Revista señas_Edición 4º

Señas SeñasRevista de la Casa del Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN

ISSN 2248-5430 Nº 4, 2014

Esta publicación es posible gracias al auspicio de:

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN

ÜUS YATXNXI YATCASA DE PENSAMIENTO

CXAB WALA KIWE - ACINTERRITORIO DEL GRAN PUEBLO

Casa del Pensamiento de Cxhab Wala Kiwe ACINÛus ya´htxnxi yat Cxhab Wala Kiwe

La Casa de Pensamiento, Ûus ya´htxnxi

yat, es un espacio en la Chxab Wala

Kiwe-Asociación de Cabildos Indígenas

del Norte del Cauca, que desarrolla pro-

cesos de formación política, investigación

y apoyo político para el fortalecimiento

de los Planes de Vida. La Casa funciona

a través de un colectivo de investigadoras

e investigadores indígenas y no indíge-

nas, activistas del movimiento indígena

y popular, quienes por medio del diálogo

intercultural impulsan procesos investi-

gativos y formativos para contribuir con

los propósitos de autonomía y autode-

terminación de los pueblos. El objetivo

específico de la Casa de Pensamiento es

construir y aportar conocimientos, infor-

mación y análisis crítico pertinente para

la toma de decisiones estratégicas de la

ACIN en el marco del movimiento indí-

gena, así como para la proyección zonal,

regional, nacional e internacional de los

mandatos políticos y socioculturales de

la ACIN.

La Casa de Pensamiento promueve

prácticas y reflexiones para una cons-

trucción equitativa de relaciones entre

mujeres y hombres, el mejoramiento de

las condiciones de vida de la mujer in-

dígena y su participación activa en los

diferentes espacios sociales y políticos;

desarrolla estrategias que comuniquen y

permitan la democratización de la infor-

mación y del conocimiento; se guía por

un enfoque de derechos que transforme

y dirija el conocimiento de los derechos

humanos, los derechos económicos, so-

ciales, culturales y ambientales, y el DIH,

hacia acciones de exigibilidad; y tiene

como referentes la consolidación de la

entidad territorial, el avance de la auto-

nomía y la institucionalidad indígenas,

la planeación participativa, y el fortale-

Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud

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cimiento de la economía comunitaria y

solidaria, ejes centrales del Plan de Vida

del pueblo nasa del norte del Cauca.

La Corporación Ensayos para la Pro-

moción de la Cultura Política fue consti-

tuida en enero de 2009 por un grupo de

mujeres y hombres con una amplia ex-

periencia en investigación social, educa-

ción popular y asesoría a organizaciones

sociales y comunidades, especialmente

a pueblos indígenas. Los propósitos de

Ensayos son lograr a través de la investi-

gación, divulgación, formación y promo-

ción: la profundización de la democracia

directa, la participación cualificada y

equitativa de hombres y mujeres en la

vida política, el fortalecimiento de la di-

versidad étnico-cultural y de las estruc-

turas locales de participación y toma de

decisiones de la sociedad, y el impulso

a una cultura política alternativa para

la construcción de una paz justa y du-

radera. Ensayos converge y desarrolla

acciones de cooperación con la Casa de

Pensamiento de la ACIN en sus líneas de

trabajo estratégicas.

Derechos territoriales indígenas: reconocimientos juridicos dilaciones prácticas 5

Equipo Casa de pensamiento ACIN

Hacia una estrategia jurídica territorial del pueblo nasa en el norte del Cauca Alegatos internos para una acción de restitución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 9

Equipo Casa de Pensamiento ACIN Corporación Ensayos

Notas para pensar el Decreto Autónomo de Régimen Especial para Indígenas 43

Jorge Triviño

Estado de la aplicación del Decreto-Ley 4633 55Equipo Casa de Pensamiento ACIN

Corporación Ensayos

Locomotora agropecuaria en Colombia: ni pa´lante y sí pa´ atrás 79

Luis Alejandro Delgado

89 Siguiendo la ruta de la minería en el Cauca Moritz Tenthoff

96 La defensa del territorio frente a un modelo de saqueo y despojo La minería con su herencia colonial y como paradigma de “desarrollo”

Nohora Caballero

111 Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) Una nueva fuerza política del movimiento indígena nacional

Entrevista con Jesús Javier Chávez Yondapiz

117 La investigación como trabajo de la imaginación Joanne Rappaport

125 La tulpa de los mayores en el Foro de comunicaciones Paola Chávez

UNIÓN EUROPEA

3

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Miradas jurídicas

Editorial

Investigación

SeñaSRevista de la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - aCIN N° 4, 2014

ISSN: 2248-5430

CoNSejeRía aCINGabriel Pavi júlicue, Héctor Favio Dícue Rengifo, ernesto Cunda Dauquí, Gersaín Cuetia Dagua, orlando Güejia Campo, Carlos adelmo Cobo y Luciano Méndez Dagua.

CoNSejo eDItoRIaLequipo Casa de Pensamiento

eDItoRaS Rosalba Velasco y Diana Granados

FotoGRaFía Cubierta: Michael Guetio.Beatriz Cano Uribe, Paola Chaves, archivo Fotográfico de la Casa de Pensamiento, oscar Paciencia.

DIVULGaCIóN Casa de pensamiento y Corporación ensayos

PRePaRaCIóN eDItoRIaL Marta Rojas

ReVISIóN De textoSMaría josé Díaz Granados

IMPReSIóNediciones antropos Ltda., Bogotá D.C.

Se autoriza su reproducción parcial o total citando la fuente. Se agradece enviar copia.

Calle 7 N° 6 -22. Barrio Los Samanes. Santander de Quilichao.Cauca, Colombiatelefax (57-2) 829 0958Correo electrónico:[email protected]@gmail.comCalle 30a N° 6 - 22 oficina 2702Barrio San Diego, Bogotá.teléfono: 338 21 33

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el contenido de los artículos de esta publicación es de entera responsabilidad de sus autores y la línea editorial es responsabilidad exclusiva de la Casa de Pensamiento de la aCIN y la Corporación ensayos para la Promoción de la Cultura Política; en ningún caso debe considerarse que refleja los puntos de vista de las entidades financiadoras.

Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca — ACIN

CXHAB WALA KIWE (Territorio del gran pueblo)

Movilización

Reseñas

Políticas públicas

Derechos territoriales indígenas: reconocimientos juridicos dilaciones prácticas 5Equipo Casa de Pensamiento ACIN

Hacia una estrategia jurídica territorial del pueblo nasa en el norte del CaucaAlegatos internos para una acción de restitución ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 9Equipo Casa de Pensamiento ACIN-Corporación Ensayos

Notas para pensar el Decreto Autónomo de Régimen Especial para Indígenas 43Jorge Triviño

Estado de la aplicación del Decreto-Ley 4633 55Equipo Casa de Pensamiento ACIN-Corporación Ensayos

Locomotora agropecuaria en Colombia: ni pa´lante y sí pa´ atrás 79Luis Alejandro Delgado

Departamento de Política Social, Igualdad, Deporte y Juventud

Agro y minería

Siguiendo la ruta de la minería en el Cauca 89Moritz Tenthoff

La defensa del territorio frente a un modelo de saqueo y despojoLa minería con su herencia colonial y como paradigma de “desarrollo” 96Nohora Caballero

Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS)Una nueva fuerza política del movimiento indígena nacional 111Entrevista con Jesús Javier Chávez Yondapiz

La investigación como trabajo de la imaginación 117Joanne Rappaport

La tulpa de los mayores en el Foro de comunicaciones 125Paola Chávez

UNIÓN EUROPEA


4Editorial ediTorial5

El derecho al territorio, en la abundante jurisprudencia internacional y nacional, ha sido reconocido como uno de los ámbitos fundamentales para garantizar la perviven-cia de los pueblos indígenas en el mundo. En Colombia, las luchas indígenas y de sectores solidarios y cooperantes han sido centrales para que ese derecho quedara consignado en la Constitución de 1991, y se expidiese una normatividad para la de-fensa y protección de los territorios indígenas. Sin embargo, como se ha referenciado en múltiples informes, tal defensa y protección, tanto en términos normativos como prácticos, no ha sido plena y, por el contrario, la problemática se ha agudizado por situaciones asociadas al conflicto armado interno y al modelo de desarrollo que ha tenido Colombia, en particular el de los últimos años que tiene a la minería y a la agroindustria destinada a los biocombustibles como dos de sus pilares fundamentales.

La Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe - ACIN, en el seguimiento que desde hace algunos años realiza al tema territorial, ha señalado como elementos fundamen-tales que expresan la gravedad de la problemática, situaciones como: la no titulación colectiva de territorios ocupados ancestralmente por el pueblo nasa; la extrema lenti-tud en los procedimientos de constitución, saneamiento y ampliación de resguardos; el conflicto armado y la implementación de proyectos minero-energéticos que, además de los impactos negativos sobre el equilibrio de la madre tierra, desconocen el derecho a la autonomía y a la consulta previa.

En los últimos años, con miras a avanzar en el reconocimiento fáctico de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, producto de la movilización y negociación con el Gobierno, han sido expedidos nuevos actos administrativos y decretos tendientes a hacer efectivas algunas sentencias de la Corte IDH, a reglamentar artículos como el 329 de la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y parte del articulado de la Decla-ración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, relativos a los territorios indígenas.

Entre estos actos administrativos y decretos tenemos: el Auto 004 de la Corte Cons-titucional colombiana (2009), que reconociendo las graves afectaciones del desplaza-miento forzado para la pervivencia de los pueblos indígenas, facultó al Gobierno para financiar la creación e implementación de Planes de Salvaguarda destinados a evitar el exterminio de dichos pueblos; el Decreto Ley 4633 de 2011, en cuyas finalidades está la reparación y restitución de derechos territoriales a víctimas de violaciones de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas; y, finalmente, los decretos 2333 y 1953 de 2014, resultado de las negociaciones con el Gobierno iniciadas tras la minga indígena nacional de octubre de 2013, con los cuales se pretende garantizar

Derechos territoriales indígenas: reconocimientos juridicos dilaciones prácticasEquipo Casa de pensamiento ACIN

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6 Editorial Editorial 7


la seguridad jurídica de los territorios indígenas así como el funcionamiento de los sistemas propios de salud, educación y justicia.

En esta ocasión, la revista Señas presenta un documento de estrategia jurídica para la defensa del territorio nasa, teniendo en cuenta la jurisdicción hasta ahora existente, la situación actual de la problemática territorial y los caminos hasta ahora intentados para resolver por vías de hecho y de derecho dicha problemática. La estrategia fue construida en el marco del proyecto: “Red latinoamericana para la protección de los derechos de los pueblos indígenas altamente vulnerables en el ámbito regional e in-ternacional”, financiado por la Unión Europea y ejecutado por la ACIN, para el caso de Colombia, en asocio con el Grupo de Trabajo Intercultural Almáciga. Igualmente, como parte de la discusión territorial, se expone un análisis crítico de los decretos de protección jurídica del territorio y funcionamiento de los sistemas propios, y del De-creto 4633 de 2011, en el que se evidencian las posibilidades y limitaciones de dichos decretos con relación a resolver los problemas colectivos de orden territorial de los pueblos indígenas de Colombia.

La expedición de estas normas puede ser un arma de doble filo, en el sentido de que, si no se cuenta con la preparación suficiente para su implementación práctica, con un desarrollo institucional adecuado al espíritu de dicha normatividad, con los recursos necesarios y con amplios procesos de concertación con pueblos indígenas y otras co-munidades, los esfuerzos hechos hasta ahora podrían conducir a un enquistamiento de procesos legales para el acceso al territorio, a una serie de conflictos en zonas donde el territorio es un escenario de disputa entre distintos grupos que han carecido de él, y a un debilitamiento organizativo producto de las contradicciones internas y los procesos disciplinarios que podrá adelantar el Estado por el inadecuado manejo de los recursos.

Como agravante de los históricos problemas y demandas territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, ha llegado la política agraria y minero-energética de los últimos Gobiernos. Al respecto, presentamos una reflexión que ilustra la situación de despojo y concentración de la tierra en pocas manos, y las alternativas populares frente a dicha problemática, y dos análisis que, junto a la declaración de la audiencia pública sobre la situación minera en los territorios afros e indígenas del norte del Cauca, permitirán al lector formarse una idea acerca de los pormenores e impactos de la economía minera en el Cauca, y las propuestas que los pueblos afros, campesinos e indígenas vienen construyendo para detener la mediana y grande minería, además de contrarrestar los innumerables casos de afectación territorial y social que esta forma de economía viene causando en los territorios.

Finalmente resaltamos el apoyo de la Diputación de Navarra a través de la intervención: Fortalecimiento de las capacidades de la ACIN en la protección de los derechos terri-toriales de las comunidades indígenas y de los derechos de las mujeres indígenas en el Cauca, Colombia. Fase II, que facilitó el funcionamiento del equipo de investigación en políticas del territorio y pueblos indígenas de la Casa de Pensamiento de la ACIN.

Ponemos a disposición de nuestros lectores todos estos documentos de análisis como una forma de contribuir al conocimiento, debate y búsqueda de salidas conducentes a la realización plena de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Os

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Hacia una estrategia jurídica territorial del pueblo nasa en el norte del Cauca

alegatos internos para una acción de restitución ante la Corte interamericana de Derechos HumanosEquipo Casa de Pensamiento ACIN-Corporación Ensayos

El problema territorial —entendido como la tierra necesaria para la pervivencia de los pueblos indígenas—, la exigencia de reconocimiento de los territorios ancestrales, la restitución de los territorios usurpados y la seguridad jurídica de los mismos junto a los de reciente ocupación, son temas centrales y constantes en las agendas del movimiento indígena. El presente artículo describe las diferentes estrategias legales y de hecho que los pueblos indígenas han desarrollado para tratar de encontrar una solución real y satisfactoria a dicha problemática, y explora el camino y las condiciones para una demanda internacional, dada la negligencia del Estado colombiano y las posibilidades que ofrece la legislación y jurisprudencia de la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas, la Corte IDH, el Convenio 169 de la OIT y las sentencias de la Corte Constitucional colombiana.


10 Miradas jurídicas 11Miradas jurídicas


Existe un único territorio y un único pueblo, lo cual conlleva la superación de los actuales modelos de reconocimiento y gestión del ejercicio del derecho al territorio

El reconocimiento del derecho a las tierras y al territorio de los pueblos indígenas ya está establecido en la normatividad colombiana. Pero su realización no ha tenido lugar. Es sabido que la ausencia de una legalización plena de los territorios indígenas potencia de forma grave la violencia política y sociopolíti-ca contra estos; y, esencialmente, ha quedado demostrado que tal hecho obedece a una es-trategia deliberada del Estado para impedir que los derechos ciertos de los indígenas se puedan interponer a lo que algunos han lla-mado los “derechos del capital”, una suerte de involución reaccionaria del derecho.

El territorio nasa

En el “Diagnóstico para el Plan de Salvaguar-da”, luego de la consulta con la totalidad de cabildos nasa del país, queda claro que cuan-do se habla de territorio ancestral, se hace referencia al territorio de la totalidad del pue-blo nasa. Según el Plan de salvaguarda:

… esto implica que existe un único territorio y un único pueblo, lo cual conlleva la supe-ración de los actuales modelos de recono-cimiento y gestión del ejercicio del derecho al territorio que generan una fragmentación conceptual y factual, tanto interna cuanto externa, que obstaculiza la afirmación de la Nación nasa como un único sujeto de libre determinación. Una es la Nación nasa y uno tiene que ser su territorio. En otras pala-bras, del reconocimiento de la unidad de la Nación nasa se desprende el reconocimien-to de la unidad del territorio nasa en todo el país (Equipo Nacional Plan de Salvaguarda Nasa, 2013, p. 266).

Las asambleas comunitarias para la cons-trucción del Plan de Salvaguarda Nasa, en su primera fase, definieron el ámbito territorial del pueblo nasa de la siguiente forma:

Q El conjunto de las tierras que constituyen el ámbito vital de existencia de la Madre Tierra, de los seres espirituales, naturales y del pueblo nasa según la Ley de Origen.

Q Los sitios y ámbitos de importancia cultu-ral y espiritual para el pueblo nasa.

Q El territorio actualmente ocupado por las comunidades del pueblo nasa, tanto las que corresponden a una ocupación esta-blecida históricamente y de forma inin-terrumpida en la región suroccidente de Colombia, como los de reciente ocupación pacífica en acuerdo con otros pueblos indí-genas, afros o campesinos.

Q El conjunto de los territorios ancestrales reclamados para su restitución, inclu-yendo los territorios donde está iniciado el respectivo trámite administrativo de constitución, ampliación y saneamiento de resguardo, y aquellos sobre los cuales se han hecho otras manifestaciones de reivindicación y resistencia (memoriales, investigaciones etnohistóricas).

Q Los territorios que se han perdido por el despojo y consecuente desplazamiento que el pueblo nasa ha sufrido como resul-tado de la conquista, por la Colonia y la colonización republicana, y por las olea-das de violencia política que cubrieron la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI.

Q Los territorios que han sido recibidos como indemnización o a título de repara-ción por el Estado en razón de violaciones de los derechos humanos, y los que a fu-turo el Estado deba entregar por el mis-mo motivo o como resultado de no poder cumplir los procesos de restitución.

Q Los territorios donde se han reasentado los nasa por causa de desastres naturales.

Esta territorialidad corresponde al proceso histórico mediante el cual el pueblo nasa se configuró desde el siglo XVI a partir de una confederación entre cacicazgos nasa con parentescos lingüísticos muy cercanos y con otros grupos con los cuales los nasa habían establecido alianzas político-militares prehis-pánicas. Estos últimos habitaban los comple-

nocen plenamente los territorios ancestrales nasa, así como los resguardos titulados pos-teriormente por el Estado colombiano, solo reconocen una parte de la totalidad del terri-torio ancestral. Adicionalmente, la figura mis-ma del “resguardo” es una figura restrictiva frente a los derechos políticos que el pueblo nasa reclama sobre sus territorios.

El pueblo nasa reclama hoy desde sus diver-sas formas organizativas (consejos regionales, asociaciones de autoridades, cabildos locales, nej’wesx) la unidad territorial, entendiendo el territorio en sus tres dimensiones. En el curso de la consulta para la formulación del Plan de Salvaguarda esta perspectiva fue ratificada. En acuerdo con la Declaración de los DH de los Pueblos Indígenas (2007), la territoriali-dad del pueblo nasa incluye la jurisdicción sobre el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo y el espectro electromagnético.

El territorio ancestral reclamado como pro-pio por este pueblo lo conforman 1.138.526 hectáreas (Equipo Nacional Plan de Salva-guarda Nasa, 2013). Para una población de no menos de 237.093 personas, agrupadas en unas 55.125 familias que viven en ámbi-tos rurales, no constituye una extensión muy grande; al revés, en promedio los nasa ten-drían 12 hectáreas por familia, una extensión acorde con lo establecido por el Instituto Co-lombiano para el Desarrollo Rural (Incoder) para la unidad agrícola familiar (UAF) en zo-nas agrícolas andinas.

Pero incluso estos datos pueden resultar en-gañosos en cuanto a necesidad y disponibili-

jos ambientales que hoy corresponden a los nudos y macizos de la parte sur de la Cordi-llera Central, los valles y las laderas orientales del alto valle del Cauca, y los valles y las lade-ras occidentales del valle alto del Magdalena. Hay reportes etnohistóricos y míticos (de pue-blos indígenas de la selva) que referencian la presencia de los nasa en diversas regiones de la Amazonia colombiana.

Durante las asambleas para la construcción del Plan de Salvaguarda nasa, los mayores señalaron:

Nosotros primero fuimos desplazados por la Conquista; luego vino la Colonia y la Re-pública, y fue lo mismo, nos desplazaron y nos sacaron de la tierra de los mayores; des-pués de que murió Bolívar, la cosa siguió lo mismo; a principios del siglo XX a Manuel Quintín le tocó pelear por la misma vaina, por la tierra; en la época de la Violencia la gente salió volando para la selva y para el llano, de la matazón que había; y en estos años (del siglo XXI) nada ha cambiado. Nuestro territorio se fue armando con esa violencia. Cuando echaron pa’ la montaña a nuestros antepasados, y nos tocó encue-varnos en Tierradentro y en las montañas del Cauca, eso le sirvió a Juan Tama para fortalecer la unidad y para que se fuera uniendo más la cultura y el nasa yuwe, y de ahí fue que salimos más fuertes pa’l norte del Cauca y el Valle. Ahora sigue lo mismo, pero pa’l Putumayo (Equipo Nacional Plan de Salvaguarda Nasa, 2013, p. 267).

Desde estas zonas de repliegue se ha venido dando la recuperación territorial del pueblo nasa. Salvo el poblamiento nasa que se pre-senta en territorios alejados de la Amazonia y la Orinoquia (en Meta y en Caquetá), el cual corresponde a poblamiento derivado del des-plazamiento forzado de las dos épocas de la Violencia, todos los nuevos asentamientos en el piedemonte amazónico corresponden a recuperaciones de los territorios ancestrales nasa. Los resguardos de origen colonial, ba-sados en cédulas reales españolas que reco-



dad de tierras aptas para la agricultura y, por ende, como base de la actividad productiva y la alimentación. Si tenemos en cuenta que cerca del 40 % del territorio nasa de todo el país debe destinarse a la conservación de ecosistemas estratégicos, la tierra disponible para los nasa solo sería de unas 7 ha por familia; para el Cauca, Gilberto Yafué señala que de las 300.000 ha en poder efectivo por parte de las comunidades, aproximadamente un 63 % tiene carácter netamente conserva-cionista: 46.000 ha superpuestas con par-ques naturales, casi 6.000 ha de zonas de amortiguación, 83.000 ha de páramos, sitios sagrados y zonas de importancia vital para la conservación del agua y la biodiversidad, y las restantes 165.000 ha de vocación forestal protectora. (Yafué, Chicangana y Vidal, 2012, p. 3). En la zona norte del Cauca el 47 % son zonas productivas, pero en las zonas de lade-ra las tierras productivas no alcanzan a ser el 25 %, un promedio de 2,2 ha por familia (CRIC, 2007, p. 67).

Todo lo anterior a pesar de que el propio Es-tado, a través del Incoder, ha estimado como mínimo para una unidad agrícola familiar UAF1 en el Norte del Cauca (Caloto, Corin-to, Miranda, Santander) entre 4 y 5 ha; en la zona cafetera de ese departamento (Corinto parte media y Suárez) entre 4 y 6 ha; en los municipios de media ladera del Cauca (Suá-rez, Buenos Aires, Caloto) entre 17 y 22 ha; en la parte fría (Jambaló, Toribío) entre 8 y 19 ha. Atendiendo las anteriores definiciones de Incoder sobre la UAF, el déficit de tierras productivas calculado por las diferentes or-ganizaciones y autoridades del pueblo nasa —descontando lo que ya ha sido titulado— al-canza la cifra de 89.788 ha en la zona norte del Cauca.2 De estas, se encuentran en proce-

1 Cf. Resolución 041 del Incoder, septiembre 24 de 1996.2 Para estabilizar ambientalmente el territorio del pueblo

nasa de todos los departamentos, sin proyectar el crecimiento demográfico de la población a futuro, mínimamente el Estado debe titular 633.879 ha, vale decir, 275.000 ha adicionales a las que ya se encuentran en procesos de reclamación.

sos de reclamación, titulación o ampliación unas 63.847,9 ha.

Según Delgado (2013), tomando como base el Plan Territorial Cultural de la ACIN, el promedio de tierra por familia en la Cxhab Wala Kiwe sería de 1,5 ha; pero advierte que al tener en cuenta la geografía y las condi-ciones del suelo, se evidencia que cerca del 30 % del territorio corresponde a zonas de páramo y ladera, que no son aptas para el trabajo agrícola, porque en esos lugares se encuentran ubicados los nacederos de agua y los sitios sagrados de las comunidades, así como tierras no trabajables por ser pendien-tes pronunciadas. Otro 30 % son tierras co-munitarias destinadas principalmente a la ganadería, y un 2 % a carreteras y caminos comunitarios. La realidad entonces, es que cada familia nasa “dispone” de menos de una hectárea para construir una vida.

Por lo menos 6.456 familias nasa en todo el país (más de 25.000 personas) no tienen acceso de ninguna forma a la tierra, debido a que los procesos de constitución de los resguardos respectivos se encuentran dete-nidos, suspendidos o sin iniciarse, o por no haberse iniciado los procesos de reubicación de desplazados por la violencia en los cascos urbanos.

Los requerimientos de tierras para estas fa-milias son superiores a 308.639 ha, y cursan trámites que alcanzan los 10 y hasta 15 años sin avance alguno. Al mismo tiempo, quienes tienen posesión o propiedad u ocupación del territorio ancestral tampoco encuentran ca-balmente cumplido el derecho; la alta densi-dad en la ocupación (en varias zonas de 1 ha por familia o menos, como en Caldono) ha sido reconocida por el propio Incoder en los “Estudios socioeconómicos de los resguardos del Cauca” (Incoder, 2002); como resulta-do, 353.912 ha ya ocupadas pacíficamente o que constituyen el ámbito territorial nasa han sido solicitadas para ampliación de los resguardos existentes (un 74 % adicionales a

las tierras ya tituladas) sin que los procesos avancen adecuadamente (ver abajo).

A la fecha, solo 475.975 ha en todo el país se encuentran en poder de las comunidades nasa y legalizadas, es decir, solo el 41 % del territorio ancestral; de ellas, 337.995 ha co-rresponden a resguardos de origen colonial, que siempre estuvieron en manos comunita-rias o que fueron recuperados por las propias comunidades en los últimos 50 años, luego de que fueran expropiados de forma legal o ilegal, pero siempre violenta o mediante mé-todos tramposos, desde la Conquista hasta entrado el siglo XX. En total, 662.551 ha del territorio ancestral nasa se encuentran sin le-

galizar a pesar de que en decenas de espacios de concertación, en planes gubernamentales e incluso sentencias judiciales, en decretos y resoluciones de obligatorio cumplimiento, el Estado se ha comprometido a avanzar en ello. Sobre este tema señalan Yafué et al., en un documento-informe del proceso de reestruc-turación de los resguardos de origen colonial:

Los estudios socioeconómicos realizados por el mismo Gobierno nacional a través del Incora e Incoder determinaron un fal-tante de 170.932 hectáreas para las comu-nidades indígenas del Cauca agrupadas en el CRIC. Desde el año 1999, se pactó con el Gobierno una meta de adquisición de tierras de 4.000 hectáreas por año, es decir

tabla 1 Situación de la titulación de los territorios ancestrales del pueblo nasa del norte del Cauca 2013

Municipio Comunidad / resguardo título o trámite

total constitución (ha)

total ampliación (ha)

total titulado (ha)

total por constituir o ampliar (ha)

Familias total población

Buenos Aires Cabildo Pueblo Nuevo Ceral Constitución 0,0 1.400,0 175,0 678Buenos Aires Resguardo La Paila - Naya Resguardo 501,3 0,0 501,3 798,3 113,0 980Buenos Aires Resguardo Las Delicias Resguardo 1.145,5 272,6 1.418,0 1.267,4 320,0 1.970Bs. Aires — B/ventura Cabildo Alto Naya Constitución 0,0 20.700,0 315,0 1.974Caloto Resguardo Toéz Resguardo 580,2 0,0 580,2 223,4 212,0 726Caloto Resguardo Huellas Resguardo 6.167,5 0,0 6.167,5 6.248,8 2.450,0 8.473Corinto Resguardo Corinto Resguardo 0,0 2.340,0 10.344Corinto Resguardo López Adentro Resguardo 1.730,7 1023,2 2.753,9 7.518,0 2.935,0 13.076Jambaló Resguardo Jambaló Resguardo 21.145,5 882,4 22.027,8 2.700,0 15.936Miranda Resguardo La Cilia - La Calera Resguardo 43,7 0,0 43,7 1.439,0 1.653,0 5.170Santander de Quilichao Resguardo de Guadualito Resguardo 198,8 72,0 270,8 1.342,0 382,0 1.460Santander de Quilichao Resguardo La Concepción Resguardo 609,0 219,6 828,6 2.519,0 370,0 2.143Santander de Quilichao Resguardo nasa Kiwe Tek Ksxaw Resguardo 0,0 3.295,0 659,0 3.619Santander de Quilichao Resguardo Munchique Los Tigres Colonial 8.822,0 8.822,0 934,0 3.662Santander de Quilichao Resguardo Canoas Resguardo 431,1 500,3 931,4 5.671,0 1.883,0 6.977Toribío Resguardo San Francisco Colonial 12.672,0 12.672,0 1.068,0 2.018,0 7.822Toribío Resguardo Toribío Colonial 9.018,0 9.018,0 5.980,0 2.389,0 9.477Toribío Resguardo Tacueyó Colonial 27.926,0 27.926,0 4.378,0 3.765,0 14.085Total 90.991,3 2.970,1 93.961,2 63.847,9* 25.613 108.572

* Corresponde a procesos en curso.Fuentes: Equipos Regionales del Plan de Salvaguarda nasa (2013), CRIC (2007), Censos de Resguardos, Comunidades y Asentamientos elaborados por los Cabildos nasa (2012), Planes de Desarrollo Municipal (2012), DANE (2011), Incoder (2011), IGAC (2012).



que en estos 12 años, debieron adquirirse al menos unas 48.000 hectáreas pero has-ta el momento solo se han adquirido 6.340 (2012, p. 3).

Para el norte del Cauca, la titulación es igual-mente precaria. En esta zona se concentra la mayoría de los territorios ancestrales no titu-lados ni adjudicados (tabla 1).

Las estrategias de legalización de los territorios ancestrales

Más que estrategias jurídicas pensadas, el proceso de legalización y reconocimiento de los territorios ancestrales nasa ha sido resul-tado de luchas progresivas desarrolladas en diferentes etapas de la historia política de este pueblo. Durante buena parte de este proceso, incluso la legalidad del dominio in-dígena sobre sus tierras era secundaria frente a la posesión real, habida cuenta de la nega-tiva cerril del Estado a dicho reconocimiento.

Ocupación ancestral y pacífica sin titulación, y ocupación de hecho posrecuperaciones

Los nasa han vivido de manera ininterrum-pida en su territorio, desde antes de la irrup-ción de los colonizadores y durante todo el periodo de saqueo que les impusieron. Si debieron acudir a la violencia en diferentes épocas, nunca fue tan legítima como en este caso; nadie dudará en aceptar que la guerra de los indígenas contra los invasores era el método correcto para enfrentarlos. Pero a

pesar de esos periodos de confrontación ar-mada, la situación generalizada ha sido la ocupación pacífica e ininterrumpida, incluso en la época colonial. La Comisión Interame-ricana de Derechos Humanos (CIDH) recono-ce que este solo hecho de permanecer en sus territorios es prueba y fuente del derecho a la propiedad plena; derecho que no se pone en cuestión cuando ha sido realizado con el des-pojo violento o mediante engaños y normas impuestas por el Estado poscolonial.

De ahí que resulta totalmente legítimo el método de los indígenas —especialmente en el Cauca— de la recuperación de sus tierras por las vías de hecho. “Invasores” fueron lla-mados en los años setenta por parte de los hacendados, herederos de los conquistado-res peninsulares que habían usurpado las tierras indígenas. Ya en los primeros años del siglo XXI el concepto de “recuperación” fue reelaborado y alimentado por las propias comunidades, llegándose al de “liberación de la Madre Tierra”, que reconoce desde una óp-tica más cosmológica la imposibilidad de la propiedad sobre quien es un miembro más de la comunidad.

Como resultado de la ocupación pacífica e ininterrumpida, de la recuperación de las tie-rras usurpadas y de la liberación de la Ma-dre Tierra, un número cercano al 50 % de los nasa han vivido y viven en sus territorios pacíficamente —y agredidos muchas veces—, esto acontece sobre no menos de 500.000 ha. Según la CIDH, esta situación debería bastar para que el Estado colombiano reco-nociera el derecho de propiedad y gobierno sobre las mismas, y de forma expedita expi-diera los documentos que corroboraran ese hecho. No ocurre así. En realidad, lo que se ha evidenciado en los últimos años es una pelea abierta entre los indígenas reivindican-do el derecho al territorio allí donde este se configura independiente de su legalización, y el Estado y los empresarios, intentando que solo los resguardos —territorios titulados—

puedan considerarse derechos ciertos, esto sin contar con que maniobran los procesos de certificación, falsifican los límites de los mismos, etc.

En un Estado democrático no se requerirían más acciones que la información pública al ente respectivo —y ni siquiera eso, teniendo en cuenta que la presencia indígena en sus terri-torios es un hecho manifiesto que no requie-re demostración—, para que este se dispusiera a proteger los territorios indígenas, a recono-cer sus obligaciones en materia de consulta y consentimiento previo, libre e informado en los casos en que hubieren pretensiones de explotación de recursos naturales, etc. Pero no siendo ese el caso colombiano, las limita-ciones de no proceder a la titulación de estos territorios ancestrales se traduce en múltiples riesgos y limitaciones para las comunidades.

Lo más grave es que el Estado sigue otorgan-do derechos a terceros en los territorios indí-genas; en realidad ello ocurre incluso donde hay resguardos legalmente constituidos. Pero la orgía de concesiones de títulos a empresas minero-energéticas, o de licencias de explota-ción o construcción de obras de infraestruc-tura es de un nivel descomunal; de manera que la no titulación significa la acumulación de hechos cumplidos contra el derecho de propiedad y gobierno de las comunidades so-bre sus territorios. A lo cual debemos sumar el hecho de que las comunidades que poseen y habitan dichos territorios sin titular no son incluidas como beneficiarias de recursos pú-blicos, especialmente de las transferencias del Sistema General de Participaciones.

Aunque no existen casos en el norte del Cauca, debe tenerse en cuenta que existe una alta vulnerabilidad ante el desalojo por parte del Estado en casos de explotación de recursos naturales o construcción de obras de infraestructura. Así se ha presentado en casos con comunidades nasa en el departa-mento del Putumayo —petroleras— y se prevé

en el Huila —con la construcción del complejo de hidroeléctricas, que tienen como imagen clave la represa de El Quimbo—. Teniendo en cuenta que el norte del Cauca ha sido con-cedido a empresas minero-energéticas, es de esperar que muchas comunidades sin títulos plenamente protocolizados o reconocidos sean las primeras víctimas de la locomotora minera.

Reafirmación de títulos de origen colonial

La historia nasa del último periodo está mar-cada por esta estrategia. El redescubrimiento de un derecho reconocido en la Ley 89 de 1890 —que los resguardos de origen colonial seguían vigentes, que lo robado no podía ser legalizado a los terratenientes, que la ocupa-ción de los hacendados era ilegal e injusta, que el terraje era una monstruosidad jurídi-ca— permitió darle cobertura legal a acciones de recuperación territorial que el estableci-miento hacendista señaló como ilegales. La recuperación de los resguardos de origen co-lonial —coloquialmente llamados resguardos coloniales— fue el centro de la estrategia; a diferencia de otras regiones del país, el mo-vimiento indígena del Cauca logró la recupe-ración física de casi la totalidad de las tierras reclamadas.

En la actualidad, existen trece resguardos, cinco de ellos tienen título de origen colo-nial; de los conquistados por el cacique Juan Tama están: Munchique - Los Tigres y Jam-baló en el llamado “Título de los cinco pue-blos”, y está el título de Manuel Quilo y Siclos correspondiente a los resguardos de Toribío, Tacueyó y San Francisco. Las comunidades de estos resguardos, de forma reiterada y para resolver la situación de familias nasas sin tierras, han llegado a acuerdos internos entre cabildos para entregar tierras en usu-fructo. Tal “solución” ha sido utilizada por el Gobierno para desconocer el derecho de es-tas comunidades al acceso de sus territorios ancestrales.

El déficit de tierras productivas alcanza la cifra de 89.788 ha en la zona norte

del Cauca. De estas, se encuentran en procesos de reclamación, titulación

o ampliación unas 63.847,9 ha.



Pero a partir de la recuperación de las tierras por las comunidades levantadas contra el ordenamiento hacendista, el Gobierno nacio-nal modificó regularmente su posición sobre tal legalidad. Desde el reconocimiento pleno de estos títulos, hasta el desconocimiento abierto, pasando por una andanada de argu-mentos leguleyos —necesidad de protocolizar, necesidad de clarificar los derechos de terce-ros, etc…— que ponen en cuestión el derecho mismo a la propiedad de los resguardos. Ante ello, la posición histórica del movimiento in-dígena en el Cauca ha sido la reafirmación de los títulos.

No obstante, los dos últimos Gobiernos na-cionales han querido adelantar el proceso de reestructuración de estos resguardos previa la clarificación de los títulos y cédulas reales que los sustentan; mediante el Decreto 441 de 2010, y, posteriormente en el Plan Nacio-nal de Desarrollo 2010-2014, han incluido normas para poner fecha imperativa al trámi-te. Las autoridades indígenas respondieron afirmando que cualquier trámite que se ade-lante en ese sentido debe tener como princi-pios: la plena vigencia de los resguardos y los documentos que los sustentan, el derecho a los territorios ancestrales ya reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Huma-nos y la obligación del Estado de expedir los títulos que reconozcan dichos derechos. En reciente proceso de investigación y sustenta-ción, varios de los cabildos han participado en la clarificación y demostración de los dere-chos sobre dichos resguardos, dejando expre-

so que el Estado ha actuado con negligencia para legalizar estas ocupaciones ancestrales, violando la Convención Americana, el Conve-nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Pacto de Derechos Econó-micos, Sociales y Culturales (DESC).

El propósito no oculto del Gobierno nacional es poner en cuestión dichos derechos indí-genas sobre los resguardos de origen colo-nial y promover conflictos por la tierra con supuestos propietarios privados individuales, con la intensión estratégica de hacer aún más precario el dominio indígena sobre sus territorios; esto para facilitar la conculcación de los derechos asociados (sobre los bienes naturales, recursos del subsuelo, aguas, etc.) en el contexto de intervención de empresas extractivas, de infraestructura o de grandes plantaciones. Las autoridades indígenas han sido claras en que la reestructuración solo tiene como propósito el saneamiento y la formalización de la propiedad indígena, y en caso de requerirse, la ampliación de las mis-mas para dar cumplimiento al derecho a la tierra y el territorio del pueblo nasa.

Ante una arremetida estatal como esta, es claro que los resguardos de origen colonial se encuentran en franca vulnerabilidad jurídi-ca. Esencialmente porque la reiterada expedi-ción de normas de extinción de los derechos de dominio de los indígenas sobre sus tierras —sobre todo en el siglo XIX y principios del XX— ha dejado una hojarasca normativa que ante cualquier funcionario público se con-vierte en fuente de irrespeto a los derechos indígenas. Tal hojarasca ha terminado por provocar —casi siempre de forma artificiosa— un vacío jurídico en muchos casos, que inclu-ye la aparición de títulos falsos o la existencia de copias no autenticadas o de copias adulte-radas, o la inexistencia o desaparición de títu-los que, sin embargo, son claramente válidos y así han quedado marcados en la memoria oral de los cabildos, o en efecto la conversión de títulos válidos en títulos inválidos.

Aunque la clarificación de los títulos de pro-piedad sobre los resguardos no implica rees-tructuración automática, no deja de ser pro-blemática. En algunos casos la clarificación implicará directamente la reafirmación, allí donde luego de pasar por todo el cúmulo de normas y alegatos el título resulte ser clara-mente legal. Pero lo normal es que la pro-piedad resulte cuestionada por lo menos en alguna de sus dimensiones —tanto si resulta que el título es inválido o inexistente, como si los títulos privados de terceros son reconoci-dos como válidos u obtenidos de buena fe—; en tal caso se debería pasar a la reestructura-ción, que en efecto sería un reconocimiento de títulos privados.

Pero más allá de la problemática jurídica de los títulos de origen colonial, existen obvias limitaciones para centrar una estrategia terri-torial en la reivindicación de los resguardos de origen colonial, la principal de las cuales es que no incluye la totalidad del territorio ancestral. Y, además, de que la mayoría de las pruebas documentales son cuestionadas por el Estado; incluso ganando cada una de las reclamaciones, estaríamos obligados a aceptar un procedimiento de clarificación

para que el Gobierno los reconozca, lo que no haría otra cosa que alargar los tiempos del reconocimiento.

Es plausible encontrar una alternativa jurí-dica a las obstrucciones normativas que el Estado colombiano ha puesto, la más obvia de las cuales es la presentación de una re-clamación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la consecución de un concepto jurídico independiente de orden internacional, como podría ser un pronun-ciamiento del Comité Internacional de segui-miento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pidesc) o del Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sin em-bargo, es claro que se trata de un camino que no resuelve las limitaciones señaladas: no cu-bre la totalidad de las reclamaciones jurídicas por el territorio nasa.

Proceso ordinario

Las autoridades indígenas de las comuni-dades que no cuentan con un resguardo de origen colonial, o cuyos resguardos colonia-les son estrechos para las comunidades, se

Es de esperar que muchas comunidades sin títulos plenamente protocolizados

o reconocidos sean las primeras víctimas de la locomotora minera.

Paola Chaves



dieron a la tarea de titular sus territorios an-cestrales o ampliar sus resguardos siguien-do el procedimiento ordinario. Inicialmen-te con fundamento en la Ley 89 de 1890, y, en la actualidad, basados en el Decreto 2164 de 1995 y lo dispuesto por la Ley 160 de 1994. Luego de 40 años de seguir este procedimiento, Carlos Yafué, durante varios años responsable del Programa de Tierras del CRIC, caracterizaba así la situación en el Cauca:

Para el 2004, el Incora reconocía un “área restante para completar necesidades de tierras” de 218.106,4 hectáreas para las co-munidades indígenas del Cauca, basado en los resultados de los estudios socioeconó-micos. A pesar de que esta cifra es recono-cida por la misma institucionalidad, no hay una decisión del Gobierno por hacer una agenda concertada con los pueblos dirigida suplir esta necesidad. Hasta el año 2004, el Estado había adquirido a través del Incora solo 67.188 hectáreas con destino a la am-pliación o saneamiento de resguardos in-dígenas (Incora, 2004). De estas tierras, un 55 % es decir unas 36.729 hectáreas, aún no han sido entregadas y legalizadas a fa-vor de los resguardos indígenas y siguen a nombre del Fondo Nacional Agrario (FNA). El área adquirida por el Gobierno con desti-no a comunidades indígenas del Cauca co-rresponde solo a un 12 % de los territorios en posesión; el área restante corresponde fundamentalmente a los títulos ancestrales (72 %) y a tierras adquiridas y recuperadas por las comunidades (16 %) (Yafué et al., 2012, p. 6).

El Estado solo ha tramitado la titulación de 145.912 ha, vale decir, solo el 30 % del terri-torio que hoy está en poder de las comuni-dades nasa y apenas el 12,8 % de la totalidad del territorio nasa. Pero en el Cauca y con destino al pueblo nasa, el Estado solo ha ad-quirido 52.612 ha, de las cuales 30.000 ha siguen en manos del Fondo Nacional Agra-rio; es decir, solo se han transformado en res-guardos unas 22 mil ha.

