SINDICALISMO Y TERRORISMO DE ESTADO EN COLOMBIA

PRESENTACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS LUCHA SOCIAL Y REPRESIÓN POLÍTICA EN COLOMBIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. SITUACIÓN ACTUAL. OCHO AÑOS DE “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

3. VIOLENCIA POLÍTICA Y EXCLUSIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.1. Otras restricciones para la libertad sindical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113.2. Las empresas multinacionales y las violaciones a los derechos humanos en Colombia : Atacar a los sindicatos es rentable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

4. RESPUESTA DE LA CLASE TRABAJADORA FRENTE AL TERRORISMO DE ESTADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2010

PRESENTACIÓN

Colombia es el país más peligroso para la exigencia de los derechos laborales. 9 de cada 10 sindi-calistas mueren en este país. A la situación de las personas afiliadas a organizaciones sindicalesdeben sumarse otras manifestaciones de abierta violación a los derechos humanos: más de 4 millo-nes de personas desplazadas, despojadas de sus tierras: por lo menos 1600 ejecuciones extrajudi-ciales cometidas por la fuerza pública entre 2002 y 2009; más de 15 mil personas detenidas des-aparecidas. Crímenes todos estos cometidos al amparo del mismo estado.

A pesar del panorama descrito, Colombia es considerado el país con la "democracia más estable"de América Latina. Lo que no puede sino ser consecuencia de los grandes intereses económicos(norteamericanos y europeos) que tienen presencia en este país, razón por la cual en los últimosaños viene negociando Tratados de Libre Comercio con diferentes países, además de que ha veni-do fortaleciendo su posición estratégica para los intereses norteamericanos en la región, en detri-mento de los procesos sociales de los países vecinos.

Conocer las raíces de uno de los conflictos armados más viejos de occidente, así como el entrama-do de intereses políticos y económicos que se benefician de la que es considerada, una de las másgraves crisis humanitarias actuales, así como las propuestas del movimiento popular, en el queobviamente se incluye el sindicalismo, fueron algunas de las razones de la Fundación IPAR HEGOApara invitar a LUZ HELENA RAMÍREZ a impartir su conferencia el 3 de junio de 2010 en Bilbao y cuyocontenido recogemos en esta nuestra publicación HARITIK. Agradecer a esta compañera su parti-cipación en hacer visible en Euskal Herria la terrible situación que afronta el movimiento sindical enColombia lo que ayudará también a fortalecer la solidaridad de clase.

LUZ HELENA RAMÍREZ es activista colombiana de Derechos Humanos, integrante del Movimiento de Victimas de

Crímenes de Estado, fue becaria de la Taula Catalana per les drets humans a Colòmbia durante elperíodo 2008 - 2009.

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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOSLUCHA SOCIAL Y REPRESIÓN POLÍTICA EN COLOMBIA

Desde muy temprano en el proceso de industrialización del país la violencia estatal al servicio delcapital fue utilizada para garantizar condiciones de explotación laboral y los intereses de los gruposeconómicos (nacionales y extranjeros).

Entre 1920 y 1925 se realizaron 73 huelgas tanto en la empresa privada como en el sector estatal.Las condiciones económicas del país y la explotación extranjera en renglones estratégicos, llevarona que muy temprano las reivindicaciones de la clase trabajadora asumieran un carácter antiimpe-rialista. Se realizaron importantes huelgas por parte de los de la Tropical Oil Company TROCO(1924 y 1927), del Ferrocarril del Pacífico (1926) y de la United Fruit Company (1928) entre otras.

El “bautizo de fuego” del movimiento obrero en Colombia - como se le llamó a la Masacre de lasbananeras - ocurrida en el mes de diciembre de 1928, marcó el comportamiento que en adelantese le daría al movimiento obrero. La United Fruit Company tenía bajo su dominio y para uso priva-do las líneas ferroviales y el puerto marítimo, ciudadelas y campamentos para los empleados dealtos cargos, mientras los obreros y sus familias vivían en insalubres muladares. Los pagos se hací-an en bonos que sólo podían cambiarse en los comisariatos de la misma empresa. Durante el pro-ceso de negociación la empresa se acogió a la recién promulgada Ley 69 de Octubre de 19281,rechazando las peticiones de los trabajadores por considerarlas ilegales. Se declaró la huelga gene-ral el 12 de noviembre de ese año.

El 5 de diciembre se realizó una concentración en Ciénaga (Magdalena) en la que se anunció la lle-gada del gobernador del departamento como representante del gobierno, el funcionario nuncaapareció. En la noche de ese día se presentó el ejército nacional, bajo el mando del general CarlosCortés, ordenando a los huelguistas que se dispersaran porque la zona había sido declarada enestado de sitio. Orden que fue desobedecida y a la que respondieron gritando consignas como“¡Abajo el imperialismo yanqui!” y “¡Viva Colombia Libre!”. El militar ordenó abrir fuego en lamadrugada del 6 diciembre de 1928. El gobierno nacional anunció oficialmente que en los aconte-cimientos habían muerto 13 personas y 19 habían resultado heridas.

