Revista Cooperativismo y Desarrollo No.98

COOPERATIVISMO

DESARROLLOBogotá, Colombia

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Publicación semestral: enero - junio del 2011

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Índice CIDEC y catálogo Latindex UNAM –México–

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y Cooperativismo –Indesco–

Revista

COOPERATIVISMO & DESARROLLO

ISSN: 0120-7180

Volumen 19 Número 98enero - junio del 2011

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Fredy Osorio, MSc.

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Agrícola y Cooperativismo

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Revista de economía pública,

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Científico de Ciriec-Venezuela

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Universidad de Buenos Aires

Jorge de Sá

Ph.D. ISCSP de la Universidad

Técnica de Lisboa. Vicepresidente

del Ciriec internacional,

vicepresidente del Ciriec Portugal,

miembro del Conselho Nacional

(Portugal) da Economia Social

Revista COOPERATIVISMO & DESARROLLO

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Editor

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Asistente editorial

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COOPERATIVISMO & DESARROLLOISSN: 0120-7180

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Luisa Fernanda Muñoz

Supervisión técnica de revistas

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Corrección de estilo

Marcela Garzón

Traducción

Leonardo Cano

Diagramación

Leonardo Cuellar V.

Imagen de portada

El mercado (1940)

Miguel Díaz Vargas

Impresión

Teoría del Color, Medellín, Colombia

Carlos Mario Pérez, Gerente

Colaboradores en este número

Fernanda Abreu Nagem, Antonio Manuel Ciruela Lorenzo, Mario Cua-

drado Serrán, Fernanda Henrique Cupertino Alcântara, José Curvelo

Hassan, María Fernández Moreno, Alair Ferreira de Freitas, Eduardo

Fontela, Felipe Hernández Perlines, Valeria Mutuberría, Silvia Orsini de

Assis, Daniel Elías Plotinsky, Gregoria Polo de Lobatón, Carlos Alonso

Ramírez Velasco, Ildefonso Toledo Teixeira.

Pares evaluadores para este número

Paulo de Jesús Peixoto Alburqueque, Universidad Federal Rural

de Pernambuco-Brasil. Marcelo Miná Dias, Universidad Federal

de Vicosa-Brasil. Analida Díaz Orozco, Universidad Cooperativa

de Colombia-Pereira. Ignacio Ruíz Guerra, Cátedra de Estudios

Cooperativos-Fundación Caja Rural de Toledo-España. Valen-

tín Molina Moreno, Universidad de Granada-España. Laura

Carla Moisa Elicabide, Universidad Nacional de Colombia-sede

Medellín. Carlos Palomeque, Universidad del Magdalena-

Colombia. Henry Rubiano Daza, Universidad Cooperativa de

Colombia-Neiva. Alveiro Monsalve, Pontificia Universidad

Javeriana-Colombia. Gloria Elena Asprilla García, Universidad

Cooperativa de Colombia-Quibdó. Colombia Pérez, Universidad

Cooperativa de Colombia. David Miguel González Bernal, Fun-

dación para el Desarrollo Intercultural-Colombia. Ruth Mendoza,

Escuela Superior de Administración Pública-Colombia. Zuray

Melgarejo, Universidad Nacional de Colombia-Colombia. Astrid

González, Universidad Minuto de Dios-Colombia. Piedad Del

Valle Montoya, Universidad Cooperativa de Colombia-Medellín.

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cias no compromete al Instituto de Economía Social y Cooperati-

vismo –Indesco-, ni a la Universidad Cooperativa de Colombia.

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científica, de periodicidad semestral, concebido para la difusión

de la investigación y documentación en cooperativismo y

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mismo, Cooperativismo y Desarrollo se constituye, por acuerdo

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Adolfo León Palacio Sánchez


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Orlando Alfonso Escudero Rivero, Barrancabermeja

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Alfonso Prieto García, Bucaramanga

Orlando Montenegro Sánchez, Cali

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Iván Melo Delvasto, Ibagué

Ligia González Betancur, Medellín / Envigado

Ignacio Soto Suárez, Montería

Luis Alfredo Ortiz Tovar, Neiva

Carlos Folleco Erazo, Pasto

Carlos Alberto Cataño Bedoya, Pereira

Elizabeth Roldán González, Popayán

Guillermo Ricard Perea, Quibdó

Omar Vargas Vargas, Santa Marta

César Pérez Londoño, Villavicencio



Adolfo León Palacio Sánchez

Gustavo Quintero Barrera

Máximo Pérez Soto

César Augusto Pérez Londoño

Colombia Pérez Muñoz

Gloria Rave Iglesias

Gloria Patricia Rave Iglesias Secretaria General

Anabela Villa Saavedra Directora de Egresados

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Bernardo Restrepo Gómez Director de Acreditación

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César Augusto Sánchez Zuluaga Director Gestión Humana

Colombia Pérez Muñoz Directora de Planeación

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Gigliola Zuliani Arango Directora de Comunicaciones y Medios

Gustavo Quintero Barrera Director de Investigación

Hernán Javier Pérez Soto Director de Proyección Social

Jaime Moncada Soto Director de Universidad Virtual (e)

Javier Ignacio Londoño Ochoa Director de Tecnología de Información

Juan Carlos Mejía Cuartas Director de Internacionalización

Luisa Fernanda Muñoz Rodríguez Directora Educc

Luis Norberto Jiménez Castro Directora de Mercadeo

María Consuelo Moreno Orrego Directora de Desarrollo de Programas

Maritza Rondón Rangel Directora de Autoevaluación

Máximo Pérez Soto Director de Posgrados

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Sor Elpidia Gil Zapata Directora de Admisiones

Yency Paola Ávila Gutiérrez Directora Programa Enlace

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Rector



Director Nacional de Investigaciones

Director Nacional de Posgrados

Contador General

Directora Nacional de Planeación

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SuplentesRymel Serrano Uribe

Jorge Mario Uribe Vélez

SuplentesJónas Florez Ardila

Guillermo Gaviria Zapata

Omar Arturo Vargas Vargas

SuplentesMargarita Ligia González Betancur

SuplentesMaría Consuelo Moreno

Rector



Directores y asistentes administrativosSofía Rojas Caballero, Barrancabermeja

Milkiades Guarín Salazar, Bogotá

Luis Carlos Santamaría Sarmiento, Bucaramanga

Graciela Porras Abadía, Cali

Nancy Yasmín Grannobles Calderón, Espinal

César Augusto Gualteros Galeano, Ibagué

Martha Lucía Arango Gaviria, Medellín

Jorge Wilson Vélez Osorio, Montería

Sandra Lucía Cuartas Rojas, Neiva

Oscar Chaves Rubio, Pasto

Misbad Abad Tom Álvarez, Popayán

Cruz Belilian Mosquera Mosquera, Quibdó

Gustavo Armando Pérez Galeano, Santa Marta

Carlos Arturo Palacio Echeverri, Villavicencio

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5Revista COOPERATIVISMO & DESARROLLO ¤ Volumen 19 Número 98 ¤ enero – junio 2011

Contenido

Editorial 7

Cooperativismo y desarrollo

Cuentas regionales del sector solidario en Nariño 12 Solidarity Sector Regional Accounts in Nariño

Carlos Alonso RAMÍREZ VELASCO

Precarização do trabalho e alternativas de renda 35 Volatility of work and income alternatives

Fernanda Henrique CUPERTINO ALCÂNTARA

Fernanda ABREU NAGEM

Ildefonso TOLEDO TEIXEIRA

André Luís GOMES

Do crédito rural oficial ao cooperativismo de crédito rural solidário 59 From official rural credit for rural credit cooperative solidarity

Alair FERREIRA DE FREITAS

Silvia ORSINI DE ASSIS

El mercado del aceite de oliva en España. Una perspectiva comercial desde el ámbito cooperativo 77 Spanish olive oil market – A commercial perspective from the cooperative field

Mario CUADRADO SERRÁN

Antonio Manuel CIRUELA LORENZO

Forma de propiedad y comportamiento estratégico: una aplicación al sector vitivinícola español 109 Form of ownership and strategic behavior: an application to the Spanish wine sector

Felipe HERNÁNDEZ PERLINES

María del Valle FERNÁNDEZ MORENO

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6 Revista COOPERATIVISMO & DESARROLLO ¤ Volumen 19 Número 98 ¤ enero – junio 2011

Ponencia arbitrada

Experiencias latinoamericanas de economía social y su relación con los conceptos sectoriales 140 Latin American experiences in social economy and their relation to sectoral concepts

Valeria MUTUBERRÍA LAZARINI

Contribución especial

La onu declara el 2012 como año internacional del cooperativismo 148 UN declares 2012 International Year of Cooperatives

Eduardo H. FONTELA

La banca cooperativa argentina: 1979-1997 154 The Argentine Cooperative Banking, 1979-1997

Daniel Elías PLOTINSKY

Espejo universitario

Gestión de las prácticas desde la significación de la responsabilidad social empresarial en las organizaciones de economía solidaria del distrito de Santa Marta 174 Practices management from significance of Corporate Social Responsibility in solidarity economic organizations, Santa Marta District

Gregoria POLO DE LOBATÓN

José CURVELO HASSAN

Novedades bibliográficas y enlaces

Innovación y economía social y solidaria: retos y aprendizajes de una gestión diferenciada 198

Juan Fernando ÁLVAREZ (Compilador/Editor)

Revista Cooperativismo & Desarrollo Pautas de contribución 199

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Editorial

El 2011 es y será un año de importancia para definir el futuro de las organizacio-nes de economía social y solidaria en nuestro país y en otras regiones del planeta. Relevantes bifurcaciones configuran un escenario en el que las organizaciones,

que apuestan por otra forma de hacer economía, se verán inducidas a realizar tomas de decisiones en su quehacer organizacional.

La primera bifurcación viene dada por la creciente necesidad de generar soluciones para problemas de índole social, de empleo y sobre todo de inclusión de grupos de interés en una estructura económica y política que cambia a velocidades exorbitantes. La decisión política y económica de privilegiar el fortalecimiento de organizaciones innovadoras y autogeneradoras de bienestar configura una oportunidad para que nuestro sector incida en la optimización de la democracia económica, lo cual requiere concertación, diálogo y la coproducción de políticas coherentes y armonizadas. La decisión que se configura está entre actuar, o no, conforme a estos escenarios.

La segunda bifurcación se da por la creciente tendencia a privilegiar, desde orga-nizaciones de la economía social y solidaria, estrategias que desnaturalizan la esencia económica del capital procurando mayores índices de retorno monetario bajo la premisa de que cuanto más grande es la torta más hay para repartir. La decisión al respecto es operar, o no, de acuerdo con la naturaleza de la economía social y solidaria y los costos y beneficios que a largo plazo traería tal decisión. En esta bifurcación se encuentran organizaciones que verán cómo sus decisiones repercuten en el accionar de grupos empresariales de capital que anhelan los mercados de empresas cooperativas, mutuales y fondos de empleados.

La tercera bifurcación viene dada por la ampliación exponencial del interés científico de universidades, investigadores y centros de estudio por la comprensión de la rama de economía social y solidaria. No en vano, cientos de universidades y redes de investi-gación en todo el mundo comienzan a generar nutridos estudios que configurarán el soporte metodológico de una nueva disciplina de las ciencias sociales: la economía de las organizaciones sociales. Las decisiones al respecto se enfrentarán a la dicotomía entre basar las estrategias empresariales en el conocimiento generado o seguir haciendo caso omiso a las diferentes pautas que desde la academia se vienen gestando.

En Colombia, hemos destinado ingentes esfuerzos para inducir a que las decisiones en mención sean las más adecuadas para fortalecer el sector de empresas que nos con-voca. Esfuerzos de integración inter e intra universitarias dan cuenta de ello: aumento de publicaciones, investigaciones y orientación formativa dan una nueva dinámica al papel que desempeña la academia. Una muestra de lo anterior es nuestra Revista Cooperativismo y Desarrollo, la cual felizmente se acerca a su número 100, apuntando

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a la generación de conocimientos, basados en la investigación y en la consolidación de comunidades de aprendizaje en las que investigadores, estudiantes, directivos y promotores se unen para robustecer la acción solidaria.

Por ello, a partir de este número buscamos realizar ediciones temáticas que res-pondan a las necesidades de las organizaciones de economía social y solidaria. Y lo realizamos visibilizando nuestra publicación en Colombia e Iberoamérica con el apoyo de prestigiosas redes, como Ciriec-Colombia, que desde hace algunas ediciones se ha convertido en órgano de difusión de esta Revista, además de los diferentes miembros de Universidades que investigan sobre la temática como Unicosol y, por supuesto, con nuestra red de actores e investigadores, que conforman el Instituto de Economía Social y Cooperativismo en todo el país.

El resultado es una publicación abierta a la comunidad académica, que aporta en cada edición elementos para la acción. Soñamos con una revista científica colombiana que sea referente en Iberoamérica, lo que implica necesariamente la inclusión del por-tugués como idioma cotidiano y la articulación con otras revistas del mismo carácter, como la Revista Otra Economía, la Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo de Argentina, la Revista de la Red Unircoop, la Revista de Economía Ciriec-España, la Revista Venezolana Cayapa, la Revista de Estudios Cooperativos de Uruguay, la Revista de la Cooperación Internacional de Alianza Cooperativa Internacional, entre otras publicaciones que se difunden en la región.

En buena medida, estamos haciendo realidad estos sueños. Hoy nuestra revista está indexada y registrada en índices nacionales e internacionales, siendo la primera publicación colombiana de este tipo que ha alcanzado niveles de excelencia. También abrimos en cada número nuestras puertas a productos de investigación provenientes de toda Iberoamérica, con una transparente política de arbitraje y la participación activa de nuestro Comité Editorial y el Comité de Asesores Internacionales en la orientación de esta publicación.

Este número no se aparta de nuestros sueños. Por ello presentamos con satisfacción la edición número 98, la cual incluye artículos que tratan con rigor distintas áreas de análisis organizacional. Estos artículos sirven de referencia para pensar y proponer respuestas a la actual coyuntura de las organizaciones de economía social y solidaria. Se presentan trabajos provenientes de Brasil, Argentina, España y Colombia, los cuales abordan temas sobre trabajo, crédito autogestionado, responsabilidad social, mercados en el ámbito agrícola, discusión sobre las formas de propiedad, historia de la intervención del Estado en el desarrollo cooperativo y las cuentas nacionales como factor de visibilización de la incidencia social.

Como hemos expresado en otros escenarios, la actual coyuntura de estructuras laborales, las dificultades de identidad que pueden presentarse ante crecimientos orga-nizacionales en mercados altamente competitivos y, sobre todo, la instrumentalización

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de la figura asociativa por parte de entidades públicas y de gremios de empresas de capital generan contextos complejos, en los cuales esperaríamos que las decisiones de políticas y acciones estratégicas tengan en cuenta el acervo investigativo que hemos generado desde la Revista en más de 36 años de vida documental, y el apoyo de pro-fesores que han estudiado con dedicación la materia solidaria, acción contraria a las prácticas silentes que predominan en la coyuntura actual y que terminan generando islas desarticuladas, entre las decisiones de las organizaciones de base y los estudios sobre ellas.

Abogamos, pues, por la generación de conocimiento como valor añadido en un año de bifurcaciones y de la celebración de los ochenta años de la expedición de la primera Ley Cooperativa en Colombia (Ley 134 de 1931). Esperamos, lector, su accionar recíproco, entendido como el acto de leer, analizar, criticar y usar los conocimientos aquí entregados para reproducirlos de forma exponencial.

Juan Fernando Álvarez R.Editor Revista Cooperativismo & Desarrollo, Indesco

Cooperativismo y desarrolloCuentas regionales del sector solidario en Nariño

Carlos Alonso RAMÍREZ VELASCO

Precarização do trabalho e alternativas de renda

Fernanda Henrique CUPERTINO ALCÂNTARA

Fernanda ABREU NAGEM

Ildefonso TOLEDO TEIXEIRA

André Luís GOMES

Do crédito rural oficial ao cooperativismo

de crédito rural solidário

Alair FERREIRA DE FREITAS

Silvia ORSINI DE ASSIS

El mercado del aceite de oliva en España.

Una perspectiva comercial desde el ámbito cooperativo

Mario CUADRADO SERRÁN

Antonio Manuel CIRUELA LORENZO

Forma de propiedad y comportamiento estratégico:

una aplicación al sector vitivinícola español

Felipe HERNÁNDEZ PERLINES

María del Valle FERNÁNDEZ MORENO

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Cuentas regionales del sector solidario en Nariño

Solidarity Sector Regional Accounts in Nariño

Carlos Alonso RAMÍREZ VELASCO*

Resumen

Las cuentas de producción, el PIB y el valor agregado son indicadores que reflejan la dinámica econó-

mica de un país o departamento. En el desarrollo de la investigación “Cuentas regionales del sector

de la economía solidaria en el departamento de Nariño” de la Universidad Cooperativa de Colombia,

sede Pasto, convocatoria Conadi 2007, del 2008 al 2010, a través del grupo de investigación Eslinga

(categoría D en Colciencias), se obtuvieron los valores de estas cuentas únicamente para el sector

solidario en el departamento de Nariño. Se estimó que la participación del sector solidario nariñense

en cada cuenta no supera el 5%.

Igualmente, se midió la relación que estas cuentas tienen con índices como el ingreso per cápita,

el número de personas ocupadas y el indicador de pobreza. Se estimó que el PIB de Nariño ejerce

influencia sobre estos índices en más de un 90%. Por tanto, se pronosticó que al duplicar el PIB del

sector solidario, puede reducirse el índice de pobreza de Nariño en 0,12%, incrementarse el ingreso

per cápita de los nariñenses en $1.574 e incrementarse el empleo en Pasto en más de 473 personas

ocupadas por año.

Palabras clave: pobreza, producción, producto interno bruto, sector solidario, valor agregado.

Abstract

Production accounts, GDP and added value are indicators which reflect the economy dynamics in a

country or region. By developing this research these accounts values were obtained just for solidarity

sector in Nariño Department. So each account for solidarity sector participation in Nariño was estima-

ted but they don’t exceed 5 percent.

Also, the relations of these accounts and indexes, such as per capita income, number of employed

people and poverty index were measured. Then we estimated that Nariño’s GDP has an influence on

those indicators over than 90 percent. Therefore, a prediction indicated that a doubling GDP may result

in a reduction of Nariño’s poverty index about 0.12 percent, giving an increase of per capita income

around $1,574, and an increase of Pasto employment about 473 people per year.

* Especialista de la Universidad del Valle. Docente investigador de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Pasto. Correos electrónicos: [email protected], [email protected]

Cómo citar este artículo: Ramírez Velasco, C. A. (2011, enero-junio), “Cuentas regionales del sector solidario en Nariño”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 12-34.

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Revista COOPERATIVISMO & DESARROLLO ¤ Volumen 19 Número 98 ¤ enero – junio 2011

Keywords: poverty, production, gross domestic product, solidarity sector, value added.

Descriptors: E010. Measurement and data on national income and product accounts and wealth.

E200. Macroeconomics: consumption, saving production employment and investment: general (inclu-

des measurement and data). E230. Macroeconomics: Production.

Recibido: 15 agosto del 2010 Aprobado: 15 de febrero del 2011

Introducción

En Colombia se adopta el sistema inter-nacional de cuentas nacionales scn-1993, promulgado por las Naciones Unidas, el cual puede definirse como el “conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados en una serie de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptados internacio-nalmente […] para la toma de decisiones y formulación de la política económica” (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2010). El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (dane) presenta anualmente las cuentas regionales: un compendio de indicadores económicos de los sectores agropecuario, productivo y de servicios, que les sirve como escenario de decisión financiera a diversos actores que intervienen en la economía, entre los cuales se encuentran el sector público en los ámbitos nacional, regional y local; el sector privado, como los inversionistas, los grandes y medianos empresarios y microempresarios, y el sector solidario.

En el departamento de Nariño, el levantamiento de la información económica es efectuado por el Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial (Cedre) de la Universidad de Nariño, la cual es validada por el

dane, estamento que la consolida con información de todos los departamentos colombianos; sin embargo, se trata de un consolidado general que no detalla el comportamiento económico del sector solidario, siendo éste una potencial fuerza económica del país. Las empresas del sector solidario requieren apoyo para la toma de decisiones operativas, de inversión, financiación, de reconversión tecnológica y de mercadeo.

Además, el sector solidario en Colom-bia tiene un deficiente sistema orien-tado a establecer las estadísticas de su desempeño. Si bien la Superintendencia del Sector Solidario y el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria (Dansocial) presentan los resul-tados financieros y algunos indicadores para cada año fiscal, los consolidados no dan cuenta de la importancia del sector. Ante esta situación, la presente investigación se orientó a explorar las posibilidades de medición de la impor-tancia económica del sector, en particular, y de su aporte a la economía en conjunto. La baja disposición de estadísticas del sector obedece a diferentes hechos, entre ellos la no exigencia de renovación del registro mercantil en las Cámaras de Comercio por parte de las entidades sin ánimo de lucro, dentro de las cuales se enmarcan todas las organizaciones reconocidas como parte del sector soli-

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dario en Colombia, exceptuando a las empresas asociativas de trabajo (eat), las cuales sí cumplen con este requisito obligatorio para las sociedades comercia-les o personas naturales que desarrollan alguna actividad comercial. Estos hechos también llevan a que no se conozca con un alto nivel de confiabilidad el número de organizaciones solidarias existentes en el territorio nacional en condición de activas. No necesariamente las organiza-ciones creadas se encuentran operando, muchas de ellas se han liquidado o simplemente han dejado de operar, sin realizar los reportes pertinentes ante las Cámaras de Comercio, e incluso ante la Administración Nacional de Impuestos, lo que influye en la determinación de la importancia del sector, ya que no existe en Colombia un sistema orientado específicamente a su medición. Así, los esfuerzos realizados por instituciones de apoyo e investigadores orientados a establecer tal dimensión se ven limitados por las deficiencias de la información existente. Esta situación es aún más crí-tica cuando se trata de medir el compor-tamiento económico del sector expresado en su tasa de crecimiento desde el punto de vista de su producción, tal como se determina el comportamiento general de la economía de un país o región. Ello implicaría el conocer el desempeño no solo dentro de un determinado periodo, sino también su seguimiento periódico para cada año fiscal.

De esta manera, es oportuno el desa-rrollo de un sistema de cuentas económi-cas para el sector, puesto que es necesario conocer con acierto su contribución en

términos económicos, dado que el sector de la economía solidaria, como lo mani-fiesta Dansocial en su plan de desarrollo “Hacia una Colombia solidaria y en paz 2006-2010”:

[…] la economía solidaria desempeña un importante papel como agente promotor de equidad y desarrollo social […]. Promueve la formación de capital social; aporta a la formación de la democracia participativa; y contribuye de manera efectiva con la reducción de la pobreza, la distribución del ingreso y la generación de oportunidades para la población, entre otros aspectos (Dansocial, 2010, p. 5).

Antes de iniciar el desarrollo de la investigación fue necesario ubicar en el contexto la intención de ésta, para lo cual se consideró importante identificar algunos indicadores que eventualmente revelen si un país es pobre, conceptuar si Colombia lo es y reconocer el aporte productivo que el sector solidario genera a la economía del departamento y el aporte que proporcionaría a la minimización de la pobreza en Nariño, medido con indicadores enmarcados en el sistema de cuentas regionales. Para esto se consultó en la revista virtual Guía del Mundo, actualizada en línea, con el apoyo del Instituto de Estudios Políticos para América Latina (Iepala) y la Junta de Extremadura de la Consejería de Bienestar Social de Uruguay; se obtu-vieron datos, algunos actualizados hasta el 2007, sobre producción interna bruta pib, ingreso percápita o por habitante, índice de desempleo y valor de importa-ciones y exportaciones de algunos países

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del mundo que podrían catalogarse como ricos o pobres, información que es citada a continuación.

Esta intención se resume en cuantificar el potencial aporte que la economía soli-daria podría generar en la minimización de la pobreza a partir del incremento del producto interno bruto departamental generado por el sector solidario. Pese a lo anterior no deben perderse de vista los objetivos de la investigación, que consisten en obtener indicadores para el año fiscal 2007 acerca de los movimientos de las principales cuentas, como la producción, el valor agregado, el consumo intermedio, el producto interno bruto, la formación bruta de capital, y en establecer la proporción de cada cuenta citada dentro del total de cada una de éstas en Nariño.

Para obtener el valor de dichas cuen-tas en los objetivos, se requirió del acopio de información a partir de una encuesta financiera que recoge datos relacionados con el “balance general concebido como una lista del activo, pasivo y capital contable de una empresa en una fecha específica y con el estado de resultados que es un resumen de ingresos y gastos de una empresa durante un periodo especí-fico” (Warren, 2005, p. 45). Las cuentas de ventas y de gastos se encuentran en el estado de resultados y sirvieron para calcular el valor de la producción y del consumo intermedio del sector, respecti-vamente, de acuerdo con la metodología más adelante propuesta. Las cuentas de existencias y variación de inventarios contenidas en el balance general y en el estado de resultados sirvieron para

complementar el cálculo de la cuenta de producción. Se interpretarán las cuentas de los objetivos obtenidas de sumar o restar consolidados de las cuentas de los dos estados financieros mencionados, mas no los consolidados intermedios.

Para el 2007 países con alto nivel de producción como Luxemburgo, con un pib per cápita de 74.573 dólares; Estados Unidos, con un pib per cápita de 41.854 dólares, o Irlanda, con pib per cápita de 40.942 dólares, tienen indicadores bajos de desempleo, con 4,8% en Luxemburgo, 5,5% en Estados Unidos y 4,4% en Irlanda, mientras que países como Colombia, con menor pib per cápita de 7.769; Venezuela, con pib per cápita de 6.531 dólares, y Perú, con pib percápita de 6.226 dólares, tienen más altos indicadores de desem-pleo; 14,2% en Colombia, 16,8% en Venezuela y 10,3% en Perú. Además, el ingreso nacional per cápita de estos también está relacionado: Luxemburgo tiene un ingreso percápita de 65.340 dólares, Estados Unidos, 41.950 dólares; Irlanda, 34.720 dólares, mientras que Colombia, Venezuela y Perú tienen un ingreso percápita de 7.420 dólares, 6.440 dólares y 5.830 dólares, respectivamente. A esto se suma el hecho de ser aquellos países de mayor producción los que más exportaciones presentan: Luxemburgo exporta productos por un valor de 46.588 millones de dólares anuales, mientras que importa productos por un valor de 37.859 millones de dólares. Irlanda exporta productos por un valor de 145.720 millones de dólares anuales e importa 124.724 millones de dólares

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anuales. Colombia exporta productos por un valor de 20.363 millones de dólares anuales e importa productos por un valor de 19.929 millones de dólares anuales. Perú exporta 14.347 millones de dólares anuales e importa 12.581 millones de dólares. Esto genera una diferencia entre exportaciones e impor-taciones, así: Irlanda, 20.996 millones de dólares anuales; Luxemburgo, 8729 millones de dólares anuales; Perú, 1766 millones de dólares anuales, y Colombia, 434 millones de dólares anuales (Iepala, 2010). De acuerdo con lo anterior, podría decirse que países como Luxemburgo e Irlanda son económicamente ricos —ya que tienen mayor ingreso per cápita y menor indicador de desempleo— y tienen mayor diferencia entre sus importaciones y exportaciones. Tener mayor ingreso y menor desempleo, vender más y comprar menos, implica mayor riqueza para una nación. Prueba de ello es que estos países no presentan indicadores de indigencia. En cambio, Colombia y Perú, con menor ingreso percápita, mayor desempleo y menor diferencia entre importaciones y exportaciones, y que son altamente con-sumidores de productos “comprados en dólares” y poco vendedores de productos “vendidos en pesos”, son países pobres. Prueba de ello son los indicadores de indigencia y pobreza que presentan.

La riqueza de un país no radica únicamente en el reflejo de indicadores económicos, también son riqueza el conocimiento, la religión y la cultura de sus habitantes, los recursos naturales, la potencialidad de investigar, inventar e industrializar, entre muchos aspectos. Sin

embargo, los indicadores económicos son un reflejo representativo del estado de pobreza o riqueza de un país. La pobreza se interpreta como “una condición socio-económica en la cual el ser humano no puede satisfacer las necesidades mínimas de subsistencia y vida social” (Salazar, 2009, p. 25). Si bien son necesarias cifras sociales o económicas para estimar el grado de pobreza o riqueza, basta vivir la situación social y económica colombiana, en la que el desempleo, el desplazamiento, la delincuencia, la indigencia y el hambre son parte de la vida diaria, para catalogar a Colombia como un país pobre. Y lo más desalentador es que no se aprecian cambios sustanciales con el aporte que ha venido dando la inversión privada y pública a través de variedades diferentes de empresas existentes en Colombia. Al contrario, grandes inversionistas extranjeros y algunos pocos colombianos se enriquecen con los recursos humanos y naturales existentes en el país. Por esta razón, la presente investigación estimó la importancia y potencialidad económica del sector solidario de Nariño como alternativa para el incremento del empleo y para el incremento del ingreso per cápita. Esto sería posible con nuevos proyectos de inversión social y solidaria, en los cuales participarían las clases más desfavorecidas con su pequeño aporte en grandes sistemas comerciales y empre-sariales solidarios y productivos para incrementar el ingreso de las familias, la riqueza del departamento y aportar a la minimización de la pobreza. Por tanto, es apropiado medir las cuentas que reflejan este crecimiento empresarial y su activi-

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dad productiva y económica, como las cuentas de producción, valor agregado, consumo intermedio, producto interno bruto y acumulación bruta de capital del sector solidario y su participación dentro de las cuentas regionales consolidadas de Nariño, para estimar el crecimiento de estas cuentas asociadas con el incremento de ingresos a partir de nuevas empresas solidarias y del crecimiento de las actua-les organizaciones solidarias. Finalmente, se busca estimar cómo incidirían los resultados de estas cuentas económicas regionales en la minimización de la pobreza del departamento de Nariño, expresada en el incremento del empleo y en el crecimiento del ingreso per cápita de los colombianos.

Es importante tener en cuenta que:

Mientras para unos las condiciones de vida del colombiano medio han venido mejorando sustancialmente en las últi-mas décadas lo cual se traduce en un decrecimiento constante del porcentaje de la población sumida en la pobreza, que ha descendido de un nivel estimado del 50% en 1964 al 27% en 1992, luego de este año y hasta 1995 se incrementó la pobreza absoluta al 52%. En lo que han coincidido todos los indicadores es en el hecho de que la pobreza se ha concen-trado en el área rural donde vive el 70% de los pobres del país. Se cree que estas diferencias se deben entre otros aspectos a que los instrumentos registran un ele-vado margen de error, pues no tienen en cuenta factores internos como violencia generada por la guerrilla, los paramili-tares y el narcotráfico (Madriaga, 2003, p. 77).

De este mal adolece también la pre-sente investigación, no obstante, esto no reviste mayor importancia, por cuanto el resultado final es la disposición de esta-dísticas consolidadas que reflejen para el año fiscal 2007 la cuantificación de varia-bles económicas como la producción, el valor agregado, la formación bruta de capital, el producto interno bruto y el consumo intermedio. Su disposición per-mite determinar la importancia de cada una de las actividades económicas que se desarrollan en el sector solidario y, de manera general, determinar el compor-tamiento e importancia de la economía solidaria en el departamento de Nariño y, eventualmente, definir cómo podría influir este comportamiento en algunas variables relacionadas con la pobreza del departamento, teniendo en cuenta que no son únicos causales de pobreza o riqueza estos indicadores económicos obtenidos.

Aunque el dane mide la pobreza mediante indicadores como: necesidades básicas insatisfechas, déficit de vivienda, viviendas inadecuadas o con hacina-miento, número de comidas diarias, coeficiente de Gini, indigencia, pobreza por ingresos, desigualdad, entre otros, la presente investigación, que es una combinación de temáticas, especialmente sobre economía solidaria y cuentas económicas regionales, ostenta un mayor peso en el enfoque económico. Por este motivo, y a partir de datos de los estados financieros con sencillos cálculos que se consignan en la metodología, se obtuvie-ron como objeto de estudio las cuentas de producción, consumo intermedio, valor agregado, pib y acumulación bruta de

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capital, para más adelante, como efecto de la investigación, estimar con la técnica de regresión otras cuentas socioeco-nómicas asociadas con la pobreza, como ingreso, número de empleados y porcentaje de pobreza. Algunas personas y agrupaciones cifran sus esperanzas en una alternativa económica solidaria para minimizar la pobreza expresada en estos indicadores, sin embargo, la eco-nomía solidaria no es un simple criterio economicista del pib per cápita, ni esta variable es la única que incide en estos indicadores; es sólo una referencia. El sector solidario está conformado por un concepto integral:

La formalización del modelo solidario en Colombia tiene una historia reciente que se inició en 1931 con la expedición de la Ley 134. En 1986 se adopta el concepto de Economía Solidaria con el Decreto 2536 del 4 de agosto que dio vida al Consejo Nacional de Economía Solidaria y lo reconoce como un sector de gran importancia en el entorno eco-nómico nacional y en 1988 con la Ley 79 se organizan las formas solidarias del cooperativismo, asociaciones mutuales y fondos de empleados (Minhacienda, 2007, p. 6). A diferencia de otras formas empresa-riales, uno de los principios en que se fundamenta la empresa de la economía solidaria es la activa participación de todos los asociados en las diferentes actividades que se realicen, de acuerdo con la naturaleza de la empresa: servi-cios, trabajo, ahorro y crédito… cada asociado debe tener un papel responsable en la empresa solidaria, no hacerlo les hace perder dinámica y los aleja de los

principios de autogestión, solidaridad y ayuda mutua (Arango, 2005, p. 193).

Entre las empresas de economía soli-daria más antiguas en el ámbito mundial se encuentra la Cooperativa Mondragón, en España, entidad que periódicamente ha realizado investigaciones económicas con perfiles diferentes al de la presente investigación. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (clad) adelantó el foro sobre políticas públicas e investigación para economía solidaria, en el cual hubo ponencias de la Red Canadiense de Desarrollo Econó-mico Comunitario (ccednet), gestora del Grupo de Iniciativa de Economía Solidaria (gies) con trabajos de economía solidaria en comunidades canadienses. También fue ponente el Centro de Estudios Multidisciplinarios (cebem), con investigaciones en desarrollo local y territorial de economía solidaria. El International Development Research Centre (idrc) ha adelantado estudios similares. La Universidad San Martín, del Perú, lidera el grupo de iniciativa de economía solidaria de San Martín que, a la vez, agrupa más de diez proyectos empresariales solidarios en ese país. En Colombia, las investigaciones económicas más completas son dirigidas por el dane o sus colaboradores. No obstante, estas investigaciones, propias de cada rama de la economía, se realizan a través de las empresas en temas que especialmente a su gremio compete. También hay inves-tigaciones de cada rama de la actividad económica realizadas por entidades solidarias y, además, existen algunos

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estudios sociales, productivos, adminis-trativos e incluso demográficos asociados con el sector solidario efectuados por la Supersolidaria y Dansocial. No se observa en estos estudios e investigaciones la dedicación exclusiva para diferenciar, de acuerdo con la metodología de cuentas regionales, el aporte de la economía solidaria a los departamentos o países. Por lo anterior, se considera que el alcance de la investigación debe ir más allá, se debe ampliar hacia otros grupos de inves-tigación de otros departamentos, para consolidar y presentar esta información económica del sector solidario a nivel nacional en forma permanente.

Metodología

Se efectuaron encuestas en las diferentes organizaciones del sector solidario en el departamento de Nariño, en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco. La recopilación de la información se efectuó mediante la aplicación de dos tipos de encuesta: una específica para las organizaciones, cuyo objeto funda-mental se relaciona con el ahorro y el crédito, y otra para las demás actividades económicas desarrolladas por las dife-rentes organizaciones del sector, a saber: comercio, artesanías y transformación industrial que, de acuerdo con las cuentas económicas regionales dane, se presenta como rama de industria manufacturera (dane, 2010a) y otros.

La intención fue incluir la mayoría de las entidades solidarias de Nariño dentro del estudio. Por razones logísticas y de campo, se logró acopiar información de 186 entidades de las 270 existentes,

por esto no hay necesidad de calcular el tamaño de la muestra. En cambio, teniendo este tamaño de muestra y conociendo el tamaño de la población, se propuso un nivel de confianza del 95% para calcular el error de estimación. Para hacerlo se ha empleado la fórmula de muestreo simple (Pardinas, 2005, p. 178). Sustituyendo estos valores en la fórmula despejada, se obtuvo un error de estimación del 2,6%.

La investigación acopia datos eco-nómicos y productivos de la base de datos del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (dane) actualizada al 2007. Esta base fue depurada por medio de visitas a direcciones de las empresas para verificar su existencia y la veracidad de la información consignada en dicha base. Además, se incluyeron empresas solidarias que existen pero no se encuentran relacionadas en la base de datos. Lo anterior fue previo al trabajo de campo, al cual se antepuso también la observación de bases de datos de la Cámara de Comercio de Pasto, Tumaco, Túquerres e Ipiales; una base de datos de Dansocial y una base de la Super-solidaria. Finalmente, se obtuvo una base de datos relativamente confiable y útil para adelantar eficientemente el trabajo de campo y para suministrarla a entidades que la requieran. Después de depurar la base de datos, se realizó una prueba piloto aplicando las encuestas diseñadas para corroborar la informa-ción y detectar “errores no de muestreo” (Caballero, 1999). Con las correcciones ya realizadas al formato de las encuestas, se hizo entrega de estas en cada coope-

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rativa, empresa asociativa de trabajo eat, asociación mutual, federación, cooperativa multiactiva, precooperativa y cooperativa de trabajo asociado cta, especialmente en aquellas que no figura-ban en la base de datos inicial.

No habría sido apropiado tomar el esquema de cuentas regionales dane por ramas de actividad económica, como café, silvicultura, pesca, extracción de madera, productos animales, petróleo, carbón, minerales, tabaco, energía eléc-trica, gas domiciliario, hotelería, servicios inmobiliarios, servicios de correos y telecomunicaciones, administración pública, alcantarillado, actividades de esparcimiento, entre otras ramas, pues las organizaciones del sector solidario de Nariño, en su mayoría, no se inscriben en estas ramas; las que sí lo hacen, si la tienen, son sobre todo empresas privadas. De esta manera, el aporte del sector solidario den-tro de estas ramas es casi nulo. En esta cla-sificación aportan especialmente al sector solidario de Nariño las ramas de servicios financieros y servicios de transporte por vía terrestre, ya que varias de las empresas transportadoras de Nariño son coopera-tivas y varias entidades cooperativas son financieras o de ahorro y crédito. También en este marco de cuentas regionales se concibe una rama denominada “industria manufacturera” (dane, 2007a), la cual, en la presente investigación, se denomina “transformación industrial”, que es una de las ramas que más aporta al sector solidario de Nariño. Por tratarse de un estudio fuente para próximas investigacio-nes, ésta no contiene resultados detallados de las ramas de cuentas regionales dane

mencionadas, no obstante, y ceñido al esquema de cuentas regionales dane, el estudio contiene el consolidado de las cuentas de producción, consumo inter-medio, valor agregado, formación bruta de capital y producto interno bruto de las ramas que actualmente trabaja el sector solidario nariñense. Las encuestas entre-gadas y diligenciadas en Pasto, Tumaco, Túquerres e Ipiales se anexaron a la base de datos depurada, evitando los traslapes estadísticos de información, quedando una base de datos relativamente robusta y confiable.

El total de cada cuenta obtenido de la sumatoria de los datos de las organiza-ciones muestreadas se ha dividido entre el número de empresas encuestadas o tamaño de muestra n = 186. Resultado que proporciona el valor por empresa de cada cuenta, este valor per cápita por empresa se ha multiplicado por el número de empresas que existen en Nariño, de acuerdo con la comprobación de la base de datos en el trabajo de campo de la presente investigación, correspondiente a un tamaño de población N = 270, así, se ha estimado el valor total con que aporta el sector solidario a cada cuenta relacionada en los objetivos: producción, valor agregado, consumo intermedio, producción interna bruta y formación bruta de capital. De igual manera, se ha realizado el procedimiento para estimar el valor por habitante: conociendo la cantidad de habitantes de Nariño igual a 1.580.123, dato obtenido de la base de datos del dane (2010c), se ha dividido el total de cada cuenta obtenido para la población N entre este número de

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habitantes, generando el valor estimado per cápita por habitante de cada cuenta. Los datos a procesar se han tomado directamente del formato de encuesta de información financiera de cada empresa y se han totalizado, luego se han empleado estos totales para sustituirlos en cada una de las siguientes fórmulas y obtener el valor de cada cuenta económica, así: “El valor de la cuenta de producción (P) incluye la producción de mercado que es vendida o se piensa destinar a su venta en un mercado a precios económicamente significativos” (dane, 2007b, p. 5). “El consumo intermedio (CI) está representado por el valor de los bienes y servicios utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos” (dane, 2007d). “El valor agregado es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio (va = p - ci)” (dane, 2007d, p. 5). El pro-ducto interno bruto, de acuerdo con la metodología del dane, “es igual al valor agregado más los derechos e impuestos” (pib = va+di) (dane, 2007d, p. 5). La formación bruta de capital se obtiene a partir de las “adquisiciones de capital fijo menos las disposiciones más la varia-ción de existencias (fbc = cf - d + e)” (dane, 2007c, p. 4).

Los consolidados se manejaron en el paquete estadístico spss y las gráficas se procesaron en hoja electrónica Excel. En el desarrollo se presenta la interpretación de la proporción que ocupa cada rama o tipo de actividad dentro del total gene-rado en cada cuenta por las empresas del sector solidario de Nariño con una torta al pie de cada interpretación, luego se

interpretan los datos de cada cuenta en valor absoluto (no relativo) con el aporte de cada rama o tipo de actividad al sector solidario de Nariño y un diagrama de barras al pie de cada interpretación. Después se presentan los valores per cápita estimados por empresa y por habitante en cada cuenta muestreada con un diagrama de barras que presenta los valores absolutos per capita de cada rama o tipo de actividad económica para cada cuenta. Al final de la interpretación de resultados de cada cuenta se incluye la participación del sector solidario dentro del total de la cuenta generada por todos los sectores económicos de Nariño: sectores público, privado y solidario. Para ello hubo la necesidad de consultar el valor consolidado del departamento de Nariño de las cuentas de producción, valor agregado, consumo intermedio, producto interno bruto y formación bruta de capital.

Finalmente se obtuvo la relación del pib y de la producción con variables como ingreso por familia nariñense, número de ocupados en Pasto e indicador de pobreza. A partir de esta relación se estimó su variación apoyada con el aporte del sector solidario. Esta relación medida con el grado de regresión, entendido como “la influencia que una variable ejerce sobre otra” (Fernández, 2003) también es alta, como se mostrará en los resultados. Esto quiere decir que si el sector solidario es artífice del crecimiento del pib de Nariño por habitante en determinada proporción, entonces incrementaría en semejante proporción el ingreso per cápita de las familias nariñenses.

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En la tabla 1 se presentan las variables independientes obtenidas de la encuesta aplicada, que tiene su encabezamiento de información general y un formato equivalente a los estados financieros de

resultados balance general. De esta infor-mación se obtuvo el valor de las variables dependientes con la operación que se muestra en la columna de indicador y la fuente de donde se obtuvo.

Tabla 1. Operacionalización de variables

Objetivos específicosVariables

Indicador

Fuente(para obtener las variables

independientes)Independientes Dependientes

Obtener indicadores para el año fiscal 2007, acerca de los movimien-tos de los principales flujos, como la produc-ción, valor agregado, el consumo intermedio y la formación bruta de capital

IngresosInventarios

Cuenta de producción

p = ingresos totales + inventarios

Estado de resultados y balance general (encuestas)

Costo de venta de mercancías

Consumo intermedio

ci = Σ costo de venta de mercancías

Estado de resultados (encuestas)

Total inversiones

Formación bruta de capital

fbc = Σ total inversiones

Balance general (encuestas)

Establecer la composi-ción del valor agregado del sector solidario en el departamento de Nariño y la importancia de cada una de las actividades económicas que se desa-rrollan bajo el modelo solidario

IngresosInventariosCosto de venta de mercancías

Valor agregado va = p- ciEstado de resultados (encuestas)

Establecer la contri-bución de la economía solidaria en el pro-ducto interno bruto departamental

IngresosInventariosCosto de venta de mercancíasImpuestos

Producto interno bruto

pib = va - impuestos

Estado de resultados (encuestas)

Fuente: elaboración propia

Resultados

En la tabla 2 se presentan los resultados consolidados de las variables indepen-dientes obtenidas del trabajo de campo, a

partir de los estados financieros estable-cidos como formato en la encuesta y los resultados de las variables dependientes obtenidos de los cálculos explicados en la tabla 1 de la metodología.

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5.84

4$4

.795

.870

.241

pib

de la

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blac

ión

23.2

89.1

82.6

1513

.445

.623

.359

42.4

95.9

70.1

99$2

6.15

9.87

129

.862

.439

.011

$109

.119

.375

.055

pib

por

habi

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26.8

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718

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$69.

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Los resultados revelan el potencial económico del sector solidario dentro de toda la producción colombiana para cada tipo de organización, llámese cooperativa, pre-cooperativa, asociación mutual, fondo de empleados, empresa asociativa de trabajo o cooperativa de trabajo asociado. En la tabla 3 se resu-men algunos resultados obtenidos de la

presente investigación, se presenta cada cuenta programada en los objetivos de la investigación en los ámbitos nacional y departamental, en millones de pesos y en pesos, la participación porcentual de cada cuenta del sector solidario dentro del total de Nariño y la participación de sectores privados y públicos dentro de cada cuenta del departamento.

Tabla 3. Participación del sector solidario en Nariño, 2007

CuentaMillones de

pesosPesos

Participación porcentual

Cuenta de producción nacional(Fuente: dane)

$736.558.594 $736.558.594.000.000

Cuenta de producción de Nariño(Fuente: dane)

$12.153.217 $12.153.216.801.000 100%

Participación Cuenta de producción sector solidario(Fuente: obtenido del muestreo realizado a partir de 186 encuestas)

$375.761 $375.761.109.561 3,09%

Consumo intermedio nacional(Fuente: dane)

$340.929.671 $340.929.671.000.000

Consumo intermedio Nariño(Fuente: dane)

$5.625.340 $5.625.339.571.500 100%

Participación consumo interme-dio sector solidario(Fuente: obtenido del muestreo realizado a partir de 186 encuestas)

$265.650 $265.650.761.033 4,72%

Valor agregado nacional(Fuente: dane)

$395.628.923 $395.628.923.000.000

Valor agregado Nariño(Fuente: dane)

$6.527.877 $6.527.877.229.500 100%

Participación valor agregado sector solidario(Fuente: obtenido del muestreo realizado a partir de 186 encuestas)

$67.244 $67.244.582.098 1,03%

(Continúa)

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pib nacional 2007(Fuente: dane)

$431.839.018 $431.839.018.000.000

pib Nariño departamental(Fuente: dane)

$7.126.347 $7.126.347.000.000 100%

Participación pib sector solidario(Fuente: obtenido del muestreo realizado a partir de 186 encuestas)

$66.725 $66.725.120.953 0,94%

pib departamental por habitante(Fuente: dane)

$4.509.995

pib del sector solidario por habitante(Fuente: obtenido del muestreo realizado a partir de 186 encuestas y procesamiento de datos de acuerdo con la metodología propuesta)

$56.163

Ingresos sector solidario por habitante(Fuente: obtenido del muestreo realizado a partir de 186 encuestas y procesamiento de datos de acuerdo con la metodología propuesta)

$141.799

Participación de Nariño en el pib nacional(Fuente: dane)

1,65%

Población total Nariño 2007 (Fuente: dane)

1.580.123

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes descritas

El pib colombiano, uno de los más bajos del mundo, a precios corrientes en el 2007 fue de cerca de 431 billones de pesos. Nariño ocupó un 1,65% de esta producción (dane, 2010a), con alrededor de 7 billones de pesos. El Estado y los pocos grandes consorcios nacionales e internacionales aportan ampliamente a esta producción.

Es importante el sector solidario de Nariño como alternativa para el incre-mento del empleo, para el incremento del ingreso per cápita y para el crecimiento de la diferencia entre importaciones y exportaciones. Esto sería posible con nuevos proyectos de inversión social y solidaria en los cuales participaran las clases más desfavorecidas con su

(Cont.)

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pequeño aporte en grandes sistemas comerciales y empresariales solidarios y productivos, para incrementar el ingreso de las familias, la riqueza del departa-mento y aportar a la minimización de la pobreza. Por tanto, fue apropiado medir las cuentas que reflejan este crecimiento empresarial y su actividad productiva y económica, como las cuentas de producción, valor agregado, consumo intermedio, producto interno bruto y acumulación bruta de capital del sector solidario y su participación dentro de las cuentas regionales consolidadas de Nariño para estimar el crecimiento de estas cuentas asociadas con el incre-mento de ingresos a partir de nuevas empresas solidarias y del crecimiento de las actuales organizaciones solidarias, y, finalmente, estimar cómo incidirían los resultados de estas cuentas económicas regionales en la minimización de la pobreza del departamento de Nariño expresada en el incremento del empleo y en el crecimiento del ingreso per cápita de los colombianos.

La cuenta de producción del sector solidario tiene su mayor aporte con la actividad comercial, la cual es la que mayor cantidad de ingresos genera, seguida por las actividades de transfor-mación industrial y de ahorro y crédito. En este mismo orden se presentan las cuentas de consumo intermedio: pro-ducto interno bruto y valor agregado. La

cuenta de acumulación bruta de capital fijo es fortalecida especialmente por el sector de transformación industrial, que ha adquirido mayor valor en planta y equipos.

No obstante, el sector solidario aporta con menos del 5% en cada una de estas cuentas dentro del total de Nariño. La mayoría de las entidades solidarias del departamento no pasan de ser microem-presas o “famiempresas”, y no se perci-ben iniciativas de agrupación pese a las necesidades que el departamento tiene. Son numerosos y valiosos los recursos naturales sin explotar, los productos en la mayoría no se transforman en la región y son enviados a otros departamentos en los cuales aprovechan el valor agregado que genera su transformación: es el caso de la papa, el cacao, el coco, las frutas, el ganado, para mencionar sólo algunos.

En Colombia, el sector que más aporta en la cuenta de producción nacional es la industria manufacturera, con $203.278.501.000.000 (dane, 2010b). En Nariño, la cuenta de producción para el 2007 asciende a $12.153.216.801.000, de los cuales el sector solidario aporta con $375.761.109.561. En la figura 1 se observa que el porcentaje con que participa el sector solidario dentro de la cuenta de producción de Nariño es del 3,09%, aporte relativamente bajo; los sectores público y privado aportan con el 96,91%.

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Cuenta de producción de Nariño 96,91%

Cuenta de producción sector solidario 3,09%

Figura 1. Participación del sector solidario en la cuenta de producción de NariñoFuente: muestreo realizado a partir de 186 encuestas y procesamiento de datos de acuerdo con la metodología propuesta

Los pib nacional y departamental se relacionan con un 99% de correlación. Con base en el dato nacional se han esti-mado los valores del pib departamental y del pib departamental per cápita para el 2008 y el 2009, información de la que carecía esta investigación.

El sector solidario participa con el 0,94% en el pib de Nariño (ver figura 2). Si este sector incrementara su producción y lograra aumentar al doble su partici-pación, es decir, en 1,88% además del incremento normal que sufre anualmente para el 2008 (teniendo en cuenta que la variable pib departamental influye en el ingreso per cápita de las familias de Nariño con un 98%), puede decirse que el pib nariñense, que en el 2007 es de 7.126.347 millones de pesos, para el 2008 será de 8.252.265 millones de pesos, valor que tratado como variable independiente en una ecuación lineal en la que se incluyen los datos desde el 2002 hasta el 2007, representa un pronóstico para la variable dependiente o ingreso per cápita de las familias por un valor de $553.698. Al incluir el 0,94% adicional

que generará el sector solidario, el valor del pib sería de 8.329.836 millones de pesos y el pronóstico del ingreso percá-pita de las familias sería $555.272 para el 2008, es decir el aporte del sector soli-dario adicional al actual por incrementar el 0,94% al pib departamental, sería de un incremento de $1.574 en el ingreso percápita de las familias nariñenses. Sin embargo, revisando la estimación efec-tuada por el dane, el ingreso percápita de las familias fue de $570.258 en el 2008, es decir, la estimación de $553.698 efectuada en esta investigación presenta un error de $16.560 o 2,9% de error.

pib Nariño (departamental)99,06%

pib sector solidario 0,94%

Figura 2. Participación del sector solidario en el pib de NariñoFuente: muestreo realizado a partir de 186 encuestas y procesamiento de datos de acuerdo con la metodología propuesta

De igual manera, como se sabe que el pib de Nariño influye en el número de ocupados en Pasto con un 91% de coeficiente de regresión, para el 2008 y el 2009, se pronostica para la variable dependiente un número de 170.749 y 173.585 personas ocupadas respectiva-mente. Al incluir el 0,94% de partici-pación adicional que el sector solidario generaría en el pib departamental de

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estos años, subiría el número de personas ocupadas a 171.222 ocupados y 174.345 ocupados, respectivamente. Es decir, este incremento adicional del 0,94% en el pib departamental incrementaría una cantidad de 473 nuevos ocupados en el 2008 y 760 nuevos ocupados en el 2009. Se sabe que el pib departamental influencia al porcentaje de pobreza de Nariño con un 94% y las dos variables están asociadas negativamente con un 97% de correlación. Con igual proce-dimiento, al incrementar el 0,94% en el pib departamental, se pronostica para la variable dependiente pobreza un índice de 45,55% para el 2008 y 45,07% para el 2009. Sin embargo, revisando la estima-ción efectuada por el dane, el índice de pobreza está en 46% y 45,5% para 2008 y 2009, respectivamente. De acuerdo con esta diferencia, el error cometido en esta investigación es de 0,45% y 0,43%, es decir, un error relativamente bajo, lo que asegura que un pronóstico generado por esta investigación para estimar el indica-dor de pobreza minimizada por acción del incremento del pib departamental del 0,94% a partir del apalancamiento del sector solidario es relativamente bueno, incluso para los años venideros 2010, 2011 y 2012. Se estima una reducción de la pobreza de Nariño a partir de este aporte solidario de 0,13% para el 2008 y 0,11%, un promedio de 0,12% de reducción anual del índice de pobreza.

