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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL “MUJER, PODER Y POLITICA EN EL ECUADOR ANÁLISIS DE LA DÉCADA 2006 AL 2016” AUTORA: AB. MARÍA AUXILIADORA ZAMORA BARBERÁN TUTOR: DR. PUBLIO DÁVILA ÁLAVA, MSC. GUAYAQUIL ECUADOR SEPTIEMBRE DE 2016

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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS

MAESTRÍA EN DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIA

CONSTITUCIONAL

TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE MAGISTER EN DERECHOS

FUNDAMENTALES Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL

“MUJER, PODER Y POLITICA EN EL ECUADOR ANÁLISIS DE LA DÉCADA 2006

AL 2016”

AUTORA: AB. MARÍA AUXILIADORA ZAMORA BARBERÁN

TUTOR: DR. PUBLIO DÁVILA ÁLAVA, MSC.

GUAYAQUIL – ECUADOR

SEPTIEMBRE DE 2016

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i

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

FICHA DE REGISTRO ESTUDIO DE CASO EXAMEN COMPLEXIVO

TÍTULO: “MUJER, PODER Y POLITICA EN EL ECUADOR ANÁLISIS DE LA DÉCADA 2006 AL 2016”

AUTOR/ES: María Auxiliadora Zamora

Barberán REVISORES: Dr. Publio Dávila Álava, Msc

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas

PROGRAMA: Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional

FECHA DE PULICACIÓN: 09/2016 NO. DE PÁGS: 43 ÁREA TEMÁTICA: Derecho Constitucional

PALABRAS CLAVES: Representación electoral, mujer y política, gobiernos locales, Constitución, Código de la democracia.

RESUMEN: Esta investigación busca analizar los niveles de participación electoral de la mujer en los gobiernos locales y la

Asamblea Nacional del Ecuador, en la última década (2006-2016). Aunque en este periodo se han realizado varios procesos

electorales consecutivos que incluyeron una asamblea constituyente (2007-2008), dos consultas populares (2008 y 2011), tres

elecciones generales (2006, 2009 y 2013); dos locales y seccionales (2009 y 2014). Hablar de la participación de la mujer en la

vida política de un país, generalmente abre la puerta a una discusión mayor, esto es, al permanente y siempre amplio debate sobre

la equidad de género, que como es conocido tiene distintas aristas que abarcan varios enfoques, desde el puramente jurídico hasta

el laboral o el político-electoral.

Es necesario recordar que este debate tomó fuerza a mediados de la década de los 90, con el aparecimiento de los

denominados nuevos movimientos sociales (jóvenes, mujeres, ecologistas), que surgieron de forma inmediatamente posterior al

posicionamiento de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que puso en la escena el

problema étnico como eje de articulación de nuevas identidades políticas, arraigadas en lo local y lo comunitario, distinto a lo

estatal-nacional. Con la Constitución de 1998, el movimiento de mujeres al igual que el de los indígenas lograron materializar sus

demandas a través de una serie de instituciones creadas para el efecto como el caso del Consejo de Desarrollo de las

Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) y el Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu).

N° DE REGISTRO (en base de datos): N° DE CLASIFICACIÓN:

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en la

web) N°

ADJUNTO URL (estudio de caso en la web):

ADJUNTO PDF: SI NO

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: E-mail:

CONTACTO EN LA INSTITUCION: Nombre: Unidad de Titulación

Teléfono:

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ii

Aprobación del Tutor

El día de hoy 15 de septiembre del 2016, en mi calidad de tutor de la estudiante

María Auxiliadora Zamora Barberán portadora de la cédula de ciudadanía No.0911503167, del

Programa de Maestría en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, nombrado por el

señor Decano de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas CERTIFICO:

que el estudio del caso del examen complexivo titulado “MUJER, PODER Y POLITICA

EN EL ECUADOR ANÁLISIS DE LA DÉCADA 2006 AL 2016” en opción al grado

académico de Magíster en DERECHOS FUNDAMENTALES Y JUSTICIAL

CONSTITUCIONAL, cumple con los requisitos académicos, científicos y formales que

establece el Reglamento aprobado para tal efecto.

Atentamente,

Dr. Publio Dávila Álava, Msc.

TUTOR

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iii

Dedicatoria

En reminiscencia a mi madre, mi ángel quien hoy sería la mujer más feliz y

orgullosa de saber de unos de mis sueños realizados, a mis hijos, Augusto, Nichole, Xavier,

Erick y Alex, mi inspiración constante, a mi nieto Lucciano André Mora, quien llegó a mi vida

para iluminarla y envolverla de mucha más felicidad.

Atentamente,

Ab. María Auxiliadora Zamora Barberán

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iv

Agradecimiento

A Dios, porque sin él nada es posible, a mi esposo Xavier, mi apoyo permanente e

incansable en todos mis actos, al Dr. Publio Dávila Álava, mi guía y dirección en este trabajo

y cada uno de quienes forman parte en mi vida, que me han dado su apoyo y cariño, no los

menciono por que no quisiera se me escape ninguno de una lista muy larga, gracias de corazón.

Atentamente,

Ab. María Auxiliadora Zamora Barberán

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v

Declaración Expresa

La responsabilidad del contenido de esta Tesis de Grado, me corresponden

exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE

GUAYAQUIL.