Comisiones de investigación, como la encabezada por Jorge Eliécer Gaitán, en representación delCongreso de la República, descubrieron fosas comunes y se cree que las víctimas fueron más de1.500, convirtiéndose en la más grave matanza de trabajadores en toda la historia del país. Este epi-sodio también ha sido narrado por el nobel de literatura Gabriel García Márquez, en la novela Cienaños de soledad.

Las luchas obreras consiguieron en los años 30 que se reconociera la organización sindical y que seregulara la jornada laboral a ocho horas. A la conflictividad social de la clase obrera debe sumarsela lucha de los sectores rurales por la reforma agraria. Numerosas movilizaciones de campesinose indígenas exigían la titulación de tierras y el fin de sistemas de explotación de los terratenientes.

Pese a la fuerte lucha protagonizada por los sectores rurales, sus demandas no se materializaron. LaLey 200 de 1936 – reforma agraria – y la reforma constitucional del mismo año2, incorporó en el títu-lo III (de los derechos civiles y las garantías sociales) la función social de la propiedad, la interven-ción del estado en asuntos económicos, reconocía el derecho a la huelga, la garantía a la educación

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1 Normativa aprobada en el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1886-1930) que limitaba los derechos de los sindica-tos y criminalizaba las exigencias de los trabajadores. 2 Inspirada en la revolución mexicana, la Constitución de Weimar y de la República Española

básica por parte del Estado, la libertad religiosa, la asistencia pública en salud. Reformas que tuvie-ron una total oposición por parte de los grandes propietarios de tierras, quienes recurrieron tam-bién a la utilización de métodos extrajudiciales (como el uso de la policía) para expulsar de sus tie-rras a los campesinos.

Entre 1948 y 1953, Colombia vivió una guerra civil que enfrentó a los dos partidos políticos tradi-cionales: Liberal y Conservador, en lo que se ha llamado “La violencia”, que se caracterizó por lapersecución de la policía estatal (de filiación conservadora en ese momento) contra los seguidoresde Jorge Eliecer Gaitán3, quien fue asesinado el 9 de abril de 1948 en Bogotá (a dicho episodio sele conoce como El Bogotazo4). Esta confrontación fratricida benefició a la elite económica con lasmedidas gubernamentales que les permitieron elevar sus ganancias, en detrimento de los derechoslaborales:

El gobierno proclamó el estado de sitio, prohibió las huelgas y reuniones políticas, cerró lassedes sindicales e hizo despedir y arrestar a miles de trabajadores gaitanistas. Los industrialesaprovecharon de inmediato el nuevo clima represivo. “La situación colombiana es la mejor quehemos conocido jamás”, declaro el presidente de la ANDI 5 al año siguiente, en el que murie-ron por razones políticas casi 30.000 colombianos. Entre 1948 y 1953 la producción industrialcreció el 56% mientras que los salarios perdieron el 14% de su poder adquisitivo6.

“La violencia” terminó en la perpetuación del sistema de privilegios de las élites de los dos parti-dos tradicionales en lo que se denominó “Frente Nacional” (1958 y 1974), que consistió en unacuerdo de alternancia en la presidencia y establece la fórmula de paridad política que otorgabaigual representación a liberales y conservadores en las corporaciones públicas, en la rama juris-diccional y en los cargos del ejecutivo, no correspondientes a la carrera administrativa. Se garanti-zó además la impunidad7 de los crímenes cometidos.

Las autodefensas campesinas que surgieron en ese momento para protegerse de la violencia poli-cial y de los terratenientes, y que se desmovilizaron al amparo de la amnistía ofrecida en 19538, noobtuvieron la reforma agraria que exigían ni la ampliación de los espacios democráticos. El incum-plimiento de las promesas gubernamentales (que incluyeron el asesinato de muchos líderes de lasautodefensas que habían entrado a la legalidad) y la intervención norteamericana9, derivaron en elsurgimiento de las FARC en 1964.

En el contexto internacional se encontraba en pleno auge la “guerra fría”, y el Estado colombiano,en el marco de la “Doctrina de Seguridad Nacional”, impulsó su estrategia anti insurgente, la cualbuscaba vincular a la población civil al conflicto armado interno desde dos posiciones: (I) vincula-ción a la guerra mediante el paramilitarismo, y (II) blanco principal de la guerra mediante el ataquey criminalización de los movimientos sociales y la protesta popular10. Es así como en 1965, se apro-bó el Decreto 339811, que orientaba a las fuerzas militares organizar y entrenar grupos de civiles

