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UNES: 26 años de Lucha

Ambientalista

por una Sociedad Justa y Sustentable

En esta edición:

-Lucha y unidad popular por la soberania alimentaria en El Salvador. por la Mesa por la

Soberanía Alimentaria.

-Comunicado del III Congreso de Mujeres Rurales.

-Transnacional multimillonaria que ha comprado a la empresa Pacific Rim, estaría a la

búsqueda acuerdos con partidos políticos para permitir pronto la minería en el país. por la

Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica

-Declaración del Petén: V Encuentro de la REDLAR.

-Comida industrial: enfermando a la gente y el planeta. por Silvia Ribeiro. La Jornada.

ecobreves

-El Salvador tiene enfoque "retrasado" en prevención de fenómenos naturales: UNES.

-La insuficiencia renal crónica se ensaña con los campesinos centroamericanos. Por Oscar

Batres. El Faro.

-El Salvador se enfrenta a “mafias internacionales” en litigios legales “perversos”. Elder

Gómez. Diario Co Latino.

Segunda quincena de octubre 2013.

LUCHA Y UNIDAD POPULAR POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA EN EL SALVADOR

Mesa por la Soberanía Alimentaria. En el Día Mundial de la Alimentación, diversas organizaciones comunitarias, campesinas y cooperativas agropecuarias, organizaciones ambientalistas, organizaciones de mujeres rurales, movimiento de agro-ecología, redes de economía solidaria, entidades de investigación y organizaciones no gubernamentales estrechamente vinculadas a la pequeña producción campesina, nos unimos para luchar por la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de nuestro pueblo a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y el derecho a decidir nuestro propio sistema alimentario y productivo. Al mismo tiempo reiteramos que la alimentación adecuada es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos

Humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales.

Sin embargo, El Salvador aún no reconoce constitucionalmente este derecho, a pesar que muchas familias que viven en condiciones de pobreza en el campo y la ciudad, no consumen los alimentos necesarios para tener una vida sana y activa, situación de inseguridad alimentaria que es una consecuencia de las políticas neoliberales. La dolarización y la firma de Tratados de Libre Comercio abrieron totalmente al país al comercio

agrícola internacional, eliminando todo tipo de protección a la producción nacional, razón por la cual más de la mitad de las personas que trabajan en la agricultura viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. En esta realidad las mujeres son las más desfavorecidas, a pesar de sus grandes aportes en la producción de alimentos, ya que son las mujeres del campo las que garantizan el sustento de las familias. Otro problema que tiene relación con la inseguridad alimentaria es la injusta distribución de la tierra, injusticia que es más grave en el caso de las mujeres, a pesar de la Reforma Agraria, el Programa de transferencias de tierra y entrega de títulos de propiedad por el actual gobierno. El acceso a la tierra con equidad e igualdad de condiciones para mujeres y hombres, y la garantía de hacer uso sostenible de ella es un problema no resuelto en el país. El incremento del monocultivo de la caña de azúcar con sus perjudiciales métodos de producción, el interés de empresas transnacionales por llevar a cabo megaproyectos de explotación minera en la zona norte del país, así como la amenaza de proyectos turísticos en la zona costera y la permanente destrucción de los recursos naturales, principalmente el suelo, la biodiversidad y el agua, dañan severamente la agricultura campesina y la producción de alimentos. También el uso indiscriminado de agroquímicos tóxicos provoca inseguridad alimentaria y contaminación ambiental, matando a la población campesina con enfermedades como la insuficiencia renal crónica. Muchos de estos productos son prohibidos en sus mismos países de origen, sin embargo, en El Salvador aún se comercializan mientras se debate su prohibición. Por todas estas razones exigimos que se cumpla nuestro derecho a la alimentación sana, nutritiva, suficiente, culturalmente aceptable y con equidad de género, por

