Seguridad Ciudadana:

28 Propuestas para la Paz Social y garantizar justicia

oportuna a las víctimas de la delincuencia

Coordinador: Alberto Espina, Senador Secretarios Ejecutivos: José Francisco García (LyD)

y Máximo Pavéz (FJG)

I. Diagnóstico del sector Sin duda una de las principales metas del próximo Gobierno será disminuir la delincuencia. Si bien los datos objetivos indican que en estos años del Gobierno del Presidente Piñera, de acuerdo a la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), la victimización bajó de un 33.6% a un 26.3%, lo que significa que 303.000 familias dejaron de ser víctimas de la delincuencia, la percepción de la ciudadanía es que esta batalla se está perdiendo. La gente la atribuye a múltiples razones: Deficiencias generalizadas del sistema judicial y del funcionamiento de las fiscalías del Ministerio Público; leyes obsoletas que han impedido terminar con la impunidad; jueces blandos que dejan libres a delincuentes peligrosos y reincidentes; aumento del consumo de drogas, especialmente en los jóvenes; delincuentes que no les importa cometer delitos ni ser detenidos porque rápidamente quedan en libertad y los que caen presos no se rehabilitan. En el caso de los menores, la percepción es aún peor: Cometen cada vez más delitos y a pesar de que los detienen decenas de veces vuelven a la calle para continuar robando y asaltando, sin que nadie se haga responsable de ellos. Esta percepción de temor a ser víctima de un delito se expresa especialmente con fuerza en tres casos: los robos a las casas y departamentos; los asaltos en la vía pública; y el riesgo de los padres a que sus hijos sean víctimas de agresiones por pandillas. En este contexto, predomina en las personas una sensación de vulnerabilidad, de desprotección e impotencia. Los ciudadanos sienten que los delincuentes tienen más derechos que las víctimas y que hay una excesiva protección hacia ellos. Es justo reconocer que el Gobierno ha impulsado buenas medidas, que progresivamente irán dando resultados positivos. Entre ellas, el Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD);

el Banco Unificado de Datos (BUD); el Registro de Prófugos y Pedófilos; los programas Barrio en Paz Comercial y Residencial; el Programa Alerta Hogar; el Programa de Protección de la Violencia Escolar; las escuelas certificadas que acreditan tener políticas adecuadas para la prevención del consumo de drogas y alcohol, y los programas de reinserción social y capacitación laboral de reclusos, entre otras. Las buenas políticas públicas del Gobierno las mantendremos, las mejoraremos y aumentaremos su cobertura. Sin perjuicio de lo anterior, impulsaremos medidas de fondo para mejorar el sistema procesal penal, esto es, el juicio penal; le otorgaremos más atribuciones a las policías para detener a los delincuentes; les daremos a los jueces todas las facultades para encarcelar a los autores de delitos graves, como robos, asaltos, tráfico de drogas, abusos sexuales, homicidios, etc., sobre todo cuando son reincidentes y han sido detenidos por las policías en numerosas ocasiones a pesar de lo cual de manera inconcebible en la actualidad quedan libres. También tomaremos medidas de fondo para mejorar la coordinación entre las policías, los fiscales y los alcaldes; y se establecerá la obligación de todas las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana, esto es Carabineros, PDI, Ministerio Público, Tribunales de Justicia, Gendarmería, Servicio Nacional de Menores (actual Sename), Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), etc., de publicar toda la información que permita evaluar su gestión y determinar si su actuación está contribuyendo concretamente a la disminución de la delincuencia o a la aplicación oportuna y eficaz de la justicia criminal. Las medidas que proponemos a continuación son un claro compromiso para mejorar la prevención del delito; la investigación de lo que se cometan, lo que significa la persecución y captura de los delincuentes, y la rehabilitación y reinserción social de la mayor cantidad de condenados posibles. Tenemos claro que debemos avanzar simultáneamente en todas estas etapas. La razón es muy simple: Prevenir un delito es mejor que esperar a que se cometa; detener y condenar a un delincuente es dar tranquilidad a la ciudadanía; y rehabilitar a un recluso es cortar el circulo de la reincidencia. Este documento contiene las principales medidas, pero tenemos claro que hay muchas otras que vamos a llevar adelante ya que la lucha contra la delincuencia presenta numerosas aristas, con múltiples actores, y que requieren un compromiso y voluntad política total para derechamente disminuir persistentemente la delincuencia. Tenemos la convicción que un tema tan importante y sensible para los chilenos como es enfrentar la delincuencia requiere abordarla como una política de Estado, de la máxima importancia y por lo tanto, alcanzar los acuerdos entre los distintos sectores políticos que permitan su continuidad en el tiempo, evaluación periódica y constante

perfeccionamiento. Este es precisamente uno de aquellos temas en que trabajar unidos tiene un gran valor y estamos seguros es lo que los chilenos esperan de sus autoridades. Principales Indicadores ENUSC 2012. Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) de 2012 la más importante a nivel nacional y valorada por el mundo académico, arrojó una serie de indicadores positivos respecto de las cifras en esta materia:

La victimización pasó de un 31,1% (2011) a 26,3% (2012).

Fuente: Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana.