___________________________

María Auxiliadora Zamora Barberán

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vi

TABLA DE CONTENIDO

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA ......................................

i

Aprobación del Tutor ................................................................................................................. ii

Dedicatoria ................................................................................................................................ iii

Agradecimiento......................................................................................................................... iv

Declaración Expresa .................................................................................................................. v

Resumen .................................................................................................................................. 10

Abstract .................................................................................................................................... 11

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 1

Delimitación del problema: ....................................................................................................... 1

Formulación del problema: ........................................................................................................ 2

Justificación: .............................................................................................................................. 3

Objeto de estudio: ...................................................................................................................... 4

Campo de acción o investigación: ............................................................................................. 4

Objetivo general: ....................................................................................................................... 4

Objetivos específicos: ................................................................................................................ 5

La novedad científica:................................................................................................................ 5

CAPÍTULO I: .......................................................................................................................... 6

MARCO TEÓRICO .................................................................................................................. 6

1.1 Teorías Generales: ............................................................................................................... 6

1.2 Teorías Sustantivas ............................................................................................................ 11

1.3 Referentes Empíricos: ........................................................................................................ 16

CAPÍTULO II ........................................................................................................................ 20

METODOLOGÍA .................................................................................................................... 20

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vii

2. Metodología: ........................................................................................................................ 20

2.2 Métodos: ............................................................................................................................ 22

2.3 Premisas o hipótesis: ......................................................................................................... 22

2.4 Universo o muestra: ........................................................................................................... 22

2.5 Operacionalización de variables: ....................................................................................... 23

2.6 Gestión de datos:................................................................................................................ 23

2.7 Criterios éticos de la investigación: ................................................................................... 24

CAPÍTULO III: ..................................................................................................................... 25

RESULTADOS ....................................................................................................................... 25

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población:........................................................... 25

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: ....................................................................................... 27

CAPÍTULO IV ....................................................................................................................... 30

DISCUSIÓN ............................................................................................................................ 30

4.1 Contrastación empírica: ..................................................................................................... 30

4.2 Limitaciones: ..................................................................................................................... 32

4.3 Líneas de investigación: .................................................................................................... 32

4.4 Aspectos relevantes: .......................................................................................................... 34

CAPÍTULO V: ....................................................................................................................... 35

PROPUESTA .......................................................................................................................... 35

5.1 Descripción de la propuesta: .............................................................................................. 35

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................. 38

Conclusiones: ........................................................................................................................... 38

Recomendaciones: ................................................................................................................... 40

Bibliografía .............................................................................................................................. 41

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viii

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1: Árbol del Problema .............................................................................................. 1

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1: Comparativo de Asambleístas mujeres/hombres, Elecciones 2009 y elecciones 2013

....................................................................................................................................................

2

Tabla 2: Cuadro de CDIU ........................................................................................................ 23

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Resumen

Esta investigación busca analizar los niveles de participación electoral de la mujer

en los gobiernos locales y la Asamblea Nacional del Ecuador, en la última década (2006-2016).

Aunque en este periodo se han realizado varios procesos electorales consecutivos que

incluyeron una asamblea constituyente (2007-2008), dos consultas populares (2008 y 2011),

tres elecciones generales (2006, 2009 y 2013); dos locales y seccionales (2009 y 2014). Hablar

de la participación de la mujer en la vida política de un país, generalmente abre la puerta a una

discusión mayor, esto es, al permanente y siempre amplio debate sobre la equidad de género,

que como es conocido tiene distintas aristas que abarcan varios enfoques, desde el puramente

jurídico hasta el laboral o el político-electoral.

Es necesario recordar que este debate tomó fuerza a mediados de la década de los

90, con el aparecimiento de los denominados nuevos movimientos sociales (jóvenes, mujeres,

ecologistas), que surgieron de forma inmediatamente posterior al posicionamiento de la

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), organización que puso en

la escena el problema étnico como eje de articulación de nuevas identidades políticas,

arraigadas en lo local y lo comunitario, distinto a lo estatal-nacional. Con la Constitución de

1998, el movimiento de mujeres al igual que el de los indígenas lograron materializar sus

demandas a través de una serie de instituciones creadas para el efecto como el caso del Consejo

de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) y el Consejo Nacional

de las Mujeres (Conamu).

PALABRAS CLAVE: Representación electoral; mujer y política; gobiernos

locales; Constitución, Código de la democracia.

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viii

Abstract

This research seeks to analyze the levels of electoral participation of women in

local government and the National Assembly of Ecuador, in the last decade (2006-2016).

Although there have been several consecutive elections that included a Constituent Assembly

(2007-2008), two popular consultations (2008 and 2011), three general elections (2006, 2009

and 2013) in this period; two local and sectional (2009 and 2014). Talking about the

participation of women in political life of a country, usually opens the door to further

discussion, that is, the permanent and always broad debate on gender equality, which as known

has different edges that span multiple approaches from the purely legal to work or electoral

politics. We must remember that this debate took hold in the mid-90s, with the emergence of

so-called new social movements (youth, women, environmentalists), which emerged so

immediately after the positioning of the Confederation of Indigenous Nationalities of Ecuador

(CONAIE), the organization that put on stage the ethnic problem as the axis of articulation of

new political identities, rooted in the local and the community, unlike the nation-state. With

the 1998 Constitution, the women's movement like that of the Indians managed to realize their

demands through a series of institutions created to the effect as the case of the Development

Council of Nationalities and Peoples of Ecuador (Codenpe) and the National Council of

Women (CONAMU).

KEYWORD: Electoral representation, Women and Polit, local governments,

Code of Democracy.

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1

INTRODUCCIÓN

Delimitación del problema: Con la Constitución de 1998, el movimiento de mujeres al igual que el de los

indígenas logró materializar sus demandas a través de la creación de una serie de instituciones

como el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codenpe) y el

Consejo Nacional de las Mujeres (Conamu) que con la actual Norma Suprema (2008) se

transformaron en Consejos Nacionales para la Igualdad. Fue justamente el Conamu el que a

nombre de este sector de la denominada sociedad civil empezó a promover una agenda que se

concretó con la aprobación de la denominada “Ley de Cuotas”, cuyos principios se recogen

hoy tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia. Ese pionero cuerpo legal

estableció la aplicación de los principios de alternabilidad y secuencialidad para la

conformación de listas electorales con el objetivo de garantizar la equidad de género en la

participación electoral.

La alternabilidad se traduce en el hecho de que las listas deben integrarse por un

hombre y una mujer o viceversa hasta el número de candidatos que se elijan en la respectiva

jurisdicción (nacional, provincial, distrital). La secuencialidad, en cambio, tiene que ver con el

hecho de que la alternabilidad se aplique de forma secuencial en las papeletas.