tanto demandamos de la Asamblea Legislativa, de forma inmediata: 1- Aprobar la Ley de Soberanía Alimentaria que fortalezca la producción nacional campesina y familiar de alimentos con equidad de género, que garantice el derecho a la tierra y al agua para las y los campesinos, la asociatividad en la producción y distribución de los beneficios, garantizando el derecho de todas las personas a una alimentación adecuada, promoviendo la agroecología, la economía solidaria y los mercados campesinos. 2- Ratificar la reforma al artículo 69 de la Constitución reconociendo el Derecho Humano al Agua y la Alimentación. 3- Aprobar la Ley General de Aguas, con participación y gestión comunitaria. 4- Aprobar la Ley de Promoción y Fomento de la Producción Agropecuaria Orgánica, presentada el 24 de septiembre de 2013. 5- Prohibir la exploración y explotación de minería metálica aprobando la Ley presentada el 1 de octubre de 2013. 6- Prohibir el uso de riego aéreo de agroquímicos, la quema fundamentalmente en los cultivos de caña de azúcar y frenar la expansión de este monocultivo. 7- Superar las observaciones del Presidente Funes, a la reforma aprobada por la Asamblea el pasado 5 de septiembre, referida a la prohibición de 53 Agrotóxicos.

¡¡ EXIGIMOS LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SOBERANIA ALIMENTARIA!!

¡¡MUJERES Y HOMBRES DEMANDAMOS LA GARANTIA DE UNA ALIMENTACION

SUSTENTABLE Y LIBRE DE TOXICOS!!

COMUNICADO DEL III CONGRESO DE MUJERES RURALES

La Alianza para la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales (ADDMR), espacio de concertación de organizaciones e instituciones que promueven y defienden los derechos de este amplio sector de mujeres, celebra este día su TERCER CONGRESO NACIONAL, en el marco de celebrar el Día de las Mujeres Rurales en El Salvador. Bajo el lema, “Exigimos RESPUESTAS a nuestras DEMANDAS”, este Tercer Congreso tiene como propósito hacer visibles los logros y obstáculos en la ejecución de nuestra Agenda Política, avanzar en el fortalecimiento del liderazgo y empoderamiento del movimiento de mujeres rurales, fortalecer su organización, articulación y movilización a nivel nacional, ampliando nuestras alianzas con otros sectores sociales, y cualificar la incidencia frente al Estado nacional y local para que nuestras legítimas demandas sean escuchadas y atendidas por todas las instancias estatales, responsables del cumplimiento de nuestros derechos como mujeres rurales. Tomando en cuenta los compromisos asumidos por diferentes funcionarios del gobierno, durante el Segundo Congreso de Mujeres Rurales, celebrado hace un año, específicamente el compromiso de que se instalaría una MESA DE DIALOGO entre la Secretaría Técnica de la Presidencia y las mujeres rurales organizadas, este día esperamos que las y los funcionarios presentes, ratifiquen y amplíen dichos compromisos a partir de nuestras anteriores y nuevas demandas: acceso a tierras aptas para la agricultura, acceso a créditos y asistencia técnica para las productoras agropecuarias, acceso a mercados, viviendas dignas con servicios básicos y servicios de salud pública especializada, empleos dignos, educación, seguridad ciudadana y promoción de la soberanía alimentaria. SE REQUIERE QUE NUESTRAS DEMANDAS SE CONVIERTAN EN POLITICAS PUBLICAS CON ENFOQUE DE

GENERO, que visibilicen el aporte que hacemos las mujeres rurales a la economía y al desarrollo nacional y favorezcan nuestro bienestar y calidad de vida.

Al reconocer algunos avances logrados en el último año, estamos conscientes de que aún no son suficientes para reducir la brecha de desigualdad que históricamente desfavorece a las mujeres rurales. Para ello se necesitan políticas, programas y presupuestos enfocados a dar respuesta a la agenda política de las mujeres rurales. Llamamos a la opinión pública, en general, a las instituciones internacionales presentes en nuestro país, y al movimiento amplio de mujeres, a solidarizarse con nuestra lucha, reconociendo que somos uno de los sectores más excluidos y discriminados de la sociedad, por ser pobres y por vivir en el campo, y que este reconocimiento se traduzca en la generación de oportunidades y recursos que nos permitan alcanzar mejores niveles de vida para nosotras, nuestras familias y nuestras comunidades. Nuestra contribución en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural nos da el derecho de participar en la definición de los programas y proyectos que se ejecutan desde las instancias gubernamentales, por eso es imprescindible que se instale sin más demora la MESA DE DIALOGO con nuestras organizaciones. En este Tercer Congreso, las mujeres rurales exigimos respuestas a los

compromisos asumidos el año pasado por parte de las instancias públicas. Las demandas siguen vigentes y es importante consolidar los mecanismos de diálogo, las políticas públicas y las acciones concretas dirigidas al cumplimiento de los derechos de este sector. Saludamos en este día a todas las mujeres rurales e indígenas de El Salvador y les

llamamos a unificar esfuerzos para construir un AMPLIO MOVIMIENTO DE MUJERES RURALES con presencia en todos los departamentos del país y con la fuerza necesaria para ser escuchadas y atendidas en todas nuestras demandas. San Salvador, 15 de octubre del 2013.