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3 Jefe único del Partido Liberal, en ese momento en la oposición.4 Revuelta urbana que sacudió la capital de Colombia tras el asesinato del líder político Jorge Eliecer Gaitán, dejó unsaldo oficial de 2.585 muertos en tres días.5 ANDI, Asociación Nacional de Industriales.6 Piccoli, Guido (2004), El sistema del pájaro, Colombia sistema de barbarie, Editorial Txalaparta, Tafalla.7 No se sabe con precisión el número de víctimas, pero se habla de unas 300.000 muertes en cinco años. 8 Mediante la cual se amnistiaron unos 5000 combatientes de las guerrillas liberales. 9 Que se evidenció en el operativo militar adelantado contra las zonas controladas por las autodefensas campesinas,adelantada por unos 16 mil hombres, apoyados por fuego aéreo y con militares norteamericanos, tuvieron a cargo laoperación. Los ataques a estas zonas, se habían adelantado sin éxito desde 1962. El operativo militar se enmarcó en loslineamientos del Plan Laso (Latin American Security Operation), en su ejecución fueron utilizadas armas químicas10 Banco de Datos – CINEP, “Colombia: deuda con la humanidad. Paramilitarismo de Estado. 1988– 2003. Panorama deDerechos Humanos y Violencia Política en Colombia”, en Noche y Niebla. p. 17.

para labores contrainsurgentes, de inteligencia y seguridad. Esta normativa se convirtió en perma-nente en 196812. El estado colombiano renunció entonces al monopolio de las armas.

A pesar del proceso de consolidación de las estructuras civiles de guerra sucia -al amparo del esta-do- durante la década de los años 70 y 80, el movimiento social colombiano vivió un proceso de for-talecimiento: en 1971 nacen el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC13, la Asociación deUsuarios Campesinos ANUC y las Juntas de Acción Comunal JAC14. Entre 1971 y 1980 se realizaron128 huelgas locales y regionales. En 1985 eran más de 32.000 las organizaciones cívicas con unoscinco millones de afiliados. En 1986 nació la Central Unitaria de Trabajadores CUT, primera centralsindical con independencia del estado, de los partidos tradicionales y de la iglesia. También se for-talecieron las estructuras guerrilleras15, como ocurrió en otros países de la región. Entre 1979 y 1983las FARC pasaron de tener 9 frentes a 2716. Habían aparecido otros grupos guerrilleros (ELN, EPL,Quintín Lame, M-19).

La respuesta oficial a los procesos no se hizo esperar. El presidente Julio César Turbay Ayala (1978– 1982) para enfrentar los grupos guerrilleros y contener la lucha social, implementó el Estatuto deseguridad. Aparecieron varios escuadrones de la muerte: El MAS (Muerte a Secuestradores), LaTriple A (Acción Anticomunista Americana), Movimiento Democrático contra la Subversión,Movimiento Patriótico de Autodefensa Nacional, la Mano Negra, el Escuadrón del Machete,Muerte a Comunistas.

A pesar de que en 1989 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reglamentaciónque amparaba los grupos de civiles armados, en 1994 empieza el proceso de creación de lasAsociaciones Comunitarias de Seguridad Rural (CONVIVIR). La filosofía de estas asociaciones eracolaborar con la Fuerza Pública promoviendo “la organización de la comunidad en forma de coo-perativa, junta de acción comunal o empresa comunitaria, con el objeto de promover vigilancia yseguridad privada a sus cooperados o miembros, dentro del área donde tiene asiento la respectivacomunidad”.

La presión de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, condujo a la ilegali-zación de varias de dichas cooperativas, limitando sus alcances a labores defensivas y ordenandola devolución del armamento de uso restringido de las fuerzas militares. Las CONVIVIR permitierona los grupos paramilitares su consolidación en muchas regiones del país, y la posterior estructura-ción como organización político militar bajo un mando nacional unificado alrededor de lasAutodefensas del Magdalena Medio que comandaban los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castañoy en 1997 nacen las Autodefensas Unidas de Colombia AUC.

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11 “Todos los colombianos hombres y mujeres, no comprendidos en el llamamiento al servicio militar obligatorio, podíanser utilizados por el gobierno en actividades y trabajos con los cuales se contribuyera al establecimiento de la legali-dad”, así como “amparar, cuando lo estime conveniente, como de propiedad particular, armas que estén consideradascomo de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.12 “Por la cual se adoptan como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidentede la República y a las asambleas, y se introducen reformas al Código Sustantivo del trabajo y se dictan otras disposi-ciones" Ley 48 de 1968.13 A finales de los años ochenta, el trabajo del CRIC transformó profundamente la realidad del Cauca: Se recuperaron30.000 hectáreas de tierra, los «cabildos» se fortalecieron como máxima autoridad y sus tareas se multiplicaron.Nacieron más de 60 empresas de producción, así como 40 almacenes comunitarios. El diario Unidad Indígena comenzóa publicarse regularmente, 18 escuelas bilingües entraron en funcionamiento y se publicaron varios abecedarios para laalfabetización. Formaciones de distintos niveles y seminarios se generalizaron (Cepeda; 2005,63)14 Que aunque surgieron de iniciativa estatal, rápidamente se radicalizaron exigiendo el primero una verdadera reformaagraria y otras medidas de apoyo a la producción agropecuaria y las segundas realizaron acciones de movilización exi-giendo regularización en los servicios públicos, acceso a derechos sociales, y planes de vivienda.15 En 1987 nace la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de la que forman parte las FARC, el ELN, el EPL y el M-19.16 Colombia dentro del Laberinto, Jenny Pearce, Altamir Ediciones, 1992

El accionar criminal de los escuadrones de la muerte se ha acompañado de un discurso legitima-dor por parte de altos funcionarios en los sucesivos gobiernos. En su informe del año 2000 la Oficinaen Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indicó quefue “... testigo de declaraciones de altos oficiales del Ejército señalando que los paramilitares no aten-tan contra el orden constitucional y por consiguiente no es función del Ejército combatirlos”17.