Avance a la fecha en Victimización (%) – ENUSC

Evolución histórica delincuencia según ENUSC

AÑO Porcentaje familias víctimas de

delitos (ENUSC) Meta Plan Chile Seguro

2010-2014

2003 43,0% ---------

2004 No se aplicó ---------

2005 38,3% ---------

2006 38,4% ---------

2007 34,8% ---------

2008 35,3% ---------

2009 33,6% ---------

2010 28,2% 32,4%

2011 31,1% 31,1%

2012 26.3% 29,8%

2013 XX% 25% (Nueva meta Presidencial)

En materia regional, la victimización se ha reducido en 6 regiones, el resto se mantiene constante. Hasta ahora se ha logrado frenar el crecimiento de la delincuencia en el norte y reducirla en el centro y sur del país. Todos los delitos disminuyeron en forma significativa. Por ello se entiende que durante el 2011 se hayan cometido 2.477.849 delitos, y en 2012 no alcanzó a llegar a 2 millones (1.963.60). Esto implica que se evitó la ocurrencia de más de medio millón de delitos (-514.689). 70% de esta reducción ha sido en delitos de robos y hurtos

Comparativo resultados años 2009-2013

2009 2012

Hogares victimizados 33,6 26,3 -21,7% 300 mil hogares menos que han sido victimizados

Robo por sorpresa 7,4 4,6 -38,2% 178.676 menos delitos

Robo con violencia o

intimidación 5,9 4,3 -27,3% 114.174 menos delitos

Hurto 9,1 8,1 -11,6% 121.260 menos delitos

Lesiones 3,1 1,6 -48,2% 131.974 menos delitos

Robo con fuerza a la vivienda 5,3 4,4 -17,0% 45.895 delitos menos

Robo de vehículo 2,2 2,1 -3,9% 671 delitos menos

Robo desde vehículo 16,8 12,4 -26,3% 83.145 delitos menos

Revictimización 12,1 7,5 -37,9% 162.085 menos hogares revictimizados

Denuncia 34,8 38,4 10,2%

Personas que se sienten segura

caminando en la noche por su

barrio

44,1 50,3 13,9% 924.869 más personas

Personas que perciben aumento

en la delincuencia del país78,1 70,1 -10,2% 601.771 personas menos

Personas que perciben

disminución en la delincuencia

del país

2,7 4,5 67,1% 227.842 más personas

Personas que perciben aumento

de la delincuencia en el barrio44,0 36,6 -16,7% 680.634 personas menos

Personas que perciben

disminución de la delincuencia

en el barrio

11,8 14,6 23,4% 380.274 más personas

Personas que evitan las Plazas y

parques para no ser víctimas de

delincuencia

18,5 13,5 -26,9% 508.165 personas menos

RESUMEN%

Variación Resultado

II. Propuestas Concretas I.- MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS DELITOS: “PREVENIR UN DELITO ES MEJOR QUE ESPERAR A QUE SE COMETA” 1. Programa de Prevención de Violencia Escolar (PreVE): Nuestra meta es llegar a todos los colegios, escuelas y liceos. La exposición de la violencia en los niños contribuye a que seamos violentos cuando grandes. Todos los colegios que tengan problemas de violencia tienen, por ley, que tomar acciones. Implementaremos el Programa de Prevención de la Violencia Escolar (PreVE) en todos los establecimientos escolares. Esto pone a directivos, padres y apoderados y alumnos a trabajar juntos para crear un sistema de disciplina formativo basado en sus propios valores, mejor control de espacios comunes y atención a casos complejos. Para ello, la Subsecretaría de Prevención del Delito capacitará a los equipos de gestión de la convivencia en las escuelas.

2. Los establecimientos educacionales deberán tener programas preventivos de drogas y alcohol: Nuestra meta es que se imparta de pre kínder a 4° medio. Será obligatorio para todos los colegios, liceos y escuelas implementar programas preventivos del consumo de drogas y alcohol desde pre básica hasta 4to medio. Actualmente hay un proyecto de ley, cuyo autor es el Senador Jaime Orpis, al que daremos toda la prioridad para su aprobación. Queremos niños y niñas, futuros ciudadanos, informados y responsables de sus decisiones y conscientes del daño que hacen las drogas y el consumo precoz y abusivo de alcohol. 3. Programa de Certificación de Establecimientos Educacionales Preventivos: Nuestra meta es que el 100% de los establecimientos cuenten con certificación que garantiza que el Establecimiento Educacional reconoce el valor de la prevención y realiza acciones efectivas de prevención. Debemos instalar una “cultura preventiva” al interior de los establecimientos educativos, la cual permita proteger a niños, niñas y adolescentes de los efectos nocivos del consumo de drogas y alcohol. Su objetivo es habilitar a las comunidades educativas para la elaboración y construcción de estrategias preventivas efectivas. 4. Ampliar el Programa Chile Previene en la Escuela: Nuestra meta es llegar al 100% de los establecimientos educacionales donde estudian los niños más vulnerables del País. Chile necesita disminuir el consumo de drogas y alcohol, y la deserción y violencia escolar en nuestros jóvenes, enfrentando de una vez por todas los factores de riesgos involucrados y aumentando los factores protectores en uno de los lugares más importantes en su formación: su escuela. Para ello, llegaremos al 100% de los establecimientos educacionales donde estudian los niños más vulnerables del país mediante este programa que busca evitar que los estudiantes desarrollen conductas riesgosas, que generalmente derivan en violencia, infracciones a la ley, problemas de salud mental y física y deserción escolar. 5. Crearemos una Secretaría Ejecutiva de Barrios Críticos: ésta Secretaría se especializará en la implementación y seguimiento a las Intervenciones integrales en barrios críticos: Nuestra meta es llegar al 2018 con una intervención integral de al menos 15 barrios críticos. En Chile hay barrios que son un verdadero infierno. Ellos son una cicatriz moral en nuestra sociedad y debemos ayudarlos con urgencia. Estos barrios se encuentran atrapados por el narcotráfico y la delincuencia. Son barrios que requieren de un esfuerzo mucho mayor en prevención y tratamiento del consumo de drogas y alcohol, incorporando a toda la comunidad, dirigido a niños, adolescentes y población adulta. Hoy, el programa se encuentra en la Población La Legua y nuestra meta es extender al 2018 el número de barrios críticos al menos a 15 con cobertura en cada región del país.