TRANSNACIONAL MULTIMILLONARIA QUE HA COMPRADO A LA EMPRESA PACIFIC

RIM, ESTARÍA A LA BÚSQUEDA ACUERDOS CON PARTIDOS POLÍTICOS PARA

PERMITIR PRONTO LA MINERÍA EN EL PAÍS

Mesa Nacional frente a la Minería Metálica El pasado ocho de octubre, la transnacional Oceana Gold anunció la adquisición de las acciones y propiedades en El Salvador de la empresa minera Pacific Rim. Por un total de US $ 10.2 millones, la empresa ha anunciado en un comunicado su intención de buscar una salida “negociada” al “impasse” que ha representado el no otorgamiento de los permisos de explotación de la mina El Dorado en Cabañas, al norte de El Salvador. Este anuncio representa un atentado directo contra la soberanía y el legítimo derecho de la población salvadoreña de rechazar una industria que amenaza su vida. En El Salvador, dada la comprobada relación entre partidos políticos, empresarios nacionales y compañías mineras, no es extraño sospechar -y debe investigarse- sobre los negocios oscuros que podrían estarse fraguando en plena campaña electoral para asegurar las condiciones que permitir la minería metálica. Los diputados de la Asamblea Legislativa, al mantener secuestrada la discusión de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador, son especialmente propensos a recibir presiones para activar la explotación de proyectos mineros que atentan contra todas las posibilidades de vida en este país.

Las empresas mineras en cuestión, también tienen comprobada su perversa manera de operar. Ahí donde han instalado sus proyectos, en Filipinas, Nueva Zelanda y El Salvador han sido fuertemente señaladas por violaciones de derechos humanos y por daños en los ecosistemas. Incluso, Pacific Rim y ahora Oceana Gold, mantienen en firme su interés de continuar con la extorsión por US $ 315 millones ante el CIADI. Son los victimarios que buscan seguir dañando a la víctima.

Por lo antes expresado, A la Asamblea Legislativa, reiteramos la urgente necesidad de que en El Salvador se amplíe y profundice de inmediato el debate en torno a la prohibición definitiva de la minería metálica. Nuestra reciente presentación de la nueva propuesta de Ley Especial de Prohibición de la Minería Metálica se vuelve aún más oportuna y constituye la oportunidad ineludible para evitar el peor desastre socio-ambiental para nuestro país.

A la empresa minera Oceana Gold, pero principalmente a la población salvadoreña, a la opinión pública nacional e internacional, reafirmamos nuestra más sólida convicción de que continuaremos

en la legítima defensa de nuestro territorio y no descansaremos hasta lograr la prohibición definitiva de la exploración y explotación minera en El Salvador.

DECLARACIÓN DEL PETÉN: V ENCUENTRO DE LA REDLAR

REDLAR, Retalteco, 12 de octubre de 2013 "Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra." Entre el 7 y 12 de octubre de 2013 se realizó en Guatemala, en la comunidad Retalteco, municipio de las Cruces, El Petén, el V Encuentro de la REDLAR con la participación de 537 delegados y delegadas de comunidades afectadas por represas de 14 países latinoamericanos. Inicialmente las delegaciones internacionales realizaron visitas a comunidades amenazadas por la construcción de represas en Huehuetenango, Ixcán, Purulhá y Petén. Durante el evento se compartieron informaciones, se analizaron las políticas e intereses que están detrás de la construcción de represas y discutieron estrategias de acción conjunta. La realidad demuestra que en todos los países se vive un política extremadamente agresiva que promueve la explotación de los bienes naturales y profundiza el modelo extractivista que antepone los intereses de los poderes económicos y políticos al bienestar de la mayoría de la población, lo que requiere de cada vez de más energía y minerales, para satisfacer las necesidades del mercado. En su ambición éste sistema alienta un consumo depredador, que pone en riesgo la vida de

