos, vistas penales, apelaciones y sentencias absolutorias es ligeramente decreciente, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica.

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Seguridad Pública

INTERVENCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN PROCESOS PENALES CIVILES Y FAMILIARES , SEGÚN TIPO 1993 - 2004(Intervenciones)

1234567890123456789

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, 1993 - 2004.

5,026

9,480

3,886

5,762 6,337

7,333

3,846 2,885

2,174

8,015 7,326

2,242

3,235 3,547 3,281

2,235 1,674 1,928

5,442

1,788

5,335

8,402

9,441

12,300

14,148

- - - - - -

2,233 1,853 1,385

- - - - - -

4,472

- - - - - - 636 519 431 441 428 405

4,745 3,968

5,365

4,622 4,855

6,299 7,139

2,881

3,083

2,492

13,893

13,815

7,165

5,830

0

4,000

8,000

12,000

16,000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Preparatorias

Careos

Pruebas

Vistas Penales

Conclusiones

Pedimentos

Apelaciones

SentenciasCondenatorias

SentenciasAbsolutorias

Por su parte el cuadro Ayudas Proporcionadas, Víctimas Beneficiadas y Monto Erogado muestra información en cuanto al apoyo otorgado por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a las víctimas de delito, al crear en el año de 1996 la Ley para la Protección de Víctimas de Delitos obedeciendo a la necesidad de adecuar el marco normativo a la dinámica social. Ésta Ley fue publicada en el mes de marzo de 1996, y dio origen a los Departamentos de Atención a Víctimas de Delitos de Puebla, Tehuacán, Huauchinango, Teziutlán e Izúcar de Matamoros; a través de éstos se proporcionó ayuda consistente en la gestión para la atención médica, atención psicológica, traslado de lesionados a instituciones hospitalarias, gastos médicos, gastos de hospitalización, suministros de medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, provisión de víveres hasta por 3 meses al lesionado y a sus dependientes económicos; servicios funerarios (traslado del cuerpo, ataúd, equipo de velación, gastos de inhumación y certificado de defunción); asimismo, en el año 2001 en la capital del Estado se puso en marcha el Centro de Protección a Víctimas de Delitos (CEPROVIC) para dar albergue y atención especializada a las víctimas. Pese a los esfuerzos realizados en la materia, es necesario ampliar la cobertura a los municipios más alejados a fin de abarcar toda la entidad y de esta manera beneficiar a la población más marginada.

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ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL DELITO EN EL ESTADO DE PUEBLA1996 - 2004(Tipos de Ayuda)

Tipo de ayuda 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Ayudas 118 178 273 2,016 2,277 3,889 5,353 8,066 8,279

Víctimas Beneficiadas 684 416 606 795 1,072 1,528 1,688 1,699 1,644

Monto de la ayudaa 427.0 616.0 978.6 1,268.7 1,727.8 2,621.5 3,348.1 4,356.8 3,266.2Nota: Las ayudas comprenden: atención médica, atención psicológica, traslado de lesionados a instituciones hospitalarias, gastos médicos, gastos de


Nota: hospitalización, suministro de medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, provisión de víveres hasta por tres meses al lesionado y a sus dependientes

Nota: dependientes económicos, servicios funerarios (traslado del cuerpo, ataúd, equipo de velación, gastos de inhumación y certificado de defunción).a: En miles de pesos.

Durante los primeros años en función de la Ley se identifica un crecimiento porcentual positivo, en cuanto a las ayudas se refiere, sin embargo la dinámica de crecimiento no muestra, para los últimos años de estudio, el mismo ritmo de crecimiento. Respecto a las víctimas beneficiadas podemos señalar un promedio de mil 126 al año, con un crecimiento ligeramente positivo pero constante. En cuanto al monto erogado, éste pasó de 427 mil pesos en el año 1996 a más de 3 millones 266 mil pesos para el año 2004. Los derechos humanos como bien jurídico necesario para salvaguardar la libertad y la dignidad de las personas, deben ser celosamente respetados y protegidos por todos los órganos de autoridad y servidores públicos que los integran; para asegurar el cumplimiento de este postulado, la sociedad ha creado instituciones encargadas de vigilar y proteger estos derechos. En nuestro sistema jurídico el medio ideal para lograr este cometido es el juicio de amparo, pero además existen organismos encargados de velar por la observancia de estos derechos en vía no jurisdiccional, siendo éstos las comisiones públicas de Derechos Humanos, a través de los procedimientos contemplados por la legislación que regula sus atribuciones, siendo creada la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos a finales de 1992, organismo encargado de conocer de las quejas en el ámbito local, restándole cobertura al ombudsman nacional. En este contexto, la Procuraduría asumió el deber de prestar colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado; sin embargo, se carecía de una unidad administrativa encargada de fungir como órgano de enlace, por lo que en el año 1993, por acuerdo del Procurador General de Justicia de Estado, se creó la Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos, encomendando su titularidad a un director. Es relevante destacar que la cantidad de quejas aumentó significativamente respecto a los niveles que había alcanzado en los años inmediatos anteriores, y que aunado a esto debe señalarse que la dependencia presenta limitantes en cuanto a recursos humanos y materiales, por lo que no se ha respondido integralmente a los reclamos ciudadanos.

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Seguridad Pública

1993 - 2004(Quejas y Recomendaciones)

Tipo de ayuda 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Total de Quejas 168 236 277 230 265 206 141 161 141 170 189 208Total de Recomendaciones 32 30 23 14 15 14 9 10 10 12 17 15

CDHE

Quejas 112 228 269 220 259 190 138 160 137 166 184 207

Recomendaciones 4 28 22 13 14 13 9 10 10 12 17 13

Quejas que se elevan a recomendacióna 3.57 12.28 8.18 5.91 5.41 6.84 6.52 6.25 7.30 7.23 9.24 6.28

CNDH

Quejas 56 8 8 10 6 16 3 1 4 4 5 1

Recomendaciones 28 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2

Quejas que se elevan a recomendacióna 50.00 25.00 12.50 10.00 16.67 6.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00


a: Porcentaje.

QUEJAS Y RECOMENDACIONES EN EL ESTADO DE PUEBLA

En cuanto al porcentaje de quejas que se presentaron en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, las que alcanzan el grado de recomendación ha ido en aumento, tal como se muestra en el cuadro siguiente, mientras que para la Comisión Nacional de Derechos Humanos la relación es inversa, pasando de un primer momento (1993) en el que el 50 % de las quejas se convertían en recomendación, hasta alcanzar durante cinco años consecutivos cero recomendaciones. Es importante mencionar que las 2 recomendaciones emitidas por la comisión nacional en el año 2004, fueron de carácter general a todas las procuradurías e instancias de seguridad pública en el país.

Del universo de las quejas, el 47 % correspondieron a elementos de la policía judicial, el 42 % a agentes del Ministerio Público, el 10 % a agentes subalternos del Ministerio Público y el 1 % restante a otros servidores públicos de la procuraduría. Las exigencias actuales de la sociedad requieren de la actualización del marco jurídico, a efecto de subsanar deficiencias, lagunas e incluso contradicciones y que responda la legalidad a las necesidades de procuración de justicia, con la activa participación del gobierno y los ciudadanos para garantizar el respeto a los derechos fundamentales de las personas y la transparencia en la función pública. Actualmente el marco jurídico en el que se desenvuelve la procuración de justicia en el estado es la siguiente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; Ley de Seguridad Pública del Estado; Código de Defensa Social para el Estado; Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado; Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado y el Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado. La actual Ley Orgánica de la Procuraduría fue publicada en marzo de 1996, que respondía a las necesidades de procuración de justicia de la población de ese momento. En el año 1995 se iniciaron 54 mil 454 averiguaciones previas; sin embargo la demanda rebasó los límites

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esperados por la institución, ya que al cierre del año 2004, se iniciaron 64 mil 438 averiguaciones que representaron un incremento del 18.33 % respecto a 1996. En virtud de lo anterior, se hace necesario la actualización de los instrumentos jurídicos como la Constitución Local, Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia respecto a las facultades delegables del Procurador; al Reglamento de la Ley Orgánica respecto a la estructura y las facultades de las áreas. De acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en el año 2004, el estado de Puebla contaba con una población total de 5 millones 453 mil 153 habitantes; mientras que la Procuraduría con 120 agentes del Ministerio Público Investigadores y con 58 agencias del Ministerio Público, por lo que se deduce que a cada Agente del Ministerio Público le corresponde la atención de 94 mil 19 personas y a cada Agencia del Ministerio Público 45 mil 443 personas aproximadamente. Es indudable que la profesionalización de los cuerpos policiales y del Ministerio Público es urgente y debe basarse en una capacitación constante y de forma especializada, que permita proporcionar el servicio acorde a las necesidades cambiantes de la sociedad.