Lo anterior demuestra que el sector solidario es una fuerza económica potencialmente fuerte para incrementar

el empleo, el ingreso per cápita de las familias nariñenses y para minimizar la pobreza, pues hasta estos días es relativamente poco el aporte actual del sector solidario, y en Nariño hay muchos recursos por emplear, procesar e indus-trializar, muchas personas por integrarse en actividades y negocios comunes que no necesariamente necesitan de dineros individuales para inversión, ya que exis-ten programas y entidades que apoyan la inversión social y económica de las fami-lias y personas emprendedoras. El buen futuro de Nariño y Colombia puede estar en las manos del sector solidario. Tómese este llamado como un reto para aquellos confeccionistas, ebanistas, artesanos, recicladores, agricultores, comerciantes, lecheros, ganaderos, pescadores y amas de casa que no tienen ingresos suficientes, que no tienen empleo y que con seguridad engrosan las proporciones de familias pobres. Es más difícil mejorar productivi-dad e incrementar la producción y el pib en aquellos departamentos o naciones ya industrializadas. Nariño apenas comienza, y hay mucho por hacer: es necesario organizarse, es responsabilidad de cada quién y de los estamentos del Estado que apoyan la economía solidaria.

Con el mejoramiento de las cuentas de producción y pib, a partir de la agru-pación y del crecimiento de empresas solidarias, el Sector Solidario puede apalancar la minimización de la pobreza en Nariño, reflejada en el índice de pobreza, el número de empleados y el ingreso percápita de las familias.

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Conclusiones

El sector solidario es una alternativa fuerte para incrementar la producción y la productividad de sectores comerciales, industriales y de servicios. Como efecto se incrementaría el pib y, por lo tanto, el empleo y el ingreso de las familias, por lo que en algo se aliviaría la pobreza de las familias nariñenses. Actualmente, el sector solidario tiene muy bajo peso en la economía del departamento, pero tiene gran potencialidad. En Colombia el ingreso per cápita de las familias se incrementa cada vez que las cuentas de producción o pib se incrementan.

El sector solidario aporta de alguna manera a la economía del país. Para analizar el estado económico están las cuentas regionales, que no tienen clasi-ficación por sector (público, privado y solidario). Se debe saber el valor de las cuentas económicas del sector solidario de los objetivos y su participación en Nariño, así se medirá cómo puede crecer la economía colombiana con el incremento de la cuenta de producción y el ingreso del sector cooperativo, que trae como beneficios el incremento de empleo, la minimización de pobreza de familias, alternativas de sustitución, entre otras. Con el mejoramiento de las cuentas de producción y pib, a partir de la agrupación y del crecimiento de empresas solidarias, el sector solidario puede apalancar la minimización de la pobreza en Nariño, reflejada en el índice de pobreza, el número de empleados y el ingreso per cápita de las familias. A medida que el sector solidario crezca,

también va a crecer el pib departamental y otros indicadores económicos, e igual-mente mejorará la calidad de vida de los nariñenses, reflejada en la minimización de algunos indicadores de pobreza, con beneficios socioeconómicos adicionales, como el incremento del empleo y del poder adquisitivo.

Recomendaciones

Los colombianos en condiciones de pobreza se han unido en organizaciones solidarias, como cooperativas de reci-cladores, cooperativas de profesionales, de agricultores, empresas asociativas de trabajo, de educación, de seguridad, entre muchas otras formas de agrupación. A pesar de ello, no es suficiente: hace falta una explosión de empresas solidarias hacia la producción de bienes tangibles y servicios, generadoras de empleo y de herramientas contra la pobreza, generadoras de riqueza expresada en el pib y en el valor agregado; empresas con la ventaja competitiva de tener un talento humano relativamente poco costoso, capaces de competir nacional e internacionalmente con productos y con alta capacidad de decisión en la economía nacional; multinacionales crecientes cuya plusvalía beneficie las arcas de muchos colombianos comunes y no solamente las de unos pocos inversionistas nacionales e internacionales. Al integrar los esfuerzos y la cooperación de muchos nariñenses, podrían industrializarse productos agrí-colas, pecuarios, energéticos, de manera que incrementen el nivel de empleo y de ingreso, alivien las necesidades básicas

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de las familias y minimicen la pobreza de los nariñenses.

Se vislumbra al sector solidario de Nariño como alternativa para el incre-mento del empleo, para el incremento del ingreso per cápita y para el crecimiento de la diferencia entre importaciones y exportaciones. Esto sería posible con nuevos proyectos de inversión social y solidaria en los cuales deben participar las clases más desfavorecidas con su pequeño aporte en grandes sistemas comerciales y empresariales solidarios y productivos, para incrementar el ingreso de las familias, la riqueza del departa-mento y aportar a la minimización de la pobreza. Por tanto, es importante incrementar la producción, el valor agregado, el consumo intermedio, el pib y la acumulación bruta de capital del sector solidario y su participación dentro de las cuentas regionales conso-lidadas de Nariño, para así propiciar el incremento de ingresos a partir de nuevas empresas solidarias y del crecimiento de las actuales organizaciones solidarias y aportar a la minimización de la pobreza del departamento de Nariño, expresada en el incremento del empleo y en el crecimiento del ingreso per cápita de los colombianos. Las personas naturales deben agruparse en torno a la producción de bienes y servicios para generar un bienestar común e individual, y una exce-lente opción es la agrupación solidaria. Se deben conformar empresas altamente productivas con el apoyo financiero que ofrece el Estado a través de múltiples convocatorias y entidades que apoyan iniciativas empresariales y solidarias.

Deben aprovecharse algunas ventajas que el sector solidario tiene sobre los sectores privado y público que lo hacen potencialmente más fuerte y le facilitan el aporte que pudiera generar a la economía del departamento:

Las empresas solidarias son rela-tivamente más susceptibles de inversión extranjera y estatal para adelantar proyectos de inversión.El sector solidario tiene el acom-pañamiento de Dansocial, la vigilancia de Supersolidaria, el apoyo del Fondo de Garantías para las Cooperativas (Fogacoop) y la asistencia académica, legal y logística de la Universidad Cooperativa de Colombia, entre otras entidades.La responsabilidad social va hasta donde el asociado tenga la voluntad de llevarla, y no va en detrimento económico del cooperador, es decir, que no están en riesgo los activos personales de cada asociado en caso de terminarse la empresa.Como la entidad cooperativa es de varios, e incluso de muchos, el aporte económico individual es pequeño y en el ejercicio de las labores de la empresa el asociado es el primer beneficiado.La agrupación solidaria se hace entre personas que normalmente asumen el mismo papel, lo que traduce pequeños esfuerzos indi-viduales en grandes resultados colectivos, ya que los asociados

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pueden ser proveedores de ser-vicios, recursos y materia prima de su propia organización, con beneficios para las dos partes. En las cooperativas no hay ni asa-lariados ni sindicatos (Forcadell, 2005).

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Volatility of work and income alternatives

Fernanda Henrique CUPERTINO ALCÂNTARA*

Fernanda ABREU NAGEM**

Ildefonso TOLEDO TEIXEIRA***

André Luís GOMES****

Resumo

Este artigo resulta de pesquisa realizada no município de Viçosa, Minas Gerais, Brasil, entre os anos

de 2008 e 2010, junto a dois grupos de catadores de material reciclável organizados em associações

civis sem fins lucrativos, juntamente com reflexões surgidas no Grupo de Estudos Economia Solidá-

ria, do Departamento de Economia Rural (DER), da Universidade Federal de Viçosa (UFV). A análise dos

resultados valeu-se do arcabouço teórico da Sociologia do Trabalho, que engloba questões ligadas

ao mundo do trabalho e a mudanças sofridas neste, tendo por fundamento a economia solidária e

a teoria cooperativista. Temas como reestruturação produtiva, modelo neoliberal, liofilização organi-

zativa, flexibilização, precarização, exploração, diminuição e insegurança do emprego relacionados

aos empreendimentos solidários autogestionados, estudados como formas alternativas de renda, são

abordados ao longo deste trabalho.

Palavras-chave: catadores de material reciclável, economia solidária, precarização, reestruturação

produtiva.

Descritores alfa: P130 - Empresas Cooperativas, J290 - Repartição do tempo, o comportamento no

trabalho; L380 - Políticas Públicas.

Abstract

This paper shows a result of a research carried out in Viçosa with some groups of recyclable material

collectors organized into associations. Analysis drew on a theoretical framework of sociology of work,

which covers topics related to labor environment and changes experienced, and based on Solidar-

ity Economy and cooperative theory. This paper deals about topics, such as restructuring process,

neoliberal model, organizational lyophilization, flexibility, insecurity, exploitation, shrinkage and job

insecurity related to self-managed solidarity, all of them examined as alternative income ways.

* Doutorado em Sociologia pelo iuperj. Professora Adjunta II da ufv. E-mail: [email protected]

** Graduada em História e mestranda em Extensão Rural pela ufv. E-mail: [email protected]

*** Graduando em Gestão de Cooperativas pela ufv. E-mail: [email protected]

**** Graduando em Economia Doméstica pela ufv. E-mail: [email protected]

Cómo citar este artículo: Cupertino Alcântara, F. H.; Abreu Nagem, F.; Toledo Teixeira, I. y Luís Gomes, A. (2011, enero-junio), “Precarização do trabalho e alternativas de renda”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 35-58.

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Fernanda Henrique CUPERTINO ALCÂNTARA – Fernanda ABREU NAGEM – Ildefonso TOLEDO TEIXEIRA – André Luís COOPERATIVISMO Y DESARROLLO

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Introdução

O presente artigo é fruto da pesquisa “Institucionalização das práticas coo-perativas em grupos de catadores de material reciclável de Viçosa-mg (Bra-sil)”, realizada entre os anos de 2008 a 2010, na qual foram entrevistados 37 associados da acat (Associação dos Catadores de Material Reciclável de Viçosa) e acamare (Associação dos Trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa-mg). O objetivo da referida pesquisa não se resumiu à discussão da precarização do trabalho e sua relação com formas ditas alternativas de renda. Na verdade, o objetivo da pes-quisa era descrever processos e práticas que contribuíssem para a institucionali-zação da cooperação, mas deste ponto de partida decorreram novas reflexões e problematizações. É freqüente na teoria

conhecida e também no senso comum o estabelecimento de algumas relações de causalidade que chegam a parecer consensuais, tais como flexibilização e reestruturação produtiva promovem precarização do trabalho, ou entre as duas primeiras e trabalho informal e desemprego. Neste artigo discutiremos elementos relacionados a estes fenômenos e em que medida os empreendimentos de economia solidária (ees), também chamados de empreendimentos econô-micos solidários ou empreendimentos solidários autogestionados, reproduzem ou afastam essa realidade. Considerando as mudanças estruturais que configu-ram o contexto sociohistórico ao qual pertencemos e no qual estamos imersos, além, é claro, da forte importância do fator trabalho na sociedade brasileira, analisamos como, numa conjuntura sem trabalho ou onde o conteúdo deste

Keywords: recyclable material collectors, solidarity economy, volatility, restructuring process.

Descriptores: P130 - Cooperative Enterprises; J290 - Time allocation, Work Behavior; L380 - Public

Policy.

Resumen

Este artículo es el resultado de las investigaciones llevadas a cabo en Viçosa con grupos de recolec-

tores de materiales reciclables, organizados en asociaciones. El análisis se basó en el marco teórico

de la sociología del trabajo, que abarca temas relacionados con el mundo del trabajo y los cambios

experimentados en éste, y sobre la base de la economía solidaria y la teoría cooperativa. Se abordan

temas como el proceso de reestructuración, el modelo neoliberal, la liofilización de la organización, la

flexibilidad, la inseguridad, la explotación, la reducción y la inseguridad laboral, relacionados con la

solidaridad autogestionada y entendida como forma alternativa de desarrollo.

Palabras clave: coleccionistas materiales reciclables, economía solidaria, inestabilidad,

reestructuración.

Recibido: 30 de agosto del 2010 Aprobado: 10 de febrero del 2011

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é totalmente modificado, os indiví-duos reinterpretam ou sobrevivem ontologicamente a essa realidade. Bus-caremos demonstrar ao longo deste trabalho que, de um modo geral, a teoria da intensificação do trabalho e a teoria da especialização flexível aplicam-se na análise de ees. Além disso, demonstra-remos que a conjuntura macro —como o enfraquecimento dos sindicatos e o acir-ramento da insegurança ontológica em função das mudanças sofridas no mundo do trabalho— oportuniza sobremaneira o “surgimento” da economia solidária (e.s.) enquanto opção de modelo de organização do trabalho.

Reestruturação produtiva,

precarização do trabalho e

alternativa de renda

Desde o advento do modo de produção capitalista, muitos foram os modelos de organização do trabalho que se sucede-ram no tempo ou coexistiram. Dificil-mente um protótipo puro representou a totalidade da realidade do mundo do tra-balho num dado período histórico, mas importa saber as características que lhes são atribuídas e predominaram (Polanyi, 2000). São modelos de produção que vigoraram com mais ou menos força dentro do modo de produção capitalista: o taylorismo, o fordismo, o toyotismo e o volvoísmo. Em termos comparativos, traçando-se uma linha do tempo para as mudanças que acometeram essas formas de organização do trabalho, percebemos que ocorreu uma substituição do perfil de trabalhador ideal, que nos modelos anteriores era submisso, desqualificado,

obediente e estruturado, por um perfil de trabalhador maleável, qualificado, gestor, responsabilizável e “desestrutu-rado”, exigido pelo modelo de produção hoje vigente (Antunes, 2002).

Estudos sociológicos e de outras áreas têm demonstrado que a flexibilização das relações de trabalho e a reestruturação produtiva promoveram um aumento da precarização do trabalho. Medeiros e Macêdo (2006, p. 63), por exemplo, afir-mam que: “uma situação emblemática resultante dessa reestruturação produtiva seria a precarização das condições e relações de trabalho e o desemprego em sua forma estrutural”. Essa correlação é bastante comum e plausível, pois o fenô-meno da reestruturação produtiva nada mais é do que a resposta formulada pelo próprio capital para a crise estrutural que estava enfrentando, com baixa na taxa de lucro e esgotamento do padrão produtivo (Ribeiro, 2008; Medeiros e Macêdo, 2006). O chamado capitalismo flexível acumulou elementos de continuidade e de descontinuidade, mas geralmente acompanhado da intensificação das condições de exploração da força de trabalho, retração do consumo, elevação do desemprego estrutural, autonomia dos capitais financeiros frente aos produti-vos, concentração de capitais e crise do Welfare State (Antunes, 2002).

Uma constatação decorrente é que ante as crises citadas anteriormente algumas mudanças foram desencadeadas, mas o sistema capitalista sobreviveu ao drama acometido por sua própria dinâ-mica interna, ao contrário do que previu Marx e Engels no clássico Manifesto do

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partido comunista. Mais do que isso, nas palavras de Ribeiro (2008, p. 23): “Negar que a sociedade mudou, seria um disparate. Por outro lado, propor uma sociedade totalmente nova e desconexa da realidade de exploração capitalista seria falta de observação empírica”. Em sintonia com esta afirmação, Ramalho e Santana (2004) afirmam que o mundo do trabalho ainda está passando por uma reestruturação produtiva, que consiste em inovações tecnológicas e novas for-mas de gestão da força de trabalho, como resposta à crise sistêmica enfrentada pelo capital. As formas de gestão da produção consideradas obsoletas e improdutivas não foram excluídas da realidade social, mas sim ganharam nova roupagem e foram reincorporadas à nova lógica de acumulação que enfatiza a competitivi-dade e o controle da qualidade.

Também é muito comum na literatura disponível a associação entre flexibiliza-ção e reestruturação produtiva, de um lado, e trabalho informal e desemprego, de outro (Ramalho e Santana, 2004). De um modo geral, essa associação justifica-se, por exemplo, pelo fato de uma das formas de flexibilização ser a terceirização, a qual envolve formas precárias de uso do trabalho. Mas esta não é a única corrente teórica existente. A outra diz que a flexibilidade confe-rida ou requerida tanto para a relação empregador versus empregado quanto para a prestação laboral trazem bene-fícios claros para a produção e para o contratado, porque valoriza a iniciativa individual. Antunes (2002) explica que estas duas correntes teóricas são

denominadas, respectivamente, teoria da intensificação do trabalho e teoria da especialização flexível. Enquanto esta última corrobora a perspectiva segundo a qual a reestruturação produtiva não é apenas uma necessidade de adaptação do capital à nova conjuntura, mas uma conquista de autonomia e liberdade do trabalhador, a primeira entende esse direcionamento como um artifício para garantir os ganhos do capital. Fato é que os discursos justificadores de uma ou outra perspectiva, quer pela “armadilha” quer pela “oportunidade”, demonstram por si só características inerentes a esse novo modelo de gestão do trabalho. Mais tarde veremos que as duas teorias interpretam a realidade vivenciada, principalmente no que tange a ees.

Embora as duas versões pareçam, a princípio, impossíveis de conviverem num mesmo período de tempo, devemos reconhecer que, na verdade, elas podem ser facilmente verificadas na realidade estudada. O que muda é a valoração dos mesmos fenômenos, pois enquanto alguns estudiosos avaliam que a liberdade traz insegurança ao e no trabalho, outros alegam que essa característica promove um amadurecimento do trabalhador e o aumento de sua satisfação quanto aos rendimentos de seu esforço. Num caso ou noutro, é inevitável o reconhecimento de que houve, como visto anteriormente, uma regressão no investimento em normas de regulação e proteção da atividade laboral (Ramalho e Santana, 2004), sendo esta uma característica dos processos de flexibilização. Existem muitas outras conexões possíveis com o

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tema precarização, mas, por enquanto, assinalaremos apenas estas.

Quanto à noção de precarização aqui adotada, coadunamos com Medeiros e Macêdo (2006, p. 63) quando afirmam que esta diz respeito ao: “[...] trabalho mal remunerado, pouco reconhecido, e que provoca um sentimento de inutili-dade no trabalhador”. Ou, ainda, “[...] à instabilidade do emprego, à restrição dos direitos sociais e à falta de perspectivas de crescimento profissional, manifestada tanto em relação ao setor informal, quanto para a classe trabalhadora em geral”. Contudo, não nos restringimos a estes elementos, pois consideramos ainda a ausência de direitos trabalhistas (nos casos de relação empregatícia informal), de cobertura da seguridade social, do empenho para substituição da relação de emprego pela de empreendedor indi-vidual ou coletivo e todos os efeitos que decorrem desse fato.

No que tange ao trabalho informal, muitas questões já assentadas pelo senso comum requerem explicações refinadas ainda não construídas. Como este artigo não tem por fundamento a questão da informalidade, entendemos que bastam alguns comentários sobre o assunto. O primeiro deles diz respeito ao fato de que trabalho informal não se resume a vín-culo de assalariamento informal, ou seja, sem o registro da relação empregatícia e até mesmo inexistindo esta. Segundo, também configura trabalho informal o do empreendedor que não registrou o seu empreendimento de modo devido, como pode ocorrer com os donos de pequenos mercados ou catadores de material reci-

clável. Por último, faz parte do trabalho informal o indivíduo que trabalha na prestação de serviços sem constituir um empreendimento, como, por exemplo, as diaristas. A citação abaixo reproduz essas noções cotidianas que associam trabalho informal à relação empregatícia. Como afirma Guimarães:

Por certo, nem todo trabalho informal é de baixa qualidade. Entretanto, para a maioria dos que se ocupam sem registro em carteira, a informalidade se associa à exclusão do quadro de benefícios extra-salariais que decorrem seja da relação formal de emprego, seja de conquistas resultantes da ação coletiva de base sindical (2009, p. 32, n. 7).

Segundo a interpretação de Bosi (2008), muitos pesquisadores entendem que o trabalho de catador não segue a lógica capitalista e poucos são os que afirmam o contrário. Implica dizer que esta atividade mantém relação com a precarização em decorrência de fatores macros, mas não com a expropriação da força de trabalho destes indivíduos por entidades ou, para usar uma expressão marxista, pelos donos dos meios de produção. É interessante notar que Bosi (2008) aplica a perspectiva de acordo com a qual a reestruturação produtiva gera precarização, não só pelo aumento das oportunidades e da legitimação da exploração da mão-de-obra, mas pela conjuntura, modelos de gestão e relações que emergem nesse novo contexto. O autor inspira-se em Marx e fala sobre o “exército industrial de reserva” ou “superpopulação relativa de trabalhado-res” que são formados por um número

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elevado de trabalhadores que admitem trabalhos precários e por um baixo custo em caráter emergencial. Seu argumento é o de que, a partir da década de 1980, no Brasil, a massa de catadores tornou-se bastante expressiva, gerando uma grande oferta de mão-de-obra neste setor, o que aumentou significativamente a quanti-dade de material coletado e impulsionou o preço pago nestes para baixo.

Não podemos negligenciar que este fenômeno está ligado à crise do capi-talismo na década de 1970. Para Bosi (2008), com base em estudo que realizou no Estado do Paraná, os catadores surgem neste contexto de precarização e escassez do trabalho formal. Em suma, o trabalho informal também tem uma organização seguindo a lógica capitalista. Novamente, esses pressupostos estão em consonância com a perspectiva segundo a qual existe relação entre flexibilização, reestruturação produtiva, informalidade e desemprego.1 Além disso, para ele, no caso estudado, as mudanças advin-das com a reestruturação produtiva não modificaram significativamente a trajetória ocupacional daqueles que no momento da pesquisa eram catadores, porque esta já tinha tais características. Implica dizer que, embora a informa-lidade esteja intimamente ligada aos demais fenômenos citados, particular-mente no caso dos catadores ela não é a responsável por gerar a precarização, tendo em vista ser esta inerente ao

1 Mas, há que se ressaltar que, o autor citado confunde trabalho formal com trabalho assalariado, o que compromete em parte o argumento final.

trabalho daqueles. Essa discussão será retomada no próximo tópico.

Por outro lado, a discussão sobre o desemprego, particularmente no Brasil nos últimos anos, teve uma reviravolta teórica e prática importante. Segundo Guimarães (2009, p. 15), de 2003 a 2008 houve um “recente crescimento da oferta de empregos”, mas essa oferta decorre da “[...] intensa reestruturação das atividades produtivas e flexibilização das relações e condições de uso do tra-balho”, bem como de novas tendências nas relações contratuais relativas a estas. Resta, então, uma ironia? A mesma reestruturação que desemprega também “emprega”? Um exemplo fornecido pela autora para comprovar essa dualidade é o crescimento das agências de interme-diação de empregos. Com isso, a autora alerta que até mesmo para ser “deman-dante de emprego” é preciso qualificar-se e entender esta condição como inserida dentro de um processo com muitas subfinalidades embutidas e não apenas como um meio. Neste contexto, algumas mudanças são significativas, uma delas é que a partir de 2004 houve aumento no número de empregos formais.

Outras informações importantes também são veiculadas na obra citada, como: diminuição do trabalho informal, de um lado, e, de outro, aumento da participação da mulher, de trabalha-dores com maior capital escolar, da escolaridade de mulheres e jovens e da participação dos negros no mercado de trabalho. Entretanto, até 2005 não se havia chegado ao mesmo patamar alcançado antes da crise da década de

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1990. Houve também um aumento da formalização e dos rendimentos a partir de 2003, além de uma política de recom-posição do salário mínimo no governo Lula. Mas a autora pergunta: Qual é a qualidade da ocupação? E o grau de informalidade e níveis de remuneração? A resposta é direta: houve muitas mudan-ças significativas, mas estas não deram conta de promover mudanças estruturais quanto à desigualdade. Nove anos antes da publicação de Guimarães (2009), o desemprego era uma realidade concreta e incontestável. Singer, como testemunha deste período explica que:

O mundo globalizado tornou-se mais aberto e receptivo, mas, além das novi-dades consumíveis, o exterior está nos mandando quebra de empresas, corte de postos de trabalho e crises financeiras.[...] são estudos que mostram o desem-prego como uma espécie de ponta de um iceberg muito maior, qual seja, a dete-rioração das relações de trabalho. Esta deterioração não pode ser atribuída uni-camente nem principalmente à abertura do mercado. É que junto com a abertura, nossos governos desregulamentaram o comércio externo e o sistema financeiro, extinguiram o controle dos preços e cria-ram uma âncora cambial para estabilizar os preços que tornou o Brasil dependente de maciças entradas de capital externo. O resultado conjunto dessas mudanças estruturais tem sido a elevação do desem-prego e do subemprego em todas as suas formas e o agravamento da exclusão social (2000, p. 7).

O desemprego sempre foi encarado como um grande vilão a desequilibrar o papel dos indivíduos nas relações sociais,

fragilizar a condição existencial e a estru-tura identitária individual. A gravidade desse efeito perverso é tão acentuada que mesmo as “alternativas” indicadas como substitutivas do vínculo empregatício, como a condição de autônomo, informal, empreendedor individual (seja ele nano, micro, de pequeno porte, médio ou grande) ou coletivo, sofrem diretamente as suas conseqüências.

Outro fenômeno não mencionado até o momento, mas que tem forte ligação com a precarização do trabalho é o enfraquecimento do sindicalismo e o esvaziamento de suas funções no mundo do trabalho. Muitos dos autores aqui citados afirmam que houve um enfraquecimento da atuação sindical, dentre outras razões porque a “cultura de cooperação do trabalhador com a empresa”, advinda com o toyotismo, era incompatível com aquela, promovendo também uma desmobilização sindical (Ramalho e Santana, 2004). Lógico que não se restringe a isso, pois toda e qualquer transformação no mundo do trabalho moderno geralmente afeta diretamente os sindicatos e outras formas de representação. Um dos fenômenos que os atinge diretamente é o próprio “desemprego em massa” e o “desem-prego estrutural” (Singer, 2000). Mas é notório que os sindicatos acabaram por assumir novos papéis frente às crises atuais, havendo mudanças em suas pautas reivindicatórias, estruturas e capacidade de ação (Cardoso, 1999b; Rodrigues, 1999). No caso específico das cooperativas, os sindicatos parecem

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não saber ao certo como lidar com elas, nem tampouco se são contrários ou não a esta forma de organização do trabalho. Tal conclusão baseia-se no fato de que não existe uma postura padrão dos sindicatos quanto a esta questão. Além disso, Lima (2008) lembra que também não existe um padrão nas relações de empreendimentos cooperativos com os sindicatos de suas respectivas categorias ou ramos de trabalho. Porém, embora esta seja uma discussão importante, o recorte deste artigo é mais restrito, contentando-se apenas em apresentar um quadro analítico e conjuntural que dialogue com a pergunta orientadora do esforço aqui empreendido.

Algumas características surgidas com a reestruturação produtiva ou remanescentes de modelos de gestão do trabalho anteriores à contemporaneidade são cruciais para o entendimento da acu-sação de precarização do trabalho, por exemplo, as que são elencadas adiante: a) O trabalhador não mais possui vínculo com um local de trabalho permanente e sofre com a insegurança ontológica; b) Os produtos resultantes do trabalho produtivo são pensados e construídos obedecendo-se à lógica da taxa decres-cente do valor de uso da mercadoria; c) Vivenciamos um processo contínuo de liofilização organizativa, downsizing e “empresa enxuta”; d) Consolidou-se uma tendência à flexibilização das rela-ções de trabalho e da prestação laboral entre outras.

Não por acaso, para reaver seus índi-ces de crescimento, boa parte fundada

na exploração do produto do trabalho alheio, o setor produtivo repensou a sua forma de organizar o processo e investiu na competitividade, a qual segue no sentido contrário ao da segurança ontológica e melhoria das condições de trabalho (Sennet, 1999). Com a reestru-turação produtiva a busca pela redução dos custos tornou-se mais acirrada e a atratividade dos processos de subcontra-tação e formas flexíveis de contratação ganharam relevo. No meio dessa conjun-tura desfavorável ao trabalhador é fácil constatar a presença de vários sentidos atribuídos ao trabalho, os quais, segundo Albornoz (2006), variam conforme a conjuntura política e econômica relativa a cada período histórico. O conceito de trabalho pode ser associado à idéia de labor, tortura, prazer, reconhecimento social e outros. Certamente não temos condições de negar que o trabalho é um elemento central na sociedade contem-porânea, mas isso não implica dizer que ele seja o único. Considerando-se que o assalariamento é uma característica sui generis da modernidade, no desen-volvimento desta foram se acumulando direitos e garantias de caráter protetivo do trabalhador (Singer, 2000; Antunes, 1999).

Esta questão ajuda a entender os dramas existenciais que acometem os indivíduos que são repelidos pelo mer-cado de trabalho e perdem, com isso, a referência de segurança e identidade social (Singer, 2000; Sennet, 1999). Não queremos, no entanto, asseverar que segurança e identidade social dependem

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única e exclusivamente do fator trabalho. Características como liberdade, indepen-dência, produtividade e outras mantêm relação direta com o mundo do trabalho e são por este (re)significados, mas não se limitam a ele. Sader (2000) atribui outro tipo de significado a este fato social ao afirmar que o trabalho tem sido um instrumento de luta pela sobrevivência, um meio e não um fim. Mais do que isso, segundo ele, para parte da população o trabalho é meio de sobrevivência, mas para outros é meio de acumulação. Para Sennet (1999), é exigido do trabalhador, dentro do capitalismo flexível, que ele seja ágil, esteja aberto a mudanças a curto prazo, assuma riscos continuamente e dependa cada vez menos das leis e procedimentos formais para delinear suas condições de trabalho. Ramalho e Santana (2004) também lembram que o conceito de flexibilização tem conse-qüências mais amplas do que se imagina, recaindo sobre contratos, direitos, qua-lificação, posto, função e tipo de tarefa que realiza no processo. Devido a estas exigências, segundo Sennet (1999), estão acontecendo mudanças no próprio con-ceito de trabalho e também nas palavras que empregamos para significá-lo. Como exemplo, o autor cita a insegurança no trabalho hoje representada pela palavra “projetos”, que passa a ocupar o espaço da palavra “carreira”. Nesse sentido, um lema que seja talvez o sinal mais tangível desta mudança é o seguinte: “Não há longo prazo”. O autor diz que a carreira tradicional, aquela na qual o trabalhador passava por uma ou duas

empresas ao longo da vida inteira, está sendo extinta, passando a ser necessário a utilização de várias qualificações ao longo da vida de trabalho e a preparação para mudar de trabalho várias vezes. Para Araújo (2000), o lema “não há longo prazo” também é o sinal mais ostensivo das mudanças causadas pela flexibilidade e complementa afirmando que o capitalismo flexível vai “[...] além da modernização institucional, cresce a ênfase na flexibilidade, eliminam-se camadas da burocracia, a empresa torna-se mais plana e flexível, livra-se dos vícios da rotina e a organização passa a ser tratada como redes”.

Se, no conjunto, esta é a primeira característica apontada como resultante da reestruturação produtiva, a segunda é a taxa decrescente do valor de uso da mercadoria, que consiste em diminuir o tempo de duração dos bens produzidos, ainda que o discurso seja o da “qualidade total”. Existe uma tendência destrutiva do valor de uso das mercadorias, con-forme relatam Ramalho e Santana a seguir:

A necessidade imperiosa de reduzir o tempo de vida útil dos produtos, visando aumentar a velocidade do cir-cuito produtivo e desse modo ampliar a velocidade do circuito produtivo e desse modo ampliar a velocidade da produção de valores de troca, faz com que a “qualidade total” seja, na maior parte das vezes, o invólucro, a aparência ou o aprimoramento do supérfluo, uma vez que os produtos devem durar pouco e ter uma reposição ágil no mercado (2004, p. 50).

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A liofilização organizativa, por sua vez, tem relação direta e vale-se do mecanismo de terceirização para pro-mover o “enxugamento das unidades produtivas”. Decorre também de modo direto da exigência de flexibilidade para sobreviver num mercado altamente competitivo (Ramalho e Santana, 2004). De modo recorrente as cooperativas de trabalho têm sido usadas como sinô-nimo de terceirização (Piccinini, 2004). quando, na verdade, elas consistem em um novo modelo organizacional de prestação de serviços. Como vere-mos, não há que se falar em ausência de direitos trabalhistas nestes casos, como geralmente é argumentado pelos autores. Com a terceirização, a empresa contratante tem que arcar com tais direitos, com exceção quando ao invés de contratar-se pessoas físicas, contratam-se pessoas jurídicas, entre as quais pode constar as cooperativas só que, em sendo assim, não existe terceirização, mas sim “secundarização”, pois inexiste o vínculo com o intermediário que configura aquela. Nesse sentido, Piccinini (2004, p. 76) tem razão ao afirmar que: “O associado à cooperativa precisa atender as encomendas, sacrifica os períodos de repouso e, se não trabalhar, não recebe. Seus ganhos representam a metade do que teria, se efetivamente empregado, e a empresa isenta-se de qualquer encargo trabalhista” (grifos nossos).

Porém, não necessariamente o exem-plo citado pela autora configura um caso de terceirização. Afinal, uma questão não aparece definida em grande parte das pesquisas realizadas: trata-se da empresa

contratante ou da empresa-cliente? Isso não fica claro em textos sobre o assunto e é importante atentar para a regulamenta-ção existente, qual seja, a Lei de Trabalho Temporário, Lei n.º 6.019/1974 e a Súmula n.º 331 do tst, que visa garantir a contenção deste fenômeno por entender que ele gera fraude e precarização, só sendo aceito em ocasiões bem específicas. Martins explica que a terceirização é a:

[...] possibilidade de contratar terceiro para a realização de atividades que não constituem o objeto principal da empresa. Essa contratação pode envolver tanto a produção de bens, como de serviços, como ocorre na necessidade de contratação de empresa de limpeza, de vigilância ou até para serviços temporá-rios (2008, p. 168).

Remete à regularização do trabalho temporário, mas não se resume a ele.

Resta falar sobre a flexibilização das relações de trabalho e da prestação laboral, a qual se encontra indissociada do modelo de especialização flexível, que surgiu como resposta ao fordismo. A esse respeito pode-se citar as consultorias, a informalidade, os acordos e convenções coletivas, entre outros. Hoje se fala em “desverticalização organizacional” e “just in time” como dois de muitos exemplos possíveis da influência que o modelo japonês, como representante do modelo de especialização flexível teve sobre a organização do trabalho na contemporaneidade.

A versão mais recente do capitalismo desencadeou um “metabolismo social” particular à sociedade contemporânea, principalmente devido ao tipo de divisão

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do trabalho social adotado por este como seu fundamento e que serve tanto a empreendimentos heterogestionados quanto autogestionados. A marca deste esquema de organização do trabalho, segundo argumenta um número signifi-cativo de autores desta seara, é a subordi-nação do produto humano aos interesses do capital, seja ele produtivo, financeiro, especulativo ou outro (Antunes, 1999; Ramalho e Santana, 2004). Medeiros e Macêdo (2006, p. 63) explicam que o padrão de produção do binômio Taylorismo/Fordismo seguiu esses pre-ceitos da divisão do trabalho “parcelar”, “fragmentada” e com “decomposição de tarefas”. Basicamente, a divisão do traba-lho social pode ser estruturada de duas formas: a) Modelo de especialização: mantém relação direta com a discussão acerca da alienação do trabalho dentro do processo produtivo e com o formato adotado por empresas convencionais; b) Modelo de parcelamento: garante a auto-nomia do trabalhador dentro do processo produtivo por permitir-lhe participar de todas as atividades deste (Marx, 2001; Marglin, 2001). Essa diferenciação é feita por Marglin (2001) ao discutir a relação entre tecnologia e organização socioeco-nômica. A grande discussão é: o trabalho favorece ou aliena os indivíduos? O autor lembra que o fato de o trabalho fundar-se numa hierarquia impede-o de favorecer os trabalhadores porque separa-os do produto final e do processo como um todo. O grande embate ocorre em razão do argumento segundo o qual a autori-dade e a hierarquia serem tecnológicas e

não socialmente determinadas. Para ele, cabe ao trabalhador considerar que o trabalho pode ser realizado de modo não-hierárquico e como parte integrante de sua vida. O argumento pauta-se na idéia de que as escolhas não são naturais ou simplesmente necessárias, pois decorrem de interesses assentados nas relações e na realidade social.

A sociologia, de um modo geral, demonstra isso de forma coerente. A divisão do trabalho e a centralização do comando nada têm de determinante pela “superioridade técnica”, mas sim devido ao fato de que permitem uma maior apropriação da receita produtiva pelos capitalistas. Ter coordenação do processo é fundamental para garantir tal apropria-ção. Eficácia e superioridade tecnológicas são termos com amplo significado e não remetem única e exclusivamente à eficiência econômica. O pressuposto é de que a divisão de tarefas destrói a autosuficiência dos produtores e por esta razão é muito importante tal debate para a ES. Ramalho e Santana (2004) lembram também que a divisão do trabalho social sofreu com as mudanças ocorridas e foi dividida entre “concepção” e “execução”, o que, por sua vez, geraria “desqualifica-ção” e “aumento do controle gerencial da produção” pelos contratantes. Contudo, estes autores alegam que esta é a visão sobre a divisão do trabalho social tradi-cional, pautada na tese da polarização das qualificações. Muitos são os autores que afirmam a decadência deste tipo em razão do fenômeno da flexibilização. Dessa forma, o modelo japonês respon-

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sável por suplantar o fordismo instaurou o “modelo de competência”, pautado no aumento das exigências quanto à qualificação e justificado por discursos afirmadores da multifuncionalidade, polivalência e rotatividade de tarefas. Em se confirmando essa concepção toda a discussão sobre a relação entre alienação e parcelamento-especialização presentes na divisão do trabalho social precisará ser revista.

Alternativa de Renda e/ou

enquadramento ao sistema?

Não é apenas o significado do trabalho que muda e possui atribuições diversas. Isso também ocorre com as formas de organização para a realização dele, considerando-se que existe trabalho individual ou em grupo, hetero ou auto-gestionado, submisso ou participativo, entre outros. No contexto de reestrutu-ração produtiva o formato de empresa tradicional foi modificado, mas, junto a ele, empreendimentos considerados alter-nativos ao sistema padrão de trabalho também o foram. Não por acaso os ees encontram-se nessa situação. De acordo com Lima:

Neste contexto de reestruturação e desemprego, temos o ressurgimento das cooperativas de trabalho e/ou produção industrial, vistas como possível solução a duas ordens de problemas para atores antagônicos, embora complementares: para os trabalhadores e sindicatos, uma forma de manutenção de emprego, através dos movimentos de recuperação de empresas falidas, ou organização de cooperativas para atuarem na terceiri-

zação industrial; para as empresas, uma forma de flexibilização das relações de trabalho que as desonera de gestão e dos encargos sociais implícitos nos contratos formais de trabalho (2008, p. 214).

Mesmo considerando-se este com-plexo contexto, não se sabe ao certo se eles consistem, de um modo geral, em resposta à crise ou a materialização desta. Essa discussão, embora importante, tem passado despercebida na produção bibliográfica sobre o assunto, muitas vezes ignorando-se até mesmo a sua existência. Asseverando que a realidade brasileira está representada na primeira alternativa, isto é, como resposta à crise, Oliva et al. entendem que:

A temática da economia solidária surge em um contexto socioeconômico e polí-tico marcado por fortes tensões. Grande parte dos países do mundo, como é o caso do Brasil, passou a apresentar altas taxas de desemprego e de precarização das condições dos trabalhadores ao longo da década de 1990. Ao incremento do processo de exclusão social, alguns movimentos surgem, ou se intensifi-cam, com novas proposições acerca da organização do trabalho e do modelo econômico vigente.A economia solidária emerge como uma alternativa de organização produtiva de trabalhadores, realizada de forma coletiva, democrática e solidária. Cabe ressaltar que o objetivo da economia solidária não se restringe à dimensão econômica: ela procura constituir novas relações sociais, baseadas nos valores de solidariedade e cooperação, que favorecem a participação do cidadão na sociedade (2009, p. 49).

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Coadunam com esta postura alguns dos autores mais citados sobre o tema como Singer, Gaiger, Laville, Coraggio e outros. Geralmente, nestes casos justifica-se a (re)emergência de empreendimentos dessa natureza em razão da globalização e dos efeitos da reestruturação produtiva. De outro lado, existem os que consideram a e.s. a materialização da crise. É, inclu-sive, comum haver o questionamento sobre que tipo de alternativa é esta. Medeiros e Macêdo (2006) ao discutirem a condição de trabalho dos catadores de materiais recicláveis no Brasil entendem que estes sofrem o processo de “inclusão perversa”. As autoras reconhecem que, com a reestruturação produtiva, muitos trabalhadores foram excluídos do mer-cado de trabalho, mas questionam sobre que tipo de inclusão é oferecida a estes grupos. É possível uma exclusão pelo desemprego e outra pelo trabalho? O principal argumento destas autoras é o de que determinadas formas de inclusão social “camuflam” uma nova exclusão, incorrendo, assim, na chamada “inclusão perversa”. Essa possibilidade, segundo elas, é revertida nos casos dos ees, pois neles ocorre uma “inclusão justa”. Com data anterior de publicação, Singer (2000) entende que tanto a globalização quanto o desemprego geram exclusão social com graus e formas diversificados e que se interrelacionam. Esse tipo de exclusão só seria remediado com uma “resposta não capitalista” chamada de e.s. Já para outros autores, como Dias et al. (2009), seguer quando as associações de catadores se reúnem em Redes de

Catadores ocorre uma “inclusão social” de fato.

Muitas distinções são estabelecidas ao falar sobre os ees ou mesmo de cooperativismo. A utilização do formato organizacional e jurídico de associações para o cumprimento de atividades econômicas já indica isso. Relacionado ao tema principal deste artigo também a oposição “verdadeiras” versus “falsas cooperativas” demonstra como o vínculo entre e.s. e reestruturação produtiva é mais complexo do que normalmente se percebe. De um modo geral, as coopera-tivas têm sido um elo fundamental neste processo, sendo constantemente acusadas de fraudar as relações de trabalho ao descaracterizar o vínculo de subor-dinação jurídica e, com ele, a relação empregatícia (Schwartz, 2000). Elas são um exemplo concreto de flexibilização do setor produtivo, na medida em que os trabalhadores assumem os riscos do investimento e prestam serviços sem o “peso”, para o empreendedor-cliente, dos custos trabalhistas, pois não existe, a princípio, nenhum vínculo trabalhista entre eles. Da mesma forma ocorre quando a prestação laboral deixa de ser empregatícia e passa a vínculo autônomo, formal ou informal, como nos casos em que os trabalhadores prestam serviços em sua própria residência. Esta questão fica mais complicada com a terceirização, como visto anteriormente. Não obstante, alguns esforços têm sido empreendidos no sentido de produzir normas capazes de delimitar com maior precisão as possibilidades e limites para este tipo de

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empreendimento. A esse respeito Singer explica que:

A institucionalização das cooperativas de trabalho é outra frente de batalha, em que ees são frequentemente autuadas pela fiscalização do mte ou pela Procura-doria Pública do Trabalho como “falsas cooperativas”, que abrigam negócios privados que usam esta cobertura legal para negar aos seus empregados de fato os benefícios da legislação do trabalho. Não há como negar que são muitas as falsas cooperativas, que espoliam seus trabalhos ou que servem de fachada para que terceiros possam fazê-lo.Para resolver esses problemas a Senaes vem se empenhando para que o Con-gresso aprove novas leis que regulem o cooperativismo no país, garantindo o acesso ao mesmo aos mais pobres, e uma lei específica que regule as cooperativas de trabalho. O projeto de lei a respeito das últimas foi uma iniciativa do mte ) [...] A inovação deste projeto de lei é que as cooperativas de trabalho ficam obrigadas a garantir a seus sócios tra-balhadores direitos fundamentais, como salário mínimo, limitação da jornada, férias e outros, o que deve impedir que cooperativas possam praticar compe-tição predatória contra empresas que cumprem a legislação do trabalho (2009, p. 48).

Portanto, toma-se o direito do tra-balho e o direito previdenciário como paradigmas ao regular a relação empre-gatícia e, ainda que não seja este o caso, na relação entre as cooperativas e seus sócios, é a relação de segurança situa-cional característica da primeira e que é almejada pela última.

A existência de contratos de “secun-darização” entre empresas tradicionais e cooperativas, sendo estas últimas criadas independentemente de tais contratos ou mesmo em razão destes, implica não apenas na preocupação com a seguridade trabalhista e previ-denciária, mas também com questões de ordem institucional, como, por exemplo, autonomia, autogestão e participação dos membros. Neste caso, trata-se da dicotomia entre aumento da participação dos trabalhadores em função de uma estrutura horizontal de organização do trabalho (cooperativa) que contrasta com a autonomia relativa na relação com a contratante (vínculo chamado de terceirizado, mas que, na verdade, refere-se à prestação de serviços). Esta última não é inerente ao mercado como um todo, embora ocorra em função da tentativa de atender a demanda e adquirir nova cartela de clientes. A relação de terceirização imprime um trato diferenciado, pois o prestador de serviços assume a função do contratante na execução do trabalho, como se fosse seu funcionário, e, com isso, não define o que será produzido, pois apenas cumpre o que já está definido, lembrando-se que, neste caso, o trabalho é executado nas dependências da empresa-cliente. Mas isso ocorre também em casos de “secun-darização”. Por esta razão, Lima (2008) acredita que a relação das cooperativas com determinados tipos de contratantes pode permitir/gerar um novo tipo de subordinação. Há que se ressaltar que tal associação não é fortuita. Como visto

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anteriormente, geralmente as cooperati-vas e outros modos organizacionais de natureza semelhante são associados tanto à flexibilização, precarização quanto à terceirização. Um dado importante é que a tipologia cooperativista também interfere na questão da autonomia, da participação e mesmo da possibilidade de fraude, pois não é gratuita a referên-cia quase exclusiva à cooperativas de trabalho com processos de terceirização (Krueger, 2002; Lima, 2008; Singer, 2003; Singer, 2002; Alcântara, 2005), os quais são considerados elementos basilares dos ees.

Parte importante deste debate faz refe-rência a “sobrevivência” da cooperativa no mercado de trabalho, de um lado, e, de outro, ao respeito aos princípios cooperativistas, entre eles, a autogestão e a participação (Lima, 2008). Muitos problemas estão relacionados a esta questão. O abandono da prática de ele-mentos inerentes aos ees sob a desculpa de que deve-se atender às demandas do mercado são constantemente alegadas, configurando a “prática do possível”. Por incrível que possa parecer, houveram, inclusive, políticas públicas governa-mentais com estímulo às cooperativas pautadas na subcontratação. É o caso relatado por Lima (2008, p. 222), mas é o próprio autor que afirma ser os impulsionadores de políticas públicas, em particular os sindicatos, que promovem ações sem pensar em seus “efeitos perver-sos”. Por isso, ele lembra que, segundo “[...] o sindicato de Novo Hamburgo, as cooperativas não foram pensadas, em sua

organização, como forma de flexibiliza-ção das relações de trabalho e sim, como alternativa ao desemprego” (Lima, 2008, p. 230). Como dito anteriormente, os sindicatos sofreram de modo direto com a reestruturação produtiva e o advento do modo de especialização flexível, vendo-se obrigados a implementar ações de natureza diversa para se manterem ativos. Uma dessas ações, sem dúvida, foi o abandono da exclusividade que a luta pela manutenção dos postos de trabalho recebia em sua pauta reivindicatória. Assim, cedeu-se espaço para a geração de renda, lado a lado com a geração de emprego (Leite, 2009).

Quanto às condições do trabalho algu-mas questões precisam receber foco. Por exemplo, existe uma ironia interessante: a empresa enxuta foi um artifício utilizado para manter a taxa de lucro dos investi-dores e forçar, com isso, o aumento da produtividade por trabalhador na empresa tradicional, mas ela se aplica também a outras formas de organização do trabalho. Por exemplo, na cooperativa isso ocorre para que a remuneração percebida pelos trabalhadores seja maior (Lima, 2008). Já que o volume de trabalho e a remuneração percebida ficam mais concentrados. Tal fenômeno não acomete apenas coope-rativas de produção. As associações de catadores, como no caso aqui estudado, alegam não poder aumentar o número de associados porque a estrutura e o mercado no qual atuam não responderiam favora-velmente a esta prática. Com o aumento da coleta ocorre a diminuição do preço auferido ou, então, com o aumento do

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número de catadores ocorre a diminuição da coleta individual.

Outra ironia relatada por Lima (2008) é que no Vale dos Sinos, local por ele estudado, a terceirização deu estabilidade às cooperativas da região, inclusive, com renda superior à dos assalariados do mesmo setor. Este é um ponto a ser discutido na medida em que não se pode comparar renda líquida com renda bruta desconsiderando-se as contribuições sociais. Outra questão apontada é a de que a intensidade do trabalho e da cobrança são característi-cas da exploração do trabalho, mas nas cooperativas elas não são identificadas deste modo, mesmo quando existe o aumento da quantidade de trabalho (Gaiger, 2006; Lima, 2008). Entende-se que, na verdade, o empreendimento está crescendo e melhorando, ganhando mercado e promovendo uma melhoria na renda dos seus membros. Por esta razão, é comum a presença da premissa “cooperativa enxuta”, até os limites organizacionais possíveis. Por último, mas não menos importante, embora o ramo do cooperativismo do trabalho seja o que mais sofre com as acusações de precarização, sem dúvida alguma as “associações produtivas” são mais complexas quanto a este quesito, princi-palmente quando se trata de associações de catadores. Reitere-se aqui que o termo “associações produtivas” contraria a legislação brasileira e não se encontra institucionalizado, tendo sido cunhado por ocasião da leitura da realidade coti-diana (Alcântara, 2005; 2008).

Para Bosi (2008), o trabalho de cata-dor não requer pré-requisitos, sendo sua atividade considerada uma “tarefa viável e de baixo custo”. Quando a indústria da reciclagem afirmou-se os catadores já estavam a bastante tempo no mercado e, segundo o autor, a tecnologia da reci-clagem, mesmo anterior aos catadores, seria subutilizada sem o trabalho destes. Na análise desta atividade é sempre questionado o que explica a opção por ser catador. A baixa escolaridade, a idade “avançada”, a ausência de alternativas e de capital, o não-enquadramento no mercado formal de emprego e até mesmo no informal em atividades como bóia-fria e doméstica, são alguns dos motivos apresentados. Quando estão impedidos por motivos legais, por exemplo, em razão de aposentadoria por invalidez, os trabalhadores também vêem na cata de materiais uma alternativa de complementação de renda. Segundo ele, a dificuldade de sobrevivência no meio rural, por inúmeras razões, também contribui para este fenômeno social, bem como um histórico de alta rotatividade ocupacional em trabalhos temporários, informais e sem cobrança de nível de escolaridade. Mas, independentemente disso, Bosi (2008) afirma que mesmo as ocupações informais estão associadas a “complexas redes de produção de mercadorias” e entende que não foi a reestruturação produtiva a responsável por afetar os catadores, tornando o trabalho deles em algo precarizado. Em outras palavras, a precarização decorre de como é estruturada a cadeia produtiva

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da reciclagem. Talvez um dos argumen-tos mais marcantes seja o de que “[...] uma das características dessa atividade é a ausência de exigências para o seu ingresso” (Medeiros e Macêdo, 2006, p. 67) e do desamparo quanto à seguridade social, mesmo havendo muito acidente de trabalho e este ser exercido em condições insalubres e perigosas.

O mercado da reciclagem se aproveita da “expropriação” sofrida por trabalha-dores que possuem essa “trajetória ocu-pacional” apontada anteriormente. Além disso, ocorre uma concentração quanto à destinação do material recolhido e os preços restam congelados toda vez que a oferta e o “contingente de catadores do país” aumenta, ou quando ocorrem osci-lações do mercado internacional. Remete, portanto, de modo direto ao conceito de exército industrial de reserva (Singer, 2000). Para Bosi (2008), existe um “cará-ter oligopsônico” na formação dos preços de materiais recicláveis e, por ser a cadeia produtiva longa e complexa os preços para quem trabalha “na ponta”, isto é, os catadores, são diminutos. Não bastasse essa situação, os catadores sofrem com a concorrência desleal dos próprios consumidores que sequer dependem da catação, mas exploram tal atividade porque esta adquiriu um valor razoável no mercado, como veremos adiante com os comentários sobre a pesquisa aqui analisada. Como contraponto a esta perspectiva Oliveira e Lima (2009) argu-mentam que quando os consumidores agem de modo cooperativo com os cata-dores, fornecendo o material reciclável,

oriundo de suas residências, já separado e limpo, estabelecendo-se uma economia da dádiva. A doação do material aumenta a produtividade e a renda do catador, as quais são naturalmente contidas pelo processo de triagem. Porém, a dádiva não é unilateral e, em assim sendo, para que se cumpra a reciprocidade, também os consumidores recebem algo na relação. Segundo os autores, a cobrança feita pelos colaboradores da coleta seletiva é a do recolhimento incondicional do que é separado e doado por eles aos catadores, já que estes tem por prática o recolhimento apenas do que é “vendável” e não a preocupação ambiental.

Sobre a relação entre grupos de catadores de materiais recicláveis e organizações de reciclagem, Medeiros e Macêdo (2006) entendem que o “auto-emprego” não elimina a “venda da força de trabalho” à indústria da reciclagem, mas precariza a prestação laboral, na medida em que retira desta o direito ao pagamento da seguridade social e outras garantias trabalhistas, atreladas pela relação empregatícia. Novamente, a cadeia produtiva, por ser muito longa, não contribui para uma remuneração digna, ao catador, já que este se encontra na ponta do processo. Em se substituindo os atravessadores, que comumente são chamados de “sucateiros” ou “donos de galpão”, de suas funções pelas asso-ciações e cooperativas de catadores, um “lance” da cadeia produtiva é eliminado, o que diminui a distância entre a atividade de cata e a indústria da reciclagem. Estas autoras entendem também que os catado-

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res desconhecem “a logística do processo de reciclagem” em razão do baixo nível de escolaridade que possuem, mas nossa pesquisa demonstrou que a questão não parece ser a de ausência de conhecimento, mas por saber que a solução passa por uma ação coletiva e conhecer as dificulda-des desta, como também será comentado no próximo tópico. Especificamente no que tange à cadeia produtiva de recicla-gem um parênteses deve ser feito. Não existe uma cadeia apenas, mas muitas. Tomaremos por exemplo a cadeia de reciclagem da embalagem pet, estudada por Dias et al. (2009). Estas autoras indi-cam que os atores representativos deste “campo organizacional” são: Catadores; Intermediários (sucateiros); Unidades de pré-beneficiamento; Indústria transfor-madora. Com a criação das Redes de Catadores ocorre uma diminuição da distância entre as duas pontas da cadeia, mas para isso é imprescindível uma estrutura organizacional nova na qual os catadores estão reunidos em associações ou cooperativas. Em caso de ser em associações estas se reunirão em coope-rativa e o conjunto de cooperativas é que forma a Rede. Dias et al. (2009) relatam que mesmo havendo queixas quanto à transparência e a participação direta dos trabalhadores na Rede, é inconteste o fato de que houve um aumento de mais de 50% no valor obtido pelo material. Alguns dos entraves apontados ainda são: retorno material como pagamento pelo trabalho executado, capacidade de depó-sito e de gerenciamento. Este primeiro elemento ocorre porque para extinguir

um “lance” da cadeia produtiva criou-se uma longa estrutura organizacional que reúne e substitui os catadores no processo de comercialização.