En el norte del Cauca, por resolución del Incora se han constituido nueve resguardos: La Cilia-La Calera, en jurisdicción del mu-nicipio de Miranda, Corinto López-Adentro, Huellas-Caloto, Tóez, Canoas, Concepción, Delicias y Guadualito (Delgado, 2012). En 2012, el Incoder emitió la resolución de cons-titución de resguardo del que hasta ese mo-mento era el cabildo urbano de Santander de Quilichao nasa Kiwe Tehk Ksxaw. Según datos del Equipo de Tierras y Planeación de la ACIN, el territorio indígena que compone la Cxhab Wala Kiwe abarca 203.839 hectá-reas, de las cuales existen 122.739 ha del territorio indígena, 89 ha recuperadas, pero sin legalizar. Las comunidades y autoridades del norte del Cauca han realizado demandas de titulación —constitución y ampliación— de unas 66.200 ha. Se trata de un cálculo com-partido por el Incoder en sus estudios del 2002. Dentro de los trámites activos ante el Incoder se encuentran las ampliaciones de los resguardos de Corinto, La Concepción, La Cilia-La Calera, Tóez, Canoas, Guadualito, Las Delicias y Huellas, y la constitución de los resguardos de Cerro Tijeras, Kitek Kiwe3 y el Playón (tabla 2).

El método del procedimiento ordinario —que incluye los trámites de constitución y amplia-ción de resguardos— debería entenderse en realidad como un proceso continuado de sa-neamiento, una pura legalización de ocupa-ciones históricas que han sido desconocidas con títulos espurios abiertamente falsificados o expedidos ilícitamente a los hacendados, quienes luego los han venido vendiendo a otros poseedores, algunos de buena fe.

Con los datos arriba señalados, son claras las limitaciones de seguir este procedimien-to como método central para la legalización de los territorios ancestrales. En 40 años de reivindicación territorial, el Incora y luego el

3 Posterior a la elaboración de este informe, fue titulado el resguardo de Kite Kiwe.

tabla 2. trámites de tierras activos ante el Incoder. Norte del Cauca (2012)

Nombre resguardo o cabildo Municipio trámite activoResguardo Indígena de Corinto López Adentro

Corinto Segunda ampliación: están en proceso, son cerca de 900 ha. Carta solicitud ampliación a Asuntos Étnicos del Incoder (3 de mayo de 2011).

Resguardo Indígena de la Concepción

Santander de Quilichao Segunda ampliación: está en proceso con cerca de 300 hectáreas.

Resguardo La Cilia - La Calera Miranda Carta solicitud ampliación a Asuntos Étnicos del Incoder (3 de mayo de 2011).

Resguardo Indígena de Tóez Caloto - CaucaPrimera ampliación: en análisis por parte de la comunidad. Carta de solicitud al Incoder de actualización y estudio socioeconómico del resguardo de Tóez (23 de marzo de 2011).

Resguardo Indígena de CanoasSantander de Quilichao - Cauca

Segunda ampliación: carta de solicitud al Incoder - Cauca para la actualización y estudio socioeconómico del resguardo indígena páez de Canoas (24 abril del 2012).

Resguardo Indígena de Guadualito Santander de Quilichao- Cauca.

Segunda ampliación: cerca de 200 hectáreas están solicitadas, dentro del proceso falta el estudio topográfico. Carta a Incoder - Cauca solicitando estudio socioeconómico para la ampliación del resguardo (27 abril de 2012).

Resguardo Indígena de las Delicias Santander de Quilichao - Buenos Aires

Segunda ampliación: cerca de 250 hectáreas. Según informaciones del equipo de Tierras hace falta el estudio topográfico.

Resguardo Indígena de Huellas Caloto Primera ampliación (en proceso): carta al Incoder de julio 5 de 2011, se pide la actualización del estudio socioeconómico para la ampliación del resguardo.

Cabildo Indígena de Pueblo Nuevo Ceral

Suárez Se encuentra en solicitud para constituirse como resguardo. Se entregaron las 44 escrituras a instrumentos públicos para que sean puestas a nombre del cabildo y luego se entregarán al Incoder.

Cabildo Indígena de Cerro Tijeras Suárez Ha tenido dificultades para constituirse como resguardo porque faltan predios por sanear.Cabildo Indígena de Kitek Kiwe

Timbío Está en el marco del Decreto 982, y son 56 ha que están en solicitud para constitución como resguardo.

Cabildo Indígena del Playón - Naya

Suárez No se ha logrado constituir debido a una disputa de tenencia con la Universidad del Cauca. Se está a la espera de un fallo del Consejo de Estado. (Se han unido cuatro cuatro cabildos de Naya frente a esta puja con el Incoder).

Resguardo Indígena de Jambaló

Jambaló

Titulo Colonial de 1701. Otorgado por la Corona Española al Cacique Juan Tama. En el año 2002 se reestructuró y perdió la vigencia de título colonial, y pasó a ser título republicano. El Incoder reconoce el mal procedimiento y se busca retomar el título colonial. En 1881 se registra por comunidades, No. del registro 843, esto se hace ante la misma Corana - Parroquias - en distrito de Popayán o Silvia. Tiene solicitudes de ampliación en el marco de las fincas entregadas por la Masacre de El Nilo.

Resguardo Indígena de Toribío, Tacueyó y San Francisco

Toribío

Titulo Colonial de 1700. Otorgado por la Corona Española a Manuel Quilo y Siclos es un solo título colectivo. Se protocolizó en 1737 en la provincia de Santander de Quilichao. Se realiza una amnistía donde son ratificados los títulos de manera individual para cada resguardo (basados en los títulos coloniales colectivos). Tiene solicitud de ampliación sobre fincas por el Fondo Nacional Agrario y el convenio El Nilo.

Resguardo Indígena de Munchique - Los Tigres.

Santander de Quilichao

Titulo Colonial de 1701. Otorgado por la Corona Española al Cacique de Juan Tama (los cinco pueblos). Y en 1843 recibe título Republicano. Tiene varias ampliaciones (5), la última solicitud de ampliación es frente a la parcelación la Esperanza y la finca Gualanday (convenio Masacre de El Nilo).

Fuente: Equipo Regional Plan Salvaguarda Nasa, Zona Norte (2013).



Incoder solo titularon 13.906 ha en esta zona del territorio nasa, de las cuales 6.167 corres-ponden a Huellas, que estaba casi en su tota-lidad en manos de las comunidades, y 1.730 ha a López Adentro, que fueron recuperadas por las comunidades e implicaron la muerte de líderes; las otras 67.917 ha son resguardos de origen colonial (79.500 ha si sumamos la totalidad de las posesiones de las comunida-des de Munchique) que hoy tienen las comu-nidades de Jambaló, Toribío, San Francisco, Tacueyó y Munchique-Los Tigres. En suma, el Estado en estas cuatro décadas solo ha ti-tulado unas 6.000 ha en el norte del Cauca mediante el procedimiento previsto en la ley y el decreto reglamentario para cumplir.

El Equipo de Tierras y Planeación de ACIN (2013) reporta que el Incoder solo recono-ce el carácter legal de 51.000 ha, el 25 % del territorio indígena del norte del Cauca, mien-tras que según cifras del Equipo de Tierras y Planeación, existen 81.000 ha legalmente constituidas como resguardos. Es posible que el Incoder omita, de la cifra presentada, las áreas de resguardo que se traslapan con parques nacionales, o las de predios con es-crituras públicas superpuestas a los resguar-dos de origen colonial, o incluso extensiones de estos mismos resguardos. No hay que ol-vidar que en los mapas oficiales del IGAC y el Incoder siguen excluyéndose precisamente los resguardos de origen colonial, y que los Parques Naturales Nacionales superpuestos a los territorios indígenas, a pesar de la ilega-lidad del hecho, tienen escrituras públicas de

propiedad protocolizadas en las oficinas de catastro, en una clara expropiación ilegal de los mismos.

No es de esperar que el ritmo de la titula-ción se modifique en el mediano plazo. Por el contrario, las concesiones de derechos a terceros que hemos reseñado arriba, mues-tran más bien que se ralentizará progresi-vamente. Si en los 40 años de trámites ante Incora-Incoder se han titulado 6.000 ha —un promedio de 150 ha anuales— la titulación de las 122.739 ha que ya están en poder de las comunidades sin legalizar no se lograría antes de 800 años, sin contar las que se re-quieren para la ampliación. Se trata de un procedimiento totalmente contrario a la ga-rantía del derecho a la tierra y el territorio que está estipulado en el Convenio 169 de la OIT. El procedimiento es aún más inadecuado por los enfoques básicos que utiliza el Incoder para la titulación. En primer lugar, no recono-ce derechos sobre el subsuelo, y, en segundo lugar, entiende el proceso como entrega de baldíos de la Nación y no como la restitución de tierras y territorios despojados ilegalmente. En ambos casos, se trata de interpretaciones equivocadas o, por lo menos, controvertibles.

En general, no tiene mucho sentido que las autoridades indígenas insistan de forma central en este procedimiento para resolver sus expectativas territoriales. Por el contra-rio, proceden acciones judiciales inmediatas: la denuncia sistemática ante los órganos de control interno, a sabiendas de su conniven-cia con estas actuaciones gubernamentales; la acción de cumplimiento y la acción de tutela, y la acción judicial internacional. En el apartado jurídico volveremos sobre estas posibilidades.

La entrega de tierras como indemnizaciones

El Gobierno ha sido condenado en varias ocasiones —tanto por el Consejo de Estado como en procesos adelantados ante la Cor-

te Interamericana de Derechos Humanos— a indemnizar con tierras a las comunidades in-dígenas por hechos de violencia política. El caso más representativo y conocido ha sido el acuerdo por la Masacre de El Nilo, en el cual el Estado se comprometió a la compra y titulación de 15.563 ha como medida de indemnización.

Varios problemas tiene este mecanismo. De las hectáreas que el Estado colombiano se comprometió a garantizar como medida de reparación al pueblo indígena nasa del norte del Cauca, se habían comprado aproxima-damente 14.020 ha hasta el año 2013; pero de estas tan solo 1.000 ha se han legalizado como resguardos —que es la figura constitu-cional adecuada—, ya sea para constitución o ampliación; vale decir, tan solo un 0,5 % del territorio que compone la Cxhab Wala Kiwe. Incluso persisten diferencias en las cifras que maneja el Incoder respecto a la extensión de los predios adquiridos para atender esa obligación (serían apenas 13.906 hectáreas, según datos de Delgado, 2012). El problema de la no titulación como resguardos de las tierras que el propio Incoder ha adquirido —e incluso entregado a las comunidades indíge-nas nasa a título de indemnización— es un procedimiento totalmente arbitrario y caren-te de razonabilidad, y va más allá del caso del norte del Cauca. En todo el departamento del Cauca hay 36.729 hectáreas que han sido entregadas y aún no han sido legalizadas ni como resguardos nuevos ni como ampliación de los existentes, y siguen a nombre del Fon-do Nacional Agrario (FNA).

Pero lo más grave es la imposibilidad de am-pliar los resguardos indígenas con los pre-dios adquiridos por el Estado colombiano como parte de la reparación de la Masacre de El Nilo. La mayoría de esas propiedades al día de hoy siguen en propiedad del Esta-do, en cabeza del Fondo Nacional Agrario. Dicho en otras palabras, el Gobierno colom-biano no ha cumplido ni siquiera el acuerdo

que suscribió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para efectos de dere-chos asociados al territorio, las poblaciones que viven en los mismos no pueden ejercer-los plenamente: las áreas no aparecen en los mapas oficiales del IGAC, y, por tanto, apa-recen como concesionables a terceros, espe-cialmente para títulos mineros y concesiones petroleras; no acceden a la transferencia de recursos del Sistema General de Participa-ción, no pueden presentar solicitudes al Sis-tema de Regalías, etc., a lo cual debe sumar-se el sinnúmero de conflictos por la tierra a nivel interno e interétnico que se presentan con tierras que son percibidas como predios con título precario.La compra de algunos de esos predios ha desatado conflictos interétnicos con otras poblaciones (afrodescendientes y campesi-nas) que ven amenazadas sus expectativas y proyecciones territoriales (Delgado, 2012). En particular, las comunidades nasa, campe-sinas y afrodescendientes responsabilizan al Incoder por promover los recientes conflic-tos interétnicos que han ocurrido en épocas recientes al comprar tierras para los indíge-nas en territorios históricamente ocupados por los afros y los campesinos, y viceversa. Estas estrategias del Estado dividen a las co-munidades y rompen los lazos históricos de diálogo y convivencia que estas han tejido. Así, el derecho legítimo a la tierra y al terri-torio que cobija a todos los sectores sociales y populares del país, históricamente empo-brecidos, viene siendo vulnerado por el Es-tado colombiano de manera sistemática. Las estrategias para dividir a las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes se han hecho más evidentes en los últimos acontecimientos que han ocurrido en San-tander de Quilichao y Corinto. El traslape de las expectativas territoriales, promovido por el Incoder, enfrentó de manera violenta a los campesinos e indígenas en un cinturón de alta conflictividad territorial en la medida en que allí convergen diversos intereses. En ple-

Si en los 40 años de trámites ante incora-incoder se han titulado 6.000 ha, la

titulación de las 122.739 ha que ya están en poder de las comunidades sin legalizar no se lograría antes de 800 años, sin contar

las que se requieren para la ampliación.



nitud, se trata de una forma consciente e in-tencional de negar los derechos territoriales.

De fondo, uno de los problemas estructurales es que el Gobierno —violando las jurispruden-cias sobre el tema— insiste en indemnizar a las comunidades indígenas victimizadas con tierras ancestrales indígenas; es decir, entre-gar como reparación lo que les pertenece. La totalidad de las 14.000 ha que han sido en-tregadas a las comunidades —irregularmente, como hemos visto— hacen parte del territorio ancestral. Es claro, ante la Corte Constitucio-nal y ante la Corte IDH, que tal indemnización no puede hacerse con lo que es propiedad del afectado, sino con tierras adicionales. Las autoridades han insistido en que se adquie-ran tierras en otras regiones contiguas a sus tierras ancestrales; pero la respuesta en todos los casos ha sido la falta de voluntad del Go-bierno colombiano para ampliar o constituir resguardos ubicados fuera del departamento del Cauca y cumplir así con los compromisos firmados con el movimiento indígena como una salida a la imposibilidad de adquirir tie-rras en el norte del departamento.

El Incoder es negligente para continuar con los trámites de ampliación y saneamiento de los resguardos, pues argumenta, entre otras cosas, que realizar el estudio topográ-fico de cada hectárea cuesta aproximada-mente $28.000 ($US14), y que la institución no cuenta con los recursos suficientes para hacer todos los estudios antropológicos, to-pográficos, jurídicos que se requieren para garantizar el derecho a la tierra a las comu-nidades indígenas. Todo ello dificulta aún más la consolidación del territorio ancestral y cada vez es más el número de predios que se acumulan para realizar los trámites de am-pliación del resguardo.

Y hay otro problema, igualmente grave. Aun-que el acuerdo suscrito entre el Estado y los indígenas definió que el área de 15.663 hectáreas cubría la reparación integral por la

violación de los derechos humanos, de nin-guna manera consistía en la totalidad de las expectativas territoriales de las comunidades nasa de esa zona; tal parece que el Gobierno lo interpreta de esa manera. A medida que ha pasado el tiempo, la población continúa en aumento y esa cantidad de hectáreas re-sulta insuficiente para mejorar la precaria situación territorial en la que se encuentran los nasa de la zona norte. Lo cierto es que el Gobierno suspendió todos los procesos de adquisición de tierras cobijado en el supues-to avance en materia de indemnización.

De más está decir que no puede haber una estrategia de solución territorial basada en un esquema de indemnizaciones por violaciones de los derechos humanos, aunque el tamaño de los ataques al pueblo nasa del norte del Cauca es de tal magnitud (solo en los últimos 10 años, más de 500 asesinatos, cerca de 50 desaparecidos, 36.000 desplazados, miles de amenazados), y en buena medida responsabi-lidad estatal por acción y omisión, que bien puede enfocarse la estrategia de reparación colectiva prevista en el Decreto 4633 de 2011, en una ampliación territorial de gran enverga-dura. Tal propuesta, para que tenga posibili-dades, debe rechazar el enfoque del Gobierno, en la aplicación del mencionado decreto, de desagregar las víctimas y eludir el carácter colectivo de la victimización, “priorizando” comunidades locales y, en consecuencia, po-niendo a competir a las mismas por el acceso a los recursos previstos para tal reparación.

No significa que no debe incorporarse un fuerte componente territorial en los diálogos para avanzar en las reparaciones administra-tivas; antes bien, acogiendo lo previsto en di-cho decreto, y lo ordenado por la Corte Cons-titucional en el Auto 004 de 2009, la ACIN debe formular prontamente una reclamación formal de reparación territorial como conse-cuencia de tales victimizaciones, la mayoría de las cuales estaban ligadas a luchas por la recuperación de los territorios ancestrales.

Entrega de predios sin titulación y el estado de propiedades no colectivas

Situación similar a la de tierras entregadas a título de predios privados a algunos ca-bildos y a la ACIN, viven los cabildos que adquirieron predios con recursos propios y aquellos en los que los comuneros cedieron a los cabildos sus títulos de propiedad. Esta modalidad ha sido impuesta por la negativa estatal a titular los resguardos. En el primer caso, desesperados por la incertidumbre y la vulnerabilidad ante intereses empresariales y hacendistas, muchas comunidades procedie-ron a adquirir predios a título de propiedad privada grupal pero no colectiva en términos indígenas, vale decir, son fincas que están a nombre de los cabildos pero no a nombre de la comunidad; en el segundo caso, muchos comuneros cedieron sus predios individuales al cabildo para que fuesen englobados en los procesos de titulación de resguardos. En am-bos casos, el Gobierno ha negado el proceso de titulación plena. Hay casos en los que pre-dios que han sido donados expresamente por las comunidades para conformar nuevos res-guardos (tal es la situación de Cerro Tijeras, que es titular de 7 predios comprados por la masacre de El Nilo y entregados por los resguardos de Las Delicias y Munchique Los Tigres), sutitulación ha sido obstaculizada por múltiples trámites de notariado y regis-tro, o ambientales, o por imperativos minero-energéticos.

Una cantidad importante de estos predios fueron entregados a las organizaciones indí-genas siguiendo un procedimiento mercan-til privado, pero no al pueblo indígena nasa según el procedimiento de titulación de res-guardos, de manera que son asumidos como predios privados que tienen obligaciones de pago de impuestos catastrales,4 a pesar de que fue un compromiso del mismo Estado

4 Los resguardos están exentos de pago de impuesto de catastro, el cual es asumido por el Gobierno nacional con beneficio de los municipios.

colombiano entregar los predios listos para constituir, ampliar o sanear los resguardos indígenas. Los altos costos que genera el traspaso de títulos de propiedad a las co-munidades propietarias son una carga que anuncia la ruina de los recursos de las orga-nizaciones indígenas, y, en la práctica, impide que se cumpla el derecho al territorio y la in-demnización misma. En casos como el de la ACIN, los predios adquiridos con escrituras privadas generan impuestos que ni la orga-nización ni los cabildos tienen el presupues-to suficiente para cubrir. A la fecha de este documento, las deudas se han incrementado y se han encarecido los traspasos correspon-dientes para tramitar la constitución o am-pliación de resguardos.

No está de más recalcar que las comunidades que habitan en estas tierras, al no ser reco-nocidas plenamente como tierras colectivas indígenas, no tienen acceso a los recursos y planes públicos conquistados por el movi-miento indígena para sus entes territoriales.

La ACIN está en mora de adelantar las accio-nes legales correspondientes, vale decir, ac-ciones de cumplimiento y acciones de tutela, para que se ordene al Incoder la titulación inmediata de los predios que ya están en manos de las comunidades —bien como pro-piedad del Fondo Nacional Agrario o como predios cedidos legalmente por comuneros para que sean sumados al resguardo o como predios adquiridos directamente por las co-munidades—. No existe ningún impedimento legal para que estos predios no hayan sido englobados en los resguardos existentes y se encuentren procesos que llevan cerca de veinte años sin avance alguno.

Producción de nuevos territorios (ampliación)

A partir del poblamiento nasa en el depar-tamento del Putumayo, y los poblamientos recientes (50 años) en los departamentos del Caquetá y Meta, se ha ido configurando una



estrategia de producción de nuevos territo-rios en las zonas Orinoco-Amazónicas, que implican en buena medida un cambio en los modelos socioeconómicos nasa (de tierras frías y templadas, a selvas cálidas y húmedas). Insistentes avanzadas de familias han pro-movido este esquema, basado en ocupación de tierras baldías y también en territorios no ocupados por pueblos indígenas que han te-nido procesos migratorios severos.

Las limitaciones de esta estrategia son evi-dentes. En primer lugar, por los conflictos con otras etnias, que no han dejado de ocu-rrir a pesar de los acuerdos de convivencia explícitamente logrados; en segundo lugar, por la presencia de actores armados que se resisten a la llegada de un actor sociopolí-tico como el nasa, altamente comprometido con un ejercicio autónomo del gobierno te-rritorial; en tercer lugar, por la dificultad para adoptar nuevos modelos de ocupación y pro-ducción agraria; y, obviamente, porque en la mayoría de casos no se titulan como resguar-dos. Este último elemento es clave, porque depende esencialmente de una valoración política del Gobierno nacional sobre la forta-leza organizativa de los nasa —especialmente del norte del Cauca— y su posición crítica con las transnacionales minero-energéticas, que son el actor que el Estado ha privilegiado de forma humillante en esta zonas del país; en efecto, el Gobierno se niega a titular resguar-dos nasas en varias zonas, sabedor de que los ejercicios de consulta y consentimiento previo, libre e informado desarrollados por este pueblo van a impedir los abusos de las industrias extractivas.

No obstante, debe dejarse en claro que no se trata de una estrategia inviable. El diálogo interétnico y con sectores populares rurales, la obligatoriedad del Estado de titular tierras distintas a las ancestrales en los compromi-sos por indemnizaciones, y los imperativos demográficos, van a hacer de esta estrategia una de las fundamentales.

Proceso de restitución frente a despojo (Decreto Ley 4633 de 2011)

En 2011, el Gobierno nacional expidió el Decreto Ley 4633, que pretende atender las obligaciones en materia de atención, pre-vención y reparación integral de las víctimas indígenas del conflicto armado. Uno de sus componentes es la adopción de mecanismos para la restitución de tierras despojadas por métodos violentos o engañosos a partir del año 1991. Es claro que la mayoría de los despojos a los indígenas del norte del Cauca acontecieron antes de esa fecha, por lo que resultaba clave que los despojos anteriores no fueran legalizados por efecto de esta ley, y quedaba claro que no podía ser un meca-nismo de reclamación territorial muy amplio.

La norma resultó ambigua: por una parte, el decreto-ley en cierta medida protegió los de-rechos ancestrales en el artículo 168, donde establece que se respeta la inalienabilidad e imprescriptibilidad de los territorios indíge-nas en los procesos de restitución de tierras que se adelanten en casos no indígenas, de modo que el fallo no podrá recaer en los te-rritorios de las comunidades indígenas. En el artículo 141 del Decreto 4633, se señala también que: “Los plazos y procedimientos establecidos en este Decreto no implican una renuncia a la reclamación y recuperación de los territorios por las demás vías y mecanis-mos legalmente establecidos”.

En principio, un juez de tierras no debería to-car, a favor de terceros no indígenas, ninguna parte de los territorios históricos indígenas. Pero eso no solo depende de que el juez o tribunal actúen en derecho, sino que sepan cuáles son dichos “territorios indígenas”. Por ello, la urgencia de que la ACIN elabore un mapa de los territorios históricos y los dé a conocer a la Unidad de Restitución y a los jueces y tribunales (de tierras) para que no haya “margen de error” en los fallos corres-pondientes. Sin contar con que, habida cuen-ta de que las interpretaciones del Gobierno

sobre el concepto de territorio en los casos de consulta previa lo restringe a los resguardos constituidos, es una norma que se debe hacer cumplir mediante incidencia y movilización.

Pero hay que señalar que según el artículo 141 (restitución de derechos territoriales), son susceptibles de los procesos de restitución únicamente a favor de los indígenas “las tie-rras de los resguardos de origen colonial y las tierras de ocupación ancestral e histórica que los pueblos y comunidades indígenas ocupa-ban el 31 de diciembre de 1990”. Esta norma es diferente a la anterior, en relación con las reclamaciones históricas de los pueblos indí-genas sobre los territorios ancestrales. Según una interpretación amañada a favor de los terratenientes —que pueden ser todas las de la institucionalidad—, las tierras ancestrales no ocupadas por los indígenas en esa fecha —porque para entonces habían sido expropia-das ilegalmente en la Colonia y la Repúbli-ca—, y ocupadas por terceros, sí podrían ser tituladas a estos o a los reclamantes en cual-quier proceso de restitución. Adicionalmente, aunque la norma señala que el derecho de restitución cobija a “las tierras de los resguar-

dos de origen colonial”, agrega que esto será “previa clarificación”, y que requiere para su trámite inicial la copia de la escritura pública de protocolización notarial de los documen-tos que constituyen el título del resguardo de origen colonial, y copia del certificado de re-gistro del título del resguardo respectivo.

Es muy importante elaborar y entregar a la mayor brevedad a la Unidad de Restitución y a los jueces y tribunales, el mapa de los terri-torios indígenas ancestrales sobre los cuales no se puede hacer ningún tipo de restitución. Hay que evitar que se creen contradicciones sociales por la propiedad de la tierra, entre los pueblos indígenas y los otros posibles beneficiarios de la sentencia de un juez (sea terrateniente, afrodescendiente, campesino). Con los antecedentes regionales, hay sectores interesados en que haya un nuevo alimento al conflicto por la propiedad de la tierra.5

5 La norma trae otros elementos problemáticos que deben ser tenidos en cuenta, aunque para efectos de este documento son menos relevantes. Por ejemplo, la exigencia de demostrar la validez plena de los títulos coloniales para tener derecho a protección judicial (asunto contrario a la presunción de legalidad), la falta de claridad sobre el procedimiento válido

Paola Chaves



Para efectos de la protección de los territorios ancestrales aparecen normas que debemos aprovechar. En el caso de territorios no cons-tituidos como resguardos indígenas “se pre-sume legalmente que están viciados de nu-lidad absoluta los actos administrativos que hubieren titulado u otorgado otra clase de derechos a terceros en tierras consideradas baldías ocupadas o utilizadas culturalmente por pueblos indígenas”. La definición como baldíos es problemática, pues en realidad esas tierras ancestrales no son baldías ni lo han sido; pero más allá de ello, la presunción legal de nulidad de cualquier reconocimiento o titulación a terceros sobre dichos predios es favorable a los pueblos indígenas.

Por otra parte, los mecanismos cautelares de protección previstos por esta norma pueden ser muy efectivos para la mayoría de los pue-blos indígenas. Entre estas medidas (art. 150) aparece: la aceleración de los procedimientos de constitución, saneamiento, ampliación de resguardos o de clarificación de la vigencia le-gal de los títulos de origen colonial o republi-cano; la aceleración de la titulación de tierras que están en poder del Fondo Nacional Agra-rio (ver arriba); la visibilización de territorios en reclamación; el congelamiento del avalúo catastral de predios particulares que se en-cuentren en territorios objeto de la solicitud de reparación y restitución; la suspensión de cualquier proceso judicial que afecte territo-rios de comunidades objeto de protección o de medidas cautelares, y la suspensión de trámites de licenciamiento ambiental, hasta que quede ejecutoriada la sentencia de res-titución.

Es recomendable que la ACIN acuda de for-ma más regular a utilizar la figura de las me-didas cautelares, para bloquear pretensiones de terceros de mala fe.

–el indígena o el ordinario– en los casos en que se acumulan casos indígenas y no indígenas.

Elementos jurídicos para una reclamación judicial

La importancia especial que el territorio reviste para los pueblos indígenas ha sido reconocida y tutelada por parte de institu-ciones internacionales y nacionales de dife-rente orden. La legislación y jurisprudencia colombiana ya han reconocido en diferentes instrumentos el concepto de territorio como fundamento de los derechos de los pueblos indígenas.

Derecho fundamental

En la medida que el derecho al territorio es uno de los DESC ―que los Estados deben garantizar de forma por lo menos progresi-va―, las normas ya expedidas y reconocidas por el Estado colombiano no pueden sufrir regresiones de ningún tipo. Pero, aún más determinante, en el caso del territorio de los pueblos indígenas, se trata de un derecho li-gado a la existencia misma de los pueblos, un derecho fundamental, y, por tanto, es de cumplimiento inmediato. Por esta razón, los decretos y las leyes ya expedidos, así como las interpretaciones de la Corte Constitucio-nal, deberían ser considerados obligatorios e inderogables para efectos de la relación del Estado con el pueblo nasa. El punto de re-ferencia sobre el carácter fundamental del derecho al territorio (fundamental en la me-dida en que está ligado a la existencia mis-ma del pueblo nasa) es lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-009 de 2013:

... para las comunidades indígenas el territo-rio tradicionalmente ocupado y sus recursos naturales no persiguen fines mercantiles; la tierra para los pueblos indígenas no es —por regla general— un factor de producción, ni un objeto sobre el que se ejerce dominio y se ejerce una mera explotación económica; para los pueblos indígenas el territorio tiene un significado más profundo, es el espacio donde ejercen sus actividades vitales y con

el que interactúan, y por ello está íntima-mente ligado a su existencia y supervivencia como grupos culturalmente diferenciados, desde el punto de vista religioso, político, social y económico. Por esta razón, el re-conocimiento del derecho a la propiedad, posesión y uso de las tierras y territorios ocupados ancestralmente de forma colec-tiva es fundamental para su permanencia y supervivencia (sentencia T-009 de 2013).

En la misma sentencia la Corte establece que:

.. .la dilación injustificada que había im-pedido adoptar una decisión de fondo en el trámite administrativo de titulación co-lectiva del territorio ancestral […] aparejó el desconocimiento de su derecho consti-tucional fundamental al reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural e implicó la vulneración de los derechos constitucionales fundamentales a la vida, a la dignidad y a la igualdad de sus integran-tes (sentencia T-009 de 2013).

Previamente, en la sentencia SU-383 de 2003 había planteado:

… que la concepción territorial de los pue-blos indígenas y tribales no concuerda con la visión de ordenamiento espacial que ma-neja el resto de la nación colombiana, por-que para el indígena, la territorialidad no se limita únicamente a una ocupación y apro-piación del bosque y sus recursos, pues la trama de las relaciones sociales trasciende el nivel empírico y lleva a que las técnicas y estrategias de manejo del medio ambien-te no se puedan entender sin los aspectos simbólicos a los que están asociadas y que se articulan con otras dimensiones que la ciencia occidental no reconoce (sentencia SU-383 de 2003).

Y en la sentencia T-009 de 2013 señala:

De ahí, la importancia de ampliar el concep-to de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no solo las áreas tituladas, habitadas y explota-das por una comunidad —por ejemplo, bajo la figura del resguardo—, sino también aque-

llas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera que se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de estos pueblos con la tierra y se contribuya a la preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras. […] Con base en las precisiones anteriores, es posible concluir que las tierras donde se asientan las poblaciones indígenas y triba-les (son) un verdadero espacio del ejercicio de sus tradiciones, ritos, costumbres anti-guas y del ejercicio de su autodetermina-ción diferenciada con las demás poblacio-nes. Asimismo, asegura la producción de los recursos naturales acorde con sus prácticas tradicionales de producción y autoabasteci-miento (sentencia T-009 de 2013).

[…] la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reco-nocida y comprendida como la base funda-mental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemen-to material y espiritual del que deben gozar plenamente […] para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras (sentencia T-009 de 2013).

Asimismo, la Corte IDH (2007) afirma:

... en esencia, conforme al artículo 21 de la Convención, los Estados deben respetar la especial relación que los miembros de los pueblos indígenas y tribales tienen con su territorio a modo de garantizar su supervi-vencia social, cultural y económica. Dicha

Uno de los problemas estructurales es que el Gobierno insiste en indemnizar a las comunidades indígenas victimizadas con tierras ancestrales indígenas; es decir, entregar como reparación lo que les pertenece.



protección de la propiedad […] le asigna a los Estados la obligación positiva de adop-tar medidas especiales para garantizar a los integrantes de los pueblos indígenas y tribales el ejercicio pleno e igualitario del derecho a los territorios que han usado y ocupado tradicionalmente (Saramaka vs. Surinam, 2007, §91).

En sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó en el caso de la Comunidad Mayagna Awas Tigni vs. Nica-ragua:

… Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal de la propiedad de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de esta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios territorios; la estrecha rela-ción que los indígenas mantienen con la tierra debe ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su super-vivencia económica. Para las comunida-des indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.

También con respecto a la identificación del derecho al territorio ancestral, en un primer momento la Corte (1993), con base en el

Convenio 169, aclara que el derecho a la pro-piedad colectiva de las comunidades étnicas es un derecho fundamental aunque no esté catalogado en el capítulo 1° del Título II de la Constitución. En este sentido, en la sentencia SU-510 de 1998 la Corte afirmó:

El derecho de propiedad colectiva ejercido sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y va-lores espirituales de los pueblos aborígenes. Esta circunstancia es reconocida en conve-nios internacionales aprobados por el Con-greso, donde se resalta la especial relación de las comunidades indígenas con los terri-torios que ocupan, no solo por ser estos su principal medio de subsistencia sino ade-más porque constituyen un elemento inte-grante de la cosmovisión y la religiosidad de los pueblos aborígenes. Adicionalmen-te, el Constituyente resaltó la importancia fundamental del derecho al territorio de las comunidades indígenas.

Sin este derecho los anteriores [identidad cultural y autonomía] son solo reconocimien-tos formales. El grupo étnico requiere para sobrevivir del territorio en el cual está asen-tado, para desarrollar su cultura. Presupone el reconocimiento al derecho de propiedad sobre los territorios tradicionales ocupados y los que configuran su hábitat.

Lo anterior permite ratificar el carácter fun-damental del derecho de propiedad colecti-va de los grupos étnicos sobre sus territorios (sentencia SU-510 de 1998).

Con base en ello, la Corte ha aclarado que la propiedad colectiva sobre los territorios indígenas exige una protección preferente y que “reviste la mayor importancia dentro del esquema constitucional” (sentencia T-525 de 1998), debido a que es un elemento esencial para la preservación de las culturas y los va-lores espirituales de estos pueblos, así como para garantizar su subsistencia física y su reconocimiento como grupo culturalmente diferenciado.

De lo anterior resulta claro que el Estado co-lombiano, por la reiterada demora y obstruc-ción a la titulación de los territorios ancestra-les como resguardos, viola la Constitución y sus obligaciones internacionales.

Alcance del concepto

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adopta-do por la OIT en 1989, contiene un capítulo dedicado a la cuestión de la tierra, término que incluye al concepto de territorio, enten-dido como la totalidad del espacio geográfico donde los pueblos indígenas desarrollan su vida individual y colectiva, en conformidad con sus usos y costumbres. En este sentido, es particularmente claro el artículo 13 que establece: “La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá incluir el con-cepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera” (Convenio 169 de la OIT, art. 13) (énfasis agregado).

Este concepto de territorio, como conjunto de todas las tierras que son ocupadas inde-pendientemente de las modalidades de usos, es reforzado en el artículo 14 cuando afirma que estos abarcan la totalidad de las tierras tradicionalmente ocupadas y también de aquellas que “no estén exclusivamente ocu-padas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (Convenio 169, art. 14). A este propósito, el Convenio 169 se rige por un concepto amplio de te-rritorio debido a que se consideran como tal aquellas áreas de una comunidad que com-prenden no solo las tituladas o habitadas, sino también aquellas que constituyen el ám-bito tradicional de sus actividades tradicio-nales, sagradas o espirituales (Convenio 169 de la OIT, art. 14).

Además, según el Convenio 169, cuando un pueblo indígena ha perdido la posesión de

sus territorios como consecuencia de un tras-lado o reubicación, este mantiene su derecho de propiedad y es obligación del Estado ga-rantizar el retorno en cuanto cesen las cau-sas que motivaron la reubicación (art. 16.2).6

En relación con el derecho a los recursos na-turales existentes en los territorios indígenas, en el artículo 15.1 del Convenio 169 se esta-blece que los pueblos indígenas tienen dere-cho a la utilización, administración y conser-vación de ellos. Por otro lado, si el Estado conserva la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, se deben garantizar procedimientos de consulta y participación efectiva de los pueblos indígenas, y una com-pensación o una indemnización equitativas por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades (Convenio 169 de la OIT, art. 15.2).

Por un lado, el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho a los recursos naturales presentes en los territorios indígenas y, por el otro, reconoce la posibilidad de que el Estado pueda mantener la propiedad de los recursos presentes en los territorios indígenas. Sin em-bargo, es importante destacar que al respecto el Manual de aplicación del Convenio 169 so-bre pueblos indígenas y tribales (OIT, 2003) señala que el concepto de tierra

… suele abarcar todo el territorio que uti-lizan, comprendidos bosques, ríos, monta-ñas y mares, y tanto su superficie como el subsuelo. La tierra tiene importancia funda-mental para la cultura y la vida de muchos de estos pueblos. Es la base de su subsis-tencia económica, de su bienestar espiritual y de su identidad cultural. Por tales motivos, la pérdida de tierras ancestrales amenaza su supervivencia misma en cuanto comuni-dad y como pueblo.

6 En el apartado 3 del mismo artículo se precisa que si el retorno no es posible, los pueblos indígenas tienen derecho a la asignación de tierra de la misma calidad y estatus jurídicos de la que tradicionalmente ocupaban o, en alternativa y con base en la preferencia del pueblo interesado, a una indemnización monetaria.

El territorio abarca la totalidad de las tierras tradicionalmente ocupadas

y también de aquellas que “no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente

acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia” (Convenio 169, art. 14).



A esta interpretación se refirió el pueblo nasa durante el proceso de formulación de su Plan de Salvaguarda al señalar su derecho a ordenar las relaciones con los seres de la naturaleza (que la cosmovisión occidental en general las reconoce como recursos natura-les) que existen en los territorios indígenas.

La Corte Constitucional, siguiendo una tradi-ción jurisprudencial y acogiendo las senten-cias de la Corte IDH, reconoce la Declaración de las Naciones Unidas para los Pueblos In-dígenas (DDPI) (2007) como fuente cierta de derechos, y resalta en particular la libre auto-determinación de los pueblos indígenas y los derechos a la autonomía y al autogobierno en los asuntos relacionados con su condición política, social y económica.

LA DDPI, en relación con el contenido del concepto de territorio, añade algunos im-portantes elementos a lo ya establecido en el Convenio 169 de la OIT. En particular, después de afirmar el derecho de los pue-

blos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente han po-seído, ocupado, utilizado o adquirido precisa que: “Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así como aquellos que hayan adquirido de otra forma” (DDPI, art. 26 2) (énfasis agregado).

Esta norma es particularmente relevante por-que al concepto de territorio como “tierras ancestralmente ocupadas” añade todas aque-llas que en el curso de la historia han sido ad-quiridas, independientemente del título que está a la base de este hecho. En este sentido, se tutelan no solo las tierras de ocupación tradicional, sino también aquellas de reciente adquisición y hacia las cuales se ha creado un vínculo cultural que las equipara a los territorios ancestrales. Además, la DDPI re-conoce a los pueblos indígenas una serie de derechos que están estrictamente vinculados

con el derecho al territorio y que evidencian la importancia que este tiene para la super-vivencia, la identificación cultural y espiritual, el ejercicio de la autonomía y el autogobier-no, y el derecho a vivir en paz.7

En relación con el derecho de propiedad so-bre los territorios ancestrales y de los cuales se ha perdido la posesión, la DDPI habla de derecho a la reparación (que incluye la resti-tución) de los territorios indígenas en caso de que estos hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su con-sentimiento libre, previo e informado (DDPI, art. 28). Entonces, también en este caso se asiste a una ampliación del derecho al retor-no, como el delineado por el Convenio 169, en cuanto el derecho a la restitución es re-conocido explícitamente como recuperación de territorios que se han perdido como con-secuencia de la violación del derecho de pro-piedad colectiva.

La Corte Constitucional (2013) acoge lo se-ñalado por la Corte Interamericana de Dere-chos Humanos al interpretar el artículo 21 de la Convención Americana en los siguientes términos:

Cabe primero aclarar que la jurisprudencia de esta Corporación ha resaltado la inte-gración de los Convenios 107 y 169 y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al bloque de constitucionalidad —artículo 93 de la Constitución Política— y la correlativa sujeción, por parte del Estado, a las obligaciones pactadas en el mismo. Por

7 Esto son: Protección de sitios o lugares sagrados (DPPI, art. 12); Derecho a atribuir nombres a sus comunidades y lugares (DPPI, art. 13); Derecho a mantener y fortalecer relación espiritual con la tierra (DPPI, art. 25); Derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlas sus tierras y territorios y al reconocimiento y protección jurídica de dichas tierras y territorios (DPPI, art. 26 y art. 27); Derecho a no ser desplazados de sus tierras y a la reparación por la pérdida de tierras y territorios (DPPI, art. 8(2)b; DPPI, art. 10; DPPI, art. 28); Derecho a que no se utilicen tierras y territorios en actividades militares (DPPI, art. 30); Derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural (DPPI, art. 31); Derecho a disfrutar de sus medios de subsistencia (DPPI, art. 20); Derecho a determinar prioridades de desarrollo en relación con tierras y territorios (DPPI, art. 32).

lo anterior, las disposiciones internaciona-les previamente mencionadas hacen parte del ordenamiento constitucional.

Los planteamientos desarrollados por la Corte Interamericana en torno a la pro-tección del derecho a la propiedad comu-nitaria e identidad cultural de los pueblos indígenas son de gran relevancia para el ordenamiento interno, toda vez que de allí se desprenden obligaciones internacionales concretas para las autoridades estatales, en el sentido en que el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas para hacer efectiva la posesión y el derecho a la pro-piedad sobre los territorios tradicionales de las comunidades indígenas, conforme a sus creencias y prácticas ancestrales (sentencia T-009 de 2013).

De tal manera, las interpretaciones de la Cor-te IDH no solo son obligaciones del Estado, sino que priman sobre el ordenamiento in-terno al ser parte del bloque de constitucio-nalidad.