3. Impartición de Justicia La Impartición de Justicia en la entidad, se encuentra depositada en el Poder Judicial del Estado, institución encargada de determinar el alcance y contenido del Sistema Jurídico Estatal. La Administración de Justicia en al ámbito estatal, es un espacio vital de vinculación entre algunos sectores de la sociedad y el propio Estado, además de ser el mecanismo de legitimidad del régimen fundado en el Estado de Derecho. La impartición de justicia se encuentra articulada con la Seguridad Pública porque responde a uno de los objetivos que es combatir sistemáticamente la delincuencia y responder adecuadamente a una de las más sentidas demandas sociales, plasmados en la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En los últimos años y particularmente, a finales de los años noventa, esta función social se encontraba vulnerada por diversas causas, entre las cuales sobresale el crecimiento desmedido de la atención a los ciudadanos, quienes demandan justicia pronta y expedita. Además, se requería la generación de nuevos mecanismos que permitieran de manera alterna la pronta expedición de justicia; asimismo, se hacía necesario impulsar la flexibilización y cobertura jurídica a los pueblos indígenas, quienes largamente han anhelado la plena convivencia de la Ley y los usos y costumbres regionales, sin trasgresión al Estado de Derecho.

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Seguridad Pública

Asimismo, la profesionalización de los integrantes del Poder Judicial es un requerimiento permanente para los funcionarios de esta instancia, a fin de robustecer la eficiencia de sus funciones, y afianzar la credibilidad de sus actos ante el escrutinio social, en un marco de transparencia y abatimiento de la discrecionalidad. El Poder Judicial del Estado se estructura por 56 Juzgados de Primera Instancia en 22 Distritos Judiciales, a fin de atender a la población en la entidad. En diciembre de 2002 fue aprobada la Ley Orgánica del Poder Judicial y entro en vigor a partir del primero de enero de 2003. Con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se crearon nuevas condiciones para la autonomía financiera y administrativa de esta instancia gubernamental, además de otras atribuciones que permitió mejorar el rubro de la administración de justicia, entre las que sobresalen en el ámbito jurisdiccional, la creación de Juzgados Municipales con competencias en materia civil y penal, a fin de reestructurar a los juzgados menores de los civil y penal. Se aprobó la creación de el Instituto Judicial y Ministerial del Estado de Puebla, espacio concebido para fortalecer a los trabajadores de la procuración y administración de justicia a través de programas de educación superior, especialmente orientados a profesionalizar a la función ministerial y jurisdiccional. Para la atención de los pueblos indígenas, fueron creados los Juzgados Indígenas en Cuetzalan del Progreso, Pahuatlán del Valle, Alcomunga, Huehuetla, Quimixtlán y Tlacotepec de Porfirio Díaz. También, fue creado el organismo denominado Instituto de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado, cuyas funciones serán las de crear la cultura de la solución de problemas sin controversias jurisdiccionales. Se mejoró la infraestructura del Poder Judicial a través de diversas obras en el territorio estatal, destacando por su magnitud y trascendencia la construcción de la Ciudad Judicial, donde se encuentran funcionando las 6 Salas del Tribunal Superior de Justicia, constituyendo la obra civil más importantes de los últimos años en esta materia. La actividad jurisdiccional de la entidad, presenta un comportamiento prácticamente homogéneo en el porcentaje de presuntos delincuentes registrados en juzgados de primera instancia, tal y como lo podemos observar en el siguiente cuadro:

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PORCENTAJE DE PRESUNTOS DELINCUENTES REGISTRADOS EN JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIAEN PROCESO PENAL POR ENTIDAD FEDERATIVA DE OCURRENCIA, SEGÚN FUERO 2002 - 2003(Porcentaje)

Fuero Común Fuero Federal Fuero Común Fuero Federal Fuero Común Fuero Federal

Estados 89.6 89.6 89.8 89.2 88.7 87.3Aguascalientes 94.4 79.4 88.0 84.1 86.9 83.7Baja California 95.5 86.3 94.7 78.4 94.8 79.3Baja California Sur 88.5 88.7 84.1 72.1 76.0 79.6Campeche 85.7 93.3 89.9 91.9 84.6 85.4Coahuila 92.6 89.9 92.2 91.3 94.1 90.7Colima 89.6 88.3 87.3 91.7 82.6 90.8Chiapas 93.3 88.4 92.7 92.8 88.2 84.4Chihuahua 84.5 85.0 84.2 86.2 82.6 86.5Distrito Federal 95.4 88.4 95.8 84.9 94.9 83.9Durango 92.0 91.7 88.2 90.5 91.6 93.6Estado de Máxico 93.1 95.7 91.6 96.6 93.8 94.7Guanajuato 82.2 94.1 84.5 91.2 83.8 94.9Guerrero 93.5 95.0 92.3 91.5 92.1 89.7Hidalgo 78.7 89.0 79.0 92.5 78.6 93.5Jalisco 89.8 94.1 91.0 93.0 88.8 91.9Michoacán 93.0 92.9 91.8 91.7 92.0 88.1Morelos 87.8 95.6 86.8 98.4 81.8 93.2Nayarit 92.0 84.1 90.5 94.7 92.2 89.5Nuevo León 95.4 94.4 94.2 92.3 91.7 83.5Oaxaca 90.1 93.8 91.5 91.6 88.7 86.7Puebla 96.0 92.6 95.4 97.6 95.6 93.2Querétaro 95.6 95.4 95.9 95.3 95.3 97.2Quintana Roo 85.3 85.3 88.6 88.8 85.3 86.6San Luis Potosí 79.6 88.8 78.1 91.0 73.4 85.8Sinaloa 87.6 89.2 88.0 92.8 88.0 87.9Sonora 92.5 84.5 93.5 86.3 92.8 85.4Tabasco 87.3 86.1 87.5 88.1 88.3 76.1Tamaulipas 91.2 92.7 90.2 87.2 88.7 89.3Tlaxcala 84.1 94.7 84.4 97.4 80.0 91.5Veracruz 81.3 87.5 83.4 96.8 83.0 84.3Yucatán 85.5 91.9 89.9 92.0 88.6 83.7Zacatecas 91.9 90.5 92.0 93.4 92.9 86.9

Fuente: INEGI, Estadísticas Judiciales en Materia Penal.

Nota: Comprende a los que están en auto de formal prisión y con auto de sujeción a proceso.

Entidad Federativa

2001 2002 2003

Nota: Excluye los casos ocurridos en el extranjero y entidad federativa no especificada.

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Seguridad Pública

DELITOS PENALES DE MAYOR INCIDENCIA SEGÚN TIPO2004(Delitos)

Fuente: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

2,820

1,855

519266

Lesiones Robo Homicidio Violación

En 1994, en el estado de Puebla, se radicaron un total de 72 mil 733 asuntos, de los cuales 17 mil 332 correspondieron al área civil, 18 mil 287 al área mercantil, 25 mil 261 al área familiar y 11 mil 853 al área penal.

De los 11 mil 853 expedientes radicados en primera instancia durante el 2004, los delitos penales de mayor incidencia según su tipo, destacan los siguientes: lesiones con 2 mil 820, robo con una cifra de mil 855, homicidio 519 y violación 266. En ese mismo año, los juzgados de primera instancia del Estado de Puebla, dictaron 39 mil 109 sentencias, de las cuales 9 mil 242 correspondieron a asuntos en materia civil, 7 mil 675 en materia mercantil, 12 mil 52 familiares y 10 mil 140 en materia penal.

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JUICIOS RADICADOS EN PRIMERA INSTANCIA1999 - 2004(Juicios)

Fuente: H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.

126,882

101,839 101,605

66,958

Juicios Familiares Juicios Civiles Juicios Mercantiles Juicios Penales

En Puebla de 1999 a 2004, se radicaron en primera instancia un total de 397 mil 284 juicios, de los cuales el 25.66 % correspondieron a juicios civiles, el 25.57 % mercantiles, el 31.93 % familiares y el 16.85 % a juicios penales. Cabe señalar que es en materia penal en donde se radica el menor número de juicios radicados en primera instancia. En el año 2004 fueron dictados 4 mil 200 autos de formal prisión en los distritos judiciales de la entidad y fueron resueltos mil 868 asuntos entre particulares a través del Centro de Mediación. Los asuntos familiares representaron la mayor proporción de las sentencias dictadas por los Juzgados de Primera instancia que integran el Poder Judicial del Estado.

4. Readaptación Social La readaptación social como parte fundamental de la reintegración del individuo que ha sido condenado a prisión, debe manejarse bajo una construcción evidentemente programada y funcional, que permita establecer en forma determinante los beneficios presentes y futuros del ejecutor del delito. Es competencia del Gobierno del Estado, organizar el sistema de centros de readaptación social de la Entidad, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación del delincuente.

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Seguridad Pública

2005 1 /

(CERESOS / Persona)

TOTAL GOBIERNO FEDERAL %

GOBIERNO DEL

DISTRITO FEDERAL

% GOBIERNOS ESTATALES % GOBIERNOS

MUNICIPALES %

CENTROS 455 6 1.32 10 2.20 369 81.10 70 15.38POBLACIÓN 202,994 2,607 1.28 29,977 14.77 163,757 80.67 6,653 3.281/ Datos al mes de mayo.Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal.

CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL, SEGÚN COMPETENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓNPENITENCIARIA EN MÉXICO

El objetivo, es lograr la recuperación de los infractores mediante los ejes rectores contemplados por nuestra Carta Magna, con los cuales se logra su reintegración a su núcleo social de manera productiva con beneficio propio y al entorno en el que se encuentra, asimismo se busca la prevención para evitar conductas antinormativas.

Los centros de readaptación social que existen en México, son de competencia Federal, Estatal y Municipal, con un total de 455 establecimientos penales, donde se alberga una población penitenciaria de 202 mil 994 reclusos. Los estados del país, sin considerar al Distrito Federal, tienen un total de 369 centros penitenciarios, es decir el 81.10 por ciento, en donde se encuentran recluidos 163 mil 757 internos, esto es, el 80.67 %, como lo muestra el cuadro siguiente.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA EN MÉXICO2005 1/

(Porcentaje)

1/ Datos al mes de mayo.Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal.

81.10

15.38

1.322.20

Gobierno Federal

Gobierno del Distrito Federal

Gobiernos Estatales

Gobiernos Municipales

Total: 455

31

El Estado, cuenta con 22 establecimientos penales para el internamiento de adultos y un Centro de Observación y Readaptación Social para Menores Infractores, de los cuales cuatro dependen directamente del Gobierno del Estado: Puebla, Tepexi de Rodríguez, Ciudad Serdán y el Centro de Observación y Readaptación Social para Menores Infractores del Estado de Puebla (CORSMIEP). De igual forma le compete al Estado, la supervisión de 19 establecimientos penales municipales, reconocidos así jurídicamente; de los cuales tres son considerados centros de readaptación social regionales porque su infraestructura es menor a la de los estatales y superior a la de los Centros Penitenciarios distritales. Por otra parte 16 son denominados centros penitenciarios distritales, en virtud de que albergan a internos pertenecientes al Distrito Judicial en el que se ubica, mismos que no reúnen los requisitos de infraestructura ni de personal que debe tener como mínimo un Centro de Readaptación Social. Tomando en consideración el Índice de Población Penitenciaria en México, el cual se expresa a través del número de población penitenciaria por cada mil habitantes, en el año 2004 se alcanzó una tasa de 1.81 %, mientras que el Estado de Puebla en el mismo periodo registró una tasa de 1.23 %. El comportamiento de este índice a nivel nacional en el periodo comprendido de 1995 a 2004 ha mostrado un incremento significativo, ya que en el primer año se tuvo una tasa del 1.00 % y para el último de 1.81 %, es decir en casi 10 años, este índice se incrementó en 0.81 puntos porcentuales. Asimismo, en el Estado de Puebla el comportamiento fue ascendente al registrar en el año de 1995 una tasa del 0.70% y en el 2004 una cifra de 1.23 %, esto es, que en el mismo periodo registro un incremento de 0.75 puntos porcentuales.

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Seguridad Pública

ÍN DICE D E POB LAC IÓ N PENITEN CIAR IA N AC IO NA L Y PU EB LA1 995 - 200 4(Tas a por ca da m il hab itantes )

Cifras Absolutas

Tasa por cada 1000 habitantes

Cifras Absolutas

Tasa por cada 1000 habitantes

Cifras Absolutas

Tasa por cada 1000 habi tantes

Naci onal1995 93,574 1.00 23,286 0.25 70,288 0.75

1996 103,262 1.09 26,341 0.28 76,921 0.81

1997 114,341 1.18 28,441 0.29 85,900 0.89

1998 128,902 1.32 31,852 0.33 97,650 0.99

1999 142,803 1.44 37,119 0.37 105,681 1.06

2000 154,765 1.54 41,647 0.41 113,118 1.12

2001 165,687 1.63 44,594 0.44 121,693 1.19

2002 172,686 1.68 47,776 0.46 125,112 1.21

2003 182,530 1.75 49,160 0.47 133,370 1.28

2004 p/ 190,509 1.81 49,396 0.47 141,113 1.34

Puebla

1995 3,419 0.70 318 0.07 3,101 0.64

1996 4,156 0.84 397 0.08 3,759 0.76

1997 4,543 0.91 413 0.08 4,130 0.82

1998 4,837 0.95 436 0.09 4,401 0.86

1999 5,118 0.99 476 0.09 4,642 0.90

2000 5,435 1.04 484 0.09 4,951 0.95

2001 5,649 1.07 555 0.10 5,094 0.96

2002 6,022 1.12 574 0.11 5,448 1.02

2003 6,504 1.20 494 0.09 6,010 1.11

2004 p/ 6,760 1.23 509 0.09 6,251 1.14

p/ : prelim inar. Fuente: Secretaría de Seguridad Pública Federal.

Total Fuero Federal Fuero Com ún

AñoId

Hasta 2004, el estado de Puebla, registró una población penitenciaria de 6 mil 831 internos, teniendo una capacidad de solo 4 mil 680 espacios físicos. Esta situación origina una sobrepoblación de 2 mil 151 internos, es decir el 45.96 %.

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SOBREPOBLACIÓN PENITENCIARIA POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA1

2004(Porcentaje)

1: Se refiere al tamaño y operación adminiatrativa. Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección de Centros Penitenciarios.

53

40

33

Estatal Regional Distrital

En este mismo rubro de 1999 al 2004, la capacidad de espacios físicos en el estado ha tenido un comportamiento ascendente; sin embargo, no ha sido el mismo ritmo de crecimiento de la población penitenciaria, destacando que en el año 2002 se tuvo un incremento de mil 122 espacios de internamiento con la construcción del Centro de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez.

2004(CERESOS / Personas)

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA1/

NÚMERO DE CERESOS PROCESADOS SENTENCIADOS CAPACIDAD

INSTALADATOTAL 22 2,351 4,480 4,680Estatal 3 1,093 2,906 2,608Regional 3 613 905 1,083Distrital 16 645 669 9891/ Se refiere al tamaño y operación administrativa.Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Centros de Readaptación Social.

ESTABLECIMIENTOS PENALES EN LA ENTIDAD, POR DEPENDENCIAADMINISTRATIVA, POBLACIÓN PENITENCIARIA Y CAPACIDAD INSTALADA

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Seguridad Pública

1999 - 2004(Persona)

Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Centros de Readaptación Social.

POBLACIÓN PENITENCIARIA, CAPACIDAD INSTALADA Y PORCENTAJEDE SOBREPOBLACIÓN EN LOS CERESOS DEL ESTADO DE PUEBLA

5,1095,500 5,631

6,0326,498 6,831

4,6804,6734,508

3,5053,160

3,644

54.53

45.9639.05

33.80

56.9061.68

0

2,000

4,000

6,000

8,000

1999 2000 2001 2002 2003 20040.0

40.0

80.0

Población Penitenciaria Capacidad Instalada Porcentaje de sobrepoblación

En el proceso de readaptación social, la pena impuesta al reo tiene como finalidad que durante el tiempo que se encuentra privado de su libertad, se aplique un tratamiento técnico y progresivo, a través de la inserción del individuo a la práctica de diversas disciplinas, siendo como base fundamental el trabajo, la capacitación para el mismo y la educación, generando la inclusión de nuevos valores y así tenga una nueva perspectiva de vida. Como política para fortalecer y generar trabajo dentro de las instituciones penitenciarias, se celebran convenios con particulares cuyo objetivo es establecer industrias y talleres al interior de los mismos, elevando con ello la autoestima del interno al sentirse productivo dentro de su entorno; de igual forma, el trabajo es considerado como un factor para el otorgamiento de algún beneficio de libertad anticipada. Los internos que trabajan lo hacen en labores lícitas y honestas, sus actividades se consideran como hechos meritorios y de beneficio propio, el cual ha sido implantado como medio para su readaptación social. Del año 1999 a 2004 se reflejó una mayor participación de los internos al trabajo, tal y como se muestra en la gráfica siguiente.

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1996 - 2004(Persona)


POBLACIÓN PENITENCIARIA INCORPORADA AL TRABAJO

4,251 4,5024,032 4,282 4,482 4,610 4,502

5,5395,929

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

La capacitación para el trabajo como medio de readaptación social, se instrumenta a través de la celebración de convenios institucionales que tienen por objeto impartir cursos de diversas especialidades por medio de los cuales se les enseña a los internos a mejorar sus técnicas de producción, así como la elaboración de productos competitivos y de calidad, que le permiten al obtener su libertad nuevas opciones de trabajo.

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Seguridad Pública

Tomando en consideración que todo individuo tiene derecho a recibir educación y desarrollar armónicamente en su totalidad sus facultades intelectuales, es imprescindible impartir educación a los internos, ya que se pretende fomentar los valores cívicos, culturales, sociales, físicos y éticos, los cuales en todo momento son orientados por las técnicas de la pedagogía correctiva a cargo de los especialistas en la materia, en este rubro es importante señalar que en el sistema penitenciario estatal se instruyen los niveles de alfabetización, básico, medio superior y superior.