Todos los sectores sociales organizados han sido declarados objetivo militar por exigir condicionesde vida digna. La lista de víctimas es interminable e incluye dirigentes estudiantiles, campesinos,barriales, de organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas, de comunidades afrocolombianas,de organizaciones defensoras de derechos humanos. El Proyecto “Colombia Nunca Más” docu-mentó más de 40.000 violaciones graves a los derechos humanos ocurridas entre 1966 y 1998 per-petradas por agentes estatales y por grupos paramilitares.

La violencia estatal contra el movimiento social ha permitido la perpetuación de la pobreza. Segúnel Banco Mundial la inequidad en Colombia es igual a la registrada en 193818. El 64% de la pobla-ción es pobre (82% rural). Doce mil propietarios poseen el 20% del total de las tierras productivas19.Más de cuatro millones de personas han sido despojadas de sus tierras y obligadas a desplazarseforzadamente. Al menos 15 mil personas han sido desaparecidas forzadamente. Desde 1986 - añode creación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT - han sido asesinados 2743 sindicalistas. Elterror se ha aplicado entonces bajo el manto de la democracia más estable de la región.

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17 Documento de las Naciones Unidas E/CN.4/2000/11, de 9 de marzo de 2000, párrafo 111.18 En artículo “Concentración de la riqueza y desigualdad”. Viva la ciudadanía. http://www.viva.org.co/caja_herramien-tas_contenido.htm?cmd%5B825%5D=x-825-14493678&cmd%5B822%5D=x-822-14493673&cmd%5B874%5D=x-874-14493673&cmd%5B824%5D=c-1-ea6969cff970bf6fd8b20fe89588a05c.19 http://indh.pnud.org.co/files/rec/gestLaTardeseptiembre07.pdf.

2. SITUACIÓN ACTUAL. OCHO AÑOS DE “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”

En el año 2002, en un contexto nacional de debilitamiento del movimiento social producto del accio-nar de la guerra sucia y en lo internacional enmarcado en la cruzada contra el terrorismo, llega a lapresidencia Álvaro Uribe Vélez. Una vez electo, Uribe implementó la denominada política de segu-ridad democrática, que sostiene que en Colombia no existe un conflicto armado sino una amena-za terrorista. Estos planteamientos han priorizado la salida militar del conflicto armado que vive elpaís desde hace cerca de cinco décadas.

La seguridad democrática incluye el pago de información a particulares y el estímulo con ascensosy dinero a agentes de la fuerza pública que muestren resultados en la “lucha contra el terrorismo”.En desarrollo de estas directrices se han conocido casos de ejecuciones extrajudiciales (“falsospositivos”), en los que jóvenes campesinos o pobladores de los barrios marginales de las ciudades,son presentados como guerrilleros dados de baja en combate. La justicia colombiana ha tenidoconocimiento de más de 1600 de estos casos entre los años 2002 y 200820.

La política de Uribe combina por un lado la “mano dura” contra el “terrorismo” con el “corazón gran-de” de la paz. Se ha presentado entonces la “negociación” con los grupos paramilitares como un apor-te significativo en la búsqueda de la paz y la superación de la impunidad estructural. El proceso ade-lantando con los grupos paramilitares no obedece a una negociación política, en cuanto cualquiernegociación supone la existencia de posturas antagónicas21, tampoco se trata de un proceso de paz, nide desmovilización ni mucho menos del desmonte de estos escuadrones de la muerte.

Se ha constatado por parte de organizaciones de derechos humanos el “rearme” de unas 21 “bandasemergentes”, estructuras de las que harían parte al menos unos 10.20022. La normativa aprobada paraestá negociación (Ley de Justicia y Paz) solo ha sido aplicada al 1% de los casi 36 mil “desmovilizados”y no garantiza el cumplimiento de los estándares internacionales de los derechos de las víctimas23.

Los vínculos con el paramilitarismo alcanzaban más del 20% de los parlamentarios electos para el perí-odo 2006 – 2010. También se han conocido las relaciones de estos grupos con altos cargos en el cuer-po diplomático24, y en los órganos de control, en la Registraduría, la Superintendencia de Vigilancia, elConsejo Superior de la Judicatura, la Dirección Nacional de Estupefacientes, Industria Militar (Indumil), laArmada, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), y los Ministerios del Interior, Transporte,Comunicaciones y de Relaciones Exteriores25. No se trata entonces de “casos aislados”, se trata de la con-solidación de un poder mafioso en la estructura del estado.