Ilustración 1: Árbol del Problema

POCAS MUJERES ACCEDAN A UN CARGO DE ELECCI Ó N POPULAR ESPECIALMENTE EN EL Á MBITO LOCAL

POCA PARTICIPACI Ó N ELECTORAL DE LAS MUJERES EN EL ECUADOR

LAS MUJERES SIGUEN SIENDO RELEGADAS DE IMPORTANTES CARGOS DE ELECCI Ó N

POPULAR

PRINCIPIO DE IGUALDAD PARITARIA NO SE CUMPLE ESTRICTAMENTE

LA PARTICIPACI Ó N ELECTORAL DE LA MUJER HA SIDO SUBSUMIDA

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2

Elaborado por: Ab. María Auxiliadora Zamora Barberán

Formulación del problema: ¿A qué se debe que tan pocas mujeres accedan a un cargo de elección popular

especialmente en el ámbito local? Tras las últimas elecciones seccionales de 2014, Ecuador

tiene mujeres en apenas dos de 23 prefecturas, 16 de 221 alcaldías, esto denota que el principio

de igualdad paritaria no se cumple estrictamente, es por esta razón que se requiere enfatizar

culturalmente exista una tendencia que destaque la labor de la mujer en la política. Sin embargo,

a nivel de otras instituciones como por ejemplo la Asamblea Nacional, esas cifras no son tan

alarmantes como lo evidencia la siguiente tabla.

MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES

Nacionales 6 9 7 8

Provinciales 32 71 43 73

Del Exterior 2 4 3 3

TOTAL 40 84 53 84

Tabla 1: Comparativo de Asambleístas mujeres/hombres, Elecciones 2009 y elecciones 2013

Fuente: Sistematización de las Elecciones Generales (CNE, 2013) Elaborado por: Ab. María Auxiliadora Zamora Barberán

De acuerdo a lo que se observa, desde 2009 hasta 2013, se han incrementado de 40

a 53 el número de mujeres que obtuvieron un escaño en la Asamblea Nacional, mientras el

número de asambleístas hombres se mantuvo en 84.

De acuerdo con los resultados electorales de los comicios de 2013, de los 15

asambleístas nacionales, 7 son mujeres y 8 hombres. De los 116 asambleístas provinciales, 43

son mujeres y 73 hombres. Tres de los seis asambleístas del exterior son mujeres e igual número

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3

hombres. De 5 parlamentarios andinos electos, dos son mujeres y tres hombres. (Resultados

Electorales, 2013)

Justificación: Quiero empezar la justificación de este texto por el final del excelente libro de Alda

Facio (1992) sobre la metodología de género para el análisis de textos legales.

Más importante que saber si el proyecto está terminado o no, dice la autora, es

tomar conciencia de que lo que más interesa es el proceso en sí y no el fin. Al contrario de lo

que se piensa en el patriarcado, continúa, en el que el fin justifica los medios, “en la manera

feminista de concebir el mundo, el proceso es más importante que el fin”. Por ello, afirma, a lo

que debemos prestar atención es “si en el trabajo de analizar y revisar leyes, de formular

nuevas o de botar otras a la basura, estamos creciendo como seres humanos, aprendiendo a

convivir con nuestras hermanas de todas las clases, etnias, preferencias sexuales, etc.,

queriéndonos a nosotras mismas, cuidando de nosotras como cuidamos de nuestros seres

queridos, dándonos espacio, tiempo y permiso para sentir placer y reírnos de nuestras

deficiencias” (Facio , 1992)

Hablar de la participación política de la mujer en un contexto de declive de los

gobiernos autoproclamados “progresistas” de la región es un primer paso para retomar la

pregunta de esta autora: “¿Por qué las oportunidades de vida tienden a ser tan limitadas

exactamente en los momentos en que la historia tradicional caracteriza como los más

progresivos?” (Facio , 1992)

Y tomo esta pregunta debido a que el periodo analizado (2006-2016) ha estado

gobernado por un proyecto que se auto identifica como “progresista” en la ampliación de

derechos de los tradicionalmente marginados (mujeres, jóvenes, GLBTI, etc.), pero lo curioso

es que desde 2009 hasta 2013, se han incrementado de 40 a 53 el número de mujeres que

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4

obtuvieron un escaño en la Asamblea Nacional, mientras el número de asambleístas hombres

se mantuvo en 84.

Según con los resultados electorales de los comicios de 2013, de los 15

asambleístas nacionales, 7 son mujeres y 8 hombres. De los 116 asambleístas provinciales, 43

son mujeres y 73 hombres. Tres de los seis asambleístas del exterior son mujeres e igual número

hombres. De 5 parlamentarios andinos electos, dos son mujeres y tres hombres. (Resultados

Electorales, 2013)

Estos datos evidencian que aún falta mucho por hacer y para ello es necesario tomar

en cuenta la sugerencia de Facio relacionada con la “toma de conciencia” y de posición del

investigador respecto del fenómeno analizado. (Facio , 1992)

Objeto de estudio: El objeto de estudio de esta investigación es la poca participación electoral de las

mujeres en el Ecuador desde el 2006 hasta el 2016, tanto en elecciones generales como en

comicios secciónales.

Campo de acción o investigación: La investigación constituye un estudio de caso teórico-empírico de la evolución o

involución de una acción (participación electoral) de un actor concreto (las mujeres) en un

periodo histórico específico que se desarrolla en el ámbito de las ciencias sociales, con un

marco institucional y participación política de la mujer en los comicios seccionales de 2009 y

2014.

Objetivo general: Mejorar la representación de la mujer en cargos de elección popular para el ámbito

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5

local en los comicios generales de 2017 y elecciones seccionales de 2019, estableciendo causas

(institucionales y/o de cultura política) de por qué las mujeres no logran acceder a un cargo de

elección popular.

Objetivos específicos: * Promover la toma de conciencia de la ciudadanía y sensibilizar a la opinión

pública sobre la necesidad de que más mujeres ocupen importantes cargos de elección popular.