1996 - 2004(Persona)


POBLACIÓN PENITENCIARIA CAPACITADA PARA EL TRABAJO

147211

885

534

829

1,264

281

876

1,133

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

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POBLACIÓN PENITENCIARIA INSCRITA EN PROCESOS EDUCATIVOS1999 - 2004(Persona)

Nota: Comprende educación básica, media superior y superior. Fuente: Secretaría de Seguridad Pública. Dirección General de Centros de Readaptación Social.

1,450 1,486

1,839

2,942

2,709

3,217

1999 2000 2001 2002 2003 2004

La readaptación social del delincuente debe lograrse a través de un tratamiento institucional de carácter individual, progresivo y gradual, integrado por períodos de estudio jurídico y conductual, de diagnóstico del perfil criminológico, de tratamiento y de reintegración. Los beneficios de libertad anticipada tienen como finalidad la excarcelación antes de la total compurgación de su condena y se desarrolla en la etapa final de la reclusión, siendo esto un estímulo para que el reo apegue su conducta a la normatividad y participe en las actividades institucionales y observe un avance significativo en el proceso de readaptación social. A partir de 1999 con la adición del artículo 54 bis de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad para el Estado, se limitó la concesión de beneficios de libertad anticipada para quienes se encuentren dentro de algunas hipótesis de los delitos previstos por el artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado, considerados por éste como graves. Esta disposición ha tenido un impacto en el número de beneficios de libertad anticipada otorgados, por citar un ejemplo, en el año 2001 se otorgaron 474 beneficios, mientras que en el

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Seguridad Pública

BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA OTORGADOS 1999 - 2004(Beneficios)


214

265

474

241

6744

1999 2000 2001 2002 2003 2004

año 2004, sólo se otorgaron 44, ocasionando esta situación un incremento al índice de sobrepoblación penitenciaria y originando, por consiguiente, la falta de interés de los reclusos para integrarse al proceso de readaptación.

El traslado de internos a otros establecimientos penales tiene como propósito mantener un estado de seguridad, estabilidad y orden en los mismos, así como asegurar la integridad física de los internos. La rotación de reclusos se determina en función de la conducta y el grado de peligrosidad de los internos; otra finalidad del traslado de éstos, es para beneficiar a aquellos que por su buen comportamiento y nivel de readaptación son acreedores a ser reubicados a un centro penal más cercano a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social.

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1999 - 2004(Persona)


TRASLADOS A LOS DIFERENTES CENTROS DE READAPTACIÓN SOCIAL

315 309

558

1,458

738821

1999 2000 2001 2002 2003 2004

En este rubro, como lo muestra la gráfica siguiente, en los años 2002, 2003 y 2004, se realizó el mayor número de traslados.

Las políticas publicas que en materia de seguridad pública se han instrumentado durante los últimos 12 años en la entidad, le han permitido al Estado registrar importantes avances en esta materia, y aún cuando la entidad no es ajena al panorama delictivo que prevalece en distintas regiones del país, ni al del entorno de las entidades federativas que le circundan, uno de los activos sociales prevalecientes es la baja incidencia delictiva que el estado registra en el contexto nacional. En este sentido, Puebla esta considerada como una de las entidades más seguras del país por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este logro de las recientes administraciones, ha tenido como sustento políticas y prácticas exitosas basadas en el paradigma de la prevención del delito y los esfuerzos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. En este sentido, durante los tres últimos años, el Gobierno del Estado ha trabajado con programas modelo implementados por la otrora Subsecretaría de Seguridad Pública, programas cuyo impacto es tangible y sujeto de medición. Actualmente, se cuenta con una base de datos delincuencial confiable, formada con información de aquellos delitos que se cometen en un lugar y tiempo determinados, que generalmente no llegan al conocimiento de la autoridad, pero que son denunciados o conocidos por la ciudadanía y que son objeto de publicidad a través de los medios de comunicación masiva o de la aplicación de instrumentos de medición (encuestas de opinión y entrevistas), lo que se conoce como la “cifra negra”.

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Seguridad Pública

Como prueba piloto, fue seleccionado el Municipio de Puebla por ser el que mayor incidencia delictiva presenta y porque su composición poblacional es heterogénea, del estudio de la delincuencia, se conformó el primer Atlas Delictivo. Ese trabajo cuya información es confidencial, presenta el delito de robo en sus diversas modalidades, delito que por su incidencia y trascendencia impactó a la sociedad en el periodo de enero a noviembre del año 2004, y que se mantiene actualizado. Se está en la etapa del máximo aprovechamiento de la información recabada. Por su parte, entre otras prácticas importantes que se dieron en la pasada administración, destacan los cursos de Seguridad Vial y de Manejo a la Defensiva, mismos que registraron 20 mil 478 y 2 mil 996 participantes durante el sexenio 1999 – 2005 respectivamente; no obstante, los cursos de educación vial se están revaluando sus contenidos temáticos, para lo cual, se establecieron convenios de colaboración con las autoridades educativas de la entidad. Así mismo, por lo que respecta a los cursos de manejo a la defensiva se establecerán mecanismos de evaluación de desempeño y de adquisición de habilidades de Instrucción, que permitan corroborar la competencia de nuestros instructores, de acuerdo a las normas de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de la Federación, pues se percató que los cursos inciden en la obtención y mantenimiento de certificaciones ISO 9000 en las empresas que solicitan este tipo de servicio. Otras prácticas exitosas son los operativos preventivos de seguridad vial que en el sexenio pasado ascendieron a 707 mil 267; sin embargo, aquellos de coordinación con otras corporaciones fueron poco representativos, y se tiene identificado que dichos operativos conjuntos conllevan varios factores de éxito que serán motivo de gran impulso, con esquemas de participación interinstitucional. Si bien es cierto los municipios cuentan con recursos que les permiten instalar y dar mantenimiento a la señalética vial de su territorio, la movilidad del personal de los municipios no permite la creación de cuadros preparados de personal en este rubro. Por ello, es práctica de la Dirección de Seguridad Vial facilitar personal técnico especializado, proyectos de ingeniería vial e instalación gratuita de señalética vial y semáforos, lo que permitió el sexenio pasado: instalar 390 semáforos, 7 mil 884 señalamientos verticales, cubrir 575 mil 333 metros lineales de pintura tráfico y realizar 277 estudios de ingeniería vial en los municipios. Por lo que se refiere al ámbito de la procuración de justicia, durante las 2 administraciones pasadas, se obtuvieron avances acercando la procuración de justicia a zonas distantes con la creación de nuevas agencias del Ministerio Público en el interior del estado y agencias especializadas en la investigación de homicidios, delitos sexuales, robo de vehículos, delitos culposos y delitos forestales; direcciones y coordinaciones regionales de averiguaciones previas, así como comandancias de la policía judicial; se incorporaron unidades administrativas como la Dirección de la Supervisión General para la Protección de los Derechos Humanos, la Fiscalía

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Especializada para Asuntos Indígenas y la Dirección de Investigación y Persecución de Secuestros.

Con relación a la infraestructura y con el apoyo del gobierno del estado, se remodelaron el Centro de Procuración de Justicia y La Casa de las Bochas, lo que permitió descentralizar algunos de los principales servicios que eran proporcionados en el edificio principal de la Procuraduría.

Por otra parte, se adicionó la mediación en materia penal como un procedimiento alternativo de solución a los conflictos de esta índole; se crearon departamentos de atención a víctimas de delitos en Puebla, Tehuacán, Huauchinango, Izúcar de Matamoros y Teziutlán ampliando la cobertura de atención en zonas estratégicas del estado; y se puso en marcha el Centro de Protección a Víctimas de Delitos (CEPROVIC) en la ciudad de Puebla, para proporcionar albergue temporal y gratuito a las víctimas que lo requieran.

Además, se impulsó la coordinación con otras corporaciones policiales en materia de seguridad pública para instrumentar operativos de seguridad y prevención como los denominados SÉRPICO, metropolitano intermunicipal, base de operaciones mixtas, protección a la juventud, coordinaciones regionales, sorpresa a escuelas; seguridad al pasajero, coordinación de autoridades territoriales, investigación de secuestros, antidrogas y contra la tala clandestina, dichos operativos contribuyeron a disminuir los delitos de mayor impacto en el estado.

Por otra parte y con la finalidad de agilizar la investigación ministerial se incorporaron 2 laboratorios móviles de criminalística, así como el equipamiento de los laboratorios de servicios periciales.

En materia de la Administración de Justicia, el Estado cuenta actualmente con un marco normativo nuevo, la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recientemente entró en vigor y que propiciará una redimensión del quehacer de las diversas instancias encargadas de la impartición de justicia en la entidad.

Además, se cuenta también con un Centro de Mediación, instancia novedosa que contribuye significativamente en la solución de conflictos entre los particulares.

Para apoyar a los grupos étnicos en materia de la administración de justicia, fueron creados 3 juzgados indígenas, a través de los cuales, jueces bilingües imparten justicia entre la población en la lengua predominante de la zona, contribuyendo a mejorar la paz social y gobernabilidad de las regiones étnicas.