No puede dejar de mencionarse además, el papel que viene jugando el gobierno colombiano en ladesestabilización de los procesos sociales de la región. Colombia es un aliado estratégico de los inte-reses norteamericanos, que se afianzan con la suscripción de nuevos acuerdos de cooperación enmateria militar, so pretexto de la lucha contra el narcotráfico, que en esta fase implica la ubicación de7 nuevas bases militares, que se suman a las ya existentes.26.

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20 Ver http://www.semana.com/noticias-opinion-on-line/falsos-positivos-practica-vieja-ejercito/119383.aspx.21 En “Cinco falacias en el proceso con los paramilitares” de Javier Giraldo S.J., publicado por FICA. 22 En http://www.terra.com.co/actualidad/articulo/html/acu16920-unos-10200-hombres-en-bandas-emergentes-tras-desarme-paramilitar.htm. 23 La extradición de 16 de los jefes paramilitares hacia Estados Unidos, es una jugada más para garantizar la impunidad de los crí-menes contra la humanidad que pretende ocultar la información sobre los promotores y beneficiarios de los mismos. 24 Salvador Arana (Chile), Luis Camilo Osorio (México), Jorge Noguera (Cónsul en Milán), Juan José Chaux (Países Bajos), JorgeVisbal (Canadá), Camilo Ospina (representante ante la OEA)25 Infiltraciones ’paras’ en varios organismos reveló el ex jefe de informática del DAS, Rafael García. El Tiempo, Abril 18 de 2008,http://www.eltiempo.com/justicia/2008-04-18/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-4107018.html). 26 Las actuales son las de Cali, Túmaco, Tres Esquinas, Guajira y Arauca a las que se suman, con el convenio suscrito en 2009,las bases aéreas de Palenquero, Malambo y Apiay; las bases del ejército de Tolemaida y Larandia y las bases navales deCartagena y Málaga.

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27 Instituto Nacional Sindical INS28 Ver CEACR: Observación individual sobre el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindi-cación, 1948 (núm. 87) Colombia (ratificación: 1976) Publicación: 2008 y Informe de la Comisión de Aplicación deNormas, 98ª Conferencia Internacional del Trabajo, Tercer punto del orden del día: Información y memorias sobre laaplicación de convenios y recomendaciones, 2ª parte: Observaciones e informaciones acerca de ciertos países, p. 38.

3. VIOLENCIA POLÍTICA Y EXCLUSIÓN DE LA CLASE TRABAJADORA.

Unos de los sectores más vulnerados por la violencia política estatal en Colombia ha sido el de lasy los trabajadores organizados, convirtiéndolo en el país más peligroso para la defensa de los dere-chos laborales. Desde la fundación de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en 1986 han sido ase-sinadas 2743 personas sindicadas27. Por más de 15 años, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han instado al Estado colom-biano a que garantice el ejercicio sindical28 y que se supere la situación de impunidad imperante enlas violaciones graves de los derechos humanos contra el movimiento sindical.

Asesinatos contra sindicalistas en Colombia. 1 de enero de 1986 a 7 de agosto de 2009Total

Año 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97Número 34 60 125 85 47 90 140 200 104 224 274 170 2.704Año 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09Número 97 82 134 194 191 101 94 72 76 39 49 22Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos, ENS, Centrales Sindicales

Total de violaciones. 1 de enero de 1986 a 7 agosto de 2009Tipo de violación Nº de casos Porcentajes %

Amenazas 4.418 42,6Homicidios 2.704 26,1

Desplazamiento forzado 1.611 15,5Detención arbitraria 633 6,1

Hostigamiento 280 2,7Atentado con o sin lesiones 237 2,3

Desaparición 190 1,8Secuestro 162 1,6Tortura 79 0,8

Allanamiento ilegal 47 0,5Homicidio de familiar 3 0,0

TOTAL 10.364 100.0Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos, ENS, Centrales Sindicales

Los momentos de mayor violencia física (expresados en asesinatos, atentados), coinciden con la rea-lización de paros, huelgas, negociaciones de pliegos de derechos laborales. La década de losnoventa fue el momento en el que se implementaron con mayor vigor las medidas neoliberales (pri-vatizaciones, recorte de derechos sociales, entrada de capital extranjero). Sin duda, el ataque almovimiento sindical tiene como objetivo debilitar uno de los sectores con mayores niveles de orga-nización y conciencia política, que además ha conseguido niveles importantes de articulación conotros sectores del movimiento social.

El descenso de asesinatos de los últimos años obedece a varios factores: (I) ya se ha implementa-do la reforma laboral, (II) las privatizaciones y concesiones han dejado en manos privadas la mayorparte de los sectores estratégicos, (III) la contrareforma agraria de unas 10 millones de hectáreaspermite la explotación de recursos y la realización de los megaproyectos, (IV) el proceso de “nego-

ciación” con los grupos paramilitares, requirió mostrar cifras favorables en materia de derechoshumanos y (V) la presión de las organizaciones sindicales y los organismos de derechos humanoshan denunciado la violencia antisindical, tema que ha sido obstáculo para la firma de tratados delibre comercio (en especial el de USA). No se trata de que haya mejorado el panorama de derechoshumanos de los y las trabajadoras, se trata del cambio en la configuración de la violencia estatal29.