La Corte IDH ha elaborado unas líneas en el ámbito del derecho al territorio que han contribuido de manera valiosa para la afir-mación de este derecho. A través de una in-terpretación evolutiva del artículo 21 de la de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte IDH reconoce el derecho al territorio y define su alcance y contenido. De los aspectos sustanciales hablaremos más adelante. Con referencia a la identificación del espacio geográfico que los pueblos indí-genas pueden reclamar en su derecho a la propiedad colectiva, la Corte IDH presta par-ticular atención a la importancia fundamen-tal que la tierra y el territorio tienen en las cosmovisiones indígenas. En este sentido, la Corte IDH (2001) consideró lo siguiente:

El concepto comunal de la tierra —inclusive como lugar espiritual— y sus recursos natu-rales forman parte de su derecho consue-tudinario; su vinculación con el territorio, aunque no esté escrita, integra su vida co-tidiana, y el propio derecho a la propiedad

Paola Chaves



comunal posee una dimensión cultural. En suma, el hábitat forma parte integrante de su cultura, transmitida de generación en generación. […] Consideramos necesario ampliar este elemento conceptual con un énfasis en la dimensión inter temporal de lo que nos parece caracterizar la relación de los indígenas de la Comunidad con sus tierras. Sin el uso y goce efectivos de estas últimas, ellos estarían privados de practi-car, conservar y revitalizar sus costumbres culturales, que dan sentido a su propia existencia, tanto individual como comuni-taria. El sentimiento que se desprende es en el sentido de que así como la tierra que ocupan les pertenece, a su vez ellos perte-necen a su tierra. Tienen, pues, el derecho de preservar sus manifestaciones culturales pasadas y presentes, y el de poder desarro-llarlas en el futuro (Awas Tingni vs. Nicara-gua, 2001, §6) (énfasis agregado).

En otras palabras, la Corte IDH destaca que el vínculo de los pueblos indígenas con la tierra va mucho más allá de cómo este se considera desde una perspectiva occidental. El territorio es el elemento que permite la supervivencia de los pueblos indígenas en cuanto ellos mismos pertenecen a la tierra.

Con base en lo anterior, la Corte IDH reco-noce que los pueblos y las comunidades tie-nen derecho de la propiedad colectivamente (Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, §188) so-bre sus tierras y recursos, independientemen-te de que tengan un título de propiedad. El uso y ocupación del territorio crea sistemas consuetudinarios de propiedad que deben ser respetados y garantizados por los Esta-

dos (Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, §140). Los territorios son propiedades colectivas que tienen que ser identificadas y demarcadas. En este sentido, los Estados deben adoptar en su ordenamiento jurídico interno mecanis-mos efectivos de delimitación, demarcación, titulación de la propiedad, acordes con el de-recho consuetudinario o propio, las costum-bres, los usos y los valores de la comunidad (Awas Tingni vs. Nicaragua, 2001, §138).

En la sentencia relativa al caso del pueblo Xakmok Kasek vs. Paraguay, la Corte (2010) brinda unos criterios para la determinación de la existencia de este particular vínculo de los pueblos indígenas con un determinado territorio sobre el cual se reclama el derecho de propiedad colectiva. Esta relación:

i) puede expresarse de maneras distintas se-gún el pueblo indígena del que se trate y las circunstancias concretas en que se encuen-tre. ii) Esta relación con la tierra tiene que ser posible. Algunas formas de expresión de esta relación podrían incluir el uso o la presencia tradicional, a través de los lazos espirituales o ceremoniales; asentamientos de cultivos esporádicos, caza, pesca, o re-colección estacional o nómada; uso de re-cursos naturales ligadas a sus costumbres, y cualquier otro elemento característico de su cultura (Xakmok Kasek vs. Paraguay, 2010, § 113).

En la sentencia sobre el caso del pueblo Sawhoyamaxa vs. Paraguay, la CIDH (2006) amplía ulteriormente el contenido de estas consideraciones y reconoce el derecho a la restitución de los territorios que se han per-dido, afirmando que:

1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Es-tado; 2) la posesión tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconoci-miento oficial de propiedad y su registro; 3) los miembros de los pueblos indígenas que por causas ajenas a su voluntad han salido

o perdido la posesión de sus tierras tradicio-nales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aún a falta de título legal, salvo cuando las tierras hayan sido legítima-mente trasladas a terceros de buena fe; y 4) los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente han perdido la posesión de sus tierras, y estas han sido trasladadas legítimamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o de obtener otras tierras de igual extensión y calidad. Consecuentemente, la posesión no es un requisito que condicione la existencia del derecho a la recuperación de las tierras (Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 2006, §128).

Con base en lo que hemos analizado hasta el momento, se puede ver cómo la Corte IDH, en el tema de identificación de lo que hay que considerar como territorio, ha ido mu-cho más allá que el Convenio 169 que, junto con la Convención Americana, constituyen el principal marco de referencia de este Tribu-nal para la definición de los derechos de los pueblos indígenas.

La Corte, además, clarifica que la sola pose-sión ancestral y tradicional es condición su-ficiente para el reconocimiento del derecho al territorio. En este sentido, los Estados no pueden alegar la falta de título o registro para restringir el goce pleno del territorio ances-tral. Al contrario, cuando se da esta situación de inseguridad jurídica administrativa, es obligación de los Estados delimitar, demar-car y titular las propiedades de los pueblos indígenas. Finalmente, cuando la comunidad abandona o pierde de forma involuntaria la tierra que ancestralmente posee, mantiene su derecho de propiedad no obstante haya per-dido la posesión. En esta situación, cuando la posesión ha sido adquirida por un terce-ro de buena fe, el miembro de la comunidad mantiene su derecho a recuperar su tierra o, si esto no es posible, a la indemnización por medio de otras tierras con las mismas carac-terísticas de la que ha perdido. En cualquier caso, la entrega de los territorios ancestrales

a los pueblos indígenas debe ser gratuita (Yakye Axa vs. Paraguay, 2005).

La Corte Constitucional (2011), incorporan-do las sentencias de la Corte IDH, establece el siguiente resumen de “obligaciones estatales de respeto, protección y garantía” territorial:

a) respetar la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas y contribuir con la conservación del valor espiritual que para todos los grupos étnicos comporta su relación con la tierra y su territorio, entendido este como “lo que cubre la to-talidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera”;

b) asegurar que a las comunidades indíge-nas se les reconozca el derecho a la pro-piedad comunal en las tierras asentadas tradicionalmente, una vez se tenga pose-sión de un territorio;

c) garantizar la demarcación, titulación y en-trega del territorio, en consenso con la co-munidad y dentro de un plazo razonable, y en esa medida hacer un reconocimiento formal del territorio indígena donde po-drán desarrollar su subsistencia y vida espiritual —resguardo—;

d) asegurar el uso y goce efectivo por los pueblos indígenas de los recursos natura-les que se encuentran dentro de su terri-torio, de acuerdo con su cosmovisión;

e) tomar las medidas necesarias para prote-ger el territorio de injerencias arbitrarias por parte de particulares, y solo en aque-llos casos en los que existan motivos que imposibiliten el uso y goce del derecho comunitario, deberá el Estado garantizar la participación de la comunidad, a través de figuras especiales como la consulta previa, y en dado caso, entregar tierras alternativas de igual extensión y calidad a los miembros de las comunidades in-dígenas respetando sus mecanismos autónomos de organización y toma de decisiones (sentencia T-433 de 2011).

La Corte Constitucional resalta que la nor-matividad existente en Colombia se dirige en

la Corte iDH reconoce que los pueblos y las comunidades tienen derecho de

la propiedad colectivamente sobre sus tierras y recursos, independientemente de

que tengan un título de propiedad.



varios puntos a responder a dichas obligacio-nes internacionales. Por ejemplo, reconoce que el concepto de territorio y reserva indí-gena no solo incluye las áreas ocupadas re-gularmente sino también aquellas que se uti-lizan tradicionalmente en sus actividades, y reconoce la autonomía y autodeterminación de los resguardos con relación a su territorio. Pero insiste en que el Gobierno debe avan-zar más en dirección a garantizar el derecho a la protección de las áreas sagradas o de especial importancia ritual y cultural, incluso si están ubicadas fuera de los resguardos; el derecho a disponer y administrar sus territo-rios; el derecho a participar en la utilización, explotación y conservación de los recursos naturales renovables existentes en el territo-rio, y el derecho a la protección de las áreas de importancia ecológica.

Por su parte, la Corte Constitucional se ha ocupado en muchas ocasiones de la defini-ción del contenido, la titularidad y el alcance del derecho a la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios. En

tiempos recientes, la Corte ha venido afir-mando una línea jurisprudencial que identifi-ca la ancestralidad como título de propiedad. A este propósito, en la sentencia T-617 de 2010, en la que se define el ámbito territorial de una comunidad indígena como el espacio donde esta ejerce su autonomía, se clarifica que las notas definitorias del derecho funda-mental a la propiedad colectiva del territorio por parte de las comunidades indígenas son el carácter imprescriptible, inalienable e in-embargable del territorio, y la consideración de la ancestralidad como “título” de propie-dad. Además, la Corte Constitucional ha en-fatizado que el concepto de territorio no se restringe a la ubicación geográfica de una co-munidad o un resguardo indígena, sino que se asocia al concepto de ámbito cultural de la misma; al respecto, en sentencia T-617 de 2010, la Sala Novena de la Corte explicó:

… el factor territorial [de la jurisdicción es-pecial indígena] debe entenderse en armo-nía con la idea de ámbito territorial de la comunidad, definida por la Corte Consti-tucional en otras providencias, de acuerdo

con el cual el territorio es el lugar en donde se desarrolla la vida social de la comuni-dad indígena: “Como dentro de la juridi-cidad occidental, es un contrasentido que la tierra sea sujeto del derecho, entonces, hay que inferir que la Constitución le otor-ga “derechos” es al territorio del resguardo como una entidad que en su identidad no solo expresa parte de nuestra nacionalidad colombiana, sino que es un concepto que también se ubica en el terreno de la cultura.

[…] es importante resaltar que el ámbito territorial de una comunidad es el espacio donde se ejercen la mayor parte de los de-rechos de autonomía de las comunidades indígenas; que la titularidad de ese terri-torio, de acuerdo con jurisprudencia de la Corporación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deriva de la pose-sión ancestral por parte de las comunida-des y no de un reconocimiento estatal; y que, de conformidad con el fallo citado, el territorio debe considerarse tanto desde el punto de vista físico-geográfico como des-de el punto de vista cultural, lo que impli-ca que, excepcionalmente, puede tener un efecto expansivo, lo que ocurriría cuando una conducta punible ocurre por fuera del espacio físico que demarca el territorio co-lectivo, pero puede ser remitida a él en vir-tud de sus connotaciones culturales.

Con base en lo anterior, se deprende que la ancestralidad como título de propiedad, y las características de inembargables, inalienables e imprescriptibles contenidas en el artículo 329 de la Constitución Política de Colombia, son los caracteres distintivos del derecho fun-damental al territorio ancestral colectivo.

Siempre con base en la relación especial que vincula el derecho al territorio ancestral con el derecho a la identidad étnica y cultural, la Corte también ha subrayado la importancia que tienen los lugares sagrados como ele-mentos para tener en cuenta en la identifica-ción y titulación de las propiedades indígenas (sentencia SU-383 de 2003).

Del análisis de la jurisprudencia de la Corte a la que hemos hecho referencia, destacamos que el elemento fundamental de la definición del concepto y alcance del territorio es el pa-pel especial que este reviste para un pueblo indígena en la afirmación de identidad cultu-ral y en su supervivencia. Con base en esto, y en los instrumentos de derecho internacional que hemos tomado en consideración ante-riormente, es posible entender el territorio in-dígena a partir de las modalidades de vivirlo que cada pueblo adopta de conformidad con su cosmovisión.

Como ha subrayado la Corte Constitucional, la titulación de los territorios es un derecho reconocido a los pueblos indígenas que no tiene valor constitutivo, sino el de otor-gar una seguridad jurídica a la propiedad colectiva. El territorio indígena existe inde-pendientemente de la presencia de un do-cumento que compruebe su existencia. En otras palabras, son los pueblos indígenas los que tienen que identificar en concreto cuál es este espacio y el Estado debe titularlo y registrarlo. Solo de esta forma es posible lo-grar el cumplimiento del derecho a la libre determinación y la autonomía.

Obligación de restituir

Son obligaciones del Estado frente a la Con-vención Americana de Derechos Humanos, el acatar y cumplir con las sentencias de los tribunales internacionales, las cuales vienen establecidas por varios principios básicos del derecho internacional. El artículo 27 de la Convención justamente señala que ningún Estado parte puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y el artícu-lo 62 de la Convención establece que todo Estado parte puede declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin con-vención especial la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpre-tación o aplicación de la Convención; asimis-

Paola Chaves



mo, que la Corte IDH tiene competencia para hacer la interpretación y aplicación de las dis-posiciones de la Convención, si los Estados reconocen dicha competencia. Colombia lo ha ratificado.Como señala Berraondo (2008), las senten-cias que versen sobre este tipo de casos se convierten automáticamente en obligatorias para todos los Estados que han declarado dicha capacidad de la Corte, y además la Corte Interamericana tiene la atribución de ampliar sin reservas el ámbito de aplicación de sus sentencias. Más aún, según el artículo 1.1, ningún Estado puede violar los derechos reconocidos por la Convención Americana y sus órganos de justicia e interpretación. Dice la Corte IDH:

Si el ejercicio de los derechos mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantiza-do por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

Vale decir, la obligación del Estado es modifi-car el ordenamiento interno si choca con las sentencias e interpretaciones de la Corte IDH.

Siguiendo a Berraondo (2008), en sentido estricto, una vez que se ha generado esta ju-risprudencia interpretativa de la Convención Americana, reconociendo la existencia de los derechos territoriales en aquellos Estados que han sido condenados en los casos, ya no

hace falta seguir elevando quejas al sistema interamericano para que determine la exis-tencia o no de los derechos territoriales en Estados diferentes, simplemente los Estados deben haber incorporado en sus sistemas jurídicos los reconocimientos realizados por la Corte sobre los derechos territoriales. Por eso, como señalamos al principio, basta la ocupación histórica y ancestral para que el Estado pasara de inmediato a los procesos de titulación. Pero tal cosa no ha ocurrido.

Ahora bien, la Declaración de ONU, en su ar-tículo 28, establece:

Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa, imparcial y equi-tativa, por las tierras, los territorios y los re-cursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado de otra forma y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado. Salvo que los pue-blos interesados hayan convenido libremen-te en otra cosa, la indemnización consistirá en tierras, territorios y recursos de igual cali-dad, extensión y condición jurídica o en una indemnización monetaria u otra reparación adecuada (Declaración de Universal de los Derechos Humanos de la ONU, 1948).

Es aquí donde la Corte IDH ha pasado a ampliar la interpretación. Según esta corpo-ración, los pueblos indígenas o tribales que pierdan la posesión total o parcial de sus territorios, mantienen sus derechos de pro-piedad sobre tales territorios, y tienen un derecho preferente a recuperarlos, incluso cuando se encuentren en manos de terceras personas. La CIDH ha resaltado la necesidad de que los Estados tomen medidas orienta-das a restaurar los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, y ha indicado que la restitución de tierras es un derecho esencial para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comu-nitaria. Y considera que el derecho a la res-

titución de las tierras y los territorios de los cuales los pueblos se han visto privados sin su consentimiento es uno de los principios internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, terri-torios y recursos naturales.

La idea central que ha guiado la jurispruden-cia de la Corte IDH es que —en atención a lo analizado previamente— ni la pérdida de la posesión material, ni las prohibiciones de acceso al territorio tradicional por los propie-tarios formales son obstáculos para la con-tinuidad de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. En suma, ni la pérdi-da de posesión ni la reducción o eliminación del acceso a la tierra hacen caducar el dere-cho a la restitución de las tierras ancestrales perdidas. Según la Corte IDH, el derecho de restitución permanece siempre que subsista la relación fundamental con el territorio an-cestral; la Corte tiene en cuenta que la base espiritual y material de la identidad indíge-na se sustenta principalmente en su relación única con sus tierras tradicionales: mientras esa relación exista, el derecho a la reivindica-ción permanecerá vigente, en caso contrario, se extinguirá.

En este marco interpretativo, el título de pro-piedad comunal indígena debe hacerse “po-sible”, en el sentido de que no se considerará extinguido cuando la comunidad no haya po-dido ocupar o usar sus tierras tradicionales:

… porque se han visto impedidos de hacerlo por causas ajenas a su voluntad que im-pliquen un obstáculo real. Una vez que se ha demostrado que el derecho de recupe-ración de las tierras tradicionales perdidas está vigente, corresponde al Estado realizar las acciones necesarias para devolverlas a los miembros del pueblo indígena que las reclama.

El Estado tiene la obligación de adoptar “acciones para efectivizar el derecho de los miembros de la comunidad sobre sus tierras tradicionales”.

Para hacer efectivo el derecho a la restitución territorial, los Estados deben proveer a los pueblos indígenas y tribales de recursos ad-ministrativos y judiciales efectivos e idóneos, que les presenten una posibilidad real de restitución material de sus territorios ances-trales. Y ahí es donde no se cumplen las obli-gaciones estatales.

La CIDH ha precisado que los pueblos in-dígenas y tribales tienen derecho a recursos administrativos legalmente establecidos que sean efectivos para la solución definitiva de sus reclamaciones territoriales. Ha señalado que los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a no ser sometidos a demoras irra-zonables para llegar a una solución definiti-va de su reclamo, a que los procedimientos administrativos para la restitución de tierras sean efectivos, a gozar de una posibilidad real de que los miembros de los pueblos indíge-nas y tribales recuperen sus territorios. Los Estados tienen la obligación de “asegurar que los trámites de esos procedimientos sean accesibles y simples, y que los órganos a su cargo cuenten con las condiciones técnicas y materiales necesarias para dar oportuna res-puesta a las solicitudes que se les hagan en el marco de dichos procedimientos”.

Por otra parte, la CIDH señala que la legis-lación interna de los Estados debe proveer también de un proceso judicial efectivo para proteger las legítimas reivindicaciones territo-riales de los pueblos indígenas. Su sola ausen-cia constituye una violación de la Convención Americana. La CIDH ha recomendado en este sentido a los Estados “establecer un recurso judicial eficaz y sencillo que tutele el derecho de los pueblos indígenas […] a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales”.

Incluso, la Corte IDH señala que frente a ter-ceros propietarios de buena fe se mantiene el derecho a la devolución de tierras, el cual debe ser regulado de tal forma que ofrezca una posibilidad real de recuperar las tierras tradicionales; la Corte rechaza procedimien-

la sola posesión ancestral y tradicional es condición suficiente para el reconocimiento

del derecho al territorio. En este sentido, los Estados no pueden alegar la falta

de título o registro para restringir el goce pleno del territorio ancestral.



tos que dependen de la voluntad de los tene-dores actuales de la tierra y considera que la voluntad de los propietarios actuales de las tierras ancestrales no puede impedir el goce efectivo del derecho a la restitución territo-rial. Incluso la CIDH y la Corte consideran que cuando hay razones que hagan imposi-ble al Estado restaurar los derechos territo-riales se mantiene el derecho a la reparación, caso en el cual el Estado debe entregar tie-rras alternativas de igual extensión y calidad, escogidas con los indígenas. Y va más allá; para la Corte Interamericana, un tratado in-ternacional bilateral de inversión en vigor, que proteja a los propietarios privados de las tierras reclamadas, también es un moti-vo jurídicamente insuficiente para denegar el derecho a la propiedad y a la restitución territorial de los pueblos indígenas y tribales, pues un tratado internacional de libre comer-cio, por ejemplo, no puede estar por encima de los derechos humanos.

Como señaló el Auto 004 de 2009 de la Corte Constitucional, los pueblos indígenas se han visto enormemente vulnerados en el ejercicio y goce del derecho a su territorio en el marco del conflicto armado. El desplaza-miento forzado de los pueblos indígenas ha tenido y sigue teniendo gravísimos efectos sobre el territorio que es objeto de abando-

no. Además, las afectaciones territoriales por el conflicto no involucran solo los territorios despojados sino también aquellos donde el pueblo nasa sigue viviendo. En este sentido, la restitución de la totalidad de las tierras en un contexto de paz será considerada como el piso mínimo para el restablecimiento del estado de cosas constitucional y para el de-sarrollo de la vida en armonía y equilibrio se-gún la Ley de origen. Puesto que el Auto 004 ordena que el Plan de Salvaguarda proteja el derecho a la existencia del pueblo nasa como sujeto colectivo de derechos, la restitución de los territorios expropiados es un componente fundamental y es el fundamento de toda la estrategia de protección.

Relacionado con lo anterior, es bueno preci-sar que la idea del pueblo nasa sobre la res-titución de los territorios perdidos como con-secuencia del conflicto armado va más allá de las limitaciones temporales (y políticas) contenidas en la Ley 1448 de 2011, y en el Decreto-Ley 4633 del mismo año. En efecto, frente a la gravedad e historicidad de las vio-laciones y de las afectaciones por el conflicto armado, resulta del todo inapropiado que se pueda reclamar el derecho a la restitución sobre “las tierras de los resguardos de origen colonial y las tierras de ocupación ancestral e histórica que los pueblos y comunidades

indígenas ocupaban el 31 de diciembre de 1990” (Decreto 4633, 2011, art. 141). Y aún más, si el objetivo macro es el de restablecer un estado de cosas constitucional.

Como hemos señalado de manera detallada, la Corte IDH ha ratificado el planteamiento de los pueblos indígenas en el sentido de que sus territorios son los que hoy tienen en su poder, pero también son los que les han qui-tado. La Corte dijo: si los indígenas tienen un título, eso está bien; pero si se les perdió el título o si nunca lo tuvieron, no importa por-que si los pueblos indígenas no tienen título, el solo hecho de que estén y hayan estado ahí es suficiente prueba. En esta medida, la posesión ancestral reivindicada por el pueblo nasa es prueba suficiente.

Lo segundo que dijo la Corte IDH fue más in-teresante: restituir es devolver. La Corte dijo: incluso si las tierras de los indígenas están en manos de alguien que tiene una escritura pública legal, el Estado tiene que desarrollar las acciones necesarias para devolvérselas.

Elementos específicos para una estrategia

Requerimientos internos

Q Se requiere en lo inmediato el autorreco-nocimiento del pueblo nasa como sujeto único de derechos territoriales, que inclu-ye una explícita autorización del conjunto de las autoridades nasa de todo el país para proceder desde el norte del Cauca. Al respecto, es bueno tener en cuenta que la Corte Constitucional ya lo hizo, al ex-pedir el Auto 004 y reconocer al pueblo nasa como sujeto colectivo de derechos; en el mismo sentido, el Plan de Salvaguar-da Nasa es el primer acto jurídico que se adelanta como sujeto colectivo único.

Q Es necesario acordar una posición políti-ca unificada de los veinte cabildos sobre la estrategia de reclamación internacional. Esto debe acordarse en un Congreso o Junta de Gobernadores, para que sea una

determinación más allá de cada gobierno o consejería.

Q Se requiere adoptar una posición frente a política del Gobierno en materia terri-torial, especialmente denunciando el in-cumplimiento de las obligaciones ante la CIDH en el caso de la Masacre de El Nilo, y la inviabilidad del trámite ordinario para cumplir efectivamente un derecho funda-mental que debe ser garantizado de forma inmediata.

Q Constituir y mantener un equipo de traba-jo permanente dedicado a la reclamación de tierras y territorios ante el Incoder, el Gobierno en su conjunto, y ante las ins-tancias internacionales.

Agotar el procedimiento interno, previo a la acción internacional

El propósito inmediato del Equipo de Tierras es “demostrar” que el procedimiento interno se agotó, habida cuenta de la negligencia es-tatal y la imposibilidad de terminar el proceso siguiendo trámites ordinarios. Para lo ante-rior, se requiere elaborar una documentación propia, fundamento del alegato específico, consistente en:

Q Delimitar el ámbito territorial nasa.

Q Precisar —mediante una ficha— el estado de los trámites para la legalización en to-do ese territorio, a fin de demostrar que el Gobierno no ha cumplido y el proce-dimiento es inviable, pues incluso funcio-nando, el trámite ordinario duraría 200 años, y, al ritmo actual, 800 años.

Q Demostrar que el Estado ha mantenido una política de comprar y no titular.

Q Mostrar que los mecanismos judiciales son casuísticos y, en el caso del pueblo nasa, son escasos.

Q Realizar regularmente —semestral— infor-mes de problemas de riesgo territorial asociados a la ausencia de titulación y una caracterización de la problemática.

Paola Chaves



Para consolidar dicho agotamiento en el or-denamiento interno, se proponen los siguien-tes elementos metodológicos:

Q En primer lugar, crear antecedentes en el orden local y particular. Se puede avanzar con la interposición de acciones de tutela y de cumplimiento reiteradas, y propiciar una declaración sobre el pueblo nasa en su conjunto.

Q En segundo lugar, y de acuerdo con los fa-llos específicos, pasar a realizar una recla-mación como pueblo nasa ante la Corte Constitucional por falta de titulación.

Posicionamiento nacional e internacional

Q Se sugiere centrar el cabildeo nacional e internacional, así como los informes, en los siguientes temas de posicionamiento: agotamiento del procedimiento interno para la titulación, buscar una orden in-ternacional para que adopte o adapte el procedimiento interno, y posicionamiento del concepto de territorio ancestral en di-ferentes ámbitos académicos.

Q Propiciar pronunciamientos de instancias nacionales, en particular la Defensoría del

Incoder (2002). Estudios socioeconómicos de los resguardos indígenas del Cauca. Bogotá: Convenio

Incoder-CRIC.

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (1996). Resolución 041 del 24 de septiembre de 1996.

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Jurisprudencia

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Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-009 de 2013.


Corte constitucional de Colombia, sentencia T-525, 1998.


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Corte IDH, caso de la comunidad Sawhoyamaxa vs. Paraguay, sentencia del 20 de mayo de 2009.

Corte IDH, caso de la comunidad Xákmok Kásek vs. Paraguay, sentencia de 24 de agosto de 2010.

Corte IDH, caso de la comunidad Yakye Axa vs. Paraguay, sentencia del 17 de junio de 2005.

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Pueblo, Comisiones de Derechos Huma-nos y Paz del Congreso de la República, centros académicos e investigadores/as independientes.

Q Propiciar pronunciamientos de diferen-tes instancias internacionales, a partir de informes específicos construidos con la metodología arriba indicada y enviados a dichas instancias. Se recomienda, de for-ma prioritaria, entablar diálogos sobre el tema con: relator especial de la ONU pa-ra los derechos de los pueblos indígenas, foro de la ONU sobre pueblos indígenas, Comité Internacional del Pacto DESC y Comisión contra la discriminación racial.

Q El método sugerido debe combinar: cabil-deo ante las instancias señaladas, elabo-ración de informes y realización de por lo menos dos visitas anuales a estas instan-cias para presentar los informes y hacer seguimiento de los mismos.

Vía judicial internacional ante la CIDHUna vez agotado el procedimiento interno y posicionada la reclamación, se podría pasar a entablar la acción jurídica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Referencias

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42Editorial

han hecho nada sobre el tema) reconoci-da por la Corte Constitucional en senten-cia C-489 de 2012, considerando 2.8.47, se tiene el argumento jurídico suficiente para que el Gobierno nacional pueda utili-zar las facultades de la norma constitucio-nal transitoria en mención para “…dictar las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territo-rios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales…”, es decir, los municipios, departamentos y distritos (art. 286, CP).

Sobre la viabilidad del Decreto Autónomo de origen constitucional

1. El presidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón —con la firma de los mi-nistros del despacho—, puede y debe fir-mar el Decreto Autónomo, con las faculta-des de origen constitucional consagradas en el artículo 56 transitorio, mientras se expide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para los territorios indígenas según lo dispuesto en el artículo 329 de la Constitución Política de Colombia. Dada la omisión legislativa absoluta (hasta aho-ra el Estado, el Gobierno y el Congreso no

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S Notas para pensar el Decreto autónomo de régimen Especial

para territorios indígenasJorge Triviño*

* Abogado, asesor jurídico de la ACIN.

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y las inversiones sociales. Recursos que deben ser distintos a aquellos que deben asignarse para financiar los servicios pú-blicos a cargo de los territorios indígenas en salud y educación; iii) tampoco les se-ñala presupuesto independiente, que no provenga de los recursos del Sistema Ge-neral de Participaciónes (SGP), o que, pro-viniendo de dicho sistema, se tengan para libre inversión de los territorios indígenas; iv) tampoco señala los tributos propios para los territorios indígenas dejando sin regular la facultad para hacerlos o recau-darlos (arts. 287 y 330); v) ni determina ni obliga a los municipios, departamentos y distritos a trasladar, a título de participa-ción, una parte de los recursos tributarios municipales y departamentales, en favor de los territorios indígenas, de los que pertenecen al ente territorial respectivo y de los que recaudan los municipios, de-partamentos y distritos como: el impuesto a la gasolina, el de industria y comercio, el predial, el de ganado, el de licores y ciga-rrillos y el de registro y anotación, por ci-tar algunos, que deben también beneficiar a los territorios indígenas en proporción con la población indígena y no indígena que habita en ellos; vi) tampoco regula, en forma taxativa, las exenciones de los impuestos nacionales, departamentales y municipales para todos los territorios indígenas y sus organizaciones políticas y administrativas (cabildos, resguardos, asociaciones de cabildos u organizacio-nes indígenas tradicionales) en sus actos y contratos; y, finalmente, vii) tampoco regula el tema de las circunscripciones especiales para elección de miembros de concejos municipales de comunidades in-dígenas, alcaldes municipales o distritales en territorios cien por ciento indígenas, diputados ante las asambleas departa-mentales y candidatos a la gobernación de cada departamento al que pertenezca el territorio indígena.

4. El nuevo proyecto de decreto establece, para los cabildos y asociaciones de ca-bildos y autoridades u organizaciones indígenas, el trámite administrativo de la contratación oficial para el uso y el gasto de los dineros transferidos a salud, edu-cación y funcionamiento, de acuerdo con las normas de las leyes colombianas de contratación (Ley 80/93, con sus refor-mas, adiciones y decretos reglamentarios) y de la Ley Orgánica de Presupuesto pa-ra la clasificación de los ítems o partidas presupuestales. Es decir, les impone una asimilación cultural en los temas jurídicos que vulnera la autonomía consagrada en los artículos 246 y 330 de la Constitución Política. Este tema en especial, debe ser objeto de profundos análisis para deter-minar las bondades o las afectaciones que tendrá, para las comunidades indígenas, la implantación del sistema general de con-tratación de la Ley 80 de 1993, ley que, de acuerdo con el proyecto de decreto, regu-lará el uso y la disposición de los recur-sos del sistema general de participaciónes de los resguardos indígenas, en cuanto a eficiencia y control de gestión, en modo idéntico a como actualmente se regulan y controlan las alcaldías municipales.

5. Sin embargo, el nuevo proyecto de de-creto constituye un avance en cuanto al establecimiento de reglas claras para que los recursos oficiales lleguen directamen-te a los cabildos y a las demás autoridades tradicionales, siempre y cuando estas lo-gren aprobar el examen de los requisitos establecidos por el mismo decreto. Pero, por lo pronto, es importante resaltar que permite a las comunidades indígenas rea-lizar una tarea urgente por doble partida: i) por un lado, asimilar los procedimientos jurídicos y administrativos nacionales con talleres, informes, instrucciones y semi-narios de entrenamiento, que permitan a cada autoridad indígena asumir en forma

2. El objeto del nuevo decreto de origen constitucional consiste en poner en fun-cionamiento los territorios indígenas “…respecto de la administración de los siste-mas propios de los pueblos indígenas”, se-gún reza textualmente el encabezamiento del proyecto de decreto del Gobierno na-cional. Por tanto, el decreto en revisión, no incluye, y por el contrario, excluye, el tema territorial de la “…conformación y delimi-tación de las tierras o territorios ances-trales en territorios indígenas”, lo cual ordena el artículo 329 —en concordancia con el artículo 330 constitucional— para ponerlos en funcionamiento dictando las normas fiscales y demás necesarias. Este tema que puede y debe manejarse con el Gobierno nacional para acordar o pactar su reglamentación en: i) otro decreto, de igual categoría constitucional que el ar-tículo 56 transitorio, el cual permita su funcionamiento fiscal y administrativo; ii) mediante un decreto reglamentario de la Ley 160 de 1994, o incluso, iii) median-te un decreto reglamentario de la Ley 21 de 1991, que ratifique el Convenio 169 de 1989 de la OIT, como se ha venido traba-jando con la Casa de Pensamiento de la ACIN, para determinar las reglas claras y precisas que regulen los territorios indíge-nas en sus tierras y territorios tradiciona-les, o en las tierras o territorios ancestra-les originarios o primigenios constituidos por ocupación ancestral.

3. El nuevo proyecto de decreto no agota el tema de las Entidades Territoriales Indí-genas ni regula todo el funcionamiento de los territorios indígenas: i) ni en el tema del territorio, su conformación y delimi-tación, como se indicó; ii) ni en materia fiscal y tributaria, porque no determina las reglas para obtener y asignar los re-cursos tributarios para los territorios indí-genas, con los cuales puedan financiarse las inversiones civiles en infraestructura

directa el manejo de los recursos, sin incu-rrir en contratiempos por desconocimien-to de la norma jurídica de la cultura ma-yoritaria y, ii) por otro, encontrar un nuevo camino jurídico, práctico y concreto, que el Gobierno nacional acepte y respete, que consagre en los decretos de origen constitucional del artículo 56 transitorio, la vigencia real y efectiva de la autonomía e identidad cultural de los pueblos indíge-nas en el manejo de los recursos públicos, y la asignación de los faltantes, para cubrir las inversiones civiles de infraestructura y las sociales propias y necesarias para el desarrollo integral de los territorios indí-genas, realizadas de acuerdo con la propia visión cosmogónica de la Ley de Origen de cada pueblo. Territorios sumidos en una gran depresión por el enorme atraso en las inversiones públicas: vías, comuni-caciones, acueductos, alcantarillados, pro-ducción de energías alternativas no con-taminantes, establecimientos educativos, culturales, deportivos, de salud, bienestar infantil y proyectos productivos propios que generen autonomía alimentaria.

6. En cuanto al tema de la vigilancia y el control de los recursos del Estado —tanto de los que se transfieran directamente a las autoridades indígenas que aprueben los requisitos, como de los que seguirán siendo manejados a través de las alcaldías municipales, departamentos y distritos—, lo que el decreto puede establecer es: i) por un lado, que los trámites administrati-vos para los pueblos indígenas se cumplan bajo la norma constitucional del control fiscal de resultado de la administración, según lo dispuesto en el artículo 119 de la Constitución Política de Colombia,1 y que esta función se haga efectiva con arreglo a las normas especiales para territorios

1 Constitución Política, artículo 119. La Contraloría General de la República tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la Administración.



indígenas que se establezcan de común acuerdo con los pueblos indígenas y a cargo de la Contraloría General de la Na-ción, ente que también tiene a su cargo la vigilancia de la gestión fiscal del Estado. ii) Por otro lado, que las normas de con-tratación para territorios indígenas serán, transitoriamente, las normas nacionales que establezcan los procedimientos más sencillos y directos, o las propias del pue-blo indígena (como las de contratación directa), y las que libremente determinen sus autoridades del derecho privado o del derecho propio sobre la materia. Deter-minación que puede y debe ser publicada previamente en el Diario Oficial por la au-toridad indígena respectiva, como Manda-to del Pueblo Indígena para conocimiento general de todos, y de la Contraloría Ge-neral de Nación en particular.

El tema de la contratación directa y pro-pia es esencial porque la autonomía, en la norma jurídica, ya estaba reconocida desde el Decreto 1088 DE 1993 —que también es de origen constitucional— con el cual se regula la creación de las aso-ciaciones de cabildos o Autoridades Tra-dicionales Indígenas. Decreto que en su artículo 10 (Naturaleza de los actos y con-tratos), define que: “Los actos y contratos de naturaleza industrial o comercial de las asociaciones (de cabildos o autori-dades tradicionales) de que trata el pre-sente Decreto, se regirán por el derecho privado. En los demás casos se sujetarán a las normas sobre asociaciones de enti-dades públicas conforme al Decreto 130 de 1976”; y el artículo 14, modificado por el artículo 35, Ley 962 de 2005, que dice: “En los aspectos no regulados, se aplicará el Decreto Reglamentario 2164 de 1995 —que dicta normas para conformar o am-pliar los resguardos indígenas— o los usos y las costumbres de los pueblos indíge-nas. En ningún caso se exigirán requisitos no previstos legalmente”.

Adicionar a los considerandos del decreto

1. Es conveniente citar —en la parte consi-derativa del proyecto de decreto— las nor-mas constitucionales que son fundamen-tales para los pueblos indígenas. Empezar citando, en el considerando del decreto, el Preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Constitución Política, que reconocen la pluriculturalidad, la participación ciuda-dana y la autonomía de los territorios in-dígenas en cuanto entidades territoriales, que es el tema esencial en este decreto. Citar el artículo 7 de la Carta Constitu-cional, sobre el reconocimiento y la pro-tección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, que es también tema fundamental por el reconocimiento de la diferencia y del trato diferencial que establece, en concordancia con el artículo 70, que menciona como fundamento de la nacionalidad la diversidad cultural con la misma “…igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país”.

Estas citas permitirían entender que la Constitución Política autoriza y reconoce a los pueblos indígenas la libre determina-ción de las normas y los procedimientos propios mediante los cuales emplearán, usarán, ejecutarán y vigilarán los dineros del Sistema General de Participaciones de resguardos indígenas, en los sistemas propios de salud, educación y otros. Máxi-me cuando esta libertad de uso y de li-bre destinación de los recursos es de la esencia de la diversidad étnica y cultural y así ha sido reconocida expresamente en varias sentencias de la Corte Consti-tucional (sentencia C-921 de 2007 ) y en la Ley aprobatoria del Plan de Desarrollo 2010-2014 (Ley 1450 de 2011, artículo 13). Es conveniente citar, en el Considerando del decreto, el artículo 286 que define, por norma constitucional, que los “terri-torios indígenas” son “entidades territo-riales”, junto con los departamentos, los

municipios y los distritos. Tema esencial de todo el decreto porque, una cosa es ser simplemente una entidad pública de carácter especial, como una asociación de cabildos o autoridades tradicionales indígenas, y otra, muy distinta, es ser una Entidad Territorial Indígena como parte de la organización territorial del Estado colombiano compuesta por departamen-tos, municipios, distritos y territorios in-dígenas. Asimismo, falta citar el artículo 287 de la Constitución Política, que de-termina que “…las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro de los límites de la Constitución y de la ley”; y que establece cuatro derechos de las entidades territo-riales que siempre deben respetarse:

a. Gobernarse por autoridades propias.b. Ejercer las competencias que le co-rresponden.c. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumpli-miento de sus funciones.d. Participar en las rentas nacionales.

El nuevo proyecto de decreto toma es-tos, que son derechos de las entidades territoriales como lo son los territorios indígenas, como si fueran simples compe-tencias por servicios de dichos territorios. Falta incluir en el decreto el texto de los numerales 3 y 4 de la norma constitucio-nal en cita del artículo 287. Además, en el nuevo proyecto de decreto se mezclaron en dos artículos —numerales 13 y 14— los derechos del artículo 287, con las compe-tencias por servicios a cargo (art. 356) y con las funciones de los territorios indí-genas (art. 330). Hubiera sido preferible y conveniente, para mayor claridad, haber hecho las distinciones entre los derechos, las funciones y las competencias para no equivocar lo que son “competencias ge-nerales de los territorios indígenas” (art. 288), con los derechos de dichos territo-rios (art. 287), y con las “competencias ge-

nerales de las autoridades propias de los territorios indígenas”, dado que, estas últi-mas, son funciones de los territorios indí-genas (art. 330). Tal como está redactado el proyecto de decreto, se crea de contera una división artificiosa e inexistente en la estructura constitucional, en perjuicio del funcionamiento correcto de los territorios indígenas de las comunidades y de los pueblos indígenas. Pero todo ello es sub-sanable con un poco de buena voluntad política de acertar, como es el propósito del Gobierno nacional y así se reconoce expresamente.

2. También conviene acometer el cumpli-miento del artículo 330, numerales 3 y 4, dado que son funciones propias de los territorios indígenas que el Gobierno na-cional puede y debe regular: “3. Promover las inversiones públicas en su territorio y velar por su ejecución” y “4. Percibir y dis-tribuir sus recursos”, entre otras funciones esenciales que allí se establecieron, sin las cuales los territorios indígenas no pue-den ejercer los derechos del artículo 287 ni cumplir con las funciones del artículo 330. Derechos y funciones para los que se requiere financiación del presupuesto ge-neral de la nación, aparte de los recursos para financiar la prestación de los servi-cios propios que les competen, dentro de la distribución general de la nación, como los de salud, educación, agua potable e in-versión de interés general. Justamente, el artículo 56 transitorio, le confiere facul-tades al Gobierno nacional para que “…dicte las normas fiscales necesarias y las demás relativas al funcionamiento de los territorios indígenas y su coordinación con las demás entidades territoriales”. De modo que, el Gobierno nacional puede y debe dictar las normas fiscales necesarias para destinar los recursos fiscales necesa-rios para el funcionamiento de los territo-rios indígenas y su coordinación con las



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demás entidades territoriales. En efecto, a la luz de la Constitución Política, son co-sas distintas los derechos (art. 287) y las funciones (art. 330) de las entidades te-rritoriales como los territorios indígenas, de los servicios a cargo de la nación, los departamentos, distritos y municipios (art. 356, inc. 1º). La norma determinó, para “atender los servicios a cargo de estos y proveer recursos para financiar adecuada-mente su prestación”, crear el Sistema Ge-neral de Participaciones (SGP) de los de-partamentos, distritos y municipios. Y este sí es un tema de competencias que debe respetar necesariamente los derechos y las funciones de las Entidades Territoria-les como los territorios indígenas. En el inciso 3º del artículo 356, se determinó que “…para estos efectos [los SGP], serán beneficiarias las entidades territoriales in-dígenas, una vez constituidas”.

3. Y aquí debe aplicarse una interpretación sistemática de las normas constituciona-les sobre los pueblos indígenas colombia-nos, que puede y debe concretarse “con autoridad” en el Decreto Autónomo, para que puedan funcionar los territorios indí-genas con reglas claras y precisas. Todo enfocado a que, desde un comienzo, el nuevo decreto especifique que los territo-rios indígenas ya están constituidos como entidades territoriales (art. 286), y lo que falta es conformarlos y delimitarlos en ar-monía con la ley de ordenamiento terri-torial como reza textualmente el artículo 329 de la Constitución Nacional.

La norma constitucional del artículo 356 —reformada en dos oportunidades, una en el año 1993 y otra en el año 2001 median-te actos legislativos— empleó, referida a las Entidades Territoriales Indígenas, la frase: “una vez constituidas”, que es una forma gramatical jurídica imprecisa, porque los territorios indígenas ya están definidos y constituidos en su naturaleza jurídica en

el artículo 286 de la Constitución, donde expresamente dice: “Son entidades terri-toriales […] los territorios indígenas”, con lo que se consagró o constituyó a los te-rritorios indígenas como parte de la orga-nización territorial del Estado (Tít. XI cap. 1, CP), con los mismos derechos que los departamentos, distritos y municipios. Y, por eso, el artículo 290 de la Constitución Política de 1991, ordena que se publique el mapa oficial de la República de Colom-bia, con el examen periódico de los límites de las entidades territoriales (Ley 1447 de junio 9 de 2011), lo que incluye, por su-puesto, dibujar en el mapa oficial los te-rritorios indígenas en tanto son entidades territoriales de la organización territorial de Colombia.