6. Aumentar la Terapia Multisistémica para jóvenes infractores de ley: Nuestra meta es llegar a 5.000 familias de alto riesgo. Hoy, 800 familias reciben el apoyo 24/7 de profesionales especialistas que los ayudan para que logren que sus hijos vuelvan a colegio, dejen de consumir drogas, y dejen de cometer delitos. Incluiremos a más de 4 mil familias, con lo que todos los niños, niñas y jóvenes de alto perfil de riesgo y que tocan la puerta del sistema de justicia, cambien su rumbo antes y no vuelvan a él, nunca más. 7. Diseño urbano de barrios al servicio de la seguridad ciudadana: Nuestra meta es que todo proyecto de vivienda y edificación nuevo cuente con criterios de diseño urbano seguro. Gran parte de los delitos en Chile son circunstanciales: la oportunidad hace al ladrón. El diseño y equipamiento de los barrios, casas y edificaciones es un ingrediente clave en estas circunstancias. La iluminación de los espacios públicos o el paisajismo al servicio de la seguridad de los chilenos, son cuestiones simples, pero de gran impacto en disminuir la oportunidad de comisión de delitos y en la sensación de temor. Es fundamental que todos los nuevos proyectos de viviendas y edificaciones públicas y privadas se hagan incluyendo criterios de diseño urbano seguro. Esto no implica más costo ni más muros, al contrario, los mejores vigilantes de lo que pasa en nuestros barrios, somos los propios vecinos. La visibilidad y el cariño por nuestro barrio y vecinos es lo que hace la diferencia. 8. Centros de Apoyo a Víctimas de Delitos Violentos: Nuestra meta es llegar a 100

centros al 2018.

Al mes de diciembre de 2012 el programa contaba con 46 puntos de atención a nivel nacional, aumentando su cobertura en un 313%. Para el 2013 se incrementaron a 50 los centros, beneficiando a más de 50 mil personas. El Programa cuenta con cobertura nacional, atendiéndose a más de 50% de víctimas. Para el próximo periodo debiera duplicarse esta red de víctimas para que todas ellas tengan asistencia jurídica y psicológica, para lo cual se debe extender no sólo la cantidad de centros, sino también el catálogo de delitos. II.- MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LOS DELITOS: “AUTORIDADES CON MAS FACULTADES Y BAJO MAYOR ESCRUTINIO CIUDADANO” 9. Más atribuciones y responsabilidades a las policías. Las policías son una de las piezas fundamentales en el combate a la delincuencia. Los policías arriesgan sus vidas por las nuestras día y dìa, a pesar de que no tienen todos los recursos y atribuciones que les permitan enfrentar adecuadamente a la delincuencia. Esto

tiene que cambiar. Proponemos darle más atribuciones a las policías pero, exigirles más responsabilidades: 9.1 Aumentar las facultades de la Policía para practicar de inmediato las primeras

diligencias de la investigación de un delito, con el objeto de identificar y detener a los delincuentes.

Se faculta a la Policía para realizar más diligencias que permitan la captura de los delincuentes, la ubicación de los objetos del delito y los instrumentos usados para llevarlo a cabo. Para ello podrán solicitar a los organismos públicos y privados toda la información gráfica, fotográfica, visual o audiovisual que contribuya a cumplir con lo anterior. También podrán identificar a los testigos y consignar sus declaraciones que presten voluntariamente, ya sea que se trate de un delito flagrante o no. Actualmente, la Policía tiene limitaciones en esta materia al punto que no puede interrogar a los testigos, salvo que se trate de un delito flagrante o que se encuentre resguardando el sitio del suceso.

9.2 Facilitar el examen de las vestimentas, equipaje o vehículo de un detenido. Actualmente, sólo puede hacer este registro cuando existen indicios que permiten estimar que oculta en ellos objetos importantes para la investigación. Se propone que pueda hacerlo sin esta limitante como ocurre en los casos de control de identidad. 9.3 Incorporar un nuevo caso para que la Policía detenga a un delincuente sorprendido

en delito flagrante. Podrá hacerlo cuando su participación se sospeche a partir de medios fotográficos, visuales o audiovisuales.