Por actividad económica las violaciones se centran mayoritariamente en el sector agrario(Sintrainagro, Fensuagro, Sintrapalmas) con cerca del 41%; en el sector extractivo (USO), con cercadel 5%; en el sector salud, educación y servicios públicos domiciliarios (Fecode, Anthoc,Sintraemcali, Sintraemdes, Aspu, Sintraelecol) con un 45% siendo crítico el sector de la educación;en la justicia (Asonal Judicial y Aseinpec) con cerca del 3%.

La impunidad en los casos de la violencia estatal contra las personas sindicadas es estructural. Sóloen el 22% de los asesinatos se tiene alguna información sobre la autoría y en estos casos los para-militares aparecen como presuntos responsables en el 65%, las guerrillas del 23,4% y la fuerzapública del 8,2%. Durante los casi ocho años del gobierno Uribe han sido asesinados más de 500dirigentes sindicales, varios de los cuáles fueron presentados como guerrilleros dados de baja encombate30.

Sindicatos más afectados por homicidios 1986 - 2009

Nombre del Sindicato Sigla Nº Género1. Sindicato Nacional de Trabajadores Sintrainagro 844 femenino 27de la Industria Agropecuaria masculino 8172. Federación Colombiana de Educadores Fecode 830 femenino 166

masculino 6643. Unión Sindical Obrera USO 115 femenino 1

masculino 1144. Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados Anthoc 58 femenino 24de Hospitales, Clínicas, Consultorios y masculino 34Entidades dedicadas a la Protección de la Salud5. Sindicato de Trabajadores Sintraelecol 46 femenino 1de la Electricidad de Colombia masculino 456. Asociación Nacional de Funcionarios Asonal Judicial 45 femenino 8y Empleados de la Rama Judicial masculino 377. Sindicato Unitario de la Industria Sutimac 38 femenino 0de Materiales para la Construcción masculino 388. Asociación Sindical de Trabajadores Aseinpec 32 femenino 0del Instituto Nacional Penitenciario masculino 329. Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria Fensuagro 30 femenino 1

masculino 2910. Sindicato de Trabajadores Sintraemcali 22 femenino 0de las Empresas Municipales de Cali masculino 2211. Sindicato Nacional de Trabajadores Sinaltrainal 22 femenino 1de la Industria de Alimentos masculino 2112. Sindicatos de Conductores Sincontaxcar 21 femenino 0de Taxis de Cartagena masculino 21

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29 Simultáneamente con la disminución de los asesinatos y atentados, aumentan las amenazas de muerte a los sindicalis-tas y a sus familiares, el aumento de las privaciones de la libertad, detenciones y allanamientos, y ha aumentado elaumento de las violaciones por parte de organismos de la fuerza pública. 30 Fenómeno conocido como falsos positivos. Bajo esta modalidad han sido asesinados 49 dirigentes sindicales de 23organizaciones. (Fuente INS).

13. Sindicato de Trabajadores y Empleados Sintraemsdes 20 femenino 0de Servicios Públicos, Autónomos e Institutos masculino 20Descentralizados de Colombia14. Sindicatos de Trabajadores de Empresas Sintrapalmas 19 femenino 0de Palmas, Oleaginosas y Similares masculino 1915. Asociación Sindical de Profesores Universitarios Aspu 19 femenino 0

masculino 19Fuente: Banco de datos de Derechos Humanos, ENS.

Recientemente se ha acusado el ex-director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS,Jorge Noguera, de haber colaborado con grupos paramilitares para la eliminación de dirigentes sin-dicales31. Es también conocida la responsabilidad de empresas transnacionales en asesinatos y otroscrímenes cometidos contra las y los trabajadores sindicalizados.

La violencia estatal se ha acompañado de discursos deslegitimadores de su función social32, y elPresidente Álvaro Uribe en su plataforma política (Estado comunitario, desarrollo para todos), pro-mueve un cambio en la actividad sindical pasando de un modelo reivindicativo a otro participativo,que coadministre las empresas, en lo que se denomina “contrato sindical”.

3.1. OTRAS RESTRICCIONES PARA LA LIBERTAD SINDICAL

En Colombia trabajan 18 millones de personas, la tasa oficial de desempleo es del 15% y la sindi-cación es del 5,11%. Esta baja representación sindical obedece en gran medida a la violencia sis-temática de la que ha sido objeto el movimiento sindical. Sin embargo no deben desconocerse otrosfactores que incluyen la existencia de una legislación laboral que restringe el derecho a la libertadsindical (incluido el derecho a la huelga), la criminalización de la lucha social, las políticas antisin-dicales implementadas por el estado y el empresariado, y la flexibilización y desregulación de lasrelaciones laborales33. Esta situación ha conducido a la pérdida de la capacidad de negociación delas condiciones laborales por parte de las organizaciones sindicales.