Respecto a términos y formas gramatica-les se refiere, el artículo 329 es bien cla-ro sobre el tema de la conformación (que no constitución) de la entidad territorial indígena como entidad territorial, deter-minando que: “...la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la ley de ordenamiento territorial, y su delimitación se hará por el Gobierno nacional, con par-ticipación de los representantes de las co-munidades indígenas”. Es de anotar, que en este proyecto de decreto autónomo, el Gobierno establece que elaborará los límites de los territorios indígenas, pero omite incluir la participación de los repre-sentantes de las comunidades indígenas en la elaboración de dichos límites, como lo establece el artículo 329. Obligación que el Gobierno nacional no puede ni de-be eludir, y que, seguramente, no fue su intención hacer. En el inciso 3º del artí-culo que venimos citando, se determinó, con claridad y precisión, con respecto a los territorios indígenas, que la ley definirá las relaciones y la coordinación con otras entidades territoriales de las que formen

parte: “La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades (las indí-genas) con aquellas de las cuales formen parte (departamentos, distritos y munici-pios)”. Esta misma forma gramatical del inciso 3º de la norma en cita, se emplea también en el texto del artículo 246 y en el del artículo 56 transitorio. Es decir, siempre la ley debe definir las relaciones y la coordinación con las demás entida-des oficiales del Estado, pero nunca pue-de ir más allá de definirla adentrándose a tratar temas que son de la autonomía de las comunidades indígenas como las normas y los procedimientos propios en la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. Entonces, compete a la ley —en este caso mediante el Decreto autónomo del artículo 56 Transitorio—: i) definir las relaciones y la coordinación de los territorios indígenas con los departa-mentos, municipios y distritos de los que formen parte (art. 329), y ii) establecer las formas de coordinación de la jurisdicción especial indígena con el sistema judicial nacional (art. 246) sin mezclar, variar,

modificar, suprimir o tergiversar los dere-chos (art. 287), las funciones (art. 330) y las competencias por servicios (art. 356) de los territorios indígenas como lo está haciendo, seguramente en modo involun-tario, en el proyecto de decreto, dado que estos temas ya están definidos en la Cons-titución Política en los artículos 246, 286, 287, 329 y 330.

4. No se puede pretender, entonces, legislar en este proyecto de decreto sobre temas distintos a los de la conformación y deli-mitación (art. 329, inc. 1º) de las entidades territoriales indígenas, mediante normas que permitan su funcionamiento, sin vio-lar los derechos constitucionales de au-tonomía de los territorios indígenas. No se puede legislar sobre las relaciones y la coordinación (art. 329, inc. 3o) entre las entidades territoriales indígenas y la na-ción, los departamentos, los municipios y los distritos, definiendo sobre el cómo, el cuándo, el dónde, el porqué y la forma de los procedimientos y los requisitos que los pueblos indígenas deben cumplir para po-der adquirir el derecho a existir y a mane-jar sus recursos propios del presupuesto

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nacional, imponiéndoles las formas jurí-dicas de la sociedad mayoritaria, y des-conociendo los derechos a la autonomía jurídica, social, económica y espiritual de dichos pueblos, garantizados en la Cons-titución Política (arts. 2, 7, 8, 10, 68, 70, 246, 286, 287, 329, 330, 356 y 56 Transi-torio). Imposición y desconocimiento que de seguro no resulta, ni resultará, de la intención del Gobierno nacional, sino de la necesidad de recurrir a formas jurídi-cas aceptadas en la cultura mayoritaria para facilitar esta transición. Ello es así por estar consagrado, en el artículo 246 de la Constitución Política colombiana, el sistema plurijurídico, según el cual, bajo el mismo Estado, existen dos sistemas jurídi-cos vigentes y coexistentes que facultan a las autoridades de los pueblos indígenas, para ejercer jurisdicción especial en su ámbito territorial, de acuerdo con sus pro-pias normas y procedimientos (“máximo de autonomía y mínimo de intervención y solo en cuanto sea superior al valor ju-rídico de la diversidad étnica”), sin limita-ción alguna, en temas tales como: el uso de los dineros, las formas de contratación, la disposición de los servicios propios de educación y salud, y la autonomía territo-rial, dentro del ámbito territorial y cultu-ral extendido que es el territorio indígena, protegido por la Constitución Política. Esto, cualquiera sea la denominación que se le dé al territorio o cualquiera sea la situación física o jurídica en la que se en-cuentre el mismo: i) parcialidades, ii) mera posesión, iii) territorios de asentamiento o desplazamiento, iv) resguardos de ori-gen constitucional, republicanos, amplia-dos, saneados o constituidos, v) cabildos indígenas, vi) autoridades tradicionales de clanes, familias, tribus, en la selva, en la ciudad, en el campo, pueblos en aisla-miento o en proceso de acercamiento, etc. Lo anterior porque todos son territorios indígenas y todos son entidades territo-

riales indígenas que solo requieren de un trámite administrativo a cargo del Gobier-no nacional (art. 329) para conformarse, y en algunos casos delimitarse, con partici-pación de la comunidad indígena.

Dado que los territorios indígenas son organizaciones territoriales, reconocidas por la Constitución Política de 1991 co-mo entidades territoriales (art. 286), no puede privárseles de los derechos que tienen todas las entidades territoriales de recibir los recursos públicos, ni tampoco establecérseles requisitos impedientes y dirimentes que deban cumplir para el ejercicio de tales derechos. Derechos que tienen que ver con: recibir directamente los recursos para financiar los servicios a cargo de la entidad territorial, los recursos destinados a inversión y funcionamiento, y los recursos de la participación de los tributos propios que se le asignen, como los impuestos municipales o departamen-tales de las entidades territoriales de las que formen parte (impuestos a la gasolina, registro y anotación, predial, cigarrillos y licores, etc.), que tienen las demás entida-des territoriales.2

2 En ese punto recuerdo —por pertinente y apropiado— lo que consagra la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de 2007, en su parte considerativa:

“Afirmando además que todas las doctrinas, políticas y prácticas, basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos que la propugnan aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas.

Reafirmando que, en el ejercicio de sus derechos, los pueblos indígenas deben estar libres de toda forma de discriminación.

Preocupada por el hecho de que los pueblos indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses.

Reconociendo la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos.

5. En el nuevo Plan de Desarrollo 2014-2016, del reelegido presidente Juan Ma-nuel Santos, a su vez, se podrá determinar la destinación y apropiación de los recur-sos del presupuesto nacional, de los que le corresponde a los territorios indígenas, para financiar inversiones públicas como: vías, acueductos, producción de energías ecológicas y alternativas, hospitales, insta-laciones de las instituciones educativas y centros de salud, y otras inversiones como las correspondientes a vivienda, desarro-llo social y saneamiento básico en territo-rios indígenas.

6. Es urgente definir, con el Gobierno nacio-nal, que los recursos para la infraestructu-ra de las instalaciones educativas nuevas, o para la remodelación de las existentes situadas en territorios indígenas, sigue siendo una obligación a cargo de la na-ción, y con recursos de inversión, y no con los recursos que financian el servicio de educación a cargo de las autoridades indí-genas. Aunque hasta la fecha no se haya cumplido, es posible solucionar este pro-blema, tan sensible para el desarrollo in-tegral de niños, niñas y adolescentes indí-genas, con buena voluntad política, como la que tiene el actual Gobierno nacional.

7. Es necesario aclarar, en el proyecto de de-creto, que los años de experiencia reque-ridos para el tema de salud y educación propias, se refieren solamente a los cono-cimientos y la experiencia en los saberes propios porque, de lo contrario, se exigiría un conocimiento extracultural que atenta contra la protección y el desarrollo de la identidad cultural propia (art. 68, inc. 5º, CP).

Reconociendo también la urgente necesidad de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas afirmados en tratados, acuerdos y otros arreglos constructivos con los Estados”.

Sobre el de tema tierras, territorios, tierras ancestrales

1. El tema de territorio ancestral es salvable, por ahora, siempre y cuando se pacte, ex-presamente con el Gobierno, que se expe-dirá pronto otro decreto, capítulo especial o decreto reglamentario, que contemple lo que ya se había indicado en concepto anterior o en lo que se ha trabajado con la Casa de Pensamiento y la dirección de Planeación de la ACIN: “Existen diferen-cias sustantivas entre los conceptos de parcialidad, resguardo, cabildo, territorio indígena, tierras, territorios ancestrales y tierras tradicionales de las comunidades indígenas”. Por tanto, en este tema esen-cial, el Estado debe hacer ingentes esfuer-zos por adquirir claridad conceptual al respecto.

2. El Gobierno entiende, y siempre ha en-tendido, que: i) la propiedad o dominio de los territorios indígenas, como tierras o territorios ancestrales, pertenece exclusi-vamente a los pueblos indígenas, quienes tienen con ellas una especial relación es-piritual distinta de la que se tiene en la cultura mayoritaria; ii) las tierras o los territorios fueron adquiridos por los pue-blos indígenas en forma originaria por el modo jurídico de la ocupación y por mi-nisterio de la ley actual, de ley anterior y de la ley española; iii) la ocupación ances-tral ocurrió desde antes de la llegada de los españoles en forma original o primige-nia y constitutiva; iv) el derecho que surge de la ocupación comprende la propiedad o dominio de los tres mundos, con todos los seres y gobiernos espirituales que ri-gen estos mundos, y con los otros mun-dos del cosmos según la cosmogonía y la cosmovisión de cada pueblo indígena; v) los pueblos indígenas poseen el dere-cho de disposición (ius abutendi) de los recursos naturales no renovables —como los minerales y la energía electromagné-



tica— por ser propietarios anteriores a la constitución de la República de Colombia y al dominio de la Corona española, como se reconoció en los títulos de origen colo-nial y se ha reconocido por el Consejo de Estado de Colombia desde siempre, y en especial, desde 1972, en fallos judiciales de esa Corporación, en los que expresa-mente se indicó que: a) los territorios de resguardos no han sido ni de España ni de Colombia y b) que, por ende, la propiedad de los recursos del subsuelo es de la co-munidad indígena y de quienes hayan ad-quirido, legítimamente, sin violencia, dolo o maniobras engañosas, la propiedad de manos de la comunidad indígena en el ca-so de resguardos disueltos; vi) la Ley 89 de 1890, artículos 12 y 13, establece la ino-ponibilidad de cualquier exención peren-toria, de mérito o de fondo (prescripción, usucapión, pertenencia, etc.) por parte de terceros, en contra de la ocupación y propiedad colectiva de los territorios in-dígenas en cualquier tiempo. Asimismo, el artículo 63 de la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra la impres-criptibilidad de dichos territorios en los siguientes términos: “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico

de la Nación y los demás bienes que deter-mine la ley, son inalienables, imprescrip-tibles e inembargables”. Y lo propio hace el artículo 329, inciso 2º, de la Carta Po-lítica: “Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable”; vii) la Constitu-ción Política reconoce, en el artículo 332, que el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes, como en el caso de los te-rritorios indígenas que son anteriores a la República.

Las definiciones de territorio indígena, ca-bildo, parcialidad y resguardo, contenidas en los artículos 2 y 22 del Decreto regla-mentario 2164 de 1995, están vigentes y son de gran utilidad y contundencia al es-tablecer criterios antropológicos e históri-cos para determinar los elementos jurídi-cos de estos conceptos, que son favorables a la comunidad indígena por correspon-der a su realidad histórica y prehispánica. Ahora, en el proyectado decreto regla-mentario de la Ley 21 de 1991, Convenio 169 de 1989 de la OIT, se incluye el con-cepto de tierras o territorios ancestrales, que es muy favorable en cuanto contiene los elementos hasta aquí indicados.

3. No debemos olvidar que en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la Corte Interamericana de De-rechos Humanos, y también en el Sistema Judicial Interamericano de la OEA, exis-ten avanzados estudios jurídicos de re-conocimiento y protección de las “tierras ancestrales”, mediante los cuales se ha ordenado la restitución de las tierras a va-rios pueblos indígenas en distintos países de América, aunque estas estén en poder de terceros, y aunque estén plenamente desarrollados con inversiones del Estado. Igual ocurre con la Corte Constitucional colombiana que, mediante la sentencia T-693 de 2011—magistrado ponente Jorge Ignacio Pretelt Chaljub—, y todo lo orde-nado en el Plan de Salvaguarda de los 34 pueblos indígenas de que trata el Auto 004 de 2009 de la misma Corporación, ha ordenado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) recuperar las tierras ancestrales del Pueblo Achagua y Piapoco, en los Llanos Orientales. De mo-do que si estos precedentes internaciona-

les y nacionales ya existen, no hay por qué pactar menos con el Estado.

Tema pendiente

Finalmente, se venció el término previsto para expedir el decreto ley para regular el tema sensible de la privación de la libertad de comuneros indígenas. El Gobierno nacio-nal tenía las facultades extraordinarias que le confería el artículo 96 de la Ley 1709 de 2014 —cuyo plazo venció el 20 de julio del mismo año— para expedir un decreto con fuerza de ley que definiera los mecanismos judiciales para hacer efectivo el derecho de los comuneros indígenas a no ser encarcela-dos (art. 10, Convenio 169 de la OIT y sen-tencia 921/13), sino resocializados, con el de-bido respeto a su identidad cultural, cuando cometiesen delitos fuera de su ámbito territo-rial. Para esto se requería la colaboración de las autoridades indígenas de cada territorio. Sobre este tema no se han concretado pro-puestas desde el movimiento indígena, aun-que existen muchos estudios sobre el tema.

Referencias

Asamblea General de las Naciones Unidas (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los

derechos de los pueblos indígenas, A/61/L.67 y Add.1. 107ª. sesión plenaria, 13 de septiembre

de 2013. Recuperado de: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

Constitución Política de Colombia de 1991.

Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, de 1989.

Corte Constitucional, sentencia C-489 de 2012.

Corte Constitucional, sentencia C-92 de 2007.

Corte Constitucional, sentencia T-639 de 2011.

Decreto 1088 de 1993. Por el cual se regula la creación de las asociaciones de cabildos y/o autoridades

indígenas.

Decreto 130 de 1976. Por el cual se dictan normas sobre sociedades de economía mixta. Departamento

Nacional de Planeación (2011). Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para

todos. Recuperado de: http://www.minsalud.gov.co/Documentos y 20Publicaciones/Plan

Nacional de Desarrollo 2010-2014. pdf

Ley 1447 de 2011. Por la cual se desarrolla el artículo 290 de la Constitución Política de Colombia.

Ley 89 de 1890. Por la cual se determina cómo deben ser gobernados los salvajes que vayan

reduciéndose a la vida civilizada.

Archivo Casa de Pensamiento

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%2020Publicaciones/Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202010-2014.%20pdf

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%2020Publicaciones/Plan%20Nacional%20de%20Desarrollo%202010-2014.%20pdf


54 Políticas Públicas 55Políticas Públicas

Lo general

El primer elemento para tener en cuenta es que el Decreto-Ley 4633 no fue debidamente consultado. El decreto se aprueba después de que el Gobierno ha expedido la Ley 1448 de 2011 sobre derechos a la atención y repa-ración de las víctimas; como resultado de la discusión acerca de la ausencia de consulta en su formulación, el Gobierno decide incluir un artículo que ordena realizar una consulta especial para resolver el problema, lo cual es aceptado por las organizaciones indígenas en general. En un artículo publicado en Señas en el 2012, el equipo de la Casa de Pensa-miento señalaba los problemas asociados a esta situación; se decía que aunque la Ley general diga que no afecta ni se aplica a los pueblos indígenas, esta tendría que haber sido consultada porque varias normas afec-Po

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tan intereses indígenas. El Decreto-Ley tuvo un proceso parecido a la Ley 1448 en térmi-nos de que solo hubo reuniones departamen-tales con pocos delegados, que en casi todos los espacios insistieron en llevar la discusión a niveles locales debido a que las victimiza-ciones se dieron allí, y las organizaciones ten-drían que tener una participación directa.

Como es sabido, había un pacto político de la Organización Nacional Indígena de Co-lombia (ONIC) con el Gobierno para aprobar ese decreto. Aunque la ONIC ha defendido este procedimiento, quedan sin resolverse las concesiones hechas al Gobierno nacional para darle curso a la Ley 1448/11, que auto-rizaron de hecho procesos de no consulta o consultas posteriores, para tramitar normas de alcance nacional que tienen fuertes y evi-dentes impactos en los pueblos indígenas.

* Equipo interdisciplinario de seguimiento a políticas públicas y análisis territorial de la Casa de Pensamiento de la Cxhab Wala Kiwe-ACIN, con la asesoría de la Corporación Ensayos para la Promoción de la Cultura Política.

Estado de la aplicación del Decreto-ley 4633Equipo Casa de Pensamiento ACIN-Corporación Ensayos

El Decreto Ley 4633 de 2011 dicta las normas con arreglo a las cuales debe realizarse la atención y protección, la restitución de tierras y la reparación integral a las víctimas de violaciones de los derechos humanos pertenecientes a los pueblos indígenas de Colombia. Este artículo, que analiza el modo como el Gobierno viene implementando dicho decreto, muestra que una cosa dice la norma y otras son las acciones que en los territorios adelanta la Unidad Nacional para la Atención y Reparación de las Víctimas, organismo encargado del desarrollo práctico del decreto. Acciones sobre las cuales conviene que las comunidades, autoridades y organizaciones indígenas estén alertas.

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En efecto, seguir permitiendo que las leyes generales incluyan artículos que posponen la adopción de normas que sobre el mismo tema deban aplicarse a pueblos indígenas, en la práctica, permite que algunas normas ge-nerales no consultadas se apliquen por años o décadas afectando a los indígenas pero sin que estos puedan defenderse a nombre de “esperar” la norma específica o la reglamen-tación correspondiente.

El Gobierno ha querido presentar el Decreto-Ley 4633 como una medida adecuada para responder a las exigencias de la Corte en re-lación con la sentencia T-025 y el Auto 004. Dice un considerando del mismo:

Que la Corte Constitucional en los Autos de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 ha señalado que las condiciones históricas de violaciones graves y manifiestas de los derechos de los pueblos indígenas han fa-cilitado que el conflicto armado produzca un impacto o afectación diferencial en estos grupos poblacionales de especial protección constitucional, de manera que es obligación del Estado atender de manera prioritaria “el mayor riesgo que se cierne sobre los pue-blos indígenas, en especial, el del extermi-nio de algunos pueblos, sea desde el punto de vista cultural en razón al desplazamiento y dispersión de sus integrantes como desde el punto de vista físico debido a la muerte natural o violenta de sus integrantes”.1

En principio, eso no debería ser problemá-tico. Pero debería evaluarse, a la luz de los diferentes Planes de Salvaguarda y del Pro-grama de Garantías, si en efecto esta medi-da converge con ellos o, por el contrario, los imposibilita, en particular en lo referente a medidas de no repetición.

También, en el considerando el Gobierno condena, a nombre de los indígenas o con la anuencia de la Mesa de Concertación, a quie-nes se opusieron al “extraordinario” procedi-

1 Corte Constitucional de Colombia, Auto 004 de 2009. Disponible en: www.corteconstitucional.gov.co/relatoría/radicador/buscar.php

miento de consulta, o al contenido de la ley, o a la ausencia de consulta previa, etc. Resulta chocante que en el Decreto-Ley aparezcan las organizaciones (sobre todo la ACIN y el CRIC) como promotores de medidas de dila-ción y obstrucción al derecho de las víctimas. Dice el considerando que:

… los pueblos indígenas, en su condición de víctimas permanentes de las graves y manifiestas violaciones a sus derechos an-cestrales, humanos y fundamentales, y a las infracciones al derecho internacional hu-manitario cometidas en el marco del con-flicto armado colombiano, expresaron su solidaridad con todas las demás víctimas y, consecuentemente, expresaron su rechazo a iniciativas que dilataran, obstaculizaran e impidieran la expedición de una ley que dictara medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del con-flicto armado (Presidencia de la República, 2012, p. 11) (énfasis agregado).

Esto, por lo menos, es una agresión a las or-ganizaciones que han manifestado críticas al procedimiento y contenido de la Ley y el Decreto-Ley; de este apartado se desprende que toda crítica ha sido un ataque a las víc-timas. Según esto, fuimos los indígenas quie-nes propusimos, motu proprio, la consulta en modalidad extraordinaria, y no el Gobierno, que fue quien violó la ley y la Constitución al presentar el proyecto de ley sin consulta previa, y estaba en una situación legal insos-tenible. Dice el considerando que:

… dado el interés de los pueblos indígenas en la expedición de una normatividad que beneficie a todas las víctimas de la nación, indígenas y no indígenas, pero de manera respetuosa del derecho fundamental a la consulta previa, propusieron al Gobierno Nacional, en el marco de la Mesa Perma-nente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, una alternativa única y excepcional que permitiera la con-tinuación del trámite legislativo de dicho proyecto, pero garantizando simultánea-mente la efectiva, pronta y consultada ex-

pedición de una normatividad diferenciada para pueblos indígenas (Presidencia de la República, 2012) (énfasis agregado).

El Decreto-Ley 4633 de 2011 hace referencia a tres tópicos: la atención y protección de víc-timas, la restitución territorial y la reparación integral. Sobre el tema de restitución existen disponibles varios textos —algunos de ellos en la revista Señas— sobre los desafíos que tiene la organización indígena en materia de restitución, que incluyen un esquema de re-comendaciones para que los cabildos y otras autoridades indígenas se adecuen a la situa-ción y emprendan acciones en materia de restitución territorial. Esta norma, en relación con la restitución territorial, plantea que los robos de tierras ocurridos desde 1991 y hasta el presente pueden ser reclamados por una vía que invierte la carga de la prueba en los poseedores actuales sobre los cuales recaiga una reclamación; la norma es poco efectiva ante el hecho de que el robo en muchas re-giones —sobre todo en el Cauca— tuvo lugar antes del año 1991.

Pero el problema serio es que la ley estable-ce que las sentencias que expidan los jueces sobre reclamaciones son definitivas, dejando situaciones jurídicas de hecho que luego —mediante otros procedimientos— deberán enfrentar los pueblos indígenas. La situación se puede ejemplificar con lo que acontecería con un predio que en el año 1992 haya sido adquirido de forma criminal a un propietario que a su vez fue el despojador en los años cincuenta del siglo XX. El propietario despo-jador de los años cincuenta, despojado a su vez después del año 1992, puede entablar una demanda ante un juez de tierras, que mediante sentencia le devuelve la propiedad plena acogiendo lo previsto en la norma ge-neral (Ley 1448), mediante un fallo definitivo. ¿Y los indígenas? Hay una norma en el de-creto que establece la posibilidad de —ante lo ocurrido anteriormente— reclamar mediante otros procedimientos; pero lo cierto es que el

fallo deja sin muchas posibilidades a los indí-genas en su reclamación por el despojo ocu-rrido cuarenta años antes, o le permite a los indígenas acudir a instancias internacionales pero con hechos ya fallados que dificultan tal reclamación. Se corre el riesgo, además, de que los jueces que trabajan el tema de tierras entreguen tierras a terceros y las organizacio-nes indígenas no hagan parte de esos proce-sos, entrando en colisión con lo establecido en el Decreto 4633 que señala que los dere-chos territoriales indígenas no prescriben por el hecho de que del año 1991 para acá opere el procedimiento especial.

El CRIC y la ACIN habían planteado incor-porar un párrafo con el siguiente contenido: “Los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos indígenas en cualquier época, en particular el genocidio y el etno-cidio, no prescriben, y en consecuencia los pueblos indígenas tienen derecho a reclamar por estos hechos en los términos del presente decreto independiente de la fecha señalada” (Equipo de seguimiento, 2012, p. 118).

El Decreto-Ley incluyó, en cambio, el siguien-te parágrafo en el artículo 3: “Parágrafo terce-ro. Este decreto se aplicará sin desmedro de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”. Y en el artículo 2, aparece el si-guiente parágrafo: “Parágrafo. Lo regulado en el presente decreto no sustituye ni excluye el derecho a la reparación histórica de los pue-blos indígenas” (Presidencia de la República, 2012, p. 11).

Quedan sin resolverse las concesiones, hechas al Gobierno para darle curso a la Ley 1448/11, que autorizaron procesos de no consulta o consultas posteriores, para tramitar normas de alcance nacional que tienen fuertes y evidentes impactos en los pueblos indígenas.



Es importante que estos dos puntos hayan sido incluidos, pero es aún más importante que las organizaciones y autoridades de los pueblos indígenas lo interpreten con el es-píritu del que propusimos inicialmente, pues la llamada “reparación simbólica” de que ha-bla este artículo efectivamente se ha incluido para escamotear el derecho a la reparación por crímenes de lesa humanidad, específica-mente los ligados a los crímenes coloniales, como el etnocidio y el genocidio. Sobre la re-paración simbólica, a la cual nos opusimos por el carácter gaseoso de su formulación, en el segundo inciso se dice:

Los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes que hayan sido víctimas por hechos ocurridos con anterioridad al 1 de enero de 1985 serán sujetos de medidas de reparación simbólica consistentes en la eliminación de todas las formas de discri-minación estructural, de no repetición de los hechos victimizantes, de la aceptación pública de los hechos, del perdón público y del restablecimiento de la dignidad de las víctimas y de los pueblos y comunidades indígenas que promuevan la reparación histórica, sin perjuicio de lo contemplado en parágrafo del artículo 2 del presente de-creto (Presidencia de la República, 2012, p. 11).

No es clara la redacción. Obviamente, la “eliminación de todas las formas de discri-minación estructural” no es propiamente una reparación simbólica; sería más bien la verdadera reparación. Pero también es obvio que el Gobierno no lo pensó así. Podríamos entender la reparación simbólica en este sen-tido amplio, y exigir en desarrollo de esta ley algunas medidas para eliminar esas formas de discriminación estructural. Por ejemplo: 1) revisión y modificación de los enfoques y relatos de los textos escolares, que puedan resultar estereotipados o denigrantes, o que subvaloren el papel de los indígenas (por ejemplo, en la independencia de la monar-quía española); 2) prohibición del uso de términos denigrantes en medios de comuni-cación pública; 3) medios de comunicación regionales y nacionales para los pueblos indí-genas (radio y televisión).

En materia de atención y protección, el Decre-to 4633 es pobre, pero para el caso del pueblo nasa estaría resuelto en las definiciones esta-blecidas en el Auto 004. Las medidas de pro-tección podrían estar subsumidas en las del Plan de Salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 004 de 2009, siem-pre que este entre a operar y el Gobierno na-cional acepte las propuestas formuladas por las organizaciones de los pueblos indígenas

que son cobijados por la medida de la Corte Constitucional. Pero deberían tener coheren-cia conceptual, para que no acontezca una ruptura entre el ideal de protección ordenado por la Corte y el enfoque restringido de repa-ración adoptado en la norma. Es claro que la orden constitucional es de superior rango que el decreto-ley en tanto aquella pretende restablecer derechos fundamentales que se vulneran de forma masiva y sistemática.

La Unidad Nacional para Atención y Repara-ción Integral de las Víctimas —en adelante la Unidad de Víctimas—, hasta marzo de 2014 no había empezado los procesos formales de consulta previa para adoptar los Planes de Reparación Colectiva con los pueblos in-dígenas, pero ya había tenido acercamientos con algunos pueblos aplicando enfoques altamente discutibles (ver abajo). Aunque hasta diciembre de 2013 no apareció una propuesta consolidada de documento meto-dológico concertado para la implementación de la consulta previa, en la ruta de reparación colectiva étnica entre la Unidad de Víctimas, la Subdirección de Reparación Colectiva del Ministerio del Interior y la Dirección de Con-sulta Previa, la Unidad de Víctimas ya había desarrollado acciones de interlocución por fuera de la consulta previa, aduciendo que el proceso era una especie de caso piloto.

De cualquier modo, para el año 2014 se te-nían previstas consultas previas para “sujetos de reparación colectiva” definidos según un criterio de priorización basado en el Decre-to 2800 de 2011, no aplicable para pueblos indígenas. En efecto, la priorización se hizo utilizando el criterio de “casos” y no de suje-tos. Para el caso del Cauca, se tenía previsto el inicio de la consulta previa en Jambaló y Pitayó (Caldono), aunque no se reconocía a la comunidad o comunidades, ni a las auto-ridades, ni al pueblo nasa, sino como caso, el cual se encontraba en fase de registro; tam-bién aparecía el caso de Kitek Kiwe, en fase de alistamiento y ajuste de estrategia psico-

social con enfoque diferencial étnico. En el curso de 2014 fue incluido el caso de Toribío.

El hecho de que el Decreto-Ley se centre en la reparación administrativa, se suma al pre-cedente de que los procedimientos judiciales son muy demorados. En el caso de El Nilo, las sentencias aparecieron doce años des-pués. En la reparación administrativa demora entre cuatro o cinco meses. La adopción de medidas de reparación administrativa, a pesar de las advertencias de que no anulan el efec-to de las decisiones de reparación judicial, y en general de toda la aplicación de justicia, en realidad sí son entendidas así por el Es-tado colombiano. En realidad, la reparación administrativa sí es un mecanismo para di-suadir a las víctimas de continuar el proceso de exigibilidad, pues no solo crea una situa-ción de profunda desigualdad en la celeridad del proceso, sino que se acompaña de una renuncia del Estado a continuar con procesos de clarificación judicial e histórica. Pero aún más, las reiteradas advertencias indígenas a no renunciar a la justicia a cambio de dinero e indemnizaciones se han visto negadas por las estrategias del Gobierno (ver adelante), que en la práctica presentan la reparación administrativa como un mecanismo judicial sustitutivo. Esto no sería problemático, si no fuera porque no se acompaña en ningún caso de las medidas de verdad y no repetición que lo harían adecuado para tal propósito.

El sujeto de la reparación

El Decreto-Ley pretende construir una polí-tica general con un destinatario prioritario:

los procedimientos judiciales son muy demorados. En el caso de El Nilo, las sentencias aparecieron doce años después. En la reparación administrativa demora entre cuatro o cinco meses.

Paola

Chav

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los pueblos y las comunidades indígenas. El que tiene el derecho a reclamar es el pueblo, pero también podría ser la comunidad. Aquí viene el problema, ¿qué es la comunidad? El Gobierno, para evitar una interlocución di-recta con las autoridades de los pueblos y para eludir las complejidades que implican las negociaciones con sujetos cualificados —en este caso las organizaciones indígenas—, ha optado por una interlocución con las co-munidades o con las “parcialidades”, como siguen siendo llamadas por la Ley 89 de 1890. El problema estriba en que este enfo-que puede luego ser reclamado por subgru-pos comunitarios que pueden tener también la tradición de llamarse comunidades, o en formas organizadas de víctimas con plenos derechos pero que alteran una estrategia ge-neral de interlocución con el Estado, o inclu-so en agrupaciones espurias con propósitos puramente oportunistas.

De fondo hay un problema de alcance de los derechos. Las víctimas individuales tienen los derechos fundamentales que son reconoci-dos en la Constitución, y como tales tienen además las posibilidades que les da la norma, en este caso el Decreto-Ley. También el pue-blo indígena, como pueblo, es un sujeto de derechos fundamentales, lo que significa que como pueblo tiene los derechos que tienen los individuos. Pero tal desarrollo jurispru-dencial no se aplica para las comunidades o los grupos etarios, de género o locales, o para los grupos de víctimas o las “parcialidades” indígenas. Ello no significa que los grupos de víctimas o parcialidades indígenas no hayan sido victimizados o no sean sujetos de de-rechos, por lo menos de los definidos en el Decreto-Ley. Sin embargo, vale la pena visua-lizar la relación entre todos estos diferentes sujetos que hacen parte del “sujeto colectivo pueblo”, derivados de la caracterización de la violencia política; porque solo de forma sisté-mica puede acordarse un procedimiento de actuación frente al Estado para definir y ar-

monizar el sujeto (agredido y que ha sufrido); sugerimos los siguientes enfoques de análisis:

Q Las personas individuales tienen un lu-gar particular en las comunidades y pue-blos indígenas, pues no son el centro del proyecto cultural propio; normalmente el sujeto individual —y por tanto sus de-rechos— es una reciente incorporación en las culturas y las prácticas políticas, y en no pocos casos su aparición es causa de conflictos conceptuales y prácticos en la aplicación de justicia, ordenamiento nor-mativo, etc. Resulta importante, por tanto, que el Estado —y las propias organizacio-nes— esté atento a este antecedente para evitar reclamaciones o expectativas indi-vidualistas frente a este tipo de normas. El Decreto-Ley establece que también los indígenas pueden reclamar indivi-dualmente la reparación integral en caso de ser víctimas e iniciar procesos en el marco legal (lo que ya viene ocurriendo: en Jambaló, por ejemplo, hay 58 personas que han hecho reclamación de reparación administrativa), aunque incluye también la posibilidad de que las reclamaciones indi-viduales se puedan hacer en el marco del Plan Integral de Reparación Colectiva pre-visto en la norma. Desde la óptica de las autoridades y organizaciones indígenas es clara la conveniencia de que se hagan las reclamaciones individuales en el marco de una política concertada con el Gobierno e internamente.

Q La unidad familiar, en cambio, resulta ser mucho más relevante en los pueblos indí-genas, y en particular en el pueblo nasa. Como microcosmos cultural, puede en-tenderse como una especie de unidad que replica a escala menor el conjunto de la sociedad, y que hereda en buena medida las formas ancestrales de organización política (los clanes), hoy modificadas por formas comunitarias. Es, esencialmente, la unidad que recibe el dolor y el daño

en el contexto de las victimizaciones y la que construye los instrumentos para la reconstrucción societal, ahora corriente-mente llamada resiliencia. La familia in-dígena y sus redes de complementariedad deben atenderse como figuras claves de la reparación, especialmente en términos de tejido cultural y social.

Q La comunidad es la base política actual del pueblo nasa (y de muchos otros pue-blos indígenas). Debe ser entendida en una doble acepción: como espacio geo-gráfico y como espacio político-cultural; en la primera, hacemos referencia a for-mas coincidentes con las figuras vereda-les, en las cuales la contigüidad espacial de las unidades familiares-productivas es el fundamento de funcionamiento so-cietal-colectivo; en la segunda acepción, la comunidad es entendida como comu-nidad básica de gobierno, y corresponde a las personas que se autogobiernan a través del cabildo o los nej wesx. La co-munidad, entre los nasa, es también en-tendida como comunidad del resguardo o comunidad ampliada, que es la que corresponde más propiamente con la co-munidad política básica. Es esta segunda comunidad la que de forma más fuerte ha recibido las victimizaciones políticas, porque corresponde a la unidad básica del ejercicio de la libre determinación a ravés de los cabildos. Y en la medida que estas formas están asociadas a las figuras de los Proyectos Comunitarios (siete en el caso del norte del Cauca), la Asociación de Cabildos Indígenas de la Chxab Wala Kiwe-ACIN, el Consejo Regional Indígena del Cauca, es clave que se establezcan grados en el daño y la reparación que corresponde a cada uno, cuando ello sea dable, pero sobre todo, reconocer que el sistema político nasa en su conjunto ha sido atacado, victimizado y, por ende, de-be ser reparado.

Q El abordaje de los grupos específicos, re-des y articulaciones grupales requiere una valoración atenta a su lugar dentro del sistema cultural nasa: las mujeres, los ma-yores y mayoras (como son llamados los adultos mayores entre los nasa, normal-mente con una connotación de sabiduría), los médicos tradicionales, los jóvenes, las niñas, y otros conglomerados que han si-do victimizados o que desde la perspec-tiva occidental tienen una existencia ob-jetiva, deben ser revisados a la luz de su verdadera connotación interna y no tanto en claves exteriores. Por ejemplo, la juven-tud y la niñez son categorías delimitadas de forma diferente (incluso en términos de edad) e incorporadas con roles sustan-cialmente distintos a los occidentales; con ellos hay que tener especial atención para no caer en modalidades de reparación no adecuadas culturalmente.

Q El territorio y la madre tierra son una rei-vindicación clave de los nasa, entendidos como sujetos de reparación, en tanto la madre tierra (Uma Kiwe) es considerada parte de la comunidad. Al respecto, el Go-bierno alteró un tema central de la posi-ción indígena. Dice el artículo 3:

Para los pueblos indígenas el territorio es víctima, teniendo en cuenta su cosmovisión y el vínculo especial y colectivo que los une con la madre tierra. Sin perjuicio de lo ante-rior, se entenderá que los titulares de dere-chos en el marco del presente decreto son los pueblos y comunidades indígenas y sus

El Gobierno, para evitar una interlocución directa con las autoridades de los pueblos y para eludir las complejidades que implican las negociaciones con sujetos cualificados, ha optado por una interlocución con las comunidades o con las “parcialidades”.



integrantes individualmente considerados (Presidencia de la República, 2012).

En realidad, las organizaciones indígenas (por lo menos las del Cauca) no hablaron del territorio como víctima, sino de la madre tie-rra como víctima, en tanto esta es una más de los miembros de la comunidad, y en tanto tal recibe el impacto de la violencia política y las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DIH. El Gobierno no solo altera la demanda, sino que considera este hecho como una mera opinión de los indíge-nas, una especie de folclorismo menor que se puede zanjar con un breve reconocimiento paternalista, que luego niega; pero el proble-ma es más de fondo, puesto que la concep-ción de la madre tierra no es un predicado de la cultura, sino un elemento constitutivo de la comunidad misma. La ACIN-CRIC ha-bía sugerido: “La Madre Tierra, de acuerdo con las diferentes concepciones de los pue-blos indígenas se considera víctima, en tanto sea afectada en su integridad espiritual o am-biental por los mismos hechos anotados, y en consecuencia es sujeto de todas las medidas de reparación previstas para los pueblos e in-dividuos indígenas” (Equipo de seguimiento, 2012).

En el artículo 45, se va un poco más allá:

El territorio, comprendido como integridad viviente y sustento de la identidad y armo-nía, de acuerdo con la cosmovisión propia de los pueblos indígenas y en virtud del lazo especial y colectivo que sostienen con el mismo, sufre un daño cuando es violado o profanado por el conflicto armado inter-

no y sus factores vinculados y subyacentes y vinculados […] Son daños al territorio aque-llos que vulneren el equilibrio, la armonía, la salud y la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas y que puedan entenderse conexos con las causas a las que se refiere el artículo 3 del presente decreto (Presiden-cia de la República, 2012).

Con lo dicho en el artículo 3 (negar el carác-ter de sujeto de derecho a la madre tierra) y lo que aparece subrayado del artículo 45, los da-ños directamente causados a la madre tierra (como deforestación, destrucción de cuencas, etc.) no serán considerados como tales, sino a lo sumo como daños en bienes civiles. En una acción de inconstitucionalidad podría incluirse que la interpretación del artículo 45 fuera más allá de lo que dice el Decreto-Ley, de manera que pudieran incorporarse temas diferentes a la soberanía alimentaria.

En síntesis, al momento de determinar el daño recibido, su tipo y alcance, existe el de-ber de realizar un análisis sistémico (de corte antropológico-jurídico), que logre identificar las relaciones entre los daños sufridos por las personas (aproximación etnopsicológica), con los que acontecieron a las familias y las comunidades, centrando la mirada en la rup-tura de lazos y redes comunitarias, relaciones de vecindad, intercambio y reciprocidad, que es la manera como la reparación individual excede un enfoque individualista. Del mismo modo, el análisis de los grupos particulares debe incluir las crisis y rupturas causadas en la cultura, la lengua, la memoria y la versión histórica de lo acontecido, la espiritualidad, los símbolos, los valores y lazos socioculturales.

Y en una dimensión colectiva menos tan-gible, los daños percibidos como ataques a la dignidad, el sentido colectivo, son funda-mentales. Miradas sobre los daños causados a la organización en tanto organización (en niveles como las Juntas de Acción Comunal, los Proyectos Comunitarios, la Asociación de Autoridades, el CRIC, la Guardia Indígena),

deben implicar análisis menos mecanicistas de causa-efecto, y pasar por aproximaciones sistémicas.

Similar esfuerzo deberá hacerse en lo rela-cionado con las afectaciones al territorio y la madre tierra, independientemente de lo que diga el decreto de forma explícita, en tanto la obligación estatal de atender el derecho propio lo incorpora. Allí el análisis debe pa-sar por los órdenes territoriales alterados, la suspensión de procesos de reconocimiento legal, los daños espirituales a Uma Kiwe, y los daños ambientales y espirituales al territorio. Sin dejar de considerar las afectaciones a la economía, incluyendo en ellas las redes de intercambio y la base productiva-territorial.

Hay otra dimensión normalmente no aborda-da por las agencias del Estado, y es la cultura como unidad afectada y que requiere espe-cial atención.

El modelo de implementación de la reparación en el norte del Cauca

El Gobierno, presionado también por las ur-gencias de aplicar las normas y mostrar re-sultados, o representado por funcionarios in-teresados en cierta “eficacia” en la aplicación de las normas, a la hora de decidir con quién hacer la negociación, optó por el camino de interlocución con las comunidades locales, de manera que en la práctica la determina-ción del sujeto de la reparación no quedó en manos ni siquiera del Decreto-Ley, y mucho menos en las propias autoridades indígenas.

Para el caso del norte del Cauca, el Gobier-no inició su proceso con grupos de personas victimizadas de los municipios indígenas de Timbío, Jambaló y Toribío, apoyándose para el efecto en una norma de aplicación gene-ral —el Decreto 4800 de 2011—, que habla de procedimientos en materia de reparación, expedida cuando no había salido el Decre-to 4633 para pueblos indígenas. Tal decreto establece el procedimiento para realizar la

reparación integral con colectivos, y durante todo el proceso inicial de interlocución guió la práctica de los funcionarios de la Unidad de Víctimas. Acogiéndose al procedimiento allí establecido, el Gobierno dialogó con la autoridad indígena —los nejh wesx— pero no los reconoció como los representantes de las víctimas y ni siquiera asumió que el propio cabildo o comunidad eran víctimas colectivas que debían ser objeto de reparación. En su lugar, promovió la conformación de “grupos de impulso” del proceso, que a su vez prefigu-raban el “sujeto de reparación”.

A principios del año 2013, la Unidad de Víc-timas Regional Cauca adelantó diálogos con la Personería Municipal de Jambaló, con el inspector de Policía y con algunos miembros del Equipo Nejh Wesx. El 14 de mayo de 2013 tuvo lugar una reunión cuyo propósi-to fue “ratificar la existencia de un sujeto de reparación colectiva” y “consultar la voluntad de participación del posible sujeto de repara-ción colectiva en el Programa de Reparación Colectiva”.2 El procedimiento adoptado era claramente el previsto en el Decreto 4800 de 2011, pero para la fecha ya había sido expe-dido el Decreto 4633 de 2012, e incluso este fue socializado en el curso del proceso, lo que demuestra el interés explícito del Gobierno de eludir sus obligaciones en la materia.

