Propuesta Del G25 Para Re-equilibrar Deuda PR

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  • 8/15/2019 Propuesta Del G25 Para Re-equilibrar Deuda PR

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    Saliendo de la parálisis:Una propuesta integral para Re-Equilibrar

    la deuda pública de Puerto Rico

    Durante los pasados 11 meses hemos representado y asesorado a un grupo de importantescooperativas de ahorro crédito públicamente conocido como el G25. Estas cooperativasrepresentan el 56% de los 1.2 millones de socios y depositantes del sistema y mantienen presencia en55 de los 78 municipios de Puerto Rico. Al presente otras cooperativas y el Fondo de Inversión y

    Desarrollo Cooperativo ("FIDECOOP") se han unido al grupo, que ahora supera las 25instituciones originales. El G25 ha adelantado propuestas concretas sobre la reestructuración de ladeuda pública y ha expresado su oposición a la propuesta Junta de Control Fiscal. Ante la falta deavances en las negociaciones de reestructuración y el pedido del gobierno de alternativas dereestructuración global, sometemos la presente perspectiva y propuesta integral.

    Situación Actual

    La crisis fiscal de Puerto Rico presenta dos dimensiones: una es inmediata, mientras que laotra requiere una perspectiva de largo plazo. La dimensión inmediata es la falta de liquidez corrienteresultante de vencimientos de principal que se concentran en los próximos años. La dimensión delargo plazo nos enfrenta a problemas de fondo, tales como las causas y efectos de una recesión quese ha prolongado por una década, la erosión de nuestra base contributiva y la sostenibilidad del gastogubernamental. Estos desafíos requieren también un examen de nuestra relación económica ypolítica con los Estados Unidos, incluyendo:

    • la aplicabilidad de las leyes de cabotaje,• la falta de participación equitativa en los programas de salud federal,• el impacto de la tributación corporativa federal y los acuerdos internacionales de libre

    comercio (tales como NAFTA y CAFTA) que resultaron en la pérdida masiva de empleos demanufactura, y

    • el alcance de las facultades del Congreso al amparo de la relación territorial actual.

    Ciertamente, una solución definitiva y de largo plazo para nuestra actual crisis fiscal requeriráatender estos asuntos trascendentales.

    Ante este cuadro, las opciones de política pública en discusión durante el año pasado handemostrado ser insuficientes e inviables. Específicamente, estos cursos de acción son:

    1. Una reestructuración voluntaria de la deuda pública, para la cual el gobierno y sus asesoresprocuran "recortes" de principal masivos (entre el 30 % y el 60 %);

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    2. El acceso al Capítulo 9 del Código de Quiebras,1 presumiblemente para imponer recortes deprincipal; y

    3. Aprobación de una Junta de Control Fiscal federal con poderes de reestructuración de la

    deuda y amplia autoridad sobre todas las funciones públicas.

    Estos últimos meses han demostrado que cada una de estas opciones presenta las siguientesdificultades inherentes que impiden su implantación:

    a. Con respecto a las propuestas de reestructuración, los recortes de principal propuestos por elEstado no son razonables y no se han sustentado adecuadamente desde la perspectivafinanciera. Recortes de principal de esta magnitud hacen imposible que se logre un acuerdo

    voluntario. Además, implican una pérdida de capital de $ 7,5002 millones para nuestraeconomía y un golpe adicional a la credibilidad de Puerto Rico ante los mercados. Estosdaños son contrarios a nuestra recuperación económica y retrasan los esfuerzos de Puerto

    Rico para recuperar acceso al mercado.b. En cuanto a acceder al Capítulo 9, está claro que el Congreso no lo aprobará, especialmente

    a la luz de los problemas económicos que confrontan estados como Illinois y la presión delcabildeo activo de ciertos acreedores.

    c. Con respecto a la Junta de Control Fiscal, el HR 5278 es incompatible con los principiosbásicos de la autonomía democrática y esencialmente anula el orden constitucional delPueblo de Puerto Rico. Si la deuda pública debe ser resuelta por los contribuyentes dePuerto Rico - que es como a fin de cuentas debe ser 3 - las entidades o personas encargadasde tomar las decisiones de política pública al respecto tienen que responder ante dichoscontribuyentes y estar sujetas al juicio de estos. Necesitamos y debemos tener un ente decontrol independiente y capaz de implantar las soluciones que sean necesarias, pero dichoente también tiene que respetar nuestro orden constitucional y preservar los derechosdemocráticos.