todos los seres vivos, atentando contra la subsistencia de las comunidades más pobres y vulnerables, afectando particularmente a mujeres y niños. Las empresas y gobiernos no dudan en utilizar engaños y violencia con tal de apropiarse de nuestros bienes comunes. En la actualidad estamos viviendo un nuevo despojo hacia los pueblos originarios. La alianza entre gobiernos y las corporaciones propicia la falta de información y consulta a las comunidades, el despojo y desplazamiento a los pueblos originarios y tradicionales, el incumplimiento a la de reparación del daño por represas construidas, la adecuación de las legislaciones nacionales a la medida de los intereses de las grandes empresas, la parcialidad de los sistemas de justicia, la militarización de las regiones y comunidades que defiende su territorio y la persecución judicial, secuestros, torturas y asesinados de defensoras/es de derechos, son el común denominador en nuestros países latinoamericanos. Nuevamente se constatan los graves daños sociales y ambientales generados por las represas, que afectan negativamente la tierra, alimentación, vivienda, salud y otros derechos humanos de millones de personas y de la naturaleza. Esta alianza promueve proyectos mineros y petroleros que se apropian, extraen contaminan y mercantilizan el agua. La promesa del desarrollo no es más que el espejismo con el que engañan a las comunidades. Las represas hacen parte de un discurso que propone falsas soluciones. No son energía limpia, son destructivas y

contaminantes, causan efectos ambientales y sociales irreversibles, alteran el curso de los ríos, provocan desplazamientos masivos, acaparamiento de tierras, destrucción de la biodiversidad y divisiones comunitarias. El aumento de los conflictos sociales es provocado por la imposición a las comunidades de los planes gubernamentales, sin contar con su consentimiento libre, previo e informado. La REDLAR promueve los derechos de las personas, la defensa de la naturaleza y la justicia social. Después de seis días de compartir saberes y experiencias: Reafirmamos el compromiso de continuar con la defensa de los ríos y la vida, y resistir a la imposición de los megaproyectos. Proponemos transformar el modelo energético actual por uno que reconozca y respete los saberes ancestrales; priorice las necesidades de los pueblos ante los intereses del mercado global; donde la energía no se conciba como una mercancía, sino como un derecho fundamental de los pueblos, dentro de una lógica de consumo responsable y formas de generación respetuosas de los derechos de la Madre Tierra. Exigimos a los Estados latinoamericanos la indemnización, reparación y compensación integral del daño a las comunidades desplazadas por represas Demandamos el respeto a los derechos de las comunidades donde se pretende

construir nuevas represas, en base a los parámetros definidos por convenios internaciones de protección a los derechos humanos e indígenas, respetando su derecho a decir NO, respetando los resultados de las consultas comunitarias, plebiscitos y otros mecanismos de toma de decisiones. Condenamos los asesinatos, secuestros, torturas, represión, criminalización y judicialización a las comunidades y defensores/as de derechos. Manifestamos nuestra especial solidaridad con los hermanos hondureños de COPINH, de Santa Cruz Barillas y Cobán, que están siendo criminalizados por su lucha. Convocamos a nuestras hermanas y hermanos en toda América Latina: A mantener con firmeza nuestra resistencia y lucha por la defensa de la sagrada vida, por la Madre Tierra, los ríos y el agua. A fortalecer las redes y movimientos locales, nacionales y regionales contra las represas y en defensa del territorio. A promover alianzas estratégicas con otros movimientos del campo y la ciudad que luchan por sociedades con justicia y dignidad.

AGUA, TIERRA Y ENERGÍA, NO SON MERCANCÍA

RÍOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE RÍOS LIBRES, PUEBLOS LIBRES

EL AGUA NO SE VENDE, SE AMA Y SE DEFIENDE.