Dos preguntas guiaron el ejercicio: “1. De acuerdo a lo expuesto ¿están de acuerdo en iniciar el proceso de Reparación Integral Co-lectiva como comunidad étnica? 2. Si están de acuerdo ¿es posible conformar el grupo de impulso?”3 Las preguntas, pero sobre todo las conclusiones, son dicientes:

Como conclusiones frente a las dos pregun-tas manifestaron de manera unánime que sí quieren iniciar el proceso de Reparación Colectiva y que esperan que el resultado del trabajo ayude a mejorar las condiciones de

2 Acta de la reunión de acercamiento entre la Unidad de Víctimas y comunidades indígenas de Jambaló, 14 de mayo de 2013.

3 Idem.

Hablaron de la madre tierra como víctima, en tanto esta es una más de los miembros

de la comunidad, y en tanto tal recibe el impacto de la violencia política

y las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al DiH.



vida de las personas que hacen parte de la comunidad sujeto de reparación colectiva pero que también los proyectos o progra-mas que se desarrollen beneficien al resto de la comunidad del resguardo de Jam-baló. La comunidad sujeta de Reparación Colectiva corresponde a los habitantes de los barrios de El Centro, Olaya Herrera, Las Dalias, Santa Rosa, y La Vereda Campo Ale-gre que está cerca a estos barrios y que en conjunto han vivido hechos victimizantes colectivos. Manifiesta la voluntad por par-te de la comunidad asistente, de participar como posible sujeto de reparación colecti-va, se pasa a conformar el grupo de impulso explicando las funciones por asumir como equipo dinamizador […] En conclusión, la comunidad indígena que habita el sector urbano y que corresponde a los barrios de El Centro, Olaya Herrera, Las Dalias, Santa Rosa, y La Vereda Campo Alegre, adscritos a la autoridad indígena nejh wesx del res-guardo de Jambaló acepta el proceso de Re-paración Colectiva como comunidad étnica, y conforman el grupo de impulso, con estas definiciones se da por terminada la reunión de la fase de acercamiento el día catorce (14) de mayo del año 2013.4

La conformación de una agrupación aleato-ria y casual de víctimas como “comunidad étnica” es todo un logro de la retórica y la trampa oficiales. Puede argüirse que las au-toridades indígenas estuvieron presentes e incluso fueron informadas; es una responsa-bilidad que los indígenas reconocen. Pero el asunto de fondo es que la Unidad de Vícti-mas tiene un mandato legal y constitucional, y este fue violentado de forma intencional. Veamos: el 7 de marzo de 2013, las autori-dades del resguardo de Jambaló habían es-crito a la Unidad de Víctimas demandando la necesidad de modificar el enfoque que se estaba promoviendo. En esa nota, se decía:

Nosotros las Autoridades tradicionales nejh wesx y la coordinación jurídica nos dirigi-

4 Idem.

mos de manera muy especial ante ustedes con el fin de manifestar lo siguiente: 1) Que la ruta de reparación colectiva sea a nivel territorial, porque el conflicto está en todo el resguardo, no es en sitios especiales. 2) Que el objeto sea identificar los hechos vic-timizantes de mayor relevancia y afectación. 3) Que el territorio ancestral de Jambaló se establece en tres zonas y 36 veredas, por lo cual proponemos que el centro para identificar e iniciar los hechos sea la zona media. 4) Que estos eventos o diagnósticos se realicen en tres asambleas grandes con el personal de todas las tres zonas para su mejor información. 5) En el caso que se de-fina una reparación colectiva a nivel terri-torial, deben ser en los siguientes aspectos. i) Sobre tierra y territorio. ii) Reclutamiento de niños y jóvenes nasas. iii) Huérfanos del conflicto armado. iv) Amenazas a líderes y comuneros. v) Homicios a líderes. vi) Des-plazamiento a otros municipios.5

En esta nota ya quedaba explícito, a pesar de la desinformación existente, que las autorida-des se reconocían como voceras de un co-lectivo real y preexistente —las comunidades del resguardo— que habían sido victimizadas, y no un colectivo conformado como mero aglomerado de individuos. Este enfoque fue reiterado el 21 de marzo del mismo año, en un diálogo entre la Unidad de Víctimas y las autoridades indígenas. Dice el acta de dicha reunión:

Algunos asistentes preguntaron por qué no se aplicaba a todo el resguardo, y se res-pondió que la unidad por el momento es-taba planteando la propuesta por oferta y no por demanda, se planteaba en un grupo focalizado como experiencia piloto, con una cobertura poblacional que permitiera una buena asistencia en términos de logística, de alianza interinstitucional para el cumpli-miento de la propuesta planteada desde la misma comunidad y con correlación a los hechos victimizantes. [...] Se concluyó por

5 Carta del Cabildo de Jambaló a la Unidad de Víctimas, 7 de marzo de 2013.

parte de la autoridad del resguardo que hay un gran interés por entrar en este proceso pero que no solo se debe pensar en unas veredas del resguardo puesto que todo el resguardo ha sido afectado por la situación de conflicto armado, que plantear un pro-ceso para uno o dos veredas es dividir la comunidad.6

Es claro que la Unidad mantuvo hasta en-trado el año 2013 un enfoque contrario al Decreto-Ley y contrario al enfoque de las comunidades, aunque el propio decreto es-tablece la necesidad de acoger la visión de sujeto, daño y reparación que tengan los pue-blos indígenas.

Los problemas de la priorización

Esta problemática no se ha resuelto a pesar de que a finales de 2013 el Gobierno pare-ció modificar su enfoque, y cambiar la ruta de aplicación de la reparación colectiva para pueblos indígenas. Como se observa en la fi-gura utilizada por la Unidad de Víctimas en esa primera fase (Ruta normativa de la repa-ración colectiva, hitos de actuación e instru-mentos de apoyo), la identificación y prioriza-ción estuvo regida por el criterio de “registro por oferta”, vale decir, es el Gobierno el que identifica las víctimas que deben ser repara-das. Lo cual constituye obviamente un modo de falsear el sentido mismo del Decreto-Ley, cual es reparar a todos los pueblos y todas las comunidades.

¿Cómo realiza la Unidad de Víctimas este proceso? Mediante la llamada “priorización”, que depende de dos criterios. El primero, la valoración por el carácter del sujeto, en la cual los sujetos colectivos autónomos —entre los cuales aparecen los grupos etno-cultu-rales— aparecen con una valoración de +35, frente a grupos históricamente discriminados con valoración de +25, y los niños, niñas y adolescentes, que se reconocen como suje-

6 Acta de reunión de la Unidad de Víctimas con comunidad de Jambaló, 21 de marzo de 2013.

tos de reparación con valoración entre +16 a +22. Esta valoración aplicada a los pueblos indígenas pone a competir agrupaciones que en las cosmologías indígenas tienen un orden especial (como ya anotamos) que no depende de estas visiones externas y en buena medida arbitrarias. El segundo criterio de valoración ha sido por el tipo de daño, con el cual la vul-neración de derechos fundamentales colecti-vos (supervivencia, identidad, territorio, auto-nomía) tiene una valoración de +20, frente a los casos emblemáticos y del orden nacional (con valoración de +30) y las Propuestas de las Direcciones Territoriales (que se valoran con +6). A esto se agrega un Índice de Vic-timización con una calificación máxima de +20 (según los veintiles que resulten de to-talizar hechos de violencia) y la vulnerabili-dad NBI con un máximo de +20 (según los veintiles identificados por el Departamento Nacional de Planeación).

El origen normativo de la priorización es que la norma prevé su aplicación a “quienes ha-yan sufrido violaciones graves y manifiestas” en el marco del conflicto armado, dando es-pacio a que algún funcionario considere que está autorizado a priorizar de acuerdo con su idea particular de la gravedad en materia de violencia política contra los pueblos indí-genas o de acuerdo con la información dis-ponible en las bases de datos del Gobierno sobre hechos de violencia política ocurridos en comunidades y pueblos indígenas. El tema no es menor, pues una revisión de las bases de datos disponibles —incluida la de la Cor-poración Ensayos— muestra que en la gran

la Unidad mantuvo hasta 2013 un enfoque contrario al Decreto-ley y al enfoque de las comunidades, aunque el propio decreto establece la necesidad de acoger la visión de sujeto, daño y reparación que tengan los pueblos indígenas.



mayoría de los casos no aparece identifica-do el responsable, generando problemas a la hora de aceptar que se trata de hechos sub-yacentes al conflicto armado; no son pocos los casos en que el Gobierno considera que algunos homicidios, heridas o secuestros son causados por la delincuencia común.

La focalización y la priorización, entonces, no necesariamente obedecen a criterios perver-sos, pero pueden llevar a implicaciones e im-pactos que sí lo son. Obviamente, las valora-ciones que anotamos arriba no coinciden ni con las sensibilidades ni con las cosmologías indígenas, pudiendo convertirse en un meca-nismo adicional de victimización. La cantidad de hechos de violencia, la caracterización de casos emblemáticos, etc., en la práctica se convierten en una competencia sorda que niega el carácter equivalente de los sujetos de derecho indígenas (un pueblo frente a otro).

En el documento “Criterios de priorización”, de donde hemos sacado esos razonamientos,

tes: 1) la víctima es la comunidad o pueblo como sujeto colectivo; 2) además del despla-zamiento, las masacres, las desapariciones forzadas y otros comúnmente reconocidos, se debe incluir como hecho victimizante la violación de los derechos colectivos y factores subyacentes y vinculados al conflicto armado (que no es otra cosa que lo dicho por la Cor-te Constitucional); 3) la atención humanitaria deberá brindarse con un enfoque diferencial étnico; 4) las rutas de retorno o reubicación deben concertarse con la comunidad o gru-po; 5) la autoridad representa a la comunidad y se debe garantizar la participación de las víctimas individuales y las comunidades re-ceptoras; 6) en los Planes Integrales de Repa-ración Colectiva, la caracterización de los da-ños y afectaciones se hace con metodologías participativas definidas con las autoridades comunitarias y la formulación del plan se realiza a través de un proceso de consulta previa; 7) las indemnizaciones serán prefe-riblemente colectivas, para lo cual se cons-

Cuadro 1.Ruta Normativa de la reparación colectiva, hitos de actuación e instrumentos de apoyo

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2013).

ACERCAMIENTOGRUPO DE

IMPLUSO DE LAS víCTIMAS

ALIANZA PARA LA

REPARACIóN

REGISTRO POR DEMANDA ALISTAMIENTO

REGISTRO POR OFERTA

PLAN DE REPARACIóN

DIAGNóSTICO DEL DAñO COLECTIvO

SEGUIMIENTO

IMPLEMENTACIóN

IDENTIFICACIóN Y PRIORIZACIóN

FORMULARIO DE REGISTRO Y GLOSARIO

BáSICO

CARTILLA 1: ACERCAMIENTO

CARTILLA 2: ALISTAMIENTO

CARTILLA 4: DOCUMENTOS DE

APOYO

CARTILLA 5: PLANEACIóN Y SEGUIMIENTO

PASO

S NO

RMAT

IvOS

(LEY

144

8 DE

201

3)

6 MESES 3 AñOS

CARTILLA 3: DIAGNóSTICO

Cuadro 2. Ruta operativa de Reparación Colectiva Étnicos

Fuente: Unidad para la atención y reparación integral a las víctimas (2013).

1 ACERCAMIENTO 2 REGISTRO 3 ALISTAMIENTO 6 IMPLEMENTACIóN 7 SEGUIMIENTO4 CARACTERIZACIóN DEL DAñO 5 FORMULACIóN

PLAN DE REPARACIóN

IDeNtIFICaCIóNREvISIóN Y COORDINACIóN DEL PLAN DE RETORNO O

REUBICACIóN CUANDO APLICA EvALUACIóN

vEEDURíA

CoNSULta PReVIa

SOCIALIZACIóN REGLAS DE JUEGO TOMA DE DECISIONES PROTOCOLIZACIóN

OFERTA DEMANDA LEY 1448 DAñOS E IMPACTOS MEDIDAS

IDENTIFICACIóN DE AUTORIDADES

DeCRetoS Ley4633 INDíGENAS

4634 COMUNIDADES RROM4635 NEGROS,

AFRODESCENDIENTES, RAIZALES Y PALENQUEROS

DERECHOS TIEMPO /COSTOS

HECHOS/ PATRONES RESPONSABLES

CoNDICIoNeS De SeGURIDaD

eNFoQUe DIFeReNCIaL y PSICoSoCIaL, aRtICULaCIóN INStItUCIoNaL y PaRtICIPaCIóN

elaborado por la Unidad de Víctimas, apare-cen argumentos problemáticos para susten-tarlos, como que:

… la priorización de casos se fundamenta en la existencia de unos límites reales y téc-nicos de atención de casos para cada año. Puesto que no es posible atender todos los casos al mismo tiempo, se hace indispensa-ble contar con criterios legítimos que per-mitan establecer el orden de atención, para dirigir los esfuerzos a las necesidades más graves y que afecten a los grupos más vulne-rables” (Unidad de Víctimas, s. f.).

Obviamente, la gravedad y vulnerabilidad no son criterios fácilmente objetivables, y por el contrario requieren justamente del diálogo intercultural con las comunidades y pueblos victimizados. Claramente, la focalización por vía de “experiencias piloto” no es el camino.

La Unidad de Víctimas (2011) había plantea-do antes del Decreto 4633 de 2011 que en el caso de pueblos indígenas y afrodescendien-

tituirán fondos comunitarios administrados por las autoridades de la comunidad (Equipo Nacional Plan de Salvaguarda Nasa, 2012). Resulta curioso, por lo menos, que estas me-todologías participativas hayan sido abando-nadas al momento de aplicar el Decreto-Ley, que de forma aún más explícita lo exige.

Como se evidencia en el cuadro 2, la Unidad de Víctimas modificó parte de su enfoque, o lo precisó. Ya el registro no aparece como resultado de la oferta (el Gobierno incluye y propone), sino que este se asocia a la deman-da, vale decir, las comunidades se dirigen a la Unidad y presentan su caso. Esto simplemen-te ocurrió así; la Unidad no pudo continuar con su política de identificar a motu proprio los casos, pues las autoridades indígenas cre-cientemente exigieron ser atendidas.

No obstante, es claro que la socialización del decreto y sus alcances siguieron estando res-tringidos a la visión o el análisis particular de la Unidad de Víctimas y a su oferta insti-



tucional; de manera que de entrada hay una discriminación a comunidades y autoridades indígenas menos informadas, o con menor capacidad de gestión. La identificación y el registro, por otro lado, no modificó el esque-ma de “casos” particulares al interior de los pueblos indígenas.

La base mínima para la implementación del Decreto-Ley 4633 (2011)

Hay un asunto positivo que se logró en ese Decreto-Ley, cual es que a la hora de estable-cer las medidas de reparación, estas tienen que basarse en dos cosas fundamentales: los instrumentos internacionales (Convenio 169, Declaración de la ONU sobre pueblos indíge-nas, las sentencias de la Corte IDH, etc.) y las cosmovisiones indígenas. Cuando se discutía la norma, desde el Cauca fue planteada la ne-cesidad de que las sentencias de la Corte In-teramericana de Derechos Humanos (Corte IDH) quedaran explícitas, y que el contenido de la Declaración de las Naciones Unidas so-bre los Derechos Fundamentales de pueblos indígenas debía ser incorporado; el Gobier-no se opuso. Sin embargo, el logro en esta materia puede extrapolarse positivamente. El artículo 1 establece que el objeto del decreto es servir de:

… marco legal e institucional de la política pública de atención integral, protección, re-paración integral y restitución de derechos territoriales para los pueblos y comunidades indígenas como sujetos colectivos y a sus in-tegrantes individualmente considerados, de conformidad con la Constitución Política, la Ley de Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o el Derecho Propio, y tomando en consideración los instrumentos internacio-nales que hacen parte del bloque de consti-tucionalidad, las leyes, la jurisprudencia, los principios internacionales a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición, respetando su cultura, exis-tencia material e incluyendo sus derechos como víctimas de violaciones graves y ma-

nifiestas de normas internacionales de de-rechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario y dignificar a los pueblos indígenas a través de sus derechos ancestrales (Presidencia de la República, 2012) (énfasis agregado).

La conformidad con las leyes indígenas y la Constitución Política obliga a que los instru-mentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad sean “aplicados obligatoriamente” y no solo tenidos en cuenta. Es un elemento que debe ser considerado en los procesos de reparación adelantados por los pueblos indígenas. Por cierto, la norma permite una interpretación más progresista, si incluimos que estos “serán acordes con los valores culturales de cada pueblo y garanti-zarán el derecho a la identidad cultural, a la autonomía, a las instituciones propias, a sus territorios, a sus sistemas jurídicos propios, a la igualdad material y a la pervivencia física y cultural”. Vale decir, se trata de un enfoque totalmente diferente a la idea de “procesos por oferta”, “priorización”, etc., hasta ahora adoptados por la Unidad de Víctimas.

La norma puede ser entendida y exigida tam-bién desde el mismo concepto de reparación integral para los pueblos indígenas, la cual se entenderá, según el artículo 5, “como el restablecimiento del equilibrio y la armonía de los pueblos, vulnerados históricamente en sus dimensiones material e inmaterial” (Pre-sidencia de la República, 2012); también la norma considera en su artículo 20 que:

Las medidas de atención integral, protec-ción, reparación integral y restitución de de-rechos territoriales contempladas en el pre-sente decreto, se entienden encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y deberán propender por contribuir a la eliminación de sus condiciones estructurales de discri-minación y vulnerabilidad, así como a la re-cuperación y reproducción de su identidad cultural y al pleno ejercicio de sus derechos

fundamentales y colectivos (Presidencia de la República, 2012).

El enfoque de que todas las medidas tienen que estar dirigidas a eliminar las condicio-nes estructurales de discriminación y vul-nerabilidad, permite darle un sentido más profundo a la negociación y la interlocución con el Estado en materia de reparación, in-cluyendo también una dimensión espiritual que normalmente no es reconocida. Y permi-te confrontar la modalidad preferida por los funcionarios del Gobierno, que privilegian la presentación de las indemnizaciones econó-micas individuales y, a lo sumo, familiares a la hora de presentar la reparación administrati-va (el famoso “hay tanta plata para la indem-nización”), y su renuencia a aceptar que el concepto de reparación solo puede basarse en lo que dicen los propios pueblos indígenas y en su condición de sujetos políticos colectivos.

El artículo 5 incorpora, adicionalmente, que el restablecimiento del equilibrio y la armo-nía va más allá de una consideración espi-ritualista. En efecto, sostiene que dicho res-tablecimiento incorpora medidas y acciones dirigidas a “fortalecer la autodeterminación y las instituciones propias, garantizar el goce efectivo de los derechos territoriales y el res-tablecimiento de los mismos, medidas de indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición” (Presidencia de la República, 2012).

En otras palabras, nos encontramos con un concepto de reparación que reconoce dere-chos políticos que difícilmente el Gobierno había aceptado. Por eso resulta aún más pre-ocupante que en el momento de establecer diálogos con los pueblos indígenas, la Unidad de Víctimas pretenda quedarse casi exclusi-vamente en las reparaciones individuales o familiares, y eluda reconocer los sujetos de reparación colectiva en términos propiamen-te políticos, que es como fueron reconocidos en el decreto. Es obvio que el derecho de libre determinación y a fortalecer sus instituciones

políticas y de gobierno propias no resultará de interlocuciones y procesos de reparación que tienen como sujetos a individuos o con-glomerados de individuos y familias. Para que la reparación tenga el carácter transfor-mador necesariamente debe superar el mero “resarcimiento del daño material y espiritual, o el restablecimiento de la situación anterior al hecho victimizante”, y avanzar a “la elimi-nación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes” (art. 28), propen-der “por eliminar las condiciones y situacio-nes de vulnerabilidad y riesgos, en especial las descritas por la jurisprudencia nacional e internacional” y “contribuir a garantizar la permanencia cultural y la pervivencia de los indígenas como pueblos” (art. 6). Esta dimen-sión solo puede ser abordada por un sujeto colectivo de derechos políticos, vale decir, el pueblo indígena y sus gobiernos.

De todo lo anterior se desprende que la me-todología adoptada por la Unidad de Vícti-mas (de los casos piloto o emblemáticos —o lo particular—, hacia un probable enfoque como pueblos —lo general—) es totalmente contraria a la norma. Esta, por el contrario, considera que el punto de partida es el pueblo en su conjunto, y, luego sí, a partir de una visión global del propio pueblo y de la victimización como pueblo, analizar los casos de daños grupales, particulares e individuales. Así lo es-tablece el artículo 14, referido a la dimensión colectiva. Allí queda explicitado que:

… las medidas y acciones conducentes a la reparación integral y restablecimiento

Es el Gobierno el que identifica las víctimas que deben ser reparadas, lo cual constituye un modo de falsear el sentido mismo del Decreto-ley, cual es reparar a todos los pueblos y a todas las comunidades.



del equilibrio y la armonía de los pueblos y comunidades indígenas, siempre tendrán en cuenta la dimensión colectiva de las violaciones de los derechos fundamenta-les, colectivos e integrales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Esta dimensión incluye el impacto colectivo de violaciones individuales sobre la estructura tradicio-nal, socioeconómica, cultural y organizativa (Presidencia de la República, 2012).

Se trata de una orientación perentoria que para nada ha sido asumida por la Unidad de Víctimas. Lo que exige pensar todo el proce-so en clave de los fundamentos políticos del pueblo nasa. En los Fundamentos del Plan de Salvaguarda aparecen como principios de la existencia nasa los siguientes: el pueblo nasa es el sujeto colectivo de los derechos a la protección, la atención y la reparación integral; el fundamento central del Plan es el fortalecimiento de la libre determinación y la autonomía del pueblo nasa; la relación con el Estado colombiano será de gobierno a gobierno; el territorio ancestral nasa es uno solo; la lucha por el territorio ancestral es un eje de la identidad del pueblo nasa; la madre tierra tiene derechos a la protección,

reparación y a las garantías de no repetición; el pueblo nasa interpreta y vive el conflicto armado como la continuación de la guerra de la conquista y el colonialismo (Equipo Nacio-nal Plan de Salvaguarda Nasa, 2012).

Por cierto, este último elemento es contrario al propio Decreto-Ley, pues el dolor y el daño son entendidos por los nasa como hechos permanentes y no un dolor o un daño que ocurrieron en el pasado, en términos simila-res al delito de desaparición forzada. La fecha de la reparación administrativa, a partir de 1985, genera un problema y una tensión en las comunidades.

Lo anterior se corrobora cuando se dis-criminan los tipos de daños que el propio Decreto-Ley considera que deben ser objeto de reparación, y que por el modelo adoptado tienen escasas posibilidades de ser asumidos adecuadamente.

El daño colectivo (art. 42), que es material e inmaterial, debe asumirse en una dimensión holística, independiente de la cantidad de afectados, y considerando que hay una afec-tación al conjunto del pueblo indígena y no a una parte de este. El daño a la integridad cul-

tural (art. 44) hace referencia al daño causa-do a los sistemas de pensamiento, organiza-ción, fundamentos identitarios, cosmovisión, rituales, ceremonias, ordenamiento espiritual y material del territorio, pautas de parentes-co, formas de crianza, gobierno propio, co-nocimientos, salud y educación propias, sis-temas de producción y consumo, redes de comunicación, patrones estéticos y memoria. El daño al territorio (art. 45) presume que este es una “integridad viviente”, incluyendo daños a los equilibrios ambientales y la sobe-ranía alimentaria. El daño a la autonomía e integridad político-organizativa (art. 46), que corresponde al irrespeto a consulta previa, al método de prebendas y manipulaciones, o el irrespeto a las autoridades. Incluso la norma habla de daños individuales con efectos co-lectivos (arts. 41 y 43).

La casi totalidad de los daños previstos en el Decreto-Ley justamente no pueden abor-darse sino con un enfoque desde lo colecti-vo —como pueblo— a lo particular. De manera que el método adoptado no solo viola la nor-ma en la práctica, sino que sencillamente no puede abordar el problema que debe resol-ver. La idea de que pueda existir un Plan de Reparación Colectiva a partir de planes par-ticulares de comunidades o grupos victimiza-dos se estrella contra los hechos mismos; y si acaso existe un interés real por formular ta-les planes, simplemente tendrá que realizar-se una nueva consulta con aproximaciones generales u holísticas para poder detectar el tamaño del daño sufrido y pensar las medi-das adecuadas para la reparación.

El Gobierno tiene que acordar un Plan Inte-gral de Reparación Colectiva para pueblo y las comunidades nasa. Este es el instrumen-to de reparación que plantea el Decreto-Ley. ¿Quién concierta el Plan? La Unidad de Vícti-mas y la Unidad de Restitución de Tierras por parte del Gobierno, pero por el lado indígena no puede hacer un grupo de víctimas o varios grupos de estas. Las opciones en cualquier

caso no corresponden con lo que ha ade-lantado la Unidad de Víctimas: desde Cxhab Wala Kiwe, encabezada por la consejería, o como pueblo nasa, encabezado por las re-gionales. A nivel de las comunidades, estas encabezadas por los cabildos. El Plan tiene que surtir un proceso de consulta previa; se-gún la Ley 21/91 la consulta previa se hace con las autoridades, con las organizaciones representativas y con participación de las co-munidades; si la consulta previa se hace en los marcos que establece la Corte Constitu-cional, el Gobierno no tiene otra alternativa que hablar con la ACIN, con el CRIC, con las autoridades. No pueden concertar tal proce-so con un grupo de víctimas, aunque el grupo de víctimas deba participar.

Enfoque de la reparación7

Acerca del enfoque diferencial en la atención y reparación de las víctimas del pueblo nasa podemos enunciar seis conclusiones:

1. En la protección y en la reparación lo “diferencial” está relacionado con las for-mas particulares como el pueblo nasa ha vivido y sufrido la violencia política. Eso significa tanto la forma específica como los armados la han utilizado (basados en una supuesta superioridad civilizatoria o cultural de Occidente sobre los pueblos indígenas), así como la forma específica como los nasa entienden situaciones (y conceptos) como daño, dolor, agresión, humillación, miedo, dignidad, resistencia. Para los nasa se trata de una violencia ejercida contra comunidades que tienen una concepción y una práctica colectivas intensamente orgánicas, lo que implica una diseminación del daño y el dolor de forma más veloz e intensa, así como una implicación más profunda de la victimi-

7 En buena medida, este apartado se fundamenta en el trabajo aparecido en el Diagnóstico del Plan de Salvaguarda Nasa, formulado con la contribución del Equipo jurídico de la Casa de Pensamiento.

Paola

Chav

es



zación individual sobre el cuerpo de las comunidades. Se trata de una violencia ejercida contra un proceso de construc-ción de autonomía política y territorial muy fuertemente arraigado; una violencia ejercida como respuesta a lo que los ac-tores armados consideran desafíos a sus poderes de facto; una violencia territorial que daña los procesos organizativos.

Por otra parte, se trata de una violencia contra los sistemas culturales, es decir, contra el conjunto de las representacio-nes, los símbolos, los referentes mítico-históricos que constituyen la especificidad cultural y étnica del pueblo nasa. Han sido profundamente agredidos: a) la conexión ritual y mítica entre el mundo espiritual y material alterada por el asesinato de los kiwe the’, quienes cumplen la función de enlace (los que llevan el mensaje del mun-do físico al mundo espiritual, los thu’tenas o comunicadores) y un rol fundamental en los procesos de armonización social y cul-tural en el mundo nasa a través de accio-nes para el restablecimiento del equilibrio; b) el orden territorial (que los nasa consi-deran natural-espiritual) y su vinculación con los espacios propiamente espirituales, en particular por la ocupación militar de los sitios de páramo, nacederos de agua y lagunas; c) los símbolos de autoridad (chontas y varas) o de encargo (bastones), utilizados por los actores armados como método de camuflaje, lo cual altera el sen-tido profundo de conexión con los man-datos de la ancestralidad o Ley de Origen; d) la memoria de resistencia, con la cap-tura simbólica (uso de nombres e imáge-nes) de figuras como Quintín Lame para nombrar acciones o grupos armados que no responden ni en su práctica ni en su propósito a los principios nasa.

2. Los nasa (y en general los indígenas) tie-nen unos dispositivos particulares para interpretar, enfrentar y superar dicha vio-

lencia política. Lo más relevante en este campo es que existe continuidad entre las vivencias del mito-memoria y las vivencias históricas del pueblo nasa. El mito-memo-ria originario nasa esencialmente explica la existencia como un proceso de crisis causado por la envidia (tener todo para uno solo) y superación de la crisis lograda con el equilibrio (cada ser tiene lo que le corresponde), entendiendo cada ser como nasa con plenos derechos de existencia, incluyendo a los seres no humanos (ani-males, plantas, minerales, agua). Dice Sis-co (2001) que esta situación se presenta desde que “éramos taafxi, espíritu (viento), energía y movimiento, nos chocábamos los unos con los otros, nos hacíamos daño, fue todo un caos”. Luego, ya con cuerpos materiales, “de contentos se volvieron inso-portables... se agruparon los grandes, los chicos, los medianos, los más pequeños y menudos; todos pretendían su espacio pero los grandes agredían a los pequeños, había egoísmo. En una palabra el desor-den continuó” (Sisco, 2001). Y cuando ya los nasa poblaban la tierra, de nuevo,

… las personas que entraron a vivir en la casa grande empezaron a caminar y ca-minar por todas partes y esto trajo con-sigo otras consecuencias porque algunos seres inconscientemente ocupaban los espacios de los demás y se cruzaban sin permiso incomodando a los propios, y eso es un problema. En muchos sitios y en muchas ocasiones se enfrentaron; no oían los llamados de atención de los hermanos afectados. Unos, sin tener en cuenta el consejo de la madre se fueron a pelear en la montaña (cabeza de la tierra) (Sisco, 2001).

La solución reiterada a la situación de crisis producida por el egoísmo y la en-vidia, recurrentemente tiene solución en la cosmovisión distribuyendo el espacio y las funciones. Prosigue Sisco (2001): “Ca-da quien con su yuwe (boca, lengua, de-

cir), üus (corazón, sentimiento) y habilidad especial para vivir, cada uno de los hijos tomó un espacio conveniente de acuerdo con sus condiciones de vida, cada especie guardó su relación con los demás y con su madre”.

De allí que el conflicto armado y los con-flictos sociales se insertan en esta trama de significado. Es el irrespeto al derecho del otro, entendido como espacio de ca-da quien, lo que produce el conflicto, que debe resolverse devolviendo a cada uno su lugar. El restablecimiento del derecho o de los derechos de cada uno (a decir, a sentir, a hacer) es intrínseco de la cultu-ra nasa y ha reaparecido en los diversos momentos políticos de la lucha de este pueblo. Conceptos como “recuperación de los resguardos y los cabildos”, “libera-ción de la madre tierra”, “revitalización del nasayuwe”, entre otros, promovidos con el sentido político que estas expresiones tienen para Occidente, en realidad expre-san una expectativa de reencuentro cul-tural entre diferentes temporalidades, que en el pensamiento nasa acontecen más bien en términos espaciales: un lugar de los espíritus-energías-sueños, más que un tiempo pasado perdido. En el fondo, está la idea de la energía cambiante, originado-ra de los nasa. Se expresa en el carácter primordial del viento, el trueno y el rayo (la luz y el fuego) pues:

Cuentan los que saben y dicen que en la tierra cósmica (espacio) existen dos co-rrientes de viento, mas antes, estos vien-tos corrían y corrían con tal fuerza pero sin rumbo por el espacio. En una de esas correrías de pronto los dos se rozaron, los dos vientos eran personas; una era de sexo femenino y otro de sexo masculino. La impresión que se llevaron ambos fue impactante, como queriendo saber del uno al otro. Las dos corrientes de viento se arremolinaron formando un gran cír-culo como entre una danza, cuando se

cansaron de arremolinarse e hicieron un pare. La mujer viento tenía un anaco ase-gurado con un chumbe (faja) adornado de múltiples figuras, además de su chum-be, resaltaba una vara que en la punta tenía asegurado un manojo de lana del cual ella hilaba e hilaba, era su vara de mando. El hombre viento con ruana ne-gra y pantalón que le daba hasta los tobi-llos, con sombrero de pindo (hoja de caña brava), con los pies descalzos, en la mano izquierda portaba una vara de mando de oro. Los dos se pararon de extremo a ex-tremo, se dieron una media mirada y sus rostros inmediatamente clavaron sus ojos hacia abajo (Sisco, 2001).

Marcos Yule (2012) presenta la versión del the’wala José María Quitumbo reco-gida por Carmen Vitonás. En ella, sxla-pun (trueno) produce la luz/la candela a instancias de ksxa’w (sueño, espíritu); se trata de un evento de autoproducción. En efecto, en otras versiones, sxlapun es re-conocido explícitamente como un ser her-mafrodita. La vinculación entre el trueno y la energía de la que habla el relato de Sisco es una clara referencia a la energía que se autogenera y es el origen de todos los seres (nasa). En la vida cotidiana de los nasa, el procedimiento para reconducir la vida a las formas originarias es la armoni-zación o reconciliación con el trueno, a la cual se accede mediante el rayo o fuete y el refrescamiento. Ambos procedimientos son realizados por el the›wala, quien ac-túa como comunicador del mundo físico con el mundo espiritual.

Hay un asunto positivo que se logró en ese Decreto-ley, cual es que a la hora de establecer las medidas de reparación, estas tienen que basarse en los instrumentos internacionales y en las cosmovisiones indígenas.



Para efectos de la reparación, las personas y los colectivos que han sufrido desequili-brios o tienen ptansh (sucios) deben pasar por rituales de armonización, en dirección a restablecer el wet fxi›zenxi, la vida plena o la vida sabrosa. Esto ocurre también en el contexto del conflicto armado tanto pa-ra las víctimas como para los victimarios, aun cuando las acciones para el restable-cimiento son diferentes según el sujeto.

Durante el proceso de construcción del Plan de Salvaguarda Nasa, quedó cla-ro que las concepciones de reparación y justicia están fuertemente ligadas a esta noción, que algunos indígenas asocian a la idea de bienestar usualmente utilizada en Occidente. En particular, la idea de jus-ticia en el pensamiento nasa tiene como horizonte la búsqueda de la armonía co-munitaria, por lo que es posible encontrar ejercicios de justicia ligados con la com-pensación, la retribución y el equilibrio dependiendo de la circunstancia misma que se pretende armonizar, lo cual no es contradictorio con un ejercicio de justicia colectivo y comunitario, donde la norma que se aplica se actualiza con el análisis del caso.

Cuando no es posible tal armonización porque el conflicto, el sucio o la desar-monización se mantienen, las experien-cias de la muerte y la violencia se trenzan con representaciones más ligadas con la historia reciente de la cultura nasa (espe-cialmente los últimos 500 años), donde la

trascendencia espiritual ha debido arti-cularse con la resistencia a la conquista y colonización. La persistencia de la vio-lencia de la conquista y la esclavitud es el marco o gramática de interpretación de la violencia política reciente por parte de los nasa, quienes la conciben y viven como continuidad de la expropiación, el despojo colonial y la discriminación, co-mo fue reiterado enfáticamente durante todas las asambleas para la construcción del Plan de Salvaguarda. De esto se des-prende, que superar la violencia presente implica superar la violencia histórica, los rezagos coloniales y las estructuras que reproducen la discriminación, el racismo y la discriminación racial y étnica, en lo que nos detendremos más adelante.

Las respuestas a la violencia política y, en general, a la violencia (la muerte, el dolor, la humillación, la tortura), corresponden a dispositivos específicos y tramas cultu-rales asociadas a esa guerra, donde con-cepciones sobre la dignidad y el carácter guerrero que se autoadjudican los nasa, resultan relevantes. Para un pueblo que se reconoce “en resistencia” ante la que considera una guerra perpetua contra su existencia misma, la construcción de una representación reforzada de la dignidad es básica en el trato político: el respeto y el reconocimiento como sujetos no su-bordinados son las principales exigen-cias nasa de toda interlocución. Por otra parte, la desconfianza agudizada ante los incumplimientos por parte de agentes es-tatales (más de 26 acuerdos de diferentes gobiernos han sido incumplidos total o parcialmente) produjeron la valoración de que los tiempos del diálogo con el Esta-do y otros actores no estatales se parecen más a armisticios que a formas normales de las relaciones sociopolíticas. Por ello, los nasa se reconocen como “guerreros en paz”, aludiendo a su total disposición a entablar relaciones armoniosas con el Es-

tado, al tiempo que reclaman el derecho a la desconfianza.

3. La tercera conclusión pertinente para el enfoque diferencial es de orden más polí-tico que étnico, vinculado a la forma como los nasa entienden el conflicto armado contemporáneo. Para el pueblo nasa, el Estado en muchas ocasiones ha sido el victimario directo e indirecto. De tal mo-do, para las comunidades nasa la protec-ción incluye salvaguardarse de la acción ilegal de los funcionarios públicos y preve-nir nuevas victimizaciones estatales. Por esta razón, no es un detalle menor que todas las asambleas para la construcción del Plan de Salvaguarda hayan reivindica-do –apelando a su demanda para el ejerci-cio de su derecho a la autonomía– que las medidas de salvaguarda deben consistir fundamentalmente en acciones propias realizadas por las comunidades nasa.

Esto es más contundente en términos de atención y reparación, donde las comuni-dades reclaman que las acciones típica-mente humanitarias deberán realizarse por medio de las autoridades indígenas o

los órganos creados por las comunidades para tal efecto. Por lo mismo, la preven-ción, reparación y atención integral a las víctimas (comunidades, familias, individuos y madre tierra) deberán realizarse de for-ma exclusiva mediante mecanismos civiles. Es totalmente contrario al espíritu nasa y al Plan de Salvaguarda cualquier acción que se pretenda realizar por medio de or-ganismos armados del Estado o privados.

4. La cuarta conclusión sobre el enfoque diferencial en la atención y reparación, y sobre todo en la justicia, es la aplicación del principio rector de la garantía de no repetición de los hechos que han vulnera-do los derechos colectivos e individuales del pueblo nasa. En el mito-historia, estos hechos reaparecen como ciclos de un mis-mo proceso. Sin dicha garantía, cualquier atención o reparación tendrá más bien un carácter legitimador de la violencia estruc-tural o funcional que se haya establecido como si fuese el régimen político. El hecho de que la continuidad entre mito e histo-ria permita un acceso y salida múltiple al tiempo (al lugar del tiempo), abre asimis-mo una dimensión adicional: la experien-

la metodología adoptada por la Unidad de Víctimas (de los casos

piloto o emblemáticos —o lo particular—, hacia un probable enfoque como pueblos

—lo general—) es totalmente contraria a la norma.

Paola

Chav

es



ben ser consultadas con el grupo étnico y este debe retener cierto nivel de control sobre su implementación; 6) las medidas complementarias de compensación deben formar parte de las reparaciones; 7) de-ben tomar en consideración los agravios históricos y su impacto superviviente; 8) el significado de la violación debe ser vis-to a través del lente del grupo étnico; 9) la búsqueda de la verdad y de la justicia,

cia trans-temporal de la violencia, de la humillación, de la dignidad atropellada o negada. Las voces en las asambleas para la construcción del Plan de Salvaguarda Nasa fueron insistentes en “actualizar” las agresiones del pasado, presentarlas como hechos presentes que pueden verse y ex-perimentarse por todos los asistentes al momento del recuerdo. De este modo, el olvido decretado por historiadores o nor-mas que supuestamente resuelven viejas contradicciones, no puede instalarse. De ahí que los rituales de curación y la aplica-ción de justicia a antiguos casos de violen-cia política sean fundamentales.

En varios talleres realizados con mayores de las comunidades nasa del Cauca para recordar los momentos de violencia y los ejercicios de resistencia, fue reiterada la actualización vívida de las muertes, las desapariciones y los encierros que ocu-rrieron en los años setenta al inicio de las recuperaciones de tierra. La prescripción de estos delitos por la justicia ordinaria e incluso por la narrativa política de la organización indígena, no lograron sanar estos hechos, que se evocaban en el mar-co de la caracterización del conflicto ar-mado actual, valga decirlo, cuarenta años después.

5. La quinta conclusión es que el restableci-miento/protección de los derechos cons-titucionales debe partir de la concepción nasa del derecho y de la concepción pro-pia sobre el sujeto del derecho a la protec-

ción y la salvaguarda. Aquí, el derecho es entendido como equidad en el vivir de to-dos los nasa (todos los seres), que a su vez propende por la armonía como resultado del equilibrio entre los seres y de la exi-gencia a los extraños para que respeten ese equilibrio. La concepción del sujeto que debe ser salvaguardado, como ya se ha insinuado arriba, incluye dimensiones culturales, territoriales, étnicas, mate-riales, espirituales, y políticas vitales. En realidad, estas dimensiones son la forma como la sociedad occidental nombra una continuidad espiritual-natural integral.

Esta continuidad espiritual-natural (que a su vez implica una articulación orgánica muy imbricada de esas dimensiones) hace muy sensibles a la cultura y las comuni-dades las afectaciones de la guerra, así como las posibles medidas de protección, atención, reparación, restitución o in-demnización que se adopten. El principio reconocido a nivel internacional de la ac-ción sin daño es clave para impedir que posibles medidas de atención se convier-tan en nuevas victimizaciones sobre otras dimensiones del mismo sujeto.

Todas estas conclusiones del pueblo na-sa son convergentes con diferentes apro-ximaciones realizadas por académicos y funcionarios del Estado respecto al enfoque diferencial. Por ejemplo, César Rodríguez Garavito y Yukyan Lam (2010) proponen los elementos que deben ser tenidos en cuenta para una reparación étnica integral: 1) las reparaciones deben incluir tanto componentes procedimenta-les como sustantivos; 2) deben tener una dimensión colectiva; 3) deben ser adecua-das y efectivas, por tanto, la determinación de las medidas de reparación debe partir de lo específico y debe ser enfocada hacia la satisfacción de las necesidades del gru-po étnico; 4) deben respetar la identidad cultural particular del grupo étnico; 5) de-

Para el pueblo nasa, el Estado en muchas ocasiones ha sido el victimario directo e indirecto. Para las comunidades nasa

la protección incluye salvaguardarse de la acción ilegal de los funcionarios públicos y prevenir nuevas victimizaciones estatales.

como parte integral de la reparación, es particularmente significativa para mu-chos grupos étnicos; 10) en la determina-ción de las medidas de reparación debe considerarse el significado especial de la tierra para los grupos étnicos, y en casos de despojo, la restitución es el modo más idóneo de reparación (Rodríguez Garavito y Lam, 2010).

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7978Sección Sección

locomotora agropecuaria en Colombia:

ni pa lante y sí pa´ atrásLuis Alejandro Delgado*

* Politólogo, investigador de la Corporación Ensayos.