En materia de infraestructura, la entidad cuenta con una Ciudad Judicial ubicada en el municipio de San Andrés Cholula, recinto diseñado para albergar a todas las áreas que integran el ámbito de la impartición de justicia en la entidad.

En lo referente a los centros de readaptación, en esta materia, el Estado ha logrado implementar como prácticas exitosas la construcción de infraestructura penitenciaria de mediana seguridad como es el caso de los Centros de Readaptación Social de Tepexi de Rodríguez y Ciudad Serdán, en los que se alberga a una población mayor a mil internos, lo que permitió disminuir el nivel de sobrepoblación en el estado.

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Seguridad Pública

Los resultados que el sector ha obtenido a la fecha, muestran importantes esfuerzos para que, además del cumplimiento de las funciones que cada de cada uno de los actores tiene encomendadas, se denote un compromiso más allá de la función social que el Estado le ha encargado. Empero, el Sector Seguridad Pública presenta algunas limitantes que han impedido su cabal desarrollo, algunas de las cuales son aspectos en los que la participación de la sociedad es definitiva, y otros en los que el gobierno debe mejorar sus procesos internos, a fin de alcanzar una seguridad pública confiable y propicia para el desarrollo de la entidad. Así, se destaca como la principal debilidad que enfrenta el Sector Seguridad Pública el poco o casi nulo avance en el fomento a la cultura de la prevención del delito y de la denuncia; quizá este es el eslabón más frágil y punto de partida de las situaciones que han limitado el pleno desarrollo del sector. En el rubro de la prevención del delito, se consideran los siguientes:

Participación Ciudadana La confianza de la sociedad hacia las instituciones responsables de la seguridad pública, es un factor decisivo que se encuentra seriamente mermado por diversas causas, como la ineficiente actuación de algunos de sus integrantes, así como por la vulnerabilidad en los valores cívicos y ciudadanos de servidores públicos y miembros de la sociedad civil, situación que ha fomentado la percepción de inseguridad entre el conjunto de los ciudadanos en la entidad. La carencia de una amplia conciencia de los poblanos para coadyuvar en las labores de seguridad pública denunciando los actos delictivos, además de establecer frentes comunes para atacar el problema de las adicciones que tanto afecta a la juventud.

Capacitación, Actualización y Dignificación Policial La figura del policía se encuentra deteriorada por la desconfianza que los ciudadanos presentan hacia las instituciones de seguridad, lo que impide un mayor acercamiento; permitiendo un mayor alcance al enfrentar el reto de la inseguridad que se vive actualmente. La dignificación de la labor policial es otro de los retos a conquistar y ha de considerarse como factor que incide en el trabajo del sector; por ello, se deberá incentivar la disciplina y honestidad, con resultados que se puedan medir y que avalen el otorgamiento de estímulos. La falta de profesionalización de los elementos de los cuerpos de seguridad pública es un factor que incide en los resultados sociales, por lo que es indispensable su profesionalización y establecer mecanismos eficaces de reclutamiento y selección de personal a fin de que los futuros policías cuenten con valores éticos que permitan prevenir no sólo el delito, sino que contribuyan a la erradicación de la corrupción.

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Para incrementar la participación en la labor preventiva de la vigilancia policial, es necesario involucrar a las empresas de seguridad privada, mediante una estricta coordinación con las instituciones encargadas de mantener el orden y la paz pública. Coordinación Interinstitucional A fin de integrar sistemas de información que permitan coadyuvar en las tareas de combate a la delincuencia organizada. Con el propósito de estar alineados con el plan estatal nacional de desarrollo y con el Sistema Nacional de seguridad pública, se debe prever la necesidad de establecer estrategias de forma coordinada con instituciones federales y estatales de seguridad, a fin de integrar sistemas de información que permitan coadyuvar en las tareas de combate a la delincuencia organizada. También es necesario, contar con la colaboración de los municipios en la implementación de los programas de prevención del delito y participación ciudadana para abordar de manera integral las políticas encaminadas a combatir la inseguridad en el estado.

En el ámbito externo, la falta de información en materia de seguridad pública proveniente de todas las instituciones involucradas con el sector, ha contribuido en forma decisiva.

La radiocomunicación, entre los cuerpos de seguridad pública municipal y estatal, es por demás precaria, toda vez que la incompatibilidad de los medios de comunicación y la inexistencia alterna común de frecuencias para el enlace permanente que redunda en la coordinación y respuesta oportuna posible por zonas ante la comisión de delitos.

El sistema de comunicación MOTOROLA se encuentra en una etapa de receso, toda vez que la prioridad que ha representado el sistema MATRA, situación que agudiza la problemática para la operación efectiva de las bases de operaciones de Huitzilan de Serdán, Zacapoaxtla, Santa María del Monte, Ajalpan y Chiautla de Tapia.

A efecto de ampliar la cobertura en las siete regiones económicas del estado, se considera la construcción de inmuebles de cinco bases de operaciones en Ixcamilpa de Guerrero, Eloxochitlán, Jolalpan, Atlixco y San Martín Texmelucan.

En lo eferente a la seguridad vial, la señalética vial y semáforos se ha limitado la cobertura presupuestal para atender las necesidades mínimas de mantenimiento, generándose los siguientes problemas:

• Se disminuyó la eficiencia en la seguridad vial que se le proporciona a los ciudadanos. • Se dejaron de atender peticiones realizadas en el transcurso del año pasado de los municipios. • Se dejo a un lado el programa de actualización de sistemas de semáforos. • Peritaje de Accidentes Al involucrarse en un percance o infringir el reglamento vial en el estado, la autoridad pericial requiere de instrumentos necesarios e indispensables para cumplir con el procedimiento habitual,

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Seguridad Pública

desde protección personal en el lugar del accidente hasta apoyos técnicos para realizar su función, la carencia de estos elementos generan la siguiente problemática: En la elaboración de constancia de hechos de tránsito, se dificulta la medición del trayecto de los vehículos y de los ocupantes cuando estos salen del vehículo. • Al no poder delimitar y asegurar un perímetro en el lugar de los hechos. (cinta amarilla, conos y

gises). • Falta de pruebas de apoyo visual en peritajes. • La falta de equipo de protección pone en riesgo la integridad física de los elementos (peritos)

así como de los ciudadanos al realizar los peritajes. En los casos en que los conductores infractores van en estado de ebriedad existen problemas de certeza jurídica al dictaminar el grado de alcoholismo debido a la falta de equipo especializado para tal fin. En el rubro de la procuración de justicia, en el ámbito social, subsiste un escaso fomento a la cultura de solución de conflictos en materia penal, como la mediación, así como de la prevención del delito, uso de drogas, alcohol desconocimiento de la población del proceso de integración y determinación de las averiguaciones previas; falta de sensibilidad de los servidores públicos en el trato que brindan a la ciudadanía; desconfianza de la población en la seguridad pública y la procuración de justicia. Es imprescindible considerar los factores sociales que inciden en el sector como el crecimiento de la población, el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción. Los retos a los que se enfrenta la actual administración son el mejorar la Procuración de Justicia en los aspectos humano, operacional y tecnológico.

En el rubro de la procuración de justicia, en el ámbito externo, subsiste un escaso fomento a la cultura de solución de conflictos en materia penal, mediante la mediación, así como de la prevención del delito y a las adiciones; desconocimiento de la población del proceso de integración y determinación de las averiguaciones previas; falta de sensibilidad de los servidores públicos en el trato que brindan a la ciudadanía; baja confianza de la población en la seguridad pública y la procuración de justicia. Es imprescindible considerar los factores sociales que inciden en el sector como el crecimiento de la población, el desempleo, el alcoholismo y la drogadicción.

Los retos a los que se enfrenta la actual administración son el mejorar la Procuración de Justicia en los aspectos humano, operacional y tecnológico.