Hoy en día las Policías están obligadas a detener a un sujeto en lo que se llama “situación de flagrancia”, esto es, cuando actualmente se encuentra cometiendo el delito o acaba de cometerlo o huye del lugar y es designado por la víctima u otra persona o cuando en un tiempo inmediato a la perpetración del mismo se le encuentra con objetos, señales, vestimentas o armas que permiten sospechar que han sido utilizados para cometerlo. Se agrega a estos casos de “flagrancia” cuando queda de manifiesto la sospecha de la participación en un delito al ver medios fotográficos, visuales o audiovisuales. 9.4 Permitir a la Policía entrar y registrar un lugar cerrado, sin autorización judicial

previa, no sólo cuando haya signos evidentes de que se está cometiendo un delito, sino cuando se está procediendo a la destrucción de los objetos que se destinaron a cometerlo o los que provienen del mismo.

Actualmente, la Policía tiene facultades para entrar y registrar en lugar cerrado, sin autorización judicial previa, cuando hay signos evidentes de que se está cometiendo un delito. Sin embargo, nada se dice respecto de los casos en que hay también signos evidentes de que se está destruyendo los elementos utilizados para cometer el delito o aquellos que fueron objeto del delito 9.5 Permitir a la Policía, durante el registro de un lugar cerrado, con la sola autorización

del Fiscal, a incautar las especies u objetos que encuentren y permitan sospechar que provienen de otro delito.

Actualmente la Policía, en estos casos, debe informar al Fiscal, quien a su vez tiene que pedir autorización al Juez de Garantía, lo que obviamente en muchas oportunidades en la

práctica significa que no se pueden incautar las especies que se encuentran en un lugar cerrado y que todo indica provienen de otro delito distinto al que se está investigando. 10. Más capacitación, cercanía con la comunidad y premios por buen desempeño a

las policías: Nuestra meta es tener a las policías con los incentivos adecuados Nuestras policías están integradas por funcionarios honestos, de lo que todos los chilenos debemos sentirnos orgullosos. . Parte muy importante de su modernización implica que cuenten con mayor capacitación para mejorar su accionar y el robustecer el Plan Cuadrante. Significa también incentivar el buen desempeño de los policías. Para ello proponemos: 10.1 Perfeccionar el sistema de ascenso y remuneraciones de las policías, con el objeto de incentivar el buen desempeño de sus funcionarios. Ello se traduce tanto en compensaciones económicas (afectando su remuneración), como no económicas (capacitación o días libres). También será un elemento fundamental a la hora de que los policías puedan ascender en su carrera.

10.2 Actualizar las mallas curriculares de las policías para dar cuenta de las nuevas y mejores técnicas y tecnologías disponibles en la experiencia internacional para enfrentar de mejor forma el delito. 10.3 Un sistema de capacitación permanente, conjunta entre fiscales y policías, esencialmente práctico. Uno de los desafíos más importantes que enfrenta hoy la persecución penal es que no basta la capacitación de cada una de las autoridades encargadas de la seguridad. Se requiere capacitación conjunta sobre la base de simulaciones y operativos conjuntos que permitan ir desarrollando criterios y estándares comunes de actuación, especialmente en las primeras diligencias tras la comisión de un delito. 10.4 Mejorar el Plan Cuadrante. Perfeccionaremos el Plan Cuadrante mejorando el control de gestión del mismo; el uso de indicadores para evaluar cumplimiento de compromisos y metas; el uso de la evidencia para orientar el accionar policial y minimizar la rotación de funcionarios policiales para potenciar lazos más sólidos con la comunidad. 10.5 Comisarios que permanezcan suficiente tiempo en un lugar. El Comisario debe interiorizarse cabalmente de los detalles y características de la zona en que trabaja. Para ello es esencial que permanezca en un mismo lugar el tiempo apropiado para que llegue a conocer a los vecinos y trabaje con las comunidades coordinadamente. Para conseguir tal objetivo, proponemos equiparar el plazo de permanencia de un comisario con el periodo de los Alcaldes.

10.6 Crear un Escuadrón Centauro por región, que apoye el trabajo de los Carabineros en los Planes cuadrantes, pero que tenga movilidad territorial para estar en el lugar y la hora apropiada dependiendo de las características de cada zona. 10.7 Construir 50 nuevas Comisarías o retenes y 50 cuarteles de PDI. En la primera semana de Gobierno se consultará a los Alcaldes y Concejales de cada una de las 100 comunas con mayor índice delictual por la zona geográfica en que sugieren la construcción de éste recinto. Se solicitará que el Alcalde consulte con los vecinos la sugerencia de ubicación. 10.8 Se pondrán en funcionamiento durante el período de Gobierno 200 comisarías vecinales móviles. Las juntas de vecinos podrán solicitar la presencia de estas comisarías en horas y para casos determinados. 10.9 Facilitar las denuncias de delitos o el trámite de “constancia policial” habilitando un sistema para que los vecinos lo puedan hacer sin concurrir físicamente al recinto policial, sino por mail. Se ahorra tiempo, es más seguro, se ahorra dinero de locomoción y se rebaja el trabajo administrativo de Carabineros. 10.10 Audiencias vecinales de Seguridad: Se propondrá que todas las juntas de vecinos tengan derecho, al menos una vez cada año para solicitar y tener formalmente una audiencia con el Comisario de su barrio, al cual puedan exponerle sus temores, quejas y sugerencias. 10.11 Crear un Fondo Autónomo de Seguridad Vecinal, distinto del Fondo Nacional de Seguridad, al cual podrán presentar proyectos solo Juntas de Vecinos, que será adjudicado por Subsecretaría de Prevención Delito y SUBDERE. Se priorizará las comunas más vulnerables y las con mayor {índice de delincuencia. 11. Sistema Táctico de Análisis Delictual (STAD): Nuestra meta es sacar el mayor provecho de esta gran herramienta contra el delito. Hoy, todos los meses los Prefectos se reúnen con los Comisarios de su territorio, además de los representantes de las Unidades Especializadas de la Policía. Sobre la base de datos actualizados y georreferenciados, identifican dónde están los problemas y los puntos más críticos de la delincuencia; se planifican acciones y se evalúan los resultados obtenidos. Como no todos los problemas pueden ser resueltos por Carabineros, integraremos al STAD, a los Fiscales locales, a los Alcaldes y a representantes de la comunidad en las reuniones mensuales por Prefectura. 12. Prisión Preventiva: Aumentar las facultades del Juez para dejar en prisión preventiva al imputado de un delito grave.