COMIDA INDUSTRIAL: ENFERMANDO A LA GENTE Y EL PLANETA

Silvia Ribeiro. La Jornada Las cinco enfermedades más comunes en México están ligadas a la producción y consumo de alimentos provenientes de la cadena agroalimentaria industrial: diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Algunas

totalmente, otras parcialmente, ninguna está desligada. Esto se traduce en mala calidad de vida y tragedias personales, pero además en altos gastos de atención médica y del presupuesto de salud pública, un enorme subsidio oculto para

las transnacionales que dominan la cadena agroindustrial, desde las semillas al procesado de alimentos y venta en supermercados. Más razones para cuestionar ese modelo de producción y consumo de alimentos. En artículos anteriores referí cómo el sistema alimentario agroindustrial solamente alimenta a 30 por ciento de la población mundial, pero sus graves impactos en salud, cambio climático, uso de energía, combustibles fósiles, agua y contaminación son globales. En contraste, la diversidad de sistemas alimentarios campesinos y de pequeña escala son los que alimentan a 70 por ciento de la población mundial: 60-70 por ciento de esa cifra lo aportan parcelas agrícolas pequeñas, las huertas urbanas el 15-20 por ciento, la pesca 5-10 por ciento y la caza y recolección silvestre 10-15 por ciento. (Ver ¿Quién nos alimentará? La Jornada, 21/9/13 y www.etcgroup.org). Agrego ahora datos complementarios, de la misma fuente. En términos de producción por hectárea, un cultivo híbrido produce más que una variedad campesina, pero para ello requiere la siembra en monocultivo, en extensos terrenos planos e irrigados, con gran cantidad de fertilizantes y alto uso de agrotóxicos (plaguicidas, herbicidas, funguicidas). Todo ello disminuye la cantidad de nutrientes que contienen por kilogramo. Los cultivos campesinos, por el desplazamiento histórico que han sufrido, ocurren mayoritariamente en terrenos desiguales, en laderas y tierras pedregosas, sin riego. Si comparamos aisladamente la producción de un cultivo campesino con el mismo híbrido industrial, la producción por hectárea es menor. Sin embargo, los campesinos siembran, por necesidad y conocimiento, una diversidad de cultivos simultáneamente, varios del mismo cultivo con diferentes características, para diferentes usos y para soportar distintas condiciones, además de cultivos diferentes que se apoyan entre sí (se aportan fertilidad, protegen de insectos) y

como usan poco o nada de agrotóxicos, crecen a su alrededor una variedad de hierbas comestibles y medicinales. Siempre que pueden, los campesinos combinan también con algún animal doméstico o peces. Todo sumado, el volumen de producción por hectárea de las parcelas campesinas es mayor que el de los monocultivos industriales, además de que resisten mucho mejor los cambios del clima y su calidad y valor nutritivo es mucho mayor. De lo cosechado en la agricultura industrial, más de la mitad va para forrajes de ganado en cría a gran escala y confinada (cerdos, pollos, vacas). Virtualmente toda la soya y maíz transgénico que se produce en el mundo –y también la que quieren plantar en México– no se destina a alimentación humana sino a forrajes para cría animal industrial, dominada también por trasnacionales y cuyo sobreconsumo es otro factor causante de las enfermedades principales. De los fertilizantes sintéticos usados en la agricultura industrial, la mayoría es justamente para producir forrajes, y la mitad que se aplica no llega a las plantas por problemas técnicos. A su vez, el escurrimiento de fertilizantes es factor fundamental de contaminación de aguas y de gases de efecto invernadero. Adicionalmente, en la cadena industrial se desperdicia de 33 a 40 por ciento de los alimentos durante la producción, transporte, procesamiento y en hogares. Otro 25 por ciento se pierde en sobreconsumo, produciendo obesidad, entre otras cosas por la adicción que provoca la cantidad de sal, azúcar y químicos agregados. En Norteamérica y Europa el desperdicio de alimentos per cápita es de 95 a 115 kilogramos por año, mientras que en África subsahariana y sudeste de Asia (con mayoría de agricultura campesina), es de 6 a 11 kilogramos per cápita, 10 veces menor.

Ante el desperdicio y la gravedad de los problemas de salud y ambientales que provoca la cadena industrial de alimentos, urge replantearse políticas que la desalienten y estimulen en su lugar la producción diversificada, sin químicos, con semillas propias y en pequeña escala, que además es la base de trabajo y sustento de más de 80 por ciento de los agricultores del país. En el extremo opuesto está la producción industrial con transgénicos, que exacerba todos los problemas mencionados, y además, al estar en manos de cinco trasnacionales es una entrega de soberanía nacional. La siembra de soya transgénica ya está amenazando de muerte a los apicultores, tercer rubro de exportación nacional, que provee sustento a más de 40 mil familias campesinas. Las solicitudes de siembra comercial de maíz transgénico en millones de hectáreas, amenazan eliminar otros miles de familias campesinas y contaminar el patrimonio genético más importante del país.