La Administración de Justicia representa quizá la parte más tradicional de la aplicación de la justicia, ámbito en el que las figuras de jueces y magistrados cobran relevancia especial en la composición del tejido social. La principal limitante que presenta éste importante eslabón de la seguridad pública en la entidad, reside en que esta función de la seguridad pública se aloja en el Honorable Tribunal Superior de Justicia, instancia que se erige como el Poder Judicial del Estado, y que conforme al principio del

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equilibrio de poderes, se establece sólo un sentido de colaboración, amen de que un ninguno de los tres poderes del Estado tiene preponderancia sobre alguno de los otros dos. Así, en este contexto, en la formulación del presente programa sectorial, el ámbito de la Administración de Justicia queda excluido, considerando que en el marco de la rendición de cuentas y transparencia de los recursos públicos, el Poder Judicial del Estado, presenta un balance anual ante el escrutinio público y de la sociedad en general. A pesar de los esfuerzos realizados por el Ejecutivo Estatal, en el rubro de la Readaptación Social persisten otros factores que limitan el logro de una política funcional como son: la existencia de una disposición normativa como el artículo 54 bis de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad, que restringe el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, precepto que convierte al Sistema de Readaptación Social en uno carcelario o de reclusión. No existen disposiciones normativas que contemplen figuras sustitutivas a la prisión; asimismo, algunas de las disposiciones penitenciarias actuales son contradictorias, por ejemplo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 último párrafo establece …Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de readaptación social…, mientras que la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad en su artículo 7º versa …El sentenciado a prisión extinguirá su condena, de preferencia, en la penitenciaria de la zona a la que corresponda el Distrito Judicial donde fue sentenciado… . De lo anterior, se desprende que se señalan dos los lugares en los que el sentenciado deberá compurgar su pena, dejando en el segundo caso libre la elección al ejecutor para designar el lugar para tal efecto. Otro ejemplo lo podemos encontrar entre la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad que en el articulo 54 Bis señala que …no se concederán beneficios de libertad anticipada a aquellos internos que hubiesen sido condenados por los delitos previstos en el artículo 69 incisos B, C, D, F, H, I, J, K, L, M, y S… del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, y que se contrapone con los artículos 110 y 111 del Código de Defensa Social para el Estado que señalan que “… el tratamiento preliberacional sólo podrá iniciarse si la persona sentenciada ha compurgado efectivamente la tercera parte de la sanción que se le impuso, así como que el ejecutivo podrá otorgar el beneficio de la libertad preparatoria a la persona sentenciada que hubiere cumplido con el tratamiento preliberacional…”, como se observa una ley restringe la concesión de beneficios y otra señala los requisitos para ser otorgados. Otros problemas que enfrenta el sector en esta materia, son la falta de normatividad para el procedimiento de ejecución de la pena y los medios de impugnación del mismo; el rezago judicial, que impide clasificar a los internos, así como la aplicación de un tratamiento individual y adecuado; de igual forma la aplicación de parámetros excesivos de la pena a cargo de los jueces penales, que son utilizados como de impacto social, cuyo resultado es el incremento de la población carcelaria.

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Seguridad Pública

II. VISIÓN El Sector Seguridad Pública será eficiente y eficaz generando las condiciones óptimas para garantizar la integridad física de las personas y los bienes patrimoniales, en donde las instituciones estén articuladas para combatir sistemáticamente la delincuencia fortaleciendo el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Durante esta administración, Puebla será una de las entidades más seguras del país, donde se privilegie la prevención del delito con la participación ciudadana, recuperándose la confianza y credibilidad en las instituciones.

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III. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE

ACCIÓN E INDICADORES

Objetivo 1 Garantizar una seguridad pública eficiente y eficaz a través de los programas y acciones implementados por las áreas de prevención del delito, a fin de atender y canalizar quejas y denuncias, privilegiando los derechos de los denunciantes. Estrategia y Líneas de Acción 1.1 Aumentar la operatividad en el ámbito policial con el propósito de fortalecer las medidas de prevención y lograr una mejor seguridad pública en el Estado. • Ampliar la cobertura en el servicio de seguridad pública a través de la creación de Cecores

(Centros de Coordinación Regional) y bases de operación. • Intercambiar información con los municipios, estados y la federación para contar con registros

de infractores y reincidentes locales, regionales y de aquellos que se mueven en el ámbito nacional.

• Ampliar convenios de coordinación con las policías municipales, estatales y federales, con el propósito de integrar un sistema de seguridad pública integral y de amplia cobertura.

• Implementar mecanismos y programas de coordinación con los grupos policiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

• Apoyar de manera permanente el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía Judicial del Estado.

• Aumentar la coordinación con entidades federativas circunvecinas para intercambiar información y elaborar planes estratégicos de prevención y combate regional a la delincuencia.

INDICADORES

Indicador Fórmula Situación Actual Meta Sexenal

Posición en Seguridad Pública de la Entidada Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) 10 6

Eficiencia Policial (Remisiones por la fragrancia en la comisión de delitos / Número de delitos cometidos) 95.00% 97.0%

Conocimiento de los Programas de Inseguridad y Recabación de Información

(Denuncias resueltas / Total de denuncias o por consulta a base de datos)*100 93.00% 96.0%

Actualización y Profesionalización de los Cuerpos de Policía en el Estado

(Número de policias capacitados y actualizados / Total de policías en el Estado)*100 95.00% 97.0%

Certificación de los Cuerpos Policiales (Número de policías certificados / Total de policias en el Estado)*100 35.00% 85.00%

Registro Actualizado de las Empresas de Seguridad Privada

(Número de empresas supervisadas / Total de empresas de seguridad privada)*100 100.00% 100.00%

a: Posición con respecto al cojunto de las 32 entidades federativas. Se refiere a la relación población/delitos por cada mil habitantes. a: El dato de población se obtiene con base en las proyecciones del CONAPO. Fuente: Secretaría de Seguridad Pública.

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Objetivo 2 Lograr que la procuración de justicia sea eficiente, eficaz, que responda a los derechos de las víctimas del delito; a través de la ampliación de la cobertura del servicio, del fomento a los valores, la sensibilización y el desarrollo de las capacidades de los servidores públicos, con la finalidad de generar la credibilidad y confianza de la ciudadanía. Estrategias y Líneas de Acción 2.1 Impulsar los mecanismos preventivos y operativos que permitan fortalecer el trabajo sustantivo del Ministerio Público. 2.2 Procurar justicia a los miembros de las comunidades indígenas que radican en territorio poblano. • Ampliar la cobertura de servicios de procuración de justicia con la creación de Agencias del

Ministerio Público y comandancias de la policía judicial. • Reducir los tiempos para dictar la determinación dentro de la indagatoria. • Privilegiar a la mediación como alternativa eficaz para la solución de las controversias en

materia penal, así como otros medios alternativos de solución de conflictos. • Crear la Policía Científica. • Mejorar la eficiencia de la actividad de la policía judicial para dar cumplimiento a los

mandamientos judiciales, así como el resultado de las investigaciones encomendadas por los Agentes del Ministerio Público.

• Fortalecer los órganos de vigilancia y control interno. • Promover la actualización del marco jurídico normativo relativo a la Procuración de Justicia. • Reestructurar funcional y orgánicamente la Procuraduría General de Justicia. • Mejorar los servicios periciales reduciendo los tiempos en la emisión de dictámenes para la

pronta integración de las averiguaciones previas. • Mejorar el equipamiento en tecnologías de información y criminalística. • Descentralizar los servicios periciales al interior del estado. • Mejorar la atención a las víctimas de los delitos y a los ofendidos, con acciones de información

de sus derechos, para salvaguardar sus garantías constitucionales. • Fortalecer la capacidad de respuesta y atención del Fondo para la Protección a las Víctimas de

Delitos. • Desarrollar en el personal el sentido de orgullo y pertenencia a partir de sus derechos,

obligaciones, prestaciones y reconocimiento de méritos en el servicio. • Lograr la certificación por parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública del personal

ministerial y operativo de la Procuraduría. • Consolidar la capacitación básica para los aspirantes al servicio policial y la especializada para

los mandos y agrupamientos específicos. • Fortalecer la preparación física, psicológica y práctica del personal en activo. • Crear la Academia de Capacitación para elementos policiales.

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INDICADORESIndicador Fórmula Situación

Actual Meta Sexenal

Determinación de Averiguaciones Previas (Averiguaciones Previas Determinadas / Averiguaciones Previas Iniciadas + Reiniciadas) * 100 65.0% 66.0%

Averiguaciones Previas con Negación de la Orden de Aprehensión y Citas de Comparecencia

(Averiguaciones Previas Consignadas con Negación de la Orden de Aprehensión y Citas de Comparecencia/

Averiguaciones Previas Consignadas sin Detenido) * 10029.0% 28.0%

Mandamientos Ministeriales y Judiciales Cumplidos (Mandamientos ejecutados / Mandamientos Recibidos ) * 100 93.0% 95.0%

Víctimas Atendidas ( Víctimas atendidas / Víctimas Solicitantes ) *100 91.0% 92.0%

Recomendaciones Recibidas de los Organismos Protectores de Derechos Humanos ( Recomendaciones Recibidas / Quejas Recibidas ) * 100 7.21% 7.00%

Fuente: Procuraduría General de Justicia del Estado.

Objetivo 3

Lograr la participación ciudadana para la prevención del delito, la denuncia responsable, mediante la cultura de la legalidad y la comunicación directa y cercana con la sociedad haciéndola partícipe en el combate a la delincuencia y a la impunidad. Estrategia y Líneas de Acción

3.1 Crear y fortalecer los canales de comunicación entre las instituciones del Sector Seguridad Pública y la sociedad.

• Instalar módulos itinerantes de atención ciudadana para orientar respecto a los servicios que se proporcionan en materia de Procuración de Justicia y el seguimiento de sus averiguaciones previas.

• Establecer un programa de acercamiento de los servidores públicos de la procuraduría en las comunidades y municipios para agilizar los trámites y descentralizar el servicio de procuración de justicia.

• Fomentar la prevención de los delitos, mediante la presentación de socio dramas dirigidos principalmente a la juventud.

• Suscribir convenios con instituciones educativas para la prevención del delito y la realización de prácticas profesionales.