12.1 El Juez podrá decretarla cuando lo estime necesario y no como la última medida cautelar. Actualmente, la ley señala que la prisión preventiva sólo procederá cuando las demás medidas cautelares personales son estimadas como insuficientes por el Juez para asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o de la sociedad. Es decir, obliga al Juez a seguir un orden de prelación en las medidas cautelares siendo la prisión preventiva la última. Esto último es más restrictivo respecto de lo que dispone la propia Constitución, la cual no exige al Juez un orden de prelación, simplemente señala que el Juez puede decretarla si la considera necesaria para la investigación o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. 12.2 El Juez deberá estimar que hay peligro de fuga cuando el imputado registre una o más órdenes de detención judicial o reiteradas detenciones anteriores. Se agrega una norma que le señala al Juez que se entenderá especialmente que existe un peligro de que el imputado se dé a la fuga cuando registra una o más órdenes de detenciones previas o reiteradas detenciones anteriores. 13. Mayor capacitación y mayor información del Ministerio Público: Nuestra meta es que las Fiscalías funcionen mejor 13.1 Mayor información frente a los delitos. Proponemos que la información recogida durante la tramitación de las causas penales se comparta con las instituciones encargadas de la prevención del delito a fin de que sea útil a estos fines, reduciendo así la delincuencia. En efecto, en el Plan Estratégico del Ministerio Público 2009-2015 se enfatiza la necesidad de que la Institución contribuya a mejorar el funcionamiento del sistema de justicia criminal. En este contexto, se podrá diseñar e implementar una serie de actividades, como la colaboración con las políticas públicas orientadas al diagnóstico del delito y a la prevención del crimen, potenciando la utilización de toda a información recabada durante la tramitación de las investigaciones criminales. 13.2 Rendición de cuentas periódica ante la ciudadanía. Sin perjuicio de las cuentas anuales del Fiscal Nacional y de los Fiscales Regionales, en la página web institucional deberá publicarse mensualmente, la siguiente información:

Casos en que un Fiscal cambie la detención de una persona por citación y fundamentos de esa decisión.

Causas ingresadas por fiscalía local

Causas terminadas por fiscalía local

Tipo de términos por fiscalía local. Tanto facultativos de la fiscalía (como por ej. archivos provisionales con y sin imputado conocido) y términos jurídicos (como sentencias, salidas alternativas y sobreseimientos)

Número de juicios orales por fiscalía local

Numero de causas vigentes por fiscal (judicializadas) 13.3 Inasistencia de los fiscales a la primera audiencia.

Permitir al Juez de Garantía la suspensión de la primera audiencia judicial por un plazo de dos horas cuando no llega el Fiscal, sin tener que liberar de inmediato al detenido. Actualmente, si el Fiscal o el abogado asistente no llega a la primera audiencia judicial, el Juez debe dejar libre al detenido, perjudicando a la ciudadanía por un acto que es de responsabilidad del Ministerio Público. Se propone que el Juez de Garantía pueda suspender hasta dos horas la audiencia para permitir la concurrencia del Fiscal y, además, deberá comunicarlo a su superior para que tome las medidas disciplinarias que corresponda.

13.4 Academia de Fiscales. Se creará una academia de fiscales la que proveerá de cursos de formación de nivel básico, medio y avanzado en cuatro grandes áreas: (i) investigación, (ii) litigación, (iii) derecho penal; y (iv) administración y control de gestión. 14. Reforma a la Institucionalidad Penal Adolescente: Se debe cortar la carrera criminal tempranamente. El Sename no daba para más y este gobierno ingresó al parlamento el proyecto de ley que lo separa en dos: uno dedicado a niños y niñas vulnerados en sus derechos, y otro enfocado en menores de edad que han cometido delitos, , son los que más necesitan intervenciones tempranas y efectivas. 14.1 Pondremos en marcha el Nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente. Pondremos en marcha el nuevo Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente sobre la base de las mejores experiencias del mundo, combinando la responsabilidad de los adolescentes con la entrega de una real segunda oportunidad: educación, rehabilitación de drogas, y programas que reducen la reincidencia. 14.2 Estándares más exigentes al sector privado. Proponemos una reingeniería de los programas de reinserción rehabilitación actuales, potenciando la oferta privada, pero aumentando la competencia estableciendo est ndares sobre la base de programas basados en evidencia e incentivos correctos a las