* Alentar una amplia discusión en la próxima Asamblea Nacional para extender el

marco institucional que regula a las organizaciones políticas (partidos y movimientos) para

garantizar los principios de alternabilidad y secuencialidad no solo en sus listas de candidatos

sino también en sus elecciones primarias.

* Incentivar a las organizaciones de mujeres para que promuevan procesos propios

de participación política para conformar un movimiento o partido que reivindique sus derechos.

La novedad científica: Al tratarse de un estudio de caso, circunscrito en el ámbito del derecho

constitucional y el diseño electoral, busca problematizar un hecho concreto: la escasa

participación de las mujeres en cargos de elección popular del ámbito local en Ecuador. Es

necesario aclarar que aunque hay una amplia bibliografía sobre este tema, esta tesis busca

aportar desde el punto de vista de la exploración de las causas de este fenómeno que resulta

incluso paradójico para todo el sistema político puesto que a pesar de contar con una

Constitución garantista y un Código de la Democracia que promueve la participación de las

mujeres, esta no logra concretarse en la práctica, al menos en el ámbito local.

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6

CAPÍTULO I:

MARCO TEÓRICO

1.1 Teorías Generales: La bibliografía sobre participación política de las mujeres en el Ecuador tiene dos

vertientes. Por un lado, un paradigma jurídico neoconstitucional basado en la ampliación y

garantía de derechos que está plasmado en la Constitución, que considera a las mujeres, los

niños y las personas con discapacidad como grupos de atención prioritaria para la política

pública (Constitución de la República del Ecuador, 2008). Por otro lado, está un modelo de

análisis más politológico que se enmarca en los incentivos institucionales (Ley de Cuotas) para

la participación de la mujer. Este modelo enfatiza su prioridad en la descripción del sistema de

partidos, los mecanismos de votación (por lista y entre listas) y los métodos de asignación de

escaños señalados por D'Hond o Wester. (Navia, 2005); (Owen & Rodríguez-McKey, 2013).

No se ha encontrado estudios de caso de la participación de la mujer en una determinada

organización o movimiento político.

Ríos y Villar señalan que “en sectores académicos se plantea la hipótesis de que

el éxito de las mujeres depende de la naturaleza de la organización del partido, así como de

su ideología” (Marcela Ríos & Andrés Villar, 2006). Se argumenta que las mujeres disfrutan

de mejores oportunidades en partidos con una orientación normativa y burocrática, que en las

agrupaciones no estructuradas y con una orientación clientelista (Caul, 1999). En el primer

caso, los candidatos potenciales pueden entender mejor el proceso de nominación y

responsabilizar a los dirigentes por el cumplimiento de tales normas (Ibid: 26)”

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7

“Los factores relativos a los partidos políticos que inciden en posibilitar la

presencia de mujeres en el Congreso están asociados a su estructura y comportamiento. Entre

ellos se pueden mencionar: mecanismos de reclutamiento de candidatos, afiliación ideológica,

grado en que se favorece la promoción de las mujeres dentro de la jerarquía política, y la

voluntad del partido de situar a mujeres en puestos prominentes dentro de las listas

electorales” (Marcela Ríos & Andrés Villar, 2006).Y citando a Phillips (1996), aseguran que

“en aquellos países donde los partidos han estado más dispuestos a generar mecanismos

internos de equidad de género, el porcentaje de mujeres en los respectivos parlamentos ha sido

mucho mayor (...)” (Ríos & Villar, 2006). No obstante, advierten que “los partidos políticos

históricamente se han caracterizado por ser estructuras sexistas que no incorporan en sus filas

a mujeres, impidiéndoles el acceso a los puestos de dirigencia. En muchos países, las mujeres

constituyen la mitad del total de miembros de los partidos, y sin embargo rara vez disfrutan de

una posición igual a la de los hombres tanto en los comités ejecutivos como entre los candidatos

a los cargos de elección popular” (Ríos & Villar, 2006)

Los estudios han determinado que las mujeres logran más en los partidos de

tendencia de izquierda, ya que tales ideologías favorecen la representación de los grupos

sociales marginados y éstas tienen vínculos más cercanos con esa parte del espectro político

(Caul, 1999).

En un estudio que abarcó varios países, se determinó que la fuerza electoral de los

partidos de izquierda opera como un poderoso factor de pronóstico de la representación

femenina en las esferas de poder (Reynolds 1999).

Con estos antecedentes considero pertinente abordar el tema (representación

política de las mujeres en Ecuador en la última década) acudiendo a algunos conceptos

centrales utilizados por la ciencia política para caracterizar a los movimientos sociales En esa

línea, McAdam y sus colegas definen a la contienda política como:

“La interacción episódica, no continuada, pública y colectiva entre quienes

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8

reivindican y otros, quienes la reconocen como algo que tiene efectos sobre sus intereses y

hace intervenir al gobierno como mediador, objetivo o reivindicador” (McAdam, Tarrow, &

Charles, 2005)

Explican que la contienda política puede tener dos expresiones: una contenida y

otra transgresiva. Afirman también que las coaliciones, la interacción estratégica y las luchas

identitarias están presentes en estos dos ámbitos.

La contienda contenida, dicen los autores, se produce cuando “todas las partes son

actores previamente establecidos que emplean medios bien establecidos de reivindicación” y

se concreta cuando:

• Al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las

reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones;

• Las reivindicaciones, en el caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de

al menos uno de los reivindicadores;

• Todas las partes en el conflicto estaban previamente establecidas como actores

políticos constituidos; (McAdam, Tarrow, & Charles, 2005)

Se habla de contienda transgresiva en cambio, cuando:

• Al menos un gobierno es uno de los reivindicadores, de los objetos de las

reivindicaciones o es parte en las reivindicaciones;

• Las reivindicaciones, en el caso de ser satisfechas, afectarían a los intereses de

al menos uno de los reivindicadores;

• Al menos algunos de los participantes en el conflicto son actores políticos

recientemente auto identificados; y/o,

• Al menos alguna de las partes emplean acciones colectivas innovadoras. Con

estas definiciones, los autores proponen que para realizar un análisis detallado

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de múltiples episodios (de contienda transgresiva) se debe utilizar una estrategia que cumpla

los siguientes requisitos:

a) Impliquen variedades sustancialmente distintas de contienda dentro de tipos de

regímenes significativamente diferentes;

b) Se presten a comparaciones analíticamente valiosas; y,

c) Existan suficientes materiales académicos como para dar sentido a los

acontecimientos.