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80 Agro y mineríA 81agro y minería

La movilización campesina, agraria y popu-lar ocurrida en agosto y septiembre del año 2013, puso en el debate nacional la difícil situación que atraviesan las zonas rurales y la actividad agrícola del país, principalmente la que se encuentra a cargo de campesinos, indígenas y afrodescendientes. La legislación agraria actual, Ley 160 de 1994, no ha te-nido mayores desarrollos durante los go-biernos que han debido implementarla. Hoy, veinte años después de su aprobación, son muchas las demandas de los sectores rurales que no han sido resueltas, evidenciadas en los pliegos de petición de las organizaciones movilizadas, las Dignidades Agropecuarias y las articuladas en la Cumbre Agraria, Étnica y Popular: Mesa Nacional Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA), Coordinador Nacional Agrario (CNA), Proceso de Comuni-dades Negras (PCN) y Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), principalmen-te. A su vez, el segundo Gobierno de Juan Manuel Santos alista un paquete de medidas legislativas que buscan legalizar el despojo de tierras hecho en el país con los llamados bal-díos de la nación y el abuso de las unidades agrícolas familiares (UAF), incentivar el desa-rrollo rural a partir de las alianzas producti-vas entre campesinos y empresarios, y ajustar la política rural a los resultados de los diálo-gos para la terminación del conflicto armado que se adelantan en La Habana (Cuba) con la guerrilla de las FARC, sin resolver los pro-blemas estructurales del campo colombiano.

Es importante realizar un análisis de los principales problemas que se encuentran actualmente en el campo colombiano: con-centración de tierras, conflictos por el uso del suelo, despojo, debilitamiento institucional y demoras en la ejecución de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que sirva de insumo para la discusión de un proyecto de Ley Agraria y de Desarrollo Rural que incluya, en su construcción, a los sectores rurales colombianos, campesinos,

El incremento reciente de cultivos permanen-tes tiene relación directa con la producción de biocombustibles. Según el informe: Colombia rural, razones para la esperanza, del PNUD (2011), para la generación de combustibles de origen vegetal Colombia está impulsando dos frentes de producción: el etanol o alcohol carburante con base en la caña de azúcar, que se está expandiendo hacia los Llanos Orientales, y el biodiesel, fundamentado en el cultivo de la palma de aceite. La caña de azúcar ocupaba cerca de 193.423 hectáreas en 2009 y el 95,4 % se produjo en los inge-nios y plantas de producción del Valle. Por su parte, en palma de aceite Colombia contaba en 2009 con más de 360.537 hectáreas sem-bradas distribuidas por zonas, así: 37,6 % en la oriental, 30,5 % en la norte, 27,7 % en la central y 4 % en la occidental (p. 82).

Por su parte, las concesiones mineras se han convertido en el principal conflicto por el uso del suelo y de agua en el país. Los traslapes entre solicitudes mineras y áreas de produc-ción agropecuaria se han convertido en una amenaza para la producción campesina en Colombia. A finales de diciembre de 2012, habían sido suscritos 9.400 títulos mineros, cubriendo 5,6 millones de hectáreas. De es-tos, 3.760 están en explotación y abarcan cerca de 2,1 millones de hectáreas, un área cercana al 1,8 % del territorio nacional.2 Esto refleja la asignación de un importante núme-ro de hectáreas para exploración y explota-ción minera. Muchas de estas concesiones han sido otorgadas en lugares con vocación agrícola, lo que dificulta aún más el desarro-llo del agro-colombiano, pues la extracción de recursos naturales minerales se ha con-vertido en un objetivo del Gobierno nacional. A esto se suma la amenaza que representa la minería para las fuentes hídricas, los eco-

2 Según Federico Rengifo, ministro de Minas y Energía, en artículo publicado por el periódico El Espectador, diciembre 4 de 2012. Citado en Garay (2013, p. 24).

indígenas y afrodescendientes, y no solo a los empresarios del campo. Se habla mucho de la locomotora agropecuaria pero esta no ha empezado a andar y ya muestra serias fallas, ya que no resuelve los problemas históricos y plantea soluciones que no responden a las situaciones particulares por las que atraviesa el campo colombiano.

Situación de la tierra en Colombia: despojo, concentración y conflictos por su uso

Colombia es uno de los países en el mundo con mayores niveles de concentración de la tierra. Históricamente, la tierra ha estado en manos de grandes hacendados y poseedores que han aprovechado las diferentes guerras ocurridas en el país para apropiarse de vastas extensiones de tierra de campesinos. Según cifras del Informe de Desarrollo del PNUD del año 2011, en Colombia se han despoja-do alrededor de 6’638.195 hectáreas desde el año 1980 (PNUD, 2011, p. 278).1 Según Salinas (2011), el índice de Gini pasó de 0,86 a 0,88 a partir de 2005, en el 56,5 % de los municipios del país. La imposibilidad de realizar la reforma agraria en Colombia, ade-más de la contrarreforma por vía armada y la usurpación de tierras han generado, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) (2012), el despla-zamiento de 5’445.406 personas entre enero de 1985 y el 31 de diciembre de 2011. Es decir, cerca del 11 % de la población total de Colombia se ha visto forzada a salir de sus territorios de residencia, principalmente de las áreas rurales.

La tierra en Colombia ha sido utilizada por los grandes terratenientes para la especula-ción y la ganadería extensiva, principalmente. Según el Instituto Geográfico Agustín Coda-zzi (citado por el Informe del PNUD), la tierra

1 Ver el cuadro 9.1, basado en la Encuesta Nacional de Verificación de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia.

apta para actividades ganaderas y silvopasto-riles asciende a 21,1 millones de hectáreas; sin embargo, hoy se usan 39,2 millones (in-cluyendo malezas y rastrojos); o sea que se-ría necesario liberar como mínimo un total de 10,6 millones de hectáreas si se conside-ra solamente lo utilizado en ganadería, que son 31,6 millones (PNUD, 2011, p. 78). Una cifra más realista indicaría que la tierra con vocación netamente pecuaria es de 15 millo-nes de hectáreas, prácticamente la mitad de lo que actualmente se viene utilizando para dicha actividad. Esto significa que la libera-ción de tierras para agricultura y actividades forestales alcanzaría cerca de 15 millones de hectáreas, ya que el uso en actividades silvo-pastoriles es prácticamente marginal. El país tenía para el año 2009 aproximadamente unas 27,4 millones de cabezas de ganado bo-vino en las 31,6 millones de hectáreas, con un promedio de 0,86 cabezas de ganado por hectárea (p. 78).

A lo anterior se suma el crecimiento de cul-tivos permanentes o monocultivos, en detri-mento de cultivos transitorios y de rotación, lo cual amenaza la seguridad y soberanía ali-mentaria del país pues la tendencia es a cul-tivar principalmente agrocombustibles para la agroexportación y los agronegocios. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, basado en datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, para el año 2009, la pro-ducción agrícola alcanzó las 24,1 millones de toneladas, de las cuales el 60 % correspondie-ron a la producción agrícola permanente y el 40 % restante a volúmenes de productos de cultivos de ciclo corto (2011, p. 77). Esta es una de las problemáticas que más se eviden-cia en el campo colombiano. La superficie dedicada a actividades agrícolas y silvoagríco-las asciende a 4,9 millones de hectáreas, aun-que se estima que 21,5 millones cuentan con aptitud agrícola; es decir, solo el 22,7 % de la superficie con vocación agrícola es utilizada para el establecimiento de cultivos (p. 78).



sistemas de protección, el paisaje y la vida humana.

A partir del año 2010, el Gobierno de Juan Manuel Santos anunció al pueblo colombia-no la presentación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, como muestra del re-conocimiento a las miles de víctimas que hay en el país por causa del conflicto armado y el reconocimiento del despojo de sus tierras. La Ley 1448 de 2010, en el tema de restitu-ción de tierras, fijó como meta la restitución de 2 millones de hectáreas de las más de 6 millones despojadas. Sin embargo, a más de cuatro años de haber sido aprobada la ley, y después de más de 2 años de su implemen-tación por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, tan solo se habían restituido hasta el mes de septiembre de 2014, 28.582 hec-táreas de tierra.3 Aproximadamente el 1 % de la meta fijada en 10 años que tiene de vigencia la ley. Situación similar ocurre con las solicitudes de restitución. Según la fun-

3 Forjando Futuro (2014). Así fallan los jueces ¿cumplirá el Gobierno sus órdenes? En http://forjandofuturos.org/documentos/publicacion-restitucion-de-tierras-asi-fallan-los-jueces_500-sentencias_septiembre-2014-fundacion-forjando-futuros.pdf (consultado el 6 de octubre de 2014).

dación Forjando Futuros, la meta propuesta por el Gobierno nacional para este 2014 era atender 160.345 casos y que los jueces y ma-gistrados resolvieran 79.255. La realidad es que el cumplimiento para el presente año fue de 2,1 %, es decir, 1.683 casos resueltos sobre una meta total de 360.000 solicitudes que se espera sean interpuestas.4 Otro de los proble-mas que ha evidenciado la implementación de la ley es que no ha sido efectiva en el re-torno de las personas a sus territorios. Según cifras del Human Rights Watch (2013), tan solo una familia ha retornado a vivir y traba-jar en su predio y, según datos del banco de datos de derechos humanos y violencia polí-tica del CINEP (2014), al día de hoy, asciende a 18 el número de líderes reclamantes de tie-rras asesinados desde el año 2011.

La política agraria en Colombia: ausencia de Estado

Haciendo un breve recuento de las leyes aprobadas en materia de distribución de tie-rras y la política pública rural en Colombia, se debe señalar como el primer intento de re-

4 Idem.

forma agraria en el país la Ley 200 de 1936, bajo el Gobierno de Alfonso López Pumarejo. López puso en el país el debate acerca de la alta concentración de la propiedad rural y la necesidad de la distribución de la tierra en Colombia. Posteriormente, Alberto Lleras Camargo, a través de la Ley 135 de 1961, pretendió una nueva reforma agraria, que se frustró durante el Gobierno de Misael Pastra-na Borrero mediante el conocido “pacto de Chicoral” en el año de 1972, que consistió en un acuerdo realizado entre grandes te-rratenientes y políticos colombianos que se opusieron a la distribución de la tierra en el país promoviendo principalmente el uso de esta en ganadería extensiva. Este acuerdo fre-nó cualquier intento que hubiese realizado el Estado colombiano para dotar de tierras a los sectores rurales, principalmente a los campesinos.

El Estado colombiano se ha caracterizado por la baja y poca presencia institucional que le ha otorgado al campo colombiano. Hacia los años ochenta se empezó el desmonte de las instituciones que se encargaban de inter-venir en la política pública rural, desmonte ratificado posteriormente con la Constitución Política de 1991, en la que se privilegió al mercado frente al Estado. La apertura eco-nómica privilegió el desmonte de medidas proteccionistas para el agro colombiano, perjudicando gravemente la producción agropecuaria nacional. La política del Esta-do colombiano de acentuar el mercado se evidenció en el agro a través del cierre del Instituto de Mercadeo Agropecuario (Idema), la liquidación del Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) y su posterior transformación en el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), cambiando la orientación del Instituto, dejando de lado el tema de la reforma agraria y privilegiando el acceso a tierras mediante créditos. La política colombiana, con el nuevo enfoque, se ha con-centrado más en la repartición de subsidios a

grandes propietarios y empresas para la pro-ducción a gran escala. Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2011), la ins-titucionalidad existente en el modelo está di-señada para proteger a los grupos de interés, sus actividades de gestión y de cabildeo, sus subsidios y sus ganancias. De allí que duran-te los años pasados solo se destruyó aquella institucionalidad destinada a la atención del campesino que no tiene voz ni capacidad de negociación. Reflejo de lo anterior es lo que se conoció —en el Gobierno anterior— como Programa de Agro Ingreso Seguro (AIS). Pro-grama mediante el cual se entregaron sub-sidios a grandes terratenientes, empresarios y personas cercanas a los grupos de poder, la implementación de proyectos productivos permanentes y a gran escala, que termina-ron con escándalos de corrupción. El actual Gobierno de Juan Manuel Santos mantiene el programa pero con una nueva denomina-ción: Desarrollo Rural con Equidad (DRE).

El primer cuatrienio de Juan Manuel Santos tuvo como principio rector el Plan Nacional de Desarrollo, que echaría a andar las lla-madas cinco locomotoras del desarrollo: mi-nería, infraestructura, innovación, vivienda y agricultura. Sin embargo, la locomotora de la agricultura no arrancó y se estancó, parecie-ra que está sujeta a los avances que tengan los diálogos de La Habana que se adelantan actualmente con la guerrilla de las FARC. Desde el 2010, el Gobierno ha redactado va-rios borradores de proyectos de Ley General Agraria y de Desarrollo Rural, sin embargo, en la construcción de los mismos y en las dis-

la política agraria y de desarrollo rural debe recuperar para la agricultura las más de 15 millones de hectáreas que se están utilizando en ganadería extensiva y que son de vocación agrícola.

Paola Chaves

http://forjandofuturos.org/documentos/publicacion-restitucion-de-tierras-asi-fallan-los-jueces_500-sentencias_septiembre-2014-fundacion-forjando-futuros.pdf





cusiones que fueron surgiendo, no se llegó a un consenso con los sectores rurales cam-pesinos, afrodescendientes e indígenas. El texto de los borradores de la Ley Agraria y de Desarrollo Rural sugiere, una vez más, la profundización del modelo privilegiando los monocultivos permanentes para la produc-ción de biocombustibles, a través de la figura de las zonas de desarrollo empresarial (ZDE), desconociendo la producción campesina y las formas de propiedad colectiva del territo-rio por parte de campesinos, afrodescendien-tes e indígenas, y sus formas tradicionales de cultivar y trabajar la tierra. A esto se suma el acaparamiento ilegal y fraudulento de bal-díos en la altillanura colombiana, que desató una discusión en el país porque se han visto involucrados sectores poderosos que se han beneficiado de los subsidios del agro colom-biano, entre quienes están familiares del an-terior ministro de Agricultura, Darío Lizarral-de, y el actual ministro, Aurelio Iragorri.

Como se señaló, el avance más significativo del actual Gobierno ha sido reconocer las víctimas del conflicto armado y el despojo violento de sus tierras. No obstante, los re-sultados no han sido satisfactorios, y esta ley —como han sostenido muchos críticos— de-vuelve el título de propiedad de las tierras a los legítimos dueños pero no les garantiza el retorno a las mismas con proyectos produc-tivos ni seguridad, sino que, por el contrario, compromete al campesinado a realizar alian-zas productivas con quienes actualmente usufructúan estos predios, principalmente a través de la siembra de monocultivos.

Actualmente, en el Congreso de la República se adelantan las discusiones del proyecto de ley de las zonas de interés de desarrollo rural y económico (Zidres) que permite legalizar la apropiación ilegal de tierras baldías que han hecho sectores económicos, industriales y po-líticos, quienes se apropiaron de grandes ex-tensiones a través de la compra de unidades agrícolas familiares (UAF), usando la estrate-

pequeños productores de papa, café, cacao, arroz, panela y lácteos, teniendo en cuenta que las afectaciones de las políticas públicas del sector rural, en lo que corresponde a la protección de la producción nacional, han mostrado unos resultados nefastos —las im-portaciones de productos producidos en el país, el contrabando y el alto costo de los in-sumos agrícolas han puesto a los pequeños y medianos productores a producir a pérdida—, concentraron la mayoría de su gente en Bo-yacá, Nariño y Cundinamarca, reclamaron al Gobierno, según Mantilla (2013), la búsqueda de pago de subsidios a la venta de sus pro-ductos, la regulación de los precios de los in-sumos agrícolas, la exigencia de cumplimien-to de los acuerdos suscritos con el Gobierno en pasadas movilizaciones y el rechazo de los acuerdos de libre comercio firmados por el Estado colombiano.

Por otra parte, la Cumbre Agraria, Étnica y Popular es una nueva expresión de la arti-culación y la unidad que las organizaciones sociales del país vienen buscando desde hace algunos años. En el mes de marzo de 2014, se reunieron en Bogotá organizacio-nes de distintas zonas del país, campesinos, indígenas y afrodescendientes, y durante los días de encuentro estuvieron discutiendo y elaborando la propuesta y el pliego unitario que como sector social rural y agrario pre-sentaron al Gobierno nacional. El pliego de peticiones recoge lo que cada organización ha venido exigiendo de manera separada, incluye ocho puntos: territorio, economía, minería, sustitución de cultivos de uso ilíci-to, derechos sociales, derechos políticos, re-lación campo-ciudad y Paz. Las principales peticiones estuvieron relacionadas con me-didas económicas y políticas para solucio-nar la actual crisis agropecuaria: acceso a la propiedad de la tierra; reconocimiento de la territorialidad campesina —a través de figuras como las zonas de reserva campesina, zonas agroalimentarias o zonas de biodiversidad—;

autonomía y autodeterminación en cada uno de los territorios independientemente de la figura de gestión del mismo; reconocimien-to de los territorios ancestrales de los pue-blos indígenas; construcción de territorios interétnicos e interculturales como forma de resolución de conflictos y nuevas formas de territorialidad; defensa de los territorios colectivos de los afrodescendientes; partici-pación y consulta de las comunidades en la construcción de la política minera; rechazo a la gran minería trasnacional y protección a la pequeña minería; garantías en el ejerci-cio de los derechos políticos de la población campesina reconociéndoles como sujeto so-cial y político, garantizándoles el derecho a la consulta previa; respeto y garantías para la lucha agraria; garantía de derechos sociales a través de mayor inversión social en salud, educación, vivienda y vías; rechazo de los TLC en defensa de la economía campesina, la soberanía y autonomía alimentaria; recha-zo de las fumigaciones de los cultivos de uso ilícito y políticas de sustitución concertadas con las comunidades; subsidios para la com-pra de insumos agropecuarios; condonación de las deudas de los pequeños productores, y apoyo a los diálogos de La Habana entre el Gobierno y las FARC, exigiendo el cese al fuego bilateral y un inicio pronto de las con-versaciones entre el Gobierno con el ELN y el EPL.

Después de realizada la Cumbre Agraria, y tras varias reuniones preparatorias a una posible movilización en el marco de la coyun-tura electoral, el Gobierno nacional decidió avanzar en la redacción del Decreto 870 de 2014, por el cual regula el espacio de interlo-cución y participación con las organizaciones sociales que hacen parte de la Cumbre Agra-ria. Sin embargo, más allá de este acto admi-nistrativo, no han sido mayores los avances realizados en términos de iniciar formalmen-te los diálogos y avanzar en una agenda de interlocución. A finales del 2013, el Gobier-

gia de comprar cada UAF mediante una so-ciedad anónima distinta, como una forma de hacer esguince a la ley. Sin embargo, según el Grupo Semillas (2012), ya la Corte Consti-tucional de Colombia había declarado inexe-quibles, en el año 2012, los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo, debido a que permitían el acaparamiento, por parte de grandes empresas, de tierras baldías ad-judicadas a colonos campesinos y de tierras adquiridas por el Incoder, con el pretexto de la ejecución de “proyectos especiales agríco-las y forestales”. La Corte consideró, además, que el artículo 62 del Plan, daba facultades inconstitucionales para que el Gobierno hi-ciera contratos para constituir zonas de desa-rrollo empresarial en las tierras baldías, cuyos alcances deben ser reservados únicamente al legislador. Los artículos del PND desconocían la figura de la unidad agrícola familiar (UAF), puesto que se había eliminado estas limita-ciones para permitir que grandes compañías se apropiaran de enormes extensiones de tie-rras (Revista Semillas, 2012). Si bien la Corte Constitucional ha protegido la figura de las UAF, el Gobierno colombiano busca la forma de condicionarla, de tal manera que se per-mita en el país instaurar proyectos producti-vos aún en territorios donde esta figura opera como medida de acceso a la propiedad rural por parte de los sectores campesinos.

La Cumbre Agraria, Étnica y Popular: hacia la configuración de un nuevo movimiento social y político agrario en Colombia El paro agrario del año pasado estuvo dina-mizado por distintos sectores agropecuarios de pequeños productores rurales en diferen-tes regiones del país, lo cual le dio el carác-ter de nacional y popular. Participaron, por un lado, los organizados en las dignidades agropecuarias, y por otro lado, los articulados posteriormente en la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. Los sectores agremiados en lo que se ha conocido como las “dignidades agrope-cuarias”, donde están vinculados medianos y



no nacional instaló en Bogotá el Gran Pacto Agropecuario como un espacio de interlocu-ción y acuerdo de diversos actores del campo colombiano; sin embargo, este no contó con la participación de los sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes, y sí con la presencia de los gremios agropecuarios y los empresarios del campo.

La falta de voluntad del Gobierno nacional para atender los reclamos de los sectores campesinos, indígenas y afrodescendientes, se evidencia también en la no asistencia de ninguno de los funcionarios de alto nivel de las entidades del Estado, como el ministro de Agricultura o el gerente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Incoder), al IV Encuentro de Zonas de Reserva Campesina realizado el pasado mes de septiembre en Tibú, zona del Catatumbo, donde, entre otras cosas, tampo-co se ha constituido la zona de reserva a pe-sar de tener listos todos los trámites y requi-sitos cumplidos. Otra de las dificultades que actualmente se presentan entre campesinos y Gobierno tiene que ver con la no inclusión de la categoría y el concepto de campesino en el actual censo nacional agropecuario que se viene aplicando en todo el país. Si bien esta

herramienta es un insumo muy importante para actualizar los datos que en materia rural existen en el país, la negativa del Gobierno de incluir a los campesinos y sus organizaciones como sujetos políticos, sociales y productivos del campo, evidencia aún más la falta de vo-luntad para un reconocimiento pleno de sus derechos.

Algunas reflexiones finales

Q Actualmente, se están realizando conver-saciones entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos. Los diálogos han mostrado avances en mate-ria de sustitución de cultivos ilícitos, par-ticipación política y tierras, incluyendo el tema de la constitución de zonas de reser-va campesina (ZRC) en algunas regiones del país. La figura de las zonas de reserva campesina, valorada positivamente como forma de propiedad colectiva de la tie-rra, es a su vez una forma de limitar la amplia frontera agrícola existente en el país. Su constitución y el fortalecimiento de las actualmente constituidas no debe estar sujeto a los diálogos de La Habana; las agendas del movimiento campesino en

Colombia tienen su propia dinámica, y, por esto, la exigencia al Gobierno debe estar orientada a que constituya las que ya cum-plen con todos los requisitos que exige la Ley 160 de 1994. Asimismo, esta iniciativa servirá para incentivar la producción de alimentos como garantía de la soberanía y autonomía alimentaria en el país. Cabe re-saltar que la constitución de las zonas de reserva campesina no debe ir en detrimen-to de la frontera agrícola, contribuyendo a su ampliación, sino que deben realizarse en lugares con alta concentración de la tierra, de tal manera que se democratice tanto la propiedad rural como su uso.

Q La Política Agraria y de Desarrollo Rural, pensada para el posconflicto y la paz, de-be estar centrada principalmente en las garantías a la pequeña producción. No es suficiente garantizar el acceso a la tierra, se debe crear la institucionalidad necesa-ria y fuerte para incentivar la producción agrícola a través de la asistencia técnica, la construcción de infraestructura, el ofre-cimiento de garantías para la comerciali-zación de los productos, créditos a bajos intereses, subsidios a pequeños producto-res y políticas justas de precios.

Q Se debe también fortalecer y garantizar la participación de las organizaciones socia-les, campesinas, afrodescendientes e indí-genas en la construcción de las políticas del sector. Es importante que se potencie nuevamente la producción nacional de cultivos transitorios y de ciclo corto que se han visto reducidos por las políticas de importación y el monocultivo. Es necesa-rio regular la política rural que ha privile-giado la siembra de cultivos permanentes, utilizados principalmente para la produc-ción de biocombustibles, en detrimento de la producción alimentaria —se han venido dando subsidios a grandes empre-sarios rurales para el inicio de proyectos de cultivos permanentes principalmente

para el agronegocio y la agroexportación, en detrimento de la pequeña producción agropecuaria—.

Q La política agraria y de desarrollo rural debe recuperar, para la agricultura, las más de 15 millones de hectáreas que se están utilizando en ganadería extensiva y que son de vocación agrícola. La ga-nadería extensiva no genera un número importante de empleos a los pobladores rurales y sí deteriora el suelo, además de servir para la especulación financiera. No se puede excluir a indígenas, afrodescen-dientes y campesinos de la discusión que actualmente se está dando en el país por los conflictos por el uso del suelo y el agua debido a la extracción de recursos mine-rales en detrimento del medioambiente.

Q La política de acceso a la tierra para cam-pesinos, afrodescendientes e indígenas debe seguir primando en las políticas agrarias y de desarrollo rural en Colom-bia. Es urgente que el Estado recupere los baldíos de la nación que fueron apro-piados de manera fraudulenta por parte de empresas extranjeras y grandes oligo-polios nacionales violando la Ley 160 de 1994 e incumpliendo el límite de Unidad Agrícola Familiar permitida en esas re-giones del país. Se debe garantizar la te-rritorialidad campesina como una forma de propiedad colectiva de la tierra de un sector históricamente vulnerado. Es im-portante actualizar el catastro rural en el país de tal manera que sirva para conocer el estado actual de la propiedad rural, y generar procesos de redistribución de grandes latifundios entre pequeños cam-pesinos. La tributación progresiva de los predios rurales ayudará a generar recur-sos para el sector. Es importante limitar la extranjerización de la propiedad rural en Colombia.

Q El Estado colombiano debe reconocer al campesinado como un sujeto político,

Paola Chaves



social y de derecho, de manera que sus demandas y reivindicaciones sean incor-poradas en las discusiones que atañen al sector rural. Se deben habilitar espacios de interlocución con el Estado colombiano en los planes y proyectos que involucran al campesinado, garantizando una parti-cipación real y efectiva en el diseño, cons-trucción y ejecución de políticas del sector.

Q Es urgente llamar la atención a las organi-zaciones sociales, populares, campesinas, indígenas y afrodescendientes para iniciar un diálogo interétnico e intersectorial, en el que se pueda llegar a acuerdos sobre la propiedad territorial colectiva, en procu-

ra de realizar un ordenamiento territorial de manera popular, de abajo hacia arri-ba, logrando así una solución pacífica y dialogada de los conflictos por la tierra y el territorio en algunas zonas del país tal como lo vienen sosteniendo en la Cum-bre Agraria, Étnica y Popular. Asimismo, la Cumbre Agraria debe tejer puentes con los sectores agrícolas del país organizados en las Dignidades Agropecuarias de ma-nera que se puedan unificar las demandas de distintos actores sociales rurales, man-teniendo cada organización las particula-ridades y especificidades propias.

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Siguiendo la ruta de la minería en el CaucaMoritz Tenthoff*

* Antropólogo holandés, acompañante de organizaciones sociales en el departamento del Cauca.

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La fiebre de oro, despertada en 2008 por la crisis financiera del capital especulativo, quintuplicó el precio del metal entre 2002 y 2010. A pesar de que en el departamento del Cauca no hay ninguna empresa explotando oro hasta la fecha, la producción del metal ha crecido, según el Sistema de Información Minero Colombiano (Simco), de forma verti-ginosa, pasando de 621,54 kilos en 2008 a 3.544,39 kilos en 2013 (Sistema de Informa-ción Minero, 2013).

Según Alexander Duque Builes, gerente de la Comercializadora Internacional Giraldo y Duque:

Cuando llegó la seguridad democrática vi-mos una oportunidad de crecer y fortale-cernos. El Cauca tiene un potencial minero inmenso, las zonas de minería son grandes, el tema del orden público ha sido el causan-te del lento crecimiento y el lento progreso que ha tenido el Cauca.1

La producción minera en el Cauca está a cargo, en parte, de barequeros y mineros ar-tesanales. El incremento en la producción se puede explicar a partir del aumento de re-troexcavadoras y dragas en el departamen-to durante los últimos años, y que estarían vinculadas a la llamada minería criminal. La complejidad de la minería no legalizada se traduce en una serie de términos para referir-se a las distintas prácticas que se realizan a lo largo y ancho del país. Se ha hablado de la minería ilegal, la pequeña minería, la minería informal, la minería de hecho, la minería mer-cenaria, y otros términos para referirse a un complejo conjunto de prácticas en donde los actores y las técnicas utilizadas son múltiples y no se dejan recoger fácilmente en un solo término.

La minería criminal se refiere a aquella estre-chamente vinculada con redes mafiosas. Una minería donde es difícil identificar quién está detrás de la maquinaria, y que responde a di-

1 Entrevista con Alexander Duque Builes, Cali, julio 22 de 2014.

námicas regionales en las que confluyen el lavado de dinero y el conflicto armado. Pero también la minería criminal es, en cierta me-dida, alimentada por un mercado mundial, donde al final de la cadena se encuentran grandes empresas.

Republic Metals, de Estados Unidos, es uno de los grandes compradores de oro en Co-lombia, así como Metalor y Argor-Heraeus, de Suiza, y Johnson Mattehy Gold and Silver Re-fining Inc., filial estadounidense de Johnson Matthey, compañía con sede en el Reino Unido. Todas estas empresas están asocia-das a la London Bullion Market Association (LBMA), el referente mundial más importante para la comercialización del oro. Todas tie-nen códigos de conducta, de derechos huma-nos, de responsabilidad social empresarial y de cuidado al medioambiente. Sin embargo, le compran a comercializadoras en Colombia que han estado vinculadas a procesos de la-vado de dinero y en la inserción de oro de la minería ilegal a una economía legal (Revista Dinero, 2011).

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señaló, en un informe en mayo pasado, que “de la producción to-tal de oro cerca del 11% tiene trazabilidad completa, es decir que cumple con todos los procesos legales asociados y el resto es ade-lantado en procesos productivos asociados a la minería no regularizada y la minería ilegal” (PNUD, 2014).

En el Cauca, el oro de las retroexcavadoras y los pequeños mineros llega a varias comer-cializadoras en Cali, entre ellas C. I. Giraldo y Duque, una empresa que por fuera de la re-gión pocos conocen, pero que es reconocida entre los mineros de la zona.

El grupo empresarial Giraldo y Duque no solo ofrece la comercialización de metales preciosos como el oro, sino que “ha pensado constantemente en todos los participantes de la cadena de abastecimiento del sector

minero”.2 Para este servicio cuenta con una empresa de seguridad privada, Latinoameri-cana de Seguridad; dos cooperativas de pe-queños mineros, Coofminercol y la Sociedad Minera; y una empresa de inversiones, Duque Builes S.A.S, que entre sus principales uni-dades de negocio tiene el arrendamiento de maquinaria para la construcción de obras civiles, entre estas, retroexcavadoras. Según Alexander Duque Builes, gerente de la em-presa minera, a través de Inversiones G y D, la empresa además administra la Sociedad Minera del Sur y la Sociedad Minera el Da-nubio, que operan las minas La Puchis y El Danubio, respectivamente, en el municipio de Buenos Aires, Cauca.

Desde su fundación en 2001, la C.I Giraldo y Duque ha buscado a los pequeños provee-dores de oro y ha fomentado la conforma-ción de más de una decena de cooperativas de mineros en varios departamentos, entre estos Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antio-quia, Chocó y Risaralda. Según Alexander Duque, la estrategia de apoyar la formación de cooperativas es una manera de defender el territorio de las comunidades frente a las multinacionales.

Hemos encontrado que el negocio [de la minería] no es que las multinacionales lle-gan y se apoderan de la tierra y generan desplazamiento. Nosotros sabemos lo que es el desplazamiento. El desplazamiento no se puede generar solo por terrorismo. Las multinacionales cuando llegan a una tierra desplazan y sacan a la gente que hacen una actividad artesanal, la dejan sin trabajo, la dejan sin oportunidades, la obligan a ser desplazados. No solamente el terrorismo es lo que la desplaza.3

La revista Noche y Niebla del Cinep relató, en su edición de agosto de 2008, que en el municipio de Buenos Aires, Cauca,

2 Ver la presentación de la compañía. Disponible en: www.giraldoyduque.com

3 Entrevista con Alexander Duque Builes, Cali, julio 22 de 2014.

… aproximadamente 60 integrantes del Es-mad y de la Contraguerrilla, movilizados en dos camiones, un bus, dos tanquetas y dos camionetas arremetieron violentamente contra 200 familias de la comunidad de mi-neros, en su gran mayoría afrocolombianas, lanzando gases lacrimógenos y golpeándo-los con bolillos y patadas. […] Es importante señalar que en días anteriores fueron des-alojados de la mina ubicada en el barrio San Miguel 1800 mineros, prometiéndoles una cifra de dinero como indemnización, que hasta el momento solo se ha cumplido par-cialmente. Paradójicamente, en estos mo-mentos otras personas que no pertenecen a la comunidad se encuentran trabajando la misma mina, pertenecientes a una empresa llamada Giraldo y Duque S.A., quienes están utilizando retroexcavadora. Lo cual contra-dice la Resolución 424 del 13 de noviembre de 2007, donde se declara por parte del Mi-nisterio de Minas a Suárez y Buenos Aires como zona de reserva minera, lo que debiera garantizar la exclusividad a las familias mi-neras de la zona través de la minería artesa-nal, no con retroexcavadora (Cinep, 2008).

Las cooperativas proveen el oro a la comer-cializadora y de esta manera C.I. Giraldo y Duque reproduce el formato que están uti-lizando las empresas cañeras, palmeras y fo-restales que, en vez de ser dueños del cultivo, compran la cosecha a los productores. Dice Duque Builes:

Hemos encontrado un modelo de negocio que consideramos que es el futuro que se llama la Minería Social Ambiental. […] No-sotros no tenemos títulos mineros. Nosotros tenemos plantas de beneficio en el título de la cooperativa, de la comunidad o en áreas de minería especial. Ellos pueden retirar la piedra, no molerla, no contaminar el río con esos lodos, y lo que hace la empresa es aplicarle una industrialización de esa pie-dra. Cogemos la piedra, la transportamos a nuestra planta, la trituramos y hacemos la extracción.4

4 Idem.



La cooperativa Coofminercol, perteneciente al grupo económico de Giraldo y Duque, y proveedora de la Comercializadora Interna-cional, tiene asociados de Suárez y Timbiquí, en el Cauca; de Barbacoas, Santa Bárbara de Iscuandé y El Charco, en Nariño; y de Bue-naventura. Los cerca de 350 asociados, algu-nos barequeros, otros compradores de oro, le entregan unos 100 kilos de oro al mes a C.I. Giraldo y Duque. Según el revisor fiscal de Coofminercol, Héctor Fabio Cuadros, “es difícil saber bien de dónde viene el oro. Son muchos sitios donde trabajan nuestros aso-ciados, muchos muy retirados, que no nos permite saber con exactitud de dónde viene el oro que pasa por la cooperativa”.

Considerando que para los barequeros sa-car un gramo de oro al día es mucho, y que además algunos asociados son compradores también, esta cifra indica que alrededor del 90 % del oro que maneja Coofminercol es comprado a terceros, sobre los cuales no se puede ejercer ningún tipo de control social o ambiental, y que permite el ingreso de mi-nería procedente de la minería criminal. La Revista Dinero ya había advertido en junio de 2011 que la Ley 1382 de 2010 “favorece el lavado de la minería ilegal a través de la fi-gura de la ‘minería tradicional’” (Revista Dine-ro, 2011). No existe una definición concreta de quién es realmente un minero tradicional y, además, cualquier explotador que cum-pla con el requisito de practicar la minería durante diez años puede solicitar títulos en áreas ya concesionadas.

En los municipios donde opera Coofminercol ha habido decenas de conflictos y accidentes alrededor de la explotación minera y, ade-más, son municipios con una fuerte presen-cia de la minería criminal. Según el informe de la Oficina para la Coordinación de Asun-tos Humanitarios, en 2007 la comunidad de Buenos Aires manifestó su preocupación

… por la llegada de un número indefinido de personas foráneas que están adquirien-do los derechos sobre las minas, estable-

ciendo nuevas prácticas de extracción que superan las tradicionales, desestimulando la producción artesanal y fraccionando las asociaciones existentes en la región. En la zona se registran extorsiones, homicidios intencionales en personas protegidas, con-finamiento, restricción de la movilidad y au-mento en los homicidios comunes” (Oficina para la Coordinación de Asuntos Humani-tarios, 2007).

La Defensoría del Pueblo denunció, en 2010, que la estructura paramilitar de las Águilas Negras fue responsable del asesinato de cin-co mineros foráneos en la vereda El Hato Santa Marta, municipio de Suárez, Cauca, y que está misma estructura está amenazan-do a integrantes al Consejo Comunitario de La Toma, corregimiento del municipio de Suárez, el cual se encuentra en una zona en disputa por sus yacimientos de oro (Verdad Abierta, 2013).

Coomineros de Buenos Aires, es otra coope-rativa que provee oro a C.I. Giraldo y Duque. Integrantes de la cooperativa trabajan sobre los ríos Teta y Ovejas para extraer el oro (El Espectador, 2012). Según miembros del Con-sejo Comunitario Río Teta del municipio de Buenos Aires, se han instalado 15 retroexca-vadoras en la parte alta del río, que perte-necen a un hombre apodado El Mexicano. Estas retroexcavadoras, igual que las dos que se ubican sobre el río Mazamorra en el mis-mo municipio, cuentan con la protección de personal civil armado.

El Proceso de Comunidades Negras dijo, en un comunicado del 1 de mayo pasado, que “el ejército decomisó un arsenal compuesto de 16 fusiles y granadas. Estos hechos ocu-rrieron en la llamada mina de El Mexicano en la vereda Chambimbe” (Proceso de Co-munidades Negras, 2014). Integrantes de los consejos comunitarios de Buenos Aires dicen que Alexander Duque Builes y El Mexicano se mueven de forma conjunta por el munici-pio. Sin embargo, Duque Builes dice que no conoce a este personaje: “frente al Mexicano,

no sé quién es. Apareció de la nada con retros sobre el río. Queremos pensar que son com-petición legal de Giraldo y Duque pues cual-quier persona puede meterse en el mercado”.

Según la Defensoría del Pueblo (2010), en va-rias regiones del país existe una relación es-trecha entre el narcotráfico y la minería crimi-nal. Las grandes sumas de dinero que genera el narcotráfico son utilizadas para comprar retroexcavadoras y oro a terceros que lo es-tán explotando de forma ilegal. Las empresas criminales entran luego este oro al mercado legal, presentándolo como la producción de cooperativas, minas y empresas de munici-pios de producción y de otros municipios.

En el caso del norte del Cauca, la presencia de personas de los municipios antioqueños de Remedios, Segovia, El Bagre y Amalfí que están, según los pobladores de la zona, en los sitios de explotación minera, parece indicar que el oro es llevado a comercializadoras en Antioquia.

Alexander Duque reconoce que el Cauca atrae a muchas comercializadoras de otras partes del país, sobre todo de Antioquia. Va-rias de las compraventas de oro en la cabe-cera municipal de Santander de Quilichao dicen vender el oro a Giraldo y Duque S.A., aunque afirman que otras lo venden a C.I. Goldex en Medellín. La Fiscalía abrió una in-vestigación judicial en agosto del año pasado contra Goldex por su supuesta participación en el lavado de 92.000 millones de pesos a través de la explotación ilegal de oro (El Co-lombiano, 2013).

Dentro de las “modalidades” de entrar el oro de la minería criminal a la economía legal, las cooperativas asociadas son de las menos conocidas. Las cooperativas pueden aumen-tar el oro producido por ellas, ingresando el oro comprado a otros y presentándolo como parte de la producción propia. Como es la misma cooperativa quien maneja la contabi-lidad de los asociados, existe la posibilidad de “ajustar las cuentas”.Arc

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Pobladores del municipio de Buenos Aires afirman que el oro de las retroexcavadoras, dragas y pequeños mineros del norte del Cauca llega, a través de las cooperativas Coo-fminercol y Coomineros, a la Comercializado-ra Internacional Giraldo y Duque. Al respecto dice Alexander Duque:

… al intermediario no lo puedo controlar porque no sé a quién compra, yo trato de filtrarlo, como lo haría un banco, por an-tigüedad, por ubicación. […] Yo no puedo llegar al proveedor de mi proveedor, como ética no lo puedo hacer. Llego a exigirle que los recursos que él tiene provengan de una actividad licita. Garantizar cada uno de los proveedores de mi proveedor es la par-te más crítica. Quisiéramos trabajar en esa parte y buscamos el método para hacerlo.5

C.I. Giraldo y Duque, junto con Fundición Ra-mírez S.A. y NTR Metals Colombia, son las principales comercializadoras de oro en Cali, y operan desde la Zona Franca del Pacífico.6 La Comercializadora Internacional Giraldo y Duque fue la principal empresa exportadora desde la Zona Franca en 2013, para un total de casi 77 millones de dólares, un 46,4 % del total de exportaciones de la Zona Franca. Se-gún Alexander Duque, la C.I. Giraldo y Duque es la quinta fundidora más grande del país y su negocio oscila entre los 150 y 300 kilos de oro al mes.

C.I. Giraldo y Duque y Fundición Ramírez le comercializan a una de las principales em-presas de Estados Unidos dedicadas a la pro-ducción y comercialización de oro: Republic Metals Corp. Esta empresa, además, compra su oro en Colombia a CIIGSA, filial de Gran Colombia Gold.7 Republic Metals Corp. in-gresó el 17 de febrero de 2014 a la London Bullion Market Association.8 Esta asociación, conformada por 75 miembros y 64 asociados

5 Entrevista con Alexander Duque Builes, Cali, julio 22 de 2014.6 Ver http://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20

PDF/zonas-francas-exportaciones-empresas-cali.pdf7 Ver http://www.sicex.com8 Ver http://www.lbma.org.uk

de 21 países, es la principal proveedora de lingotes para los bancos centrales alrededor del mundo. El ingreso de Republic Metals a LBMA significa que la producción ilegal de oro en el Cauca podría terminar directamen-te en varios de los principales bancos del mundo, como HSBC, Deutsche Bank y JP Morgan. Republic Metals tiene su propio có-digo de conducta en el que afirma no bene-ficiarse de violaciones de derechos humanos, ni crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Además, la LBMA certifica que la empresa no contribuye a conflictos armados ni a violaciones de derechos humanos. 9

Republic Metals fue investigada por un fiscal de Nueva York, Estados Unidos, en octubre de 2012, por su participación en el lavado de dinero de un grupo de narcotraficantes peruanos. A pesar de que luego se estable-ció que la empresa actuó de buena fe, en la acusación se afirmaba que era imposible que Republic Metals no se hubiera dado cuenta de que estaba comercializando con empresas fachadas de una organización de narcotrafi-cantes peruanos. 10

C.I. Giraldo y Duque y Fundiciones Ramírez también exportan su oro desde la Zona Fran-ca del Pacífico a Metalor Technologies S.A. de Suiza. Esta empresa, que también hace parte de la LBMA, fue vinculada en 2013 con la compra masiva de oro procedente de la minería ilegal en Perú (Wells, 2013). Metalor reconoció ante la justicia estadounidense ha-ber lavado dinero de un grupo de narcotrafi-cantes peruanos entre 2003 y 2004.