instituciones privadas. Por ejemplo, vinculando los pagos a la evaluación por resultados. Esto último sobre la base de indicadores que permitan saber los niveles de reincidencia y reinserción social. 14.3 Perfeccionamiento de sistema de sanciones a adolescentes infractores. Se han detectado una serie de falencias en materia de aplicación de sanciones, lo que requerir de modi caciones legales Se trata adem s de un espacio de impunidad que ha sido u li ado por menores infractores habituales que leg mamente causa preocupación desamparo en las v c mas. En efecto, un caso emblem co es la e istencia, gran uso, de las amonestaciones, sanción cu o impacto es menor en la pr c ca irrelevante desde la perspec va de alterar conductas de los jóvenes simismo, la aplicación de sanciones alternativas por parte de los jueces suelen tener poca efec vidad muchas veces con una supervisión ine istente, que no conducen a los obje vos que se persiguen corregir comportamientos, rehabilitación reinserción n esta materia tambi n conviene revisar la suspensión condicional del procedimiento, por cuanto su aplicación indiscriminada el mal uso de ella que se ha hecho, fomenta precisamente la sensación de impunidad que se pretende evitar. Actualmente, el Ministerio de Justicia está trabajando con una Comisión de Expertos para elaborar un proyecto de ley. Le daremos la máxima tramitación en el Parlamento. 15. Nuevo Servicio que controlará las Medidas y Penas que se cumplen en el Medio Libre: Nuestra meta es terminar con su incumplimiento y la impunidad que genera. Crearemos un nuevo servicio que será responsable de todos los imputados y condenados que se encuentran en libertad cumpliendo medidas cautelares o penas impuestas por la justicia, análogo al Probation Service, que en Chile no tenemos. Se trata del Servicio de Medidas y Penas en Medio Libre. Esta institución hará más eficiente y, por ende, más creíble el sistema, porque se hará cargo de actuar ante los incumplimientos de (i) las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva; (ii) las penas sustitutivas a la reclusión (iii) una nueva política de transición paulatina al medio libre (hoy los beneficios intrapenitenciarios), que incluye control pero también programas laborales e intervenciones que reducen la reincidencia. 16. Fortalecer la institucionalidad encargada de la ejecución y el control de las penas privativas de libertad: Nuestra meta es velar porque las penas se cumplan y tener un mayor control sobre los beneficios penitenciarios que se otorguen. . Impulsaremos una Ley de Ejecución de Penas, que reemplace el actual reglamento en la materia. Contemplará mecanismos más efectivos de control administrativo en el ámbito penitenciario para evitar que la discrecionalidad en materia de otorgamiento de beneficios penitenciarios no se transforme en impunidad. Para ello, es necesario también incorporar la figura “del juez de ejecución de penas”, especializados en resolver todos los

asuntos referidos al cumplimiento de las penas, al otorgamiento de beneficios penitenciarios y a las denuncias y peticiones de los condenados. 17. Información de calidad para una buena inteligencia policial: Nuestra meta es lograr un mejor sistema de información que permita disminuir la delincuencia 17.1 Banco Unificado de Datos (BUD). El Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participan las máximas autoridades de las Policías, las Fiscalías, el Ministerio de Justicia, Sename, Gendarmería, Poder Judicial, la Asociación Chilena de Municipalidades, las Subsecretarías del Interior y Prevención del Delito, sesionará a lo menos una vez al mes y pondrá en marcha el Banco Unificado de Datos (diseñado y licitado durante esta administración), su uso por parte de las instituciones involucradas y los sistemas de reporte del sistema de justicia criminal en su conjunto. 17.2 Registro de prófugos, suspensión total de beneficios Estatales a ellos y publicidad. Asimismo, el Consejo Nacional de Seguridad Pública se abocará a consolidar un registro de prófugos de la justicia, y los sistemas con que contarán los funcionarios en terreno para identificar a personas con cuentas pendientes con la justicia durante los procedimientos de rutina. Propondremos que mientras una persona se encuentre prófuga, es decir no cumpla su obligación de comparecer ante la justicia, el Estado pueda suspenderle todos los beneficios a que esa persona pudiere tener derecho. Haremos los cambios en la ley para que la ciudadanía pueda informarse en el momento oportuno de quienes están con orden de detención y son prófugos de la justicia. 18. Coordinación Local para darle eficacia al sistema penal: Nuestra meta es que la ciudadanía se informe de cómo está funcionando la justicia penal Estas comisiones locales se constituirán en cada provincia a fin de coordinar y evaluar la justicia penal en el territorio respectivo, y sugerir propuestas para mejorar su funcionamiento. Dependerán de la Comisión de Coordinación Regional a la que mensualmente remitirá información sobre cómo opera y las estadísticas del sistema de justicia penal. Cada Comisión Local estará integrada por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, quien la presidirá, los jueces presidentes de los tribunales con competencia penal de la provincia, los fiscales y defensores jefes, el Prefecto de Carabineros, el Jefe Policial que corresponda, y por un representante del Colegio de Abogados con mayor número de afiliados en la región. La Comisión Local deberá reunirse mensualmente y podrá invitar a cualquier autoridad o funcionario del Estado que se desempeñe en la