Y aclaran que estos análisis, deben centrar su atención en la combinación de

reivindicaciones enfrentadas con acciones episódicas debido a que generalmente:

• Crea incertidumbre y como consecuencia incita a repensar y a buscar nuevas

identidades que entren en funcionamiento;

• Revela líneas defectuosas y por consiguiente, posibles realineaciones dentro del

cuerpo político;

• Amenaza y anima a los desafiadores a emprender nuevas acciones contenciosas.

• Fuerza a las élites a reconsiderar sus compromisos y sus lealtades;

• Deja un residuo de cambio en los repertorios de contienda, las prácticas

institucionales y las identidades políticas en nombre de las cuales las futuras generaciones

plantearán sus reivindicaciones.

Por su parte, (Melucci, 1994) explica que entre los “modelos” de las teorías de las

expectativas están:

Subida y caída: Los ciclos de agitación y protesta colectiva ocurren cuando un

periodo de aumento en los niveles de bienestar es seguido por una brusca caída en la capacidad

del sistema para satisfacer las necesidades de la población.

Expectativas crecientes: Después de un periodo de crecimiento ininterrumpido

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durante el cual se produce una multiplicación de las expectativas comunes, aparece

inevitablemente un desajuste entre la curva de expectativas y la satisfacción real de las

necesidades. Este desajuste es la causa de la agitación social.

Privación relativa: Un actor compara su posición y las recompensas adquiridas

desde esa posición con las de un grupo de referencia considerado similar en la escala de

estratificación. Esta comparación da lugar a la aparición de malestar y movilizaciones.

Movilidad descendente: Cuando un actor está perdiendo su posición en la escala

social y se compara con su posición anterior y con la posición relativa de otros grupos de

referencia tiene lugar una forma particular de privación relativa.

Inconsistencia de posición: Un actor social percibe las diferencias entre los

distintos elementos de su posición (ingresos, prestigio, poder) y se moviliza para eliminar las

discrepancias.

Melucci cuestiona estos modelos a los que califica de “excesivamente

simplificadores”, puesto que asumen un paradigma frustración/agresión en el que la diferencia

que el actor social percibe entre las gratificaciones esperadas y las realizaciones produce su

movilización.

Explica que estas teorías asumen la capacidad del actor para “a) mantener la unidad

y la consistencia que le permiten comparar expectativas y recompensas en distintos tiempos b)

relacionar su situación de privación con un agente identificable del ambiente, contra el que

dirige la movilización o la protesta, y c) reconocer los beneficios esperados no solo como

deseables sino como debidos” (Melucci, 1994).

En ausencia de estas condiciones, dice, es complejo asegurar que la simple

privación de una gratificación esperada producirá una respuesta con connotaciones conflictivas

ya que “son posibles muchas otras respuestas como la sublimación, la huida simbólica, la

búsqueda de una vía de escape…”

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Este hecho, dice Melucci, implica necesariamente la elaboración de una teoría de

la identidad colectiva, en la que el actor elabore expectativas y evalué las posibilidades y límites

de su acción para definirse a sí mismo y a su ambiente en un proceso de construcción de un

sistema de acción. (Melucci, 1994)

La identidad colectiva es un proceso a través del cual los actores producen las

estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular costos y

beneficios de la acción. Las definiciones que formulan son, por un lado, el resultado de las

interacciones negociadas y de las relaciones de influencia y, por otro, el fruto del

reconocimiento emocional. (Melucci, 1994)

Como proceso, dice, la identidad colectiva enlaza tres dimensiones:

1. Formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, medios y ámbito de

acción;

2. Activación de relaciones entre los actores quienes interactúan, se comunican, negocian

y adoptan decisiones;

3. Realización de inversiones emocionales que permiten a los individuos reconocerse.

1.2 Teorías Sustantivas Dos temas atraviesan profundamente la bibliografía acerca de la cultura política

ecuatoriana desde mediados del siglo XX. Uno, la cuestión indígena (clivaje étnico) y dos, la

incorporación de los sectores populares (pueblo) al sistema político. Ambos temas configuran,

así mismo, la aparición de dos fenómenos políticos: el corporativismo (Moncayo, 2008) y el

populismo. (De la Torre & Peruzzotti, 2008)

Aunque nuestro país fue el primero de la región en retornar a la democracia luego

de las dictaduras militares de los años 70, este proceso no fue encabezado y encausado por la

ciudadanía sino por las Fuerzas Armadas lo que debilitó desde su nacimiento a este régimen y

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a sus principales actores: los partidos políticos. (Ortiz Lemos, La participación en el laberinto

de la revolución ciudadana, 2012)

Paradójicamente, aunque la intención de las élites políticas y los militares fue

fortalecer la democracia representativa, en la práctica esta situación provocó una suerte de

antagonismo entre poder político (urbano, centralizado y representativo) y poder social (rural,

descentralizado y participativo) que generó una latente crisis política. (Andrade, 2009)

En 1988, el Centro Andino de Acción Popular (CAAP) introduce el concepto de

crisis desde dos perspectivas que fueron dominantes en los años 90. Por un lado, como debilidad

del sistema político; y por otro, como crisis de representación. Desde ambas ópticas, la crisis

política, era para el CAAP, una “debilidad estructural del Estado y del sistema

políticodemocrático, que se traduce (en una) incapacidad de los actores socio-políticos para

generar propuestas alternativas globalizantes”. (Andrade, 2009)

Estos marcos conceptuales desde donde se mira a la cultura política en la medida

en que ponen a discusión -mediante el análisis de estos fenómenos- un tercer asunto central: el

problema de la “identidad nacional”.

Desde la ciencia política, no obstante, esta problemática ha sido abordada en el

Ecuador desde una perspectiva pragmática de la cultura política que se ha centrado en el estudio

de los símbolos, los discursos y las prácticas de los actores políticos.