Cuadro Nº 1. Evolución de la sindicalización en Colombia 1947 – 2005AÑOS 1947 1965 1974 1984 1996 2002 2005Afiliación 165.595 700.000 835.200 873.442 876.005 853.944 831.047Tasa de sindicación 4,7 13,4 12,5 9,3 6,0 4,93 4,60Fuente: Censo Ministerio de Protección Social y ENS.

Cuadro Nº 2. Convenciones, pactos y cobertura de la contratación colectivaURTEA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 *

Convención colectiva 496 328 492 173 434 200Pacto colectivo 153 149 204 110 192 160Contrato sindical 4 6 4 1 2 0

Total 648 483 700 284 628 360Fuente: Ministerio de la Protección Social y cálculos de la ENS. * Datos hasta 29 de noviembre de 2005.

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31 http://www.colectivodeabogados.org/Llamado-a-juicio.32 A las organizaciones sindicales se les responsabiliza de la mala situación económica del país, del déficit fiscal, del desem-pleo y la falta de crecimiento. 33 Para reducir costos laborales se promueve la firma de contratos a término fijo, la subcontratación a través de terceros, eluso de cooperativas de trabajo asociado o de contratos civiles para eludir las obligaciones que entraña el contrato laboral.

Las políticas neoliberales en el ámbito laboral se han materializado en dos reformas laborales (Ley50 de 1990 y Ley 789 de 200234), y sustentan que el desempleo estructural y de larga duración esconsecuencia de la intervención estatal en el ámbito laboral y de la rigidez salarial, sin embargo laaplicación de las medidas liberalizadoras han conducido a un desmejoramiento de las condicionesde vida de las y los asalariados y a profundizar las condiciones precarias en el mercado laboral, ypor supuesto tampoco ha permitido mejorar las tasas de desempleo.

Las dos terceras partes de las personas que trabajan en Colombia perciben menos de un salariomínimo, es decir viven en condiciones de pobreza; en materia de seguridad social sólo 30 de cada100 son cotizantes al sistema de pensiones, 35 están afiliados al sistema de riesgos profesionales y41 están afiliados al régimen contributivo de salud. Esto significa que cerca de 12 millones de tra-bajadores no están cubiertos por el sistema de seguridad social. De cada cuatro adultos mayores,menos de uno está pensionado en Colombia. La tasa de trabajo infantil es de un 14,3%. Los jóvenesy las mujeres se emplean principalmente en el sector informal y en labores de baja remuneración,y el desempleo femenino está seis puntos por encima del masculino.

A pesar de los compromisos asumidos por el estado colombiano se ponen todo tipo de trabas paraimpedir la sindicación de las personas trabajadoras, dichas prácticas incluyen la revocatoria directade la inscripción de las organizaciones sindicales a petición de los empleadores o por iniciativa pro-pia del funcionario de conocimiento del Ministerio; oponerse a las reformas estatutarias de los sindi-catos, interviniendo en la autonomía de los sindicatos o al cambio de las juntas directivas o modifica-ciones estatutarias.

3.2. LAS EMPRESAS MULTINACIONALES Y LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMA-NOS EN COLOMBIA35 : ATACAR A LOS SINDICATOS ES RENTABLE.

En Colombia las empresas extranjeras no sólo se han beneficiado de la implementación del neoli-beralismo, que desregulariza el mercado laboral, traslada al sector privado la gran mayoría de losderechos sociales y garantiza la extracción de recursos naturales, también han obtenido gananciasde los crímenes cometidos contra las organizaciones sindicales y las comunidades.

A continuación se mencionan algunas de ellas, haciendo especial énfasis en las de capital español,interesadas además en la aprobación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea36.

- Drummond Company: demandada por el asesinato a manos de grupos paramilitares detres líderes sindicales, que entre otras cosas estaban exigiendo a la empresa media horapara poder almorzar en una jornada de doce horas de trabajo continuo.

- Coca Cola Company: demandada por el asesinato de nueve sindicalistas

- Oxy37: responsable del bombardeo de la Fuerza Aérea en la vereda Santodomingo(Arauca, 13 de dic. de 1998) que ocasionó 17 muertos y 25 heridos, en el cual la empresa

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34 En esta reforma legislativa se eliminó el Ministerio del Trabajo.35 Para más información ver resultado del Tribunal Permanente de los Pueblos TPP en Colombiahttp://www.omal.info/www/rubrique.php3?id_rubrique=24.36 El Tratado de Libre Comercio espera ratificación en el Parlamento Europeo después de alcanzar un acuerdo en lanovena ronda de negociación en marzo pasado. Para más información ver: http://www.recalca.org.co/.37 Repsol YPF es socia de OXY. Los principales accionistas de Repsol son el banco catalán La Caixa (31%), Banco BilbaoVizcaya Argentaria (9%) e Iberdrola (3,5%).

aportó las coordenadas para dirigir el bombardeo. También se le responsabiliza del asesi-nato de los dirigentes sindicales Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto (5 agosto2004), por la masacre perpetrada en el caserío La Cabuya (20 de noviembre de 1998);detenciones masivas en 2002, 2003 y 2005, con un resultado de 118 líderes sociales y sindi-cales privados de la libertad.