• Verificar el trato y percepción social de la población con respecto a la procuración de justicia. • Mejorar los mecanismos de comunicación y atención oportuna de las quejas y

recomendaciones provenientes de los organismos protectores de Derechos Humanos. • Fomentar en los servidores públicos el respeto a los Derechos Humanos de los ciudadanos que

demanden los servicios de procuración de justicia.

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Seguridad Pública


Actual Meta Sexenal

Operativos Coordinados de Seguridad y Disuasión (Número de remisiones / Total de operativos)*100 95.00% 97.0%

Combate a la Delincuencia (Cantidad de acuerdos / Total de operativos conjuntos)*100 90.00% 92.00%



Actual Meta Sexenal

Denuncias Anónimas al 066 (Denuncias atendidas resueltas / Total de denuncias telefónicas)*100 97.00% 99.0%

Presencia de la Policía Auxiliar en Apoyo a Tareas de Seguridad

(Presencia en colonias y comercios / Total de beneficiarios con el servicio)*100 90.00% 92.0%

Depuración de los Cuerpos Policiacos (Cantidad de policías cesados / Total de policías en servicio)*100 0.70% 0.70%


• Lograr que la ciudadanía tenga participación en las pláticas de prevención del delito impartidas por la Secretaría de Seguridad Pública.

• Mejorar el servicio de emergencia telefónica a través de pláticas de orientación para prevenir el delito.

Objetivo 4 Garantizar una política de Seguridad Pública con una visión de desarrollo social, a través de acuerdos de colaboración y coordinación intersectorial, local y nacional, para que dentro del ámbito de su competencia y funciones atiendan en forma integral la demanda social.

Estrategia y Líneas de Acción

4.1 Impulsar y promover los instrumentos legales y administrativos que permitan su adecuada ejecución.

• Mejorar la eficiencia de los mecanismos de coordinación de la procuraduría con los municipios y con otras dependencias y entidades de la Administración Pública, para mejorar la eficiencia y optimización de los recursos.

• Coordinar y supervisar los operativos preventivos de vigilancia normal y permanente en zonas urbanas, suburbanas y rurales, con fines de disuadir o intervenir en los casos de flagrancia.

• Incrementar la coordinación policial para la vigilancia, su eficiencia y eficacia en las carreteras del estado para dar mayor seguridad a la sociedad.

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Objetivo 5 Fortalecer la Readaptación Social de los internos, garantizando en todo momento el cumplimiento y respeto a los Derechos Humanos, para lograr su reintegración a la sociedad de manera productiva, a través del trabajo, la capacitación, la educación, la cultura y el desarrollo de sus talentos, habilidades y capacidades con la aportación del personal profesional para ello. Estrategias y Líneas de Acción 5.1 Promover una seguridad jurídica, a través de la implantación de programas operacionales, garantizando el respeto a los derechos fundamentales de las personas. 5.2. Mejorar la aplicación de los tres ejes rectores del proceso de Readaptación Social, así como todas aquellas disciplinas que contribuyan al desarrollo de éste factor, incluyendo la profesionalización del personal penitenciario. • Promover la aplicación de una adecuada ley para el otorgamiento de los beneficios de libertad

anticipada. • Trasladar a internos a otros establecimientos penales, tomando en consideración su

comportamiento, peligrosidad y grado de readaptación al interior de los mismos. • Gestionar la práctica de estudios criminológicos y personalidad de manera periódica para la

adecuada clasificación y reubicación de internos. • Impulsar y promover la superación académica de los internos. • Gestionar convenios con la iniciativa privada para que se instituyan más microempresas al

interior de los centros penitenciarios. • Gestionar la impartición de cursos dirigidos a los internos por parte de instituciones

especializadas para impulsar la enseñanza de oficios y desarrollo de habilidades y capacidades. • Programar actividades culturales, deportivas y recreativas como mecanismos de distracción y

desarrollo de ideas positivas. • Programar conferencias y pláticas continuas en temas de desarrollo humano, con el fin de

estimular a los internos para que se integren al proceso de readaptación social. • Gestionar la impartición de cursos al personal penitenciario en la materia de relaciones

humanas y derechos humanos, para mejorar el trato dado a los internos.

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Seguridad Pública


Actual Meta Sexenal

Índice de Sobrepoblación Penitenciaria (Total de población penitenciaria / Total de espacios penitenciarios) * 100 45.96% 40.00%

Capacitación al Personal Penitenciario (Total de personal capacitado / Total de personal penitenciario) * 100 60.0% 100.0%

Cobertura Educativa en los Centros Penitenciarios (Total de internos estudiando / Total de población penitenciaria) * 100 47.0% 55.0%

Cobertura Laboral en los Centros Penitenciarios (Total de internos trabajando / Total de población penitenciaria) * 100 86.79% 90.00%

Cobertura de la Capacitación para el Trabajo en los Centros Penitenciarios

(Total de internos capacitados /Total de población penitenciaria) * 100 16.58% 30.0%


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IV. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y

PRIORITARIOS

Programa Estratégico Modernización de la Seguridad Pública Fin del Programa Capacitar permanentemente a los cuerpos policíacos en el ámbito de su competencia, para garantizar a la sociedad un servicio de calidad, apegado a la ley, respetando siempre los Derechos Humanos. Acciones del Programa • Implementar conjuntamente con la Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública,

cursos de actualización en la materia de derechos humanos. • Implementar cursos de actualización en las seis regiones en las que se encuentra dividido el

estado, para difundir el marco jurídico para que en el ámbito de su competencia se actúe siempre con estricto apego a derecho.

• Implementar cursos de actualización en materia de técnicas y tácticas policiales, narcotráfico, secuestro y antiterrorismo, para contar con personal altamente calificado en éste tipo de contingencia.

Proyecto de Inversión Física • Capacitación especializada en el extranjero, así como en el interior del país, a fin de que su

adiestramiento se refleje en su actuar cotidiano.

Programa Estratégico Modernización de la Procuración de Justicia Fin del Programa Modernización, innovación, construcción, y conservación de la infraestructura de la Procuraduría General de Justicia, con la finalidad de fortalecer, agilizar y acercar el servicio a toda la sociedad que requiere de atención oportuna; descentralizar los servicios y asimismo contribuir al desarrollo socioeconómico del estado.

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Seguridad Pública

Acciones del Programa • Impulsar el programa de prevención del delito con la implementación de comités, sociodramas

y otros mecanismos de difusión. • Modificar el esquema de trabajo de los agentes del Ministerio Público. • Reducir en el tiempo para dictar la determinación en las averiguaciones previas. • Crear nuevas Agencias del Ministerio Público y Comandancias de la Policía Judicial. • Incorporar a todas las unidades administrativas de la dependencia al sistema informático. • Impulsar medios alternativos de solución a conflictos en materia penal. • Habilitar una línea telefónica de atención a la ciudadanía. Proyectos de Inversión Física • Invertir en la edificación de seis inmuebles para albergar a las Agencias del Ministerio Público

de los municipios de Puebla (Centro, Norte, Sur, Oriente y Castillotla) y San Pedro Cholula (Cholula).

• Adquisición de unidades para renovar el parque vehicular. • Invertir en proyectos de infraestructura y equipamiento para proporcionar servicios periciales en

los municipios de: Tehuacan, Huauchinango, Teziutlán y Zacapoaxtla. • Reacondicionamiento, remodelación y reubicación de las Agencias del Ministerio Público del

interior del estado. • Instalación de nuevos Centros de Protección a Víctimas del Delito (CEPROVIC) en los

municipios de Tehuacán, Izúcar de Matamoros, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Teziutlán, Zacapoaxtla, Acatlán y Tepexi de Rodríguez.

Proyecto de Inversión Social • Capacitación constante en materia técnica y profesional al personal de la institución.

Programa Prioritario Capacitación y Profesionalización Policial con Excelencia Fin del Programa Lograr capacitación y profesionalización policial con excelencia y el reconocimiento en la carrera técnica policial. Acciones del Programa • Revisar y actualizar los programas de formación básica, así como la actualización y

especialización. • Establecer un riguroso control en la selección, y contratación de personal policial.

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• Revisar y actualizar el plan general de capacitación policial de acuerdo a los requerimientos de nuestra entidad, la SEP y en apego a los lineamientos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

• Consolidar la formación básica, ampliando los contenidos y plan curricular para que sean reconocidos por la SEP, alcanzando con esto, el nivel de carrera técnica - policial.

• Tramitar ante la SEP el reconocimiento oficial de la carrera técnica policial, cumpliendo con los requerimientos que esta exige, a fin de que los elementos graduados obtengan el nivel de técnicos en seguridad pública.

• Actualizar y especializar al personal activo, mandos y agrupamientos específicos para incentivar al personal en las promociones y con ello asegurar al servicio civil de carrera.

• Promover el cambio de denominación de la Academia Estatal de las Fuerzas de Seguridad Pública por “Instituto de Formación profesional de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado”, a fin de poder abarcar el nivel de Técnico.

• Acreditar al personal de instructores con un nivel técnico. • Acreditar y certificar a los instructores en técnicas - policiales. Proyectos de Inversión Física • Contratación de docentes con perfiles específicos. • Adquisición de unidades vehiculares, armamento y equipo actualizado. • Construcción de un stand de tiro.