    La incapacidad de poner en práctica cualquiera de estas alternativas llevó a Puerto Rico a suprimer impago material el 1 de mayo de este año y nos ha colocado en camino hacia un impago aúnmás significativo el 30 de junio. Este inminente impago implica montos de principal mucho mayoresy un mayor número de emisores. La falta de avances en la adopción de una solución factible estállevando tanto al gobierno como a sus acreedores al ámbito incierto del impago o moratoria de ladeuda, a litigios complejos y a la interrupción de los servicios públicos. Esta es una receta paraprofundizar la recesión económica y el círculo vicioso que acentúa la reducción de recaudos.

    Necesitamos abrir paso en una nueva dirección.

    1Una posibilidad alternativa es la validación por el Tribunal Supremo de Estados Unidos del régimen de quiebra localpara las corporaciones públicas bajo la Ley 71 de 28 de junio de 2014 ("quiebra criolla").2 Los asesores del gobierno de Puerto Rico han indicado públicamente que los inversionistas de Puerto Rico sontenedores de $15 billones de la deuda pública.3 Esto no releva al Congreso de su responsabilidad de resolver el trato desigual de Puerto Rico bajo los programas desalud federal.

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    Nuestra propuesta integral

    En contraste con esta perspectiva negativa, proponemos un nuevo enfoque que reconozcalas dos dimensiones distintas de esta crisis: por un lado, la falta de liquidez inmediata y, por otro, los

    retos sustanciales que confrontamos a largo plazo. Proponemos abordar la dimensión inmediata através de una reestructuración de la deuda actual aplicando los siguientes principios:

    • Una preservación sustancial del capital;

    • El respeto de las diversas prioridades y rangos de crédito de los diferentes emisores;

    • La dispersión o "emparejamiento" de las fechas de vencimiento;

    • Pago sostenido de intereses;

    • Adopción de medidas de control creíbles y ejecutables que apoyen la confianza del mercado;

    • Integración de un mecanismo razonable que permita:o financiar la liquidez que requieren las operaciones del gobierno durante el año fiscalo la financiación de mejoras de capital e inversiones en infraestructura que propendan

    al desarrollo económico.

    Un análisis financiero profundo dirigido por Fernando Viñas, Director General de Ramírez & Co.(que toma como punto de partida los datos divulgados por el Grupo de Trabajo del gobierno y susasesores) demuestra la viabilidad de una reestructuración de re-equilibrio o estabilización financieraque cumple con estos principios. Los términos y supuestos para esta propuesta transacción de re-

    equilibrio están incluidas en el Anexo adjunto. Una revisión de estos términos demuestra que lapropuesta reestructuración de re-equilibrio logra los siguientes beneficios principales:

    • La propuesta proporcionará un alivio de liquidez al gobierno:o El servicio total de la deuda de GOs y de los Emisores Relacionados estará dentro de

    la meta establecida por el Grupo de Trabajo del gobierno y sus asesores ($1,850MM);o El servicio de la deuda anual de GOs se reducirá en promedio en $409MM durante

    los años 2017 al 2022;o El servicio de la deuda anual para los Emisores Relacionados4 se reducirá en

    $657MM para cada uno de los próximos 5 años y en $354MM a partir de entoncespara los siguientes 10 años;

    o Se liberan $1,453MM del IVU en favor del Fondo General.• La propuesta proporcionará una reducción razonable del principal adeudado por el Estado:

    o La deuda contraída por los Emisores Relacionados se reduciría en aproximadamente$1,944MM;

    o La deuda contraída por COFINA se reduciría en aproximadamente $1,475MM;

    4 Estos son los demás emisores gubernamentales, dejando fuera los GOs y COFINA y excluyendo AEE y AAA.

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    o El alivio total a la deuda pública sería de $3.419MM.o Este alivio de la deuda se hace de manera balanceada, procurando la protección de

    los inversores tradicionales evitando recortes excesivos en favor del gobierno y a la vez evitando rendimientos excesivos para los inversores en el mercado secundario.

    • La propuesta restaurará la capacidad de pago del gobierno, lo que permitirá una re- valoración de mercado de los Bonos re-equilibrados.

    • La propuesta atiende además las necesidades de liquidez para capital de trabajo del gobiernoy permitirá la financiación de inversiones en infraestructura y mejoras de capital necesariaspara estimular el crecimiento económico.

    • Por otra parte, esta propuesta procura restaurar la credibilidad de Puerto Rico:

    o respetando la garantía constitucional de GOs,o cumpliendo con las representaciones realizadas por el gobierno en relación alrespaldo del IVU para el pago de los bonos de COFINA,o proveyendo a los tenedores de los bonos de los demás Emisores Relacionados de

    una garantía del gobierno central que, aunque subordinada al pago de GOs, estáausente en bonos actuales, y

    o recuperando el capital de los inversores tradicionales mediante una mejora en la valoración de mercado de los bonos re-equilibrados resultante de la restauradacapacidad de pago del gobierno para cumplir con sus obligaciones.