- Chiquita Brands: antes conocida como la tristemente célebre United Fruit Company, queadmitió sus vínculos con grupos paramilitares en Colombia, por lo que fue condenada apagar 25 millones de dólares. En Colombia no se encuentran procesados.

- EMGESA: ENDESA filial de la transnacional ENDESA por la violación de DerechosLaborales en contra de los afiliados a Sintraelecol.

- Telefónica: acusada por la Unión Sindical de Trabajadores de las Comunicaciones (USTC)por la vulneración del derecho de asociación de sus trabajadores, con despidos respecto alos intentos de sindicación (más de 1200 despidos en 2007).

- UNION FENOSA: acusada por Sintraelecol, por la violación del derecho a la vida, tortura ytratamiento cruel, inhumano o degradante. La estigmatización que hace la empresa coincidecon las justificaciones de grupos armados ilegales sobre varios homicidios ocurridos en losúltimos años contra sus afiliados. Entre los directivos sindicales asesinados están Iván Franco,(19 de marzo de 2000), Javier Jonás Carbono Maldonado (9 de junio de 2000), Edgar ManuelRamírez Gutiérrez (22 de febrero de 2001), Víctor Carrillo (1 de marzo de 2001), MartínContreras Quintero (23 de octubre de 2001).

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4. RESPUESTA DE LA CLASE TRABAJADORA FRENTE AL TERRORISMO DEESTADO

Las organizaciones sindicales han sido conscientes de la importancia de construir espacios decoordinación amplia con otros sectores sociales, que incluyen la movilización social y la defensa delos derechos de las poblaciones. Es así como se han articulado en espacios como la Gran CoaliciónDemocrática, de la que hacen parte no sólo organizaciones sociales sino también partidos políticosde oposición.

La experiencia de articulación con otros sectores sociales permitió en el 2003 -en un momento degran popularidad del presidente Uribe-, con la campaña de abstención activa derrotar un referen-do que pretendía por vía popular, implementar recortes de corte neoliberal, como la reducción deltamaño del estado, el congelamiento de salarios, el aumento de la edad de jubilación, entre otras.

La situación de crisis humanitaria y de violación sistemática de derechos humanos ha llevado a quese incluya en las banderas de la lucha sindical la ampliación de espacios democráticos, del respe-to a la vida y la salida política negociada al conflicto armado. De igual manera, la situación de empo-brecimiento, las privatizaciones y la apropiación de los recursos naturales por parte de empresasmultinacionales, han puesto a las organizaciones sindicales a luchar por la soberanía, por los dere-chos sociales y a oponerse a los Tratados de Libre Comercio.

En el marco del proceso de impunidad con los grupos paramilitares, también han acompañado lareivindicación de los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación integral, así como haseñalado la responsabilidad estatal en la violencia contra el movimiento sindical, que por su magni-tud y sistematicidad, puede catalogarse como genocidio. El reconocimiento de la lucha por losderechos laborales como parte de un sistema democrático hace parte de las condiciones para lano repetición de los crímenes.

La denuncia internacional y las alianzas construidas con el movimiento sindical a nivel internacional,han puesto en el debate público los altos índices de asesinatos y ataques contra el sindicalismo y laimpunidad, situación que ha jugado en contra del gobierno colombiano a la hora de la firma deacuerdos comerciales, como el de los Estados Unidos. Sin embargo, otros Tratados han sido firma-dos como el suscrito con la UE, que es prioritario para la inversión española en Colombia (dondetiene unas 170 empresas).

La aprobación de este tipo de tratados afectará a los ciudadanos europeos con la eliminación depuestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales. Es necesaria la solidaridad y coordi-nación de acciones entre los pueblos del norte y el sur.

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TÍTULOS PUBLICADOShttp://www.labsindikatua.org/formakuntza/iparhegoa/argitalpena/Haritik

1. La lucha de clases en la nueva Unión Europea: una estrategia sindical para la construcción euro-pea -2004-

2. Análisis de la fiscalidad vasca. -2004-

3. Los hombres cobran un 36% más que las mujeres. -2005-

4. NO al actual tratado constitucional europeo. -2005-

5. Jai egunak bizi egunak. Domingos y festivos cerramos. -2005-

6. Informe sobre el empleo. Año 2004. -2005-

7. La amenaza Bolkestein. -2006-

8. Dialogo social, negociación colectiva y género. -2006-

9. Apuntes solidarios sobre la realidad del pueblo Palestino. -2007-

10. La nuclear no es la energía del futuro. -2007-

11. Empleo de calidad para acceder a unas condiciones de vida dignas. -2008-

12. Egungo krisialdi ekonomikoa aztergai -2008-

13. La clase trabajadora frente a la crisis -2009-

14. Política fiscal y presupuestaria. Un instrumento básico para el reparto de la riqueza y el cam-bio social -2009-

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