Programa Prioritario Fortalecimiento de la Infraestructura de Seguridad Pública para Incrementar la Cobertura y la Capacidad de Respuesta de las Instituciones. Fin del Programa Fortalecer y consolidar la infraestructura en materia de seguridad pública, respecto a la construcción y dignificación de instalaciones, equipamiento de los cuerpos de seguridad pública y modernización de tecnologías de información y comunicaciones. Acciones del Programa • Ampliar la cobertura operativa de las instituciones encargadas de proporcionar Seguridad

Pública en el interior del estado, mediante la creación de delegaciones regionales de Procuración y Justicia, integradas por juzgados; base de operaciones de policía preventiva, bomberos y vialidad; ministerios públicos y comandancias; y comités de atención ciudadana.

• Realizar las acciones de proyección, construcción, remodelación y dignificación de infraestructura penitenciaria, que coadyuve en disminuir el índice de sobrepoblación y

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Seguridad Pública

proporcionar mejores condiciones de espacios físicos para la rehabilitación y readaptación del recluso, apegado a la ley y respetando siempre los Derechos Humanos.

• Modernizar la Infraestructura Tecnológica y de Sistemas de Información para la consolidación de procesos integrales en materia de seguridad pública.

• Establecer un backbone de voz, datos y radiocomunicación estatal que permita la interconexión de los puntos de presencia del Gobierno del Estado, así como la intercomunicación efectiva de las corporaciones que facilite la cooperación interinstitucional en los ámbitos de Gobierno Federal, Estatal y Municipal.

• Establecer las políticas de operación e implementar plataformas tecnológicas que permitan compartir información de manera coordinada, de las diferentes instituciones encargadas de la prevención y persecución de los delitos, para la construcción de un diagnóstico real, mapeo y atlas delictivo permanente de la incidencia delictiva tanto del Municipio de Puebla, zona conurbana e interior del Estado.

• Proporcionar el equipamiento básico y especializado a los cuerpos de seguridad pública y seguridad penitenciaria del Estado, que proteja su integridad física en situaciones de alto riesgo y fortalezca el desempeño operativo en contra de la delincuencia.

Proyectos de Inversión Física • Construcción de Delegaciones Regionales de Procuración y Justicia, integradas por juzgados y

Anfiteatro (Impartición de Justicia); Base de Operaciones, Bomberos, ambulancia y vialidad (Prevención); ministerios públicos y comandancias (Procuración de Justicia); participación ciudadana y servicio de emergencia 066 (Atención Ciudadana).

• Construcción de la Tercera Etapa del Centro de Adiestramiento Policial (incluye dormitorios aulas, cocina y un stand de tiro).

• Mejoramiento y Ampliación de Centros de Readaptación Social y de Menores Infractores. • Construcción del CERESO de Tecamachalco. • Ampliación de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. • Construcción de Sala de Juicios sumarios. • Instalación de torres de telecomunicaciones necesarias para proveer la cobertura estatal. • Elaboración de planes de marcación telefónica, grupos de operación y redes de datos. • Llevar a cabo un programa integral de equipamiento de cómputo y de fortalecimiento a la

infraestructura, con el fin de contar con las herramientas necesarias para realizar sus funciones diarias.

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Programa Prioritario Readaptación Social Fin del Programa Rediseñar los procesos de tratamiento penitenciario, mediante el fortalecimiento de los ejes rectores de la readaptación social, y con un modelo adecuado de clasificación y reubicación del infractor. Acciones del Programa • Clasificar a los internos, tomando en consideración los estudios de personalidad. • Trasladar a internos a otros establecimientos penales, tomando en consideración su

comportamiento, peligrosidad y grado de readaptación, es decir, su desarrollo al interior de los mismos.

• Proponer la derogación del artículo 54 bis de la Ley de Ejecución de Sanciones Privativas de Libertad para el Estado.

• Mejorar la aplicación de los ejes rectores de la readaptación social. • Gestionar convenios con la iniciativa privada para que se incrementen microempresas al

interior de los centros penitenciarios. • Impulsar la enseñanza de oficios, desarrollo de habilidades y capacidades. • Promover los productos artísticos, artesanales y de manualidades, realizados por los internos. • Dignificar y mejorar los talleres y oficios existentes en los centros penitenciarios. Proyecto de Inversión Física • Dignificación y mejoramiento de los talleres y oficios existentes en los centros penitenciarios. Proyecto de Inversión Social • Capacitación del personal penitenciario en la materia de Relaciones Humanas y Derechos

Humanos, para mejorar el trato a los internos.

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Seguridad Pública

Programa Prioritario Actualización del Marco Jurídico Normativo Fin del Programa Actualizar las disposiciones legales que conforman el marco jurídico que influyen en el ámbito de la procuración de justicia, a efecto de subsanar las deficiencias, lagunas e incluso contradicciones con otras normas. Acciones del Programa • Propuesta de modificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado

y a su Reglamento Interior. • Propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla en

materia de procuración de justicia. • Propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla. • Elaboración de Proyectos de Acuerdos para la creación de nuevas unidades administrativas y

agencias del Ministerio Público. • Realizar estudios sobre problemática general y especial de legislación, reglamentación y demás

disposiciones administrativas relacionadas con la procuración de justicia. Programa Prioritario Desarrollo Informático a través de la Actualización y Automatización del Sistema Integral de Averiguaciones Previas Fin del Programa Actualizar el software con el propósito de crear un banco de datos de información criminógena, que permita la vinculación ágil de información entre el Ministerio Público, la Policía Judicial y Peritos. Acciones del Programa • Implantar y actualizar el Sistema Integral de Averiguaciones Previas en las agencias del

Ministerio Público. • Dar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de cómputo.

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Programa Prioritario Programa de Prevención del Delito Fin del Programa Prevenir el delito fortaleciendo valores como el respeto a la Ley, a la Familia, a los Derechos Humanos, a la Democracia, a la diversidad cultural, entre otros, como fuente de bienestar personal y colectivo. Acciones del Programa • Diagnóstico de las causas generadoras del delito. • Elaboración de programas de prevención del delito. • Creación de comités ciudadanos de prevención del delito en el estado. • Visitar instituciones educativas para presentación de socio dramas y entrega de material de

prevención. • Elaboración de una mapa delictivo. • Focalizar la delincuencia. • Difusión de los ejes programáticos. • Concertación social.

Programa Prioritario Acercamiento de la Procuración de Justicia Fin del Programa Facilitar y acercar a la población y a los lugares más alejados de la Capital el acceso a los servicios de procuración de justicia, reduciendo tiempo, costo y distancia en la realización de trámites. Acciones del Programa • Realizar jornadas de atención ciudadana regionales y metropolitanas. • Traslado de la unidad itinerante de servicios periciales a diversos municipios para la expedición

de cartas de no antecedentes penales. • Creación de agencias del Ministerio Público. • Creación de Centros de Protección a Víctimas de Delitos • Reuniones multitemáticas con presidentes municipales. • Hacer eficiente la coordinación interinstitucional. • Impulsar la calidad en los servicios de procuración de justicia.

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Seguridad Pública

Programa Prioritario Certificación del Personal Ministerial y Operativo Fin del Programa Contar con personal ministerial y operativo con conocimientos actualizados y avalados por la Academia Nacional de Seguridad Pública y otros organismos acreditadores, que eleven la eficiencia de la función Ministerio Público. Acciones del Programa • Realizar cursos de los niveles de formación básica, capacitación actualizada y especializada. • Programar la aplicación de las evaluaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública,

exámenes médicos y toxicológicos por parte del IMSS, psicométricos y generales por parte del CENEVAL, así como de habilidades psicomotríces de la Secretaría de la Defensa Nacional.

• Desarrollar mecanismos internos que permitan diagnosticar las debilidades e implementar la capacitación para brindar un servicio de calidad.

• Instituir el Servicio Civil de Carrera.

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V. REFERENCIAS 1. Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública 2. Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI). Primera Encuesta Nacional de Inseguridad Pública en las Entidades Federativas en 2002 y Encuesta Internacional sobre Criminalidad y Victimización ENICRIV – 2004. 3. COPARMEX, D. F. Propuestas para el Plan de Seguridad Pública 2001-2006,del Distrito Federal”, 31 de agosto de 2001. 4. Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública para el año 2003, celebrado en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 5. Mascott Sánchez María de los Ángeles. Seguridad Pública: incidencia delictiva y sensación de inseguridad. 6. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Dirección General de Estadística. 7. Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla. 8. Transparencia Mexicana. Encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno 2003. 9. Pérez García Gabriela C. Diagnóstico sobre la Seguridad Pública en México. 10. Jiménez Ornelas, René Alejandro y otros, Los Desafíos de la Seguridad Pública en México. Percepción Negativa de la Seguridad Pública: Ciudad de México y República Mexicana. 11. México Unido Contra la Delincuencia. Encuesta de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública y Participación Ciudadana y Acceso a la Información. 12. Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla.

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