Por si estos datos no fueran suficientes, los eventos climáticos extremos que ha sufrido el país –con daños exacerbados por políticas que aumentan la vulnerabilidad–, están directamente vinculados a ese sistema alimentario agroindustrial, que es una de las causas principales del cambio climático.

ECOBREVES

EL SALVADOR TIENE ENFOQUE "RETRASADO" EN PREVENCIÓN DE FENÓMENOS

NATURALES: UNES

El Estado salvadoreño mantiene un enfoque "retrasado" que no privilegia la prevención en la atención de la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, aseguró este jueves un estudio presentado por la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). "Se llega a la conclusión que no ha habido un avance de calidad ni cantidad en atender los desastres de una manera eficiente, sino que seguimos con enfoques retrasados", afirmaron en conferencia de prensa Luis Alonso González y Gregorio Ramírez, los autores de la investigación. El informe titulado "De la atención de desastres a la gestión del riesgo. Aproximaciones desde El Salvador a 15 años post (huracán) Mitch", hace un

análisis de cómo ha evolucionado la atención de los fenómenos naturales, justo cuando este 10 de octubre se cumplen 27 años del terremoto que en 1986 destruyó la capital salvadoreña con un saldo de 1.400 muertos y millonarias pérdidas. Para González, fue el mortífero huracán Mitch en octubre de 1998, el que alentó a las organizaciones sociales y ambientales a demandar a los Estados que asuman políticas desde "diferentes dimensiones" para enfrentar los desastres naturales. En ese sentido, el estudio recomienda que El Salvador debe pasar de un enfoque de atender los desastres "sacando los muertos" a un sistema "más adecuado que tenga que ver con la prevención".

La UNES señala que uno de los principales problemas que enfrenta el país es la degradación ambiental, que inició desde la época de la colonia española. En la actualidad, un factor generador de vulnerabilidad fue convertir tierras agrícolas en zonas residenciales y el desplazamiento de la población de zonas agrícolas a orillas de carreteras o terrenos "marginales" próximos a quebradas. Los ecologistas, reconocen que desde 2009 la Dirección General de Protección Civil ha realizado esfuerzos para emitir "alerta temprana" para salvar vidas ante

fenómenos hidrometeorológicos, pero hace falta "atender la vulnerabilidad".

Según un estudio de un organismo especializado de la ONU, en El Salvador un 87% de su escaso territorio de 20.742 km2 y 6,1 millones de habitantes es vulnerable.

LA INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA SE ENSAÑA CON LOS CAMPESINOS

CENTROAMERICANOS

Oscar Batres. El Faro La insuficiencia renal crónica ha dejado en Centroamérica al menos 15,000 muertos en la última década. Según la OPS, hay 3,100 personas en tratamiento en El Salvador, más de 3,000 en Guatemala, 1,500 en Honduras, 1,800 en Panamá, 1,000 en Nicaragua... La enfermedad parece estar asociada con las pésimas condiciones de trabajo en el área rural y la insuficiente hidratación. San Luis Talpa, EL SALVADOR. Tomasa Lovo, una campesina salvadoreña cuya piel curtió el sol en los cultivos de maíz y algodón, llora impotente: ella y sus cinco hijos luchan contra una enfermedad renal crónica, que en Centroamérica ha dejado al menos 15.000 muertos en la última década. La mujer, de 66 años, acude una vez por semana a una clínica en el municipio de San Luis Talpa, en el departamento de La Paz, para tratarse la enfermedad, que está en fase inicial. “Lloro cada vez que veo que mis hijos y yo estamos enfermos”, dice Lovo, mientras espera turno para una evaluación médica en la clínica habilitada por el alcalde, Salvador Meléndez, ante la gran cantidad de enfermos renales. Allí se atiende gratuitamente a un promedio diario de 10 enfermos en fase inicial. Los que