Se há um consenso sobre os impac-tos, quer negativos ou positivos, que as mudanças estruturais causaram no significado da palavra trabalho, devemos investigar também que significado é atri-buído ao tipo de trabalho aqui estudado: a) associado; e b) o da cata de materiais recicláveis. O argumento segundo o qual a “semântica negativa do lixo” influencia a atividade de catador que passa também a ser classificada como negativa é, de fato, bastante plausível. Um primeiro passo é desassociar a atividade do elemento lixo e associá-la à reciclagem, que são coisas bastante distintas. Eles não são “catado-res de lixo”, por isso a terminologia não é adequada. Para Medeiros e Macêdo (2006), o fato de a profissão de catador ter sido incluída oficialmente pelo mte como categoria na cbo (Classificação Brasileira de Ocupação) a partir de 2002 não resolveu totalmente a questão, pois o reconhecimento social ainda não ocorreu e sua ausência está relacionada à desvalorização da atividade. Para tanto, tomaremos por referência o trabalho de Bosi (2008) sobre a atividade laboral dos catadores no Paraná. Para ele, geralmente considera-se a atividade de catador a partir da associação com a e.s. ou com o fortalecimento de identidade. Sobre este assunto e visando averiguar a existência dos conceitos e noções citados ao longo do artigo passaremos agora à análise de alguns dos dados da pesquisa de campo.

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Pesquisa de campo

Foram entrevistados 37 catadores de um total de 47, sendo 27 da Acamare (Associação dos trabalhadores da Usina de Triagem e Reciclagem de Viçosa) e 10 da acat (Associação dos Catadores de Material Reciclável de Viçosa), ambas associações localizadas no município de Viçosa - MG. A primeira tem dez anos e esta última tem cinco anos de existência. As entrevistas não foram selecionadas a partir do método de amostragem pro-babilística, mas sim no universo relativo às duas associações, pelo baixo número absoluto de membros pertencentes a cada uma. Do total, dez catadores contatados recusaram-se a conceder entrevista. O perfil dos entrevistados é de mulheres (7 em cada 10), com mais de 36 anos (6 em cada 10), com menos de 08 anos de estudo (quase 5 em cada 10), sendo que na Acamare existe uma maior concentração de solteiros e na acat de casados ou com relacionamento estável. Nesta última o trabalho geralmente é executado em duplas formadas por casais. Cruzando os dados relativos a associação e bairro onde os associados residem notou-se que a maioria dos asso-ciados das duas associações residem em dois bairros considerados pobres e com baixa infraestrutura pública. No período em que os questionários foram aplicados (novembro e dezembro de 2009) o salário vigente era de R$465,00. Observou-se que 93% dos entrevistados não ganha-vam ao menos um salário mínimo, sendo que, 1/3 destes ganhavam apenas 65% de salário mínimo por mês (valores

correspondentes ao período), Quanto à quantidade de horas trabalhadas por dia são, em média 7,17 horas por dia, com valores variando entre 4 e 13 horas diárias por trabalhador. Esse é um valor significativamente alto considerando-se que estes trabalhadores não possuem 2 horas de descanso intrajornada (horário de almoço) e 2 em cada 10 possuem outra atividade remunerada. Em média os entrevistados trabalham 06 dias por semana, com variações entre 4 e 7 dias. Quanto ao histórico de trabalho, 59,4% dos entrevistados exerciam a atividade de doméstica, sendo que 43,8% eram empregados, 25,0% eram diaristas e outros 25,0% trabalhadores informais ou autônomos. A esse respeito podemos citar um trecho do grupo focal realizado, ja diz:

Igual ela falô eu trabalha, catando papel pra ela aqui porque ela falou que não agüenta amarrar o fardo, aí eu dou uma força pra ela. Tem hora que eu trabalho lá, tem hora que eu trabalho fora descar-regando caminhão pra rua afora, chapa... aí eu dou uma força pra ela, quando tem café aí eu panho café aí, eu vô e faço ela faz, rapo fora e vô trabalhar fora (2009, p. 49).

No que tange à divisão de tarefas para realização do trabalho diário, a maioria relata que não existia, provavelmente porque trabalhavam sozinhos (50,0%). Quanto à atualidade, 55,6% afirmam haver divisão de tarefas no trabalho cotidiano. Um dado interessante é que 4 em cada 10 entrevistados eram catadores antes de fazer parte da Associação (acat

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ou Acamare). Ao avaliarem o trabalho de catador antes de estarem associados, 40,0% dos entrevistados afirmam que era ótimo ou bom. Esse valor subiu para 86,1% ao avaliarem o trabalho de catador estando associados. Tais questio-nários apontam como principal motivo destas pessoas estarem exercendo este tipo de trabalho como catador “a falta de escolha”, por “ausência de emprego” ou “por necessidade” (50,6%). Com relação à cadeia produtiva, os catadores da acat relatam que no galpão deles apenas trabalham alguns catadores, sendo que os demais vendem o produto que recolhem para um atravessador bem conhecido na cidade. Quando questionados por qual razão estes catadores não vendem o material para a acat as respostas foram bastante significativas. Quanto à motivação para fazer parte de uma asso-ciação, as respostas variaram bastante, mas 21,0% alega ter recebido “convite” de um familiar ou amigo (o que remete a hábitos adquiridos pela confiança ou familiaridade) e outros 21,1% à “falta de emprego” e à “necessidade”. Os cata-dores alegam que, embora o preço pago pela associação é mais alto, entregar para o atravessador “tem mais facilidade”, porque o preço pago pela associação engloba o trabalho da separação e da fardagem do material.

A trajetória ocupacional também remeteu à ocupação que os pais possuem ou possuíam, configurando gerações que se submetem às mesmas condições de trabalho. Os entrevistados também afirmaram que mesmo dentro do grupo

de associados, alguns vendem o material para o atravessador, por causa da dificul-dade em prensar e armazenar o material. Essa dificuldade existe tanto em razão do trabalho que exige quanto em fun-ção da capacidade de armazenamento. Outro fato que dificulta a atividade dos catadores quanto ao aumento da renda é o fato de eles perderem muito tempo com a separação do lixo, o que poderia ser facilitado se as pessoas separassem o material em casa. Os catadores infor-maram que, no período da pesquisa, o material sem separação recebia R$0,15 por quilo no atravessador, enquanto a acat pagava R$0,26. Eles alegam que, embora o preço pago pela acat seja maior, as pessoas se interessam em levar o material para o atravessador porque o trabalho despendido é menor. Outro problema decorrente do pequeno espaço e da ausência de uma pesagem diária do material trazido para a associação são os conflitos entre catadores, motivados pela desconfiança de subtração de material alheio (furto). Uma das entrevistadas afirmou estar saindo da associação por esta razão. Eles explicaram que: “é tem uma lona aqui, uma lona ali, eu ponho aqui, a outra põe ali e mais (A)”. E quando questionamos se esta organização não podia ser mais controlada eles disseram: “mas o controle é este mesmo (N)”. A idade elevada associada à dificuldade em fazer esforço físico elevado trazem também limitações para a quantidade de material que cada catador consegue arrecadar. Segundo eles, os carrinhos que utilizam são bastante pesados, o que difi-

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culta não só ir a determinados locais para buscar material, como também a levar o material para ser armazenado na asso-ciação. Novamente, o comportamento cooperativo do consumidor resolve essa situação, na medida em que ele descarta os resíduos separados na associação.

Os catadores também afirmaram que em Viçosa os moradores não costumam criar empecilhos para a atividade de cata-dor, mas afirmaram também não esperar muito deles porque, na verdade, quem separa o material são as empregadas domésticas. A grande dificuldade alegada é com relação ao caminhão de coleta dos resíduos que, segundo eles, foi quando começaram a “apertá-los”. Os moradores colocam o lixo para o caminhão coletar bem na hora em que ele passa, com a preocupação de que, com isso, não ocorra sujeira. Mas os catadores alegam que dessa forma a sujeira também acontece. Embora eles demonstrem se preocuparem em amarrar as sacolas quando retiram o material que lhes interessa, eles afirmam que como têm pouco tempo para realizar a tarefa isso é quase impossível e a neces-sidade fala mais alto. “A: O caminhão passa 09h15. Sabe que horas que eles põe o lixo? 09h14”. M.C.: “Um minuto não dá tempo de pegar nada, aí eles chegam”. “A: 09h14, doze ‘tambor’ de lixo, o amigo quer ter muita mercadoria, aonde é que ele faz bagunça, porque ele só tem aquele um minuto para resolver o problema dele, você acha que ele vai ficar [...] não... é, pá pum e acabou, pronto. Se sujou, sujou para lá, o caminhão já vem e varre isso aí meu filho”. Os catadores

também comentaram que em Viçosa já teve mais catadores, mas que esse número havido diminuído. O lapso temporal que eles deram de referência foi a criação do Real. Quando à quantidade era maior os confrontos também eram freqüentes. “A: Tinha uns 50 mais ou menos, dava até briga de foice no escuro. Você ia lá para pegar uma caixa ali e vinha três de lá para cá. Aí topava assim ó: tuf”. Isso acontece, em parte porque os catadores circulam a cidade toda, sem ter a restrição quanto à áreas de coleta. Mas eles fazem um outro tipo de demarcação, a relativa à doações. Isso vale tanto para os comércios da cidade quanto para os moradores. Alguns levam o material para a acat, mas os catadores que ficam mais na rua alegam que isso não faz diferença para eles. Mas essa última atividade não pesa muito para eles e é aleatória. Além disso, o material recebido dessa forma não é destinado para a associação, mas para quem o recebe. A maior quantidade vem da cata na rua. Quanto à lógica da cadeia produtiva da reciclagem os catadores demonstraram estarem bem informados tanto com relação à comercialização quanto à lógica produtiva. Numa análise comparativa entre os itens vendáveis o argumento versa sobre o resultado e não sobre um raciocínio superficial. Segundo eles, a cada 20 dias é possível que um catador junte uns 2000 kg de papelão, mas para juntar uns 600 kg de plástico leva uns 03 meses. Segundo eles, de cada 20.000 a 25.000 kg de papelão eles vendem 5.000 kg de papel e 3.000 kg de plástico. É interessante notar que a latinha

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de alumínio é o bem raro para eles. Tanto é assim que ela sequer é armazenada na associação, mas em suas residências. O preço do quilo da latinha era 1,50 a 1,60, mas estava abaixo do valor normal e é difícil de ser encontrada. E não é só esse material que apesar de ter preço melhor não é encontrado com facilidade.

Outro ponto relatado pelos catadores é a diferença de produtividade entre eles. E quando questionados com relação à doença eles alegam que mesmo doentes não podem parar. “A: Se adoecer eu faço de conta que não ‘tô’ doente não”. Os catadores afirmaram também que não contribuem autonomamente para a Previdência Social. Segundo eles, o recolhimento do inss não é possível. Em suas palavras: M.C.: “Porque o que a gente arrecada mal dá para sobreviver”. Alguns já, inclusive, recolheram inss quando tiveram carteira assinada, mas apenas por pouco tempo e depois disso não mais. A: “É nuns três anos para trás, chegou mais ou menos em outubro eu falei assim: ‘é rapaz ‘tá’ danado, não paguei o inss, a situação vai ficando feia, né?! Eu ‘tô’ com trinta e tantos, a situação ‘tá’ ficando brava. Ano que vem eu pago, a partir de janeiro eu pago esse negócio’. Aí chega em janeiro e eu não pago, chega em fevereiro eu não pago, aí quando chegar em outubro eu começo de novo: ‘ano que vem eu pago’. E ‘tô’ pagando e nunca paguei nada”. A questão da precariedade não se restringe à não contribuição para o inss, mas também quanto à não existência de fundo social na associação e de poupança individual.

Considerações finais

Muitas explicações podem ser dadas para o fato de os catadores existirem como um grupo ao mesmo tempo autônomo e associado. No município de Viçosa-mg a forma e o tipo de trabalho, a coleta/arma-zenamento/venda de materiais segue uma lógica aparentemente não impositiva, visto que depende diretamente apenas de três fatores: a) o momento em que o material descartado pelos moradores e comerciantes é disponibilizado nas áreas públicas da cidade; b) o momento em que os representantes da autarquia responsável recolhem todo o material e levam para o aterro; c) as doações na sede das associações. Reitere-se que as duas associações possuem origens distintas para o material que comercializam. A Acamare é uma associação que está vinculada ao aterro, antigo lixão, do município, portanto, funciona em razão do processo de triagem. Por outro lado, a acat depende quase que exclusivamente do material coletado nas ruas da cidade. No município estudado existe uma peculiaridade, pois os catadores não se encontram atuando no intervalo tempo-ral que se localiza entre o primeiro e o terceiro momento citados. Os trabalha-dores associados à acat e os autônomos não associados valem-se do primeiro e do terceiro momentos. Já os catadores que trabalham na Usina de Triagem, criada em parceria com a ufv e o município de Viçosa, dependem do momento posterior ao recolhimento dos resíduos nas ruas, ou seja, o segundo elemento citado.

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A relação que as associações citadas estabelecem com a Administração Pública Municipal também são complexas, não podendo ser reduzidas a uma perspectiva assistencialista, que, aliás, nem existe. Em primeiro lugar, o enquadramento na condição de entidades que possuem utili-dade pública (Lei Municipal 1.983/2009 e 1.867/2008) rendem a elas um apoio público para a manutenção de suas ativi-dades, como o fornecimento de subsídios para o pagamento de aluguel, água e luz do galpão que utilizam. Esta situação não configura terceirização dos serviços públicos, pois não preenche os requisitos jurídicos necessários e, na atualidade, existe uma autarquia responsável pela limpeza das ruas e coleta do lixo, o saae. Contudo, a existência de associações que realizam parte do trabalho, cuja incum-bência seria da municipalidade, resgata a discussão que, a princípio, estaria sanada. Assim, também os catadores contribuem de modo efetivo para a limpeza urbana, mas não recebem uma contraprestação por este serviço.

Com a realização da pesquisa perce-bemos que, embora a precariedade seja praticamente inerente à atividade de catador, principalmente em função da peri-culosidade, insalubridade, informalidade e renda a níveis bastantes baixos, existem externalidades que poderiam minorar estas condições de trabalho e renda. Uma das externalidades é o mercado internacional, no que tange à compra de material para a indústria da reciclagem. Outra é o fato de a cadeia produtiva ser demasiadamente longa e interposta por vários atravessado-res que diminuem a renda auferida pelos

catadores. Por último e bem mais fácil de ser contornada porque reside numa ótica de microanálise e mudança institucional existe a relação que o catador estabelece com os moradores/comerciantes da zona em que atua. Sugerimos que qualquer política pública que vise atuar neste setor deva atentar para o papel do morador/comerciante como um agente otimizador da produtividade capaz de ser alcançada pelo catador, ao mesmo tempo em que é o elo básico da cadeia produtiva da reciclagem.

Em face do exposto, as teorias da intensificação do trabalho e da espe-cialização flexível, as quais buscam interpretar a realidade pós reestruturação produtiva, são, ambas e concomitan-temente, aplicáveis à análise dos ees. Particularmente no caso estudado encon-tramos condições precárias de execução do trabalho, o que justifica falar em tese da intensificação do trabalho, ao mesmo tempo em que presenciamos a prática da autogestão, organização do trabalho, avaliação positiva da relação associativa, configurando assim a tese da especialização flexível.

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Súmula 331, do TST

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Do crédito rural oficial ao cooperativismo de crédito

rural solidário

From official rural credit for rural credit cooperative solidarity

Alair FERREIRA DE FREITAS*

Silvia ORSINI DE ASSIS**

Resumo

No Brasil, as políticas de crédito oficial passaram por transformações desde os fins do século XIX, quando

houve tentativas de se estabelecer uma política focada em mecanismos de financiamento. Apesar das limi-

tações orçamentárias e dos avanços na implantação de instrumentos menos intervencionistas do Estado nas

políticas agrícolas, o crédito rural ainda é essencial ao financiamento da agricultura brasileira. As políticas de

crédito a partir de 1995, contaram com recursos disponíveis de modo crescente. A agricultura familiar con-

quistou o Pronaf em 1996 e o reconhecimento como base de sustentação alimentar da população brasileira.

Praticamente no mesmo período, as cooperativas de crédito rural com funções além da financeira começam

a emergir no cenário nacional. O crédito rural assume importante papel no fomento da atividade agropecuá-

ria, principalmente agrícola (produção e produtividade) e da ascensão sócio-econômica de famílias e organi-

zações do meio rural, mas também se caracteriza por distorções como, por exemplo, desperdício de recursos

e, consequentemente, perda de eficiência como instrumento fomentador da produção. Nesse sentido, o

objetivo a pesquisa “O cooperativismo de crédito rural solidário na promoção do desenvolvimento local” do

Gestão e Desenvolvimento de Cooperativas e Associações”, Universidade Federal de Viçosa e Universidade

Federal de Santa Maria (UFSM), 2009/2010 foi, a partir da literatura especializada, revisar e analisar a histori-

cidade das políticas de crédito no Brasil e, mais precisamente, a experiência do cooperativismo de crédito

solidário como instrumento de popularização do crédito para a agricultura familiar.

Palavras-chaves: cooperativismo de crédito, crédito rural, política agrícola.

Descriptores: P320 - Coletivos; Comunas; Agricultura; Q130 – Mercados agrícolas e Marketing; Coope-

rativas; Agronegócio; Q140 – Financiamento Agrícola.

Abstract

The Brazilian official credit policies have undergone transformations since late 19th century when

there were attempts to establish a policy focused on funding mechanisms. Despite budgetary constra-

* Professor da Universidade Federal Rural da Amazônia (ufra), campus de Parauapebas/PA. Mestre em Extensão Rural e Bacharel em Gestão de Cooperativas pela Universidade Federal de Viçosa (ufv).

E-mail: [email protected], [email protected]

** Mestranda em Extensão Rural pela Universidade Federal de Santa Maria (ufsm) e Bacharel em Zootecnia pela ufv. E-mail: [email protected], [email protected]

Cómo citar este artículo: Ferreira de Freitas, A. y Orsini de Assis, S. (2011, enero-junio), “Do crédito rural oficial ao cooperativismo de crédito rural solidário”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 59-76.

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Introdução

De um modo geral, as políticas agrícolas têm como objetivo contribuir para a esta-bilidade dos rendimentos dos agriculto-res, permitindo uma condição mínima de sobrevivência dos seus empreendimentos. Um dos principais instrumentos de polí-tica agrícola no Brasil é o crédito rural.

O crédito rural é um instrumento de fomento da atividade agrícola que afeta direta ou indiretamente as estruturas e/ou infraestruturas de um empreendimento agrícola. Conforme Pinheiro e Carvalho (2003), o termo “infraestruturas” se refere aos bens e serviços que impactam o funcionamento do empreendimento,

ints and advance to implement lesser interventionist instruments in State agricultural policy, the rural

credit is still essential to fund Brazilian agriculture. Since 1995 credit policies had resources available

to an increasing degree. Family business agriculture had Pronaf in 1996 and recognition as a basis for

domestic food consumption. At the same time, rural credit cooperatives stand out performing roles

beyond finance tasks. So rural credit plays an important role in agricultural activity promotion (pro-

duction and productivity) opening doors to many families and rural organizations. However, it causes

alterations, such as wasted resources and consequently loss of effectiveness as a tool developer of pro-

duction. Thinking about this issue from specialized literature, the investigation “Solidarity rural credit

cooperatives in promoting local development” of Universidad Federal de Viçosa (UFV) and Unviersidad

Federal de Santa Maria (UFSM), 2009/2010, aims to review and analyze the historicity of Brazilian credit

policies, but specifically the experience of solidarity credit cooperatives as an effective instrument for

democratization of credit to family farmers.

Keywords: credit cooperativism, rural credit, agricultural policy.

Descriptores: P320 - Collectives; Communes; Agriculture; Q130 - Agricultural Markets and Marketing;

Cooperatives; Agribusiness; Q140 - Agricultural Finance.

Resumen

La política oficial crediticia de Brasil ha sufrido transformaciones desde finales del siglo XIX cuando

hubo intentos de establecer una política centrada en los mecanismos de financiación. A pesar de las

limitaciones presupuestarias y los avances en la implementación de instrumentos menos intervencio-

nistas en las políticas agrícolas del Estado, el crédito rural sigue siendo fundamental para la financia-

ción de la agricultura brasileña. Desde 1995 las políticas de crédito tenían recursos disponibles para un

grado cada vez mayor. Agricultura familiar tenía Pronaf en 1996 y el reconocimiento como base para

el consumo local de alimentos. En el mismo periodo, las cooperativas de crédito rural se destacan con

las funciones más allá de los financieros. Crédito rural juega un papel importante en la promoción de la

actividad agrícola (producción y la productividad) y abre las puertas a la aparición de muchas familias y

organizaciones rurales. Sin embargo, provoca distorsiones, como el desperdicio de recursos y pérdida

de eficacia como herramientas de desarrollo de la producción en consecuencia. Pensando en ello, de

la literatura especializada, la investigación “Las cooperativas de crédito rural solidario en la promoción

del desarrollo local”, de la Universidade Federal de Viçosa (UFV) y la Universidad Federal de Santa Maria

(UFSM), 2009/2010, tiene como objetivo revisar y analizar la historicidad de las políticas de crédito en

Brasil y, en concreto, la experiencia del cooperativismo de crédito la solidaridad como un instrumento

eficaz para la democratización del crédito para los agricultores familiares.

Palabras clave: cooperativismo de crédito, crédito rural, política agrícola.

Recibido: de del 201 Aprobado: de del 2011

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sendo que aqueles são controlados pela sociedade e são externos a este. A capacidade de a agricultura responder às mudanças técnico-econômicas está fortemente condicionada pelo nível de desenvolvimento das infraestruturas do meio envolvente (pode-se dizer também meio organizacional). Para isso, conta-se especialmente com as políticas estrutu-rais que, em síntese, referem-se àquelas que tendem a alterar as condições de produção e comercialização do empre-endimento de forma duradoura. Visam também melhorá-las, reduzindo os custos de produção ou possibilitando a venda a preços mais elevados devido a uma ou mais alterações nas relações entre fatores de produção e suas realidades condicio-nantes (Pinheiro e Carvalho, 2003).

Quando o tema a se discutir é o crédito rural, uma das questões iniciais é identificar e compreender o seu papel e as suas formas de expressão na agricultura (do ponto de vista do desenvolvimento rural). Um importante foco da discussão é, pois, a agricultura de base familiar, que foi historicamente negligenciada das políticas de crédito rural oficial, mas é comprovada a importância desse instru-mento econômico na reprodução desse segmento. O motivo de estas questões terem inspirado este trabalho reside na constante necessidade que se tem de resgatar memórias sobre um fenômeno para construir um imaginário capaz de elucidar a circunstância presente bem como as alternativas propostas.

O crédito rural normalmente é adqui-rido pelos agricultores que têm interesse em realizar investimentos em uma ou

mais fases de sua atividade produtiva ou não perder a competitividade do seu negócio-tarefa mais comum entre os maiores produtores ou as cooperativas agropecuárias. Na falta de fundo próprio, recorrem a modalidades de crédito, como os empréstimos. Sobre este aspecto é importante destacar que, por um lado, para o setor financeiro em geral não é lucrativo fazer empréstimo por prazos muito longos e, por outro, a taxa de juros praticada pode comprometer ou não ser viável para a atividade. Normalmente essa é uma típica situação que acena as características da ajuda concedida pelo Estado com as políticas de crédito. “As políticas de crédito objetivam, assim, aumentar o investimento, baixando o custo dos meios financeiros e/ou dila-tando o período em que a dívida pode ser amortizada” (Pinheiro e Carvalho, 2003, p. 249).

Como primeira incursão na literatura especializada, este artigo visa a recons-tituição ao longo do tempo de como e para quem se apresentou o crédito rural oficial no Brasil, sinalizando experiências alternativas de financiamento da agri-cultura familiar, a partir de iniciativas do crédito solidário, principalmente por representar uma opção recentemente pra-ticada pelos agricultores familiares. Para tanto, o artigo utiliza da experiência do Sistema de Cooperativas de Crédito com Interação Solidária (Cresol), destacando a importância da função social do crédito rural no cooperativismo de crédito, os princípios que o regem e as dificuldades de operacionalização das cooperativas de crédito.

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Para seguir essa discussão o texto está dividido em quatro partes, além desta introdução. A primeira, correspondente ao item 2, tece algumas considerações gerais sobre a trajetória do crédito rural oficial no Brasil, especialmente a partir dos 70 anos de política de cré-dito rural implementada pelo Estado, desembocando no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Fami-liar (Pronaf), como um importante instrumento de financiamento rural. Em seguida, o item 3 discute o papel do coo-perativismo de crédito como alternativa de financiamento, problematizando suas potencialidades na operacionalização de serviços microfinanceiros aos agriculto-res familiares. O item constrói argumen-tos relevantes sobre o cooperativismo de crédito rural solidário como mecanismo de acesso ao crédito para populações de baixa renda e apresenta o caso do sistema de cooperativas de crédito rural com interação solidária (Cresol). Por fim, no item 5, são tecidas algumas conclusões do trabalho.

Os 70 anos de política de crédito

rural no Brasil

O crédito rural oficial continua sendo a “espinha dorsal” do sistema de finan-ciamento da agricultura brasileira. Como espinha dorsal, entende-se uma estrutura projetada para sustentação de algo. Assim, considera-se que o crédito exerce um papel fundamental na agri-cultura brasileira. Na tabela 1 pode-se constatar o volume de investimentos e financiamentos aplicados em atividades ligadas à exploração agropecuária. Em 1996, o valor dos financiamentos repre-sentava 48% do valor dos investimentos. Conforme o Censo Agropecuário 2006, este valor superou em mais de duas vezes o anterior, sendo que os financiamentos superaram os investimentos; destes, 57,63% são provenientes de programas de crédito, dos quais 18,48% provieram do Pronaf. Do número de estabele-cimentos que investiram no ano de 2006, 92,22% obtiveram algum tipo de financiamento.

Tabela 1. Valor total dos investimentos e financiamentos realizados no Brasil

AnoValor dos investimentos

(Mil Reais)Valor dos financiamentos

(Mil Reais)%*

1996 7.722.635,00 3.707.112,00 48

2006 20.962.575,00 21.521.977,00 102,67

*Igual ao valor dos financiamentos dividido pelo valor dos investimentos.Fonte: ibge - Censo Agropecuário 2006

De acordo com Coelho (2001), desde os fins do século xix há tentativas de se estabelecer uma política agrícola brasileira focalizada no desenvolvimento de meca-nismos de financiamento, cuja política revela uma trajetória expansionista desde

o início de sua formulação efetiva —a partir da institucionalização do crédito rural em 1965—. Algumas tentativas foram bem sucedidas enquanto outras não, a citar o sistema de cooperativas de crédito europeu que o governo tentou

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lançar no Brasil antes de firmar o Convê-nio de Taubaté, em 1906. Esse Convênio, firmado na época de valorização do café, foi considerado a primeira tentativa asser-tiva de concessão de crédito provenientes do Banco do Brasil (daquela época). Com os altos e baixos preços do café, desde a década de 30, verificou-se o perdão de dívidas antigas como medidas adotadas em políticas governamentais.1 Superou--se a quebra da bolsa de Nova Iorque, as geadas de 1942, havendo após o término da Segunda Guerra um aperfeiçoamento dos sistemas de financiamento, com maior rigor no controle da oferta dos produtos agrícolas relevantes para o setor agrícola —que até 1970 eram o café e o açúcar.

Durante as décadas de quarenta e cin-qüenta, várias tentativas foram feitas para consolidar o modelo de crédito rural visionado em 1939, inclusive com o projeto de criar um Banco Rural. Contudo, o viés anterior permaneceu inalterado até 1965, com o sistema irrigando apenas a economia cafeeira e açucareira e praticamente ignorando o potencial do Brasil para a produção de grãos (Coelho, 2001, p. 11).

Antes de ser institucionalizado com a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (sncr), a ampliação do crédito rural foi também uma das medidas da Política de Garantia dos Preços Mínimos (pgpm) depois da crise de abastecimento em 1962, no modelo de desenvolvimento baseado na industrialização substitutiva de impor-

1 Em 1937 a política cafeeira é reformulada e determinou, entre outras medidas, promover um saneamento financeiro do Departamento Nacional do Café por meio do perdão de dívidas antigas junto ao Tesouro.

tações. A medida de ampliação e reforma acabou sendo um reflexo da mudança macroeconômica positiva no setor agrícola mais valorizado pelo seu potencial na diversificação na pauta de exportações. Os investimentos em pesquisa e extensão rural foram estimulados, sendo criados importantes centros de estudos, como a Empresa Brasileira de Pesquisa e Agrope-cuária (Embrapa) e a Empresa Brasileira de Extensão Rural (Embrater).

Em síntese, Coelho (2001) argumenta que a reforma do crédito rural em 1965 (com o sncr) surgiu como parte de uma política que colocou o orçamento fiscal da União como fonte de recursos oficiais para o crédito (entre outras fontes bem diversificadas pela legislação) e criou alternativas não inflacionárias de finan-ciamentos com a inclusão dos bancos privados no sistema.

É importante ressaltar alguns pontos do decorrer da reforma, a começar pelos objetivos do sncr para posteriormente contrastar-lhes com aqueles do coope-rativismo de crédito. Legitimamente, os objetivos do sncr, conforme Coelho (2001, p. 21), eram:

a) Financiar parcela do capital de giro à produção e comercialização de produtos agrícolas.

b) Estimular a formação do capital.c) Acelerar a adoção e tecnologias

modernas.d) Beneficiar especialmente peque-

nos e médios produtores.

O crédito rural acabou tornando-se mais um instrumento estratégico de curto

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prazo de política agrícola, como a pgpm. Por um lado, ele representou um estímulo à produção agrícola, à produtividade (mecanização, irrigação, correção do solo, compra de insumos “sofisticados”), à comercialização agrícola e à expansão da fronteira e ocupação dos cerrados. Por outro lado, o crédito acabou aumentando a concentração de renda no setor rural para uma pequena parcela de produtores que puderam se apropriar dos subsídios, de acordo com as regras do sncr. Assim, o crédito perde suas “forças desenvolvi-mentistas” no rural.

O crédito rural na década de 1970 tinha como um dos objetivos principais desenvolver ou propiciar a moder-nização do setor agrícola brasileiro, principalmente através da utilização dos insumos identificados como modernos. Consequentemente, para o incentivo do processo de modernização da agricultura o crédito rural era altamente subsidiado. O governo brasileiro também tinha como objetivo transformar o setor agrícola em mercado consumidor da indústria nacional, que se estabeleceu a montante e a jusante da agropecuária (Fürstenau, 1987). Esse processo de modernização estimulado pelo governo brasileiro levou a distorções significativas na agricultura, em grande parte devido à concentra-ção dos recursos do crédito rural em algumas regiões, cultivos e segmentos de produtores. Conforme Massuquetti (1999), a política de crédito rural do governo brasileiro foi alvo de críticas principalmente pelos casos de desvio, aumento excessivo dos gastos públicos,

principalmente no final da década de 1970 por motivo de descontrole do sistema econômico. O final da década de 1970 caracterizou-se pelas altas taxas de inflação e pela consequente redução dos volumes destinados ao crédito rural, sendo o objetivo do governo a redução do déficit público. Neste período a polí-tica dos Preços Mínimos tomou volume, seu destaque estava na possibilidade de garantir rentabilidade para os produtores rurais.

Corroborando para acentuar a crise no sistema financeiro brasileiro, assim como na política de crédito rural, em 1979 ocorreu o segundo choque do petróleo, o que levou o Governo Figuei-redo a elaborar um plano emergencial que se caracterizava basicamente pelo combate a inflação e estímulo à agri-cultura. Estudos mostraram que o setor rural foi sobrefinanciado nas décadas de setenta e oitenta. A partir de 1966, a rela-ção crédito-produção foi crescendo de forma geométrica, até atingir o máximo em 1977 (safra 1978), quando foram aplicados 18,47 bilhões de dólares, para financiar uma safra de 37,16 milhões de toneladas, ou seja, foram aplicados 497,10 dólares para financiar uma tonelada de grãos, cerca de 14,4 vezes o valor de 1965 (Coelho, 1998). Este autor ainda argumenta que,

[...] em síntese, pode-se dizer que nessa fase evolutiva da agricultura brasileira (caracterizada pela utilização intensa do crédito rural, em todas as suas variantes e na concessão de subsídios), apesar das políticas governamentais terem promo-vido com sucesso a expansão da fronteira

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agrícola e a utilização da imensa base territorial brasileira na produção de grãos, isso foi conseguido com imenso custo social, na forma de desperdícios de recursos do sistema oficial de crédito (comprovado pela análise da relação entre o volume de crédito e a produção de grãos), estímulo à inflação (uso de fontes inflacionárias), concentração de renda (poucos tinham acesso ao crédito oficial), e principalmente na falta de visão estratégica com relação ao futuro (Coelho, 1998, p. 7).

Posteriormente, a partir de 1983, houve uma segunda reforma do cré-dito rural, com a eliminação total dos subsídios e a procura de novas fontes não inflacionárias de financiamento. Os impactos dessa mudança não foram os esperados, pois ao analisar a produção (de grãos especialmente) neste período era como se os subsídios não tivessem sido cortados, visto que a produção não caiu (Coelho, 2001).

Em 1995, o crédito rural passa pela sua terceira reformulação. Em uma breve retomada dos fatos, o modelo de crédito implantado a partir do ano de 65 se caracterizou pelo sistema “paternalista” (condições favoráveis de juros e de volumes de recursos, perdão de dívidas) convivente com situações rigorosas (reduções drásticas de oferta, elevação dos juros). Todavia, a introdução de mecanismos de indexação dos juros do crédito rural, referentes às mudanças incluídas no Plano Collor e a retirada do subsídio ao transporte iniciaram a escalada de inadimplência do setor, cujo ponto máximo foi à chamada “crise do

endividamento”, que explodiu no início da nova administração, no ano de 1995. Ratificou-se com a crise a concentração de renda no meio rural, onde menos de 3% dos mutuários foram responsáveis por mais da metade da dívida (Coelho, 2001).

Contudo, reforça-se que o crédito rural oficial ainda é um importante instrumento de incentivo ao setor agro-pecuário (para a agricultura familiar vem sendo ampliado a cada ano) como fonte de capital e também como fator de equilíbrio na definição dos custos do financiamento. O governo passado tentou reestruturar o sncr com algu-mas medidas, entre elas a securitização da dívida agrícola para ter acesso ao crédito e a desindexação dos encargos financeiros.

Até meados da década de oitenta, o crédito rural oficial supriu na sua quase totalidade a demanda das atividades agrícolas. Com o fomento ao crédito privado (Cédula do Produtor Rural, cpr, por exemplo), entretanto, o Estado pôde amenizar a sua participação que, de acordo com Coelho (2001), representou menos de 40%. A participação restante se resumiu aos recursos próprios e aos créditos privados. Considerando os vários tipos de dependência já instalada nos produtores que se endividaram, seja para incrementar suas infraestruturas produtivas ou adquirir insumos agrícolas e maquinários dos pacotes tecnológicos, logo estes, aqueles e outros fatores cor-roboram para que surgissem alternativas de financiamento. Após breve resgate

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bibliográfico sobre a memória do crédito rural, torna-se cada vez mais nítida a necessidade de se criar outras categorias de financiamento, concomitantemente à crescente valorização da agricultura de base familiar que contribui significati-vamente para a alimentação básica da população nacional.

Essa discussão se faz relevante espe-cialmente porque ficou visível que ao longo dos 70 anos de política agrícola, o crédito rural oficial foi direcionado para aquelas culturas (“de interesse”) que geravam riquezas para o país e seus respectivos produtores, enquanto outro “menu”, diversificado pelos produtos agropecuários tropicais, cuja gama de agricultores não viviam para a agricul-tura mas da agricultura, permaneceu a esmerar solitário.

A partir de 1996, este instrumento monetário de financiamento que é o crédito começa a ser combinado com programas de suporte correspondente aos diversos estágios da agricultura, em toda a sua dinâmica produtiva. Destacou-se nesta data, e de praxe é a sua menção, a criação do Programa Nacional para o Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

O Pronaf foi lançado oficialmente pelo governo federal em 1995, ganhando expressão principalmente a partir da safra seguinte. Os propósitos do pro-grama tangenciam uma série de inicia-tivas governamentais para responder a demandas históricas de movimentos sociais e organizações de representa-ção política dos trabalhadores rurais (Schneider, Cazella e Mattei, 2004).

A organização da ação do Estado por meio do Pronaf partiu inicialmente do embasamento fornecido pelo estudo da fao/Incra (1995). Este estudo constatou que 75% dos estabelecimentos agrícolas brasileiros apresentavam regimes de exploração tipicamente familiares, embora respondessem apenas por 22% da área total, acessando apenas 11% dos financiamentos do crédito rural. Para Búrigo:

A decisão de destinar uma parcela do crédito oficial exclusivamente ao pequeno agricultor —segmento que passou a se denominado de agricultor familiar, pois o termo representava melhor a abrangência do público-alvo do Programa— era inédita no Brasil, princi-palmente porque “carimbava” recursos e estabelecia normas mais claras de acesso: os agricultores precisam comprovar a condição social e produtiva para ter direito ao financiamento, sendo que as regras e o enquadramento devem ser referendados pelas organizações repre-sentativas dos trabalhadores rurais ou agentes da extensão oficial (2009, p. 16).

Nos estudos de Matei (2005, 2006) sobre o Pronaf, está explícito que esta modalidade de crédito rural oficial é dinâmica, e se mostrou em aperfeiçoa-mento. A criação de linhas de financia-mento em 1999, por exemplo, legitima a diversidade da agricultura familiar, variando de acordo com as demandas financeiras e condições de acesso. Isso sinalizou a necessidade de que a ação do Estado supere uma intervenção restrita e aumente a capilaridade do crédito, atendendo as demandas dos agriculto-

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res em transição e periféricos. Foram estabelecidas, então, categorias de agri-cultores baseadas em renda, com juros e condições diferenciadas de pagamento: grupo a (assentados da reforma agrária), b (periféricos), c (transição), d (transição e consolidados) e, posteriormente, e (consolidados).

A partir da operacionalização do Pronaf e seu sucesso que a agricultura familiar exerce papel fundamental na dinâmica socioeconômica das regiões rurais brasileiras, reforçando a diversi-dade de estratégias de reprodução das famílias e, assim, também a diversidade de demandas financeiras (Abramovay e Veiga, 1999).

Apesar de se apresentar como uma ino-vação institucional para o financiamento de uma parcela de agricultores até então excluído do crédito rural oficial, torna-se um desafio ao próprio programa garantir que os recursos cheguem ao público-alvo. A operacionalização do crédito rural, mesmo que existam modalidades específicas para determinado segmento, necessita de organizações financeiras também adaptadas, que demonstrem propensão e interesse em ofertar moda-lidades formais de serviços financeiros. Schröder (2005) analisa as limitações da lógica de atuação e organização de insti-tuições bancárias no que tange o alcance do público de baixa renda. A autora explicita características como altas taxas de juros e custos de transação, estrutura de gestão verticalizada e falta de familia-ridade com a dinâmica sócio-produtiva desse público, questões que afastam as

estruturas operacionais das organizações dos espaços de interação do público de baixa renda. Bittencourt (2003) contribui com essa abordagem apontando que tais limitações são também identificadas na operacionalização do Pronaf, o que reduz o potencial do programa.

Nesse sentido, que tipo de organização tem se destacado nos processos de conces-são de crédito para a agricultura familiar? Para além do crédito rural oficial, que outras modalidades de financiamento rural configuram alternativas para esse público? Essas questões orientam impor-tantes discussões que derivam daquelas já elaboradas acima e auxiliaram o desen-volvimento desse artigo.

Cooperativismo de crédito:

uma alternativa?

As experiências de microfinanças nas-cem e se desenvolvem geralmente onde não existem instituições financeiras ou quando estas não têm propensão nem interesse em ampliar seus serviços para as populações de baixa renda. Constata-se na literatura pertinente ao tema (Carvalho e Abramovay, 2004; b.c., 2009; Oliveira, 2008; Bittencourt e Abramovay, 2003) uma ineficácia histórica das instituições financeiras tradicionais, como os próprios bancos comerciais, em lidarem com indivíduos com sérias restrições de ativos, impedidos de oferecer garantias patrimoniais como contrapartida ao acesso ao crédito; o que ocorre principalmente no meio rural. A ineficácia das metodologias creditícias convencionais para atender esse tipo de público é expressa em sua seletividade.

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Notadamente em fins da década de 80, e especialmente a partir da década de 90, evidencia-se a propagação de experiências no campo do microcrédito e das microfi-nanças na América Latina. Essas experi-ências tomam corpo à medida que cresce a concentração financeira e o mercado de trabalho informal. O principal panorama para o fortalecimento e expansão do acesso ao crédito a populações de baixa renda é a dificuldade das instituições financeiras tradicionais operarem sob sua lógica bancária mercantilizada no fornecimento de serviços financeiros (Guerreiro, 2000).

No campo das microfinanças, por meio de diferentes estudos já realizados (Junqueira, 2003; Lapenu e Pierret, 2007; Gonzáles-Vega, 2000; Soares e Melo Sobrinho, 2008), observa-se que a res-posta a esse desafio se traduz na manu-tenção de baixas taxas de inadimplência, amplo alcance do público alvo e criação de formas diversificadas e flexíveis de garantias e controles, que representam redução de custos nas transações. Isso foi consequência da formação de novos arranjos institucionais, edificados sob novas lógicas, para além da lógica bancária e dos restritos imperativos de competitividade nos mercados financei-ros globais. Está ligada também a formas organizacionais mais flexíveis, como as cooperativas de crédito.

Apesar de as organizações sindicais e associativas terem conseguido avanços com relação às políticas de crédito agrícola, especialmente no caso do Brasil, estes benefícios têm tido dificuldades

de chegar até os agricultores familiares. O sistema de crédito rural estruturado atualmente na rede bancária não tem atendido (ou apresenta inúmeras dificul-dades) às necessidades dos agricultores familiares, cujos interesses envolvem uma quantia menor de dinheiro e poucas garantias como contrapartida exigida pelos Bancos (Búrigo, 2007). Diante des-ses e de outros entraves, vários autores sugerem que o cooperativismo de crédito seja uma referência promissora para se democratizar o acesso ao crédito no Bra-sil (Búrigo, 2006; Junqueira, 2003). Além de serem apontadas como instrumentos para viabilizar o acesso ao crédito, às cooperativas também é conferido o papel de possibilitar uma melhor capacitação para a utilização do crédito.

As primeiras cooperativas de crédito foram organizadas na Europa a partir da segunda metade do século xix, prin-cipalmente na Alemanha e na Itália. A idéia central era possibilitar que as pes-soas mobilizassem recursos financeiros próprios e pudessem tomar empréstimos mutuamente, oportunizando assim con-dições para que a população mais pobre do campo dispusesse de alternativas para melhorar de vida. No Brasil, o cooperati-vismo de crédito surgiu um século depois, trazido pelos imigrantes europeus. Acaba-ram implantando um sistema de crédito cooperativo no modelo das organizações de origem, sendo o município de Nova Petrópolis (r.s.) o primeiro a sediar uma cooperativa de crédito brasileira.

O cooperativismo de crédito faz parte do subsistema de intermediação dentro

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do Sistema Financeiro Nacional (sfn), responsável por executar os serviços de intermediação financeira na sociedade. Alguns princípios básicos orientam a constituição e o funcionamento de uma cooperativa de crédito (Bittencourt, 2001, p. 33): a) é essencialmente um sis-tema de financiamento monetário e por isso sujeito às suas regras; b) tem finali-dade social, o que é um diferencial dos sistemas convencionais, obviamente se coerente for a sua prática; c) os recursos para operacionalizar o crédito podem ter como fonte2 os próprios associados, além de instituições públicas ou privadas e até mesmo repasses de recursos controlados pelo governo (municipal, estadual ou federal); d) uma cooperativa de crédito está a serviço de atores econômicos, devendo responder sob condições com-patíveis às necessidades daqueles a quem se destina; e) está norteado por quatro lógicas gerais: a lógica financeira, cujo objetivo é proporcionar a recuperação dos recursos tomados com o maior bene-fício possível; a lógica da rentabilidade econômica, cujo próprio nome já indica, objetiva obter a melhor rentabilidade alcançável; a lógica administrativa, cujas preocupações basicamente são de natureza burocrática e normativa; e, por fim, o cooperativismo de crédito tem a lógica do desenvolvimento, cuja meta é “contribuir para o crescimento da riqueza nacional e individual, procu-rando soluções para o equilíbrio social e

2 De acordo com Bittencourt, cada uma das fontes de recursos gera uma definição em termos de custo do dinheiro, prazos de financiamentos e prioridades em relação ao público e atividade financiada.

territorial. Enfim, colocar o Sistema em função do desenvolvimento local, sempre associado aos atores sociais que lutam pelo desenvolvimento sustentável”.

Búrigo (2003) complementa que, para que uma cooperativa de crédito funcione dentro da lógica desenvolvimentista, é importante que a comunidade local tenha uma compreensão clara do papel sóciopolítico da cooperativa e tenham atitudes condizentes ao reconhecimento desta como instituição promotora do desenvolvimento. Esse autor ressalta a necessidade de se ampliar a participação dos atores nos programas de crédito de natureza social, hoje operados com dificuldades por bancos tradicionais, como mostra o caso do Pronaf.

Contudo, o passado recente das cooperativas de crédito, especialmente no meio rural, expressam um cenário controverso, que Búrigo (2007) sintetiza em forma de pergunta no título de seu livro: “Agentes de desenvolvimento local ou banco comercial de pequeno porte?”.

O cooperativismo de crédito rural passou por um período de “dormência” pela repressão jurídica e limitações legais para a constituição de novas coopera-tivas, iniciado em 1962 com o Decreto n.º 1503 e reforçada em 1967 com a lei n.º 60.597. Ele volta a se expandir no fim da década de 70 através do apoio das cooperativas agropecuárias. O objetivo era inserir as cooperativas de crédito como agentes financeiros na estrutura econômico-produtiva das cooperativas agropecuárias, se tornando uma alterna-tiva diante da redução do crédito rural

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oficial, que historicamente incentivou (e até subsidiou) seu crescimento. Assim, as cooperativas de crédito tenderam a acompanhar as estratégias das coope-rativas agropecuárias, selecionando o público beneficiado, em grande parte agricultores mais capitalizados, e tam-bém sua forma de gestão, conduzidas por técnicos (Búrigo, 2007).

Nessa época, de acordo com Búrigo, as cooperativas agropecuárias se torna-ram em certos casos, grandes empresas agroindustriais:

Esse processo acabou impondo níveis tecnológicos não compatíveis com a rea-lidade da maioria das unidades familiares de produção agrícola, além de levar a uma seleção dos tomadores de crédito, já que o crédito estava disponível somente aos que adotassem o padrão tecnológico recomendado Búrigo (2007, p. 50).

Este contexto fez com que o potencial das cooperativas de crédito junto a seu público alvo fosse reduzido, reprodu-zindo condições de exclusão financeira, já apontadas às políticas de crédito rural oficiais. O descompasso na atuação des-sas cooperativas, principalmente no Sul do País, gerou descrédito dos agricultores familiares sobre essas organizações.

No meio rural brasileiro, os agri-cultores familiares e suas organizações representativas e de apoio, somente começaram a ver o cooperativismo de crédito como uma alternativa para ampliar e democratizar o acesso ao cré-dito rural no início dos anos 90. Os proje-tos se desenvolveram a partir do trabalho de organizações não-governamentais

e entidades de agricultores familiares, por meio da constituição dos fundos de crédito rotativo, apoiados em recursos oriundos da cooperação internacional (Bittencourt, 2001; Búrigo, 2007). Nesse sentido, a primeira experiência do coope-rativismo de crédito vinculada exclusiva-mente aos agricultores familiares ocorreu em Santa Catarina, com a fundação da Crediquilombo, em 1993 (Schröder, 1997). Esta experiência se expandiu e gerou uma série de iniciativas de orga-nização popular para a constituição de cooperativas de crédito rural vinculadas à agricultura familiar e com propósitos de fortalecer o segmento.

Denominada de “vertente solidária”, esse tipo de cooperativa surgiu como uma tentativa de recuperar o potencial do cooperativismo de crédito junto aos segmentos sociais menos favorecidos. A preocupação é também de não se confun-dir o papel das cooperativas de crédito com o papel dos bancos tradicionais, pois assim a visão comercial, dentro da lógica bancária, sobressai sobre a visão sócio-política, dentro da lógica cooperativista e acaba gerando subsídios para o fortale-cimento vertical dos sistemas financeiros. O que se busca, portanto, é uma visão superior, onde possa ser atingido um equilíbrio entre o social e o econômico, incluindo os excluídos e contribuindo efetivamente para o desenvolvimento rural. Esta inclusão pode ser construída ao se compartilhar, por exemplo, conhe-cimentos de funcionamento do sistema financeiro com os agricultores, associada à busca constante de programas de

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democratização interna de gestão, “que resultem em transparência, capilaridade, visibilidade e autonomia às cooperativas locais” (Búrigo, 2003, p. 53).

O uso do crédito também é um aspecto essencial de reflexão, uma vez que há perguntas que se devem fazer antes de concedê-lo ou tomá-lo. Como ressalta Búrigo (2003), o crédito não deve ser visto como um fim em si mesmo, mas como um meio. Para potencializar o uso do crédito, é ideal que ele chegue na “hora certa”, tenha um valor ajustado aos seus objetivos e seja capaz de viabilizar um ou mais projetos que respeitem os aspectos socioeconômicos e ambientais. Neste caso, o incentivo converge a projetos coletivos que estimulem a cooperação, como aqueles apresentados pela novi-dade que se tornou o cooperativismo de crédito rural solidário.

Neste sentido, para além de viabilizar o acesso ao crédito, o papel das coopera-tivas de crédito deve abarcar uma série de outros elementos. O que está em jogo nesse tipo de organização é também e, sobretudo, o uso social do investimento financeiro,3 caracterizando a imersão

3 O uso social dos recursos financeiro caracteriza a dimensão sociopolítica das cooperativas de crédito. Para além de viabilizar o crédito, as cooperativas se prestam ao acompanhamento dos investimentos realizados pelos sócios, além de desenvolverem processo políticos em torno da orientação sobre o que e como investir, baseadas nos princípio da economia solidária. Nesse sentido, as próprias cooperativas inovaram ao criarem linhas de crédito específicas para o financiamento de atividades produtivas sustentáveis, ligadas ao processo de transição agroecológica e linhas para os jovens a fim de despertar o interesse pelo rural por meio do empreendedorismo juvenil. Essas linhas de crédito não são apenas estratégias para ampliar as movimentações financeiras, mas sim, e, sobretudo, estratégias para o desenvolvimento rural sustentável, que coloca as necessidades dos agricultores familiares como orientação estratégica na gestão das

das cooperativas no contexto social e sua valorização por elas. Em síntese, as cooperativas de crédito são caracteriza-das como importantes instrumentos de operacionalização do crédito rural por atuarem muito próximas da realidade de seu público-alvo e por buscarem sua aderência em outras dimensões que não apenas a econômica, mas também a social, cultural, institucional, ambiental, entre outras.

A capilaridade dessas organizações perpassa, então, por sua criatividade em desenvolver mecanismo que as permitam conciliar o manejo das finanças com a inclusão social. Essa característica deste tipo de cooperativa é construída em sua trajetória, que se edifica sobre as lutas políticas da agricultura familiar em defesa de seus direitos e da exclusão social e financeira. O uso social dos recursos financeiro é, pois, a materiali-zação de seus princípios e objetivos na construção de um sistema financeiro solidário. É justamente essa diferenciação funcional do crédito que possibilita a essas organizações fornecer modalidades mais adaptadas com condições mais adequadas ao público de baixa renda, já que o objetivo é melhorar a qualidade de vida dos sócios e não maximizar os lucros.

Sistema cresol: uma experiência

de democratização do crédito rural

Um programa de crédito solidário, como demonstra Bittencourt (2001), visa contri-buir para a formulação de sistemas coope-

cooperativas e na oferta do crédito e não apenas as sobras no final do exercício contábil.

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rativistas de crédito que sejam acessíveis a todos e que busquem o desenvolvimento econômico, com justiça social, cooperação e solidariedade. Entre as ações desenvolvi-das por este programa está o incentivo à criação de cooperativas de crédito, as quais deverão originar um sistema nacional de crédito solidário, na perspectiva de ampliar as possibilidades de captação de recursos financeiros junto aos trabalhadores e aos fundos públicos e privados, visando o financiamento de empreendimentos solidários rurais e urbanos.