Hay otras empresas del LBMA que compran oro en Colombia a comercializadoras dudo-sas. En el pasado, Argor-Heraeus de Suiza y el gigante canadiense Johnson Mattehy Gold and Silver Refining Inc., han comprado su oro

9 Ver https://www.republicmetalscorp.com/data/Unsorted/GoldSupplyChainPolicyStatement-91672-1.pdf

10 Ver http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/October12/SanchezParedesPR.html y http://www.justice.gov/usao/nys/pressreleases/October12/SanchezParedesPR/Cia%20Minera%20et%20al%20Complaint%20(Bank%20Acct%20Seizure).pdf

en Fundiciones Escobar, que tiene como dos de sus proveedores exclusivos a JWV Inversio-nes con sede en El Bagre, Antioquia, y El Bro-cado S.A.S., con sede en Caucasia. La empresa fue mencionada por la Contraloría en 2011 como una de las fundidoras que lavaba el oro de la minería ilegal en el municipio de Maceo en Antioquia. En la misma lista de empresas dedicadas a la inserción del oro de la minería ilegal en ese municipio figuraba también Gi-raldo y Duque (Revista Dinero, 2011).

Giraldo y Duque, Fundiciones Escobar y Fun-diciones Ramírez S.A., son algunas de las co-mercializadoras que participan en la cadena productiva que inserta al mercado mundial oro de procedencia a veces confusa. Según Héctor Fabio Cuadros, revisor fiscal de la Cooperativa Coofminercol, el oro de la mine-ría ilegal llega a los fundidores que menos problemas ponen.

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la defensa del territorio frente a un modelo de saqueo y despojo

la minería con su herencia colonial y como paradigma

de “desarrollo”Nohora Caballero*

Las luchas indígenas en América Latina han estado enfocadas en el acceso a la tierra y, paulatinamente, en la posibilidad de ser y estar en el territorio. Procesos cuya relación —así como las relaciones con otros grupos po-blacionales— ha estado determinada en gran parte por los Estados-nación. El marco nor-mativo que regula estas relaciones en Colom-bia, tiene un antes y un después con la firma del pacto constitucional, en el que Colombia se define como un Estado-nación basado en el multiculturalismo, que “reconoce” los derechos de las poblaciones indígenas, afro-colombianas y rom como partes constitutivas del mismo. Sin embargo, es de recordar, que este se firma cuando ya se han abierto las * Magíster en antropología, Flacso, Ecuador.

puertas al capital internacional y a la privati-zación de la producción interna.

Las organizaciones indígenas, como el Con-sejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colom-bia (ONIC), enmarcan sus exigencias y reivin-dicaciones sobre este nuevo abanico legisla-tivo multicultural; sin embargo, veinte años después de firmadas estas leyes, el paso de la retórica a la práctica por parte del Estado co-lombiano no ha sido efectivo. Esto último se ve reflejado en las continuas movilizaciones y exigencias que el movimiento indígena ha realizado pidiendo al Estado el cumplimiento de los derechos y los compromisos pactados, Arc

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así como en las denuncias al modelo de des-pojo en el que el Estado colombiano sustenta su “desarrollo”. Lo que de alguna manera es característico de la polaridad de Colombia como nación en la que, por un lado, se garan-tiza la privatización y explotación de recursos, y, por otro, se habla del reconocimiento del derecho a la autonomía territorial indígena y afro, generando tensiones que se hacen vi-sibles en cada exigencia o práctica concreta de autodeterminación de estos pueblos. Tam-bién aparece en este escenario de tensión, la posición de movimientos ecologistas de carác-ter nacional y global, que hablan de la defensa y protección de la naturaleza y del medioam-biente, mostrándose críticos ante las políticas de organismos multilaterales de desarrollo.

Si uno se detiene a pensar en posibles pun-tos de quiebre, encuentra que en el centro del debate están las concepciones del mundo, de cómo se piensa y se dan las relaciones con la naturaleza o los recursos que en ella se en-cuentran. Si atendemos a la descripción del cambio semántico de la palabra ‘recurso’ que hace Vandana Shiva (1997), encontramos que esta originalmente en latín significaba: vida, poder de autogeneración de la natura-leza. Con el colonialismo y el industrialismo el “recurso” pasó a ser: aquellas partes de la naturaleza requeridas para su transforma-ción industrial y el comercio colonial, es de-cir, aquello de la naturaleza que es requerido para la explotación económica. La naturaleza –inicialmente vida– fue transformada en ma-teria muerta manejable en el contexto de la política colonial de desarrollo.

Esta lógica cultural del “recurso” como ma-teria muerta, le hace el juego al sentido de “desarrollo” usado por Estados Unidos des-pués de la Segunda Guerra Mundial, periodo en el cual se jerarquizan unas poblaciones y Estados, en relación con este nuevo imperio, y se califica a gran parte de la humanidad como “subdesarrollada”. En virtud de esta je-rarquización, se concibe que el “desarrollo”

debe llegar a estos Estados subdesarrollados (Escobar, 1996). Tal concepción oculta que “desarrollo” y “subdesarrollo” obedecen a dos caras de una misma moneda; según Esteva (1997): “la metáfora del desarrollo dio hege-monía global a una genealogía de la historia puramente occidental, privando a los pueblos de culturas diferentes de la oportunidad de definir las formas de su vida social”. Así, la palabra “desarrollo” connota una historia li-neal, homogénea, no solo económica, sino también política, que se encubre bajo el ideal de progreso. Usualmente se habla del “desa-rrollo” como una unidad homogénea, pero es importante recordar que este se expresa de diferentes maneras dependiendo de cómo se dan las dinámicas locales de los sujetos y de las poblaciones de los que estos hacen parte.

El cambio semántico de la palabra ‘recurso’ encubre la firme intencionalidad —desde la lógica de la acumulación— de hacer de los re-cursos naturales algo cultural y políticamente manejable, y sujeto a dominio y explotación. Con ello se da la destrucción de la naturaleza y el desconocimiento de las formas de cons-trucción territorial que involucran prácticas colectivas. Bajo esta lógica, la minería es ins-trumental al desarrollo en tanto responde a la lógica del saqueo, en particular la minería a gran escala que promueve el Gobierno co-lombiano como una de las locomotoras del desarrollo.

Sin embargo, no podemos desconocer que en distintas partes del territorio colombiano la minería artesanal constituye una de las prácticas culturales y económicas cotidianas de comunidades afros e indígenas. Las discu-siones socioambientales llaman la atención acerca de las afecciones generadas por prác-ticas mineras que hacen uso de químicos, destruyen las fuentes de agua y producen da-ños irreparables en los ecosistemas. Prácticas usadas sobre todo en la mediana minería y en la minería a gran escala que además de los daños ecológicos traen con sigo graves

conflictos sociales, entre ellos el de los acto-res armados que juegan un papel determi-nante en la disputa por el control territorial en lugares geoestratégicos para este tipo de economía. Así, el tema territorial se ve atra-vesado por relaciones de poder que permean las acciones de los actores locales entre sí y frente al Estado, que en el caso colombiano alberga los intereses de entes privados y tras-nacionales.

Si bien la práctica minera no es reciente en Colombia, en los últimos años la denuncia por parte de organizaciones campesinas, ét-nicas y ambientalistas ha evidenciado el com-plejo panorama que se vive a lo largo de la geografía del país, especialmente en zonas marginales donde la minería se ve asociada a situaciones de pobreza. En la última década, la minería a gran escala ha articulado el dis-curso de “desarrollo y progreso” desde la po-lítica económica estatal, en la cual uno de los pilares fundamentales es el conocido como la “locomotora minero-energética”, desde la que se favorece la inversión extranjera y con ello el despojo de las poblaciones locales de sus territorios. Esta desconfiguración de terri-torialidades locales desde la política estatal parece no ser exclusiva de este país, sino que responde a los intereses geoestratégicos en los que se visualiza la región. Según Toro:

[l]a Cordillera de los Andes aparece como la base geológica de grandes depósitos de minerales que parecen inagotables; sin embargo, no es la existencia de minerales lo que atrae a los invasores extranjeros canadienses, estadounidenses, chinos e in-gleses: son las condiciones excepcionales que nuestros países ofrecen a las grandes industrias mineras para la implementación de una economía de rapiña basada en el saqueo extractivista (2012, p. 21).

De esta manera, el modelo extractivista colo-nial se mantiene hasta el presente, median-te la llamada “confianza inversionista”, para saquear la riqueza que se encuentra en la

periferia. Como ya lo han planteado estudio-sos latinoamericanos (Escobar, 1996; GEAL, 2010; Quijano, 2000), el actual modelo capi-talista, en su fase neoliberal, tiene dos caras que se evidencian en que: la acumulación de riqueza y concentración del poder en los países denominados del “primer mundo”, se fundamenta en la creciente desigualdad económica y social en los países del llamado “tercer mundo”, a partir de la expropiación y explotación intensiva de la naturaleza en estos países periféricos.

El departamento del Cauca, como laborato-rio social, presenta una compleja amalgama de territorialidades marcadas por el acceso a la tierra que ha sido históricamente monopo-lizado por familias terratenientes herederas del poder hacendario y minero del Cauca. En este poder y en este monopolio, es posible apreciar las relaciones antes señaladas per-mitiendo entenderlas no como acciones ais-ladas, sino como acciones incrustadas en re-laciones geoestratégicas. En este corto texto me voy a referir a esa relación histórica con la economía extractiva, funcional al modelo de despojo, que en estos momentos constituye una amenaza latente para las comunidades y los procesos organizativos del departamen-to, que ya están viviendo conflictos socioam-bientales y culturales en sus territorios. Antes de presentar parte de este panorama actual, desencadenado por la presencia minera en el Cauca, es necesario hacer memoria de la legislación del despojo que se ha adelantado en diferentes fases hasta el presente.

La herencia colonial

Las primeras legislaciones mineras que se aplicaron al territorio, heredadas del con-cepto de propiedad del subsuelo de los in-vasores peninsulares, fueron las ordenanzas de Rodas de 1600 y la de Mon y Velarde de 1770; posteriormente surgió la ley de Minas de Antioquia, que luego fue aplicada en la mayoría de las regiones de Colombia. La mi-



nería constituye una de las principales bases económicas no solo de la economía extracti-va del siglo XIX, sino también de la economía colonial, en particular en la Gobernación de Popayán, como se puede leer en trabajos et-nohistóricos como el de María Teresa Findji (1985) o históricos como los de Guido Ba-rona Becerra (2001), quienes plantean que entre 1607 y 1668 la base económica de los colonos de Popayán fue el trabajo de los in-dios tributarios en las minas.

Entrado el siglo XVIII, la economía minera se sustentó en las haciendas, en las que los in-dios producían los alimentos destinados a los trabajadores de las minas que eran población negra esclavizada traída de distintas partes de África. En este sentido, las haciendas eran subsidiarias del trabajo en las minas. Estas haciendas eran, en el caso del Cauca, propie-dad de escasas familias que habían hereda-do su posición económica y social desde la época colonial, y entre las cuales habían es-tablecido lazos de parentesco. Familias como los Arboleda, Mosquera, Bonilla, Hurtado y Prieto las cuales, según Colmenares, “llega-ron a constituir un cerrado clan de mineros con intereses en Caloto y en el Chocó du-

rante la primera mitad del siglo XVIII” (1997, p. 129). En este sentido, afirma Colmenares: “las minas eran empresas familiares que se transmitían en sucesivas generaciones” (p. 105). Estas familias, aún hoy, siguen siendo en el Cauca las de mayor incidencia regional y algunos de sus miembros son reconocidos caciques políticos.

Así, estas empresas derivaban de privilegios sociales y políticos que permitían el monopo-lio de tierras, minas y mano de obra. Aunque, como lo menciona Colmenares, en algunas haciendas ubicadas en tierras interandinas —tales como en Caloto, Almaguer y Patía, que constituían el distrito de Popayán— se podían encontrar minas, el tipo de economía extracti-va del que venimos hablando se realizó prin-cipalmente en las zonas costeras del Pacífico.

En 1711 había en el Chocó 48 mineros reconocidos [...] pese a las limitaciones im-puestas por las ordenanzas de la minería, quienes registraban una mina o reclama-ban un derecho a ella solían ocupar una extensión considerable del curso de un río y no era raro que los mineros se desplazaran continuamente de una parte a otra (1997, p. 109).

Barona (2001), sitúa el siglo XIX como el pe-riodo de una economía extractiva en la que la minería ya no ocupa el papel principal que ocupó en siglos anteriores, siendo la ganade-ría y la quina las que empiezan a dominar la economía extractiva regional. Esto a pesar de que en tierras costeras como Chocó y Tim-biquí se siguieron explotando yacimientos de aluvión tanto por mineros con una larga tradición colonial como por nuevos inversio-nistas extranjeros.

Sin embargo, a mediados del siglo XX el inte-rés extractivo se acrecienta y el oro, junto con otros minerales, vuelve al centro de la diná-mica del mercado, como un monopolio eco-nómico de empresas inglesas, canadienses, españolas estadounidenses y sudafricanas, con un largo historial de invasión y coloniza-ción en diferentes partes del mundo.

A finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, se han realizado planteamientos críticos frente a este tipo de economía, sustentados en discursos y prácticas de autonomía, “con-ciencia ecológica” y defensa del territorio que, bajo la consigna de “otro mundo es posible”, cuestionan tanto la forma como la lógica de

la explotación y expropiación de territorios para la explotación minera. Este cuestiona-miento no solo está dirigido a las empresas transnacionales, sino también a los gobier-nos de turno que han promovido políticas a favor de la implementación de este tipo de economía, mediante programas instituciona-les —como las misiones y las escuelas— que, desde épocas muy tempranas, llegaron a las comunidades de los sitios más aislados haciendo presión para que muchas de las prácticas culturales de dichas comunidades fueran olvidadas en tanto no eran acordes con su proyecto de nación.

La política minera y el despojo sistemático de los territorios

El primer código de minas en Colombia se expidió por medio del Decreto 2655 de 1988, de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 57 de 1987. Para su expedición se conformó una comisión de estudio y refor-ma —también una subcomisión conformada por delegados del Gobierno y voceros de la ONIC y el CRIC— donde se incluyó y estudió como punto de interés la minría en tierras de asentamientos indígenas.

Paola Chaves



Este código definió a los resguardos como áreas protegidas de la minería. El contexto histórico y político en el que se dio esta deci-sión fue el de una fuerte presión, por parte de organizaciones indígenas y campesinas, por tierra y legalización de resguardos. Fueron fundamentalmente los resguardos los que empezaron a garantizar el blindaje de los te-rritorios. Sin embargo, poco tiempo después, el Gobierno firma el Decreto 710 de 1990, que reglamenta el Código de Minas, e intro-duciendo modificaciones a lo que se había trabajado en la subcomisión de la que hacían parte delegados de organizaciones indígenas, abre la puerta a la realización de concesiones para exploración y explotación de recursos naturales en los resguardos indígenas. Esto se da antes de 1991, cuando no se habían pactado aún normas jurídicas como el artí-culo 7 de la Constitución Política, entre otros, que más tarde van a ser usados como he-rramienta de defensa territorial. Sin embargo, aún después de promulgada la Constitución de 1991, las leyes mineras no han limitado el accionar de las empresas extractivas, sino que han propiciado y promovido que se les entreguen extensas zonas de territorios in-dígenas, desconociendo la autonomía de las poblaciones locales en las decisiones del uso del suelo.

En el 2001, con la Ley 685, se da la segunda versión del Código de Minas. Por medio de dicha ley, la minería es declarada de interés

El accionar social más allá de la normatividad

Si bien la minería a gran escala controlada por multinacionales no se vive de manera directa en el departamento, porque no han empezado a realizar extracciones, hay conce-siones entregadas en todo el Cauca a distin-tas multinacionales mineras, especialmente la Anglo Gold Ashanti, sin el debido proce-so de consulta previa a los grupos étnicos. Paralelo a ello, se ha visto una emergencia de economías ilegales vinculadas a este tipo de interés extractivo. De acuerdo con orga-nizaciones sociales defensoras de derechos humanos del Cauca, tales como: Dignidad Campesina, Organización para el Desarrollo Urbano y Campesino (Ordeurca), Territorios por Vida Digna y el CRIC, la minería que se viene realizando en varias partes del sur de Cauca ha generado divisiones comunitarias, recrudecimiento de las amenazas a líderes sociales, afectaciones ambientales a las fuen-tes de agua, llegada de foráneos a los territo-rios y, en algunas comunidades, dependencia de este tipo de economía.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) señala que el área solicitada o en con-cesiones en el Cauca es del 1’700.000 ha, en un área total de 3’089.755 ha que tiene el departamento. Las comunidades indígenas del departamento tienen 121.420 ha, defini-

das como zonas mineras indígenas (ZMI),1 en las cuales no solo se realiza minería de hecho —por medio de barequeo o forma artesanal—, sino que en zonas como Puracé se lleva a cabo minería tecnificada para la extracción de azufre; en total son ocho ZMI ubicadas en el norte, centro y oriente del Cauca.

Las poblaciones afro han tenido una relación histórica más cercana con la actividad mine-ra. La minería artesanal hace parte de la me-moria territorial de los lugares que habitan. Uno de los casos más sonados es el de la Toma, en el municipio de Suárez, norte del Cauca, donde sus pobladores han visto cómo las políticas de “desarrollo” aplicadas sobre su territorio ha traído para ellos la profundi-zación de la pobreza y la violencia, a causa del despojo que han sufrido por la presencia de empresas como la Anglo Gold Ashanti, Cosigo Resources y la Río Tinto (Márquez y Salcedo, 2012), así como por la presencia de grupos armados legales e ilegales que buscan el control territorial generando escenarios de guerra. En la Toma, la población afro se ha organizado para denunciar graves hechos como el ocurrido en el 2010 en el que ocho mineros fueron asesinados. A lo largo de ese mismo año, los pobladores afro y nasa de

1 Las zonas mineras étnicas son áreas delimitadas, por parte de grupos indígenas o afros, para la explotación o el aprovechamiento de minerales que, previos estudios técnicos, han sido identificados; estas zonas también pueden ser explotadas por terceros con el aval de los grupos étnicos.

social para la nación, es decir, que es con-siderada una prioridad para el Estado y, en consecuencia, declara que el subsuelo perte-nece a la nación limitando con ello el uso y la propiedad de los grupos étnicos sobre sus territorios en caso de oponerse a los proyec-tos extractivos. Así, la exigibilidad del debido proceso de consulta previa, reconocida por el Convenio 169 de la OIT, representa un respi-ro para los grupos étnicos, en medio de esta rampante normatividad del despojo.

Es importante señalar que con este nuevo Código de Minas, el Gobierno da prioridad a la inversión privada y extranjera, ilegalizando las prácticas que no se ajusten a sus intere-ses. Según Molano:

…uno de los aspectos perversos que consa-gra el Código de Minas es el principio según el cual el primero en el tiempo en realizar una solicitud de contrato de concesión, es el primero en el derecho. [... limitándose] la legalización de la pequeña minería realiza-da por campesinos y mineros locales, dado que la Anglo Gold Ashanti y otras multina-cionales han formulado solicitudes sobre extensas áreas del territorio en las cuales se venía adelantando esta minería de hecho (2008, p. 387).

Las concesiones mineras entregadas a em-presas privadas en el suroccidente colom-biano han generado ambientes de tensión y agudización del conflicto social y armado, frente a lo cual las poblaciones afectadas se han pronunciado y movilizado.

Paola

Chav

es



este municipio, denunciaron tanto a nivel na-cional como internacional amenazas, asesi-natos y persecución a líderes y defensores de derechos humanos, que se habían pronun-ciado a favor de los mineros artesanales de la Toma, quienes iban a ser desalojados por la fuerza pública, porque la zona había sido entregada mediante título minero al señor Sarria, testaferro de la Anglo Gold Ashanti, argumentando que eran tierras baldías, des-conociendo la presencia de más de 300 años en la que la población afro ha ejercido la mi-nería transmitida desde sus ancestros escla-vizados. Las amenazas iban a nombre de las Águilas Negras Nueva Generación quienes, con un lenguaje banal y tosco, decían actuar en nombre del “progreso”, representado por las multinacionales extractivas.

Hacia el sur del departamento, los dirigentes campesinos expresan su preocupación por los conflictos que está generando la minería que ha incursionado en los últimos cuatro años, no solo en términos ambientales, sino también sociales por la fuerte presencia ar-mada tanto de guerrilla como de paramili-tares que se disputan el control de la zona, señalando y asediando a las organizaciones campesinas. Algunas de estas amenazas se han materializado en el asesinato de algunos líderes, como ocurrió con la líder campesina del Comité de Integración del Macizo Colom-biano (CIMA), Evelinda Gómez, en la vereda Cortaderas del municipio de Almaguer, el 30 de septiembre del 2013. Esta líder participa-ba activamente en procesos de socialización contra la incursión minera en su territorio, y

do en el suroccidente colombiano: la arti-culación de distintos procesos sociales bajo una agenda común que se ha expresado en procesos como el de la Minga Nacional, el Congreso de los Pueblos y la Cumbre Agra-ria, Étnica y Popular de proyección nacional. Las autoridades indígenas han dicho que es necesario trabajar este punto en conjunto con los demás sectores sociales, entre otras cosas porque, tal como lo está proponiendo el Gobierno —revisar los títulos que se tras-lapan con resguardos indígenas—, no implica cambios sustanciales en la política de desa-rrollo que venimos denunciando. La apuesta es por un modelo de vida que reconozca las

había sido una de las coordinadoras de base del pasado foro realizado en Almaguer orga-nizado por el CIMA. Los foros han sido una herramienta política de fortalecimiento orga-nizativo y de oposición frente al ingreso de empresas multinacionales mineras y la proli-feración de la pequeña minería en la región.

Para el caso de las comunidades indígenas, después de varios acuerdos incumplidos por el Estado colombiano, se realizó en octubre del 2013 la Minga Indígena Nacional por par-te de las autoridades indígenas filiales de la ONIC y comunidades de otras organizaciones que se sumaron a esta movilización nacional. El lugar de diálogo y negociación fue el te-rritorio indígena de La María en Piendamó, Cauca. Después de una jornada de diez días en la que la violación de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas de Colom-bia no se hizo esperar, se logró firmar algunos acuerdos referidos a: i) Territorio; ii) Autono-mía política, jurídica y administrativa; iii) Po-lítica minero-energética del país; iv) Derechos humanos, conflicto armado y paz; v) Política económica y agraria del país. Sin embargo, sobre el punto tres no hubo acuerdo entre las partes y se habló de la necesidad de crear una comisión que revisara los títulos mineros traslapados en territorios indígenas. Tal co-misión tenía plazo de un mes para empezar a funcionar, e iba a estar conformada tanto por representantes del Gobierno nacional como por delegados indígenas y acompañamiento de la ONU y la OIT. Sin embargo, debemos decir que hasta el momento la comisión no ha funcionado, debido a intereses económi-cos que el Gobierno no está dispuesto a ne-gociar. Esto lo tienen claro las autoridades in-dígenas, quienes saben que aquí lo que está en juego es su territorio, su vida en cuanto materialización de su visión de mundo. Vi-sión que el modelo extractivo no entiende dentro de su lógica cultural de despojo.

En este escenario, emerge una de las accio-nes políticas que mayor fuerza ha convoca-

territorialidades construidas por los actores locales que viven y han sentido las presiones sobre sus “casas”, sus territorios. Esto último se contradice, en principio, con la apuesta estatal minero-energética que representa un modelo de muerte, como ya se ha visto en distintas partes de la geografía nacional.

Hasta el momento, el gran consenso que hay a nivel de las comunidades indígenas, logra-do en medio de tensiones y afirmado en la pasada Comisión Nacional de Tierras llevada a cabo en abril de este año, es el NO a la gran minería, a las multinacionales y a los extra-ños en las comunidades indigenas.

Referencias

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y cultura del Cauca. Territorios posibles. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.

Colmenares, G. (1997). Historia económica y social de Colombia (2 ed., vol II). Una sociedad esclavista

1680-1800. (2 ed., vol II). Cali: Universidad del Valle.

Escobar, A. (1996). La invención del tercer mundo: construcción y deconstrucción del desarrollo.

Bogotá: Editorial Norma.

Esteva, G. (1997). Desarrollo. En Diccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder.

Cocha Bamba: Editorial Wolfang Sachs.

Findji, M. T. (1985). Territorio, economía y sociedad páez. Cali: Editorial Universidad del Valle.

GEAL (2010). Recolonización, bienes comunes de la naturaleza y alternativa desde los pueblos.

Buenos Aires: Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Economicas.

Márquez, F. y Salcedo, C. (2012). Defensa del territorio y resistencia afrocolombiana en el norte del

Cauca. En Minería, territorio y conflicto en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de

Colombia.

Molano, J. E. (2008). Anglo Gold Ashanti: la voracidad de las transnacionales de la muerte y el saqueo.

En La tierra contra la muerte. Conflictos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia.

Ciudad: Cecoin.

Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Buenos Aires: Gráficas y

Servicios.

Shiva, V. (1997). Recursos. EnDiccionario del desarrollo. Una guía del conocimiento como poder.

Cocha Bamba: Centro de Aprendizaje Intercultural. Editorial Wolfang Sachs.

Toro, P. (2012). Geopolítica energética: minería, territorio y resistencias sociales. En Minería, territorio y

conflicto en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Otras fuentes

Diálogo directo con líderes de las organizaciones sociales mencionadas.

Participación en distintas reuniones relacionadas con el tema minero en el Cauca.

aquí lo que está en juego es su territorio, su vida en cuanto materialización

de su visión de mundo. Visión que el modelo extractivo no entiende

dentro de su lógica cultural de despojo.


106 agro y minería

Audiencia pública: “Situación minera en los territorios afros e indígenas

en el norte del departamento del Cauca”

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, reunidas hoy en el Campus de la Universidad del Valle, sede Santander de Quilichao, después de escuchar los planteamientos,

los testimonios y propuestas para enfrentar la amenaza minera que afecta de manera desmedida nuestros caminos, trochas, ojos de agua, relaciones y lazos comunitarios

y familiares, la vida de nuestros líderes y lideresas, queremos levantar nuestra palabra y cosechar la unidad para oponernos a la locomotora minera de las grandes empresas y el Gobierno nacional.

Con el espíritu de reconciliarnos con la madre tierra, de hacerla respetar y de recobrar nuestra historia de lucha y resistencia, declaramos en esta Audiencia pública que:

El norte del Cauca, por su riqueza minera, ha sido un territorio signado por innumerables conflictos desde los tiempos coloniales. Los antiguos asientos de minas en Quinamayó, Dominguillo y Caloto fueron escenario de verdaderas masacres de la población indígena y afrocolombiana que con su sudor y sufrimiento llenaron las ansias incontenibles de los usurpadores españoles.

Han pasado muchos años ya desde aquellos terribles sucesos, pero la realidad no ha cambiado pese a nuestra lucha y resistencia milenaria. El norte del Cauca sigue siendo un territorio rico en minerales y siguen llegando por nuestro oro, destruyendo ríos, cerros, transformando nuestro paisaje y además afectando a nuestras comunidades que por siglos han enfrentado el despojo, la pobreza y el hambre.

Nuestros territorios están amenazados y en desequilibrio desde hace mucho: el conflicto armado, las diferentes violencias, los cultivos de uso ilícito, el desplazamiento, la agroindustria de la caña, el despojo, el modelo económico neoliberal (que ha acabado con nuestras economías locales) y ahora la aplanadora minera, nos han obligado a cambiar nuestras costumbres de subsistencia, nuestro pensamiento y están afectando directamente la manera como nuestras comunidades producen el alimento y garantizan su bienestar.

La reconquista minera, no solo ha traído la afectación a nuestras fuentes de agua, montañas y sitios sagrados, también ha traído consigo la expropiación de nuestros territorios, nuevas violencias y conflictos entre nuestras comunidades. Asimismo, la llegada de personas extrañas venidas de otros municipios que no entienden nuestra manera de relacionarnos con el territorio ha causado

también graves problemáticas y sobre todo un nuevo proceso de despojo del territorio que obstaculiza las actividades económicas propias, condenando a nuestras comunidades a la dependencia y a la pobreza.

El norte del Cauca también ha sido una zona de tradición minera tradicional/ancestral; desde la Colonia la minería de subsistencia ha sido una de las prácticas tradicionales de nuestras comunidades afrocaucanas y en su momento de algunas comunidades indígenas. No obstante, la minería tradicional/ancestral ha sido durante los últimos años fuertemente criminalizada, los mineros ancestrales hemos sufrido la persecución de los actores armados legales e ilegales. Asimismo, hemos padecido el hostigamiento jurídico de las autoridades mineras quienes nos consideran ilegales y además nos acusan de ser los causantes de la devastación ambiental de la minería. Pero, tales acusaciones solo son una cortina de humo para no señalar a los verdaderos causantes de la debacle ambiental, la mediana minería con sus retroexcavadoras y la mega minería hecha por grandes multinacionales. Hemos sido testigos de la complicidad de las autoridades con los dueños de las retroexcavadoras que al hacer los operativos y embargos, misteriosamente las máquinas desaparecen.

Precisamente, la minería con retroexcavadoras es el mal que hoy afecta más fuertemente a nuestro territorio norte caucano. Esta minería que utiliza sustancias tóxicas para la separación del oro, como el cianuro y el mercurio, está acabando con nuestras fuentes de agua, así como enfermando a nuestra gente y a nuestra tierra. Hemos visto la muerte de muchos comuneros a causa de los

derrumbes ocurridos en las minas, por las condiciones en las que se hace esta explotación. Además, la amenaza de la gran minería sobre nuestros territorios, a propósito de las más de 250 solicitudes de la Anglo Gold Ashanti, preocupa a nuestras comunidades y organizaciones, y nos pone en alerta frente a la defensa del agua, de los cerros y de la vida de esta y las próximas generaciones, esta minería a gran escala la rechazamos vehementemente y no la queremos en nuestros territorios.

Creemos, como pueblos indígenas, campesinos y afrocaucanos, que la paz será posible solo cuando nuestros territorios estén libres de estas amenazas y cuando con autonomía seamos nosotros quienes organicemos y gobernemos en ellos. No habrá paz, mientras la locomotora minera siga acabando con nuestros espacios de vida, con nuestra agua, con lo que consideramos sagrado y necesario para nuestra pervivencia.

Por todo lo anterior, nosotros como pueblo norte caucano unido hacemos las siguientes exigencias al Estado colombiano:

1. Que la política minero-energética se reformule en el marco de los derechos humanos, respetando el carácter de utilidad pública e interés social del medioambiente, por encima de las actividades extractivas.

2. Todos, absolutamente todos, los procesos relacionados con la minería como la entrega de

títulos mineros, la expedición de licencias ambientales deben ser consultadas con las comunidades. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado para cualquier actividad minera en nuestros territorios, para que sean nuestras comunidades las que decidan. Lucharemos para que este derecho también acoja a las comunidades campesinas.

3. Las comunidades indígenas en el marco del derecho propio venimos insistiendo en nuestro reconocimiento como Autoridades Ambientales, instamos a que se nos reconozca ese ejercicio que hacemos como parte de nuestro derecho a la autonomía.

4. Reconocimiento a los Consejos Comunitarios ancestrales y los territorios colectivos afro en su condición de entidad territorial para poder ejercer de mejor manera la autonomía, la autoridad ambiental y control territorial.

5. La puesta en funcionamiento de una mesa de diálogo entre el alto Gobierno y sectores comunitarios para la reestructuración de una política minero-energética que respete los espacios de vida de las comunidades y garantice la justicia ambiental para esta y las próximas generaciones.

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109agro y minería

6. Una política minera que garantice y proteja la composición de las cadenas económicas y de los tejidos sociales que las comunidades locales han construido en su relación y ejercicio territorial desde tiempos ancestrales.

7. La reglamentación de los capítulos 4, 5 y 6 de la Ley 70 de 1993, para garantizar el ejercicio del derecho ancestral a la minería de los pueblos afrocolombianos, bajo sus propios criterios y formas de administración y desarrollo del territorio.

8. Cesar los procesos de persecución y judicialización a los mineros artesanales y garantizar sus prácticas mineras tradicionales.

9. Cesar todas las amenazas a los líderes y lideresas de las comunidades que luchamos en defensa de los territorios frente a lo que consideramos que pone en riesgo a nuestros pueblos.

10. El respeto a la autonomía en el manejo de los bienes de la naturaleza en nuestros territorios como autoridades ambientales y territoriales que somos.

11. La intervención inmediata de las autoridades competentes para la detención y el desalojo de las máquinas retroexcavadoras en nuestro territorio, así como la puesta en marcha de planes de compensación por los daños ambientales causados por los medianos mineros en todos los territorios del norte del Cauca.

12. Frenar la adjudicación de licencias y títulos mineros a multinacionales en los territorios del norte del Cauca y declarar la nulidad de los contratos de concesión otorgados a Anglo Gold Ashanti.

13. Avanzar en los procesos de restitución de tierras, ampliación y saneamiento de nuestros resguardos y territorios colectivos con el fin de proyectar alternativas económicas a la minería.

14. Desarrollar e implementar procesos de contabilidad y compensación ambiental serios que permitan la recuperación de ecosistemas locales fuertemente afectados por la mediana minería.

15. Poner en funcionamiento instituciones y mecanismos que permitan avanzar en un esquema de justicia ambiental nacional con perspectiva intertemporal e intergeneracional.

16. Garantizar la vida y la integridad de líderes, lideresas y de las comunidades del norte del Cauca que denuncian los atropellos de las empresas mineras en sus territorios.

17. Las autoridades deben dar una respuesta inmediata a las innumerables demandas, derechos de petición y demás acciones jurídicas que las comunidades han interpuesto para frenar la amenaza minera.

Hacemos un llamado también a nuestras autoridades, organizaciones, comunidades y familias para que:

QQ Se regule y se organice la práctica de la minería de subsistencia en el territorio, garantizando un control comunitario de estos emprendimientos y el manejo de los impactos ambientales que se producen. Tenemos que pensar otro modelo de desarrollo para los pueblos y con los pueblos.QQ Adelantar todas las acciones jurídicas posibles para invalidar los títulos mineros que han sido otorgados violando la Ley 70 y la Ley 21 que protege los derechos de los pueblos afrocolombianos y los pueblos indígenas.QQ Que se alterne la práctica de la minería ancestral con las actividades agropecuarias, para garantizar el principio de la minería necesaria y de subsistencia.QQ Uniendo esfuerzos y voluntades defendamos el territorio del norte del Cauca de las grandes multinacionales y protejamos las fuentes de agua.

QQ Fortalezcamos los espacios de encuentro interétnico para la lucha conjunta por la defensa de los territorios y la lucha frente a la amenaza y las consecuencias de la minería arrasadora.

QQ Mejoremos las prácticas de beneficio y aprovechamiento minero evitando el uso de sustancias toxicas como el mercurio y el cianuro.

QQ Preparémonos para acompañar una acción de hecho y movilización en defensa de los territorios afectados por la amenaza minera, el mal manejo de las basuras y la contaminación del agua en los territorios colectivos y ancestrales de los pueblos afro y las comunidades indígenas.

QQ Por último, reiteramos nuestra solidaridad con el Paro Agrario que se adelanta en varios territorios de nuestro país, porque la lucha del campo es de todos y de todas.

Las comunidades aquí reunidas nos declaramos a partir de hoy en Asamblea permanente y anunciamos que estudiaremos, en el marco de nuestros escenarios legítimos de unidad

interétnica, todas las acciones posibles para detener la locomotora minera que tanto nos afecta.Nosotras y nosotros: indígenas, campesinos y afrodescendientes somos y seremos

los guardianes del territorio, un territorio ancestral y vivo que nos pertenece, en donde somos autoridad y gobierno. Solo con la unidad lograremos defenderlo y garantizar el futuro para

nuestras familias, para nuestras comunidades y para una vida más digna y feliz. Por eso, decimos no a la minería destructiva que nos contamina y nos mata, y sí al agua que corre,

al aire limpio y a continuar tejiendo un territorio libre, autónomo y en paz.Santander de Quilichao - Cauca, 29 de abril de 2014

Paola

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Movimiento alternativo indígena y Social (MaiS)

Una nueva fuerza política del movimiento indígena nacionalEntrevista con Jesús Javier Chávez Yondapiz*

En vísperas de las elecciones presidenciales y de Senado y Cámara del 2014, se creó en el Cauca el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), en el cual confluyen diferentes organizaciones indígenas articuladas en la ONIC y que, si bien nace del seno del movimiento indígena, se propone como una alternativa de organización y acción electoral abierta a otros sectores populares del país. El MAIS tiene el desafío de unificar al movimiento indígena en torno a una propuesta autónoma, superando los sinsabores y las desconfianzas que han dejado anteriores malogradas experiencias.

En las pasadas elecciones, el MAIS participó dentro de la contienda con una lista encabezada por Luis Evelis Andrade, por muchos años dirigente de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), y por Jesús Chávez, exconsejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los resultados electorales mostraron al MAIS como la primera fuerza del movimiento indígena nacional y le dieron una curul en el Senado a Luis Evelis Andrade, quedando Jesús Chávez como segundo en la votación general obtenida. Ambos dirigentes fueron gestores de primera línea en la creación del nuevo movimiento y recorrieron todo el país presentando su propuesta. Señas entrevistó a Jesús Chávez, actual copresidente del MAIS, quien nos ilustró acerca de los propósitos del movimiento, nos dio un balance de la pasada campaña electoral y nos habló de las proyecciones y los desafíos que el nuevo movimiento tiene en el mediano y largo plazo.

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* Exconsejero mayor del CRIC, actual copresidente del MAIS.

Señas: en el XIV Congreso del CRIC se deci-dió crear una nueva fuerza política electoral del movimiento indígena denominada Movi-miento Alternativo Indígena y Social (MAIS). ¿Podría explicarnos por qué se tomó esta de-cisión y cuáles son los principales propósito de MAIS?

Jesús Chávez: en el marco del fortalecimien-to político organizativo del movimiento indí-gena, se evaluó que lo político-electoral no podía seguir siendo una estrategia por fuera de la estructura organizativa y por fuera del control de las autoridades. Por eso las au-toridades tradicionales, en el décimo cuarto


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congreso del CRIC, orientaron y mandataron que ese tema debía ser también gobernado y orientado hacia el fortalecimiento de la autonomía. Lo que pretende el movimiento MAIS es que lo político-electoral no sea un escenario de división y de ruptura interna del movimiento indígena, sino que, al contrario, se convierta en una posibilidad y en una for-taleza en términos de participación real, de-mocracia real y representación real del movi-miento indígena a nivel nacional.

Podríamos decir que el fin último del MAIS es ser un aporte a la resistencia del movi-miento indígena y a la permanencia de pro-cesos organizativos. Un espacio desde el cual podamos fortalecer nuestra participación en los escenarios públicos: en las localidades, en las regiones, en el Congreso de la República y, por qué no decirlo, más adelante, segura-mente también en la posibilidad de aspirar a llevar candidatos a la presidencia. El fin úl-timo es, pues, ordenar la casa, y que todos los temas que son afines al proceso político-organizativo estén bajo el control de la auto-ridad y la orientación de las organizaciones indígenas.

Señas: desde su punto de vista ¿cuáles fue-ron los resultados del MAIS en esta primera contienda electoral? ¿La aparición del MAIS significa una alianza indígena o una alianza con el movimiento popular?

J. Ch: en la búsqueda de la reconstrucción del sueño de tener un proyecto político con identidad, y que esté bajo la orientación de las autoridades en la organización, ha sido

indígena, que es una apuesta de articulación de procesos sociales y una posibilidad de po-der dar avales a personas que en otros movi-mientos seguramente nunca los van a tener. Nosotros soñamos con que muy pronto po-dremos avalar a campesinos, afros y sectores populares de las ciudades, que si van a so-licitarlos en otros espacios no se los darán porque ya están haciendo cola los supuestos líderes que ya han definido los patrones de esos proyectos políticos; en cambio, en nues-tro movimiento esa posibilidad está abierta. Hemos dicho que para nosotros la participa-ción de la mujer y de los jóvenes es muy im-portante, que no podemos seguir relegando esos espacios. En la apuesta del MAIS vimos con mucho empeño y con mucha responsabi-lidad la actividad de la mujer y de los jóvenes.

Señas: con la conformación del nuevo Con-greso de la República ¿qué permanencias y qué cambios se pueden dar en las relaciones entre el Gobierno y las organizaciones indí-genas?

J. Ch: en la nueva conformación del Congre-so vemos con preocupación que, realmente, los intereses del movimiento indígena no van a ser tenidos en cuenta, porque la gran mayoría de congresistas están es en la línea de legislar en beneficio de las políticas de las multinacionales, están comprometidos más bien en defender a los grandes capitalistas que a la comunidad, los sectores populares y los indígenas. Debemos decir que, si bien tenemos dos senadores indígenas, ellos no podrán tampoco hacer grandes cosas en be-neficio y en respaldo del fortalecimiento del movimiento indígena, porque tendrían que ganarse entonces el respaldo de los cien con-gresistas restantes. Creemos que todavía no hay fuerza suficiente para llevar temas que sean acogidos y respaldados de manera de-cisiva por el resto del Congreso. Sin embar-go, pensamos que es necesario ir haciendo camino, buscando al interior del Congreso a otros movimientos afines a las luchas de los

un resultado muy importante; porque no es fácil en Colombia montar una iniciativa de proyecto político por fuera de las estructuras preestablecidas y con una dinámica diferen-te: participación real de la gente, escuchar las voces del pueblo e incluso poder definir las candidaturas con la participación real de las autoridades y las comunidades. Considera-mos que el resultado ha sido muy importan-te a pesar de las dificultades que tenemos al interior del movimiento indígena, porque no podemos decir que haya realmente un com-portamiento coherente de todos los indíge-nas. Al contrario, hay algunos que también se han dejado contaminar por las pretensio-nes individuales y la ambición del poder. Sin embargo, el MAIS muestra que sí es posible un proyecto político autónomo. Cuando hay una decisión realmente orgánica, y cuando se acatan las orientaciones de las autorida-des los resultados son positivos. Por eso, con orgullo podemos decir que este mandato —del octavo congreso de la ONIC y del déci-mo cuarto congreso del CRIC— de retomar el tema electoral no ha sido equivocado. La muestra es que a pesar de no tener ninguna estructura de carácter electoral pudimos con-vertirnos en la primera fuerza del movimiento indígena. Es el proyecto que obtuvo mayor votación, alrededor de casi cuarenta y nue-ve mil votos, superando los otros proyectos políticos que estuvieron en la contienda elec-toral. No olvidemos que hubo catorce listas que aspiraban a las dos curules del Senado; sin embargo, el MAIS se dio a la tarea de tra-bajar bajo la disciplina y orientación de las autoridades y de la organización obteniendo el satisfactorio resultado que obtuvimos. Pen-samos que dicho resultado indica también que todavía tenemos compañeros indígenas, campesinos, afros y urbanos que creen que es posible construir un proyecto político dife-rente participando en medio de la diversidad. Consideramos que el MAÍS es un escenario de participación de todos los sectores popu-lares, que no está enfocado solamente en lo

sectores populares y, si están comprometidos realmente en defender los derechos funda-mentales y constitucionales que nos asisten a todos, de manera especial a los sectores más marginados, entonces hacer con ellos alianzas estratégicas para poder apalancar nuestras exigencias de derechos constitucio-nales. Sin embargo, no podemos decir que los dos congresistas que tenemos van a gene-rar cambios importantes para el movimiento indígena. Aquí tenemos que retomar el pen-samiento que el movimiento indígena siem-pre ha tenido: que una o dos personas no van a generar el cambio. Lo que tenemos que hacer es fortalecer los procesos político-orga-nizativos en los que nos juntamos, hacemos mingas, movilizaciones y protestas sociales para hacernos escuchar. La experiencia nos ha mostrado que esta vía ha sido más efectiva que tener uno o dos congresistas dentro del Congreso de la República. Es justo que ten-gamos una representación en dicho espacio, pero si lo vamos a evaluar de manera prag-mática, realmente no es justo que tengamos solo dos representantes indígenas únicamen-te. Deberíamos tener más, porque somos casi un millón de colombianos indígenas y ciento dos pueblos con diferentes procesos, y hay pueblos muy numerosos que deberían tener su propio vocero. Por eso, la búsqueda es que este movimiento político sea incluyente, participativo y recoja otros sectores para po-der agrandar el número de la participación y poder tener alguna incidencia más adelante. Lo que corresponde es que, desde nuestras organizaciones, estemos atentos para apa-lancar alguna iniciativa que los congresistas puedan llevar en nombre de la comunidad,

Podríamos decir que el fin último del MaiS es ser un aporte a la resistencia del movimiento indígena y a la permanencia de procesos organizativos.