Una idea central que reside en el fondo de esta perspectiva es que asume que los

discursos y las prácticas de los líderes construyen la “identidad nacional”. En esa dimensión,

son centrales los trabajos sobre el velasquismo (Quintero, 1980; Cueva, 2003&Hurtado, 2003)

y revelador el estudio de Gabriel García Moreno realizado por Juan Maiguashca. (Maiguashca

& Liisa North, 1972)

Los temas de la fuente de la autoridad y del poder están en el centro de las

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discusiones de la filosofía política (latinoamericana) que planteó la discusión sobre cómo

transformar súbditos de una corona distante en ciudadanos de los diversos Estados

republicanos, es decir cómo incluir a la población en las emergentes naciones y cómo formar

nuevos órdenes políticos legítimos, con reglas de juego aceptadas por gobernantes y

gobernados (Posada Carbó en Maiguashca, 2003: 320).

Cronológicamente a los estudios de Quintero y Cueva le siguieron las reflexiones

de Menéndez Carrión (1986) y Freidenberg (2003) sobre el CFP y el PRE, respectivamente.

A esta bibliografía se suman los trabajos de Mercedes Prieto (2004) y Andrés

Guerrero son paradigmáticos para entender la cuestión indígena y su incorporación,

ocultamiento, o anulación por el Estado-nacional y las élites políticas (conservadores, liberales,

socialistas).

En su disputa con los conservadores a propósito de la abolición del concertaje, los

liberales debían demostrar de qué manera el Estado garantizar que los indios acatarían el orden

jurídico e institucional de las élites. Pero unos y otros coincidían en que si bien era necesario

respetar y conservar su cultura rudimentaria, esta debía “ennoblecerse” con la cultura

dominante. El tema de la representación de los indios planteó el mismo problema para el resto

de sectores populares. (Moncayo, 2008)

Se implantó un “modelo ventrílocuo de representación liberal” (Prieto, 2004) que

entrañaba no una representación de individuos sino de corporaciones. Se fue instituyendo un

régimen de representación corporativa no solo de los indígenas sino de los demás sectores

populares. Este modelo, cita Moncayo (2008) a Prieto, suponía que otros agentes eran elegidos

para personificarlos y hablar por ellos. (Moncayo, 2008)

Es interesante mostrar la preocupación de los autores por el tema de la

incorporación al sistema político tanto de los indígenas como de las masas populares. Para esto,

Moncayo (2008) utiliza el concepto de campo de fuerza (Thompson, 1979) y explica que: La

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incorporación de las masas a la arena política provocó desplazamientos hacia uno u otro polo

de este abigarrado “campo de fuerzas”. Esta incorporación no solo se produjo a través de la vía

electoral sino mediante acciones sociales reivindicativas que no pudieron ser ignoradas por los

gobiernos de turno. (Moncayo, 2008)

Pero advierte que tanto liberales como socialistas no aceptaron sus patrones

culturales (de las masas) y con un bagaje de ideas racionalistas de los países europeos

pretendieron inocularles valores ajenos a su realidad.

Para Thompson el concepto de “campo de fuerza” es explicado de la siguiente

manera:

Así es como veo yo la sociedad del siglo XVIII con la multitud en un polo, la

aristocracia y la gentry en otro, y en muchas cuestiones y hasta finales del siglo, los grupos

profesionales y comerciantes vinculados por líneas de dependencia magnética a los poderosos,

o en ocasiones, escondiendo sus rostros en una acción común con la multitud. Esta metáfora

permite entender no solo las situaciones de amotinamiento (y su dirección), sino gran parte de

lo que era posible y los límites de lo posible, más allá de los cuales no se atrevía a ir el poder.

(Moncayo, 2008)

Aplicado este concepto al caso ecuatoriano, dice Moncayo (2008), en un polo

vemos a la multitud constituida por los trabajadores del campo y la ciudad -cuyo acceso a la

representación es objeto de negociación y de pugna entre las élites y entre éstas y las fuerzas

de izquierda- y en el otro, a las capas de la aristocracia serrana, de la oligarquía costeña, de las

“profesiones elevadas” y de los “políticos notables”. En muchas cuestiones, los grupos medios

oscilando entre los poderosos o acercándose a la multitud. (Moncayo, 2008)

Con ello, afirma Moncayo (2008), históricamente se fueron conformando dos

espacios de representación. Uno, el que detentaron las élites, en el que ellas tenían el derecho

de elegir a sus representantes, con la intermediación de los partidos políticos. El otro, una suerte

de representación corporativa bajo un modelo “ventrílocuo” (Prieto, 2004), donde sus

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integrantes no eran plenamente ciudadanos y requerían de “terceros” para hacer conocer y oír

sus demandas. (Moncayo, 2008)

Moncayo cita a Cueva (1988), quien plantea -a manera de hipótesis- que las

doctrinas políticas producen una impronta a veces importante en la población local según el

mayor o menor tiempo de afincamiento, llegan a introducir en el subconsciente colectivo

ciertos modos de percepción de la realidad (caso del catolicismo); a simbolizar determinadas

aspiraciones (liberalismo) o a despertar tensiones latentes (doctrinas socialistas).

Las masas, dice Moncayo, llevan en su subconsciente todas esas percepciones y

todas ellas constituyen la cultura popular que tiene elementos tradicionales y otros innovadores

(Ibid: 99) y con ello concluye que tanto desde la perspectiva de Velasco Ibarra como de los

socialistas, se trasluce el propósito de suplantar a los representados.