No Paraná, as cooperativas de crédito, formadas exclusivamente de agricul-tores familiares, criaram o seu próprio sistema, denominado Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito com Inte-ração Solidária (hoje presente nos três estados da região sul do Brasil e com perspectivas de expansão). A desvincu-lação das cooperativas de crédito das cooperativas agropecuárias fez parte da concepção inicial dos fundadores do Sistema (Búrigo, 2007). Ele surgiu da vontade dos agricultores em terem sua própria instituição financeira, em meio a dificuldades crescentes, a partir dos anos 80, dos agricultores familiares acessarem o crédito rural oficial; paralelamente ao período da Revolução Verde.4

Os agricultores passaram por um pro-cesso de capacitação, preocupados com a construção de uma base tecnológica sustentável, ou seja, que não visa a depen-

4 Este modelo teve como premissa o aumento da produtividade do trabalho agrícola por meio da introdução de variedades geneticamente modificadas, da mecanização dos cultivos e da utilização de insumos e defensivos químicos, os quais eram financiados por políticas de crédito subsidiado.

dência dos pacotes de agro-químicos e reconhece que o ser e estar do ambiente reflete no ser e estar do ser humano. As atividades das cooperativas, que ocupam a maior parte na operação do Pronaf, se estendem para além dos serviços financeiros,5 permeando questões de organização rural, resgate da cidadania, da própria base tecnológica, entre outras.

O Cresol preza por uma atuação local forte e transparente em termos de garantia dos empréstimos. Considera o controle social uma das melhores manei-ras de se garantir o funcionamento leal a este tipo de instituição financeira. Consi-deram também que as etapas produtivas dentro de uma organização da produção devem ser totalmente controladas pelos agricultores, de forma que não se misture com a estrutura da cooperativa e mante-nha preservada a sua autonomia.

É interessante observar que o sistema é composto exclusivamente de agricultores familiares. É formado por um segmento que, historicamente, foi negligenciado pelas instituições financeiras formais e se encontrou à margem das políticas públicas de crédito e desenvolvimento rural. Contudo, a constituição do sistema foi sedimentada num processo notada-mente político de mobilização das bases sociais pelas organizações representativas da agricultura familiar, principalmente os sindicatos de trabalhadores rurais. Essa dimensão política do processo foi fundamental para consolidar um sistema

5 As cooperativas de crédito trabalham com diversas linhas de crédito, mas também com diversos tipos de seguros, captação de poupança e uma gama de produtos financeiros que variam de acordo com a organização e a demanda do público.

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financeiro local solidário, tecido por vín-culos sociais e não apenas por contratos impessoais.

Algumas dificuldades no acesso ao crédito oficial ainda são consideradas um entrave para essas cooperativas. O custo para acessar o banco tradicional ainda é muito alto, como os recursos do crédito rural oficial ao amparo do Pronaf. A falta de legislação pertinente à questão do crédito rural e um acesso mais burocratizado podem gerar um embate nas negociações do crédito em relação às normas que as cooperativas têm que se submeter no banco, podendo ser incompatível com os processos no campo de compra dos insumos, planta-ção e colheita.

Mesmo com muitas limitações, as cooperativas de crédito rural solidárias são consideradas por muitos estudiosos (Bittencourt e Abramovay, 2003; Búrigo, 2006) como um instrumento fundamen-tal na democratização dos recursos do sncr, especialmente na concessão do Pronaf (Búrigo, 2006; 2007). Para esses autores, o potencial dessas cooperativas é muito maior do que expressam hoje e por isso são dignas de atenção. Somente no ano 2007, foram viabilizados cinqüenta mil contratos e aplicados R$273,8 milhões de recursos do Pronaf através do sistema Cresol (Cresol, 2008). O repasse desses recursos naquele ano se deu por meio de suas 125 cooperativas singulares e quase cem postos de atendimento, que demonstram importância do sistema.

O grande sucesso do sistema Cresol no repasse do Pronaf deve sinalizar a

importância de descentralizar e des-concentrar o sncr e viabilizar a esse tipo de cooperativa o acesso direto ao repasse dos recursos oficiais. No caso do Pronaf, o repasse do crédito rural oficial é muito oneroso aos cofres públicos porque utiliza fontes com elevado custo e paga aos bancos operadores um spread relativamente alto. De acordo com Bittencourt (2003), o Banco do Brasil, responsável pelo repasse de 70% dos recursos do Pronaf para os grupos “c” e “d”, recebeu, a título de spread sobre as operações, cerca de 8,64% sobre os valores financiados, além de uma taxa de serviços mensal de R$8,99 por contrato. Na safra 2002/2003 as cooperativas do sistema Cresol receberam do bbb até 2,5% a.a. sobre o valor financiado para a prestação de serviços. Com este spread as cooperativas precisam assumir todos os custos para a liberação dos créditos e os riscos junto ao banco, tanto nos repasses de recursos como na prestação de serviços. Mesmo assim, as cooperati-vas conseguiram utilizar o Pronaf como um instrumento para viabilizar o crédito (Bittencourt, 2003).

Mesmo diante das limitações no repasse e das condições dos convênios com os bancos, o Pronaf se mostrou uma opção viável para essas cooperativas, que conseguiram progredir gradativamente por meio do repasses dos recursos oficiais. Como mostrou Búrigo (2006), a utilização dos recursos do Pronaf foi o principal elemento da história da evolução do cooperativismo de crédito rural solidário no sul do país. O Programa foi um dos

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grandes responsáveis pela entrada de muitos associados ao quadro social das cooperativas que o operavam e pela criação de uma relação de proximidade das cooperativas com os agricultores.

Para que isso fosse possível, as coo-perativas tiveram que criar mecanismos inovadores na gestão dos recursos financeiros, demonstrando que teriam condições de arcar com ônus do repasse. As cooperativas de crédito rural solidá-rias possuem um caráter localizado e uma intencional limitação de tamanho para reduzir custos operacionais. Isso permite em princípio, que as redes sociais que a constituem abram o caminho para uma significativa redução dos custos de transação e para a elaboração de mecanismos de controle social. Sob estas peculiaridades explicita-se o paradoxo de elas serem economicamente mais viáveis que as instituições financeiras convencionais, quando se trata de atingir o público de baixa renda (Bittencourt e Abramovay, 2003).

Além das características acima men-cionadas, a capacidade de atuação das cooperativas de crédito está associada também à natureza das relações que ela estabelece com seu público. A capacidade de estender sua atuação aos segmentos mais pobres, de efetivar parcerias estra-tégicas com outras instituições finan-ceiras e com o Estado e se consolidar como agente democratizante do crédito rural vai depender dos mecanismos de coordenação e controle das transações. Para além de mecanismos formais, as cooperativas utilizam-se das relações

interpessoais e da formação de grupos de aval solidário para reduzirem os custos de monitoramento e consequentemente os custos operacionais que cercam a operação de recursos oficiais.

Conclusões

Apesar da longa trajetória do credito rural no Brasil, considerando todas as reformas e avanços percorridos, ainda revelam-se obstáculos e seletividade no sistema de acesso dos principais progra-mas sociais que visam à agricultura de base familiar. Por outro lado, há exem-plos de possibilidades consolidadas para esta categoria acessar o crédito rural por meio de cooperativas de crédito solidário, com o intuito de promover o desenvol-vimento rural mais justo e transparente.

As cooperativas de crédito rural solidárias vêm se mostrando, portanto, importantes instrumentos de populari-zação do crédito rural oficial. Vale ainda destacar que são instituições financeiras inovadoras no campo das microfinan-ças, que expressam grande potencial de expansão por sua dinamicidade e criatividade na atuação com segmentos econômicos que possuem limitações em acessar o sistema financeiro tradicional.

O sncr tem a aprender com as novas experiências de financiamento rural, como as cooperativas. Isso parte do questionamento: como fazer os recursos oficiais chegarem até quem realmente o demanda, como no caso dos agricultores familiares? A trajetória controversa do crédito rural oficial viu emergir nos anos 90 o crédito solidário fornecido através da organização dos agricultores em

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cooperativas de cunho solidário. Como mediadoras no repasse do crédito, estas são organizações com grande potencial para dinamizar os programas governa-mentais, como o Pronaf, e aumentar a capilaridade do crédito rural oficial.

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El mercado del aceite de oliva en España. Una

perspectiva comercial desde el ámbito cooperativo

Spanish olive oil market – A commercial perspective

from the cooperative field

Mario CUADRADO SERRÁN*

Antonio Manuel CIRUELA LORENZO**

Resumen

Las raíces y la importancia socioeconómica del aceite de oliva en España configuran la industria del

aceite de oliva como un sector estratégico para el país, especialmente en la región de Andalucía. De

esta forma, el objetivo de esta investigación es analizar las estrategias de marketing y herramientas

asociadas con el sistema de promoción, distribución y comercialización del aceite de oliva virgen

empleadas por las cooperativas, tratando de analizar cómo han de posicionarse en el mercado para

lograr mejores resultados. Con estas premisas, en este artículo de la investigación “El marketing en

las cooperativas agrarias malagueñas” del grupo de investigación “SEJ 102 – Cultura organizacional y

cooperativas”, de la Universidad de Malaga, España, 2010, trataremos de analizar la situación actual y

las características generales del sector cooperativo oleícola de la provincia de Málaga, proponiendo

actuaciones que permitan su desarrollo y consolidación.

Palabras clave: comercialización, cooperativismo agrario, estrategia de desarrollo, orientación al

mercado, sector oleícola.

Abstract

The roots and socio-economic importance of olive in Spain set the industry of olive oil as a strategic

sector for this country, especially in Andalusian region. Therefore the goal of this research is analyzing

marketing strategies and tools associated to the promotion, distribution and marketing system of

virgin olive oil used by cooperatives, trying to analyze in this article of the investigation “Marketing

in Malaga agricultural cooperatives” of investigation group “SEJ 102 organizational culture and coo-

peratives”, of Universidad de Malaga, 2010, its best position in the market to get better results. Given

these assumptions, we will try to analyze the current situation and the general characteristics of olive

cooperative sector in Malaga province, suggesting actions for its development and consolidation.

* Licenciado en Economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga. Miembro del grupo de investigación de la Junta de Andalucía sej. Correo electrónico: [email protected]

** Licenciado en Administración y dirección de empresas de la Universidad de Málaga, España. Profesor del Departamento de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Málaga (España). Miembro del grupo de investigación de la Junta de Andalucía sej 102. Doctor en Administración y Dirección de empresas. Correo electrónico: [email protected]

Cómo citar este artículo: Cuadrado Serrán, M. y Ciruela Lorenzo, A. M. (2011, enero-junio), “El mercado del aceite de oliva en España. Una perspectiva comercial desde el ámbito cooperativo”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 77-108.

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Mario CUADRADO SERRÁN – Antonio Manuel COOPERATIVISMO Y DESARROLLO


Introducción

Reflexiones generales en torno al

cooperativismo oleícola español

La globalización de la actividad econó-mica está generando, junto a la aparición de nuevas oportunidades de negocio, un incremento de la presión competitiva a escala mundial. Este nuevo escenario, mucho más dinámico y agresivo, está provocando que las empresas vean ero-sionados progresivamente sus resultados.

En el caso de España, y desde la entrada en 1986 en la Unión Europea, el sector agrario se encuentra sometido a la influencia de la competencia de otros países, incrementándose con la amplia-ción a las regiones de Europa Central y Oriental. De esta forma, el impacto comercial para España va a depender, en gran medida, en lo que a las exportacio-nes se refiere, de la capacidad de nuestras empresas de abrir y consolidar nuevos canales de comercialización.

En otras palabras, bajo estas cir-cunstancias, y con la presencia de unos mercados cada vez más globalizados y competitivos (Vázquez, 1999; Ciruela, 2008), las empresas requieren de pro-cesos y técnicas de dirección que les permitan desarrollar una gestión más eficiente para lograr mejores resultados.

En este sentido, es necesario indicar cómo los niveles actuales y potenciales de desarrollo económico de un territorio determinan su capacidad para producir y consumir productos. Es por eso que la dirección comercial de una empresa debe conocer y evaluar la realidad eco-nómica de los mercados en los que quiere comercializar sus productos, puesto que pueden diferir sustancialmente de otros en función de las etapas de desarrollo que afrontan y, por ende, cada uno debe ser evaluado en términos de su atractivo como mercado potencial.

En definitiva, la dirección de la empresa ha de ser, al mismo tiempo, consciente y conocedora de que el nivel de desarrollo económico de un territo-rio desempeña un papel significativo en su marketing, debiendo estar bien fundamentado de acuerdo con planes estratégicos que tomen muy en cuenta el factor económico, los riesgos que se pue-dan presentar, la estabilidad económica, política, social, etcétera (Miguel, Parra y L´hermie, 1997).

Así, la mayor complejidad y dina-mismo del entorno empresarial hace necesario un profundo conocimiento de las organizaciones y de cuáles son las variables o factores que pueden consi-derarse claves para su éxito competitivo. Cómo conseguir posicionarse en un

Keywords: marketing, agricultural cooperative, strategy development, market orientation, olive

industry.

Descriptores: M300 - Marketing and Advertising: General; P130 - Cooperative Enterprises; Q130 - Agri-

cultural Markets and Marketing; Cooperatives; Agribusiness

Recibido: de del 2011 Aprobado: 3 de ma del 2011

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determinado mercado y qué hacer para sostener o mejorar esa posición consti-tuyen un tema central de la dirección de la empresa actual (García et al., 2005).

De este modo, centrándonos en el sector agrario, un claro exponente lo constituyen las cooperativas agrarias. Al igual que ocurre en otros ámbitos de actividad, las cooperativas constituyen el eje principal de la denominada economía social en el sector agrario, tanto por su importancia empresarial como por las características propias de su organiza-ción, con primacía de las personas sobre el capital, configurándose como empresas con valores y principios democráticos, con el objetivo de satisfacer un interés general o mutuo, contribuyendo al bien común (Ciruela, 2008).

El asociacionismo agrario ha sido y sigue siendo un elemento clave en el desarrollo y vertebración del sector agroalimentario en el medio rural, tanto en el ámbito territorial, como social y económico (Morales, Romero y Muñoz, 2003). Las cooperativas son estructuras asociativas dotadas de una amplia base social que se caracterizan por ser impor-tantes agentes generadores de actividad, capaces de contribuir decisivamente al desarrollo sostenible de numerosas zonas rurales, tanto desde la perspectiva eco-nómica como social y medioambiental (Ciruela y Tous, 2005).

Pues bien, hasta ahora, uno de los principales objetivos de las cooperativas agrarias había sido invertir en sus indus-trias y fábricas productoras para adecuar y modernizar sus instalaciones, buscando la mejora de la calidad de sus productos.

Sin embargo, en la comercialización no se ha conseguido avanzar todo lo necesario, sobre todo en lo que atañe al sector pro-ductor tradicional. Así, la nueva situación socioeconómica plantea la necesidad de que dichas entidades asuman nuevos retos, tales como la conservación del medio ambiente, nuevas estrategias de ventas, diversificación de la producción, etcétera.

Metodología

En el ámbito concreto de la economía oleícola, un aspecto que en la actualidad suscita gran interés es la comercialización del aceite y la escasa presencia del sector productor cooperativo en la fase de distribución, lo que se traduce en una manifiesta pérdida de competitividad y valor añadido, y por tanto, en un menor nivel de renta para los agricultores productores.

En este sentido, se observa cómo los oleicultores no participan activamente en el proceso de comercialización de la entidad. Su única preocupación ha sido entregar el producto a la cooperativa a cambio de un precio, desvinculándose de todo procedimiento posterior, sin tener en cuenta que lo verdaderamente importante empieza en ese momento: desde que la aceituna entra en la alma-zara hasta su posterior venta como aceite al consumidor final (Cristóbal, Montegut y Marimon, 2007).

No obstante, en las tres últimas décadas, y dentro del contexto de la región de Andalucía (España), se han creado una veintena de cooperativas agrarias de segundo o ulterior grado,

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con la finalidad de diseñar y desarrollar procesos de comercialización conjunta que les han permitido operar en el mer-cado del aceite envasado. La consecución de este objetivo ha sido dispar, de tal modo que algunas de las cooperativas oleícolas integradas han logrado dotarse de estructuras comerciales y penetrar, con relativo éxito, en el mercado del aceite envasado, mientras que otras aún están en un estado que podríamos calificar como embrionario (Hojiblanca, 2011).

En definitiva consideramos oportuno que los oleicultores se adapten a las nuevas circunstancias del mercado, implantando estrategias tendentes a conseguir una mayor participación en la comercialización de sus productos, un objetivo que ha pasado de ser deseable o conveniente a necesario para mantener sus niveles de renta.

Marco teórico y resultados

El mercado de aceite de oliva en un

entorno global

Superficie olivar y producción mundial

Una vez introducida la problemática gene-ral sobre la que trata el presente artículo, en los siguientes apartes vamos a describir la situación y características generales del mercado de aceite de oliva, tanto a nivel

mundial como en lo que se refiere a la provincia objeto de estudio, con el fin de contextualizar nuestro trabajo.

Pues bien, en la actualidad, el aceite de oliva es un producto muy apreciado en Europa y en todo el mundo por sus pro-piedades nutricionales y organolépticas y por ser un alimento saludable (Comisión Europea, 2002). El sector reviste una notable importancia internacional. El olivar ocupa una superficie mundial superior a los diez millones de hectáreas y la producción mundial de aceite de oliva en las dos últimas décadas (ver tabla 1) asciende, por término medio, a 2.716.400 toneladas, de las cuales entre el 70% y el 80% se producen en la Unión Europea. Los mayores productores en el 2008 y el 2009 (ver tabla 2) son España con 1.030.000 toneladas, representando el 39% de la producción mundial; Italia con 540.000 toneladas, el 20% de la producción mundial; y Grecia con 305.000 toneladas, lo que representa el 11% a nivel mundial. Los mayores países productores son tradicionalmente los consumidores por excelencia de aceite de oliva, mientras que dicho producto es todavía escasamente consumido en países del norte de Europa, donde predomina el consumo de otros tipos de aceite (Consejo Oleícola Internacional, coi).

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Total mundial

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Fuera del ámbito de la Unión Europea, los mayores países productores de aceite de oliva durante 2008/09 han sido Túnez con 160.000 toneladas, Siria y Turquía con 130.000 toneladas, Marruecos con 85.000 toneladas y Argelia con 61.500 toneladas.

Sin embargo, en los últimos años el cultivo del olivo se ha expandido hacia más zonas geográficas, en respuesta al aumento en el consumo del aceite. Así, podemos encontrar plantaciones de olivares en California, Argentina, Chile, México, Australia y otros muchos países.

En concreto, el 53% de la superficie mundial cultivada corresponde a los países de la Unión Europea, seguidos de los países del norte de África con un 27%, los países de Oriente Próximo con un 18% y los del continente americano con el 2% (coi, 2009).

De esta forma, la superficie oleícola mundial estimada en el 2007 alcanza 10.492.000 hectáreas (coi, 2009) con un aumento anual medio entre el 2001 y el 2005 de 150.000 hectáreas. El incremento más significativo, un 2%, se registra entre los años 2006 y 2007, debiéndose principalmente a las planta-ciones en países emergentes de América del Sur, Sudáfrica y Australia.

Resultados

La comercialización y el consumo

mundial

El aceite de oliva se ha convertido en un producto competitivo en los mercados internacionales, y ello implica que el desarrollo de una industria local debe ser contemplado en el ámbito de un contexto internacional. En la actualidad, su consumo representa un 3% del total de las grasas utilizadas en la alimenta-ción mundial. Es decir, el consumo de aceite en la campaña 2008-2009 fue de 2.831.500 toneladas (ver tabla 2), cifra superior a la producida (2.669.500 toneladas), como viene sucediendo en los últimos años según indican las cifras del coi. De estas cifras podemos deducir una de las principales características del comercio de aceite de oliva, como es el gran equilibrio existente entre produc-ción y consumo. Nos encontramos, por tanto, ante un sector en el que no se producen excedentes, si bien este ajuste entre oferta y demanda puede provocar situaciones de tensión en los precios los años en que la cosecha no alcanza la producción esperada.

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Tabla 2. Campaña 2008/2009 – Balance definitivo (1/10/2008 - 30/09/2009) (1000 t)

Producción Importaciones Consumo Exportaciones

Albania 6,0 1,0 7,0 0,0

Argelia 61,5 0,5 55,0 0,0

Argentina 23,0 0,0 5,0 14,5

Australia 15,0 28,0 37,0 6,5

Brasil 0,0 42,0 42,0 0,0

Canadá 0,0 30,0 30,0 0,0

C.E./27 1.939,0 a) 96,0 b) 1.856,0 376,0 b)

Croacia 6,0 1,5 7,0 0,0

Egipto 5,0 3,5 5,0 3,5

Estados Unidos 3,0 255,0 256,0 3,0

Irán 4,5 3,0 7,5 0,0

Israel 9,0 8,0 17,0 0,0

Japón 0,0 29,0 29,0 0,0

Jordania 18,5 1,5 23,5 1,5

Líbano 12,0 2,0 20,0 2,5

Libia 15,0 0,0 15,0 0,0

Marruecos 85,0 15,0 70,0 3,0

Palestina 20,0 0,0 14,0 3,0

Siria 130,0 5,0 110,0 15,0

Túnez 160,0 0,0 21,0 142,0

Turquía 130,0 0,0 108,0 31,0

Otros países 27,0 79,0 96,5 7,5

Total 2.669,5 600,5 2.831,5 608,5

0 Nulo o inferior a 300 t.a) De las cuales, Chipre, España, Francia, Grecia, Italia, Portugal y Eslovenia, en campaña de 2008 a 2009, arrojaron los datos de producción: 2,8; 1,030, 0; importaciones: 7.0. 305,0; consumo: 540,0; exportaciones: 53,4; 0,5.b) Solamente intercambios extracomunitarios, incluidas las operaciones de tráfico de perfeccionamiento activo.Fuente: Consejo Oleícola Internacional (coi)

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El comercio de aceite de oliva en el mundo es prácticamente un mercado europeo; del total de aceite de oliva comercializado en la campaña 2008-2009, (1.209.000 toneladas) 600.500 toneladas corresponden a importaciones y 608.500 toneladas a exportaciones, cantidad esta última que supone más del 50% del total comercializado (coi). Más concretamente, España es el principal país exportador y Estados Unidos, Brasil, Canadá, Japón o Australia los principales importadores.

En lo que se refiere al consumo en 2008-2009, la Unión Europea concentra

el 66% del total, con Italia y España como principales países consumidores, mientras que otro 18% se distribuye entre los países productores situados básicamente en la cuenca mediterránea y sólo un 16% es consumido en el resto del mundo, destacando Estados Unidos con el 9% del total. En otros países, como Brasil, Australia, Canadá, Japón, Rusia China o Chile, también se percibe un crecimiento continuo en el consumo de aceite (ver tabla 3), aunque en menor cuantía, si bien la tendencia es progresiva al alza.

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9)

2007

/8 (1

8)

2006

/7 (1

7)

2005

/6 (1

6)

2004

/5 (1

5)

2003

/4 (1

4)

2002

/3 (1

3)

2001

/2 (1

2)

2000

/1 (1

1)

1999

/0 (1

0)

1998

/9 (9

)

1997

/8 (8

)

1996

/7 (7

)

1995

/6 (6

)

1994

/5 (5

)

1993

/4 (4

)

1992

/3 (3

)

1991

/2 (2

)

1990

/1 (1

)

0,2%6,28,07,0

7,0

4,5Albania

1,2%

34,8

1,4%

36,3

55,5

33,0

55,0

25,0

23,0

35,0

38,0

60,0

21,0

25,0

26,0

42,0

44,

0

31,5

50,0

36,0

17,5

25,0

30,0

27,0

7,0Algeria

0,2%5,1

0,2%6,35,0

5,0

5,0

7,0

3,0

5,5

5,0

5,5

5,5

5,5

6,07,0

8,0

8,0

8,0

6,03,0

4,0

4,5

4,0

4,0Argentina

0,2%4,6

6,0

5,5

5,0

4,0

2,5

2,0

2,53,0

3,0

3,0

2,0

2,0

2,0Chipre

0,2%5,8

0,2%5,8

7,5

8,07,0

5,0

5,0

5,0

4,5

4,0

6,55,0

6,5

8,54,0

2,0Croacia

0,2%4,7

0,1%1,8

5,0

3,5

5,0

7,0

8,0

2,0

2,5

2,0

3,5

1,5

1,0

1,5

1,0

1,0

1,0

2,5

2,0

1,5

2,0

1,0

1,5Egipto

0,2%6,3

0,1%2,5

13,5

6,57,0

7,5

5,5

6,55,0

3,5

1,5

2,0

3,0

2,5

2,54,0

3,5

5,0

2,5

3,5

2,53,0

2,5Irán

0,0%0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0Irak

0,6%

16,2

0,5%

13,1

15,0

16,5

17,0

16,0

15,0

16,5

16,0

13,5

15,0

14,5

13,5

12,5

9,5

6,57,5

7,5

7,0

4,5

5,0

5,0

6,0Israel

0,8%

23,5

0,7%

19,0

29,0

29,0

23,5

23,5

21,0

19,0

25,0

24,0

25,0

20,0

17,0

9,0

19,0

19,0

22

,0

16,0

21,5

15,5

17,0

11,5

9,5Jordania

0,3%9,0

0,3%6,9

10,0

9,5

20,0

9,0

5,0

5,5

5,0

5,0

4,5

7,0

8,0

8,09,0

8,0

8,07,0

7,5

6,57,0

7,0

7,5Líbano

0,4%

12,5

0,4%

10,8

15,0

15,0

15,0

13,0

11,0

9,0

12,0

14,5

8,58,07,0

11,0

16,0

7,0

10,0

5,0

8,09,5

9,0

19,0

13,5Libia

2,3

%

63,8

2,2

%

57,5

90,0

90,0

70,0

65,0

65,0

55,0

38,0

70,0

60,0

60,0

45,0

55,0

55,0

55,0

50,0

25,0

43,0

45,5

40,0

49,0

37,0Marruecos

0,0%0,5

0,0%0,7

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

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0,5

0,5

1,0

1,0

0,5

0,5

1,5

2,5

2,0

1,5

3,0

6,0Montenegro

0,0%0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

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0,0Serbia

3,8%

105,

7

4,2%

108

,8

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0

120,

0

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0

80,0

110,

0

79,0

135,

0

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0

128

,5

86,0

110,

0

90,0

88,0

95,0

85,0

78,0

78,0

69,0

67,0

66,0

62,0Siria

1,4%

39,7

1,8%

46,8

30,0

40,0

21,0

50,0

45,0

38,0

44,

0

56,0

30,0

28,0

58,0

60,0

49,0

52,0

70,0

34,5

46,0

56,0

60,0

60,0

54,5Túnez

2,9

%

82,2

2,4

%

61,4

115,

0

110,

0

108

,0

85,0

80,0

50,0

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46,0

50,0

55,0

72,5

60,0

85,0

85,5

75,0

63,0

55,0

54,0

50,0

50,0

55,0Turquía

67,9

%

1,90

9,3

71,0

%

1,84

7,1

1,88

2,0

1,83

1,5

1,85

6,0

1,86

6,0

1,90

5,0

1,91

8,0

2,0

79,0

1,99

7,5

1,91

8,5

1,89

4,5

1,83

5,0

1,72

8,0

1,70

9,0

1,70

5,5

1,56

6,5

1,38

7,0

1,45

1,0

1,45

3,5

1,38

3,5

1,35

7,0

1,21

4,5

U.E.

82,6

%

2,3

22

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85,6

%

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25,0

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27,0

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0

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2,0

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1,95

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41,0

1,74

7,5

1,75

3,0

1,68

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4,5

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2,5Total A

(Con

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87

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2006

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2005

/6 (1

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2004

/5 (1

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2003

/4 (1

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2002

/3 (1

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2001

/2 (1

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2000

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1999

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1998

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1997

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1996

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1994

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1991

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4,5

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4,0

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5,0

7,0

7,0

6,5Arabia Saudí

1,4%

38,1

1,1%

29,0

39,0

42,0

37,0

35,0

47,5

34,5

32,5

34,5

31,5

27,5

31,0

25,5

24,0

17,5

21,5

16,5

19,0

16,5

16,0

12,5

13,5Australia

1,3%

36,6

0,9%

23,4

51,0

50,5

42,0

40,0

34,5

26,0

26,5

23,5

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22

,5

25,0

25,0

23,5

29,0

24,5

19,0

23,5

14,5

17,0

11,0

13,5Brasil

1,1%

31,8

0,9%

23,5

37,0

37,0

30,0

29,0

32,5

30,0

32,0

26,0

25,0

24,0

24,5

23,0

18,5

17,5

19,0

14,0

15,0

12,0

13,0

10,0

10,0Canadá

0,2%6,5

12,0

8,57,5

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4,5Chile

14,5

22

,0

17,0

12,0China

8,6

%

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1

7,1%

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5

115,

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0

79,0

88,0Estados

Unidos

1,1%

32,0

1,1%

29,9

41,0

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29,0

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32,0

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30,5

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27,0

28,5

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26,0

16,5

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4,5

4,0Japón

0,4%

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9,5

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10,0

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12,0

12,0

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5,0

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4,0

4,0México

0,1%3,6

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3,5Noruega

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15,0

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12,0

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10,0Palestina

0,5%

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1,5

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6,05,0

9,0

5,0Rusia

0,3%9,8

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6,0

6,0

12,5

12,0

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11,0

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8,0

6,0

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3,5

3,5

4,0

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3,0

3,0

3,0Suiza

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4,0

3,0

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3,5

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4,5Taiwán

0,5%

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17,5

15,5Otros paises

consumidores

1,1%

31,2

1,1%

29,2

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25,0

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25,0

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20,5

25,0

20,0

33,0

30,0

30,0

35,0

21,0

Otros paises no consumidores

17,4

%

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9

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%

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7,0

1,66

6,5Total mundial

(Con

t.)

88

COO

PER

AT

IVIS

MO

Y D

ESA

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LLO



En la campaña 2008-2009, el con-sumo mundial de aceite de oliva ascendió a un total de 2.831.500 toneladas (coi). El mayor consumidor fue la Unión Europea, con un 66% del consumo mundial, que corresponde a una cantidad de 1.856.600 toneladas (coi).

Cooperativas agrarias en España: la

orientación al mercado

El sector del aceite de oliva tiene una gran importancia económica, social y medioambiental dentro del contexto agrícola español. Representando, según campañas, entre el 7 y el 12% de la producción final agrícola. Hay más de dos millones de hectáreas de olivar cultivadas en España con destino alma-zara (producción de aceite de oliva) y aproximadamente 500.000 agricultores olivareros, de los que 350.000 son socios de cooperativas oleícolas. España es líder mundial en producción y comercializa-ción de aceite de oliva.

La orientación tradicional predo-minante de las empresas que operan en el sector oleícola español ha sido la orientación a la producción más que la orientación al mercado. Situación que, en los últimos tiempos, se ha convertido en inadecuada para hacer frente a la situa-ción cambiante del entorno (Cristóbal, Montegut y Marimon, 2007).

Según datos de la Agencia para el Aceite de Oliva (aao), las cooperativas tienen una gran importancia dentro del sector del aceite de oliva español ya que en sus instalaciones se elabora aproxi-madamente el 70% del aceite de oliva producido en España. En la campaña 2008-2009, de las 1.029.970 toneladas de aceite de oliva producidas en España, más de 710.295 toneladas se elaboraron en cooperativas oleícolas. En número, de las 1.748 almazaras españolas registra-das con actividad, 953 son cooperativas oleícolas, lo que representa el 55% del total (ver tabla 4).

89

COO

PER

AT

IVIS

MO

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Tab

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185

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)

Gra

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%)

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)

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(24%

)

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6%)

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(83

%)

7.28

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)

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7748

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%)

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8%)

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5 (7

4%)

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(26

%)

Tot

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343

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2%)

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5,3

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9.43

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)

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Tot

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1%)

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77.

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)

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15.

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362

,8 (6

%)

Tot

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0 (8

3%)

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7%)

22.0

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38,0

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%)

3.69

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(17%

)

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)

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)

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56 (5

4%)

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6%)

26.1

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)9.

419,

7 (3

6%)

Tot

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3%)

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90

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%)

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%)

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6%)

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0%)

Tot

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91

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En este sentido, y debido al importante peso del cooperativismo en el sector oleícola español, nos centramos en este trabajo en el análisis de las sociedades coo-perativas. Y dentro de estas, destacamos a las cooperativas integradas o de segundo grado por considerar que, debido a su dimensión y recursos, son las empresas que se encuentran en mejor situación para afrontar el cambio (Senise, 2005).

La producción media de aceite de oliva en almazaras cooperativas durante la campaña 2008-2009 fue de 745 tone-ladas/almazara mientras que para las almazaras no cooperativas se estableció en 402 toneladas/almazara. Por tanto, la elaboración media de aceite de oliva es

un 85% mayor en las almazaras coope-rativas que en las empresas industriales no cooperativas del sector, lo que permite en su conjunto una reducción de costes de producción que determina su mayor grado de competitividad.

El mayor número de almazaras coo-perativas españolas en la campaña 2008-2009 (ver tabla 5 y figura 1) se localiza en las regiones de Andalucía (431), Castilla La Mancha (128), Cataluña (113) y la Comunidad Valenciana (110).

En la campaña 2008-2009 (ver tabla 5), el 52% de las almazaras andaluzas fueron cooperativas (431), representando más del el 45% del número de cooperati-vas oleícolas existentes en España (956).

Tabla 5. Producción de aceite de oliva en la campaña 2008-2009 por tipos de empresas productoras (toneladas)

Comunidad autónoma

Número de almazaras Producción de aceite de oliva (t)

Núm.Almazaras

cooperativas

Núm.Almazaras

nocooperativas

n.ºTotal

almazaras

%Coop./ total

Almazarascooperativas

Almazaras no

cooperativasTotal

almazaras%

Coop./ total

Andalucía 431 392 823 52% 582.556,4 249.438,8 831.995,3 70%

Aragón 53 50 103 51% 4.248,7 3.570,9 7.819,6 54%

Baleares 5 7 12 42% 215,0 130,7 345,6 62%Com. Valenciana

110 23 133 83% 18.338,0 3.697,4 22.035,3 83%

Castilla La Mancha

128 115 243 53% 48.525,0 24.902,4 73.427,5 66%

Castilla y León

11 5 16 69% 467,4 412,0 879,4 53%

Cataluña 113 90 203 56% 25.090,7 11.736,6 36.827,3 68%

Extremadura 57 59 116 49% 25.628,4 18.971,8 44.600,2 57%

La Rioja 13 9 22 59% 549,9 370,0 919,9 60%

Madrid 12 7 19 63% 1.180,4 565,6 1.746,0 68%

Murcia 9 29 38 24% 1.554,7 4.741,2 6.295,8 25%

Navarra 9 7 16 56% 1.905,0 1.092,4 2.997,5 64%

País Vasco 2 2 4 50% 35,9 45,4 81,4 44%

España 953 795 1.748 55% 710.295,5 319.675,3 1.029.970,7 69%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la aao (2010a)

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En la figura 1 se puede observar la distribución territorial de las almazaras cooperativas en España, que se corres-ponde, como es lógico suponer, con zonas

españolas de gran tradición oleícola, como el centro de la región de Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y el norte del arco mediterráneo español.

Figura 1. Distribución territorial de las almazaras cooperativas oleícolas en España, 2009Fuente: oscae, 2009

Algunos de los problemas más comu-nes por los que atraviesa el sector productor (los cuales derivan en la falta de competitividad de gran parte de las

empresas, principalmente en el desarrollo de la fase de comercialización del aceite de oliva) pueden resumirse de la siguiente forma (Torres et al., 2000):

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La gran atomización del sector confiere a las almazaras coo-perativas falta de capacidad de negociación frente a la demanda, escaso aprovechamiento de las economías de escala, y la impo-sibilidad de obtener volúmenes de producción con calidades homogéneas.La avanzada edad de los cargos directivos de las cooperativas y su escaso nivel de formación, dificultan en gran medida la modernización y el desarrollo del sector, sobre todo, en la última fase de comercialización.El escaso nivel de integración de las cooperativas oleícolas: existen

pocos complejos industriales donde los productos de unas empresas constituyan los inputs de otras. Además, estos complejos se han venido configurando, en la mayoría de los casos, en el marco de relaciones intersecto-riales que son básicamente de demanda, siendo irrelevantes las interrelaciones entre los agentes productores que conforman la oferta.

En la tabla 6 se pueden observar las principales empresas comercializadoras de aceite de oliva en España en el 2007, destacando la presencia del grupo coope-rativo Hojiblanca.

Tabla 6. Principales empresas comercializadoras de aceite de oliva de España, 2007 (millones €)

MarcaFacturación 2007

(millones de Euros)

sos Cuétara, s.a. 779,53

Sovena España, s.a. 425,21

Aceites del Sur-Coosur, s.a. (acesur) 290,12

Oleícola Hojiblanca, s.a. 284,05

Aceites Borges Pont, s.a. 245,00

Cargill Oil Packers, s.l. 135,97

Aceites Toledo, s.a. 102,11

Urzante, s.l. 86,03

Oleo Martos, s.a. 52,83

Grupo Pons 27,50

Fuente: Maninvest Alforja. Datos cedidos por Grupo Hojiblanca

De esta forma, y centrándonos en la provincia de Málaga y, más concre-tamente en su exponente cooperativo

más importante (Grupo Hojiblanca), es menester comentar cómo dicha coopera-tiva nace en 1987 con la denominación de

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Grupo Hojiblanca, Sociedad Cooperativa Andaluza de segundo grado, integrando a 13 almazaras-cooperativas de la comarca natural de Antequera (Málaga).

En 1997 comienza a comercializar el aceite de oliva virgen extra Hojiblanca, que es hoy la marca líder nacional en este segmento, exportando a más de sesenta países de todo el mundo. Para optimizar la comercialización del aceite envasado, la cooperativa crea la sociedad mercantil Oleícola Hojiblanca, S.A.

Pues bien, como se comentaba en páginas anteriores, en la actualidad, el mercado mundial de aceite de oliva se caracteriza por un crecimiento constante del consumo animado por la mayor demanda en países tradicionalmente no consumidores de este producto. Por su parte, el aumento de la superficie culti-vada en países productores de la Cuenca Mediterránea y en terceros países, junto con las nuevas técnicas en el sector pro-ductor, están dando como resultado un incremento de la oferta que acompaña a la demanda mundial. Paralelamente, las características que identifican al sector en España y, muy particularmente, en Andalucía donde se concentra más del 80% de la producción nacional, junto con factores de tipo coyuntural, han determinado un comportamiento a la baja de los precios del aceite de oliva en

los últimos años. La situación exceden-taria del mercado nacional y, en menor medida, en el mercado comunitario, prin-cipal destino de la exportación oleícola española, plantea dudosas expectativas de futuro en el sector y la necesidad de buscar mercados alternativos en otros países en los que posicionarse, adoptando las estrategias adecuadas de comerciali-zación (Lanzas y Moral, 2008).

La reducción de las ayudas a la pro-ducción de la Unión Europea en favor de la liberalización del comercio mundial internacional, está produciendo un efecto negativo directo entre los productores que se han venido beneficiando de las mismas. No se puede prever lo que pasará en el futuro, pero se hace necesario trabajar y aunar esfuerzos en todos los ámbitos para velar por la estabilidad de los precios del aceite de oliva, al objeto de poder garantizar una remuneración justa del productor sin que decaiga el consumo.

En relación con el precio, podemos comentar como el precio ofertado al consumidor final es resultado de la confrontación de la oferta y la demanda, siendo el determinante de la existencia de pérdidas o beneficios en las empresas que intervienen en las distintas fases de la cadena de valor del aceite de oliva (ver figura 2).

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Horquillas de costes €/Kg

Precio salida etapa

Coste 1

Beneficio 1

Beneficio 2

Beneficio 3

Coste 2Coste 3

Producción de aceituna Industrialización Distribución

Participación de la etapa en el pvp sin iva (media ponderada)

pvp final(con y sin iva)

Beneficio fijado según datos de entrevistas y calibrado con fuentes secundarias

Detalle de horquillas de costes obtenidos a partir de los datos suministrados por los entrevistados y calibrado con fuentes secundarias

Dat

os c

ampa

ña 2

007

–20

08

Producción Industrialización

Almazaras EnvasadorasExplotaciones de olivar

Distribución

Supermercados Hipermercados

Figura 2. Fases de la cadena de valor en la formación de los precios del aceite de olivaFuente: Agencia para el Aceite de Oliva (2010b)

La producción de aceituna es la etapa inicial, y genera mayores costes en la con-figuración moderna de la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra (aove), debido principalmente al elevado coste de la mano de obra e inputs necesarios. La fase industrial comprende los procesos de molturación, almacenamiento, comercio mayorista en origen, refinado de aceites de oliva y envasado. La distribución, sin embargo, es la fase más compleja de la cadena de valor, al participar en ella un mayor número de agentes que, siguiendo

diferentes vías, colocan finalmente el producto en el mercado.

El conjunto de todos los costes acu-mulados en la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra (aove) durante la campaña 2007/2008 supusieron en torno al 91% del precio de venta al público (pvp con iva) (ver figura 3) y el 93% del pvp en la categoría “aceite de oliva” (aceite de oliva que contiene exclusiva-mente aceites de oliva refinados y aceites de oliva vírgenes: Reglamento (c.e.) n.º 1234/2007) (ver figura 4).

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Tipo de costes por etapas

Precio salida oleicultor

1,783-2,552 €/Kg

Precio salida almazara

2,434-2,550 €/Kg

Almazara Refinerias/envasadoras

Precio salida envasadora

2,824-3,382 €/Kg

pvp sin iva2,866-4,118

€/Kg

Porcentaje de costes+beneficio neto sobre el pvp sin iva (media ponderada)


3,067-4,406 €/KgEl pvp (con iva) del

aove supone un incremento medio del 56% en relación con precio que percibe el oleicultor.Los beneficios acumulados en la cadena por todos los agentes suponen un 2,5% sobre el pvp (con iva) del producto final

Dat

os c

ampa

ña 2

007

–20

08

Producción Industrialización Distribución

68%

7%

4%

20%

0,004-0,391 Beneficio neto tienda (1,1%)

0,002-0,186 Coste de tienda

0,000-0,055 Logística de tienda

0,000-0,066 Coste de almacenamiento

0,000-0,039 Logística de almacén

0,133-0,063 Beneficio neto envasadora (2,7%)

0,027-0,082 Logística de distribución

0,059-0,275 Coste comercial y financiero

0,118-0,241 Envases y embalajes

0,045-0,150 Fabricación

0,008-0,021 Logística de recogida

0,566-(-0,688) Beneficio neto almazara (1,2%)

0,071-0,412 Gastos generales

0,000-0,017 Coste de comercialización

0,015-0,257 Recepción y fabricación

0,334-(-0,828) Beneficio neto oleicultor (-4,7%)

0,352-0,677 Coste de oportunidad


0,091-0,412 Maquinaria

0,696-0,974 Mano de obra

0,000-0,160 Riego

0,152-0,527 Agroquímicos

Figura 3. Fases de la cadena de valor en la formación de los precios del aceite de oliva virgen extra (aove)Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva, 2010b

El impacto de la etapa de producción sobre el pvp (sin iva) en la cadena de valor del aceite de oliva (a.o.) es mayor que para el aceite de oliva virgen extra (aove), como consecuencia del menor precio de venta de este tipo de aceites en el mercado. Las cadenas de valor del aove y del a.o. están muy comprimidas, pues el beneficio para retribuir a todos sus eslabones representa el 2,5% sobre el pvp del aove y desciende al 0,5% para el a.o. Esto se traduce en que el precio

del aove pagado por el consumidor final sea de 1,56 veces el percibido por el agricultor y de 1,43 veces para el a.o., incluyendo las fases de extracción, elaboración y envasado, y distribución (aao, 2010b).

En el 2009, el nivel de precios del aceite de oliva alcanza mínimos his-tóricos, provocando el abandono de muchas explotaciones olivareras cuyo nivel de rentabilidad se reduce a niveles insostenibles para los agricultores.

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Tipo de costes por etapas

(*) Aceite de oliva que contiene exclusivamente aceites de oliva refinados y aceites de oliva virgenes (R (CE) núm. 1234/2007(**) El coste diferencial de materia prima es la diferencia entre el precio de salida de almazara y el coste de materia prima a la entrada a la envasadora

Precio salida oleicultor

1783-2365 €/Kg

Precio salida almazara

2114-2550 €/Kg

Almazara Refinerias/envasadoras

Precio salida envasadora2504-3012

€/Kg

pvp sin iva2550-3500 €/Kg

Porcentaje de costes+beneficio neto sobre el pvp sin iva (media ponderada)


El pvp (con iva) del ao supone un aumento medio del 43% en relación con precio que percibe el oleicultor.Los beneficios acumulados en la cadena por todos los agentes suponen un 0,5% sobre el pvp (con iva) del producto final

Dat

os c

ampa

ña 2

007

–20

08

Producción Industrialización Distribución

El coste de la materia prima (mezcla 90% aor-10% aove) de la envasadora es 2245-2447 €/Kg. En este coste está incluido el coste de refinado de los aceites de oliva lampantes:

Estructura de costes de refinadoCoste salida refineria2,275-2,422 €/Kg0,000-0,001 Trasiegos y mezclas0,104-0,132 Fabricación y mermas0,016-0,019 Logística de recogidaPrecio pagado almazara2,114-2,302 €/Kg

75%

8%

5%

12%

0,004-0,143 Beneficio neto tienda (1,4%)

0,002-0,186 Coste de tienda

0,000-0,055 Logística de tienda

0,000-0,066 Coste de almacenamiento

0,000-0,039 Logística de almacén

0,062-0,034 Beneficio neto envasadora (1,8%)

0,011-0,033 Logística de distribución

0,063-0,192 Coste comercial y financiero

0,087-0,136 Envases y embalajes

0,034-0,150 Fabricación

0,131-(-0,103) Coste diferencial de materia prima (**)

0,002-0,020 Logística de recogida

0,246-(-0,501) Beneficio neto almazara (1,2%)


0,000-0,017 Coste de comercialización

0,015-0,257 Recepción y fabricación

0,334-(-1,015) Beneficio neto oleicultor (-4,7%)

0,352-0,677 Coste de oportunidad


0,091-0,412 Maquinaria

0,696-0,974 Mano de obra

0,000-0,160 Riego

0,152-0,527 Agroquímicos

Figura 4. Fases de la cadena de valor en la formación de los precios del aceite de oliva (a.o.)Fuente: Agencia para el Aceite de Oliva, 2010b

La extremada situación en la que se encuentran los agricultores que cultivan el olivar está motivada principalmente por la caída de los precios a los que se está vendiendo el aceite de oliva y, por otra parte, por el alza continuada de los costes de explotación. Esta doble coyun-tura está suponiendo que en algunos casos la comercialización del aceite se esté realizando por debajo de los costes de producción, lo que está generando fuertes pérdidas económicas en muchas explotaciones (Ariza, 2010).

Cooperativismo oleícola en la

provincia de Málaga (España).

Análisis empírico de la actividad

comercial

La amplia literatura existente, en relación con el marketing, ha reconocido en la última década el papel de la orientación al mercado como fuente para alcanzar una ventaja competitiva sostenible. Por esta razón, un amplio número de investigaciones se centran en analizar la relación entre dicha orientación y los

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resultados obtenidos por las empresas, incluyendo en este análisis una serie de variables moderadoras entre las que se encuentran, por una parte, las denomi-nadas variables ambientales y, por otra, la estrategia (Barroso et al., 2005).

En este sentido, algunas de dichas investigaciones muestran que una explicación posible ante la ausencia de relación entre la orientación al mercado y los resultados obtenidos por las empresas, es debida tanto a factores contingentes, ya sean del entorno (Kohli y Jaworski, 1990 y 1993; Slater y Nar-ver, 1994) o de la estrategia (Matsuno y Mentzer, 2000; Pelham, 2000), como a que a cada contexto competitivo le corresponde un perfil ideal de la relación

entre la orientación al mercado y los resultados.

Con la intención de analizar la situación de las cooperativas oleícolas en la provincia de Málaga, se ha llevado a cabo un estudio empírico que permite el conocimiento de la realidad actual de las estrategias y herra-mientas de marketing, empleadas por las almazaras cooperativas de dicha provincia en la comercialización del aceite de oliva “virgen”, siendo la metodología aplicada de naturaleza empírica-descriptiva, consis-tente en la obtención de datos primarios cuantitativos para el análisis de los objeti-vos específicos e hipótesis propuestas.

Las características generales de la técnica de muestreo utilizada se reflejan a continuación en la siguiente tabla:

Tabla 7. Ficha técnica

- Universo poblacional: 43 sociedades cooperativas oleícolas.- Actividad genérica principal: extracción de aceite de oliva “virgen”.- Ámbito geográfico: provincia de Málaga.- Tamaño de la muestra: 31 sociedades cooperativas oleícolas.- Tipo de muestreo: muestreo aleatorio simple. - Administración de la encuesta: entrevista telefónica mediante cuestionario semiestructurado,

reforzado con entrevistas personales.- Fecha del trabajo de campo: septiembre 2009 - febrero 2010.- Información recogida: características generales de la almazara cooperativa. Información sobre

la actividad productiva, financiera y comercial, y valoraciones personales de los presidentes, gerentes o administradores sobre aspectos del sector en general.

- Nivel de confianza: 95,5%; Z = 1,96; p = q = 0,5 (50%).- Error muestral: 9,49%.- Tasa de respuesta: 72,09 % (31 cuestionarios cumplimentados).


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La información procedente de la encuesta tiene por objeto conocer las características empresariales de las almazaras cooperativas malagueñas, así como las estrategias y herramientas empleadas en la comercialización del aceite de oliva. Para ello, además de la metodología cuantitativa, también se ha utilizado la cualitativa, mediante la utilización de entrevistas telefónicas semiestructuradas o entrevistas persona-les en profundidad. Con las entrevistas se ha pretendido conocer el punto de vista de los responsables del desarrollo comercial de la cooperativa (presidente, gerente o director comercial), acerca de los diferentes aspectos que se engloban en la estrategia comercial, para determinar si su forma de actuar podía catalogarse o no como orientada al mercado, lo cual también nos ha permitido conocer determinados aspectos que se enumeran en el apartado de conclusiones.

De acuerdo con la revisión de la pro-fusa literatura existente, y del análisis de las diferentes definiciones de orientación al mercado dadas por los distintos auto-res, así como de las diferentes perspecti-vas desde las que se aborda el estudio de este concepto (Miguel, Parra y L´hermie, 1997), hemos tratado de aproximarnos al grado de orientación al mercado de las cooperativas oleícolas malagueñas midiendo las posibles correlaciones o asociaciones existentes entre los valores de distintas variables analizadas en el estudio, como son: la forma de comer-

cializar el aceite de oliva (envasado o a granel), el grado de integración de las cooperativas, realización de campañas de publicidad o la promoción del producto en Internet.

El análisis se estructura, de un lado, en función de las acciones desarrolladas por las cooperativas de primer grado para conocer y comprender su compor-tamiento y, de otro, en función de las acciones estratégicas desarrolladas para responder a dichos comportamientos, necesidades y deseos.

Dicha correlación ha sido medida a través del software estadístico Dyane 3 (Santesmases, 2005), lo cual nos ha permitido llevar a cabo la siguiente verificación de hipótesis:

Hipótesis 1: el número de socios coo-perativistas en las cooperativas de primer grado de la provincia de Málaga influye de manera determinante en la integración con otras cooperativas.

Para proceder a la verificación de esta hipótesis, vamos a relacionar las varia-bles “número de socios” y “pertenencia a una cooperativa de segunda grado,” para observar su dependencia. De esta forma, el coeficiente de correlación entre rangos de Spearman se fija en 0,1722, lo que indica una cierta dependencia positiva muy débil que queda verificada por el p-valor del contraste fijado en 0,3457, es decir, muy mayor que 0,05, lo que rechaza la hipótesis de variables asociadas a un nivel de confianza del 95% (ver tabla 8).

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Tabla 8. Análisis de correlación entre rangos de las variables núm. de socios de la cooperativa y pertenencia a una cooperativa de segundo o ulterior grado

Variable 1: número de socios; ¿cuál es el número de socios de su cooperativa?

Variable 2: cooperativa 2º grado; ¿pertenece la cooperativa a una cooperativa de 2º grado?

Matriz de coeficientes de correlación entre rangos

NUM_SOCIOS COOP2ºGRADO

NUM_SOCIOS 1,0000 0,1722

N = (31) (31)

p = 0,0000 0,3457

COOP2ºGRADO 0,1722 1,0000

N = (31) (31)

p = 0,3457 0,0000


El rechazo de esta hipótesis confirma que la Sociedad Cooperativa Andaluza de segundo grado de la provincia de Málaga (Hojiblanca), está integrada por almazaras cooperativas de primer grado de diversos tamaños en cuanto al número de socios cooperativistas, no influyendo en la integración el mayor o menor tamaño de las sociedades cooperativas que la configuran.

Si realizamos a continuación el análisis del coeficiente de correlación lineal sobre algunas de las variables que componen nuestro estudio, podemos observar la medida del grado y dirección de la asociación entre cada par de varia-bles, a continuación especificadas. (véase tabla 9). Las variables consideradas en el análisis de correlación lineal han sido las siguientes:

– Variable 1: EDADCOOP, ¿En qué año se constituyó su Cooperativa?

– Variable 2: COOP2ºGR, ¿Perte-nece la cooperativa a una Coope-rativa de 2º grado?

– Variable 3: POR_VENT, ¿Qué porcentaje de sus ventas se realiza a granel y cuál envasado con marca propia?

– Variable 4: FACTURAC, ¿Cual es su cifra de facturación?

– Variable 5: IMP_INMK, Sobre un total de 100% valorar la importancia de los diferentes instrumentos de marketing dentro de la gestión comercial de la cooperativa.

– Variable 6: CAN_VENT, ¿Cuáles son los canales de venta que utiliza su cooperativa para comercializar sus productos?

– Variable 7: USOS_INT, ¿Cuá-les son los principales usos que se hacen de Internet en su establecimiento?