Estamos totalmente convencidos de que la mujer tiene mucho que aportarle

a todos los procesos. tanto a los procesos locales como zonales, regionales

y nacionales y, por supuesto, en la representación de escenarios públicos.


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en el entendido de que lo que se lleve a ese escenario debe ser decisión comunitaria para que igualmente la comunidad respalde esas iniciativas.

Señas: hay dos senadores indígenas: Marcos Avirama y Luis Evelis Andrade, ¿qué papel cree que van a jugar en el Congreso? ¿Cuáles deberían ser los intereses y las acciones prio-ritarias de esos senadores para defender los derechos del movimiento indígena?

J. Ch: aquí tenemos que hacer una claridad: acerca del movimiento Alianza Social Inde-pendiente (ASI) las autoridades han manifes-tado que ese proyecto político no representa a los indígenas. Efectivamente, el respetable senador Avirama es indígena, pero los intere-ses del proyecto político de la ASI no están enmarcados ni en el sueño, ni en el querer de los pueblos indígenas, y mucho menos de las autoridades y las organizaciones indíge-nas. Por consiguiente, vemos que su papel no será muy fructífero, pues si las autoridades han dicho: “no nos representa”, le va a ser muy difícil proponerse como puente y como vocero del movimiento indígena. Seguramen-te en algunas regiones tendrá algún eco, o en otros sectores, pero desde el fondo del movimiento indígena consideramos que no podrá hacer mucho en favor de dicho movi-miento. Sin embargo, estaremos atentos, por-que todo depende también del compromiso personal, por encima de tener un proyecto político que está bajo el control de otros in-tereses, él podría tomar la decisión personal de acompañar los movimientos indígenas.

Todo depende pues de su comportamiento y su compromiso real. Frente al congresista Luis Evelis Andrade igual, él tiene un poco de experiencia acerca de cómo se mueve la política al interior del Congreso y de las estra-tegias de cooptación que desarrollan, esa ex-periencia esperamos que le sirva para evitar ser cooptado. También debe estar pendiente de las orientaciones de las autoridades y las organizaciones. Mucho depende de su com-promiso personal y de su responsabilidad or-ganizativa. Creemos que él ha hecho proceso dentro de la organización, y esperamos que no pierda de vista esa base. De lo contrario, pues será un congresista más que ocupará ese espacio hasta cumplir su periodo. Si se deja cooptar y si no sigue las orientaciones de las autoridades y la comunidad, por más de que sea indígena, no estaría respaldan-do lo indígena. Y ahí entonces necesitamos también estar muy atentos nosotros, porque él logró ser senador no porque quiso, sino porque el pueblo lo apoyó, y el pueblo quiere realmente tener una representación digna y para que él pueda alcanzar ese objetivo se le debe hacer el control político, el control social, estar pendientes de sus actuaciones y, cuando sea necesario, hacerle las obser-vaciones pertinentes. Si él permite que la organización le ayude en su trabajo, tendrá que desarrollarlo muy de la mano con las organizaciones regionales y con la organiza-ción nacional. Como le digo, todo depende de la actitud de él y de los intereses, no per-sonales, sino colectivos que él esté dispuesto a defender. A veces allá se pierde el interés colectivo y prima el interés particular. Ese es el gran riesgo que se tiene cuando no hay unos principios claros, cuando no se escu-chan las orientaciones de las autoridades, y cuando no se articulan los procesos con la organización.De modo que vemos que ha sido un logro muy importante tener el movimiento político, pero no es suficiente tener un senador, ne-cesitamos tener otros escenarios. Por eso, de

Estamos totalmente convencidos de que la mujer tiene mucho que aportarle

a todos los procesos. tanto a los procesos locales como zonales, regionales

y nacionales y, por supuesto, en la representación de escenarios públicos.

ahora en adelante, teniendo ya la personería jurídica como MAIS, y a sabiendas de que una golondrina no va a hacer llover, necesitamos fortalecer procesos locales. Vienen entonces las contiendas electorales para los munici-pios donde el MAIS debe estar participando en consejos municipales, en alcaldías, en las asambleas departamentales y en las goberna-ciones de las regiones. En el caso del Cauca, estaremos como movimiento político partici-pando en esas decisiones. Esto nos permitiría entonces darle mayor respaldo al congresista, porque ya tendremos estructuras y represen-tantes en las regiones que podrán también hacer el puente, o hacer alianzas de trabajo, y que en el MAIS puedan, no solamente es-perar que el congresista sea el que construya algún escenario, sino que podamos construir-los de manera conjunta desde los municipios, los departamentos y en el Congreso.

De modo que este trabajo apenas está empe-zando, y nuestro sueño es que no nos que-demos solamente diciendo que tenemos un senador. Hemos dicho: Colombia necesita un proyecto político que le abra las puertas a otros sectores que nunca han tenido la po-sibilidad de tener sus propios representantes. El MAIS está en la posibilidad y disposición de, de manera programática y progresiva, poder efectuar esa articulación intercultural convocando el apoyo de otras fuerzas políti-cas, sociales y populares.

Señas: uno de los temas claves en el último tiempo para las organizaciones indígenas es la participación política de las mujeres, asu-mir cargos de decisión, ser autoridad, entre otras. ¿Cómo ve usted la participación de las mujeres en el MAIS, tanto en los resultados electorales como en la conformación de este movimiento político?

J.Ch: por ley, cualquier movimiento políti-co debe darle el treinta por ciento de par-ticipación a la mujer. Consideramos que no solamente por ley debemos tener en cuenta la participación de la mujer, y no solo de la

mujer, también del joven; yo sigo insistiendo en que es una fuerza decisiva también en la construcción de estos procesos. Hay mucho joven claro, dinámico y comprometido con la causa que no podemos hacer a un lado, sino lo contrario, abrirles las posibilidades. Noso-tros estamos totalmente convencidos de que la mujer tiene mucho que aportarle a todos los procesos. Tanto a los procesos locales como zonales, regionales y nacionales y, por supuesto, en la representación de escenarios públicos. Quisiéramos tener mayor partici-pación de las mujeres y vamos a darnos a la tarea de motivar esa participación. Yo soy

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todo lo va a coger la mujer, sino en el senti-do de que, en la medida de las posibilidades, tenemos que compartir esos escenarios y ahí entonces podremos decir que todos estamos aportándole a todo porque tenemos la capa-cidad para hacerlo. De modo que esa tarea la tenemos claramente identificada y estaremos, como ya lo mencioné, atentos para que esa participación justa y digna de las mujeres se dé en estos escenarios y para que el MAIS no sea un proyecto político más que niega la re-presentación de género. Invito a las mujeres y a los jóvenes a que sigamos dando lo que más podamos al proceso, eso mismo nos irá abriendo las posibilidades.

La participación política no es una lotería, es una responsabilidad que asumimos de acuerdo con la confianza que generamos con la comunidad. Estamos en esa tarea, nos es-tamos moviendo por todo el país haciendo el trabajo que nos corresponde en aras de constituir los comités políticos municipales de MAIS. En los departamentos donde ten-gamos buena presencia, crearemos comités políticos departamentales y ya será la es-tructura que se defina la que dinamizará el trabajo. El MAIS no se puede convertir en un proyecto político para vender avales. Hay que darle aval a gente que esté dispuesta a aportarle al proceso y que esté abierta a dis-cutir políticas de beneficio social. No es fácil, pero vamos a tener mucho cuidado para no cometer el mismo error de proyectos ante-riores en los que dimos tanta apertura que llegaron otros intereses y nos arrebataron la iniciativa. Consideramos que esa lección fue aprendida y haremos todo el esfuerzo para que los que se hagan acreedores al aval del MAIS sean personas con compromiso social, con responsabilidad política clara y que estén dispuestas a aportar a la lucha social y popu-lar de Colombia.

a pesar de no tener ninguna estructura de carácter electoral pudimos

convertirnos en la primera fuerza del movimiento indígena.

uno de los convencidos de que es también un proyecto innovador, diferente, pues hay que incluir también estos elementos que están un poco relegados. A veces creemos que no hay la capacidad, cuando realmente vemos compañeras y jóvenes compañeros muy ca-paces de dar resultados positivos en bene-ficio de nuestros procesos. No obstante, no es fácil, hubiésemos querido tener un mayor respaldo, por ejemplo, en el caso de la com-pañera Rosa Iguarán, ella tuvo una votación muy baja. Eso quiere decir que las mujeres todavía no confían en las mujeres. Y no es por machismo, sino porque todavía no nos hemos dado a la tarea de confiar en la capa-cidad que tenemos y de darles a las mujeres la oportunidad de liderazgo real en esos es-cenarios tan importantes. Sin embargo, noso-tros estamos muy atentos, y en las regiones siempre nos están diciendo ojo: MAIS debe darle una gran participación a la mujer y al joven. Estamos convencidos de que eso hay que hacerlo. Por eso estaremos muy atentos en la definición de candidaturas para el MAIS en los consejos municipales, a fin de que par-ticipen mujeres muy valerosas que hay en las diferentes regiones. Necesitamos ir poten-ciando compañeras no solamente en las lo-calidades, sino también en lo regional. Debe-mos promover que haya mujeres que puedan aspirar a las alcaldías, y estaremos muy aten-tos para poder darles el respaldo necesario. Que haya mujeres participando en las asam-bleas departamentales en donde es casi nula la participación de ellas y de los jóvenes. Y de igual manera, es necesaria su participación en algunas gobernaciones. No para decir que

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la investigación como trabajo de la imaginaciónJoanne Rappaport*

* Antropóloga e investigadora, profesora en la universidad de Georgetown. Autora de: Utopías interculturales, Cumbre renaciente y La política de la memoria, entre otros.

La definición de la Real Academia Española para ‘investigar’ es: “Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia” (DRAE, 2001). Esto suena muy parecido a la apreciación generalizada acerca de lo que es la investigación: algo que hacen los intelectuales, algo que implica experimentación, algo que es muy sistemático. ¿Es esta la manera como deberíamos conceptualizar toda investigación? ¿Este modelo hace inalcanzable la actividad investigativa para la mayoría de las personas? ¿Es esto lo que los miembros del movimiento indígena quieren que sea la investigación? ¿Es esto lo que, quienes enseñamos en las universidades, creemos que es la investigación?

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Como puede que sepan los lectores de Se-ñas, he estado interesada durante muchos años en la promoción de la investigación in-dígena y en la formación de investigadores de base. En una publicación anterior de la revista reflexioné acerca de los problemas que los investigadores indígenas encuentran cuando tratan de adherirse a un modelo de investigación académica que implica la reco-lección sistemática de datos, para luego ser organizados, analizados y transmitidos de forma escrita. En mi ensayo señalé que en la experiencia de varios investigadores indí-genas en el Cauca, los modelos colaborativos que prestan atención a las formas indígenas de conocimiento y las ponen a dialogar con marcos occidentales se han convertido en proyectos apasionantes, cuyos resultados han sido incorporados al activismo en curso. Al-gunas veces estos investigadores no recogen datos de manera individual, sino que traba-jan en grupos con los miembros de las comu-nidades para analizar cosas que la gente ya sabe, y para compartir ese conocimiento con un público más amplio, que puede no tener el hábito de la lectura y la escritura. Esto su-giere que la investigación no es simplemente cuestión de recoger y sistematizar informa-ción, sino de pensar a través de ella nuevos caminos y poner el proceso interpretativo en manos de las mismas bases.

Uno de mis intereses permanentes ha sido comprender cómo la investigación indígena ha surgido del diálogo entre investigadores de base y académicos, y qué podemos apren-der de esa historia. Las formas de conoci-miento actualmente empleadas en el espacio intercultural de la organización indígena son producto de ese diálogo: ellas no son ni to-talmente “indígenas” ni exclusivamente “aca-démicas”, pero recurren a ambas tradiciones para crear algo nuevo. De hecho, ninguna de esas tradiciones es monolítica: hay numero-sos caminos que transitan los investigadores indígenas para abordar su tarea, así como los

académicos utilizan un sinnúmero de meto-dologías y aproximaciones teóricas. Si quere-mos descubrir cómo se da esa fusión, enton-ces necesitamos considerar casos específicos de colaboración en los que investigadores de base y académicos ponen a dialogar sus co-nocimientos, pero trascienden las limitacio-nes de esos conocimientos para crear algo nuevo.

Uno de los ejemplos intelectuales más inno-vadores de tal colaboración es La Rosca de Investigación y Acción Social, una organiza-ción dedicada a la Investigación Acción en el Cauca, Córdoba, Tolima y en la Costa Pa-cífica a principios de los años setenta. Algu-nos de sus fundadores fueron Víctor Daniel Bonilla (quien después ayudaría a desarrollar mapas parlantes en las comunidades nasa), Gonzalo Castillo Cárdenas (el editor del tex-to de Manuel Quintín Lame, En defensa de mi raza), Augusto Libreros (quien trabajó con comunidades urbanas en la Costa Pa-cífica), y el sociólogo y destacado teórico de la investigación-acción Orlando Fals Borda (quien colaboró con ANUC - Línea Sincele-jo, en Córdoba). Fue a través de La Rosca que se desarrollaron las líneas generales de la investigación-acción participativa (IAP) en colaboración con el CRIC y la ANUC.

Un número importante de aprendizajes se puede extraer de la experiencia de La Ros-ca: 1) la investigación implica un diálogo que combina distintas formas de conocer y descu-brir, 2) la investigación tiene el potencial de aprovechar el sentimiento de la gente con el fin de promover los objetivos organizativos, y, lo más importante, 3) la investigación es un trabajo de la imaginación, no la sistematiza-ción estéril de información. Estas cuestiones pueden ser exploradas productivamente ana-lizando la colaboración entre la ANUC y Or-lando Fals Borda, en cuyo archivo personal he estado escudriñando a lo largo de los últi-mos cinco años. La experiencia de Fals tiene mucho que aportar a la teorización de cómo

se lleva a cabo la investigación indígena hoy, más de cuarenta años después de que él fun-dara La Rosca.

Una metodología activista

Permítanme comenzar exponiendo la meto-dología de La Rosca. Su manifiesto de 1972, titulado Causa popular, ciencia popular, pre-senta una serie de propuestas innovadoras que combinan investigación y activismo. En primer lugar, la investigación colectiva gira en torno a un objetivo que ellos llaman “re-cuperación crítica”, que presta “atención pre-ferente a aquellos elementos o instituciones que han sido útiles para enfrentarse, en el pasado, a los enemigos de las clases explo-tadas. Una vez determinados esos elementos, se procede a reactivarlos para utilizarlos de manera similar en las luchas de clase actua-les” (Bonilla, Castillo, Fals Borda y Libreros, 1972, pp. 51-52). En Córdoba, por ejemplo, extensas entrevistas y talleres con líderes de la ANUC y las bases llevaron al renacimiento del baluarte de autogestión campesina, una entidad políticamente autónoma para gober-nar tierras recuperadas. El baluarte fue una idea recuperada de la memoria de las luchas campesinas y anarco-socialistas de los años veinte y treinta contra el sistema de servidum-bre por deudas; la investigación sobre baluar-tes fue fomentada por Juana Julia Guzmán, quien lideró el primer baluarte en los años veinte, y en los años setenta colaboró como narradora oral y agitadora de la ANUC (Co-lección Orlando Fals Borda, p. 5112).

Estas memorias fueron reactivadas por un proceso de “devolución sistemática” logrado a través de talleres, cursos para líderes lo-cales y la producción de folletos dirigidos a empoderar a las organizaciones de base para tomar el control de su futuro, recordando estrategias políticas exitosas del pasado, y situando esas estrategias en luchas históri-cas regionales y nacionales más amplias que tenían lugar en ese entonces. En Córdoba,

La Rosca sacó una serie de historias gráficas al estilo de “comic que contienen ilustracio-nes pobladas de personajes históricos en los cuales los lectores campesinos podían reco-nocerse a sí mismos, porque aparecen sus caras en los dibujos” (Chalarka, 1985). Como observó Víctor Negrete (uno de los principa-les activistas-investigadores en Córdoba que trabajó con Fals Borda) en una entrevista que le hice en 2009, esos folletos capturan el estilo y el tono de las narrativas campesi-nas: “El trabajo presenta las siguientes carac-terísticas: está escrito para leer en voz alta; el estilo del escritor es parecido al estilo de los campesinos entrevistados; el lenguaje es sencillo, bastante propio y un poco literario”. Matilde Eljach, una estudiante colaboradora de Fals Borda, comentó en una conversación conmigo en 2009 que “la gente se emocio-naba porque veía retratada la historia”. Por consiguiente, “la gente se sentía protagonista de la historia”. Las historias gráficas desperta-ron así fuertes sentimientos políticos, que era uno de los objetivos de La Rosca.

Historia y formas de conocer/descubrir

La combinación de la investigación histórica rigurosa con formas innovadoras de hacerla accesible para las bases se desarrolló gracias a la introducción de una serie de técnicas de investigación que fueron políticamente efec-tivas porque pusieron a dialogar las episte-mologías de investigadores externos con las de activistas locales, forzándolos a pensar por fuera de la historia oficial. Una de ellas fue el minucioso examen colectivo de archivos de baúl, los documentos y objetos conservados por los individuos en sus casas. Como Víctor Negrete me explicó:

Allá la gente pobre que no tenían cosas, solo el puro baúl. En el baúl de la casa, por ejem-plo, el viejo mío, en la tapa del baúl con lápiz tenía toda la fecha en que habíamos nacido nosotros. Y lo importante es que allí estaba metido en el fondo una bolsita de plástico,



una bolsita de papel en donde estaba guar-dada la escritura de la casa, donde estaba guardado un recuerdo de alguien que se murió, la foto de alguien; todo era guardado como extraordinario ahí, en este baúl. En la parte vacía, allí colocaba la ropa. Ahí se en-contraba muchas cosas: una foto, una cédu-la vieja, cualquier cosa. Una cosa fantástica.

Toda clase de objetos, algunos de ellos al-macenados en baúles y otros guardados en otros lugares de las casas de la gente, atraían la atención de los investigadores de La Rosca y sus coinvestigadores de la ANUC. El baúl de Juana Julia Guzmán, la líder socialista de los años treinta, quien inspiró a la ANUC a adop-tar el baluarte como herramienta organiza-tiva, contenía su registro de vacuna y otros documentos médicos, fotos, documentación de su tiempo como vendedora de refrescos: documentos que dieron cuerpo a la vida de una importante activista, convirtiéndola en un ser humano y no solo en una figura his-tórica abstracta, y acercando el pasado a los activistas de los años setenta, porque ahora podían verlo y tocarlo, no solo escucharlo y leerlo (Colección Orlando Fals Borda, AÑO, p. 5112). El contenido de esos tesoros escon-didos motivó a los investigadores no solo a producir materiales escritos en un lenguaje accesible a los campesinos, sino que les per-mitió también situar la memoria oral dentro de una historicidad local, una con su propia trama y topografía. En otras palabras, los campesinos recordaron su pasado a través de los objetos que habían guardado en sus casas, lo que llevó a los investigadores de La Rosca a crear una clase muy diferente de na-rrativa a la escrita por los historiadores ge-neralmente: una nueva narrativa que seguía la vida de importantes activistas conforme a acontecimientos que eran similares a aque-llos que los mismos escuchas campesinos podrían relatar.

¿Qué lecciones deja esa experiencia para los investigadores indígenas? La más eviden-

te para mí es que si queremos comprender cómo operan el nasa, el misak u otros siste-mas de conocimiento indígena, y cómo pue-den ser aprovechados en proyectos de inves-tigación, el mejor lugar para buscar es en la vida cotidiana: en cómo la gente se relaciona con el otro, cómo recuerdan acontecimientos importantes, cómo expresan esas ideas en su lenguaje cotidiano (ya sea nasa yuwe, namrrik o español), en los objetos físicos o las ubi-caciones topográficas que estimulan su me-moria, es decir, una especie de “cosmovisión cotidiana”. Esto no significa el rechazo de las narrativas cosmológicas que han sido tan im-portantes para el movimiento indígena en las últimas décadas, tampoco significa olvidar la importancia de los médicos tradicionales; en cambio, implica pensar cuidadosamente en cómo la experiencia vivida de la gente común es interpretada por ellos mismos, que es tam-bién una forma de “cosmovisión”.

Sentimiento

Como he mencionado, Matilde Eljach me habló de cómo los campesinos “se emocio-naba(n) porque veía(n) retratada la historia” en las tiras cómicas y cómo las historias gráfi-cas producidas por La Rosca los hacían sentir que eran “protagonistas de la historia”. Ella añadió que “eso tenía un valor político”. Así como eran importantes las historias heroicas de la lucha campesina, eran igualmente signi-ficativos los sentimientos despertados por los relatos de la cotidianidad, de las relaciones familiares y de las relaciones con los terrate-nientes, del sufrimiento que acompañaba el ser campesino; todo eso fue incorporado en los materiales que La Rosca produjo para la ANUC, específicamente en las ricas imágenes de las viviendas campesinas, de los lugares de trabajo y de la gente en reuniones, de cómo se movían por el espacio, cómo se paraban, cómo se relacionaban corporalmente (ver imagen de El Boche: campesino rebelde del Sinú) (Chalarka, 1985, p. 58). La textura de

la vida cotidiana representada en esos folle-tos desveló los sentimientos que rodearon y sostuvieron la acción política, las historias que fueron transmitidas de activista a acti-vista en cocinas y talleres, el sentido de que la lucha campesina fue construida por seres sensibles que tenían familias y amigos, quie-nes fueron motivados por sus aspiraciones de futuro. Esos materiales, como los testimonios de los campesinos recogidos por la Rosca y las narrativas que acompañan el análisis de los archivos de baúl, comunicaron un sentido profundo de la tragedia y la comedia. Tales historias e imágenes se convirtieron, en pala-bras de la novelista británica Penelope Lively en “una de aquellas cosas vitales innecesarias que lo convencen a uno de que la historia es verdadera” (1987, p. 31).

Los miembros de La Rosca consideraban que el sentimiento hacía parte integral de la polí-tica, como afirman en una de sus reflexiones tempranas acerca de su metodología:

No hay en sentido estricto, objetos de co-nocimiento desarticulados como lo preco-niza el pensamiento académico, sino una reflexión multilateral para la acción. Es multilateral porque es un pensamiento de

acción; es un pensamiento de acción por-que parte de las expresiones más vitales del pueblo. Recoge el ser pero también el sentir, sus deseos, lo profundo de sus sentimien-tos. Por ello este pensamiento no es frío. Cuando él se expone surge de la envoltura misma de los hechos, recoge, a la manera de un grito, toda la rebeldía reprimida y por ello está vestido de la historia y los símbolos de las masas.1

Es decir, que para La Rosca, la política, la in-vestigación y el sentimiento iban de la mano. Los sentimientos despertados por los na-rradores entrevistados por Fals Borda y sus compañeros estimularían hacia adelante la organización política. Esa no era la investi-gación por la investigación, sino un esfuerzo por identificar aquellos nodos vitales en el tejido de la memoria local que pudieran ser aprovechados para el proceso organizativo.

El trabajo de la imaginación

En sus escritos, más notablemente en Histo-ria doble de la Costa, la obra de cuatro vo-

1 Norte del Cauca: reflexiones sobre conocimiento y poder popular, AHUNC/B, caja 49, carpeta 3, p. 109.

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lúmenes en la que Fals Borda rastrea la his-toria popular de la Costa Atlántica, que fue escrita luego de que La Rosca terminara su trabajo en Córdoba, el autor desarrolla una técnica a la que denomina imputación. La imputación implica la interpretación, en una forma creativa y literaria, de los productos de su investigación. Por ejemplo, cuando Fals relata la visita de una figura histórica a un lu-gar en particular, pinta un retrato verbal del lugar e incluye diálogos imaginarios, como si él hubiera estado presente en aquel distante acontecimiento:

Como la metodología que he adoptado exige tomar en cuenta no solo la seria y objetiva recopilación de datos sino la efi-cacia de la transmisión y comunicación del conocimiento y de la información así obte-nida hubo de imputársele a los personajes entrevistados hechos, datos y conceptos recogidos posteriormente o en otros esce-narios investigativos que redondeaban, cla-rificaban, corregían o completaban el pen-samiento originalmente registrado (1979, p. 27b).

En otras palabras, Fals usa su imaginación histórica para representar escenarios y para traducir narrativas campesinas en una prosa accesible y agradable, algunas veces combi-nando varios narradores en una sola voz, una técnica que dice que aprendió de novelistas latinoamericanos como Julio Cortázar, Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez y Eduar-do Galeano (y que simultáneamente estaba desarrollando su exalumno, Alfredo Molano).

Al principio sospeché que la imputación era simplemente una estrategia literaria que Fals empleó para hacer su narrativa histórica más accesible a los lectores. Sin embargo, más tarde descubrí que él promovía la imputa-ción como una técnica para ser empleada en campo, en colaboración con activistas locales (1985, p. 92). El significado de esta técnica se hace fácilmente evidente en los paneles de las historias gráficas producidas por La Ros-

ca en Córdoba. La imputación era una técni-ca que situaba la interpretación histórica en su contexto oral comunitario, una forma de simular la oralidad en la escritura. Esto se conseguía a través de la pintura de rostros familiares en las historias gráficas, muchas veces representadas tanto en actores históri-cos, como en narradores ancianos. También se logró a través de la representación de es-cenas de la acción política y de la represión por parte de la policía y de los dueños de las haciendas, complementadas con diálogos. Este proceso imaginativo era participativo, como lo describe Víctor Negrete:

Cuando [Chalarka, el artista] se estaba en los lugares, empezaba a dibujar y allí estaba rodeado por los campesinos y tenía algu-nos de modelos —la cara, la fisionomía, los vestidos— y en seguida empezaban la bro-ma: “Mira, pinta la nariz así, la boca así de este fulano”. Y dijeron, “¿por qué no pones el periquito que está allá, esta cosa que está allá?” Ellos contribuían como a darles cuer-po a estas cosas y después a la expresión. ¿Qué vamos a hacer ... cuando la policía llegó y mataron a la gente? ¿Cómo se daba expresión a esa cosa? ¿Cómo se generaba eso cuando llegaron al tipo que mató a la policía? … Procurábamos que participara mucha gente … identificando las personas, identificando el medio, identificando sus co-sas, el dirigente, lo que se decía, lo que se buscaba, los conocedores de un poquito de historia, la que estuviese ajustada a eso y a los antecedentes.

Esas escenas tuvieron que ser condensadas e imaginadas a partir de las densas narrati-vas que los investigadores de La Rosca gra-baban en las reuniones de la comunidad. Lo que era necesario, pues debían retomar momentos de la lucha campesina, como si fuera narrada por sus protagonistas, y des-tilarlos en imágenes que incorporasen la esencia de esas experiencias; Matilde Eljach me lo explicó como un proceso parecido a escribir el guión de una película. Esto es mucho más que la sistematización de datos:

para este tipo de narrativa, los participantes deben aprender a crear, deben imaginar a los personajes históricos como personas de carne y hueso, deben desarrollar imágenes llamativas que movilicen a la gente. En otras palabras, la IAP, como fue conceptualizada por Orlando Fals Borda, era mucho más que la recolección rigurosa de materiales de ar-chivo y orales. Era también mucho más que un proceso participativo en el que las organi-zaciones campesinas determinaban las agen-das investigativas y eran las receptoras pri-marias de los resultados de la investigación, que podían utilizar posteriormente como herramientas políticas. Un componente vital de este tipo de investigación promovida por Fals Borda es aquel que yo llamaría el “traba-jo de la imaginación”. Este era caracterizado por metodologías que comprometían tanto a investigadores externos como activistas internos en un proceso activo de la imagi-nación: concebir escenarios para la historia local, crear narrativas históricas a partir de

Referencias

Bonilla, V. D., Castillo, G., Fals Borda, O. y Libreros, A. (1972). Causa popular, ciencia popular:

una metodología del conocimiento científico a través de la acción. Bogotá: La Rosca de

Investigación y Acción Social.

Chalarka, U. (1985). Historia gráfica de la lucha por la tierra en la Costa Atlántica. Montería:

Fundación del Sinú.

Colección Orlando Fals Borda, Centro de Documentación Orlando Fals Borda, Banco de la República,

Montería (CDRBR/M). La Rosca operated in Córdoba with the collaboration of a local research

collective called the Fundación del Caribe. In this article, I will refer to the activities of both

organizations with the shorthand of “La Rosca.”

Colección Orlando Fals Borda. Norte del Cauca: Reflexiones sobre conocimiento y poder popular,

AHUNC/B, caja 49, carpeta 3, p. 109.

Real Academia Española (2001). Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (22 ed.).

Madrid: Espasa Calpe. Recuperado de: http://www.rae.es/

Fals Borda, O. (1985). Conocimiento y poder popular: lecciones con campesinos de Nicaragua, México

y Colombia. Bogotá: Siglo Veintiuno.

Fals Borda, O. (1979). Mompox y Loba. Historia doble de la Costa. Bogotá: Carlos Valencia Editores.

Lively, P. (1987). Moon Tiger. Harmondsworth: Penguin.

objetos guardados y situarse a sí mismos en la historia de la organización, construyendo efectivamente de este modo epistemologías alternativas a través de prácticas investigati-vas dialógicas.

El trabajo de la imaginación trasciende los materiales recolectados por los investiga-dores, rediseñándolos como herramientas sociales útiles, que inspiran a la gente para la acción. Todos los investigadores necesita-mos imaginar para crear una obra que tenga impacto en los lectores, pero los investigado-res indígenas, cuyo objetivo es movilizar una organización para la acción, deben desarro-llar sus propias clases de imaginarios, si su trabajo ha de tener efecto en el movimiento, particularmente en poblaciones que no leen a menudo y no siempre pueden entender lo que los académicos escriben (o incluso los informes producidos por las mismas organi-zaciones indígenas). Eso es lo que nos ense-ña, para nuestro trabajo hoy, la experiencia de Fals Borda.

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la tulpa de los mayores en el Foro de comunicacionesPaola Chávez*

El Foro Nacional e Internacional de Comunicación Indígena y Políticas Públicas fue realizado del 25 al 29 de noviembre de 2014, en la sede de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, en Popayán. Ahí se dieron cita comunicadores y representantes indígenas de 14 países de América. Además, estuvieron representantes del MINTIC, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la Guardia Indígena.

El evento permitió compartir conocimientos y experiencias de comunicaciones propias —también llamadas comunicaciones con iden-tidad—, provenientes de diferentes regiones del mundo. Se discutieron temas claves de la comunicación indígena, como la necesidad de consolidar estrategias para la descoloniza-ción de la palabra, fortalecer la comunicación indígena desde las cosmogonías propias, y vi-sibilizar el pensamiento de las comunidades indígenas a través de los distintos medios y tecnologías de información y comunicación. Pero en un evento indígena el conocimiento no está completo sino se trabaja la parte es-piritual, por eso el Foro comenzó con un ri-tual de armonización, orientado por médicos y guías espirituales, que pidieron perdón a la madre tierra por el daño causado.

Durante todo el Foro, paralelo a las ponen-cias, se instaló la tulpa de los mayores alre-dedor del fuego para que se armonizaran los saberes ancestrales con los nuevos conoci-mientos. Desde el primer día, muy temprano, los mayores prendieron el fuego, abrieron el rE

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* Comunicadora social, Universidad del Valle, investigadora de la Casa de Pensamiento.

camino y armonizaron el ambiente para que el Foro tuviera los mejores resultados. Pro-venientes de Putumayo, Amazonas, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Cauca y otras re-giones, los mayores llegaron para hacer este trabajo tan importante y agotador. Sentados alrededor del fuego, a veces contaban histo-rias o guardaban silencio mientras mambea-ban la sagrada hoja de coca y canalizaban las energías positivas y negativas; también calmaban la sed del fuego con bebidas tradi-cionales y lo alimentaban con plantas medi-cinales: “al fuego también le da sed”, afirmaba un mayor.

Algunos participantes pasaban de largo, otros se acercaban a pedir consejos o solicitar re-frescamientos, limpiezas y curaciones. Todo se veía y se sentía diferente desde el calor del fuego. El mundo espiritual es un misterio y muy pocos lo entienden. Los médicos tradi-cionales deben tener un don especial, son como canalizadores del conocimiento que se expresa en la naturaleza. Para entenderlo no alcanzan las palabras, ni toda una vida

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de experiencias, solo los que tienen el don pueden interpretar los conocimientos de la madre tierra.

Para explicarnos un poco, los mayores nos hablaron del valor de esta tulpa, cómo fun-ciona y por qué es tan importante mantener el fuego y armonizar el espacio.

Mayor Juan Bautista Mapallo, resguardo indígena de Coconuco, zona centro del Cauca

Sobre el fuego y la tulpa

Nuestros padres y nuestros ancestros, sin te-ner tantas tecnologías, sin saber de la ciudad, ni de los blancos, en la casa tenían las tres tulpas. Ahí colocaban la ollita para hacer las comidas y alrededor se sentaba la mamá, el papá y los hijos, y todos conversaban ahí y no había nada de interferencias. Las comunida-des indígenas teníamos esa práctica sagrada. También para hacer un trabajo, hacer una minga, se hacía lo mismo. Esto viene de nues-tros ancestros y el fuego sagrado se prende no con fósforos ni candelas, sino con piedras o sobando la chonta sobre guayacán amarillo.

Sobre la comunicación propia

Antes de que existieran los celulares o las cartas, la comunicación nuestra era con se-ñales. Las señales le dan a uno en el cuerpo, cuando se comunican los espíritus que ya no están en esta tierra, y fueron nuestros ances-

tros o la madre tierra y el cosmos de aquí y de arriba. Otros ejemplos de comunicaciones propias se dan en las comunidades cuando se hacen reuniones. Dependiendo del tema, asimismo es el humo, blanco o azul. O, por ejemplo, antes se usaba un cacho de ganado para comunicarles a las comunidades que se tenían que reunir con las autoridades y así hay muchas otras.

Sobre recuperar o no perder la comunicación propia

Bueno, en algunos casos va a ser difícil por-que ya estamos acostumbrados a los celulares y tecnologías y eso acaba con esa ideología que la madre naturaleza nos había entregado y nos había enseñado, pero ojalá los jóvenes se apropien de lo nuestro. Las plantas son las que dan muchas señales y el cuerpo de uno, cuando uno le pregunta, también le da señales y esas señales le dicen a uno cómo se encuentra la persona.

Mayor José Basto, Asociación de Cabildos Nasa del Putumayo, resguardo de Santa Rosa de Juanambú

Sobre el fuego y la tulpa

En el fuego exigimos a la multitud mucho res-peto, porque ahí es donde se comunicaba la familia. Antes se llamaba al niño, a la niña y se sentaban todos al ruedo del fuego y si había que aplicar remedio se aplicaba, pero ahí mis-mo en el fuego. Aún hoy, los mayores, cuando un hijo o una hija comete un error, madrugan al mambeo, a cocinar y llaman a los jóvenes a sentarse y a hablar. Y si hay que castigarlo, se castiga, se corrige ahí en ese momento.

Sobre la medicina tradicional

La parte espiritual es un misterio y en la vida uno todo aprende. Así como ustedes estu-diaron para aprender, así mismo nosotros aprendemos. La espiritualidad tiene algo que de pronto pocos entendemos, esto no es para todos, y si uno profundiza con la espirituali-

dad se comunica con el ser y el espíritu más poderoso que nosotros. Es un ser viviente, que algunos pueden ver y nos corrige y así nosotros corregimos nuestros hijos. Por eso cuando nuestros niños y niñas nacen, el om-bligo toca sembrarlo al pie de la tulpa con remedios, para que estos niños no se pier-dan en el tiempo que vivan. Estos niños salen como fruto de la madre tierra y vuelven a su vientre y así, los que entienden lo espiritual, siguen con lo espiritual. Algunos irrespetan la ley de origen y el derecho mayor, esos son los indios o las indias que están perdidos. Enton-ces, para que estos indios no estén perdidos, hay que trabajarlos desde pequeños. Si el niño o la niña sale con un don, puede con-vertirse en sobandera o partera, pulsadora o pulsador... Nosotros, como mayores, decimos que tenemos que rescatar nuestra cultura, para seguir perviviendo, enseñándole a los jóvenes las enseñanzas de nuestros abuelos... Por eso el mayor es el consejero espiritual del pueblo, de la comunidad.


Nosotros [los mayores] decimos la cámara, la grabadora sirven mucho pero para visibilizar, porque para la espiritualidad estas cosas no sirven. Porque los que entendemos la espi-ritualidad, sabemos que el espacio se enoja. ¿Por qué el ventarrón? ¿Por qué llueve? ¿Por qué truena? Solamente nosotros entende-mos esa parte. Si por ejemplo no se hace una tulpa de mayores en un evento indígena, es porque los indígenas ya se están perdiendo, porque el conocimiento ancestral se está aca-bando y ya no habría quién hable por el pue-blo que queda, ya no habría quién enseñe lo propio, no habría quién explique: esta tulpa sirve para esto; no habría quién explique por qué está tronando, por qué hay ventarrones, por qué ventarrón con lluvia, por qué el arco, y entonces se perdería la comunicación an-cestral... por eso [en la tulpa las personas y jóvenes] pasan, piden remedio, se sientan a escuchar lo que estamos hablando... mam-

bean la sagrada hoja de coca, y así el pueblo va entendiendo cómo es que hay que respe-tar la madre naturaleza.

Sobre la guardia indígena

La guardia indígena salió del pensamiento de los mayores, de los abuelos que de pron-to ya no existen, o que ya la madre tierra se los volvió a llevar a su vientre. La guardia no sale por salir, es un trabajo de muchos años para llegar a formar un equipo de guardia de indígenas, ahí donde cabe el anciano, la an-ciana, el joven, la señorita, el niño, ahí donde se enseña a formar primero la práctica de la medicina espiritual. Tener un bastón de guardia y de autoridad, no es por echarse el lujo de que todo el mundo lo mire... se tiene que saber por qué se carga el bastón y cómo tiene que cargarlo y para qué. Ahí es donde juega el papel la Ley de Origen y el Derecho Mayor, porque el guardia tiene que explicar a la juventud. Cada guardia tiene que saber los mandatos de los espíritus mayores.

Mayora Yolanda Hormiga Palechor, comunidad Yanacona, zona sur del departamento del Cauca

Sobre la espiritualidad y el evento

Nosotros estamos ahí sentados [en la tulpa] para equilibrar la fuerza positiva del evento que se está realizando. La pacha mama nos estaba dando agüita y tocaba decirle que nos

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deje hacer nuestra actividad bien, que la gen-te no se nos enferme y que las propuestas salgan bien. Si no hay espiritualidad no ha-bría vida, perderíamos el territorio... y todos necesitamos de nuestra pacha mama que es la que nos parió, nos da de comer y nos con-sumirá, a lo que nos llegue la hora...

El trabajo ha sido duro porque hay mucha fuerza negativa por la sangre que se ha derra-mado en el territorio y la falta de semillas na-tivas. Pero la pacha mama también llora, así como lloramos las mujeres cuando tenemos dificultades hogareñas o en la comunidad, pero asimismo nos da la fuerza para seguir adelante... Como mujer hay que tener mucha resistencia, porque a veces los hombres creen que uno tiene más debilidad, pero si uno se conecta con la madre tierra, ella es la que le da la fuerza a uno.


La base fundamental de la comunicación pro-pia son las experiencias de los mayores mile-narios, que nos han dejado nuestros saberes sobre los usos y costumbres, para respetar el ambiente, la naturaleza, la comunidad y equi-librar el territorio... Pero también necesitamos que toda esta información y documentos que se producen en estos eventos lleguen a las comunidades, porque mucha gente no puede venir, necesitan la información y es urgente para ampliar la comunicación propia, sino estos eventos no llegan a las comunidades.

Sobre la guardia indígena

En el ambiente encontramos debilidades y fortalezas. De las fortalezas yo encuentro dos: la medicina propia y la guardia indígena. El trabajo de la guardia en mi resguardo por lo general ha sido fortalecido por las mujeres, porque nosotras siempre dijimos: vamos a defender nuestros territorios y vamos a mirar de qué manera no meternos con los extraños que llegan, sino protegernos entre nosotros y evitar choques, porque todos somos seres humanos, todos somos de carne y hueso.

Mi trabajo es en la guardia indígena y es es-piritual, con esta vara que tengo aquí en mis manos es que, desde el entorno, desde dónde yo esté, estoy armonizando. A veces me toca sola o con otro compañero o compañera de medicina espiritual, me conecto con la madre naturaleza y la guardia indígena, sobre todo cuando hay dificultades, porque a veces a la guardia no se la reconoce y no se la respe-ta como debe ser. La guardia indígena nos presta un servicio comunitario y social desde nuestros abuelos, que fueron guardianes an-cestrales. Ahora ya cogimos las chontas con más fuerza para sacarlas a la luz y seguimos como una base fundamental, pero necesita-mos el respeto y la ayuda espiritual de más mayores para que ayuden a la guardia, y que en cada salida siquiera tengan a uno o dos mayores para darles esa fuerza y esa fortale-za para ellos seguir adelante. Nosotros, como mayores, orientamos [a los guardias] para la conexión espiritual a los que tienen voluntad, pues cada uno es consciente de lo que hace. No es obligatorio.

Recomendaciones

La recomendación que dejo es que mayores y mayoras acompañen a la guardia, porque la guardia es la base de los pueblos. Que se den cuenta de las cosas que necesita la guardia para ir armonizando el territorio, para que haya convivencia y paz, porque no queremos que haya guerra, sino paz...

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