¿Un informe al borde del olvido?

El 7 de julio de 2010, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación presentó su

informe “Para que los hechos no se repitan”, en el que expuso un número

importante de recomendaciones para evitar que los hechos del golpe de Estado se

repitan en el futuro.

Desde un inicio, el gobierno de Lobo Sosa se comprometió a cumplir cada una de las

recomendaciones allí contenidas, no obstante, hasta el momento las mismas siguen

siendo letra muerta pues el gobierno no sólo ha hecho muy poco para cumplir este

compromiso, sino que ha realizado acciones contrarias a lo que el informe

recomienda.

Es preciso recordar que el informe establece claramente que policías y militares

cometieron graves violaciones a derechos humanos como asesinatos, torturas,

detenciones ilegales, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violaciones

sexuales, todas las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad debido a su

carácter masivo, sistemático e institucional y a que fueron ordenadas, autorizadas y

encubiertas por los mandos y autoridades superiores del gobierno de facto, la

Policía y las Fuerzas Armadas en el marco de una política estatal de represión.

Pese a que el informe recomienda investigar y sancionar a los responsables

intelectuales y materiales de tales crímenes, es de todos conocidos que más bien han

sido premiados, declarados héroes nacionales y diputados vitalicios, han sido

nombrados en importantes instituciones del Estado y hasta se les permite

presentarse como candidatos presidenciales a pesar que el antecedente golpista es

una causal suficiente para excluirlos del proceso electoral.

El informe también recomienda evaluar el papel del Fiscal del Ministerio Público, del

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y de los magistrados de la Corte

Suprema de Justicia, pues su participación en el golpe de Estado los convierte en

responsables directos de las violaciones a derechos humanos, sin embargo, no hay

ni siquiera indicios de que estos personajes enfrenten un proceso independiente

para la deducción de sus responsabilidades.

Asimismo, el informe recomienda depurar la Policía Nacional y revisar las facultades

de las Fuerzas Armadas, sobre todo en lo que se refiere a su participación en

funciones de seguridad ciudadana, no obstante, el proceso de depuración que se ha

iniciado sigue generando dudas y va a paso de tortuga, y a las Fuerzas Armadas se

les han otorgado facultades plenas para ejercer funciones policiales, en otras

palabras, se ha legalizado la militarización del país.

Debemos recordar que el cumplimiento de las recomendaciones del informe no sólo

requiere de voluntad política del Estado, sino también de un compromiso serio de la

ciudadanía para exigir y vigilar la realización de las reformas necesarias en el país

que permitan extirpar de raíz el cáncer que nos carcome y que nos ha puesto en

estado terminal desde el golpe de Estado: La impunidad y la corrupción.

Nuestra Palabra | 08 Mayo 2012