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Tabla 9. Matriz de coeficientes de correlación simple

Edadcoop Coop 2 gr Por_vent Facturación Imp_inmr Can_vent Usos_int

Edadcoop 1,0000 0,5533 -0,5455 -0,1106 -0,2760 0,1245 0,3890

N= (31) (31) (31) (31) (16) (31) (31)

p= 0,0000 0,0012 0,0015 0,5536 0,1325 0,5045 0,0264

Coop 2 gr 0,5533 1,0000 -0,9965 -0,3031 -0,1064 0,5075 0,7282

N= (31) (31) (31) (31) (16) (31) (31)

p= 0,0012 0,0000 0,0000 0,0971 0,5687 0,0035 0,0000

Por_vent -0,5455 -0,9965 1,0000 0,3094 0,1076 0,5058 0,6993

N= (31) (31) (31) (31) (16) (31) (31)

p= 0,0015 0,0000 0,0000 0,0899 0,5642 0,0036 0,0000

Facturación -0,1106 -0,3031 0,3094 1,0000 -0,1437 0,0856 -0,2755

N= (31) (31) (31) (31) (16) (31) (31)

p= 0,5536 0,0971 0,0899 0,0000 0,4404 0,6470 0,1332

Imp_inmr -0,2760 -0,1064 0,1076 -0,1437 1,0000 0,0000 0,0406

N= (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

p= 0,1325 0,5687 0,5642 0,4404 0,0000 0,0000 0,8283

Can_vent 0,1245 0,5075 0,5058 0,0856 0,0000 1,0000 0,3696

N= (31) (31) (31) (31) (16) (31) (31)

p= 0,5045 0,0035 0,0036 0,6470 0,0000 0,0000 0,0404

Usos_int 0,3890 0,7282 0,6993 -0,2755 0,0406 0,3696 1,0000

N= (31) (31) (31) (31) (16) (31) (31)

p= 0,0264 0,0000 0,0000 0,1332 0,8283 0,0404 0,0000


Este análisis nos va a permitir com-probar las siguientes hipótesis:

Hipótesis 2: la edad de las coope-rativas influye para su integración en cooperativas de segundo o ulterior grado.

El coeficiente de correlación de Pear-son obtenido es 0,5503, lo que indica una cierta correlación positiva que queda veri-ficada por el p-valor del contraste fijado en 0,0012, es decir, inferior a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis de asociación de las variables edad de la cooperativa e integración a un nivel del 95%.

Hipótesis 3: la antigüedad de las coo-perativas influye en la comercialización del aceite de oliva a granel.

El coeficiente de correlación de Pear-son en esta hipótesis es -0,5455, lo que indica una cierta correlación negativa que queda verificada por el p-valor del contraste fijado en 0,0015, es decir, inferior a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis de asociación de que el grado de antigüedad de la cooperativa influye en un menor comercio a granel del aceite de oliva al 95%.

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Hipótesis 4: el porcentaje de ventas de aceite de oliva a granel viene influido por el grado de integración de las coo-perativas en cooperativas de segundo o ulterior grado.

El coeficiente de correlación de Pearson para esta hipótesis arroja un valor negativo muy elevado de -0,9965 (próximo a -1), lo que indica gran correlación inversa entre el comercio de aceite de oliva a granel y las cooperativas integradas en la Sociedad Cooperativa Andaluza de segundo grado en Málaga (Grupo Hojiblanca). El p-valor del con-traste es nulo (0), es decir, inferior a 0,05, lo que aprueba la hipótesis de variables correlacionadas al 95% de significación.

La aceptación de esta hipótesis viene a confirmar que las cooperativas integra-das comercializan íntegramente su aceite de oliva envasado a través del Grupo Cooperativo del que forman parte, com-pletando la cadena de comercialización del aceite, con una mayor orientación al mercado y, por tanto, con una mayor proximidad al cliente final.

Hipótesis 5: las cooperativas de primer grado integradas en cooperativas de segundo o ulterior hacen un mayor uso de internet para la promoción y distribución de los productos.

El coeficiente de correlación de Pear-son para esta hipótesis arroja un valor positivo alto de 0,7282, lo que indica la existencia de una correlación alta entre el grado de integración cooperativo y el uso de internet en la promoción comercial y distribución de los productos. El p-valor

del contraste es nulo (0), es decir, inferior a 0,05, por lo que se aprueba la hipótesis de correlación entre variables con un grado de significación del 95%.

Lógicamente, y atendiendo a esta última hipótesis, la venta de aceite de oliva a granel tendrá una co-variación negativa con el uso de internet en la promoción comercial y distribución de los productos (ver hipótesis 6).

Hipótesis 6: la comercialización a gra-nel de aceite de oliva en las cooperativas influye en el uso de internet para la pro-moción y distribución de los productos.

Como se puede observar, el coeficiente de correlación de Pearson para esta última hipótesis planteada arroja un valor negativo elevado de -0,6993, lo que indica la existencia de una elevada correlación inversa entre la comercialización a granel del aceite de oliva y el uso de Internet en la promoción comercial y distribución de los productos. En este caso, el p-valor del contraste es nulo (0), es decir, inferior a 0,05, por lo que la hipótesis de correla-ción puede ser validada con un grado de significación del 95%.

Valoraciones finales de los directivos

Durante la investigación se ha elaborado un conjunto de diecisiete preguntas en escala Likert, que cada presidente o gerente de la cooperativa ha valorado entre 1 (nada de acuerdo) y 5 (totalmente de acuerdo), en función de la importancia que se le otorga a cada afirmación. Los resultados obtenidos son los que figuran a continuación:

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Tabla 10. Valores medios de las opiniones sobre el sector de las almazaras cooperativas de la provincia de Málaga

n.º AfirmacionesValoración

media1 La pérdida de subvenciones de la u.e. afectará directamente a la cooperativa 4,55

2 La presencia en internet es importante para las empresas del sector 3,87

3 La gestión profesional es mejor que la gestión familiar 4,16

4 La sociedad cooperativa es mejor forma jurídica que la sociedad mercantil 3,84

5 Los sistemas de gestión de la calidad mejoran la gestión de la cooperativa 3,77

6Estar dentro de una denominación de origen facilita la comercialización del aceite

3,87

7Llevar una contabilidad de costes ayuda a gestionar correctamente la cooperativa

4,39

8La realización de investigaciones de mercado ayuda entrar en nuevos mercados

4,10

9 Es fundamental integrarse o asociarse con otras cooperativas 3,87

10 La entrada de nuevos países a la u.e. es una amenaza para el sector 2,94

11 La mentalidad empresarial del sector está cerrada 3,26

12Las actividades de promoción y comunicación en este sector no son muy efectivas

2,87

13 Es difícil encontrar personal cualificado 3,42

14 Se debe potenciar el mercado de exportación 4,42

15 Tener una acreditación de calidad facilita el acceso a nuevos mercados 4,45

16 Es necesaria más formación para la gente que trabaja en cooperativas 3,87

17 El futuro del sector del aceite es muy prometedor 2,71


Si analizamos los resultados obte-nidos, podemos observar cómo la afirmación que más valoran los repre-sentantes de las almazaras cooperativas malagueñas es el hecho de la pérdida de subvenciones procedentes de la Unión Europea (4,55), lo que, creen ellos, afec-tará de forma directa a la cooperativa y al sector productor. En segundo lugar, con un mayor grado de valoración, encontramos el hecho de que poseer una acreditación de calidad facilita el acceso a nuevos mercados (4,45).

Por otra parte, el aspecto en el que hay un mayor desacuerdo es en el futuro del sector oleícola (2,71) que, en ningún caso, consideran muy prometedor. Este gran pesimismo, que caracteriza actual-mente al sector, viene reflejado en la mayor parte del sector cooperativo y en el sector agrícola en general, viendo cómo disminuye el nivel de competitividad de sus productos frente a las grandes firmas de la distribución que dominan el mercado agroalimentario.

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Creemos también conveniente destacar aquellas afirmaciones que causaron un mayor grado de disparidad a la hora de efectuar las valoraciones. Así resultó más complicado obtener alguna valoración concreta en cuanto a la afirmación “la mentalidad del sector está cerrada” (des-viación estándar = 1,44), para lo cual la gran mayoría de los entrevistados necesitó algún tiempo de reflexión adicional a la hora de emitir la valoración, obteniéndose un elevado número de respuestas con diferentes puntuaciones. Asimismo, se alcanza un escaso grado de uniformidad en las respuestas recibidas a la hora de medir la opinión sobre si “es fundamental integrarse o asociarse con otras cooperati-vas” (desviación estándar = 1,34).

En este sentido, se observa cómo las organizaciones que mejor valoraron la integración son aquellas pertenecientes actualmente a la cooperativa de segundo grado Hojiblanca, lo que muestra una rela-tiva satisfacción de estas cooperativas en relación con la pertenencia a dicho grupo.

En definitiva, las almazaras coope-rativas y las cooperativas en general, deben realizar un gran esfuerzo para mantenerse en unos mercados cada vez más competitivos y globalizados. La pér-dida de subvenciones que caracteriza al sector y el bajo precio del aceite de oliva, representan una seria amenaza para la futura viabilidad de estas organizaciones.

Conclusiones del análisis

cualitativo

Los resultados del estudio de investi-gación evidencian un escaso nivel de orientación al mercado de las sociedades

cooperativas oleícolas de la provincia de Málaga, excepto en el caso de las sociedades cooperativas andaluzas inte-gradas en la única sociedad cooperativa andaluza de segundo grado existente, el Grupo Cooperativo Hojiblanca.

La comercialización del aceite de oliva a granel por parte de las almazaras cooperativas productoras provoca una importante pérdida de valor añadido y, sobre todo, una pérdida de competiti-vidad a favor de las grandes firmas de la distribución que lideran el mercado de la distribución alimentaria, en una clara situación de desventaja oligopólica de demanda. Por ello se evidencia la necesidad de completar la cadena de comercialización para la supervivencia del sector.

El análisis efectuado en la presente investigación, especialmente el cualita-tivo, nos permite extraer una serie de conclusiones, las cuales tienen como objeto provocar la reflexión sobre deter-minadas variables que consideramos fun-damentales para el desarrollo del sector cooperativo oleícola. Son las siguientes:

El panorama actual no es nada halagüeño para este cultivo, teniendo en cuenta la crisis econó-mica mundial en la que el sector se encuentra inmerso. Quizás se está produciendo un reajuste, como en anteriores ocasiones, que los mecanismos de intervención existentes habrían aliviado, y que hoy en día es el mercado el que se encargará de realizar.

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El exceso de oferta sobre la demanda que identifica al mer-cado oleícola español y, asimismo, la creciente competencia que caracteriza la evolución reciente del mercado mundial, en el que productores tradicionales y nue-vos productores se afanan por aumentar su cuota de partici-pación, justifica la puesta en marcha de estrategias adecuadas de comercialización y marketing que permitan desarrollar ventajas competitivas, que afiancen la posi-ción del aceite de oliva español en los mercados internacionales. En este sentido, resulta imprescindi-ble la selección de mercados pre-ferentes hacia los que orientar las actuaciones de promoción y venta con el objetivo de garantizar los mejores resultados posibles, pues no conviene dispersar atención y recursos en países que no ofrecen garantías de éxito.Los grandes retos y las principales líneas estratégicas de la política andaluza en el sector olivarero los constituyen la calidad, la sostenibilidad medioambiental y la mejora de la comercializa-ción, vinculados a un contexto de expansión del consumo de aceite y de creciente prestigio del mismo como un producto único e insustituible.Las denominaciones de origen protegidas (dop) constituyen una clara estrategia en un momento en

el que cada vez se otorga mayor importancia a la calidad del producto. En el caso del aceite de oliva (tradicionalmente vendido a granel por parte de las almazaras cooperativas a empresas enva-sadoras, tanto nacionales como internacionales), la denominación de origen ha propiciado el envase en origen, con lo cual se elevan las rentas de los agricultores cooperativistas y se contribuye al desarrollo rural, llevando riqueza a las regiones típicamente depri-midas donde se produce el aceite.Los agricultores deben convertirse en transformadores y distribuido-res de sus productos, sin embargo, debido a que la estructura de las empresas agrarias es predomi-nantemente de tipo familiar, se hace necesario el uso de fórmulas asociativas para conseguir dicho propósito. Para ello, las socieda-des cooperativas de segundo o ulterior grado se presentan como una alternativa muy idónea.Se debe potenciar el mercado de exportación mediante la intro-ducción de nuevos canales de distribución y comercialización por parte de los agentes econó-micos productores, representados principalmente por las sociedades cooperativas, haciendo uso de las estrategias de integración que potencien la distribución y comercialización conjunta de sus productos, coordinando y

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dirigiendo los canales propios de distribución y las alianzas estratégicas que se formalicen con empresas del sector logístico de la distribución.La creación de una marca única en el sector del aceite de oliva (fácilmente identificable y bien diferenciada por los consumido-res) para la comercialización del aceite de oliva es una de las prin-cipales estrategias que tienen las empresas productoras del sector para lograr una mayor ventaja competitiva. La unificación de la marca ha de venir ineludiblemente precedida de la creación de una denominación de origen de mayor ámbito territorial, de carácter autonómico o incluso nacional.La situación en la que se encuen-tran los agricultores que cultivan el olivar está motivada principal-mente por la caída de los precios de venta del aceite de oliva y, por otra parte, por el alza continuada de los costes de explotación. Esta doble coyuntura está suponiendo que en algunos casos la comer-cialización del aceite se esté reali-zando por debajo de los costes de producción, lo que está generando fuertes pérdidas económicas en muchas explotaciones.Es necesario establecer una estra-tegia diferenciada de precios incidiendo en la calidad de los productos y, sobre todo, en las propiedades saludables y organo-

lépticas del aceite de oliva virgen. Es conveniente realizar campañas de promoción para valorizar la calidad y mejorar la competitivi-dad del aceite de oliva virgen.En este sentido, y por último, es aconsejable aumentar la educa-ción de los consumidores finales con mayores campañas de infor-mación, que incidan en los bene-ficios y propiedades saludables del aceite de oliva, orientándoles respecto a calidades.

En definitiva, podemos concluir con la idea de que el cooperativismo agrario debe desarrollarse a través de todos los medios y alternativas a su alcance. Uno de ellos, y para el caso del sector oleícola, es el presentado en este trabajo, es decir, la orientación al mercado. No podemos olvidar que, aunque con un carácter social, las cooperativas son organizaciones competitivas y, por ello, deben disponer de los mismos recursos y oportunidades que el resto de sociedades mercantiles. Y todo ello para conseguir un futuro deseable acorde con su filosofía e ideales, y que las sitúe en el lugar donde merecen estar.

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Form of ownership and strategic behavior:

an application to the Spanish wine sector

Felipe HERNÁNDEZ PERLINES*

María del Valle FERNÁNDEZ MORENO**

Resumen

En este trabajo de la investigación “Modelo de ajuste estratégico para las cooperativas castellano–

machegas” del grupo de investigación “Cátedra de Estudios Cooperativos”, realizamos una compara-

ción entre empresas de economía social y empresas mercantiles pertenecientes al sector vitivinícola.

El hecho de que las entidades asociativas, a diferencia del resto de sociedades, actúen según las nece-

sidades de los socios y que su finalidad principal no sea maximizar el beneficio, sino prestar a aquellos

el máximo y mejor servicio con el menor coste, es lo que nos lleva a preguntarnos por las disparidades

que pudieran existir en relación con las estrategias de negocio, innovación tecnológica y de exporta-

ción seguidas por las empresas de la muestra en función de su forma jurídica.

Palabras clave: comportamiento estratégico, empresas de economía social, empresas mercantiles.

Abstract

This paper of the investigation “Strategic fit model for Castilian–La Mancha cooperatives” of investiga-

tion group “Cooperative Studies Chair”, is a comparison between social enterprises and commercial

businesses belonging to the wine sector. The fact that the partners perform, unlike other companies,

according to the partners’ needs and their main purpose is not maximizing profits, but pay their maxi-

mum and best service at the lowest cost, has prompted us to wonder about discrepancies which may

exist regarding business, innovation and export strategies followed by the sample firms according to

their legal status.

Keywords: strategic behavior, social enterprises, commercial businesses.

Descriptores: P130 - Cooperative Enterprises; Q130 - Agricultural Markets and Marketing; Cooperati-

ves; Agribusiness, Q150 - Land Ownership and Tenure; Land Reform; Land Use; Irrigation; Agriculture

and Environment

Recibido: 15 de octubre del 2010 Aprobado: de del 2011

* Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid. Doctor en Economía y Empresa de la Universidad Castilla, La Mancha. Profesor titular de Organización de Empresas Cátedra de Estudios Cooperativos, Universidad de Castilla-La Mancha. Correo electrónico: [email protected]

** Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid. Doctora en Economía de la Universidad de Castilla, La Mancha. Profesora asociada de Organización de Empresas, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Castilla-La Mancha. Correo electrónico: [email protected]

Cómo citar este artículo: Hernández Perlines, F. y Fernández Moreno, M. (2011, enero-junio), “Forma de propiedad y comportamiento estratégico: una aplicación al sector vitivinícola español”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 109-138.

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Felipe HERNÁNDEZ PERLINES – María del Valle COOPERATIVISMO Y DESARROLLO

Introducción

Existe un amplio reconocimiento de la eficacia de las empresas de economía social para dar respuesta a importantes problemas en situaciones en las que las empresas mercantiles se han mostrado incapaces (Bueno, 1993). Sus característi-cas hacen que sean consideradas valiosos instrumentos para la puesta en práctica de políticas de desarrollo económico y bienestar social en comunidades locales (Vara, 1994), para lo cual se hace impres-cindible una gestión eficiente de las mis-mas como organizaciones empresariales. Esto ha motivado que cada vez exista una mayor preocupación por el estudio de las cooperativas y de la economía social en general, por lo que este tipo de entidades se ha convertido en un campo destacado de investigación en diferentes ámbitos de estudio, no pudiendo ignorarse el debate existente en torno a las posibilidades de un funcionamiento empresarial eficiente de estas organizaciones, con posturas enfrentadas.

Existen trabajos previos que intentan la gestión diferenciada de las empresas mercantiles y las cooperativas. Salazar y Galve (2007) realizan una comparación en términos de eficiencia centrándose en las diferencias existentes en los dere-chos de propiedad de ambas formas de empresa, así como en las implicaciones de estas características distintivas sobre la eficiencia en la asignación de recur-sos. Los resultados obtenidos para un conjunto de empresas cooperativas y capitalistas pertenecientes al sector vitivi-nícola riojano para el periodo 1997-2001

no muestran diferencias estadísticamente significativas entre ambas formas orga-nizativas. Por otro lado, el trabajo de Sabaté, Sabi y Saladrigues (2000) analiza las diferencias en la estructura financiera y en los resultados de los dos tipos de empresas en el sector frutero de Lleida, llegando a la conclusión de que las polí-ticas de endeudamiento y los resultados financieros son muy similares en ambas. Las mayores diferencias aparecen en la obtención de rentabilidad económica y financiera, en el apalancamiento financiero, las compras y los gastos de explotación, dotaciones a la amortiza-ción y margen de explotación.

Otro trabajo que también analiza las diferencias entre ambos tipos de empresas, pero referido a la aplicación de modelos de calidad y los recursos humanos entre las empresas mercantiles y las cooperativas de trabajo asociado, es el de Hernández (2003). En dicho trabajo se concluye que existen diferen-cias entre ambos tipos de empresas en relación con la concepción de la calidad, en los beneficios e inconvenientes de la aplicación de modelos de calidad y en las diferentes prácticas de recursos humanos (comunicación, formación, creatividad, participación y motivación) en función de si tienen o no implantado algún modelo de calidad.

Sin entrar en la consideración de cuestiones como la mayor o menor eficiencia productiva (Salazar y Galve, 2007; 2008), la competitividad (Bruque et al., 2002) o la capacidad de adaptación (Bernabeu, 2002) de las formas coopera-tivas frente a las sociedades mercantiles,

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este trabajo analiza la vinculación entre la estructura de propiedad y el compor-tamiento estratégico en el contexto de las bodegas de la denominación de origen (d.o.) “La Mancha”.

El objetivo fundamental de este tra-bajo se ha centrado en la comparación del comportamiento estratégico seguido por las bodegas de la d.o. La Mancha con distinta forma de gestión empresarial, motivado por las diferencias impuestas por su diversa naturaleza mercantil o cooperativa. Por tanto, los análisis que efectuamos estarán encaminados a responder a la cuestión de si existen diferencias entre el comportamiento estratégico de las empresas de economía social y las empresas mercantiles. La originalidad del trabajo descansa en que son pocos los trabajos que se centran en este tipo de aspectos referidos a las estrategias de negocio, las tecnológicas y las exportadoras, siendo menores los que se centran en el sector vitivinícola, y aún más reducidos aquellos que enfatizan en la d.o. La Mancha, a pesar de la impor-tancia económica y social que este sector tiene. Además, no suele ser muy habitual realizar estudios comparados entre formas de empresa: se suelen centrar en analizar un tipo de empresa en concreto.

Marco teórico

Algunos datos sobre el cooperativismo

agrario: el papel del sector vitivinícola

El cooperativismo agrario en España es una realidad social y económica que ha tenido un fuerte desarrollo empresarial. De acuerdo con los datos disponibles

más recientes proporcionados por la Confederación de Cooperativas Agrarias de España (ccae, 2009), las más de 4.000 empresas asociativas agrarias en el sector agroalimentario español, y que representan un 12,6% del total de las empresas de la industria agroalimentaria, movieron un volumen de negocio de, aproximadamente, 14.200 millones de euros, lo que representa un incremento del 30% respecto a 1997, significando más del 40% de la producción final agraria. Además, su importancia social se refleja en el hecho de que más del 80% de las explotaciones agrarias españolas está ligado al movimiento cooperativo, bien porque comercializan sus produc-ciones a través de las cooperativas o bien porque adquieren de forma colectiva los insumos que necesitan. No obstante, el cooperativismo agrario en España se caracteriza por su alto grado de frag-mentación y heterogeneidad interna, con predominio de modelos de cooperativas de pequeña y mediana escala —cuya esfera de actividad no traspasa las fronteras locales o como mucho las de la provincia donde están ubicadas sus ofi-cinas técnicas y administrativas— junto a un minoritario, aunque importante en términos económicos, grupo de grandes cooperativas.

La consideración de datos por sec-tores de actividad refleja el grado de integración cooperativa en la agricultura española, demostrando la importancia económica del cooperativismo en cada rama productiva. Así, más del 30% de las empresas asociativas agrarias españolas se dedican a la adquisición de medios de

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producción para la agricultura (suminis-tros). Los siguientes grupos de actividad por orden de número de empresas son el aceite de oliva, la transformación y comercialización de frutas y hortalizas, el sector vitivinícola, la comercialización de cereales, oleaginosas y las proteaginosas y los sectores ganaderos. Respecto a la facturación, más del 25% corresponde al sector hortofrutícola, seguido por los sectores ganaderos (más del 21%). Cabe, asimismo, resaltar que las cooperativas agrarias concentran, en muchos casos, la mayor parte de la producción de un determinado cultivo. En el caso del vino el sector cooperativo concentra el 70% de la producción (Pardal, 2005).

En Castilla-La Mancha, aunque las cooperativas agrarias abarcan, prácti-camente, todos los ámbitos agrarios y ganaderos, es el sector vitivinícola el que más sociedades reúne (219). Le siguen el aceite de oliva (123), cultivos herbáceos (91), suministros (89), hortofutícolas

(58), piensos (49), sector lácteo (34), ovino-caprino (12) y frutos secos (7), además de otros sectores con menor implantación. Es indudable que la actividad agraria en Castilla-La Mancha es determinante en su aportación al valor añadido bruto, ocupando el coo-perativismo un importante lugar en su industria agroalimentaria, así como en el sector vitivinícola (como se refleja en la tabla 1, Castilla-La Mancha es una de las regiones donde mayor presencia tiene el cooperativismo, que está centrado sobre todo en la vinicultura). Si analizamos los datos ofrecidos por Ucaman (Unión de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, 2010), muchas de las cooperativas vitivinícolas son líderes de la economía regional y, en su conjunto, constituyen el mayor grupo agroalimentario de la región por su importancia social, el empleo que generan y por el nivel de inversión en sus instalaciones.

Tabla 1. Número de bodegas en función de su forma jurídica

ProvinciasCC.AA.

S.A. S.L. S. civil C.B. P.F. Coop. y sat. Total

Andalucía 54 32 3 14 75 40 285

Aragón 42 56 8 2 12 52 172

Asturias - 5 - - - - 5

Baleares 6 20 2 - 19 7 54

Canarias* - - - - - - 241

Cantabria 1 - - - - - 1

Albacete 12 41 1 2 16 39 111

Ciudad Real 28 74 - 13 38 54 207

Cuenca 8 20 - 1 19 49 97

Guadalajara 1 3 - - - 1 5

Toledo 15 61 - 7 46 76 205

Castilla-La Mancha 64 199 1 23 119 219 625(Continúa)

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Castilla y León 92 311 2 13 53 63 534

Cataluña 128 235 27 4 148 101 643

C. Valenciana 19 73 - 2 25 94 213

Extremadura 14 38 1 22 87 45 207

Galicia 26 144 7 11 197 26 411

Madrid 2 13 1 2 14 16 48

Murcia 8 37 - 2 16 7 74

Navarra 30 55 1 1 13 41 141

País Vasco 43 103 158 15 461 13 596

Rioja 80 239 51 60 260 48 739

Total 596 1561 261 169 1.291 775 4.980

* Datos no facilitados Fuente: elaboración propia a partir del censo del 2010 de elaboradores de la Dirección General de Aduanas (dga)

La observación de los datos de pro-ducción de las empresas vitivinícolas de Castilla-La Mancha nos permite apreciar que la mayor parte de la vinificación está en manos de cooperativas, que en la última de las campañas consideradas en este trabajo han producido más del 70% del total, correspondiendo un 28,9% de la producción al resto de sociedades. Por productos, podemos hablar de la superio-ridad de las empresas de economía social en la producción de vinos de mesa. Así,

en la última campaña, del total de vino de mesa producido en Castilla-La Mancha la producción a cargo de las cooperativas y sat supuso un 74,1%, mientras que la producción correspondiente al resto de sociedades alcanzó un 25,9%. Mante-niendo esta misma tendencia, dentro del grupo de vinos de mesa, para la categoría de vinos de la tierra los porcentajes de pro-ducción correspondientes a empresas de economía social y resto de empresas fueron respectivamente un 68,3% y 31,7%.

(Cont.)

Tabla 2. Producción de las bodegas de Castilla-La Mancha (miles hl)

Campaña

Cooperativas y SAT Otras bodegas Total(coop. y

SAT + otras bodegas)

Vino de mesavcprd Total

Vino de mesavcprd TotalExcluido

de la tierraDe la tierra

Excluido de la tierra

De la tierra

20032004

12.870,9 1.029,1 600,614.500,6(73,2%)

3.988,5 423,8 892,35.304,6(26,8%)

19.805,2

20042005

12.828,4 841,6 694,314.364,3(69,8%)

4.921,4 441,2 865,56.228,1(30,25)

20.592,4

(Continúa)

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20052006

10.765,3 1.001,1 750,112.516,5(71,1%)

3.637,5 465,6 977,05.080,1(28,9%)

17.596,6

20062007

11.235,5 914,8 663,912.814,3(68,3%)

4.355,0 699,7 900,75.955,4(31,7%)

18.769,7

20072008

8.931,9 1.119,4 763,510.814,8

(67%)3.713,8 570,8 1.048,5

5.333,0(33,0%)

16.147,9

20082009

11.068,1 1.236,9 790,113.095,1(70,6%)

3.824,0 566,5 1.056,75.447,2(29,4%)

18.542,3

(*)vcprd: vino de calidad producido en una región determinadaFuente: Consejería de agricultura, jccm (2010)

(Cont.)

Por el contrario, para los vinos vcprd la producción de las cooperati-vas y sat constituyó el 43,4%, frente a la producción del resto de empresas vitivinícolas que representó el 56% del total de vcprd. Es reseñable para las cooperativas y sat el incremento del 20% que ha tenido lugar, desde la campaña 2003-2004 hasta la campaña 2005-2006, en la producción de vino vcprd. Esto es síntoma de la mayor orientación de este colectivo hacia una producción de mayor calidad y, por lo tanto, de vinos con un mayor valor añadido.

La dirección estratégica en la

empresa cooperativa: estrategias de

negocio, de innovación tecnológica

y de exportación

El problema genérico de una empresa es determinar la conversión de sus recursos para optimizar la realización de los objetivos fijados. Así, las decisiones estratégicas han de tratar de determinar y encontrar una respuesta sobre la misión y los objetivos de la organización (Guarnizo, 2004).

La estrategia constituye el instrumento para alcanzar los fines o propósitos de las personas que integran la empresa: es el patrón de los principales objetivos, propósitos o metas y las políticas y planes esenciales para conseguir dichas metas (Andrews, 1984). Efectivamente, en toda empresa subyace un propósito o fina-lidad determinada, que es compartido y entendido por todos sus miembros y cuya definición se lleva a cabo a través del diseño del sistema de objetivos (Miles y Snow, 1978). El propósito estratégico pretende establecer cómo va a ser la posición de la empresa en el futuro, así como los criterios a tener en cuenta para fijar el camino a seguir.

Al igual que cualquier otra organi-zación, las sociedades cooperativas han de formular un propósito, que será el resultado de un proceso de negociación y consenso, sobre la base de su propia filosofía, entre las personas integrantes. Esta filosofía, que ha de regular el comportamiento de la cooperativa para definir su propósito, tiene su base en los principios generales del cooperativismo

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(pgc), que no son simples normas o criterios por aplicar en una cooperativa, sino que constituyen los fundamentos en los que se apoya la propia filosofía cooperativa.

Pero los principios que realmente marcan la diferencia entre las empresas cooperativas y las de mercado es el principio de distribución de los exce-dentes (constituye uno de los aspectos del principio de participación económica de los socios, junto con la remuneración limitada al capital) y el de control democrático. Aunque estos principios van a suponer una ventaja potencial de las empresas a las que se aplican frente al resto de sociedades, ello no garantiza una ventaja competitiva real, pues además se necesita explotar convenientemente dichas potencialidades.

Hemos de tener en cuenta que los principios cooperativos han condicio-nado el comportamiento estratégico de este tipo de empresas desde sus inicios. A continuación, basándonos en las aportaciones de Sanchis (1995; 2000), así como en las entrevistas mantenidas con gerentes y presidentes de diversas cooperativas vitivinícolas y profesionales del sector, nos referimos a las estrategias competitivas de negocio, de innovación y de exportación para este tipo de sociedades.

Estrategia de negocio

La determinación de la ventaja sobre la que las cooperativas tratan de fundamen-tar su posición competitiva nos va a per-mitir discriminar las opciones estratégicas seguidas por estas en el ámbito de negocio.

Existen dos alternativas básicas para com-petir (Porter, 1982): producir a un coste unitario inferior al de los competidores o basarse en la diferenciación a la hora de ofertar sus productos. Es habitual que las cooperativas vitivinícolas elaboren a unos costes unitarios de producción inferiores a los de las bodegas mercantiles para elabo-rados similares y comparables en calidad. Se trata de una actividad verdaderamente especializada, en el sentido de que en cada ejercicio los socios de la cooperativa aportan toda su cosecha en un intervalo de tiempo reducido (periodo de vendimia), disfrutando de una financiación de la que no se benefician el resto de bodegas, y que podría suponer que las cooperativas fueran más competitivas en costes. Por lo tanto, se constituyen en una fuente de ventaja competitiva para las cooperativas vitivinícolas las condiciones favorables de acceso a las materias primas u otros sumi-nistros, así como el establecimiento de las relaciones entre socios y cooperativa, que les van a permitir abaratar los costes fijos.

Como otra fuente de ventaja compe-titiva podemos señalar el efecto derivado de su localización. Puede afirmarse que la mayoría de las cooperativas vitivinícolas están presentes masivamente, de forma que no existe prácticamente ningún núcleo de población, por pequeño que sea, en el que no exista una cooperativa. Esto les va a permitir disponer de un gran stock de producción, así como de una menor dependencia de las oscilaciones de los precios de la uva.

Sin embargo, no resulta así para otros factores a través de los cuales la empresa puede adquirir una posición de ventaja

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en costes, como el volumen o tamaño empresarial, la tecnología de proceso y de diseño de producto o la capacidad directiva y la eficacia organizativa. Por lo que, considerando las características for-muladas para la estrategia de liderazgo en costes, y en relación con los aspectos señalados, podemos decir que se trata de una estrategia de difícil aplicación por parte de las empresas cooperativas, puesto que exige volúmenes de inversión y de producción elevados. En general, teniendo en cuenta que el tamaño de la mayoría de las cooperativas es reducido, cabría apuntar que este tipo de estrategia no es considerado como el más ade-cuado, sobre todo por las dificultades financieras a las que suelen enfrentarse estas sociedades, así como la reducida cuota de mercado que controlan. En cambio, sí sería posible y adecuada esta estrategia en un proceso de integración de cooperativas, por crecimiento externo, a través de la integración vertical de las actividades.

Con respecto a la estrategia de dife-renciación, para las empresas cooperati-vas existe la posibilidad de competir en diferenciación, especialmente a través de la fabricación y comercialización de productos y servicios de calidad. Este tipo de estrategia, por tanto, se podría considerar más adecuado, si tenemos en cuenta su carácter especializado y redu-cido y su larga tradición en los sectores industriales en los cuales se trabaja. Por lo tanto, la diferenciación que establecen estas sociedades se basa, principalmente, en la calidad, por lo que en ocasiones, vinos elaborados por cooperativas han

obtenido premios en reconocimiento a esta, ya que, en general, las cooperativas suelen disponer de recursos técnicos que les permiten una elaboración correcta, ajustada a unos estándares determinados.

Un elemento clave para que se pro-duzca el efecto de la diferenciación,1 es que las diferencias aportadas por el pro-ducto, reales o ficticias, sean percibidas como tales por los clientes. Las condicio-nes requeridas para que pueda tener lugar tal diferenciación son que las empresas utilicen distintas tecnologías de las que resulte su oferta específica, y que los consumidores manifiesten preferencias heterogéneas que les permitan ordenar los productos ofrecidos de acuerdo con sus características de calidad, localiza-ción, disponibilidad, etcétera.

Si bien es cierto que la actividad de negocio de las bodegas cooperativas ha estado tradicionalmente orientada hacia la producción y escasamente hacia el mercado, actualmente se empieza a mani-festar una actitud comercial que trata de aproximarse en mayor medida a las características específicas demandadas por los clientes.

A pesar de que todas las empresas comparten una misma tecnología básica impuesta por la tecnología natural del proceso, a lo largo de todo el ciclo productivo se pueden introducir ciertas variaciones que conducen a la obtención

1 Desde la óptica de la dirección estratégica, la propuesta de Porter considera que un elemento clave en la explicación del fenómeno de la diferenciación lo constituye la información que poseen los consumidores: la diferenciación de los productos es el resultado de las elecciones de los consumidores, que dependen de los atributos de los productos y de la acumulación de información que los consumidores tienen sobre ellos.

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de productos finales diferentes desde el punto de vista de sus atributos físicos y organolépticos, así como también desde la percepción del cliente. Tales variacio-nes pueden establecerse a partir de la intervención en alguna de las siguientes variables:

La variedad de uva empleada, aspecto diferenciador especial-mente relevante en estos momen-tos en el contexto del mercado internacional.El color de los vinos: tintos, blancos y rosados.El sistema de elaboración utili-zado: cabe distinguir, por ejemplo, entre elaborados con uva despali-llada o de maceración carbónica, que se traduce en productos con características muy diferentes.La añada o cosecha de proceden-cia de la uva.El tipo de envase utilizado.La presentación y, en especial, la marca.

La posibilidad de combinación de estos criterios para concretar un tipo específico de producto hace que surja un importante número de opciones cuya elección determinará el grado de ampli-tud y profundidad de la oferta comercial de cada empresa.

De lo anteriormente expuesto, se deduce que las cooperativas pueden desarrollar, incrementar y mejorar su actividad, fundamentalmente, en la diversificación de la oferta de calidad y en

la comercialización de sus vinos, porque el resto de su actividad empresarial está resuelto de forma bastante solvente. Es decir, las cooperativas a corto plazo tenderán a la consecución de distintos tipos de vino: de mesa, con indicación geográfica y d.o., incluso con procesos de crianza, de modo que podrán incremen-tar sus ingresos mediante la especializa-ción de su oferta, en el pasado reducida, prácticamente, a los precios intervenidos por el Estado. La aludida diversificación implica, sin duda, la dotación comercial que lleva a término la oferta dentro y fuera del mercado nacional; de forma individual cada cooperativa o bien con la puesta en escena de cooperativas de segundo grado, que precisamente dedican su actividad sólo a la comercialización especializada de los elaborados de sus cooperativas. Incluso se han llevado a cabo proyectos (Baco) para la comer-cialización de embotellados, que han permitido la consecución de mayores márgenes de comercialización y el acceso a mercados antes inexistentes para ellos.

En cuanto a la estrategia de enfoque, tradicionalmente, la segmentación del mercado y la especialización de pro-ductos y servicios han constituido las estrategias adoptadas por las empresas cooperativas, motivadas en parte por su carácter social y por sus características empresariales (tamaño reducido, escasa cuota de mercado, bajas rentabilidades, etcétera). Estas estrategias se apoyan en uno de los principios cooperativos, el interés por la comunidad en la que se inserta la cooperativa, así como en

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las exigencias impuestas en las leyes de cooperativas, acerca de la obligatoriedad de que estas empresas destinen una parte de sus actividades a sus socios y a otras cooperativas asociadas.

Podemos considerar dos tipos de especialización en el caso de las empresas cooperativas: especialización sectorial y especialización geográfica. La espe-cialización sectorial se corresponde con el hecho de que estas empresas operan dentro de un sector económico determi-nado, de forma que se pueden identificar distintas clases en función de la actividad que realizan: cooperativas de consumo, de crédito, agroalimentarias, etcétera. En cuanto a la especialización geográfica, fundamental en el proceso de desarrollo y crecimiento de estas organizaciones, se debe a que el cooperativismo en España se ha especializado en los distintos ámbitos geográficos, en función del tamaño y de la actividad desempeñada: cooperativismo local, comarcal, provin-cial, autonómico, nacional, europeo e internacional.

Por tanto, teniendo en cuenta sus orígenes y su larga tradición, y que el cooperativismo se fundamenta en la satisfacción de necesidades concretas de unas personas y en unos lugares determi-nados, podemos decir que en este ámbito las cooperativas presentan expectativas a considerar. La adopción de esta estrategia significa desarrollar y continuar una labor de tipo social, que se verá reforzada por la aplicación de técnicas modernas de gestión empresarial, por la adopción de tecnologías innovadoras y por la colaboración intercooperativa.

Estrategia de innovación

tecnológica

En sentido amplio, tecnología es cual-quier método para resolver un problema previamente identificado, pudiendo aplicarse la tecnología al desarrollo de nuevos productos y a la mejora de los procesos de producción. El concepto tecnológico involucra los medios vincula-dos a un procedimiento para hacer algo, a los materiales que se transforman y a los conocimientos aplicados. A su vez, se entiende por innovación tecnológica todo procedimiento mediante el que se accede a nuevos productos o procesos, enteramente nuevos o parcialmente mejorados.

No cabe duda de que las cooperativas, en general, encuentran limitaciones considerables en el desarrollo de grandes proyectos de investigación y desarrollo i+d, pero por ello no debemos conside-rarlas como empresas poco innovadoras, ya que el concepto de innovación es más amplio que el simple esfuerzo en dichas actividades. En la tabla 3 se recoge una síntesis de las ventajas y desventajas de las sociedades cooperativas para gestionar su estrategia de innovación tecnología.

En términos generales, las deficien-cias indicadas hacen referencia tanto a las tecnologías tangibles como a las intangibles. Las carencias en tecnología intangible resultan preocupantes, agudi-zándose en relación con los problemas de administración empresarial, llegándose, en algunos casos, a que la gerencia y los socios directivos de las cooperativas

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ignoran incluso las preguntas que deben formular a las entidades proveedoras de tecnología, reduciéndose el proceso de transmisión tecnológica a meros con-tratos de compraventa (Coque, 2002). Asimismo, las sociedades cooperativas, por su reducida capacidad financiera y sus escasos recursos para acceder a las fuentes de información, no presentan las características más adecuadas para llevar a cabo innovaciones. Sin embargo, dichas debilidades pueden enfocarse como

fortalezas si se considera su capacidad de supervivencia, tomando como base la cultura organizativa cooperativa que sintetiza los principios cooperativos de la Alianza de Cooperación Internacional (1995). De este modo, los tamaños mode-rados en combinación con ciertos grados de flexibilidad y participación ponen de manifiesto características hacia las que tienden muchas empresas no coopera-tivas cuando persiguen la capacidad de innovación tecnológica.

Tabla 3. Puntos fuertes y débiles de las sociedades cooperativas para acceder a la tecnología

Puntos débiles Puntos fuertes

Poca diferenciación entre los factores capital, trabajo y gestión.Escasa división en el trabajo: todo el mundo tiende a hacer de todo.Informatización de actividades.Técnicas de producción intensivas en mano de obra pero demasiado simples.

Flexibilidad ante los cambios del entorno, dada por el tamaño productivo moderado y por la organización participativa basada en el factor mano de obra, que, además comparte la propie-dad del capital social y la eventual distribución de beneficios.

Bajos niveles de tecnología intangible (compe-tencias: conocimientos y habilidades).Poco tiempo, y poca disposición para buscarlo, para la formación técnica.Métodos de formación inadecuados, por ser demasiado generales, para los socios o trabaja-dores de muchas s.c.

Especial importancia que el movimiento cooperativo da a la formación, en particular, y a la educación, en general.

Escasez de recursos financieros, tanto para generar como adquirir la tecnología, activida-des ambas intensivas en capital.

Facilidad que las sociedades cooperativas tienen para articularse entre sí mediante redes (intercooperación) y con otras entidades públicas o privadas, para acceder a fuentes de financiación.

Falta de información de gerencia y socios directivos para decidir estratégicamente en medio de los continuos cambios tecnológicos. Lentitud decisoria.

Facilidad que las sociedades cooperativas tienen para articularse en redes entre sí y con otras entidades públicas y privadas, proveedoras o demandantes de tecnología.

Fuente: adaptado de Coque (2002)

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Estrategia de exportación

Finalmente, en el contexto de la interna-cionalización de la economía europea, las empresas españolas se enfrentan a dos posturas: competir en el ámbito inter-nacional para mantener la eficiencia o mantener las ventajas de especialización frente a la competencia externa. La pri-mera postura se basa en consideraciones de economía de escala, es decir, se basa en la creencia de que las ventajas por conseguir de un tamaño superior que desborda al mercado local superan a los inconvenientes. De este modo, la primera postura responde a una estrategia de internacionalización, mientras que la segunda defiende una estrategia de negocio local que es tradicional en las cooperativas.

Cuando las ventajas del tamaño inter-nacional superan los costes, la estrategia de internacionalización es adecuada. Cuando las economías de escala son bajas y los costes elevados, habrá que adoptar una estrategia local. Los moti-vos más importantes que incentivan la internacionalización son: la búsqueda de nuevos mercados con demanda insatisfe-cha, la búsqueda de ventajas en coste, la existencia de un tamaño mínimo eficiente que limita la capacidad de crecimiento de la empresa en un mercado determinado y la globalización de las industrias (Men-guzzato y Renau, 1991).

Las formas que puede adoptar una estrategia de internacionalización son muy variadas. Podemos señalar la exis-tencia de un proceso gradual, en el que se distinguen varias etapas: exportación

ocasional, exportación experimental, exportación regular, establecimiento de filiales de venta en el extranjero y establecimiento de subsidiarias. Las tres primeras etapas corresponden a una actividad exportadora, que es la que abordamos en nuestro estudio, a través de la cual la empresa va introduciéndose gradualmente en el mercado exterior con el objeto de ir colocando parte de su producción. Actualmente, existe un importante número de cooperativas que se dedican a la actividad exportadora, no sólo se trata de grandes cooperativas, sino también de cooperativas de reducido tamaño. Concretamente, para el caso de las bodegas vitivinícolas, que son las que constituyen nuestro objeto de interés, consta (Ucaman) que es habitual para los vinos de mesa a granel, que las mayores cooperativas los exporten fuera del mercado doméstico como base para embotellados en terceros países, incluso para la elaboración de espumosos, como es el caso de Alemania.

Planteamiento de la investigación.

Metodología

Las organizaciones cooperativas han alcanzado un alto grado de madurez, tanto por la experiencia acumulada como por los importantes problemas resueltos en situaciones en las que las empresas mercantiles se han mostrado incapaces. Esto ha motivado que cada vez exista una mayor preocupación por el estudio de las cooperativas y de la economía social en general, por lo que este tipo de entidades se han convertido en un campo

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destacado de investigación en diferentes ámbitos de estudio.

Castilla-La Mancha es una de las regiones donde mayor presencia tiene el cooperativismo, que está centrado sobre todo en la vinicultura. Somos conscientes de la importancia que el sector vitivi-nícola tiene en Castilla-La Mancha, de sus implicaciones socioeconómicas y del papel que las cooperativas ejercen en este contexto, así como de la necesidad ante la turbulencia del entorno del análisis estratégico de la empresa cooperativa, tradicionalmente acostumbrada a admi-nistrar de forma intuitiva y espontánea, lo que la obliga a sistematizar la visión estratégica de sus negocios. Así, el hecho de que las entidades cooperativas, a diferencia del resto de sociedades, actúen según las necesidades de los socios y que su finalidad principal no sea maximizar el beneficio, sino prestar a aquellos el máximo y mejor servicio con el menor coste, es lo que nos lleva a preguntarnos por la disparidad que pudiera existir en relación con las estrategias seguidas por este tipo de entidades frente al resto, por lo que planteamos como objetivo la comparación entre los dos grupos de empresas considerados, de economía social y mercantiles, en función de las estrategias de negocio, de innovación tecnológica y de exportación seguidas por estas.

El ámbito de estudio escogido para desarrollar la presente investigación se circunscribe a un grupo de empresas pertenecientes al sector vitivinícola, como es el correspondiente al subsector de vinos de calidad, y dentro de éste a

las integradas en un ámbito muy preciso, como es el configurado por una d.o., concretamente la d.o. La Mancha.

Desarrollo de la investigación

Recolección de la información

En nuestro trabajo, la recolección de la información se ha realizado mediante el envío de una encuesta postal dirigida al gerente de la empresa. Con la finalidad de aumentar el número de respuestas, en algunos casos se hizo necesario la realización de contactos telefónicos, así como la visita personal a algunos de los encuestados.

En total, se obtuvieron 102 respuestas válidas, lo que representa una tasa de respuesta del 35% respecto al total de empresas a las que se envió el cuestiona-rio, cifra que puede considerarse razo-nable en cuanto a la representatividad del conjunto.

Para determinar el sesgo de no res-puesta, esto es, para comprobar que no existe un patrón de comportamiento diferente entre las empresas que res-pondieron y las que no lo hicieron, acudimos a la prueba t, para establecer una comparación en cuanto al tamaño de las empresas que respondieron más rápidamente y las más retrasadas, puesto que el comportamiento de las últimas en contestar suele equipararse al de las que no contestan (Armstrong y Overton, 1977). Comprobamos que no existían diferencias significativas entre dichos grupos para la variable considerada, de lo que se deduce que no existe un sesgo significativo derivado de la no respuesta.

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Medida de las variables

Para la medida de la estrategia compe-titiva hemos optamos por los veintidós factores desarrollados por Robinson y Pearce (1988), utilizando la valoración realizada por el gerente de la empresa de la importancia de dichos factores para el desarrollo de la estrategia. Para su inclusión en el cuestionario utilizamos una escala Likert de cinco puntos, en la que los extremos 1 y 5 indican “muy poco importante” y “muy importante”, respectivamente. Los valores intermedios permiten valoraciones comprendidas entre los dos extremos.

La innovación tecnológica constituye un concepto multidimensional (Zahra y Das, 1993) determinado por un conjunto de dimensiones, de forma que la estra-tegia de innovación se configura como la suma de las decisiones adoptadas por la empresa con respecto a dichas dimensiones (Zahra y Covin, 1994). En nuestro caso, basándonos en el trabajo de Zahra y Das (1993), se consideraron la orientación tecnológica, la innovación en producto y en proceso, las fuentes internas y externas de innovación y el esfuerzo innovador. Para valorar cada una de las variables correspondientes a las diferentes dimensiones consideradas se desarrollaron escalas a partir de la adaptación de las utilizadas por Zahra y Das (1993) y Zahra (1996a, 1996b), tomando los distintos ítems valores comprendidos entre 1, correspondiente a “una importancia muy baja” y 5, correspondiente a una “importancia muy alta”, permitiendo los valores centrales la

elección de posiciones intermedias entre los extremos.

En lo que respecta a la estrategia de exportación, se consideraron la experiencia exportadora —número de años transcurridos desde que la empresa comenzó a operar en los mercados internacionales—, el compromiso con las actividades de exportación —existencia en la empresa de una unidad específica dedicada al comercio exterior—, la estrategia de expansión —concentra-ción vs. diversificación—, la estrategia competitiva en los mercados exteriores, la estrategia de marketing internacional —adaptación vs. estandarización— y la actitud hacia la estrategia de exportación —barreras a la exportación—.

En cuanto a la estrategia competitiva en los mercados exteriores, la medida utilizada en nuestro trabajo ha consistido en una escala multi-ítem, para cuyo desarrollo hemos llevado a cabo una revisión de los constructos utilizados en diversos estudios (Dess y Davis, 1984; Namiki, 1988; Robinson y Pearce, 1988; Kim y Lim, 1988; Morrison y Roth, 1992; Flor, Camisón y Oltra, 2004). Para medir cada uno de los ítems se solicitó a los encuestados una valoración de los mismos según una escala de cinco puntos, variando desde 1, “nada importante”, hasta 5, “muy importante. El grado de diversificación de las actividades expor-tadoras ha sido determinado estimando la preferencia por la organización en cuanto a concentrar los recursos en pocos mercados o acceder al mayor número de mercados posibles, preguntando asi-mismo a los encuestados sobre el número

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de países en los que comercializan sus productos. La estrategia de marketing internacional será medida a partir de cuatro escalas, una para cada una de las variables —política de producto, precios, distribución y promoción—, con una serie de ítems que varían en un continuo, desde la total estandarización a la total adaptación. Los ítems utilizados para la medición de la estrategia de marketing internacional han sido extraídos de los trabajos revisados por Theodosiou y Lenidou (2003). En concreto, hemos considerado aquellos aspectos que con un carácter más repetitivo han sido reco-gidos en la investigación empírica, y que a su vez se adaptan a las características del sector. Finalmente, hemos hecho efectiva la actitud hacia la estrategia exportadora a través de la valoración por los encuestados de la medida en que las distintas barreras planteadas dificultaban la iniciación o expansión de la actividad exportadora, haciendo uso para ello de una escala Likert de cinco puntos, desde “no dificulta” hasta “dificulta mucho”. Para la determinación de las barreras a la exportación, que consideramos en este trabajo, se tomó como referencia el de Leonidou (2004), para incluir aquellas que se repiten de una manera más reiterada.

Por último, otras variables consi-deradas fueron el tamaño empresarial, medido como la capacidad conjunta de fermentación y crianza, así como por el número de empleados; la categoría pro-fesional, como el número de directivos, técnicos, administrativos, comerciales y operarios; cualificación de la plantilla,

como el número de titulados superiores, medios y con estudios profesionales y elementales; cualificación del personal directivo, como el número de directivos con titulaciones de grado medio y supe-rior, estudios profesionales y estudios elementales; antigüedad de la empresa, como el número de años transcurridos desde su fundación; grado de expansión, como el área geográfica de distribución de sus productos; grado de integración vertical, medido a través de la valoración, según una escala graduada en torno a cinco niveles, desde 1, “no lo hacemos”, hasta 5, “lo hacemos totalmente”, del nivel de realización por la propia empresa de las actividades de cultivo de la vid, vendimia, crianza y distribución; y exis-tencia de planificación estratégica formal.

Análisis comparativo entre las

empresas de economía social y las

empresas mercantiles

Una vez codificada, tabulada y verificada la información recogida en el cuestiona-rio, se procedió a su análisis con el fin de alcanzar el objetivo propuesto. Para ello diferenciaremos dos grupos, uno constituido por las empresas de econo-mía social, es decir, agrupando aquellas organizaciones con forma cooperativa y sociedades agrarias de transformación, y el otro, que contempla las sociedades consideradas mercantiles por excelencia, integrado por las restantes formas jurí-dicas no cooperativas.

Inicialmente, efectuamos la compara-ción entre los dos grupos de sociedades para las variables tamaño empresarial, número de empleados, categorías pro-

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fesionales y cualificación de la plantilla, cualificación del personal directivo, antigüedad, grado de expansión nacio-nal, distribución de las ventas por seg-mentos geográficos, grado de integración vertical, certificaciones de calidad y planificación estratégica, lo que nos permitirá conocer las características más notables de cada uno de ellos, así como las discrepancias más relevantes entre ambos colectivos.

Comenzamos con el tamaño empre-sarial. En la tabla 4 recogemos la distri-bución de las empresas en función de su capacidad conjunta de fermentación y crianza, diferenciando entre sociedades mercantiles y de economía social. Tal y

como se desprende de dicha información, la distribución de las empresas de los dos grupos en las distintas clasificaciones por tamaño es bastante similar. Las diferencias que se observan a la hora de comparar las distintas agrupaciones son bastante reducidas. El análisis de los porcentajes por columnas nos permite señalar que para los dos colectivos de empresas la categoría más numerosa corresponde a la de pequeñas empre-sas —capacidad de fermentación entre 1000 y 25.000 hl y capacidad de crianza entre 1000 y 10.000 hl— y medianas empresas —capacidad de fermentación entre 25.000 y 200.000 hl y capacidad de crianza entre 10.000 y 50.000 hl—.

Tabla 4. Distribución de las empresas de economía social y mercantiles según la capacidad de fermentación y de crianza

Categoría de empresasEmpresas de economía social Empresas mercantiles

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

Micro 4 8,0 6 11,5

Pequeña 27 54,0 26 50,0

Mediana 14 28,0 17 32,7

Grande 5 10,0 3 5,8

Total 50 100,0 52 100,0


Tabla 5. Distribución de las empresas de economía social y mercantiles según el número de trabajadores

Número de empleadosEmpresas de economía social Empresas mercantiles


Hasta 9 31 62,0 30 57,7

10-25 16 32,0 14 26,9

>25 3 6,0 8 15,4

Total 50 100,0 52 100,0


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Para el caso en el que se utilizó como medida de la dimensión empresarial el número de empleados (tabla 5), puede decirse, al igual que en el caso anterior, que los resultados son muy similares para las dos muestras, existiendo un predominio de las empresas pequeñas y medianas (94% y 84,6% para socie-dades de economía social y mercantiles, respectivamente), correspondiendo los porcentajes más reducidos a las empresas de gran tamaño.2

En la siguiente tabla mostramos la distribución de empleados por categorías,

2 Estos resultados son consistentes con la realidad del tejido empresarial español, el cual está integrado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con los datos del ine, el 51% de las empresas, más de un millón y medio, no tiene ningún asalariado, mientras que otras que representan aproximadamente el 28% del total tienen entre uno y dos empleados. Si se consideran solo las empresas con asalariados, las compañías con uno o dos empleados representan el 56,7% del total, mientras que las compañías que emplean a veinte o más trabajadores solo suponen el 5,4% del total.