En la primera a través del paternalismo y en el caso de la izquierda del

corporativismo (…) En ambos casos, dice, “al pueblo se le confiscaba su soberanía y más que

sujeto activo de un proceso de toma de conciencia, se lo convertía en un arma bien sea para

consolidar un poder personal mesiánico o bien para monopolizar el poder e instaurar un

régimen de excepción”. (Moncayo, 2008)

Desde esta óptica, De la Torre (2008) reitera que las estrategias populistas deben

asentarse en formas de representación política (previamente) existentes y en tradiciones

discursivas disponibles. Estas estrategias se basan y hacen uso de marcos discursivos

maniqueos y de tradiciones culturales particularistas como son las relaciones de reciprocidad

del parentesco, del clientelismo y del corporativismo. (De la Torre & Peruzzotti, 2008)

Kurt Weyland (2003, 2004) define al populismo como una estrategia política para

llegar o ejercer el poder en que líderes buscan el apoyo directo, no mediado ni

institucionalizado, de un gran número de seguidores. El populismo visto como una estrategia

no está necesariamente asociado a modelos de acumulación específicos. Esta noción lleva al

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estudio de los dispositivos concretos de movilización desde arriba que se dan en sistemas

políticos débilmente institucionalizados. (Weyland , 2003)

El discurso populista se basa en la diferenciación de la sociedad en dos campos que

se enfrentan de manera antagónica en una lucha maniquea entre el bien y el mal (…) los

discursos populistas generan pasiones e identidades fuertes que dividen a la sociedad entre el

“pueblo virtuoso” encarnado en el líder y sus enemigos construidos como los anti patria (De la

Torre, 2008: 28). En lugar de mostrar una modernidad basada en la idealización de los patrones

occidentales, hay que analizar los rasgos de las modernidades populistas latinoamericanas. (De

la Torre & Peruzzotti, 2008)

Si bien el populismo motiva para que los excluidos y apáticos participen, las

visiones sustantivas de la democracia (…) desconocen el pluralismo y los procedimientos del

estado de derecho. Es por esto que el populismo es una forma de incorporación política que ha

mostrado al mismo tiempo, rasgos democratizadores y autoritarios (…) De este modo, el

populismo se mueve entre la ambigüedad de pensamiento que imagina la sociedad como una

comunidad con intereses homogéneos y la radical politización de las exclusiones. (De la Torre

& Peruzzotti, 2008)

Por ello indica que mientras los Estados latinoamericanos continúen fallando en

sus intentos por consolidar las instituciones y el Estado de derecho (…) mientras no construyan

instituciones que garanticen la igualdad ante la ley y la creación de ciudadanías el populismo

continuará abonando su continua re-emergencia.

1.3 Referentes Empíricos: Para intentar una aproximación a la escasa participación electoral efectiva de las

mujeres en la última década en el Ecuador, considero pertinente analizar un fenómeno

fundamental en la política ecuatoriana: el clientelismo político.

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En una investigación sobre las bases de apoyo electoral en la ciudad de Buenos

Aires del Partido Justicialista argentino, el antropólogo, Javier Auyero, cuestiona los modelos

normativos y de acción racional que conciben al clientelismo político como un simple

“intercambio de votos por favores”, y define más bien las prácticas clientelares como (…)

“elecciones prácticas aprendidas en el tiempo y experimentadas en la vida cotidiana como

resolución de problemas (…)”. (Auyero, 2001) Sostiene que estas prácticas se enmarcan en un

modelo de análisis denominado de “intercambio afectivo” en el que el clientelismo político se

asienta en “redes informales existentes con anterioridad (…) y en representaciones culturales

compartidas aunque no siempre cooperativamente construidas”. (Auyero, 2001)

Estas redes informales operan a través de mediadores políticos que “ofrecen

incentivos a cambio de votos, pero éstos son solidarios en lugar de materiales” (Guterbock

(1987), en Auyero (2001)). De allí, que la relación entre el votante (cliente) y el mediador(es)

es personal, cara a cara, afectiva y funcionalmente difusa. (Auyero, 2001)

Auyero explica que los mediadores (…) tienen casi siempre similares pertenencias

de clase social con sus clientes, pero lo distintivo en ellos, es su cantidad de capital social

(cantidad de recursos derivada de las conexiones y de la pertenencia a cierto grupo) que estos

poseen. (Auyero, 2001)

Los votantes (clientes), en cambio, son definidos como “agentes que dan apoyo

político a un mediador/puntero o patrón a cambio de bienes, favores y servicios particulares”.

(Auyero, 2001)

Siguiendo a Knoke (1990) y Granovetter (1973), Auyero (2001) afirma que los

mediadores políticos operan a través de una red de resolución de problemas que es un

“conjunto de contactos regulares o conexiones sociales similares entre individuos o grupos en

los cuales, al menos uno de ellos, integra un partido político o es un funcionario estatal”

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(Knoke (1990) y Granovetter (1973) en Auyero, 2001:100). Estas redes de resolución de

problemas, dice, no son estructuras congeladas sin temporalidad ni representan el “resultado

intencionado de la acción calculada, planificada y/o cínica de un político”. Son, aclara Auyero,

el “producto de interacciones regulares, que si bien son normalmente inauguradas por un favor

fundacional, deben ser cultivadas y practicadas de manera constante” (Ibid: 109).

En la red de resolución de problemas, los mediadores políticos cumplen varias

funciones (…) como “la canalización de recursos, bienes y servicios (…) de una estructura

estatal particular hacia el espacio de la comunidad o de un barrio específico a través de una

organización partidaria particular”. (Auyero, 2001)

La resolución de problemas mediante la intervención política personalizada es,

según Auyero, un “proceso estructurado y estructurante. Un conjunto de relaciones que

comienza a tener sus propias reglas (…), dando lugar a performances, identidades y narrativas

particulares” (Auyero, 2001)

Al interior de estas redes, “los mediadores funcionan como guardabarreras entre

el flujo de bienes y servicios provenientes del poder local y el flujo de apoyo y votos que

provienen de los clientes” (Auyero, 2001)

Lo que aparece desde fuera como un intercambio de favores por votos, dice Auyero,

es visto desde adentro de muchas otras maneras. Siguiendo a este autor, “quienes

cotidianamente reciben recursos, no perciben el lazo con el mediador como una relación de

poder. Para ellos, el clientelismo es una práctica habitual (…)”. (Auyero, 2001)

En su práctica cotidiana, los mediadores políticos los mediadores, señala Auyero,

“hacen favores (…) a sus potenciales votantes, y en esta tarea están acompañados de un círculo

externo y un círculo interno de seguidores. El círculo exterior del mediador se relaciona con él

por medio de lazos débiles.