provincia, a los particulares y representantes de organizaciones e instituciones privadas que estime pertinentes, o solicitar ser recibida por cualquiera de ellos para recabar antecedentes o representar las necesidades que advierta en el funcionamiento del sistema de justicia penal en la zona. 19. Mejorar la evaluación del desempeño de los Jueces: Nuestra meta es lograr que la justicia funcione bien. . Modificaremos el sistema actual de calificaciones establecido en el Código Orgánico de Tribunales, estableciendo una evaluación anual basada en una serie de indicadores con distintas ponderaciones, garantizando la objetividad de la evaluación como asimismo la objetividad del evaluador. Ello implica no tan sólo considerar aspectos cuantitativos como productividad, asistencia a las audiencias agendadas, sentencias ponderadas por su complejidad, permisos y ausencias, entre otros; si no también, aspectos cualitativos que dicen relación con el proceso de decisión judicial sin afectar la autonomía e independencia de los Jueces para fallar. III. REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL: “EL QUE HA RECUPERADO LA LIBERTAD TIENE QUE COMPROMETERSE A DEJAR LA DELINCUENCIA” 20. Ampliaremos las atribuciones y el número de los Tribunales de tratamiento de drogas. Nuestra meta es tener cobertura nacional. Ampliaremos los Tribunales de Tratamiento de Drogas a figuras penales más amplias que la Suspensión Condicional de la Pena, para poder dar esta alternativa de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial, a la población que más lo necesita. A la fecha se han atendido más de 1.100 condenados que se han beneficiado con algún tipo de tratamiento, nuestra meta es duplicar dicho número al 2016 y tener cobertura Nacional. 21. Crearemos el primer hospital de alta complejidad de adicciones. Será el centro de referencia nacional con hospitales de menos complejidad en esta materia distribuidos a lo largo de todo el país. Este establecimiento también deberá ser centro de campos clínicos para especialistas en rehabilitación y referente nacional en investigación en el tema. 22. Desarrollaremos e implementaremos un programa de tratamiento de alta complejidad para adolescentes. Nuestra meta es llegar el 2018 a 12.600 jóvenes vulnerables con consumo problemático de drogas y alcohol. Nos haremos cargo de la falta de tratamiento idóneo para todos los niños y jóvenes que ya tienen un consumo de drogas y alcohol de alta complejidad, que está afectando la vida

de ellos, de su familia y de sus vecinos. Se desarrollará un programa de tratamiento especial para todos los niños y jóvenes vulnerados en sus derechos, con una modalidad de atención con planes ambulatorios comunitarios e intensivos, como también planes residenciales y hospitalarios. Incorporaremos a esta red al MINISTERIO DE Salud, SENAME y SENDA. Nuestro objetivo es llegar a 12.600 jóvenes focalizando la oferta a la población más vulnerable. En paralelo, se mejoraran los recursos existentes en toda la red a nivel nacional para optimizar el tratamiento que existe actualmente. 23. Ampliar el modelo de viviendas de estadía intermedia: Nuestra meta es contar con estas viviendas de transición en cada una de las regiones del país al 2015. Se trata de contar con viviendas de transición que garanticen un espacio físico de convivencia en el que las personas rehabilitadas de sus respectivas adicciones, puedan compartir instalaciones, actividades y responsabilidades propias de la vida diaria, con otros compañeros y compañeras que se encuentran en el mismo proceso de integración. Esto es dar realmente una segunda oportunidad. Hoy existen estas viviendas en 4 regiones del país. Hay 5 casas para residentes de sexo masculino y para 2013 se proyectan 2 nuevas casas para mujeres, en que puedan ser acogidas junto a sus hijos. El 2014 se ampliará la oferta de viviendas, y para el 2015 se proyecta llegar a todas las regiones del país. 24. Abordar a fondo la reinserción social de los reclusos: Nuestra meta contar con un programa de reinserción para 35 mil reclusos. Cada persona que ingrese a la cárcel será evaluada para determinar su perfil delictual y diseñar un plan de trabajo personalizado que involucre nivelar su educación, tratamiento psicológico, superación a la adicción a las drogas, apoyo social y formación laboral, según corresponda. Sobre la base de esa información, se desarrollará un plan de cuatro años enfocado a 35.000 condenados, con el presupuesto necesario y la adecuación de la infraestructura penitenciaria. 25. Capacitación Laboral de los reclusos: Nuestra meta es desarrollar un programa para 10.000 condenados Nos proponemos dar capacitación laboral de calidad para 10 mil condenados de perfil delictual medio-alto, de manera tal que mientras cumplen su condena en la cárcel, se preparen para reinsertarse en la sociedad, reduciéndose con ello la posibilidad de que vuelvan a cometer delitos. Se trata de un plan de tres años para 10.000 condenados por estos delitos, que son los que tienen mayor riesgo de reincidencia al salir de la cárcel. 26. Incentivo tributario a la contratación de reclusos: Nuestra meta es triplicar la contratación actual, en régimen abierto y cerrado, para llegar a 5.000 condenados. Actualmente existen cerca de 1.300 internos con un contrato laboral trabajando en industrias de distintos sectores. Esta cifra es todavía muy baja. Este beneficio tributario

estará enfocado a personas condenadas que cumplen su pena en régimen abierto o en régimen cerrado. 27. Programa de Cárceles Concesionadas: Nuestra meta es construir 5 nuevos recintos penitenciarios al 2018. Desde el año 2000 se ha impulsado una nueva política que busca el aumento de recintos

penitenciarios mediante un sistema de concesiones. En Chile se cuenta con 7 cárceles

concesionadas en funcionamiento (Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Santiago 1,