Tabla 6. Importancia relativa de las categorías de empleados según tipo de organización

Categorías plantilla

Empresas de economía social Empresas privadast

% Media % Media

Directivos 10,91 0,98 15,36 1,36 -1,825*

Técnicos 12,07 1,08 10,83 0,96 0,639

Administrativos 16,40 1,48 13,10 1,16 1,124

Comerciales 6,50 0,26 12,10 1,07 -2,952***

Operarios 54,12 5,22 48,62 4,29 0,900

Significación: *p < 0,1; **p < 0,05; ***p < 0,01Fuente: elaboración propia

para ver si existen diferencias entre los dos colectivos de empresas considerados. Lo más destacable es la diferencia de peso que puede apreciarse entre las empresas de economía social y el resto de empresas en las categorías de directivos (10,91% y 15,36% respectivamente) y comerciales (6,50% y 12,10%). También se observa cómo las empresas de economía social tienen una proporción más elevada de técnicos y administrativos que el resto de empresas, así como de operarios.

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Para comprobar si estas diferencias son significativas analizamos el valor del estadístico t. Los resultados nos muestran que las diferencias encontradas solo son significativas para el número de directi-vos (t = -1,825; p = 0,071) y el número de comerciales (t = 2,952; p = 0,004). Estos resultados permitirían caracterizar a las sociedades mercantiles como empre-sas más orientadas hacia el desarrollo de una actividad de dirección y comerciali-zación más eficiente, y enfocadas hacia el mercado.

Respecto a la cualificación de la plan-tilla, la información disponible aparece recogida en la tabla 7, a partir de la cual puede señalarse la existencia en ambos grupos de un porcentaje similar de titula-dos universitarios (superiores y medios). Asimismo, se aprecia un porcentaje supe-rior de trabajadores con estudios primarios en las empresas de economía social con respecto al resto de sociedades mercantiles, así como un porcentaje inferior de emplea-dos con estudios profesionales. En ningún caso estas diferencias fueron significativas.

Tabla 7. Importancia de la cualificación de la plantilla según tipo de organización

Cualificación plantilla Empresas de economía social Empresas mercantiles

Titulación superior 13,27% 15,04%

Titulación media 13,50% 12,53%

Estudios profesionales 17,48% 31,83%

Estudios elementales 55,75% 40,60%


En lo que respecta a la cualificación del personal de dirección (tabla 8), tampoco se observaron diferencias significativas entre los dos grupos de sociedades, como lo pone de manifiesto la similitud en los porcentajes (superiores al 50%) de directi-

vos con estudios universitarios, superiores y medios, siendo el único dato destacable el correspondiente a la proporción más elevada de empresas de economía social cuyo personal de dirección cuenta única-mente con estudios primarios.

Tabla 8. Distribución de las empresas de economía social y mercantiles según la cualificación de los directivos

Cualificación directivos Empresas de economía social Empresas mercantiles

Estudios superiores 41,02 44,62

Titulación media 24,49 22,10

Estudios profesionales 19,21 23,04

Estudios elementales 15,28 10,24


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Con respecto al año de creación (tabla 9), se evidencia que en el quin-quenio 1986-1990 se produjo el mayor incremento en la constitución de nuevas empresas, tanto de economía social

(20%) como de empresas que adoptaron otras formas jurídicas (17,3%), siendo la antigüedad media de las primeras —47 años— superior a la del resto de empresas —36 años— (t = 4,652; p < 0,01).

Tabla 9. Distribución de las empresas de economía social y mercantiles según el año de fundación

Año de fundaciónEmpresas de economía social Empresas mercantiles


Hasta 1900 1 2,0 2 3,8

Entre 1901 y 1930 3 6,0 3 5,8

Entre 1931 y 1950 9 18,0 5 9,6

Entre 1951 y 1960 5 10,0 6 11,5

Entre 1961 y 1970 8 16,0 4 7,7

Entre 1971 y 1980 3 6,0 5 9,6

Entre 1981 y 1985 2 4,0 4 7,7

Entre 1986 y 1990 10 20,0 9 17,3

Entre 1991 y 2000 7 14,0 11 21,1

Entre 2001 y 2005 2 4,0 3 5,8

Total 50 100,0 52 100,0


En cuanto al grado de expansión nacional, la tabla 10 recoge el porcen-taje de empresas, de economía social y mercantiles, según el área geográfica de distribución de sus productos dentro de España que consideren como principal. Así, los grupos mayoritarios corres-ponden a las empresas que compiten a escala nacional, constituyendo además un grado de expansión importante para la d.o. la comunidad autónoma. Ade-más, es destacable el porcentaje superior de sociedades mercantiles frente al de sociedades de economía social compi-tiendo en el ámbito nacional, tendencia

que se invierte conforme se consideran ámbitos competitivos más pequeños. Podemos observar cómo más del 50% de las empresas de economía social compiten en un ámbito más reducido al nacional (regional, provincial, local), frente a un 38,5% de las sociedades mercantiles. En definitiva, encontramos que las formas jurídicas que compiten en mayor medida a escala nacional se corresponden con las incluidas en el grupo de sociedades mercantiles, frente a la tendencia de las empresas con formas asociativas a competir en ámbitos más limitados.

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Tabla 10. Distribución de las empresas de economía social y empresas mercantiles según su grado de expansión nacional

Principal destino geográficoEmpresas de economía social Empresas mercantiles

Núm. % Núm. %

Local 7 14 1 2

Provincial 7 14 5 9,6

Comunidad autónoma 15 30 14 26,9

Mercado nacional 21 42 32 61,5

Total 50 100 52 100


El análisis de la distribución de las ventas por segmentos geográficos, dife-renciando entre empresas de economía social y mercantiles, nos ha permitido obtener la información que aparece en la tabla 11. Como podemos observar, las empresas mercantiles presentan

unos porcentajes de ventas claramente superiores a los de las empresas de economía social en los mercados de ámbito provincial, nacional e interna-cional, y los porcentajes son inferiores, en los mercados de competencia local y regional.

Tabla 11. Distribución de las ventas de las empresas de economía social y mercantiles por segmentos geográficos

Área de mercado Empresas de economía social Empresas mercantiles

Mercado local 12,66% 6,03%

Mercado provincial 12,81% 15,83%

Comunidad autónoma 28,80% 23,24%

Mercado nacional 33,87% 35,26%

Unión Europea 11,12% 14,68%

Resto de países 0,74%** 5,22%**

T = -2,191; ** Significativa p < 0,05Fuente: elaboración propia

Con respecto al grado de integración vertical, y con la finalidad de indagar en la posibilidad de que las empresas de economía social y mercantiles se comportaran de forma diferenciada según el nivel de realización de las acti-

vidades de la cadena de valor del sector vitivinícola, en la tabla 12 recogemos las puntuaciones medias para cada una de dichas actividades. Como puede obser-varse, los resultados parecen indicar la existencia de diferencias significativas

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entre los valores medios alcanzados por las empresas de economía social y mercantiles en cuanto al grado de

integración vertical de las actividades de cultivo de la vid, vendimia, crianza y distribución.

Tabla 12. Grado medio de realización por las empresas de economía social y mercantiles de las actividades relacionadas con la elaboración de vinos

ActividadesMedia

tEmpresas de economía social Empresas mercantiles

Cultivo de viñedo 4,06 3,12 2,186**

Vendimia 4,02** 3,26** 2,391**

Prensado de la uva 4,50 4,32 0,535

Fermentación del mosto 4,81 4,58 0,991

Crianza 3,46 4,70 2,593***

Envasado y etiquetado 4,13 4,32 0,674

Distribución 4,18** 4,89** 2,214**

* Significativo p < 0,10; ** Significativo p < 0,05; *** Significativo p < 0,01Fuente: elaboración propia

En cuanto a la obtención de certifica-ciones de calidad (iso-9000, iso-9001 e iso-9002), como se advierte de la observación de la tabla 13, el 20% de

las empresas mercantiles elaboran sus productos conforme a alguna de estas normas de calidad, frente a un 11,5% de las empresas de economía social.

Tabla 13. Distribución de las empresas de economía social y mercantiles en función del cumplimiento de normas de calidad

Han obtenido certificaciones de calidad(a)

Empresas de economía social (%)

Empresas mercantiles (%)

Sí 11,5 20,0

No 88,5 80,0

(a) variable binaria, por lo que el valor medio que se compara corresponde al porcentaje de empresas que realizan la actividad expresada por la variable.t = -1,166; Sig. = 0,247Fuente: elaboración propia

Otra cuestión que hemos considerado ha sido la realización o no realización en la empresa de planificación estratégica

formal. Los resultados aparecen recogi-dos en la tabla 14. De acuerdo con ellos, podemos señalar que las empresas mer-

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cantiles realizan de forma significativa planes estratégicos formales en mayor medida (un 51%) que las empresas de economía social (19,2%). Con referencia al horizonte temporal de la planificación

estratégica (tabla 15), puede decirse que un porcentaje elevado de empresas de economía social y mercantiles (80% y 72%, respectivamente) la realizan con un horizonte temporal a más de un año.

Tabla 14. Planificación estratégica en las empresas de economía social y mercantiles

La empresa realiza plan estratégico



Sí 19,2 51,0

No 80,8 49,0

(a) Variable binaria, por lo que el valor medio que se compara corresponde al porcentaje de empresas que realizan la actividad expresada por la variable.t= -3,50; Sig.= 0,01Fuente: elaboración propia

Tabla 15. Horizonte de planificación estratégica en las empresas de economía social y mercantiles

Horizonte temporal de la planificación



1 año 20,0 28,0

Más de 1 año 80,0 72,0

(a) Variable binaria, por lo que el valor medio que se compara corresponde al porcentaje de empresas que realizan planificación estratégica con un horizonte temporal de un año.t = -0,477; sig. = 0,637Fuente: elaboración propia

Para llevar a cabo la comparación de las estrategias de negocio, innovación tecnológica y exportación, aplicamos el contraste de medias, a partir del cual trataremos de comprobar si los valores promedio de las variables que definen las citadas estrategias no resultan iguales cuando se consideran uno u otro tipo de organizaciones.

La prueba de comparación de medias t de Student para muestras independientes

permite contrastar hipótesis referidas a la diferencia entre dos medias indepen-dientes. La realización de esta prueba paramétrica exige cumplir el requisito de normalidad de la distribución de las poblaciones. No obstante, el estadístico t es muy potente ante las desviaciones de la normalidad de las distribuciones, de tal forma que es posible su aplicación aun cuando las poblaciones no sean normales, si los tamaños muestrales de

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ambas muestras son superiores a 30 (Peña y Romo, 1997), ya que en este caso la medida de discrepancia entre las medias se aproxima a una distribución normal estándar.3 En cualquier caso, la realización de la prueba de Kolmogorov-Smirnov nos lleva a que no podamos rechazar la hipótesis de normalidad, garantizándonos la adecuación del empleo de dicha prueba, cuyos resultados se muestran a continuación.

En primer lugar, efectuamos el aná-lisis para la estrategia de negocio, en el que las variables objeto de contraste y que definen las distintas estrategias de negocio vienen dadas por la media aritmética de los ítems agrupados en cada uno de los factores —liderazgo en costes, diferenciación en marketing,

3 A medida que el tamaño muestral se acerca a 100, la distribución de la t de Student se acerca a la normal (Sánchez Carrión, 1999).

diferenciación en producto-enfoque, diferenciación en servicio— resultantes del análisis factorial.4

A la vista de los resultados (tabla 16), los valores medios para las variables dife-renciación en marketing, diferenciación en producto-enfoque y diferenciación en servicio de las empresas mercantiles son superiores a los que presentan las del otro grupo. Mientras que la relación se invierte para el caso de la estrategia de liderazgo en costes. Para comprobar si estas diferencias son significativas, analizamos el valor del estadístico t. Este dato nos muestra que las diferencias encontradas son significativas para las estrategias de liderazgo en costes, diferenciación en producto-enfoque y diferenciación en marketing.

4 A partir del análisis factorial se extrajeron los cuatro factores indicados, los cuales permiten explicar el 79,048% de la varianza. Todas las variables adquirieron puntuaciones superiores a 0,5 y las comunalidades obtenidas fueron elevadas. Por tanto, los factores han contribuido a explicar una proporción elevada de las mismas.

Tabla 16. Prueba de igualdad de medias para la estrategia de negocio en función de la forma jurídica de la empresa en dos categorías

Variables Media

tEmpresas mercantiles

Empresas de economía Social

Liderazgo en costes 3,35 3,70 -1,892*

Diferenciación en marketing 2,91 2,60 -2,686*

Diferenciación en producto-enfoque 3,19 2,72 -1,967***

Diferenciación en servicio 3,52 3,31 -1,649

* Significación p < 0,1; ** Significación p < 0,05; *** Significación p < 0,01Fuente: elaboración propia

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Para el caso de la estrategia de innovación tecnológica, efectuamos la comparación de medias para cada una de las dimensiones consideradas. Este análisis aparece recogido en la tabla 17. Como podemos observar, si bien las puntuaciones medias obtenidas para todas las variables son superiores para el colectivo de sociedades mercantiles, estas

diferencias son muy reducidas, alcanzando únicamente significatividad en cuanto a la importancia concedida a las innovaciones de producto, lo que a su vez es muestra del mayor número medio anual de productos nuevos o mejorados desarrollados por la empresa, así como a las fuentes de innova-ción externa.

Tabla 17. Prueba de igualdad de medias para la estrategia de innovación tecnológica en función de la forma jurídica de la empresa en dos categorías

Variables Media


Empresas de economía Social

Postura tecnológica 3,28 3,22 0,558

Innovación de producto 3,68 3,49 1,393*

Innovación de proceso 3,53 3,50 0,435

Fuentes de innovación internas 2,79 2,85 -0,630

Fuentes de innovación externas 3,71 3,47 1,722**

Esfuerzo innovador 3,29 3,18 0,652

Número medio anual de productos nuevos o mejorados

1,23 0,76 -2,035**

Número medio anual de procesos nuevos o mejorados

0,55 0,51 0,542

* Significación p < 0,1; ** Significación p < 0,05Fuente: elaboración propia

En cuanto a la comparación del perfil exportador de los dos grupos de empresas consideradas, presentamos el análisis descriptivo de la información recogida en la investigación de campo que se ha realizado en relación con la actividad exportadora. Para valorar la

significación de las diferencias obser-vadas en las variables explicativas del resultado exportador de las empresas, se han realizado los correspondientes contrastes de medias, obteniéndose los resultados que se presentan en la tabla 18.

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Tabla 18. Prueba de igualdad de medias de las variables explicativas de la estrategia de exportación en función de la forma jurídica de la empresa en dos categorías

VariablesMedia


Empresas de economía social

Tamaño (número de trabajadores) 10,87 10,67 -0,683

Experiencia exportadora 12,87 12,95 0,295

Existencia de un departamento/órgano específico para la exportación

0,37 0,33 -0,681

Preferencia(b) 0,24 0,68 2,159**

Número de mercados 10,69 6,45 -2,017***

Diferenciación en marketing 3,29 3,23 0,675

Capacidad de producción 3,69 3,57 0,540

Especialización en productos 3,69 3,48 1,418*

Reputación-productos de prestigio 3,45 3,39 0,629

Adaptación de producto 3,87 2,86 4,92

Adaptación de la promoción 3,24 2,89 1,064

Adaptación del precio 3,01 3.25 0,891

Adaptación de la distribución 2,05 2,46 1,114

Barreras de procedimiento 2,85 2,64 -0,762

Barreras exógenas 2,98 2,74 -1,02

Barreras de conocimiento 2,52 2,73 0,96

* Significación p < 0,1; ** Significación p < 0,05; *** Significación p < 0,01(a) Variable binaria, por lo que el valor en la columna de medias corresponde al porcentaje de empresas que realizan la actividad expresada por la variable.(b) Variable binaria donde 1 = concentrar recursos; 0 = no concentrar, por lo que el valor en la columna de medias es el porcentaje de empresas que concentran recursos.Fuente: elaboración propia

Así, en cuanto al proceso de interna-cionalización, ambos colectivos llevan en promedio trece años en los mercados exteriores. Con respecto al tamaño, los valores medios de la plantilla (once trabajadores) de los dos grupos de empresas tampoco presentan diferencias. Por otra parte, el 33% de las empresas de economía social han manifestado la existencia en sus organizaciones de

un departamento o unidad específica encargada de la actividad exterior, frente al 37% para el resto de empresas, aunque esta diferencia no ha resultado significativa.

En cuanto a la estrategia de expansión de mercados, se han observado plan-teamientos distintos según el colectivo investigado. Las bodegas pertenecientes al grupo de empresas de economía

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social tienden a comercializar sus pro-ductos en un número más reducido de mercados exteriores que las sociedades mercantiles, orientándose de este modo hacia una estrategia de concentración de mercados. Por otro lado, el colectivo de bodegas mercantiles se caracteriza por un planteamiento estratégico orientado fun-damentalmente hacia la diversificación de mercados. Tal como destaca el test de medias para la variable preferencia, las diferencias observadas resultan significa-tivas y favorables al colectivo de empre-sas de economía social, confirmando una mayor concentración de las ventas para este colectivo: un 68% de las empresas de este grupo han manifestado llevar a cabo una estrategia de de concentración de recursos, frente a un 24% de sociedades mercantiles, que también lo hacen.

Con respecto a las tácticas competiti-vas aplicadas en los mercados exteriores, el contraste de medias nos permite señalar la existencia de diferencias para la variable especialización en productos. Más concretamente, hemos obtenido, para un nivel de significación p < 0,1, que las empresas mercantiles muestran una mayor capacidad de desarrollo de productos nuevos, especializados y diferenciados para los mercados de exportación que las empresas de econo-mía social. Finalmente, en relación con las estrategias de producto, promoción, precio y distribución, no se han apreciado diferencias significativas.

Conclusiones

El trabajo realizado ha tomado como base la forma jurídica adoptada por

las empresas agrarias, en particular las empresas vitivinícolas, partiendo de su agrupación en sociedades mercantiles y sociedades de economía social. Al margen de los resultados que pudieran obtenerse de la confrontación de las rentabilidades de ambos tipos de sociedades, nuestro objetivo se ha centrado en la comparación del comportamiento estratégico seguido por las bodegas de la d.o. La Mancha con distinta forma de gestión empresarial, motivado por las diferencias impuestas por su diversa naturaleza: hemos de tener en cuenta que los principios que guían a las entidades de economía social han condicionado el comportamiento de estas entidades desde sus inicios.

En primer lugar, con respecto a las características generales de ambos grupos de empresas, podemos señalar que no existen diferencias en cuanto a la dimensión empresarial; las socieda-des mercantiles presentan una mayor proporción de personal directivo y de comercialización; la antigüedad media de las sociedades mercantiles es inferior a la de las empresas de economía social; las empresas mercantiles compiten en ámbi-tos geográficos superiores a los elegidos por las empresas de economía social; las empresas mercantiles presentan mayor grado de integración vertical hacia las actividades de crianza y distribución, mientras que las empresas de economía social manifiestan una mayor integración vertical hacia las actividades de cultivo de la vid y vendimia, y, finalmente, son las empresas mercantiles las que realizan en mayor medida procesos de planificación estratégica.

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En lo que respecta al comportamiento estratégico, en términos generales, puede decirse que las empresas de economía social se orientan hacia una estrategia basada en el liderazgo en costes, mientras que las empresas mercantiles se basan en la diferenciación. A partir del contraste efectuado para las variables que definen la estrategia competitiva, encontramos que la importancia concedida por las empresas de economía social al liderazgo en costes en el desarrollo de su estrategia de negocio es superior a la otorgada por las empresas mercantiles, siendo signifi-cativa esta diferencia. En efecto, puede decirse que las cooperativas disfrutan con respecto a las sociedades mercan-tiles de una reducción en los costes de transacción, derivada de su capacidad de abastecimiento con materias primas procedentes de sus socios, sin necesidad de acudir al mercado. De esta forma, consiguen una reducción en los costes de transacción sin aumentar los costes de propiedad, lo que les permite ser mucho más flexibles, siendo otro aspecto positivo la obtención de una mayor flexi-bilidad en cuanto al momento y cuantía del pago por la materia prima entregada a la cooperativa, ya que este puede ser aplazado en el tiempo, reducido o, incluso, en circunstancias extremas, puede que no tenga lugar en el caso de una situación económica desfavorable de la cooperativa (Salazar y Galve, 2007). Esta ventaja de la empresa cooperativa se producirá en la medida que la empresa capitalista no esté totalmente integrada y utilice en algún grado el abastecimiento externo, sin que exista frecuencia en las

transacciones entre las partes, como es el caso de las empresas mercantiles de la muestra, que presentaron diferencias significativas en cuanto al grado de inte-gración vertical hacia atrás con respecto a las empresas de economía social.

Para la diferenciación en servicio, aun-que la valoración media de las empresas mercantiles es superior a la del colectivo alternativo, la diferencia no es significa-tiva. Sin embargo, no puede decirse lo mismo con respecto a la diferenciación en marketing y a la diferenciación en producto-enfoque. Para dichos factores competitivos, las empresas mercantiles presentan unos valores medios superio-res, siendo estas diferencias significativas. Es decir, por un lado, podemos señalar que las sociedades mercantiles realizan un mayor esfuerzo comercial que las sociedades cooperativas y sat,5 dirigido a lograr una marca identificable y una reputación en el mercado, a través de una promoción y publicidad superiores a la media del sector y de la mejora de la calidad de la publicidad, manifestando, asimismo, una mayor influencia en los canales de distribución. Por otra parte, destacan en la fabricación de productos especializados y de alto precio, así como en la especialización en segmentos geo-gráficos y en el mantenimiento de bajos niveles de inventario, confiriendo una gran importancia al desarrollo de nuevos productos y a la mejora de los existentes.

5 La Sociedad Agraria de Transformación (sat), es una sociedad civil de finalidad económico-social constituida para la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas, ganaderos o forestales, la realización de mejoras en el medio rural, promoción y desarrollo agrarios y la prestación de servicios comunes que sirvan a aquella finalidad.

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Aspecto este último que adquiere mayor consistencia al analizar la estrategia de innovación tecnológica.

En este sentido, las sociedades mer-cantiles destacan de forma significativa para las dimensiones de innovación de productos y fuentes de innovación externa. Asimismo, estas sociedades han introdu-cido en los tres últimos años un mayor número de innovaciones de producto que las empresas de economía social.

En cuanto al proceso de internacio-nalización, puede señalarse que ambos colectivos llevan en promedio trece años en los mercados exteriores, no existiendo diferencias en cuanto al tamaño medio de la plantilla (once trabajadores). Un 33% de las empresas de economía social han manifestado la existencia en sus organi-zaciones de un departamento o unidad específica encargada de la actividad exterior, frente al 37% para el resto de empresas, aunque esta diferencia no ha resultado significativa.

En cuanto a la estrategia de expansión de mercados, se observan planteamientos diferentes entre los grupos investigados. Así, mientras las empresas de economía social se orientan hacia una estrategia de concentración de mercados, las sociedades mercantiles han mostrado un planteamiento estratégico orientado fundamentalmente hacia la diversi-ficación de mercados. En este caso, las diferencias observadas resultaron significativas y favorables al colectivo de empresas mercantiles, confirmando una mayor dispersión de las ventas para este colectivo.

Para las tácticas competitivas aplicadas en los mercados exteriores, únicamente se encontraron diferencias significativas para la variable especialización en productos. Para el resto de variables de marketing-mix no se apreciaron diferencias estadís-ticamente significativas.

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Ponencia arbitradaExperiencias latinoamericanas de economía social

y su relación con los conceptos sectoriales

Valeria MUTUBERRÍA LAZARINI

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Experiencias latinoamericanas de economía social

y su relación con los conceptos sectoriales1

Latin American experiences in social economy

and their relation to sectoral concepts

Valeria MUTUBERRÍA LAZARINI*

La economía social, solidaria, popular, comunitaria, etcétera, ha adquirido un papel central en las últimas décadas en América Latina, aunque su existencia data de largos periodos de tiempo. Esto se debe a que en la región se están desarrollando procesos políticos, sociales, económicos y culturales que pretenden impulsar y sostener prácticas alternativas al modelo neoliberal centrado en el mercado, la competitividad y la eficien-cia, y que ha dejado como saldo un aumento significativo de la pobreza e indigencia (en América Latina la pobreza alcanza al 33% de la población y la indigencia al 13%, datos Cepal), exclusión de importante cantidad de población, desempleo, precarización de las condiciones de trabajo y devastación de los recursos naturales.

El resultado de estos efectos ha generado respuestas por parte de la sociedad latinoa-mericana. Se puede mencionar la visibilización, expansión, legitimación y consolidación de prácticas cuya lógica central es la reproducción de la vida y la generación de trabajo, y la discusión en torno al actual modelo de desarrollo económico, proponiendo la construcción de una nueva plataforma política, social y económica, proceso que no resulta sencillo, pero que es un desafío que se debe afrontar para revertir la actual situación de la región.

En estos nuevos caminos que América Latina se propone emprender, diversos países han puesto en escena la categoría economía social (también: comunitaria, popular, solidaria, etcétera) para proponer otras prácticas económicas y políticas.

1 Este trabajo fue presentado durante el II Encuentro de Investigadores de Unicosol, en la Universidad Cooperativa de Colombia. El artículo es inédito y su difusión se presenta de forma escrita por primera vez en esta revista.

* Economista, Universidad de Buenos Aires (uba). Magíster en Economía Social, Universidad Nacional de General Sarmiento (ungs). Doctoranda en Antropología Social, Universidad Nacional de San Martín (unsam). Investigadora e integrante de tes (Trabajando por la Economía Social). Ayudante de la maestría “Estructura Social Argentina” de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: [email protected]; [email protected]; [email protected]

Cómo citar este artículo: Mutuberría Lazarini, V. (2011, enero-junio), “Experiencias latinoamericanas de economía social y su relación con los conceptos sectoriales”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 140-145.

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Experiencias latinoamericanas de economía social y su relación con los conceptos sectoriales

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Así, se abre un abanico de propuestas que retoman prácticas ancestrales, como las existentes en los países andinos, denominadas economía comunitaria; prácticas que lleva adelante el sector popular urbano, tituladas economía popular; formas asociativas de produc-ción, distribución, consumo y acumu-lación enmarcadas en conceptos como economía social y solidaria, etcétera. Las características que tienen en común todas estas prácticas es que desafían los pilares del sistema capitalista, que centra especial atención al mercado, la com-petencia, la racionalidad instrumental, la eficiencia, la propiedad privada y la acumulación de la ganancia. En contra-posición, proponen formas asociativas de trabajo, consumo y acumulación, y respeto por el ser humano y la naturaleza como pilares de la riqueza, y priorizan la reproducción de la vida.

En este marco de posibilidad de desarrollo y sostenibilidad de la econo-mía social, solidaria y comunitaria en la región como práctica alternativa al capitalismo, se generan diversos desa-fíos para los gobiernos, funcionarios públicos, académicos y participantes de las experiencias. La presente ponencia pretende ser un espacio de debate, discusión y reflexión en relación con los abordajes teóricos, acciones guber-namentales y funcionamiento de las experiencias del sector que contribuya a pensar colectivamente propuestas nacionales y regionales en pos de generar mecanismos de fomento y sostenibilidad de la economía social, solidaria y comunitaria en la región. En

resumen, se busca generar un espacio de problematización de prácticas que generen “otra economía”.

El campo teórico en debate:

la necesidad de reflexionar

en torno a “otra economía”

¿Por qué hablamos de “otra economía”? Porque para hablar de las nociones, significados, y categorías que circulan en el sistema mundo y particularmente en Latinoamérica, sería muy necesario hablar de economía social, cuando esta categoría ha resultado polisémica, teniendo en cuenta los procesos y el contexto histórico, político, cultural, económico y social de regiones y países. Sin embargo, decir “otra economía” hace referencia a una categoría más amplia de experiencias y lógicas de acción.

Se entiende que pese a la diversi-dad y poca claridad en las fronteras de designación de estas prácticas o problematizaciones teóricas, haciendo un importante esfuerzo, se pueden tomar aquellos aspectos que han sido consensuados por los distintos autores a lo largo de las últimas décadas para denominar a este campo teórico y pragmático.

Pese a ello, se hace necesario sistema-tizar los autores de países centrales y de países de la periferia, para poder tomar posición y entender a qué nos referimos cuando hablamos de economía social, o de “otra economía”.

Es necesario recordar dónde y cuándo aparece la categoría economía social. Esto fue en Europa, en el siglo xix, durante el mismo periodo de expansión

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y hegemonización del capitalismo como modo de acumulación imperante. Su apa-rición tuvo una estrecha relación con los efectos devastadores que acompañaban el desarrollo de este sistema.

Si bien esta categoría es oriunda de Europa, con el paso de los años se instala en otros continentes. En particular, en América Latina, se comienza a hablar de economía social/solidaria en la década del ochenta, aunque su significado dis-taba de la concepción occidental.

Un punto central que se debe tener en cuenta para indagar sobre los abordajes de los países europeos y los países lati-noamericanos es que parten de procesos históricos, sociales, culturales, económi-cos y políticos distintos. Por ello, es nece-sario subrayar que la economía social es una categoría dinámica, relacional y en tensión.

En rasgos generales, se pueden carac-terizar ambas vertientes de la siguiente manera:

Países centrales

Objeto central: resolver necesidades que no resuelven el Estado ni el mercado, pensada desde la negativa. Categoría polisémica (tercer sector, sector autogestionario, etcétera).Definición de economía: asignación de recursos escasos para fines múltiples.Relación con el sistema capitalista: complementariedad. No pretende abolir ni cambiar el sistema capita-lista, sino paliar sus efectos.Formas organizacionales: cooperati-vas, mutuales y asociaciones; en los últimos años se han ampliado a otras formas.

Relación con el mercado: comple- mentaria.Relación con el Estado: comple- mentaria.

Países de la periferia

Objeto central: reproducción de la vida de la sociedad, generación de trabajo y mejoras de sus condiciones; desarrollo de prácticas de orga-nización del trabajo, producción, distribución, consumo y acumulación, alternativas al capitalismo. Categoría polisémica (economía popular, econo-mía solidaria, economía del trabajo, socioeconomía, etcétera).Definición de economía: economía sustantiva, relación entre hombres y mujeres y de estos con la naturaleza, con la finalidad de reproducir la vida. Economía: histórica, cultural, política y social. Relación con el sistema capitalista: crítica al sistema.Formas organizacionales: heterogénea.Relación con el mercado: competencia en desigualdad de condiciones, explo-tación, provisión de insumos, venta de la fuerza de trabajo, etcétera.Relación con el Estado: discusión en torno a la participación en el diseño, ejecución y control de las políticas públicas, acceso a recursos, normativa regulatoria, acceso a innovación tecnológica, entre otros.

Se quiere mencionar los principa-les autores latinoamericanos que han nutrido el debate en el campo de la eco-nomía social, y que tienen una postura propositiva:

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Tabla 1. Lista autores latinoamericanos

Autor Concepción Sujeto Objetivo

Aníbal Quijano Economía popular Experiencias diversasSistemas alternativos de producción

José Luis CoraggioEconomía popular/economía social/eco-nomía del trabajo

TrabajadorSector popular

Reproducción ampliada de la vida. Proyecto político de cambio societal

Franz Hinkelammert Economía para la vidaSujeto necesitadoNaturaleza

Resguardar las bases materiales de la vida: el trabajo y la naturaleza

Paul Singer Economía solidariaTrabajador autogestionado

Socialización de los medios de producción/socialismo

Luis Razeto Economía Solidaria

Experiencias diversas: pueblos originarios, pobres, mujeres, etcétera.

Encastrar la solida-ridad en los procesos económicos


Con ánimo de contribuir al debate y la discusión, a continuación se expone una propuesta que visibiliza dos enfoques teóricos (Mutuberría Lazarini y Serrano Mancilla, 2010):

a) Un primer enfoque, que entiende la economía social como una solu-ción dentro del sistema capitalista. Este enfoque engloba diferentes propuestas.

La economía social es una econo-mía de “pobres para pobres”, donde se postulan estrategias, políticas y programas de alivio a la pobreza. La economía social es interpretada como un sistema de garantías de derechos sociales, con el objetivo de reconstituir espacios propios del Estado de bienestar.

La economía social es interpretada como el fomento y conformación de cooperativas, en línea con el enfoque de países centrales, pero adaptado a la realidad de cada país.

b) El segundo enfoque hace referencia a la economía social como práctica transformadora, emancipadora, y apunta al desarrollo de “otra econo-mía” alternativa al sistema capitalista.

Hasta aquí, la definición, la concep-tualización y el significado expuestos se retoman desde el ámbito académico. Pero cabe mencionar que las experiencias enmarcadas en la “economía social” muchas veces no la denominan de esta manera y, en este sentido, se debe ser muy cuidadoso. Este tema se tratará en próximos apartados.

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No se quiere dejar de mencionar la incidencia que han tenido el Estado y los gobiernos en la denominación de la economía social a través de mecanismos formadores de identidad y de sentidos, como son las políticas públicas, las leyes, las cartas magnas —constituciones— y todos aquellos instrumentos que regulan o generan marcos normativos que impac-tan en estas prácticas.

Experiencias de economía social en

América Latina

Para analizar las prácticas enmarcadas en la economía social, tenemos un gran desafío, que consiste en mirar desde la complejidad en que estas experiencias se desarrollan: relación entre experiencias, con el Estado y con el mercado (comple-mentariedad con el mercado, desmercan-tilización de actividades, atomización, posibilidad de trabajo en red, organización de la vida cotidiana, acceso a recursos monetarios y no monetarios, etcétera). Especialmente en Latinoamérica, las experiencias existentes son muy variadas.

Se puede mencionar, en el caso de Argentina (aunque existen infinidad de experiencias), el desarrollo de orga-nizaciones de hábitat popular en las comunidades para la resolución de las necesidades habitacionales, que luego complementan acciones de producción y de reproducción. También se encuentran las empresas recuperadas por sus trabaja-dores, cuyo objetivo es el resguardo de la fuente de trabajo, la democratización de la gestión, toma de decisiones y medios de producción. No se quiere dejar de

mencionar aquellas experiencias de circu-lación del dinero para el acceso a bienes y servicios, como son las monedas sociales, y la democratización en la gestión y uso del dinero, como la modalidad de bancos comunales.

En el caso de Brasil, también existen infinidad de experiencias, entre las que se pueden mencionar la formación de cadenas de valor, el desarrollo de espacios de consumo responsable y comercio justo, las empresas recuperadas por sus trabajadores y las experiencias de moneda social que han impactado en el desarrollo local. No se quiere dejar de mencionar la importante ingeniería institucional que sostiene el desarrollo de la economía solidaria en Brasil, que va desde la conformación de los foros estaduales y el Foro Federal de Economía Solidaria hasta la creación de la Secre-taría Nacional de Economía Solidaria, enmarcada en el Ministerio de Trabajo y Empleo, y, por último, el Sistema Nacional de información en Economía Solidaria (sies).2

Para concluir, se quiere hacer mención al desarrollo de la economía comunitaria en Bolivia y Ecuador, práctica con fuerte arraigo en la lógica comunitaria andina, propia de los pueblos originarios de la región. En este caso, no se puede dejar de mencionar el papel que tuvieron las asambleas constituyentes para la renovación de las cartas magnas de cada uno de los países, donde se reconocen estados plurinacionales, se visibilizan las prácticas comunitarias, cooperativas,

2 http://www.mte.gov.br/ecosolidaria/sies.asp

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asociativas y colectivas como formas plausibles de organización económica y social, que tienen como objetivo el vivir bien y el buen vivir de las sociedades.

Desafíos y perspectivas de

desarrollo de la economía social en

América Latina

En la actualidad, existen grandes desa-fíos para dar impulso a las prácticas que se enmarcan en lo que podemos llamar economía social.

La necesidad de revisión de los marcos normativos y las políticas públicas; el involucramiento y participación de los trabajadores en los procesos productivos, de gestión y de toma de decisiones; sor-tear la atomización de las experiencias y tender a la conformación de redes; gene-rar mecanismos para la sostenibilidad de las experiencias; mejorar la calidad de los bienes y servicios ofrecidos; conformar cadenas de valor; acompañamiento y for-mación de profesionales que atiendan las necesidades de las experiencias, etcétera.

Campo científico: el papel del

investigador y revisión de las

metodologías de investigación

En este aspecto, también existen impor-tantes desafíos para el desarrollo de un campo de investigación y de producción de conocimiento que contribuya al desa-rrollo, fortalecimiento y sostenibilidad de la economía social —“otra economía”—.

Para ello, se propone revisar, debatir y reflexionar sobre los siguientes aspectos:

La economía social es un campo de conocimiento complejo, dinámico y

relacional, y como tal amerita un abor-daje que se nutra de diversas disciplinas: economía, sociología, antropología, historia, psicología, entre otras. Preguntarse y repreguntarse: cómo nos reconocemos los investigadores en este campo (investigadores duros, facilitadores de los procesos, etcétera). Es necesario problematizar: ¿quién cons-truye-produce conocimiento? ¿Quién lo distribuye? ¿Quién lo consume? ¿Quién acumula ese conocimiento?El análisis puede abordarse desde dis-tintos niveles: micro, meso y macro. Con ello, se enriquece la mirada de los procesos, dado que pueden detectarse los impactos macro en las experiencias micro, o los efectos de las prácticas en el territorio (nivel meso). Es importante la revisión de método de recolección de información, y para ello se quiere mencionar la comple-mentariedad de técnicas cuantitativas y cualitativas. Es necesaria la valoriza-ción de técnicas cualitativas, como la observación, participación de espacios diversos, entrevistas en profundidad y sistematización, para recabar la percepción de los actores, en tanto interese resaltar la construcción de la identidad. Retomar los aportes de la investiga-ción acción participativa.

Referencias

Mutuberría Lazarini, V. y Serrano Mancilla, A. (2010), “Procesos económicos recientes en América Latina: un análisis crítico”, Mimeo.

Contribución especialLa ONU declara el 2012

como año internacional del cooperativismo

Eduardo H. FONTELA

La banca cooperativa argentina: 1979-1997

Daniel Elías PLOTINSKY

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La ONU declara el 2012 como

año internacional del cooperativismo1

UN declares 2012 International Year of Cooperatives

Eduardo H. FONTELA*

Resumen

En el presente escrito se describen datos relevantes frente a la celebración del año internacional del

cooperativismo, se reseñan varios acontecimientos y adicionalmente se presenta la declaración oficial

que realizó la ONU frente la declaración del año internacional del cooperativismo.

Son varios los precedentes en los que se evidencia el aporte del sector cooperativo en el desarrollo

de los países. Por ello, el consolidado de estos hallazgos motiva una gran celebración que sin duda

alguna estará alimentada por múltiples eventos académicos que motivarán la reflexión de las realida-

des contextualizadas en cada país y presentarán propuestas para el continuo cambio y mejoramiento

de nuestras sociedades.

Palabras clave: cooperativismo, desarrollo social, modelo de desarrollo, movimiento cooperativo,

solidaridad.

Abstract

This document describes some relevant data about celebration of International Year of Cooperatives,

also outlines several events and presents UN official statement regarding statement of international

year of cooperatives.

There are several antecedents where a contribution by cooperative sector is evidenced developing

countries. Therefore, a result of these findings clearly motivates a celebration fed by several academic

events that inspire a reflection on realities in context of each country and submit proposals for a con-

tinuous change and improvement of our societies.

Keywords: cooperatives, social development, development model, cooperative movement, solidarity.

Descriptors: P130 - Cooperative Enterprises P590: Comparative Economic Systems: Other A190 -

General Economics: Other

1 Recibido como contribución especial el 12 de enero del 2011. Este artículo se publica con fines exclusivamente de divulgación.

* Profesor universitario de la Universidad Nacional de Lujan, Argentina y Universidad Católica de Salta, Argentina y consultor argentino. Licenciado en Cooperativismo y Mutualismo de la Universidad del Museo Social Argentino y licenciado en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Correo electrónico: [email protected]

Cómo citar este artículo: Fontela, E. H. (2011, enero-junio), “La onu declara el 2012 como año internacional del cooperativismo”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 148-153.

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La ONU declara el 2012 como año internacional del cooperativismo

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Las cooperativas deben prepararse para celebrar, porque el 2012 será su año internacional. Así lo declaró la Asamblea General de las Naciones Unidas (onu) el pasado 18 de diciembre del 2009, en al 64a reunión general, en una resolución sobre “Las Cooperativas en el Desarrollo Social”, apoyada por 55 países, entre ellos varios latinoamericanos. Decisión representativa que acredita y valora muy positivamente el aporte de las cooperati-vas al desarrollo sostenible.

Esta es la primera vez en la historia que el año será dedicado al sector cooperativo, lo cual ha sido recibido con beneplácito y gran aceptación por parte del movimiento cooperativo mundial.

En la resolución se reconoce que el modelo de empresa cooperativa es un factor importante en la realización del desarrollo económico y social. Especial-mente solicita a los gobiernos, institu-ciones internacionales, organizaciones cooperativas y entidades de promoción al desarrollo cooperativo brindar su apoyo y alentar su conmemoración (el texto completo de la Resolución 64/136 de la onu se transcribe como anexo).

En la actualidad, el sector cooperativo está formado por cerca de ochocientos millones de personas de más de cien países, y se estima que proporciona más de cien millones de empleos.

En su informe “Global 300”, la Alianza Cooperativa Internacional (aci) señaló que las 300 cooperativas más importantes del mundo son las responsables de gestionar un volumen de negocios total de 1,1 billones de dólares,

lo que representa el tamaño de la décima economía más grande del mundo.

Pauline Green, la presidenta de la aci, dijo en su primer mensaje a la asamblea:

El Año Internacional de las Cooperativas es un evento muy oportuno que repre-senta una profunda comprensión de todo el movimiento cooperativo. El modelo cooperativo es la mejor opción y ofrece la base para una forma más sostenible de hacer negocios en comparación con los modelos tradicionales del capitalismo (Green, 2011).

Grenn (2011) también afirmó que la propiedad de las cooperativas le per-tenece a “casi mil millones de personas de todo el mundo”, expresando que “no hay otro sector de la economía que pueda compararse con estas cifras”.

Para Ian Macdonald, director general de la aci:

Es muy oportuno recordar al mundo que existe más de una forma de hacer nego-cios y que en una economía globalizada todos tenemos que trabajar juntos, ya sea en la lucha contra la crisis econó-mica, la amenaza del cambio climático o la seguridad alimentaria. La empresa cooperativa ofrece una esperanza real de soluciones a estos problemas, y no tengo ninguna duda de que el aumento de perfil ofrecido por un Año Internacional, permitirá alcanzar importantes objetivos (Macdonald, 1997).

En un comunicado, la Organización Internacional del Trabajo (oit) aplaudió la proclamación del 2012 como el “Año Internacional de las Cooperativas”. Señaló que las cooperativas tienen un papel fundamental en la promoción del

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desarrollo socioeconómico de cientos de millones de personas en todo el mundo, especialmente en tiempos de crisis.

Tanto en la Argentina como en Latino-américa, donde buscamos y queremos un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible, debemos hacer una evaluación equilibrada sobre el accionar cooperativo, así como sumar esfuerzos y prepararnos desde el sector cooperativo y de la economía social en su conjunto, tanto para aumentar la visi-bilidad ante la sociedad como para que sus propuestas y peticiones sean reconocidas e incorporadas en las políticas públicas nacionales y de los estados provinciales y municipales. Ya que la visión, misión y la lógica de gestión de las empresas coope-rativas es una opción para un desarrollo nacional y un punto de equilibrio entre el capitalismo y el socialismo.

Según datos del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), en Argentina existen 12.760 cooperativas registradas, con 9.392.713 asociados. Esta es una excelente plataforma para la conmemoración del 20122 que nos debe animar, por un lado, a trabajar por su consolidación y por un mayor protagonismo en la economía nacional y en la agenda internacional y, por otro, a prepararnos para dar a conocer bien lo que se hace y cómo se hace desde la gestión cooperativa.

Esto será posible a partir de la con-junción de las iniciativas públicas y privadas, especialmente de las empresas cooperativas y de la economía social,

2 En Colombia, según datos de Confecoop (2011) el sector de la economía solidaria está compuesta por 10.866 empresas agrupando a 6,2 millones de personas (comentario al pie del editor).

respetando sus autonomías e identidades y construyendo liderazgos articulados, ampliados, compartidos y de equipo, que hoy no abundan.

También creemos que a través de esta relación, podremos lograr una mejor mirada y entendimiento con el Estado nacional y los estados provinciales y municipales sobre la visión y objetivos que conforman el pensamiento y las actividades de las cooperativas.

El Estado debe igualar oportunidades para las cooperativas, estableciendo com-plementariedades mutuas, si pretender subordinarlas.

Anexo

Copia de la Resolución VII de la ONU

Cooperativas en el desarrollo social

La Asamblea General:

Recordando sus resoluciones 47/90, de 16 de diciembre de 1992, 49/155, de 23 de diciembre de 1994, 51/58, de 12 de diciembre de 1996, 54/123, de 17 de diciembre de 1999, 56/114, de 19 de diciembre de 2001, 58/131, de 22 de diciembre de 2003, 60/132, de 16 de diciembre de 2005, y 62/128, de 18 de diciembre de 2007, relativas a las cooperativas en el desarrollo social,

Reconociendo que las cooperativas, en sus distintas formas, promueven la máxima participación posible de todas las personas en el desarrollo económico y social, incluidos las mujeres, los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad y las personas indígenas, son cada vez más un factor clave del desa-

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rrollo económico y social y contribuyen a la erradicación de la pobreza,

Reconociendo también la importante contribución que aportan y pueden ofrecer las cooperativas de toda índole al seguimiento de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II), incluidas sus conferencias de examen quinquenales, la Cumbre Mun-dial sobre la Alimentación, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejeci-miento, la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Cumbre Mundial 2005,

Observando con aprecio la función que puede desempeñar el establecimiento de cooperativas en la mejora de las condicio-nes sociales y económicas de los pueblos indígenas y las comunidades rurales,

Recordando la resolución 1980/67 del Consejo Económico y Social, de 25 de julio de 1980, sobre años y aniversarios internacionales,

1. Tomar nota del reporte del Secretario-General sobre cooperativas en el desarrollo social;

2. Proclamar el 2012 como Año Inter-nacional de las Cooperativas;

3. Alienta a todos los Estados Miembros, así como a las Naciones Unidas y a todos los demás interesados per-tinentes, a que aprovechen el Año Internacional de las Cooperativas para promover las cooperativas y aumentar la conciencia sobre su contribución al desarrollo económico y social;

4. Llama la atención de los Estados Miembros hacia las recomendaciones que figuran en el informe del Secreta-rio General sobre futuras actividades para promover el crecimiento de las cooperativas como empresas comer-ciales y sociales que puedan contribuir al desarrollo sostenible, la erradica-ción de la pobreza y la creación de medios de vida en diversos sectores económicos en las zonas urbanas y rurales y prestar apoyo a la creación de cooperativas en esferas nuevas y que comienzan a perfilarse;

5. Alienta a los gobiernos a que sigan examinando, según proceda, las dispo-siciones jurídicas y administrativas que rigen las actividades de las cooperativas a fin de promover su crecimiento y sostenibilidad en un entorno socioeco-nómico que evoluciona con rapidez, entre otras cosas, estableciendo para las cooperativas condiciones equiparables a las de otras empresas comerciales y sociales, incluidos incentivos fiscales apropiados y el acceso a los servicios y mercados financieros;

6. Insta a los gobiernos, las organiza-ciones internacionales competentes y los organismos especializados a que, en colaboración con las organi-zaciones nacionales e internacionales de cooperativas, presten la debida atención al papel y la contribución de las cooperativas en la aplicación y el seguimiento de los resultados de la Cumbre Mundial sobre Desa-rrollo Social, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos

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(Hábitat II), incluidas sus conferencias de examen quinquenales, la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, la Conferencia Inter-nacional sobre la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y la Cumbre Mundial 2005, entre otras cosas:

a) Aprovechando y desarrollando plenamente las posibilidades que tienen las cooperativas de con-tribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo social, en particular la erradicación de la pobreza, la generación de empleo pleno y productivo y una mayor integración social.

b) Alentando y facilitando el esta-blecimiento y el desarrollo de las cooperativas, incluso adoptando medidas para que las personas que viven en la pobreza o pertenecen a grupos vulnerables, incluidos las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas de edad y las personas indígenas, puedan participar plenamente, de forma voluntaria, en las cooperati-vas y atender a sus necesidades de servicios sociales.

c) Tomando medidas apropiadas para crear un entorno propicio y favora-ble al desarrollo de las cooperativas, entre otras cosas, estableciendo una asociación efectiva entre los gobier-nos y el movimiento cooperativista mediante consejos consultivos u órganos asesores conjuntos, y promoviendo e implementando

mejor legislación, investigación, intercambio de buenas prácticas, capacitación, asistencia técnica y fomento de la capacidad de las cooperativas, especialmente en los ámbitos de gestión, auditoría y técnicas de comercialización.

d) Aumentando la conciencia del público sobre la contribución de las cooperativas a la generación de empleo y al desarrollo socioeco-nómico, promoviendo una labor amplia de investigación y reunión de datos estadísticos sobre las actividades de las cooperativas, y su efecto socioeconómico global y en el empleo, en los planos nacional e internacional, y promoviendo la formulación de políticas naciona-les bien concebidas mediante la armonización de las metodologías estadísticas.

7. Invita a los gobiernos a que, en colaboración con el movimiento cooperativista, elaboren programas destinados a aumentar la capacidad de las cooperativas, incluso perfec-cionando las aptitudes de sus miem-bros en materia de organización, gestión y finanzas, y a que instauren y apoyen programas destinados a mejorar el acceso de las cooperativas a las nuevas tecnologías;

8. Invita a los gobiernos y las organi-zaciones internacionales a que, en colaboración con las cooperativas y las organizaciones de cooperativas, promuevan, cuando corresponda, el crecimiento de las cooperativas agrícolas mediante el acceso fácil a

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financiación asequible, la adopción de técnicas de producción sostenibles, las inversiones en infraestructura rural y de riego, el fortalecimiento de los mecanismos de comercialización y el apoyo a la participación de la mujer en las actividades económicas;

9. Invita también a los gobiernos y las organizaciones internacionales a que, en colaboración con las cooperativas y las organizaciones de cooperativas, promuevan, cuando corresponda, el crecimiento de las cooperativas financieras a fin de alcanzar el obje-tivo de una financiación inclusiva mediante el acceso fácil a servicios financieros asequibles para todos;

10. Invita a los gobiernos, las organiza-ciones internacionales competentes, los organismos especializados y las organizaciones locales, nacionales e internacionales de cooperativas a que sigan celebrando cada año, el primer sábado de julio, el Día Internacional de las Cooperativas, proclamado en su resolución 47/90;

11. Solicita al Secretario General que, en cooperación con las organizaciones competentes de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, y con las organizaciones nacionales, regionales e internacionales de coo-perativas, siga prestando apoyo a los Estados Miembros, cuando proceda, en sus esfuerzos por crear un entorno propicio al desarrollo de las coopera-tivas, proporcionando asistencia para desarrollar los recursos humanos, ofreciendo asesoramiento técnico y capacitación, y promoviendo un intercambio de experiencias y mejores

prácticas por medios como conferen-cias, cursos prácticos y seminarios en los planos nacional y regional;

12. Solicita también al Secretario Gene-ral que en su sexagésimo sexto periodo de sesiones, le presente un informe sobre la aplicación de la presente resolución en el que figure una propuesta sobre las actividades que habrán de emprenderse durante el Año Internacional de las Coope-rativas dentro de los límites de los recursos existentes.

64ª sesión plenaria18 de diciembre del 2009

Referencias

Confederación Nacional de Cooperativas de Colombia (Confecoop) (2011), Desempeño del sector cooperativo colombiano 2010, Bogotá, Confecoop.

Grenn, P. (2011), “cicopa, Organización inter-nacional de las cooperativas de producción” [en línea], disponible en: http://www.cicopa.coop/Dame-Pauline-Green-fue-elegida.html, recuperado: 17 de febrero del 2011.

Instituto Nacional de Asociativismo y Econo-mía Social (inaes) (2008, noviembre), Las cooperativas y las mutuales en la república argentina; reempadronamiento nacional y censo económico sectorial de cooperativas y mutuales, Argentina, Fecescor.

Macdonald, I. (1997), Asamblea general de la ACI, España, Alianza Cooperativa Internacional.

Organización de las Naciones Unidas (onu) (2010), “Resolución VII, Cooperativas en el desarrollo social” [en línea], disponible en: http://www.aguilaprensa.com.ar, recu-perado: 15 de enero del 2011.

Revista del cooperativismo sanitario “Com-partir” (2010, enero-marzo), núm. 77, Bar-celona, Fundación Espriu.

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The Argentine Cooperative Banking, 1979-1997

Daniel Elías PLOTINSKY*

Resumen

La Ley de Entidades Financieras, impuesta por la dictadura gobernante en 1977, prohibió la operatoria

de las cajas de crédito aunque, como respuesta a la resistencia desarrollada por el movimiento coope-

rativo, autorizó su transformación en bancos cooperativos. Esto provocó la fusión de 375 cajas que

dieron lugar a 77 bancos nuevos. El proyecto económico-social dictatorial fue continuado con ligeras

variantes por los subsiguientes gobiernos constitucionales, que desarrollaron políticas favorables a las

facciones más concentradas de la economía.

El trabajo analiza el impacto del proceso de desnacionalización y concentración del sistema financiero

argentino promovido por las políticas neoliberales en la banca cooperativa, las estrategias aplicadas

por las entidades asociadas al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para sobrevivir y las polí-

ticas desarrolladas por el Banco Credicoop, que le permitieron subsistir como único banco cooperativo

en el que sobreviven —a través de sucesivas fusiones— 117 cajas que originalmente habían confor-

mado 16 bancos.