requieren tratamientos más complejos, como diálisis o hemodiálisis, son llevados a hospitales públicos en San Salvador. Pero no es un mal exclusivo de este país. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hay 3,100 personas en tratamiento en El Salvador, más de 3,000 en Guatemala, 1,500 en Honduras, 1,800 en Panamá y unas 1,000 en Nicaragua. De Costa Rica no hay cifras precisas aunque también hay afectados. Autoridades de Salud de Centroamérica han advertido que la enfermedad, a la que la OPS se refiere como afección renal crónica, es un “serio problema” de salud pública, y llamaron a investigar para combatirla. La enfermedad parece estar asociada con “contaminantes ambientales y riesgos laborales”, como consecuencia de las pésimas condiciones de trabajo e insuficiente hidratación de los campesinos expuestos a elevadas temperaturas, alertó la OPS la semana pasada. Agroquímicos ¿los culpables? Bajo el sol calcinante en medio de un maizal, el salvadoreño Adolfo Chicas, de 63 años, comenta que la energía que tuvo

desde niño para las labores del campo hoy le falta como consecuencia de la insuficiencia renal que padece hace cinco años. “Por gracia de Dios sigo vivo. Ya me cuesta trabajar, con esta enfermedad se escapan las fuerzas y poco a poco siente uno que la vida se hace más corta. ¡Es jodido! (complicado)”, dice con voz débil. La enfermedad se asoma en su rostro pálido de mejillas hundidas y su cuerpo delgado de caminar lento. Chicas se somete a diálisis dos veces por semana en un hospital público de San Salvador. San Luis Talpa, con poco más de 20,000 habitantes, está cerca de la costa y es una de las zonas agrícolas de El Salvador más afectadas por el mal: el alcalde asegura que suman 62 muertes este año. La ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, afirmó que “muy probablemente” el uso de agroquímicos sería una causa de la enfermedad en ese lugar. De 2002 a 2012 murieron 6,079 salvadoreños por insuficiencia renal, una de las principales causas de muerte hospitalaria. El año pasado se contaron 783 fallecidos. La situación es igualmente grave en Nicaragua, donde la mayoría de enfermos renales son o fueron trabajadores de la industria azucarera en los departamentos de Chinandega, León y Managua. Entre 2000 y 2013, unos 15,000 trabajadores de la caña fueron diagnosticados con insuficiencia renal en Nicaragua, de los cuales unos 8,000 ya murieron, según el gremio. “La enfermedad fue provocada por la contaminación del agua a consecuencia de tanta cantidad de pesticidas”, asegura Carmen Ríos, líder de los ex-trabajadores de la caña afectados por el padecimiento y quien ha llorado las muertes, por esa causa, de su padre, su esposo y un hermano.

En Guatemala, entre 2004 y 2010, se registraron unos 800 fallecidos, 250 de ellos solo en 2010, según cifras oficiales. Costa Rica tampoco escapa al problema. El aumento de casos llevó a la oposición a pedir al Gobierno de Laura Chinchilla que declarara emergencia sanitaria en la provincia de Guanacaste, fronteriza con Nicaragua, donde, según la diputada Yolanda Acuña, los obreros de caña de azúcar son incluso despedidos por estar enfermos. Registros de la Caja Costarricense de Seguro Social revelan que, mientras el promedio nacional de enfermos renales es de 5 por cada 10,000 habitantes, en esa región asciende a 45 por cada 10,000, en tanto la mortalidad (masculina) es cinco veces mayor al resto del país. No obstante, no está claro aún por qué la enfermedad aparece con más prevalencia en zonas agrícolas. Los pocos estudios no son concluyentes, explica la nefróloga Carolina Cruz, del Hospital Nacional Rosales, el más importante de El Salvador: “No podemos afirmar que la insuficiencia renal es causada directamente por los agroquímicos, estarían relacionados; pero hay otras variables como la diabetes o la hipertensión arterial que se deben considerar”. Lovo y Chicas no tienen dudas. “Esos químicos nos han acabado la vida”, dice la campesina, mientras aprieta sus manos, ásperas de tanto trabajar la tierra, al referirse también a sus hijos Miguel, María, Manuel, Juan Antonio y Amadeo, con edades entre los 32 y 50 años. El mal avanza y los afectados reclaman acciones urgentes. En las afueras de San Luis Talpa hay una fábrica de agroquímicos cerrada desde 1994. Aún hoy una pestilencia emana de una veintena de barriles abandonados en el lugar.

