1. La sentencia que dict el Tribunal Supremo el pasado 30 de
mayo sobre la naturaleza rstica de los terrenos de la Fundacin Hija
de Pepe Reyes inici en Badajoz un debate sobre los criterios de
recaudacin del IBI que se ha extendido ya por toda Espaa. En apenas
cuatro meses, la resolucin ha provocado una reaccin en cadena por
ayuntamientos de todo el pas. La primera en hacerse eco fue la
Defensora del Pueblo. Soledad Becerril pregunt a mediados de junio
a la Secretara de Estado de Hacienda cmo iba a adaptar los datos y
valores catastrales del suelo calificado como urbano no
desarrollado al contenido de lo estipulado por el alto tribunal. La
institucin ya emiti un informe en 2012 sobre la necesidad de
acomodar la valoracin catastral al principio de capacidad econmica
real y aprovech el procedimiento judicial de la fundacin pacense
para insistir en el cambio de criterio. Para Becerril, valorar con
fines tributarios un inmueble por encima de su valor de mercado
supone gravar una riqueza ficticia o inexistente. La defensa del
nuevo criterio de la Defensora del Pueblo sirvi para que otras
ciudades tambin se lo plantearan, y ante la posible avalancha de
reclamaciones, la Federacin Espaola de Municipios y Provincias
(FEMP) emiti una