Palabras clave: análisis histórico, cooperativismo, finanzas solidarias, sistema financiero.

Abstract

The Financial Institutions Act imposed in 1977 by then ruling dictatorship banned credit unions

operation; however, responding to resistance offered by the cooperative movement, approved their

transformation into cooperative banking. Such decision caused a merger of 375 credit unions resulting

1 Recibido como contribución especial el 6 de febrero del 2011. Este artículo se divulga con fines exclusivamente académicos.

* Profesor de Historia, Universidad de Buenos Aires, 1978. Doctorando en Historia, Universidad Nacional de Tres de Febrero. Investigador adscripto al Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (desde 1995). Director del Archivo Histórico del Cooperativismo de Crédito (desde 1996). Coordinador del Departamento de Cooperativismo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini (desde el 2007). Profesor de Historia del cooperativismo y Economía Social, Programa Latinoamericano de Educación a Distancia en Ciencias Sociales (pled), Centro Cultural de la Cooperación y Universidad Nacional de Río Cuarto (desde el 2009). Colaborador de la Revista Idelcoop, Instituto de la Cooperación, Fundación de Educación, Investigación y Asistencia técnica, Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico: [email protected].

Cómo citar este artículo: Plotinsky, D. A. (2011, enero-junio), “La banca cooperativa argentina: 1979-1997”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 154-172.

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El proceso de concentración de

la banca cooperativa argentina.

De la “tablita”2 al “efecto tequila”

El cooperativismo de crédito argentino se desarrolló en tres etapas. La primera abarca desde sus orígenes, a principios del siglo veinte, hasta fines de la década de los cincuenta, periodo en que las entidades se caracterizaron por un funcionamiento cuasi mutual y por estar vinculadas mayoritariamente a institu-ciones de la colectividad judía.

A partir de 1958, la creación del Ins-tituto Movilizador de Fondos Cooperati-vos (imfc) como cooperativa de segundo grado provocó una verdadera explosión en el número y la dispersión geográfica de las entidades. Desde ese momento, las cajas de crédito cooperativas desarrolla-ron un nuevo tipo de operatoria basada en la captación de recursos mediante cuentas a la vista, compensados por una

2 Sistema de pequeñas devaluaciones mensuales progresivas del peso argentino respecto al dólar estadounidense, programado por el Banco Central de la República Argentina. Estuvo vigente en 1979 y 1980.

cámara nacional de órdenes de pago. Esto les permitió disponer de entre el 9 y el 11% del total de los depósitos del sistema financiero, que las cajas cana-lizaron a la financiación de pequeñas y medianas empresas, cooperativas y personas (Sturla, 1968; Gleizer, 1981; Castell, 1985 y Plotinsky, 2006).

El desarrollo del cooperativismo en un sector tan sensible como el financiero provocó la temprana oposición de los bancos nacionales y extranjeros, así como de sectores de la gran burguesía, lo que generó una serie de normativas y acciones restrictivas por parte del Estado argentino (Mizrahi, 1976; Schujman, 1978; Plotinsky, 2008).

La tercera etapa, aún en desarrollo, comenzó cuando la dictadura militar que tomó el poder en 1976 instauró —como parte de un proceso mundial de imposi-ción del modelo neoliberal— un conjunto de políticas públicas que tenían como fundamento promover una concepción del mundo individualista y competitiva, promotora de la desigualdad social,

in 77 new banks. The socioeconomic plan of the dictatorial rule was continuous with slight variations

by subsequent constitutional governments, whose policies were developed to favor the most con-

centrated sectors of the economy. This paper examines the impact on cooperative banking caused

by the process of denationalization and concentration of the Argentina’s financial system fostered

by neoliberal policies, the survival strategies applied by entities related to Instituto Movilizador de

Fondos Cooperativos, and those policies designed by Banco Credicoop, enabling it to subsist as the

only cooperative bank where currently coexist 117 credit unions —following subsequent mergers,

which had firstly formed 16 banks.

Keywords: historical analysis, cooperativism, social finance, financial system.

Descriptores: G210 - Banks; Other Depository Institutions; Micro Finance Institutions; Mortgages -

G280 - Financial Institutions and Services: Government Policy and Regulation - N260 - Economic His-

tory: Financial Markets and Institutions: Latin America; Caribbean.

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cultural, económica y política. Todo ello acompañado de un autoritarismo y una violencia inéditos en nuestro país. En ese contexto, la Ley de Entidades Financieras impuesta por el gobierno dictatorial en 1977 prohibió la continuidad de la operatoria de las cajas de crédito aunque, como respuesta a una serie de acciones públicas desarrolladas por el movimiento cooperativo, autorizó su transformación en bancos comerciales bajo forma jurí-dica cooperativa. El proceso concluyó en junio de 1979 con la creación de 77 bancos cooperativos (Plotinsky, 2009).

El proyecto económico-social dictato-rial fue continuado con ligeras variantes por los gobiernos constitucionales, que desarrollaron políticas tendientes a favo-recer a las facciones más concentradas de la economía. En este contexto, más de treinta bancos cooperativos desaparecie-ron por distintos motivos en el transcurso de su primera década de existencia.

Durante los años noventa se produjo una nueva reconversión del sistema financiero por medio del cierre o la venta de bancos estatales y la entrada masiva de entidades de origen extranjero. El grupo más golpeado durante ese proceso fue nuevamente la banca cooperativa, que redujo su presencia de 44 a dos entidades entre 1991 y 1999, y sólo a una a partir del 2005.

En ese marco, el trabajo se propone analizar el impacto del proceso de desnacionalización y concentración del sistema financiero argentino generado por las políticas neoliberales en el desarrollo de la banca cooperativa; las estrategias aplicadas por el sector del

movimiento cooperativo organizado en torno al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos para preservar la presencia cooperativa en todo el territorio del país, y las políticas desarrolladas por el Banco Credicoop Coop. Ltdo., que le permitie-ron subsistir y que hoy sobrevivan en esa entidad —por medio de un complicado proceso de fusiones— 117 cajas de crédito que en 1979 habían conformado 16 bancos cooperativos.

Los bancos cooperativos y la crisis

del sistema financiero (1979-1983)

El 15 de febrero de 1977 el gobierno dictatorial sancionó la mal llamada Ley 21.526 de Entidades Financieras. Por ella, si bien queda vedado a las cajas de crédito la posibilidad de operar en cuentas a la vista, se les otorgaba la posibilidad de transformarse en bancos comerciales conservando su forma jurí-dica cooperativa. Para ello se daba un plazo de un año, extensible a dos, para adecuar su estructura al nuevo régimen legal mientras seguían operando de la manera habitual.

Como resultado final de un complejo proceso, 273 cajas de crédito coopera-tivas de las 375 existentes decidieron optar por su transformación de clase, dando lugar a la aparición, entre abril de 1978 y junio de 1979, de 77 nuevos bancos cooperativos, de los cuales 62 se adhirieron al imfc.3 Estos nuevos bancos se sumaban a los 8 preexistentes, totalizando 85 instituciones bancarias

3 En 1975 las entidades que no integraban el imfc habían creado la Federación de Bancos Cooperativos (Febancoop), de carácter gremial.

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cooperativas. De las entidades que opta-ron por transformarse, 41 lo hicieron en forma individual y 232 se fusionaron para constituir los 36 bancos restantes. La distribución distrital de las nuevas entidades, según la ubicación de su casa central, era la siguiente: Capital Federal: 11; Buenos Aires: 14; Santa Fe: 30; Córdoba: 10; Entre Ríos: 2; Tucumán: 4; Mendoza: 3; Misiones, San Juan y Santiago del Estero, una respectivamente (Plotinsky, 2009).

Casi simultáneamente comienzan a observarse las primeras señales de agota-miento del modelo económico impuesto en 1976 por el ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. En marzo de 1980 se produjo la primera eclosión fuerte de la crisis en el plano financiero cuando el gobierno determinó el cierre del Banco de Intercambio Regional S.A., que había llegado a ser el más importante de los de capital nacional. La medida provocó un sacudón bancario de profundos alcances que se agudizó pocos días después con la clausura de otros tres bancos. En los siguientes seis meses fueron liquidadas o intervenidas un total de 32 instituciones financieras.

Frente a la corrida financiera y la fuga de capitales, el gobierno restableció la garantía de los depósitos y utilizó gran parte de las reservas para devolver los dineros colocados en las entidades intervenidas o quebradas. El fin de las expectativas que había generado la política financiera comenzaba a generar amplios descontentos sociales (Rapoport, 2000). Durante la breve presidencia del

general Roberto Viola —marzo a diciem-bre de 1981— la economía mostró signos evidentes de caída y extrema debilidad: el pbi descendió un 5,7% y la tasa de inflación anual creció del 100 al 131%. Por otra parte, la deuda externa, que al comienzo de la dictadura era de 8.000 millones de dólares, había alcanzado los 35.000 millones a fines de 1981. El 1º de abril se eliminó la “tablita” cambiaria (Sirlin, 2006) y se produjo una devaluación del peso de un 30,14%, a la que se le sumó otra del 30% en junio, pero la crisis bancaria siguió. Para atenuar esa situación, el Banco Central de la República Argentina (bcra) puso en marcha una serie de mecanismos de ayuda —adelantos, redescuentos y líneas especiales de crédito— y salió a sostener algunas de las más grandes empresas endeudadas.

En medio de esa crisis, la banca cooperativa se mantuvo en los niveles anteriores. En julio de 1980 los bancos cooperativos representaban en conjunto el 8,7% de los depósitos del sistema. Seis meses después, los 79 bancos sobrevi-vientes mantenían el tercer lugar con el 8%. Se observa, sin embargo, que a dos años del comienzo de la operatoria de las primeras entidades ya habían despa-recido seis. Esto se correspondía con dos situaciones diferentes: la liquidación de algunos bancos como consecuencia de la inestabilidad del sector financiero y la crisis de ciertas economías regionales que hicieron inviables algunos proyectos construidos sobre la transformación de una sola caja de créditos. Un ejemplo

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de esta última situación fue el Banco de Oberá, que estaba en una zona pre-dominantemente algodonera. Antes de su transformación, la Caja de Créditos había otorgado gran cantidad de présta-mos prendarios para que los productores comprasen herramientas y maquinaria agrícola. Al caer los precios del algodón, los agricultores no pudieron devolverlos y las relaciones técnicas lo llevaron a ser el primer banco cooperativo en desapa-recer por intervención del bcra en abril de 1979, a menos de un año de comenzar a operar (Gorini, 2003 y Gil Navarro, 2008, entrevistas).

Las dificultades económicas y opera-tivas continuaron e incluso se hicieron más graves durante 1980. La orientación general del imfc fue que los bancos cooperativos trataran de articular sus experiencias, a cuyo efecto se realizaron encuentros zonales y nacionales. Para los casos más graves, sugería recurrir a la integración institucional.4 A principios de 1981 se produjo el primer caso: el pequeño Banco Dos Provincias se incor-poró al Horizonte.

4 La Ley 20.337 establece dos modalidades de integración: por fusión, cuando dos o más cooperativas se disuelven sin liquidarse y constituyen una nueva cooperativa con el patrimonio de aquellas, y por incorporación, cuando las cooperativas incorporadas se disuelven sin liquidarse y su patrimonio se transfiere a la incorporante.

En mayo de 1983, bajo el título “Rec-tificar el rumbo de la política económica para asegurar el tránsito a la democracia” y avalada por más de 40.000 firmas, se dio a conocer una solicitada que ocupó 32 páginas, a lo largo de once días, del diario Clarín (imfc, 1983). Sin embargo, el último tramo de la dictadura debió ser transitado por los bancos cooperativos en una situación de extrema dificultad. Las tasas se ubicaron muy por encima de la inflación y del nivel promedio de rentabilidad de las empresas, lo que realimentaba el proceso inflacionario y agravaba la situación de endeudamiento, sobre todo, de las pequeñas y medianas empresas. Se produjo además un enca-recimiento de los costos operativos, que afectó particularmente a los bancos cooperativos por cuanto el volumen medio de las operaciones que realizaban era pequeño frente a los crecientes gastos fijos.

En síntesis, al finalizar la dictadura habían desaparecido diez de los 85 bancos cooperativos existentes en 1979 (tabla 1).

Tabla 1. Cantidad total de bancos y de bancos cooperativos, 1978-1989 (al 31 de diciembre)

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

Total de bancos 156 218 213 205 203 209 209 197 190 177 174 176

Bancos cooperativos 39 85 79 76 75 75 72 63 57 53 50 49

Fuente: Verbeke (2005)

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El retorno de la democracia

(1983-1985)

En octubre de 1983 se llevó a cabo el acto eleccionario que reencauzó al país en la institucionalidad democrática y el 10 de diciembre asumió la presidencia de la República Raúl Alfonsín. A tres meses de su asunción, el Instituto Movilizador afirmaba en su memoria anual que el gobierno, consecuente con sus promesas electorales, había dado algunos pasos políticos que tuvieron gran impacto popular. No obstante, observaba que la instrumentación de las medidas económicas adoptadas aparecía “lenta, poco creativa, sin la fuerza necesaria para idear las condiciones de un rápido mejoramiento del nivel de vida de la población y la confianza necesaria para arrancar con una política de reactivación económica”. Señalaba, además, que la normativa dejada por la adminis-tración dictatorial seguía vigente, que parecía haberse decidido a encarar las soluciones con un gradualismo que no permitía avizorar una solución, y que la necesaria reactivación de la economía parecía haber sido postergada tras otros objetivos prioritarios: la renegociación de la deuda externa, la inflación y el déficit presupuestario (imfc, 1983).

Esa primera interpretación de la situación fue válida en gran parte para el resto de la década, ya que en términos generales no sólo no se produjeron cam-bios favorables sino que se agudizaron algunos de los peores aspectos de las políticas financieras impuestas por la dictadura militar.

Si bien durante los primeros meses se tomaron algunas medidas tendientes a incrementar la asistencia crediticia a las actividades productivas, esas disposicio-nes fueron rápidamente reemplazadas por la aplicación de una política mone-taria y bancaria fuertemente restrictiva, como consecuencia de las negociaciones entabladas con el fmi. En enero de 1984 el bcra solicitó a las asociaciones representativas del sector financiero su opinión respecto a la reforma de la Ley de Entidades Financieras heredada de la dictadura. El Instituto Movilizador elevó a tal efecto una propuesta que reflejaba los principios del cooperativismo y la experiencia del movimiento, pero el proyecto oficial se fue diluyendo.

Por otra parte, el Banco Central daba a conocer una proposición de redimen-sionamiento del sistema financiero basado en el cierre de 800 sucursales bancarias y dos meses después emitía una circular por la que ponía en conocimiento su resolución de promover la consoli-dación de los bancos cooperativos “con intervención cautelar por razones de liquidez y solvencia ya resuelta” o cuya intervención se dispusiera en el futuro, por fusión con otros bancos cooperati-vos. El imfc evaluó que era importante poder recuperar el patrimonio institucio-nal de las entidades que no podían seguir operando y solicitó una reunión a Feban-coop para fijar una estrategia común. Aquella determinación provocó ciertas esperanzas, pero el gobierno nacional no tomó ninguna decisión concreta que permitiera realmente mejorar la situación

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de los bancos en dificultades, por lo que el movimiento cooperativo de créditos realizó numerosas presentaciones y entre-vistas con funcionarios y legisladores.

La situación general del sistema bancario tenía como principal caracte-rística la concentración: de la cartera de créditos, ya que no más de 4.000 deudores recibían el 50% de los créditos en moneda nacional y el 80% en moneda extranjera; de la estructura del sistema, ya que sobre un total de 350 entidades financieras, los cinco primeros bancos captaban el 35% de los depósitos y los quince primeros el 48%; y regional, ya que el 82,2% de los créditos se entrega-ban en la Capital Federal y solo el 17,8% en el resto del país.

Frente a esta realidad, el imfc plan-teaba que la distribución del crédito era una herramienta clave para el crecimiento y el progreso económico. Considerando que “el ahorro nacional no pertenece a las entidades financieras sino al conjunto de la Nación”, el régimen operativo más adecuado debía ser la centralización de los depósitos. “El fundamento esencial de esta modalidad es otorgar al Estado —a través de bcra— un instrumento que posibilite la canalización del ahorro y la orientación del crédito” (imfc, 1984).

Del “Plan Austral” a la hiperinflación

(1985-1989)

La llegada a la cartera económica de Juan Sourrouille, a principios de 1985, implicó un viraje en las orientaciones económicas del gobierno. El llamado “Plan Austral” —debido a la nueva moneda que reemplazaba al peso—

tenía como prioridad bajar la inflación por medio de la reducción del déficit fiscal, una receta cercana a la ortodoxia liberal. El aumento de los impuestos a las exportaciones, la disminución de la emisión monetaria, el congelamiento de precios, tarifas públicas y salarios, la devaluación de la moneda en un 15% y el tipo de cambio fijo completaron el nuevo “paquete” económico. A diferencia del plan económico anterior, éste favorecía, con la apertura de la economía, el aumento de las exportaciones agrope-cuarias y de las ramas más concentradas de la industria vinculadas al mercado externo. La privatización de algunas de las empresas estatales profundizó los rasgos que venían delineándose desde la dictadura (Rapoport, 2000).

En cuanto al sector financiero, el “Plan Austral” se proponía mantener una política crediticia que conservara deprimida la demanda interna, por lo que se tomaron medidas para neutralizar el aumento de los depósitos con crecientes inmovilizaciones de los recursos captados (Filadoro, Giuliani y Mazzeo, 2006).

Estas medidas dañaron particular-mente a los bancos cooperativos, que se perjudicaron además con la decisión del Banco Central de avanzar en el redimen-sionamiento del sistema sin modificar la Ley de Entidades Financieras heredada del régimen militar. En diciembre de 1985 se desarrolló en Buenos Aires la Tercera Convención de Bancos Cooperativos adheridos al imfc, con la presencia de delegados de 14 bancos. Dicha conven-ción trazó un plan de acción tendiente

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a revertir la situación afrontada por la banca cooperativa, al tiempo que se publicaba una solicitada, impulsada por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) como apoyo a los reclamos cooperativos, bajo el título “La banca cooperativa no es la patria financiera”.

De enero de 1984 a junio de 1986 se liquidaron quince bancos, de los cuales once eran cooperativos. El Banco de Berisso fue uno de ellos. El periódico Acción, vocero del imfc, informaba en su edición de mayo de 1985 que luego de su intervención por el bcra se realizó una multitudinaria marcha pidiendo al gobernador que intercediera para la devolución de la entidad a sus dueños. Sin embargo, y pese al apoyo solidario del imfc y financiero del Banco Credicoop, en mayo de 1985 fue liquidado casi simultáneamente con los bancos coope-rativos Alianza, Zonanor y Los Pinos, y el Banco de Italia y Río de la Plata S.A. (Rezzonico, 2008, entrevista).

En enero de 1986, ante la delicada situación del Banco Udecoop, tercera entidad cooperativa por volumen ope-rativo, el imfc impulsó a los bancos Aliancoop, ces, Laboulaye, Litorcoop, Nordecoop, Sudecor y Credicoop a que se hicieran cargo de algunas de sus filiales. El proceso jurídico y operativo fue lento y engorroso y en junio se pro-dujo la intervención del bcra (Peludero, 2008, entrevista). Casi al mismo tiempo desaparecieron dos bancos cooperativos santiagueños: en enero de 1986 el Banco Concepción se fusionó con el Aciso y el

Banco Coscrea inició un proceso que lo llevaría en junio a su fusión por absor-ción del Banco Credicoop.

Lejos de cambiar, la situación de la banca cooperativa se agravó a lo largo de 1986, ya que mientras el Banco Central

Asignaba generosos redescuentos para salvar la continuidad operativa de bancos lucrativos (de Italia, Rural, de Crédito Argentino, etcétera) o seudo-cooperativos (Alas), negaba el otorga-miento, no ya de fondos, sino de un simple compás de espera que permitiera completar el proceso de absorción de las nueve casas remanentes del Banco Udecoop, cuando ya el esfuerzo genuino de otros bancos cooperativos había permitido asegurar la continuidad ins-titucional y operativa de 23 filiales de aquel banco (imfc, 1987a, p. 2).

Al 31 de enero de 1987 los bancos cooperativos se habían reducido a 54, y aunque participaban en el sistema financiero con el 7,8% de los depósitos y el 6,3% del capital y reservas, las limitaciones normativas sólo le permi-tían participar del 4,2% de los créditos (Gorini, 1986).

Durante 1987 el centro de la actividad institucional del imfc estuvo puesto en el análisis y difusión de “La propuesta coo-perativa”, un estudio de la situación eco-nómica y social que proponía: moratoria del pago de la deuda externa; determinar la deuda legítima e ilegítima, y rechazar el pago de ésta; promover acciones conjuntas con otros países deudores; expandir el mercado interno mediante una redistribución de ingresos que favoreciera a los asalariados y sectores

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más postergados; control estatal del comercio exterior, exportando a través de un organismo integrado por el Estado y las instituciones cooperativas; cambio del regresivo régimen impositivo, de modo de basar la recaudación en las grandes ganancias y patrimonios, tierras improductivas, rentas financieras y consumo suntuario; aprovechamiento justo de la tierra en su carácter de bien social e irreproducible; impulso al desarrollo de las economías regionales y de las pequeñas y medianas empresas; promoción del crecimiento e integración del cooperativismo en todas las ramas de la economía; y reestructuración del sistema bancario mediante una ley que consagrase la centralización de los depó-sitos para posibilitar el manejo orientado del crédito y la regulación de las tasas en función de un programa reactivador. Dicha ley debería reestructurar el sistema privilegiando la banca de servicios, oficial y cooperativa, excluyendo del manejo del ahorro a la banca extranjera (imfc, 1987b).

Mientras tanto, la situación de los bancos cooperativos se iba agravando en forma progresiva. En marzo de 1987 el presidente del bcra le manifestó a una delegación del Instituto Moviliza-dor que no estaba dispuesto a otorgar redescuentos para solucionar situaciones individuales de los bancos en dificultades, proponiendo la realización de amplias fusiones. En abril se registraba que la banca cooperativa perdía participación en el mercado financiero, especialmente en la cartera de préstamos, y en mayo circuló la información de que había trece

cooperativas próximas a ser cerradas por el Banco Central.

La única nota esperanzada la daba el estado de las tratativas para la fusión del Banco Oceánico con el Credicoop, y la transferencia de tres filiales de aquel al Banco Local. La fusión se completaría recién en 1988, y según recuerda Szir (1999, entrevista), quien fuera gerente general, no fue traumática.

Primero hubo un intento de fusión con el Banco Local, pero este tenía algunas dificultades y entonces el Banco Central no lo aceptó. Siempre era una alterna-tiva el Credicoop, aunque en esa etapa también había una cosa de que no todos los bancos fueran ahí. Previamente, en 1985, habíamos hecho una campaña de capitalización. Hacíamos asambleas en Mar del Plata que eran multitudinarias, explicando que el banco podía cerrarse si no cambiaban las reglas de juego. Había una transparencia total, y nos propusi-mos juntar un millón de australes, y casi llegamos. Habíamos emitido acciones que eran prácticamente una donación, y se juntó una cifra considerable, pero no alcanzó. Pero hubo intentos y hubo respuesta de la gente, realmente una respuesta muy buena.

En síntesis, durante el gobierno radi-cal la banca cooperativa se redujo de 75 a 49 entidades (tabla 1).

De la “convertibilidad”

al “efecto tequila” (1990-1995)

Durante la década de los noventa los países de América Latina, y en especial Argentina gobernada entre julio de 1989 y diciembre de 1999 por Carlos Menem, fueron abanderados de las políticas neo-

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liberales de apertura económica que con-ducirían a la privatización de las empresas de servicios públicos, enajenación de las reservas energéticas, facilidades para las inversiones extranjeras, desocupación y precarización laboral, liberalización del sistema financiero y de las tasas de interés y eliminación de controles de precios, entre otras medidas. El esquema se complementaba con una redistribución regresiva del ingreso, desmontando las políticas sociales del Estado de bienestar. El resultado fue una brutal concentración de ingresos y una profundización de la brecha social (García, 1998).

El Instituto Movilizador (1990) se opuso tempranamente a esas políticas, ya que según lo expresado en la memoria correspondiente al ejercicio 1989-1990, apuntaban a definir un modelo de país “orientado hacia el exterior, inserto en

la reestructuración productiva inter-nacional, la cual privilegia a un sector exportador eminentemente agrícola, las industrias petroleras, químicas y petroquímicas, celulosa y papel. En ese modelo, el Estado sólo tiene un papel subsidiario”.

A pocos meses de asumir el nuevo gobierno, el conjunto de bancos coope-rativos participaba con el 7,5% del total de los depósitos del sistema, registrando una significativa disminución en rela-ción con el 9,7% del año anterior. Esto expresaba las particulares dificultades en el sector social que operaba en ellos, además de las difíciles condiciones en que obraba la banca cooperativa por el desigual reparto de los redescuentos y el mayor costo operativo generado por la distribución territorial de sus filiales (tablas 2 y 3).

Tabla 2. Distribución de casas bancarias, según zona geográfica, 1989

Bancos oficialesBancos

cooperativosBancos nacionales

S. A.Bancos

extranjeros

Gran Buenos Aires 17% 23% 48% 79%

Interior 83% 77% 52% 21%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: imfc. Memoria y Balance. xxxiii ejercicio

Tabla 3. Distribución de casas bancarias, según tamaño de la localidad, 1989

Localidades de más de 25.000 habitantes 46% 58% 88% 98%

Localidades de menos de 25.000 habitantes 54% 42% 12% 2%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: imfc. Memoria y Balance. xxxiii ejercicio

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La sanción de la Ley 23.928 que impuso la llamada “convertibilidad”, si bien tuvo éxito en su objetivo de reducir la inflación, agravó la situación del sistema financiero ya que le exigía al bcra que respaldara la totalidad de la base monetaria con divisas. Esto limitaba la posibilidad de una política monetaria propia y reducía su papel de prestamista en última instancia. Procurando el abaratamiento del costo del dinero mediante el aumento de la capacidad prestable, las entidades adheri-das al Instituto Movilizador pusieron en marcha un plan de acción para obtener la rebaja de los encajes bancarios. Luego de una campaña esclarecedora hacia los cooperadores y el público en general, se hicieron presentaciones ante el bcra y los bloques parlamentarios y se publicó el 13 de octubre de 1991 una solicitada bajo el lema “Los bancos cooperativos queremos dar crédito barato”. En sus puntos sustanciales, se expresaba:

La banca cooperativa presta servicios financieros a millares de pequeños y medianos empresarios, artesanos y pro-fesionales. Ese rasgo define nuestro carácter minorista; es decir, que reali-zamos muchas operaciones de reducido volumen. Por ello nuestros costos son mayores. La Ley de Entidades Finan-cieras —cuya sanción data de la última dictadura militar y continúa plenamente vigente— no diferencia entre bancos mayoristas y minoristas. Esta legislación

tampoco es sensible ante los problemas sociales ni reconoce las diferencias pro-pias de cada región (imfc, 1991, p. 1).

Por eso reclamaban reducir el encaje bancario a niveles técnicos, suprimir el impuesto a los débitos bancarios, restablecer la endosabilidad del cheque y fijar encajes diferenciales por zona. Un informe que analizaba la reestructuración del sistema financiero entre diciembre de 1989 y 1991 señalaba que en dos años habían desaparecido 22 entidades, 444 sucursales y más de 19.000 empleados. Desagregando esas cifras, se observaba que de las entidades que habían cesado de operar, una pertenecía al sector oficial; ocho a la banca privada nacional, de las cuales cinco eran cooperativas y tres eran extranjeras; y doce entidades no bancarias.

En ese contexto, se produjo en 1990 la fusión por absorción del Banco Acción, con filiales en Mendoza y San Juan, por parte del Banco Credicoop (Cortés, 2008, entrevista), la intervención del Banco Birco por el bcra a mediados de 1991, y el comienzo del proceso de integración entre los bancos Local y Sycor, concretado a mediados de 1993. Al 31 de diciembre de 1994 el sistema financiero registraba la existencia de sólo 38 bancos cooperativos, lo que indicaba que en poco más de cinco años de gobierno peronista habían desaparecido once instituciones (tabla 4).

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Tabla 4. Estructura del sistema financiero argentino, 1991-1999

Cantidad de bancos Diciembre 1991 Diciembre 1994 Diciembre 1995 Diciembre 1999

Públicos 35 33 31 16

Privados nacionales 57 66 56 36

Cooperativos 44 38 10 2

Extranjeros 31 31 30 38

Total 167 168 127 92

Fuente: bcra. Información de entidades financieras

La banca cooperativa frente a la

crisis del sistema (1995-1997)

Durante 1994 una crisis en la economía mexicana, cuyo detonante fue la falta de reservas internacionales, provocó repercusiones en todo el mundo bajo el nombre de “efecto tequila”. En nuestro país, ese fenómeno provocó —entre el 20 de diciembre de 1994 y el 10 de febrero de 1995— una fuga de 3.500 millones de dólares del sistema financiero local, lo que representaba el 7% del total de depósitos. A fines de mayo los depósitos totales ya habían caído US$8.520 millo-nes, 17,6% del total), y el bcra había perdido US$4.543 millones de reservas. Los cimbronazos derivados del “efecto tequila” y de las propias debilidades de la estructura económica local conmocio-naron prácticamente todo el entramado económico, provocando un corte en la cadena de pagos y la reducción de la actividad económica (Rapoport, 2000; Vuotto, 2004).

La masiva salida de fondos del sistema financiero no afectó a todas las institucio-nes por igual: de acuerdo con las cifras oficiales, entre diciembre de 1994 y abril de 1995, los bancos extranjeros vieron

incrementados sus depósitos en un 1,5%, mientras los bancos privados nacionales disminuyeron sus depósitos un 21% y los cooperativos un 37%.

La banca nucleada en el imfc, que tuvo una reducción del 30% de los depósitos, procuró minimizar las conse-cuencias negativas sobre sus asociados reorganizándose a través de fusiones y adquisiciones con el objetivo de crear una entidad más grande y sólida: los bancos Aliancoop, ces, Horizonte, Local, Nordecoop y vaf constituyeron el Banco Argencoop, que inició su operatoria en julio de 1995 a través de 95 sucursales distribuidas en las provincias Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Chaco, con casa central en la ciu-dad de Santa Fe. Segundo Camurati (2003, entrevista), presidente del Banco Aliancoop, recuerda que “posiblemente nosotros podíamos haber seguido, pero estábamos dentro del instituto y se estaba trabajando para que no desapareciese ninguno”. Esa manera consensuada de trabajar determinó que “todos participa-ran por igual. Había que elegir una casa central, un presidente, un gerente general. Y se hizo la distribución: el que ponía la presidencia no podía poner ninguna de

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las otras tres, el que ponía la casa central no ponía otra cosa. Y se hizo un mandato anual de rotación de los presidentes”.

Este logro del movimiento se con-cretó a pesar de una fuerte campaña de desprestigio y descalificación del coope-rativismo desatada a través de diversos medios periodísticos por sectores de la gran banca lucrativa y poderosos grupos económicos interesados en beneficiarse con los resultados de la crisis. El Banco Credicoop jugó un importante papel en ese proceso destinado a preservar la presencia cooperativa genuina en el sector financiero, ya que incorporó doce filiales del Banco Local y participó en un acuerdo con el bcra y el Fondo Fiduciario tendiente a dotar al Banco Argencoop de recursos adicionales que le permitieran consolidarse. Colaboró, además, prestándole una serie de servi-cios (procesamiento de datos, comercio exterior, etcétera) que le permitieron optimizar los recursos y disminuir los costos en el marco de una economía de escala (Heller, 2008, entrevista).

Durante 1995 y 1996 se observó en nuestro país una profundización en la aplicación de las medidas económicas de ajuste. Los rubros más afectados por la recesión fueron la inversión y el con-sumo, y la brecha social se ensanchó de una manera desconocida hasta entonces. Las exportaciones, en cambio, evolucio-naron favorablemente. El imfc criticó que, durante la crisis, el Banco Central actuara detrás de los acontecimientos. El editorial del periódico Acción de mayo de 1995 expresaba:

La supresión de su rol como prestamista de última instancia, así como la elimi-nación de la garantía de los depósitos, fueron medidas que el modelo impuso y que se reimplantaron en tanto no hubo más remedio. La modificación de la Carta Orgánica del [Banco] Central y la reimplantación de la garantía son el reconocimiento de la magnitud de la crisis (Acción, mayo de 1995).

Sin embargo, esa modificación incluía una trampa tendiente a erradicar al cooperativismo del sector financiero. El Decreto 290 de 1995, de Modificación de la Carta Orgánica del bcra, autorizaba al mismo a asistir crediticiamente a los bancos en dificultades, pero el artículo 17 establecía que si una entidad necesitaba más del 100% de su patrimonio o un crédito a más de 30 días, debía prendar el control de su capital accionario. Esa figura —capital accionario— no existe en las cooperativas, pues son “entidades de personas”. En consecuencia, los bancos cooperativos no podían otorgar esa prenda, y por ende no estaban habilita-dos para recibir esa ayuda (Heller, 2008, entrevista).

En esas circunstancias tan duramente adversas, el dirigente del imfc Floreal Gorini (1995) se preguntaba —y respon-día— en un artículo publicado en julio:

¿Por qué no sociedad anónima? Es la gran pregunta de la hora actual. Porque la cooperación es la antítesis de la sociedad anónima, que es la expresión máxima de la concentración capitalista. Abrir las puertas de nuestras cooperati-vas a una sociedad mixta con capitalistas

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sería mezclar sangres no compatibles; uno de los dos va a desaparecer, y va a desaparecer la cooperativa porque su capacidad de acumulación es más lenta. Nadie tiene derecho a entregar ese patrimonio porque los momentos sean difíciles y se crea que hay que buscar el atajo más fácil.

Guiado por estos conceptos, los ban-cos adheridos al Instituto Movilizador hicieron un gran esfuerzo para no trai-cionar sus raíces. Diferente fue la actitud de otros bancos cooperativos, que entre 1995 y 1997 optaron por transformarse en sociedades anónimas, contradiciendo en la mayoría de los casos su verdadera filosofía. Así fue que, pese a hallarse cla-ramente prohibido por el artículo 6º de la Ley 20.337, se produjo esa metamorfosis con la complicidad del bcra mediante el recurso de transferir los “fondos de comercio” a una sociedad comercial del mismo nombre. Esta política no resolvió sus problemas, lo que los llevaría a su posterior venta a otras entidades nacio-nales o extranjeras, como ocurrió con los bancos bica s.a.,54 Sudecor Litoral s.a.65 y bisel s.a.,76 adquiridos en 1997 por los bancos Suquía, de Galicia y Credit Agricole de Francia, respectivamente (Verbeke, 2005).

Al cabo de ese intenso proceso de transformaciones, en el mes de agosto de 1995 solo quedaban diez bancos

5 Creado en 1995 mediante la transferencia de activos y pasivos del banco bica Coop. Ltdo.

6 Creado en 1995 mediante la transferencia de activos y pasivos del banco Sudecor Litoral Coop. Ltdo.

7 Creado en 1995 como resultado de la fusión de cinco bancos cooperativos: Carlos Pellegrini, Coinag, de los Arroyos, de las Comunidades e Independencia.

cooperativos de los 38 existentes a fines de 1994 (tabla 4).

Hacia un único banco cooperativo

nacional

Lamentablemente la crisis —y las polí-ticas que la provocaban— no había terminado. La convulsión financiera producto de la caída de las bolsas del mundo a partir de la crisis del sudeste asiático en 1997, puso de manifiesto los riesgos que se derivaban de la globali-zación, en especial para los llamados mercados emergentes (Rapoport, 2000). En ese contexto se aceleró el proceso de profunda concentración y extranjeriza-ción del sector financiero argentino, en el que los bancos cooperativos llevarían la peor parte. Se pueden identificar al menos tres causas del mismo: la primera fue la propia política del Banco Central, que planteaba una sobre-exigencia de capitales a los bancos argentinos, que superaba por mucho a las llamadas Normas de Basilea que se aplicaban en los países centrales. Esto inducía a los bancos a vincularse con entidades financieras más fuertes en aras de hallar el respaldo que necesitaban.

La segunda fue que la venta de bancos estaba inscrita en la tendencia a la reorga-nización y especialización de los grandes grupos económicos nacionales. Estos grupos desertaban de ramas enteras de la industria o servicios para concentrarse en sus negocios tradicionales o en otros nuevos (Gambina, 2002).

La tercera, de carácter externo, tiene que ver con la incursión, en el sector financiero latinoamericano, de capitales

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extranjeros que realizaron enormes inversiones comerciales y tecnológicas. Entre los motivos que estos grupos encontraban para instalarse en nuestro continente se hallaba la posibilidad de obtener altas y rápidas ganancias en una zona con bajo nivel de bancarización. Para poder competir en el mercado de la banca minorista era importante tener una extendida red de distribución de carácter nacional —sucursales, red de cajeros automáticos, banca telefónica y electrónica— y una amplia base de clientes (Heller, 1997).

El resultado fue la creciente concen-tración y extranjerización del sistema financiero argentino. Sólo en mayo de 1997 se realizaron cinco de las compras bancarias más importantes, que involu-craban montos de inversión cercanos a los 1.900 millones de dólares. Los bancos extranjeros concentraban al promediar 1998 el 42% de los activos totales del sistema, cuando en junio de 1993 alcan-zan sólo el 17%. Otro aspecto derivado de este proceso fue la concentración del crédito. El 0,15% de los deudores poseía el 49% del total de los préstamos.

Una vez más, los bancos nucleados en el Instituto Movilizador se vieron obligados a tratar de conciliar su efi-ciencia empresarial con la democracia. El mayor de ellos, Credicoop, enfrentó desde comienzos de la década un pro-ceso de adecuación al nuevo modelo de sistema financiero y a las redefiniciones estructurales de la sociedad imperantes en el marco de las políticas neoliberales, lo que implicó tomar consciencia del desfavorable escenario y trazar una

política anticipatoria de las dificultades y necesidades de un proceso integral de adecuación estructural: reforma administrativa, tecnológica y de recursos humanos (Petriella, 2008).

En ese marco es que finalmente se produjo una transformación definitiva en el único gran banco realmente coopera-tivo del país; más allá de las intenciones del imfc y sus asociadas, la situación se fue haciendo insostenible, y la única forma posible de enfrentar el proceso de concentración preservando la presencia cooperativa en todo el país fue su con-solidación en una única entidad (Heller, 1998 y Vuotto, 2004).

Así, en febrero de 1997 el Banco Credicoop adquirió activos y pasivos del Banco Coopesur, con 25 filiales en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Chubut, y en diciembre completó la fusión de las entidades adheridas al instituto con la adquisición de activos y pasivos del Banco Argencoop, que contaba con 71 filiales en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes y Chaco. Quien fuera presidente del Banco Argencoop señalaba al respecto que el mismo había sido pensado como una etapa intermedia, “para no tirarle toda la carne en el asador al Credicoop. Pero con una previsión importantísima: cuando se crea el Argencoop se adopta toda la tecnología del Credicoop” (Szir, entrevista, 1999). Señalaba también que el banco tenía seis años de plazo para poder ir cumpliendo con las reglamenta-ciones técnicas del bcra, y que las estaba cumpliendo en exceso, “pero en el 97

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viene el Central y nos dice: ‘muchachos, está por explotar la crisis en Oriente y acá hay que adoptar una medida. O se fusionan, o se venden’. Y no quedó otra alternativa: el viernes 12 de diciembre se cierra el Argencoop y el lunes 15 se abre como Credicoop. En esos dos días se cambiaron las chequeras, se cambió la papelería y se abrieron nuevamente las puertas” (Camurati, 2008, entrevista).

Luego de ese proceso, Credicoop quedó posicionado como el segundo banco privado de capital nacional y el primer banco cuyo capital es propiedad en su totalidad de titulares argentinos. Heredero de la tradición de las cajas de crédito aglutinadas y promovidas por el Instituto Movilizador de Fondos Coope-rativos, el Banco Credicoop contaba a fines de 1997 con 194 sucursales dis-tribuidas en las principales ciudades del país, ocupando el 9º lugar en el ranking de bancos privados por depósitos. Según la memoria anual del imfc, el 69% de su cartera de créditos se destinaba por esa época a las pequeñas y medianas empresas, cuando en el sistema financiero la participación de las pymes en el crédito total era del 25%.

De los otros cuatro bancos coopera-tivos, no adheridos al imfc, tres desapa-recieron casi simultáneamente: el bcra decretó en octubre de 1998 el cese de la operatoria y posterior desmembramiento del Banco Mayo, en noviembre revocó la autorización para operar del Banco Almafuerte y en enero de 1999 autorizó el traspaso de las filiales del Balcarce al nuevo Banco Balcarce s.a. (Vuotto,

2004). El Banco Empresario de Tucumán continuó operando hasta su intervención por el Banco Central a finales del 2005.

Conclusiones

Las cooperativas —en tanto empresas y movimientos sociales— están siempre ligadas al contexto institucional y eco-nómico en el que deben desenvolverse. Al mismo tiempo, persiguen cumplir con una función correctiva o transformadora de la realidad, por lo que actúan modifi-cando ese contexto.

En tanto movimiento social, las relaciones de tipo horizontal que se dan entre sus asociados se potencian en las múltiples relaciones que cada uno de ellos establece con otros miembros de la comunidad, creando un terreno fértil para el desarrollo local de relaciones y prácticas participativas y democráticas. Pocas veces el desarrollo de esa red social cuenta con el visto bueno estatal, y cuando el neoliberalismo instala sus valores en la cultura dominante, las transforma en un potencial enemigo.

En tanto empresas sin fines de lucro, las cooperativas operan —compitiendo en el mercado— con las ventajas que le dan sus características distintivas: voluntariedad, autogestión, reciproci-dad, territorialidad y sentido de per-tenencia. Como contrapartida, suelen tener que enfrentarse a una normativa legal que no está orientada a que esas ventajas puedan desarrollarse, y que en periodos de auge de políticas neolibera-les entra directamente en contradicción con éstas.

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Las políticas de Estado y las con-diciones de mercado imperantes en la Argentina en el último cuarto del siglo xx, que tendieron a una paulatina profundización del modelo neoliberal, fueron particularmente adversas para el desarrollo del movimiento cooperativo. Eso explica que el proyecto original de la dictadura militar de extirpar el cooperativismo de un sector tan sensible como el financiero, haya sido continuado por diferentes medios por los gobiernos democráticos subsiguientes. Como resultado, de los 85 bancos cooperativos existentes en 1979 hoy sólo subsiste el Banco Credicoop Coop. Ltda., en el que sobreviven indirectamente 117 cajas de crédito que en 1979 habían conformado dieciséis bancos cooperativos.

Se observa, además, que los bancos cooperativos desplegaron diferentes estrategias —a veces contradictorias— para encarar las difíciles condiciones en que debieron desarrollar su accionar. El resultado final permite concluir que las instituciones adheridas al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos que se plantearon demostrar que la eficiencia y la democracia no eran valores antagónicos, fueron relativamente más exitosas que aquellas que decidieron privilegiar políticas empresariales puras, muchas veces incompatibles con su razón de ser cooperativa.

El objetivo manifiesto del imfc era que los bancos cooperativos no sólo sobrevivieran a las condiciones econó-micas y sociales que el sistema imponía, sino defender el concepto de gestión

social. Esto implicaba preservar el valor de la doble condición de las cooperati-vas —empresa y movimiento social— y articular eficazmente la estructura de gestión institucional, con todos sus atributos de participación societaria y democrática, con la estructura propia de toda organización empresarial.

En ese contexto, y para resguardar la presencia cooperativa en todo el territo-rio nacional, asumió tempranamente la necesidad de apelar a diferentes formas de integración. Queda por profundizar en el análisis de la gestión institucional y empresarial de los bancos, en particular del Banco Credicoop, para analizar, de forma más exhaustiva, la incidencia de los factores internos en las posibilidades de subsistencia.

Si bien el papel orientador del Instituto Movilizador fue importante, no todas las instituciones asociadas lo aprovecharon en la misma proporción. Esa diferencia parece derivarse de múltiples cuestiones: el grado de integración institucional y política, la historia de las cooperativas que conformaron cada banco, la zona de actuación, los criterios operativos e institucionales predominantes entre los dirigentes, etcétera. Futuras investi-gaciones podrían aportar a una mejor comprensión de las mismas.

Finalmente, el estudio en particular de cada uno de los bancos cooperativos sería un interesante aporte al conocimiento del sistema financiero argentino, de la evolución de las pequeñas y medianas empresas y, fundamentalmente, de las economías regionales.

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Espejo universitarioGestión de las prácticas desde la significación

de la responsabilidad social empresarial

en las organizaciones de economía solidaria

del distrito de Santa Marta

Gregoria POLO DE LOBATÓN

José CURVELO HASSAN

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Gestión de las prácticas desde la significación

de la responsabilidad social empresarial en las

organizaciones de economía solidaria del distrito de

Santa Marta

Practices management from significance

of Corporate Social Responsibility in solidarity

economic organizations, Santa Marta District

Gregoria POLO DE LOBATÓN*

José CURVELO HASSAN**

Auxiliares de investigación***

Resumen

El presente artículo es parte de un avance del proyecto de investigación “Caracterización de la gestión

y de las prácticas de responsabilidad social empresarial en las organizaciones de economía solidaria en

el distrito de Santa Marta” de la Universidad Cooperativa de Colombia, Conadi, 2008–2009; identifica

un modelo para la gestión de las prácticas de responsabilidad social en los grupos de interés de estas

empresas. Los resultados contribuyen al mejoramiento de la gestión, en tanto exponen el camino

hacia unas prácticas fundamentadas en la RSE, potenciando el logro de los objetivos organizaciona-

les y la satisfacción de las expectativas en sus grupos de interés. Metodológicamente, se estudiaron

documentos partiendo de la investigación documental, que sirvieron para interpretar y contextualizar

conceptos y argumentos teóricos respecto de la responsabilidad social empresarial, la gestión de las

prácticas de RSE, describiendo las características generales de un modelo de gestión basado en los

principios de responsabilidad social empresarial útiles para las empresas del sector de la economía

solidaria.

Palabras clave: compromiso social, economía solidaria, gestión, prácticas responsables, responsabi-

lidad social empresarial.

* Ph.D. Ciencias Gerenciales, Universidad Rafael Belloso Chacín. Participante del Posdoctorado en Gerencia en las Organizaciones, Universidad Rafael Belloso Chacín. Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. Correos electrónicos: [email protected], [email protected]

** Especialista en Revisoría Fiscal y Control de Gestión, Universidad Cooperativa de Colombia. Aspirante a Magíster en Filosofía, Universidad Santo Tomas. Docente tiempo completo de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Correos electrónicos: [email protected], [email protected]

*** Participantes en el proyecto como estudiantes auxiliares de investigación: Adriana Andrade Nieves, José Chávez Cantillo, Faby Pabón Orozco y Milena Romero Mejía.

Cómo citar este artículo: Polo de Lobatón, G. et al. (2011, enero-junio), “Gestión de las prácticas desde la significación de la responsabilidad social empresarial en las organizaciones de economía solidaria del distrito de Santa Marta”, en Revista Cooperativismo y Desarrollo, vol. 19, núm. 98, pp. 174-195.

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Gestión de las prácticas desde la significación de la responsabilidad social empresarial

en las organizaciones de economía solidaria del distrito de Santa Marta

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Introducción

La responsabilidad social empresarial se da como alternativa de gestión y conducta empresarial dentro del juego de la economía; ésta incluye conceptos y actuaciones éticas que propician el cuidado y la conservación ambiental, buenas prácticas laborales, respeto a la naturaleza y la sostenibilidad, el desarro-llo de las personas que interactúan como grupos de interés para la empresa, en un contexto de visión empresa-hombre. Por lo tanto, la utilización de esta pers-pectiva como modelo de gestión es una herramienta útil, acorde y aplicable a las organizaciones de economía solidaria que promulgan principios de igualdad y desarrollo social.

Dentro de las organizaciones de economía solidaria el concepto de responsabilidad social empresarial (rse)

es importante, por ser considerada ésta como una función fundamental para dar cumplimiento tanto a sus propósitos misionales como a los fundamentos filosóficos del sector. Sin embargo, en las investigaciones revisadas para propósitos del presente trabajo, no se evidenció ninguno que buscara la identificación de un modelo de gestión orientador de las prácticas de rse en este tipo de orga-nizaciones del distrito de Santa Marta.

Las empresas del sector de la econo-mía solidaria se han concebido como entes que se organizan a partir de las necesidades de un grupo de personas cuyo propósito es buscar soluciones conjuntas a necesidades específicas de sus asociados. De acuerdo con otros estudios realizados por la misma investigadora, estas empresas han centrado sus modelos gerenciales con fundamento en las normas

Abstract

This paper is just an advancement of a project called “Caracterización de la gestión y prácticas de

responsabilidad social de las organizaciones de economía solidaria en el distrito de Santa Marta” –

Characterization of Social Responsibility Management and Practices of Social Economy Organizations

in Santa Marta District– of Universidad Cooperativa de Colombia, Conadi, 2008–2009, identifying a

management model for social responsibility practices of stakeholders in these organizations. These

results contribute to improve management because they show a way to practices based on CSR, streng-

thening an achievement of the organizational objectives and meeting the stakeholders’ expectations.

From a methodological point of view we studied instruments from a documentary research, which

assisted to interpret and contextualize concepts and theoretical arguments regarding Corporate Social

Responsibility, management of CSR practices, and describing the general features of a management

model based on Corporate Social Responsibility principles, all of them useful for firms in solidarity-

based economy sector.

Keywords: social commitment, solidarity-based economy, management, responsible practices, cor-

porate social responsibility.

Descriptores: P130 - Cooperative Enterprises; M140 - Corporate Culture; Social Responsibility; M380 -

Marketing and Advertising: Government Policy and Regulation.

Recibido: 1º febrero del 2011 Aprobado: de del 2011

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que rigen para el sector. El tomar dichos enfoques como fundamentos organiza-cionales únicos para la gestión de las prácticas de rse no permite dar respuesta a sus grupos de interés en cuanto al impacto que generan por sus actuacio-nes, ni condiciones de competitividad empresarial.

Lo anterior hace necesaria una labor de concienciación, promoción, difusión y ejecución de la gestión de las practicas de rse en el ámbito de la economía solidaria o social, para rescatar así la importancia de estas, atendiendo a los valores y prin-cipios que promulga el sector solidario, y así hacer posibles unos lineamientos gerenciales en donde la gestión de las practicas de rse se visione como un aspecto fundamental en el desarrollo de las actividades de las organizaciones.

Este trabajo hace parte del proyecto “Caracterización de la gestión y prácticas de responsabilidad social de las organiza-ciones de economía solidaria en el distrito de Santa Marta” y persigue el objetivo de describir algunos modelos de gestión de responsabilidad social empresarial que sirvan como herramienta gerencial en las organizaciones de economía solidaria, permitiendo así dar un enfoque teórico y conceptual sobre este tema a estas organizaciones, quienes podrán darle aplicabilidad al modelo de gestión de una manera sencilla.

Metodología

La metodología utilizada fue la investiga-ción de tipo documental. Se realizó una selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de

documentos y materiales bibliográficos de bibliotecas, hemerotecas y centros de documentación e información. Se mues-tran como anexo los referentes históricos en la construcción del concepto rse.

La investigación se justificó en razón a que la Universidad Cooperativa de Colom-bia se beneficia al ubicarse como insti-tución sensible frente a la problemática del sector y también como auspiciadora de soluciones viables para el desarrollo empresarial del sector. El trabajo tam-bién es útil a los investigadores, por el conocimiento y experiencia en el tema de gestión de prácticas de rse en el sector de la economía solidaria; a los auxiliares del proyecto, estudiantes del programa de Contaduría Pública, porque se favorecen del aprendizaje de prácticas de procesos de investigación como resultado en la participación dentro el semillero de investi-gación y por el acceso a conocimientos más profundos sobre la gestión de prácticas organizacionales fundamentadas en la responsabilidad social empresarial.

Marco teórico y conceptual

Modelos de gestión de responsabilidad

social empresarial como herramienta

gerencial en las organizaciones de

economía solidaria

Desarrollo conceptual

Responsabilidad social empresarialIdentificar el concepto de rse obliga a reflexionar cada una de las palabras que lo componen, por eso se exponen brevemente los referentes encontrados de autores preocupados por este aspecto.

Gregoria POLO DE LOBATÓN – José ESPEJO UNIVERSITARIO

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ResponsabilidadPérez (2002) se refiere a los deberes u obligaciones vinculados a un estatus. En la medida en que la persona desarrolla un papel social o una función, afirma el autor que es responsable en la medida en que carga la situación de los otros y es responsable de su bienestar. A este respecto, la responsabilidad se refiere a una relación de tres términos: la persona responsable, el dominio de la responsabilidad y la instancia frente a la cual es necesario dar cuenta. Es preciso saber que la noción de la responsabilidad tiene una larga historia en el dominio de lo religioso y de lo jurídico, antes de adquirir una significación en el terreno principalmente ético.

Responsabilidad socialSolarte (2003) afirma que la respon-sabilidad social es la respuesta que da un agente moral, ya se trate de una persona o de una institución, a los efectos e implicaciones de sus acciones. Estas son complejas y múltiples, y las instituciones operan en el marco de sistemas socioeconómicos, de los que depende su lógica de funcionamiento; pero, al mismo tiempo, estos sistemas socioeconómicos sólo existen gracias a la acción de cada una de las empresas e instituciones. Si bien las decisiones de una organización tienen un margen de efectos imprevisibles, que dependen de los diversos procesos sociales, políticos y económicos, los agentes que toman las decisiones organizacionales tienen en su poder la manera de incidir en sus propias

relaciones, ya que cada organización está constituida por interacciones internas y externas, y son responsables en cada una de esas interacciones.