EL SALVADOR SE ENFRENTA A “MAFIAS INTERNACIONALES” EN LITIGIOS LEGALES

“PERVERSOS”

Elder Gómez. Redacción Diario Co Latino El Salvador se enfrenta a “mafias internacionales” que buscan el control de los recursos naturales del país, por medio de litigios legales internacionales “perversos”, en los que esta nación ha gastado más de $3 millones, mientras prepara una contrademanda a una empresa italiana que mantiene el control del 51 por ciento de las acciones para la explotación del recurso geotérmico nacional, advirtió el Fiscal General, Luis Martínez. Entre tanto, representantes de la organización no oficial, Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador, advirtió que la compañía australiana Oceana Gold, que adquirió este mes por $ 10.2 millones las acciones de la empresa minera canadiense Pacific Rim, que busca la explotación minera en el norte del país, estaría negociando con representantes de partidos políticos locales la autorización de los proscritos permisos para el establecimiento de la compañía en El Salvador. Durante una disertación el lunes ante una comisión legislativa que estudia los presupuestos de las diferentes instancias del Estado, Martínez reveló a los diputados que los laudos internacionales que enfrenta El Salvador con las empresas Pacific Rim - ahora Oceana Gold -, y la italiana Enel Green Power, “estamos afrontando fuertes erogaciones”. “No es extraño sospechar -y debe investigarse- sobre los negocios oscuros (de la empresa Pacific Rim y) que podrían estarse fraguando en plena campaña electoral (con partidos políticos) para asegurar las condiciones que permitan la minería metálica” en El Salvador, advierte, por su parte, la organización contra la minería metálica en un comunicado. “Nos estamos enfrentando a mafias internacionales, ante litigios perversos”,

aseguró el Fiscal a los legisladores, tras anunciarles que el caso contra la empresa italiana Enel, que se ventila en Francia en un tribunal internacional, “ha entrado a la etapa probatoria”.

El Salvador ha gastado más de $3 millones de dólares en litigios internacionales con ambas empresas transnacionales, por la presunta violación de dudosos contratos suscritos con anteriores administraciones, uno de los cuales –el de ENEL - es investigado por la Fiscalía General y la Corte de Cuentas, en el que se habría producido un presunto enriquecimiento ilícito por parte de ex funcionarios salvadoreños. La Enel Green Power ha demandado a El Salvador en un tribunal internacional de Francia, porque rehusó ratificar el acuerdo comercial suscrito durante la administración del ex presidente Francisco Flores (1999-2004), y que ha permitido a la transnacional italiana la explotación casi total de uno de los principales recursos productores de energía eléctrica del país, el geotérmico. La Pacific Rim, u Oceana Gold, reclama a El Salvador $315 millones de dólares por haberle negado los permisos de explotación minera en el país, principalmente en la mina El Dorado, en el norteño departamento de Cabañas, donde más de algún activista contra la minería metálica ha sido asesinado o amenazado en los últimos años, según la organización no gubernamental.

“Las empresas mineras en cuestión, también tienen comprobada su perversa manera de operar”, recordó la organización no gubernamental. “Ahí donde han instalado sus proyectos, en Filipinas, Nueva Zelanda y El Salvador, han sido fuertemente señaladas por violaciones de derechos humanos y por daños en los ecosistemas”, subrayó. Martínez ha pedido al congreso la aprobación de un presupuesto para el año fiscal 2014 por más de $45 millones, y $4 millones adicionales para dirimir los laudos internacionales contra ambas empresas multinacionales, y anunció que viajará en los próximos días a Nueva York para reunirse con fiscales estadounidenses y preparar la contrademanda a la empresa Enel Green Power. La Mesa Frente a la Minería Metálica en El Salvador advierte en el comunicado que los partidos políticos salvadoreños, “son especialmente propensos a recibir presiones para activar la explotación de proyectos mineros que atentan contra todas las posibilidades de vida en este país”. “En El Salvador – se agrega en el boletín -, dada la comprobada relación entre partidos políticos, empresarios nacionales y compañías mineras, no es extraño sospechar”. La Asamblea Legislativa mantiene estancada la aprobación del proyecto de “Ley de Prohibición de la Minería Metálica en El Salvador”.

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