Valdivia, Puerto Montt y Concepción), más Antofagasta que actualmente está en marcha

blanca. Actualmente, sigue existiendo un problema de sobrepoblación penal que alcanza

aproximadamente un 30%. Proponemos: :

27.1 Es necesario al menos 5 nuevos centros que permitan unas 15 mil nuevas plazas

aproximadamente. Así aumentaremos la oportunidad real de implementar programas

que contribuyan eficazmente a la rehabilitación y reinserción y, lo que es muy

importante, disminuir la victimización dentro de las cárceles. Que los centros

penitenciarios se conviertan en centros modelos de educación y trabajo para los

internos.

27.2 Los programas de reinserción deben incluir múltiples subprogramas efectivos; en

materias como educación, salas cuna, atención psicológica, atención de adicción al

consumo de alcohol y drogas, capitación laboral, deporte y actividades culturales.

IV. NARCOTRÁFICO: “GUERRA FRONTAL EN LAS FRONTERAS Y EN CADA UNO DE NUESTROS BARRIOS” 28. Nuevo Plan Maestro interinstitucional contra el Narcotráfico. La meta es reducir el volumen de drogas que se transa en el país. Ello requiere de mayores grados de coordinación entre el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, el Ministerio Público y las policías, entre otros actores relevantes. Este Plan Maestro tendrá objetivos específicos en materia de control del tráfico de drogas ilícitas: 28.1 Disminuir la internación de drogas a través de las fronteras, terrestres, marítimas y aéreas, y dificultar su transporte. Ello implica aumentar el control de las fronteras y del espacio marítimo mediante el incremento de recursos humanos o físicos destinados a esta labor, tales como la instalación de tecnología para la detección de drogas y portales de inspección de cargas de vehículos para los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos más vulnerables. 28.2 Dificultar la comercialización de las drogas en el territorio.

Se trabajará, en conjunto con el Ministerio de Justicia, en sistemas de bloqueo de señales de teléfonos celulares en las cárceles, especialmente en aquellas con mayor concentración de personas condenadas por tráfico de drogas. Asimismo, se trabajará, en conjunto con las empresas de telefonía móvil, la adopción de la norma ETSI (The European Telecommunications Standard Institute) que asegure -previa autorización judicial- la interceptación de todo tipo de transmisión de voz y datos (voz, sms, chat y mms). 28.3 Impedir la producción de drogas naturales y sintéticas. En conjunto con las policías se diseñará un plan de trabajo cuyo objetivo sea aumentar las superficies de cultivo de marihuana detectada y destruida por las policías. Asimismo, se perfeccionará el sistema de fiscalización de empresas dedicadas a la importación, exportación, venta, almacenamiento y/o transporte de precursores y sustancias químicas de uso potencial para la fabricación de drogas ilícitas, mejorando la coordinación operativa entre el Ministerio del Interior, las policías, el Instituto de Salud Pública, y Directemar, y elaborando un manual de buenas prácticas para la colaboración de empresas dedicadas a estos rubros, entre otras acciones. 28.4 La desarticulación de organizaciones criminales nacionales e internacionales dedicadas al tráfico de drogas con base territorial. Se incorporará, y según un plan de acción especifico, el análisis patrimonial en las investigaciones por tráfico de drogas. Asimismo, perfeccionaremos los procedimientos de cumplimiento de los decretos de expulsión de narcotraficantes extranjeros, elaborando un protocolo de actuación para asegurar su expulsión. Crearemos un registro de narcotraficantes con decretos de expulsión y su disponibilidad para los agentes de control. Se creará una base de datos pública de imputados por tráfico de drogas, que se encuentren con órdenes de detención. Asimismo, el Ministerio del Interior tendrá un catastro nacional de sectores o barrios con mayor intensidad de tráfico de drogas, y en conjunto con las policías, definir prioridades de intervención e integrándolos a los programas focalizados en barrios, tales como Barrio en Paz. Estas estadísticas serán parte del STAD. 28.5 Mejorar la aplicación práctica de la Ley de Drogas. Entre las medidas que se tomaremos en esta materia, se cuentan:

fortalecer las investigaciones patrimoniales en los casos contemplados en la Ley de Drogas.

Dotar al Ministerio Público y las Policías de los recursos humanos, técnicos y financieros Mejorar todo lo concerniente a la administración de bienes incautados y decomisados. Perfeccionar el sistema actual a partir de modificaciones legales que tengan por objeto regular la administración, utilización y destino de los bienes

incautados y decomisados en virtud de la ley de drogas. Se deberán considerar los siguientes criterios:

La administración de bienes incautados deberá comprender su recepción, registro, custodia, conservación y supervisión.

Creación de un órgano especializado a cargo de la administración de los bienes incautados.

Desarrollar el mecanismo adecuado que permita la enajenación temprana o anticipada de bienes incautados.

Mejorar la coordinación entre los jueces a cargo de velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias condenatorias que incluyen el decomiso de bienes, la DICREP y el SENDA, que permita contar con un catastro actualizado de bienes decomisados, en función de su oportuna ejecución.