Responsabilidad social empresarial El concepto de responsabilidad social empresarial ha evolucionado a partir del siglo xix con el despertar del interés por el impacto que ha generado la actividad empresarial. Las empresas actúan e interaccionan con la comunidad, quien responde ante sus ofertas de mercado con sentido ético y de fidelización a sus productos y servicios. La sociedad, hoy, exige de las empresas un actuar respon-sable respecto al impacto que generan en el uso de los bienes que por naturaleza propia del hombre corresponden a la sociedad. En los anexos, se presenta una evolución del concepto, seleccionando los tópicos que han revolucionado el interés por la rse. Son oportunas las apreciaciones de los siguientes autores:

Carroll (1979), en su trabajo “A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance”, plantea que para la existencia de una definición de rse que englobe todos los aspectos que se deben considerar, se deben incluir las categorías “económica”, “legal”, “ética” y “discrecional”, en el sentido de una “intención deliberada” del desem-peño del negocio, atendiendo a ciertas aclaraciones:

Responsabilidades económicas: para Carroll, este criterio es considerado el primero en la rse. Los negocios están en primer lugar y su fin último

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es obtener utilidades. Asimismo, las empresas tienen la responsabilidad de producir los bienes y servicios que la sociedad necesite, de modo que pueda lograr maximizar las ganancias para sus dueños y accionistas.Responsabilidades legales: las socie-dades modernas se desarrollan bajo reglas, leyes y regulaciones, en general predispuestas, para que sean cum-plidas por los diferentes negocios. En sí mismos, los requisitos legales reflejan qué comportamientos son considerados como importantes y válidos para la sociedad, por lo que la empresa debería, por definición, cumplirlos para poder lograr sus objetivos económicos.Responsabilidades éticas: el tercer criterio propone que un compor-tamiento ético no necesariamente está escrito en la ley y puede que no necesariamente vaya a favor de los intereses económicos de la empresa. En estas responsabilidades se consi-deran factores como la equidad, la justicia, la imparcialidad, el respeto de los derechos de los individuos y no hacer daño a la comunidad. Bajo esta mirada se expresan una serie de normas sociales que, si bien no están explícitamente destacadas en leyes, son normas tácitas que igualmente deben cumplir las organizaciones.Responsabilidades discrecionales: Carroll considera las responsabili-dades discrecionales como aquellas puramente voluntarias y guiadas por el deseo de la compañía de hacer

contribuciones sociales que no están incluidas en los mandatos económicos ni en las leyes o en la ética. En este nivel se incluyen contribuciones filan-trópicas, de las cuales no se esperan retribuciones para la compañía y que no son esperadas por la comunidad.

Con todo, las categorías que plantea el autor pueden variar en su magnitud, es decir, que la relevancia que cobra cada aspecto variará conforme a la naturaleza y a la actividad de cada empresa. Del mismo modo, las categorías no son excluyentes, en la medida que una acción de rse puede quedar clasificada dentro de más de una categoría.

Por otra parte, Jones (1980), en su artículo “Corporate Social Responsibility Revisited, Redefined”, plantea que rse es una forma de autocontrol que envuelve elementos de limitaciones normativas, incentivos altruistas y el imperativo moral en la búsqueda del nirvana social de las empresas.

Entonces, al pensar en rse como concepto en sí mismo, se establece que las empresas tienen una obligación con la sociedad o la comunidad en la que se desenvuelven, más allá de la simple consideración de atender a los contratos con sus inversores o dueños del capital.

El autor propone que el compromiso social debe ser adoptado en forma voluntaria y que se debe extender la mirada tradicional, de la obligación con accionistas, a otros grupos de interés, como proveedores, clientes, trabajadores, entre otros.


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También, para este proyecto, se ha tenido en cuenta el concepto desde la visión del Marco Europeo a partir del Libro Verde, profundizando la respon-sabilidad social corporativa como la que integra los siguientes elementos en su definición:

Integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relacio-nes con sus interlocutores.Ir más allá del cumplimiento de las obligaciones jurídicas.La responsabilidad social de las empresas no se debe considerar sustitutiva de la reglamentación o legislación sobre derechos sociales o normas medioambientales, ni permite tampoco soslayar la elaboración de nuevas normas apropiadas.La incidencia económica de la res-ponsabilidad social puede desglosarse en efectos directos e indirectos y de igual manera se pueden derivar de ella resultados positivos directos y se logran efectos indirectos (cce, 2001, pp. 7-9).Es importante revisar a Vives, Corral e Isusi (2005), cuando presentan en un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (bid) e Ikei una definición del concepto rse que tiene elementos importantes en cuanto a que el comportamiento empresarial debe adoptar un enfoque estratégico que difiera de su búsqueda tradicional de maximización de beneficios como principio rector e

involucrar a los grupos de interés en su toma de decisiones. Al respecto, los autores anotan:

De acuerdo con la evolución histórica del concepto la rse se considera como un camino estratégico que busca valorizar las empresas, generando relaciones bene-ficiosas en el largo plazo, en esta visión “no sólo importa cuánto gano, sino también cómo lo gano”, lo que implica un cambio radical con respecto a la óptica empresarial tradicional de simple maximización de beneficios. De esta forma, la rse es una nueva manera de hacer negocios mediante el compromiso empresarial de contribuir al desarrollo sostenible que engloba una dimensión de responsabilidad total para con todas las ‘partes interesadas’ (stakeholders) de la empresa, esto es: clientes, suministrado-res, trabajadores, la comunidad, el medio ambiente y la sociedad en su conjunto, además de los propios propietarios o accionistas, siempre desde una perspec-tiva ligada con la ética empresarial y la transparencia en los negocios (Vives, Corral e Isusi, 2005, pp. 18-19).

Otro concepto, también importante, es el definido por el Instituto Ethos de Brasil, que argumenta que la responsa-bilidad social empresarial es la forma de gestión definida por la relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por el establecimiento de metas empre-sariales compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades sociales.

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Gestión

Para Castelló y Jordi (2005), el término “gestión”, y sus sinónimos (dirección, gobierno, administración), puede definirse como aquel proceso que logra que se realicen las actividades con eficiencia y eficacia a través de otras personas, de ahí su sinonimia con “dirección”, que se refiere a guiar, encaminar hacia determinado lugar. También es necesario definir la eficacia, parte vital de la gerencia, como el lograr que los objetivos marcados se cumplan. Por su parte, la eficiencia se refiere al empleo óptimo de los recursos disponibles en el logro de unos objetivos determinados.

En otra vía, lo esencial de los con-ceptos “administración”, “gestión” y “gerencia” está en que los tres se refieren a un proceso de planear, organizar, dirigir, evaluar y controlar.

Se habla de dos niveles para la gestión: el lineal o tradicional, que es sinónimo de administración: “por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado”. Se asumen “dirección” y “gobierno” como activida-des para hacer que las cosas funcionen, con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad.

Por su parte, Drucker superó a otros autores al integrar un triple concepto sobre la gestión:

La gestión es una práctica susceptible de ser sistematizada y aprendida (transformada en disciplina propia);Los gerentes se convirtieron en un grupo importante en la sociedad

industrial y en un tipo especial de clase media ascendente y detectora de conocimiento;La gestión es el órgano social especí-fico de la empresa encargado de volver productivos los recursos.

Modelo de gestión

Tobar (2002) afirma que un modelo de gestión orienta la toma de decisiones dentro de la organización. Es decir, la secuencia, ordenada y racional, en la que deben ser planteadas y resueltas sus decisiones. En toda empresa siempre hay un modelo de gestión. Este puede ser más o menos explícito, más o menos racional, y sus prioridades pueden o no ser “transparentes”.

Modelo de gestión de responsabilidad

social empresarial

El modelo de gestión de responsabilidad social empresarial (rse) es un instru-mento desarrollado en el marco de un proyecto Fondef por el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, junto con la Asociación Chilena de Seguridad, la Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos y el Centro para el Ciudadano Corporativo del Boston College. Con esta publicación se da inicio a una serie dedicada a la rse, con el objetivo de dar a conocer este concepto, y las principales tendencias y herramientas que permitan su adopción en la cultura empresarial.

Por otra parte, el sistema de gestión de rse está estructurado de acuerdo con los requisitos de las normas iso 9001 e iso 14001, que constituyen estándares


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internacionalmente reconocidos para la implementación de sistemas de gestión de calidad y de gestión medioambiental, con las iniciativas de la iso 26000, promulgada en el 2010 como guía en la implementación y evaluación de las prácticas de rse.

Gestión de las prácticas de

responsabilidad social empresarial

Una buena práctica en rse es una acción, proyecto, programa o proceso que ha generado la resolución de un problema, la superación de una deficiencia o el mejoramiento de un proceso, y que, además, contribuye a establecer la rse en la sociedad. La buena práctica puede ser desarrollada en el ámbito de la gestión interna o externa de la organización y sus resultados deben ser tangibles, innovadores, sostenibles y replicables.

Muchas veces se considera que el tema de la responsabilidad social en las empresas sólo hace referencia a políticas o programas de gran impacto en la comunidad. Sin embargo, las evidencias mostradas en los informes denotan que no en todas las empresas las prácticas de rse son muy variadas y su impacto es heterogéneo, pues incide en diferentes áreas y grupos de interés.

Principios aplicativos para las prácticas de responsabilidad social empresarial

La preocupación mundial por las prácti-cas de la rse en las empresas ha llevado a la discusión sobre las condiciones éticas aplicables a los principios rectores conductores de las empresas. En la tabla 2 del anexo se muestran en detalle los

discutidos, sin embargo, los planteados por el Pacto Global de la Naciones Uni-das del 26 de julio de 2000, conformado por la Red entre gobierno, empresa, sociedad civil y la onu, aglutinados en torno a nueve principios de cumplimiento voluntario, guían la aplicación del modelo de gestión a las empresas del sector de la economía solidaria, entre los que relacionan a continuación:

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, internacionalmente declarados.Evitar la complicidad en la violación de los derechos humanos.Apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación laboral.Eliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorio.Erradicar el trabajo infantil.Eliminar la discriminación en el empleo y la ocupación.Aplicar enfoques orientadores al desa-fío de la protección medioambiental.Fomentar una mayor responsabilidad medioambiental.Facilitar el desarrollo y la divulgación de tecnologías respetuosas del medio ambiente.

La responsabilidad social empresarial

como modelo de gestión

Las prácticas de la rse se constituyen en un modelo de gestión, en la medida que ayuden en la identificación, control y mejora de los impactos económicos, sociales y medioambientales significati-vos de las operaciones de una empresa

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sobre sus grupos de interés (accionistas, empleados, clientes, proveedores, medio ambiente, comunidad, etcétera. Estos impactos son generados por la gestión de los distintos procesos que componen su cadena de valor, utilizando modelos e indicadores que sirven de base para la implementación de la responsabili-dad social empresarial dentro de las organizaciones, y para el diagnóstico y evaluación de los componentes y las variables inmersas en las actividades de estas, que son de impacto social.

En el 2002, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (conicyt) seleccionó el proyecto Fondef “Desarrollo de un modelo de gestión de la responsabilidad social empresarial como herramienta para mejorar la competitividad de empresas e institu-ciones en países emergentes”, el cual fue desarrollado por el Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, con el apoyo del Centro para el Ciudadano Corporativo del Boston College, la Asociación Chilena de Segu-ridad y la Unión Social de Empresarios y Ejecutivos Cristianos, como socios estra-tégicos. Estas entidades comprometieron su apoyo para el buen desempeño de esta iniciativa y para asegurar la transferencia del modelo a sus asociados.

Dentro de los modelos e indicadores estudiados se destacan tres, los cuales sirven como fundamento para dar respuesta a los lineamientos del modelo de rse que se deben implementar en las organizaciones de economía solidaria, entre los que se destacan los siguientes:

Modelo de gestión a partir de los

Indicadores Ethos

El instituto Ethos presenta los llamados “indicadores Ethos”. Estructurados en forma de cuestionario, se presentan como un instrumento de concienciación, aprendizaje y monitoreo de la respon-sabilidad social empresarial. Instituto Ethos de Empresas de Responsabilidad Social (2010).

Modelo de Gestión basado en la SA 8000

El sistema de gestión sa 8000 se funda-menta en la norma internacional para evaluar la responsabilidad social de las empresas, teniendo en cuenta aspectos operacionales, mediante la evaluación de: a) el ambiente de trabajo, b) el cum-plimiento de la legislación laboral, c) los derechos humanos, e) la responsabilidad de la comunidad, f) el ciclo de vida del producto, g) el entorno (comunidad, empleados, accionistas, proveedores). Todo ello se orienta a asegurar con-diciones de trabajo decentes y dignas, dentro del contexto de la ética y la res-ponsabilidad social, utilizando acciones correctivas, preventivas y auditables por terceras partes.

Modelo de gestión con fundamento en la ISO 26000

Es una guía que establece líneas en mate-ria de responsabilidad social, estableci-das por la Organización Internacional para la Estandarización (iso, por su sigla en inglés). Se designó a un Grupo de Trabajo iso en Responsabilidad Social (wgsr, sigla de Working Group Social


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responsibility) liderado por el Instituto Sueco de Normalización (sis, por su sigla en inglés) y por la Asociación Brasileña de Normalización Técnica (abnt). Finalmente, se ha publicado la norma en noviembre del 2010. No tiene propósito de ser certificatoria, regulatoria o de uso contractual (Comision Panamericana de Normas Tecnicas, 2010).

La responsabilidad social

empresarial como modelo de

gestión en las organizaciones de

economía solidaria

Las organizaciones de economía solida-ria, por su naturaleza, tienen como ideal el compromiso social con sus grupos de interés, entendiéndose que en desarrollo de su objeto social utilizan recursos naturales, tecnológicos, financieros y humanos, por lo cual se crea un entorno en el que las organizaciones deben actuar con responsabilidad hacia su interior y exterior. Es por esta razón que se ven abocadas a implementar modelos de gestión de responsabilidad social para alcanzar objetivos organizacionales y que estos vallan acorde con los promulgados en los principios de economía solidaria.

Por elevada que sea la idealidad del cooperativismo, su fundamento y su vida son eminentemente económicos y cuanto más perfecta sea su organización, mejor cumplirá sus finalidades inmediatas, más abundantes serán sus recursos y mayores, por lo tanto, sus facilidades para llegar hacia el ideal último que nos guía, y que no es otro que la sustitución del sistema capitalista por una organización más

humana, fundamentada en la ayuda mutua (García, Via y Xirinacs, 2006).

Son los modelos de gestión de rse una manera real de direccionar las actuacio-nes de las organizaciones de economía solidaria, dentro de unos lineamientos y un contexto global. Al mismo tiempo, permiten el cumplimiento de objetivos de una manera más humana, justa y socialmente responsable. Ribas Bonet (2006) destaca dos aspectos importan-tes: el carácter social de las entidades sin ánimo de lucro y la necesidad de la evaluación de la actividad social en las entidades lucrativas.

Dentro de las empresas sin ánimo lucrativo se resaltan los niveles de res-ponsabilidad económico, legal y ético, para garantizar su sostenibilidad; estos aspectos son de igual forma exigibles en cualquier tipo de empresa (Valle, 1980).

Cabe destacar las apreciaciones de Leat (1996, p. 62), quien se pregunta si las organizaciones de tipo voluntario son responsables, ya que parece que se puede entender que este tipo de organizaciones deberían serlo, pero “¿lo son?, y si es así ¿ante quién? y ¿de qué?”. Menciona que este concepto de responsabilidad se basa en la noción de beneficio público, que es central en la definición legal. Además, añade la autora que esta responsabili-dad también viene de los privilegios de tipo fiscal y legal que tienen este tipo de entidades. La recepción de fondos públicos es un importante motivo para pedir a estas organizaciones que sean responsables públicamente. Al igual que otros autores, Leat distingue entre

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responsabilidades internas y externas, y expone varios aspectos relativos a la responsabilidad pública o social de las mencionadas organizaciones:

Las organizaciones de voluntariado han pasado a ocupar un papel central en la provisión de determinados servi-cios que suponen cierta responsabilidad para el Estado. Esto ha incrementado la búsqueda de la eficiencia y eficacia en el empleo del dinero y el número de iniciativas con intervención.Estas organizaciones han incremen-tado el personal técnico y directivo contratado, pero no son ellos los ver-daderos responsables de la conducta de la organización. Además, debe considerarse el tema de la responsa-bilidad hacia los empleados.El consumismo lleva a la idea de que se deben tener en cuenta las demandas de los clientes. A veces estas organi-zaciones de tipo voluntario pueden aparecer como representativas de la comunidad o de determinados grupos de clientes.

Necesidad de la evaluación de la

actividad social en las entidades no

lucrativas

En palabras de Capron y Leseul (1997, pp. 29-30), “medir la acción de nuestras empresas es una necesidad. Necesidad de evaluación, necesidad de transparencia, necesidad de comunicación”. Destacan estos autores la importancia de evaluar las acciones de las empresas para asumir su responsabilidad social:

La calidad, la eficacia y la efectividad de las decisiones tomadas o, por el contrario, las externalidades negativas que causa la empresa en su entorno, y más particularmente para las empresas de economía social medir la adecuación de sus prácticas a sus valores (Capron y Leseul, 1997, p. 29).

Así, muchas de estas entidades de eco-nomía social ven la necesidad de llevar a cabo esta responsabilidad social, pero no se atreven a sistematizar sus principios y su práctica.

En este sentido, la responsabilidad social empresarial sirve como modelo gerencial a las organizaciones de eco-nomía solidaria, en la medida que les permite tener conocimiento de su pro-ceder frente a sus grupos de interés, y de las herramientas de diagnóstico y los estándares y compromisos para la implementación de la rse.

Lineamientos iniciales para la

gestión de las prácticas de RSE

en las empresas del sector de la

economía solidaria

Como propuesta para la aplicación de una herramienta como modelo de gestión de la rse en las empresas de economía solidaria, se recomienda la aplicación, de manera integrada, de los Indicadores Ethos sa 8000 e iso 26000, identificados en el desarrollo de la investigación y expresados continuación:

Aplicación de indicadores Ethos

Los indicadores Ethos se estructuran según la información obtenida del Instituto Ethos (Ethos, 2006). La respon-


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sabilidad social empresarial (rse) supone prácticas de diálogo y compromiso de la empresa con todos los públicos a ella ligados, a partir de una relación ética y transparente. Aunque la implementación de esas prácticas sea un desafío, muchas organizaciones vienen alcanzando resultados significativos en este sentido.

Los indicadores Ethos, estructurados en forma de cuestionario, son un instru-mento de concienciación, aprendizaje y monitoreo de la responsabilidad social empresarial que permite la planificación de acciones que representan una escala evolutiva de parámetros y políticas que puede la empresa utilizar como referencia o inspiración para sus propias políticas y acciones. Su estructuración se da a partir de variables y los indicadores son utilizados para su medición.

Aplicación de la SA 8000

Esta norma surge como una respuesta a las frecuentes quejas e inquietudes presentadas por los consumidores con respecto a las condiciones laborales a que debían ser sometidos los trabajadores en diferentes procesos productivos en distintas partes del mundo.

Esta norma retoma la filosofía que orienta las normas de la serie iso: enfoque en el cliente, participación y compromiso del personal, liderazgo organizacional, enfoque centrado en procesos y mejora continua.

La sa 8000 es una certificación volun-taria cuyo fin es promover mejores con-

diciones de trabajo. Este certificado está regido por los acuerdos internacionales sobre las condiciones de trabajo, que incluyen temas como la justicia social, los derechos de los trabajadores, entre otros.

Se pretende que la norma pueda ser aplicada internacionalmente por todos los sectores (públicos, privados, de manu-factura o de servicios) que deseen evaluar si están cumpliendo con los estándares básicos del trabajo (salud, seguridad, igualdad de oportunidades, trato digno, entre otros).

Las variables sugeridas para la medi-ción y evaluación están representadas en “trabajo infantil”, “trabajo forzoso”, “salud y seguridad”, “asociación libre y derecho a la negociación colectiva”, “dis-criminación”, “prácticas disciplinarias”, “horarios de trabajo”, “compensación” y “sistemas de gestión”.

Aplicación de la ISO 26000

iso 26000 es una norma internacional de iso que da orientación sobre respon-sabilidad social. Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, en los sectores público y privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. Les ayuda en su esfuerzo por trabajar de manera socialmente responsable. iso 26000 contiene directrices voluntarias, no requisitos, y por lo tanto no es para ser utilizada como una norma de certi-ficación, como la iso 9001:2008 e iso 14001:2004.

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Empresa solidaria socialmente responsable

Indicadores Ethos

rse

iso 2600

sa 8000

Figura 1. Modelo de gestión para las prácticas de rse, en empresas de economía solidariaFuente: elaboración propia

Conclusiones finales

En el desarrollo de este documento se reconoce la responsabilidad social empresarial como una nueva forma de hacer negocios desde la ética empresarial que va más allá de la filantropía, el mero cumplimiento legal o el marketing y reconocimiento del negocio.

La rse implica un compromiso con la sociedad afectada por parte de las organizaciones, siendo estas conscientes de que el alcance de sus objetivos y metas empresariales puede impactar de alguna manera la comunidad con que interactúa.

Los lineamientos de la rse son aplica-dos a todas las organizaciones lucrativas y sin ánimo de lucro, pero para las orga-nizaciones que promueven los principios de economía solidaria estos lineamientos

pueden convertirse en un modelo geren-cial, que permite de una forma más real y precisa el alcance de los objetivos y metas institucionales. Las organizaciones de economía solidaria fueron creadas para el desarrollo y la dignificación social; por su naturaleza, tienen por ideal el compromiso social con sus grupos de interés. Es por esta razón que se ven abocadas a implementar modelos de gestión de responsabilidad social para alcanzar objetivos organizacionales que sean acordes con lo que promulgan los principios de la economía solidaria.

La rse, como modelo de gestión, permite el direccionamiento de la orga-nización desde el mejoramiento continuo y constituye una herramienta para la gerencia que le permite ser más consiente de la interacción con la sociedad.

Los adelantos obtenidos por los dis-tintos investigadores e instituciones per-miten el entendimiento de la RSE como modelo de gestión y la estandarización para su implementación en los procesos desarrollados por las organizaciones.

Los Indicadores Ethos permiten el diag-nóstico de la organización en el proceso de implementación de rse como modelo gerencial. El conjunto de indicadores se estructura así: “valores”, “transparencia y gobierno corporativo”, “público interno”, “medio ambiente”, “proveedores”, “con-sumidores y clientes”, “comunidad” y “gobierno y sociedad”.

La sa 8000 es un sistema basado en principios de credibilidad, verificación y transparencia de las relaciones laborales dentro de la empresa y tiene en cuenta


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aspectos importantes como el trabajo infantil, los trabajos forzados, la salud y la seguridad en el trabajo, la libertad de asociación y derecho de negociación colectiva, la discriminación, las medidas disciplinarias, el horario de trabajo, la remuneración y los sistemas de gestión.

La iso 26000 da orientación sobre rse. Está diseñada para ser utilizada por organizaciones de todo tipo, en los sectores público y privado, en los países desarrollados y en desarrollo, así como en las economías en transición. Les ayudará en su esfuerzo por trabajar de la manera socialmente responsable que la sociedad exige cada vez más. Esta norma esquema-

tiza aspectos importantes de rse como las prácticas fundamentales, que son el reco-nocimiento de la responsabilidad social y la identificación e involucramiento con las partes interesadas; principios, integración de la rse en la organización, entre otros, que maximizan la contribución de la organización al desarrollo sostenible.

Las anteriores propuestas, implemen-tadas dentro de un modelo de gestión de rse, establecen los lineamientos por seguir en el plan de mejoramiento de los procesos en las organizaciones en general, y, de igual forma, son una herramienta integradora útil para las organizaciones de economía solidaria.

Anexos

Tabla 1. Elementos de la evolución de la rse

Tiempo Descripción

Siglo xix Asistencia social, obras de calidad efectuadas principalmente por la Iglesia y financiadas a través de donaciones privadas y por requerimientos de orden fundamentalmente ético o religioso.

Comienzos del siglo xx

La sociedad civil o el crecimiento en la acción del Estado tienen una fuerte incidencia en el desarrollo de la “filantropía”, impulsada voluntariamente por las empresas a través de donaciones orientadas a instituciones de beneficencia y obras sociales, tanto religiosas como laicas.En 1919 la decisión de la Suprema Corte del estado de Michigan en el caso Dodge vs. Ford: la organización de negocios debe responder fundamentalmente a los beneficios de los accionistas.

Años treinta Berle y Meanss (1932) plantean que la corporación debe comportarse como la mayor institución social.Las actividades sociales de las empresas se formalizan bajo la figura jurídica de las fundaciones de las corporaciones.Desarrollo en numerosos países de legislación destinada a estimular las donacio-nes privadas.Para Chester Barnard (1938), el propósito de la corporación es servir a la socie-dad. El ejecutivo debe transmitir ese propósito moral a los empleados.

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Tiempo Descripción

Años cincuenta

Se habla de ética empresarial. Existen discusiones anteriores en términos de ética y economía, pero son casos aislados.Las preocupaciones por las consecuencias sociales de las actuaciones empresa-riales llegaron dieron lugar al concepto de responsabilidad social de la empresa. Se da un cambio de perspectiva: se pasa de la persona a la organización en el tratamiento de los problemas.Publicación del libro Social Responsabilities of the Businessman, de Howard R. Bowen, en 1953.

Años sesenta Expansión de la reflexión académica sobre las obligaciones de las empresas hacia los diversos grupos sociales, y sobre la relación de desarrollo humano y creci-miento económico.La palabra stakeholder fue acuñada en un memorando interno en el instituto de investigación de Stanford, en 1963.En 1965, en la Declaración de Delhi, se define el modelo de teoría de stakeholder.Desarrollo del bussines ethics como especialidad con influencia de teólogos y pensadores religiosos. Algunos profesores del management escriben y enseñan sobre la responsabilidad social de la empresa.Reflexión frente a la gobernabilidad corporativa, en cuanto al control de consor-cios multinacionales, transparencia y relaciones obrero patronales.

Setentas A mediados de los setenta investigadores de la teoría de sistemas, liderados por Russell Ackoff, con una visión de sistema abierto, argumentan que muchos problemas sociales pueden ser resueltos por el rediseño de instituciones funda-mentales con el soporte e interacción del sistema de stakeholders.Milton Friedman, en 1970, plantea, en su artículo “The Social Responsability of Business is to Increase its Profits”, que la única responsabilidad social de la empresa será la de ganar tanto dinero como fuera posible.Dill, en 1975, utiliza el concepto stakeholder como una sombrilla para la gerencia estratégica.Harvard Business School trabaja en un proyecto de rsc pragmático llamado “El modelo de rsc”.En 1977 la Wharton Scholl empieza un centro de investigación aplicada con el proyecto “Stakeholder”; busca desarrollar una teoría de gerencia que permita a los ejecutivos formular e implementar estrategias corporativas en ambientes turbulentos.A finales de los años setenta se va consolidando la ética empresarial como especialidad disciplinar. A partir de entonces la producción académica comienza a crecer y a sistematizarse formalmente.

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Tiempo Descripción

Años ochenta En 1981, aparece Business and Profesional Ethics Journal, editado por el Centre for Applied Ethics, de la Universidad de la Florida.En 1982, aparece el Journal of Business Ethics, revista especializada en el campo de la ética empresarial.En 1986 se da un fuerte impulso al tema por los escándalos sucedidos en la presidencia de Ronald Reagan por negocio dudosos, llamados irangate scandal. Esto impulsa a la creación de cátedras de ética de los negocios y a que se escriban artículos y libros sobre el tema.En 1987 se creó en Europa la Europea Business Ethics Network (eben).En Japón, el Ministro de Justicia Hasegawa se ve involucrado en problemas de corrupción en 1988.En 1988, se publica el libro Ética y management, de Blanchard y Peales.Concepto de “inversión social”: las acciones de las empresas en materia social no deben ser asistencialistas, sino que deben promover el desarrollo de las comunidades en un sentido amplio y no contentarse con la mera satisfacción de necesidades.Ética Degli Affari es editada por la revista L’impresa, en 1987, y después se convierte en Ética Degli Affari e Delle Professioni.

Noventas Comienza a utilizarse la expresión “responsabilidad social empresarial”, con la aceptación actual.Difusión del concepto de rse y una creciente implementación de sus prácticas por empresas y otro tipo de organizaciones.En 1991 se publica la revista Business Ethics Quaterly, editada por la Society for Bussines Ethics.En 1992 se crea la Bussines Ethics An European Review, editada por London Bussines School.Denuncia por parte de New York Times en 1990 de prácticas laborales abusivas de Nike para con algunos proveedores Indonesios, lo cual trae boicots de los consumidores.Protestas de Greenpeace por el hundimiento de Brend Spar en el Mar del Norte por parte de Shell Oil en 1995.

Comienzos del siglo xxi

Los escándalos financieros de Enron, Parmalat y otras corporaciones han demos-trado las graves consecuencias de una gestión sin valores éticos.En el Consejo Europeo de Gotemburgo en el 2001 se acuerda el Libro verde de la Unión Europea.Desarrollo de conceptos importantes para la rse, como gobierno corporativo y la definición de códigos de conducta en las organizaciones.Prahalad (2005) publica el libro The Fortune at the Bottom of de Pyramid: Eradicating Poverty Through Profits.Porter y Kramer (2006) publican ”Estrategia y sociedad: el vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social corporativa”, que gana el premio a mejor artículo de negocios. Se incluye en el análisis la globalización y el modelo de producción capitalista.En el 2007 se da la iniciativa de las Escuelas de Negocio para adherir al Pacto Global, con los Principios para una Educación Responsable.

Fuente: Sabogal (2008), basado en Mouel (1992), Weiss (2003) y Vives (2005)

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Tabla 2. Principios de responsabilidad social empresarial

Grupo Iniciativa Descripción Principios y directrices globales

Principios Caux Round Table 1986

Reducir las crecientes tensiones en el comercio internacional. Desarrollo de las relaciones económicas y sociales, constructivas, y de conciencia de sus responsabilidades para con el resto del mundo.

La responsabilidad de las empresas: más allá de los accionistas, hacia todas las personas involucradas en los negociosEl impacto social y económico de las empresas: hacia la innovación, la justicia y una comunidad mundialLa conducta de las empresas: más allá de la letra de la ley, hacia un espíritu de confianzaRespeto por las reglasApoyo al comercio multilateralRespeto por el medio ambientePrevención de operaciones ilícitas

Principios de Sullivan

Objetivos: soportar la justicia económica, social y política con compañías con las que se realizan negocios

Expresar soportes a los derechos humanos universales. Se operará sin tratamientos inaceptables a los trabajadores, como explotación de niños, castigo físico, abuso sexual, servidumbre involuntaria u otras formas de abusoRespetar la libertad de asociación de nuestros empleadosCompensar a los empleados para permitirles que alcancen por lo menos sus necesidades básicas y proveer la oportunidad para mejo-rar sus oportunidades sociales y económicasProveer un lugar de trabajo saludable y seguro, proteger la salud humana y el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible Promover la competencia justa, incluido el respeto por los derechos de la propiedad intelectual y otros; no ofrecer, aceptar o pagar sobornosTrabajar con gobiernos, comunidades y con quienes hacen negocios para implementar la calidad de vida en las comunidadesPromover la aplicación de tales principios con quienes hacemos negocios

Objetivos del Milenio

Convenio por naciones pertenecientes a la onu e instituciones de desarrollo más importantes a nivel mundial

Erradicar la pobreza extrema y el hambreConseguir una educación primaria universalFavorecer la igualdad de oportunidades entre sexos y otorgar poder a la mujerReducir la mortalidad infantilMejorar la salud maternalCombatir el vih/sida, la malaria y otras enfermedadesGarantizar la sostenibilidad medioambientalDesarrollar una alianza global para el desarrollo

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Principios Pacto Global de las Naciones Unidas, 26 de julio del 2000

Red entre empresas, gobiernos, sociedad civil y la onu, aglutinados en torno a nueves principios, de cumplimiento voluntarios

Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales interna-cionalmente declaradosEvitar la complicidad en la violación de los derechos humanosApoyar la libertad de afiliación y el recono-cimiento efectivo de derecho a la negociación laboralEliminar toda forma de trabajo forzoso y obligatorioErradicar el trabajo infantilEliminar la discriminación en el empleo y la ocupaciónAplicar enfoques orientados al desafío de la protección medioambientalFomentar una mayor responsabilidad medioambientalFacilitar el desarrollo y la divulgación de tec-nologías respetuosas con el medio ambiente

Principio de Ecuador (2003)

Principios que se basan en las políticas y guías del Banco Mundial y de la Corporación Financiera Internacional (ifc)

Marco sostenible ambiental y social, para la gestión de proyectos de financiamiento de la banca. Evaluación del riesgo social y ambiental en financiación de proyectos de inversión

Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948

Protección de los derechos humanos por un régimen de derecho

Treinta artículos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Los derechos fundamentales del hombre: en la dignidad, el valor de las personas humanas y la igualdad de derechos de hombres y muje-res, se han declarado resueltos al promover el progreso social y elevar el nivel de vida de las personas, bajo un concepto más amplio de la libertad

Principios de la Organización Internacional del Trabajo (oit)

Cooperación entre empresas, trabajadores y gobiernos. Inversiones de multinacionales

Principios y estándares laborales universales definidos por la oit

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Principios Principios Internacional Corporate Governance Network (icgn), 26 de junio de 1996

Intercambiar información en prácticas internacionales de gobierno corporativo entre los miembros participantes

Proveer una red de liderazgo al inversor para el intercambio de visiones e información acerca de los temas de gobierno corporativo internacionalmenteExaminar los principios y práctica del gobierno corporativoDesarrollar e incentivar la adhesión a los estándares y guías de gobierno corporativoPromover el buen gobierno corporativo

Guías y Códigos

Organisation for economic co-operation development (oecd), 1976 y 2000

Guías para empresas multinacionales: son principios voluntarios y estándares de conducta empresarial responsable, compatibles con los imperativos legales

Las empresas deben someterse a la legalidad de los países en los que operan y tomar en consideración los intereses de los múltiples stakeholdersLas empresas deben suministrar adecuada, regular y fielmente la información relevante respeto de sus operaciones, estructura, impacto en el medio ambiente y en la salud pública y seguridad, buscando un desarrollo sostenibleDesterrarán de sus prácticas el soborno, en cualquier de sus formasVelarán por los intereses de los consumidoresTratarán de llevar a cabo transferencia de tecnología y apostarán por la formación, la investigación y el desarrolloLa competencia será leal y se evitarán prácticas restrictivas a la mismaContribuirán legalmente mediante el pago de los impuestos a que, en su caso, haya lugar

Global Reporting Iniciative (gri), 1997

Proceso institucional para desarrollar y distribuir directrices universalmente aplicables e información respecto a la sostenibilidad

Actividad de accountability del desempeño económico, ambiental y social.Basado en principios, características e indicadores. Permite llevar control de los nueve principios del pacto global

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Guías y Códigos

Libro Verde de la Comisión Europea, 2001

Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de la empresa.Proyecto de empresa europea: empresa a la vez competitiva y socialmente responsable.

Cumplimiento de la ley y voluntad de ir más allá de las exigencias legalesCarácter voluntario de la decisiónEmpresa de base ampliada, en la que los diversos stakeholders sean identificados y tratados con justiciaDiálogo abierto, franco y transparente con todos los interlocutores relevantesExigentes perspectivas del Triple Bottom Line, que daría cuenta a los stakeholders de los resultados económicos, los estados financieros, la memoria de gestión al uso, los logros sociales y el impacto medioambiental del ejercicio

United Nations Commission on Human Rights (unchr)

Código de conducta respecto a los derechos humanos para las compañías

Cumplimiento de los derechos humanos por parte de las organizaciones

Iniciativa financiera del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), 1992

Iniciativa del Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente en materia financiera

Busca aumentar la competitividad del sector financiero, fomentando buenas prácticas en empresas del sector financiero, con unas metodologías de gestión de riesgos que incorporen criterios de sostenibilidad al análisis de créditos

Estándares Boston College

Ciudadanía corporativa

Estándares de autoevaluación e instrumentos de planificación. Desarrollo de estándares de excelencia para una estrategia de ciudadanía corporativa

Instituto Ethos.

Asociación de empresas

Conjunto de indicadores de rs: valores y transparencia, lugar de trabajo, medio ambiente, proveedores, gobierno, consumi-dores, clientes, comunidad y sociedad

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Estándares s.a. 8000 del 2001.

Sistema basado en principios de credibilidad, verificación y transparencia de las relaciones laborales dentro de la empresa. Se encarga del diseño y difusión de estándares globales voluntarios

Se estructura en nueve capítulos:Trabajo infantilTrabajo forzosoSalud y seguridad en el trabajo.Libertad de asociación y derecho de negocia-ción colectivaDiscriminaciónMedidas disciplinariaHorario de trabajoRemuneraciónSistema de gestión

a.a. 1000 del 2003

Norma del Instituto para la Responsabilidad y la Ética Social

Es una norma de libre acceso que busca asegurar la credibilidad de los informes sobre rse

iso 14000 Norma de la iso referente a los sistemas de gestión ambiental

Gestión ambiental total o parcial de la empresa; permite homogenizar los estánda-res de gestión ambiental

Índices Dow Jones Sustainability Indexes (djsi)

Índice de sostenibilidad de Down Jones

Aplicación de criterios para valorar las oportunidades y el riesgo derivados de las dimensiones económica, social y ambiental

ftse4 Good Es un índice de London Stock Exchange y The Financial Times Limited y es utilizada por ftse

Desempeño de las compañías, inversiones a través del reconocimiento de estándares de responsabilidad corporativa globales. Crite-rios de selección de un marco de sostenibili-dad ambiental y social, incluye relación con stakeholders y respeto de derechos humanos y laborales

Fuente: Javier Sabogal Aguilar (2008)

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Innovación y economía social y solidaria: retos y

aprendizajes de una gestión diferenciada

Compilación/edición:

Juan Fernando ÁLVAREZ

Novedades bibliográficas y enlaces

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Innovación y economía social y solidaria: retos y

aprendizajes de una gestión diferenciada

Compilación/edición: Juan Fernando Álvarez

Autores: Jorge De SáMirta VuottoMiguel Ángel AlarcónJuan Fernando Álvarez R. Hernando Zábala SalazarBenjamín Ramírez BaracaldoJuan de Dios JiménezValentín Molina Moreno Rafael López ArredondoSergio Tobón TobónAriel César Núñez RojasClara Eugenia Guzmán Calderón

En la medida que las sociedades van cambiando, también lo deben hacer sus instituciones. Éstas deben ofrecer nuevas respuestas a las crecientes demandas de sus grupos de proximidad. Así, la gestión de organizaciones de economía social y solidaria requiere de una constante innovación.

A partir de ocho documentos de discusión, doce autores hacen referencia a variables que apuntan a generar inno-vación como un proceso de posiciona-

miento y fortalecimiento organizacional en los contextos políticos, económicos, sociales, administrativos, legales, edu-cativos y financieros. El resultado es un cúmulo de herramientas y piezas de construcción que cada organización y lector pueda utilizar a su medida. A lo largo de los artículos encontrará reflexiones, experiencias y retos para hacer de la gestión de empresas solidarias un quehacer innovador.

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La Revista Cooperativismo y Desarrollo es un órgano de comunicación académica semestral, nacional e internacional, con-cebido para la difusión de la investigación en cooperativismo y desarrollo.

1. Dirigida a

Investigadores, académicos, docentes, profesionales, escritores y todas las personas que hayan realizado o estén realizando investigaciones vinculadas al cooperativismo y la economía social, y que representen un impacto particular para estos sectores y la sociedad.

2. Temática

Por disposiciones del Comité Editorial de la Revista y su Coordinación Aca-démica, la Revista Cooperativismo y Desarrollo se enfocará a todos los temas de investigación y divulgación cientí-fica sobre Economía Social, Pública y Cooperativa y la relación de éstos con el desarrollo.

Sin embargo, próximos a la edición No.100 de la Revista, se busca realizar en cada número una orientación temática específica que responda a las necesidades

científicas del sector universitario, social y solidario.

Para la edición No.99 se ha selec-cionado el tema de responsabilidad y balance social de las organizaciones de la economía social, pública y cooperativa como tema específico. En este sentido, se espera que todos los artículos giren en torno a esta temática, aun cuando no se excluyan otros temas del interés general de la Revista.

3. Condiciones de forma

Con respecto a los artículos, la clasifi-cación se realiza de la siguiente forma:

Artículos de investigación científica y tecnológica: presentan los resul-tados de proyectos de investigación terminados.Artículos de reflexión: presentan los resultados de una investigación desde una perspectiva analítica, interpreta-tiva o crítica del autor.Artículos de revisión: presentan los resultados de una investigación ana-lizando, sistematizando e integrando los resultados de investigaciones

Revista Cooperativismo & Desarrollo

Pautas de contribución

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publicadas o no publicadas, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo, y contando con mínimo 50 referencias.

Los artículos enviados como respuesta a esta convocatoria deberán responder a las siguientes pautas técnicas de forma:

3.1. Los artículos deben ser inéditos y no estar aprobados para su publica-ción en otra revista, y los autores se comprometen, al momento de pre-sentar sus trabajos, a no publicarlos o presentarlos en otras revistas, ni en otro medio de difusión y a ceder los derechos a la Revista Cooperativismo y Desarrollo para su publicación y difusión por medios físicos y elec-trónicos.

3.2. El contenido de los artículos es de exclusiva responsabilidad de sus au-tores y no compromete ni da lugar a establecer una posición institucional de la Revista Cooperativismo y De-sarrollo, sus órganos de dirección y gestión o sus entes de financiación.

3.3. Los artículos podrán ser remitidos, en tres ejemplares más el correspon-diente soporte electrónico (medio magnético), a la Avenida Caracas No. 44-21, Bogotá D.C. - Colombia, a nombre de Indesco - Revista Coope-rativismo y Desarrollo. También po-drán remitirse por correo electrónico a la dirección [email protected] o [email protected]

3.4. Los artículos pueden presentarse en español, francés, portugués o inglés.

Deberán tener como soporte informá-tico Microsoft Office o formato rtf.

3.5. Los artículos no podrán exceder las treinta (30) páginas, tamaño carta, a doble espacio, letra arial, 11 puntos. Las reseñas tendrán una extensión máxima de diez (10) páginas. Igual-mente, pueden remitirse anuncios, reseñas de eventos o de proyectos de investigación en curso.

3.6. La primera página del artículo de-berá incluir:

Título del artículo (en español e inglés): no podrá exceder los 40 caracteres.El (los) nombre(s), la(s) dirección(es) e institución a la que pertenece(n) el (los) autor(es), señalando además el máximo título académico alcan-zado por cada autor.Dirección física y electrónica a la que habrá de remitirse la respuesta del Comité Editorial de la Revista.Un resumen entre cien (100) y ciento cincuenta (150) palabras, en inglés y español, además de cinco (5) palabras clave, y entre tres (3) y cinco (5) descriptores alfanuméricos, conforme al sistema de clasificación de Econlit (pueden ser consultados en www.econlit.org/subject_descriptors.html).Resumen curricular del (los) autor(es) con su(s) última titulación académica.

3.7. Las citas deben realizarse en el texto, indicando entre paréntesis el nombre del autor, seguido de una

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coma, del año de publicación y, en el caso de las citas textuales, se aña-dirán dos puntos con el número de la página citada (p.e.: Serrano, 1997, p. 24). Las notas deben ser ubicadas al pie de página.

3.8. La bibliografía y su referenciación deben seguir las normas de la Asocia-ción Americana de Psicología (apa). Deberá escribirse al final del texto y debe contener todas las referencias mencionadas en éste, limitándose a las fuentes citadas en el trabajo. Debe presentarse en orden alfabético, cronológicamente si hay varias obras de un mismo autor; si un autor tiene más de una publicación en un mismo año, se ordenarán literalmente (p.ej.: 1998a y 1998b).

3.9. Los siguientes son pautas para las referencias bibliográficas:

Para libros:

Monzón, J. L. y Defourny, J. (1987), Economía social. Entre economía capitalista y eco-nomía pública, 2ª. ed., Valencia, España, Ciriec-España.

Para capítulos de libros:

Gitahy, L. y Azevedo, A. (2007), “El coopera-tivismo industrial autogestionario en Brasil: escenario y actores”, en Vuotto, M. (Ed.), La co-construcción de políticas públicas en el campo de la economía social (pp. 227-250), Buenos Aires, Argentina, Prometeo Libros.

Para artículos:

Serrano, R. (2007), “Apuntes críticos sobre democracia cooperativa”, en Revista Coope-rativismo y Desarrollo, núm. 91, pp. 63-79.

Para citas tomadas de Internet:

Álvarez, J. F. (2007), “La responsabilidad social en cooperativas de trabajo asociado en Bogotá: una mirada desde su naturaleza empresarial y asociativa” [en línea], dispo-nible en http://www.riless.org/, recuperado: 7 de agosto del 2008.

4. Proceso de revisión de los artículos

Una vez recibidos los artículos remitidos de acuerdo con las anteriores pautas de forma y con las direcciones señaladas, se seguirá el siguiente proceso editorial:

4.1. Todo trabajo de investigación será sujeto de evaluación por dos pares investigadores expertos en la temáti-ca y seleccionados por su idoneidad por el Comité Editorial de la Revista Cooperativismo y Desarrollo y con la asesoría del Comité Internacional.

4.2. Los evaluadores considerarán los siguientes ítems de los artículos re-mitidos:

Originalidad y aportes del artículo al respectivo campo del conoci- mientoActualidad y relevancia de la bibliografíaFundamentaciónDominio de la literaturaCalidad de la redacción

4.3. Los artículos podrán ser aceptados, sujetos a revisiones menores o ma-yores o rechazados. Tales decisiones serán comunicadas por la Revista Cooperativismo y Desarrollo a sus

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autores durante las cinco semanas posteriores al envío de los artículos.

4.4. En caso de ser aceptados con revi-siones menores o mayores, los autores deberán reenviar los artículos con las respectivas correcciones a la Revista Cooperativismo y Desarrollo, a más tardar dos semanas después de su evaluación inicial.

4.5. La Revista Cooperativismo y Desa-rrollo enviará dos copias de la revista a cada autor y una a cada uno de sus pares durante las cinco semanas siguientes a su publicación.

4.6. Asimismo el autor podrá aprobar la divulgación de su artículo por me-dios electrónicos y solicitar el envío diagramado.

La Revista Cooperativismo y Desarrollo es sin duda la publica-ción periódica más importante de la Universidad Cooperativa de

Colombia. Cada edición representa una memoria institucional de la Universidad y del sector cooperati-vo y solidario. En sus páginas se han desarrollado interesantes análisis y se han divulgado pautas para el fortalecimiento de la econo-mía solidaria y la formación de ciudadanos políticos afines a un desarrollo humano sostenible, pero

La Revista Nacionalde Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia es un esfuerzo de los diferentes docentes y estudiantes de las unidades científicas expertas en el área de odontología para la formación y socialización de las innovaciones académicas en latemática. A través de las expresio-nes científicas del oriente y del sur colombiano traerán nuevos aires y rumbos para el devenir de la profesión.

La revista Rastros Rostros se editó por prime-ra vez en el segundo semestre de 1998 y con esto se dio pauta a la creación del grupo de investigación Pedagogía y Lenguajes. Los ejemplares de la revista que se siguieron publicando en el transcurso de los siguientes semestres vieron en su edición una gran variedad de colores, texturas e ideas. A partir de la edición Nº 21 de mayo del 2009, la revista Rastros Rostros inició el proceso de indexación establecido por Colciencias y por ello se empezaron a unifcar criterios y a establecer los parámetros que contribuyeran en el mejoramiento de la revista, desde su estilo hasta su redacción.

La Revista Spei Domus nace de la necesidad de contar con un órgano de difusión de la investigación producida por la comunidad académica de la Facultad de Medici-na Veterinaria y Zootecnia. Es el resultado de la formación investigati-va institucional (medicina preventi-va, producción pecuaria sostenible y biotecnología) que intenta perfeccio-nar o construir conocimiento y generar desarrollos tecnológicos que faciliten la resolución de problemas propios del desempeño profesional del veterinario y el zootecnista.

La Revista Pensando Psicología es un órgano de difusión de carácter institucional que a través de edicio-nes periódicas semestrales hace difusión escrita sobre el desarrollo del conocimiento producido en el campo la psicología. En ella se plasman los logros de los programas de Psicología en los que hace presen-cia la Universidad Cooperativa de Colombia y propende por la forma-ción de una cultura de la escritura que evidencia la formación científi-ca desde los diferentes enfoques

La Revista Memorias es una publica-ción de producciones científicas, resultados de investigación, ponencias en eventos académicos y científicos o artículos que den cuenta de trabajos de grado destacados, desarrollo y transferencia de conocimiento científico en las diferentes áreas, sistematización de conocimiento científico, estados del arte y ensayos que traten temáticas relacionadas con las líneas de investigación. La Revista Memorias es un instrumento básico para presentar los productos de los grupos de investigación en general

también se expresan distintos momentos del crecimiento de la Universi-dad, sus áreas de acción y sus enlaces con la sociedad civil. De esta manera, la Revista Cooperativismo y Desarrollo configura en su haber parte de la historia de la Universidad, sus actores y su aporte al desarrollo de la nación.

y de los registrados y reconocidos por Colciencias y un punto de apoyo para el reconocimiento de nuevos grupos.

teóricos de la disciplina y su aplicación en los campos ocupacionales de la profesión a escala local, regional, nacional e incluso internacional, con la vinculación de todos los estamentos de la comunidad educativa, en el marco de los principios y valores de calidad, honestidad, compromiso y autonomía.

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y de los registraddos y reconocidos por C

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Revista Nacional de Investigaciones Indizada Categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-

ISSN: 0124-4361

Revista Nacional de la Facultad de Psicología Pensando PsicologíaIndizada categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-

ISSN: 1900-3099Revista Nacional de la Facultad de Odontología

Indizada Categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-ISSN: 1900-3080

Revista de Investigaciones en Ciencias Animales Indizada Categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-

ISSN: 1794-7928Revista Nacional de la Facultad de Educación

Indizada Categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-ISSN: 0124-406X

Revista Cooperativismo & DesarrolloIndizada Categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-

Ciriec -España- Indice CIDEC - ISSN: 0120-7180

Revistas Nacionales

La revista DIXI, publicación del Centro de Investigaciones Socioju-rídicas del programa de Derecho, se caracteriza por la divulgación del pensamiento crítico de nuestros docentes y discentes y sus investiga-ciones como aporte al debate permanente de lo sociojurídico. Hace su aparición en el mundo académico jurídico en el mes de diciembre de 1998. A lo largo de su historia, y en la búsqueda del reconocimiento, ajusta sus edicio-nes a las exigencias de Publindex –

Estrategias es una publicación de divulgación de documentos académicos que contribuyea la formación de los profesionales en administración de empresas, mercadeo y economía, en aspectos disciplinares de cada área de formación profesional de la Facultadde Ciencias Administrativas, Económicas y Contables. Con su publicación se busca dar a conocer las propuestas, ensayos y reseñas que contribuyan a la formación de los estudiantes y docentes en las diferentes competencias profesionales.

La revista Ingeniería Solidaria es un medio de divulgación de la cultura investigativa y científica, generador de espacios de crítica, argumentación y discusión que busca crear en la comunidad académica la socializa-ción de los avances investigativos en el área de la ingeniería. Es un medio de divulgación científica y académica de la Universidad Cooperativa deColombia que busca tener reconoci-miento nacional e internacional por medio de sus publicaciones con los criterios de una revista indexada.

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Cooperati-va de Colombia interesada en promover la producción intelectual y el trabajo académico e investigati-vo, tanto de docentes como de estudiantes, edita la Revista Alterfacto locución latina que significa el otro hecho. Esta publicación centra su énfasis en las discusiones actuales sobre comuni-cación y cultura en el contexto de la comunicación alternativa y los diálogos interculturales, como vía para el redescubrimiento de la

La Revista Nacional de Derecho Alé-Kumá, que en lengua chibcha significa Paz y Armonía, en su edición No. 21 cambia de formato para ofrecerse como la primera de un nuevo ciclo de publicaciones periódi-cas nacionales de la institución. Presenta cuatro secciones: Doctrina, Academia, Ensayo e Investigación, y reúne colaboraciones de destacados juristas, académicos y pensadores del derecho y áreas afines tanto colombia-nos como extranjeros.

Colciencias, dedicando su edición número 10 a la línea de investigación del programa de Derecho “Mecanismos alternativos de solución de conflictos” y la edición número 11 a la línea de investigación “Derecho y políticas públicas”. Se presenta en diciembre de 2008 a la segunda convo-catoria de Actualización del Índice Bibliográfico Nacional – Publindex, obteniendo como resultado la clasificación en la categoría C., por un período de dos años.

Temáticas que por interés académico han ayudado a dar perspectivas en el campo de la pedagogía al interior de nuestros docente así como la comunidad de educadores de nuestro país.

riqueza de nuestras diversidades, así como el despertar de conocimientos alternativos que fusionen los nuevos y los viejos usos de la comunicación.

Editorial Universidad Cooperativa de Colombia - Educc -Av. Caracas No. 37 - 63 Bloque: 4 - Of: 304

Teléfono: ( 57 1) 3323565 Ext. [email protected]á - Colombia

número 10 a la línea de investigación

La Alé-signNoNo.ofrenuecas PresAcareúnjuriderenos

Temáticas que por interés académico ha

En relación a las prácticas pedagó-gicas se fomentan la reflexión y la crítica como procesos indispensa-bles en un docente, el cual tiene la responsabilidad de formar profesio-nales con criterios políticos, solida-rios y creativos. La revista Pedago-gía & Lenguajes aborda temáticas como: comunicación, pedagogía, didáctica, lenguaje matemático, recreación, deporte, educación preescolar, dificultades del aprendi-zaje, entre muchas otras.

como el despertar de conocimientos

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Editorial Universidad CoAv Caracas No 37

Esdea adecoáredeCococooyy pro

Revista Nacional de la Facultad de DerechoIndizada Categoría C Publindex -Colombia- Latindex UNAM -México-

ISSN: 0124-7255Revista Nacional de la Facultad de Derecho - ISSN: 0123-496-X

Revista Nacional de la Facultad de Comunicación Social - ISSN: 1900-3072

Revista Nacional de la Facultad de Educación - ISSN: 1900-5830

Revista Nacional Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y ContablesISSN: 1794-1652

Revista Nacional de la Facultad de Ingeniería - ISSN: 1900-3102

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Revista Cooperativismo y Desarrollo No.98