    Estamos convencidos de que estos términos proporcionan al gobierno el respiro de liquideznecesario y un alivio razonable en el monto adeudado, al tiempo que ofrecen términos razonables

    que viabilizan la participación mayoritaria de los bonistas en un reestructuración voluntaria, sinrequerir medidas legislativas extraordinarias de Puerto Rico ni del Congreso. La viabilidad de estapropuesta se basa en el carácter razonable y de buena fe de sus términos y del beneficio que implicatanto para el gobierno como para los acreedores. La ruta alterna que les quedaría a los posibles"holdouts" sería encaminarse hacia un litigio largo, costoso e incierto. Ciertamente, la preservaciónde los derechos y prerrogativas de los diferentes grupos de acreedores actuales y la mejora esperadaen la valoración de mercado de sus inversiones, representan una mejor alternativa a los costos eincertidumbre de la litigación. La consecución de un nivel reequilibrado en el servicio de la deudapermitirá el funcionamiento adecuado del gobierno y ayudará a restablecer la confianza en PuertoRico y en sus instrumentos de deuda y eliminará la muy perjudicial incertidumbre que mantienedetenida nuestra economía.

    Sabemos que un diseño adecuado de la propuesta operación de reequilibrio puede requerir lainclusión de mecanismos de titulización de ingresos y/o "Lock Box" para superar la pérdida deconfianza generada durante el pasado año. Estas medidas pueden ser adoptadas como términoscontractuales de los nuevos bonos a ser intercambiados. Incluso, de ser necesario adoptar nuevalegislación para ello, las perspectivas positivas de lograr estabilidad fiscal respaldadas por un amplioconsenso de la mayoría de los tenedores de bonos, deben proporcionar suficientes incentivospolíticos y económicos para alcanzar estos objetivos.

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    Tal y como indicamos al comienzo, la solución de la dimensión inmediata no nos libera dehacer frente a los retos fundamentales que todavía enfrentamos. Sin embargo, una condición fiscalestable nos proporcionará un marco mejorado para hacer frente a estos retos económicos ypolíticos. Ciertamente, debemos hacerlo con prontitud. Cuanto antes salgamos del estancamiento

    actual, en mejor posición estaremos para hacer frente a los retos de largo plazo que tenemos antenosotros.

    Hacemos divulgación plena de esta propuesta reestructuración global a los fines de que todaslas partes con interés puedan sopesarla y participar en una amplia discusión orientada a alcanzarsoluciones de consenso. Esta propuesta también responde al pedido del gobierno de propuestasglobales, a diferencia de soluciones segmentadas o individuales. Esperamos que, trabajandoconjuntamente y de buena fe, todos podamos llevar adelante este marco conceptual para convertirloen una solución viable que nos saque de la parálisis actual.

    Esta propuesta integral es presentada en representación del “G25” por el licenciado José A. Sosa Lloréns yFernando Viñas Miranda.

    El licenciado José A. Sosa Lloréns cuenta con más de 25 años de experiencia en el área de derecho corporativoy financiero. Fue Comisionado de Instituciones Financieras del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y miembro de la

    Junta de Directores de la Corporación de Supervisión y Seguro de Cooperativas (hoy COSSEC) (1990-1992). Haasesorado y representado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de Puerto Rico por más de veinte años. Fue profesoradjunto de Banca e Instituciones Financieras (Universidad de Puerto Rico, programa de Maestría en Administración deEmpresas), y fue profesor visitante de Derecho Corporativo (Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana dePuerto Rico) y de Derecho de Instituciones Financieras (Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica dePuerto Rico). Es egresado de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (B.B.A., 1982; J.D., summa cum laude ,1986) y de la Escuela de Derecho de Harvard (LL.M., 1987).

    Por su parte, Fernando Viñas Miranda es "Municipal and General Principal" debidamente licenciado y cuentacon más de 25 años en el área de financiamiento corporativo y finanzas públicas, banca de inversiones y manejo decapital. Fue “Resident Vicepresident” de Citibank (1987-1989), Vicepresidente del Chase Manhattan Bank NA (1990-1998), Vicepresidente “Senior” del BBVA – BBVA Securities (1998-2007) y Vicepresidente “Senior Vice / “ManagingDirector” en Samuel A. Ramirez & Co., yRamirez Asset Management (2007-presente). Se ha desempeñado como “Co-Senior manager”, “Co-Lead Bank”, “Lead Manager”, “Sole Underwriter” y “Lead Bank” en múltiples transacciones definanciamiento municipal y corporativo. Tiene un bachillerato en Economía de la Universidad de Puerto Rico (1975-1979) y Estudios Post Graduados en Economía de la Universidad de Penn State (1979-1981).