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Se contactan con él cuando surge algún problema o cuando necesitan algún tipo de

favor (…), pero no desarrollan lazos de amistad o parentesco ficticio con los mediadores. A

pesar de que pueden asistir a los actos o reuniones organizadas por los mediadores o incluso

votar por ellos en alguna elección interna, no tienen una relación íntima diaria o cercana con el

mediador (Ibid, 2001: 109).

El círculo íntimo, dice el autor, “ayuda a los mediadores en la resolución cotidiana

de problemas. Coordinan los comedores (…), abren y cierran las sedes (…), anuncian al

círculo externo la disponibilidad o no del mediador, y son quienes distribuyen la información

(…)”. (Auyero, 2001)

Quienes integran el círculo íntimo del mediador, “lo conocen desde hace buen

tiempo (más de cuatro o cinco años), ya que el mediador les ha dado una mano en situaciones

de extrema necesidad (…)” y desde ese favor fundacional “se ha desarrollado una relación de

ayuda mutua (…), “provocando que la transacción fundacional se convierta en lazo y estos

lazos se concatenarán en redes” (Auyero, 2001)

Desde esta perspectiva, la mediación política personalizada (…) como medio de

resolución de problemas cotidianos, dice este autor, es una improvisación regulada (Ibid: 156)

que “depende, en una porción significativa, de los recursos estatales (…) y ofrece así mismo,

un atractivo pasaje de movilidad social”. (Auyero, 2001)

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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

2. Metodología: Al tratarse de un estudio de caso, esta investigación buscará responder a la siguiente

pregunta: ¿cuál ha sido la participación electoral de las mujeres en nuestro país durante los

últimos diez años en el ámbito local?

Por ser un análisis de un fenómeno específico en un periodo de tiempo

determinado, esta investigación usará el Análisis Histórico Comparado (AHC) como

metodología. El AHC es consustancial a los orígenes mismos de las ciencias sociales a tal punto

que autores como Smith, Tocqueville y Marx lo han usado en sus investigaciones.

En las ciencias sociales contemporáneas, esta metodología resurge en la década del

70 del siglo pasado fundamentalmente en estudios de caso sobre África, América Latina, Asia

y el Medio Oriente relacionados con el desarrollo económico, la política industrial, las

relaciones raciales y étnicas, los problemas de género y las causas y los efectos de las

revoluciones.

El AHC retende generar una inferencia causal a través de la explicación substancial

de resultados relevantes de hechos históricos concretos. En su metodología combina grandes

preguntas (de grandes acontecimientos/hechos históricos) con el uso de métodos de análisis

comparativo.

Según Pierson, el AHC analiza eventos no estáticos (revoluciones sociales,

comercialización de la agricultura, formación de Estados). De acuerdo con Richard Locke y

Theen ketheen, estos estudios de caso buscan las diferentes causas de las variables dentro de

una heterogeneidad de contextos. A esto lo denominan “comparaciones contextualizadas”. El

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AHC utiliza el método inductivo que sin embargo ha sido criticado debido a que sus

generalizaciones solo tienen validez para un caso y un periodo de tiempo específico.

Sin embargo, la fortaleza de esta metodología radica en que hace un análisis causal

de procesos a través del tiempo mediante la comparación sistemática y contextualizada. Entre

sus principales características están:

1) Los hechos causantes y causas propuestas (hipótesis) son probadas antes de la

realización del estudio.

2) Realiza un análisis de secuencias históricas y su duración. Busca la

interpretación de distintos eventos en un mismo periodo de tiempo.

3) Utiliza comparaciones sistemáticas y contextualizadas de casos similares y

opuestos.

Los autores parten de la Teoría de la Elección Racional, buscan complementar los

aportes de King y Verba así como los de Shapiro con el objetivo de generar modelos teóricos

más generales de estudios de caso específicos que se desarrollan en un espacio y un tiempo

determinado. Ponen en escena la disputa teórica con Elster y contestan sus seis interrogantes.

Elster afirma que los científicos sociales solo pueden desarrollar un repertorio de

mecanismos. Cuestiona la incapacidad de predicción de sus teorías y señala que éstas

únicamente han logrado desarrollar ideas de algún poder explicativo.

En respuesta Bates y sus colegas afirman que la Teoría de la Elección Racional no

es una condición necesaria para la narrativa analítica, ya que también se puede utilizar la teoría

de la probabilidad u otras teorías que sin embargo, aún no han desarrollado técnicas

consistentes.

Señalan que los modelos de la elección racional son deductivos, pero el

componente deductivo, en especial cuando se aplica la teoría del juego, asume la existencia de

un juego apropiado para analizarlo.

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2.2 Métodos: Una narrativa analítica recae sobre el método inductivo. El proceso de seleccionar

los individuos apropiados, sus preferencias, y la estructura del medio ambiente es decir, el juego

adecuado que utilizar es un proceso inductivo, muy parecido al utilizado dentro de la política

comparada moderna por historiadores institucionales, y por historiadores.

Una vez que el proceso inductivo se encuentre completo, podemos utilizar métodos

deductivos para estudiar el comportamiento dentro del contexto del juego.

Estos autores buscan extender el uso en la investigación histórica y comparativa de

la Teoría de la Elección Racional y producir EXPLICACIONES SISTEMÁTICAS BASADAS

EN ESTUDIOS DE CASO a través de la construcción de MODELOS DE ANÁLISIS

(informes) NO pretenden desarrollar LEYES GENERALES pero sí experimentar con

MODELOS BASADOS EN TEORÍA y así aplicar la teoría para ganar mayor conocimiento de

la complejidad del mundo real.

2.3 Premisas o hipótesis: Este estudio busca desarrollar dos hipótesis centrales:

1) La escasa participación electoral de las mujeres en cargos de representación en

el ámbito local se debe a factores arraigados en la cultura política como el clientelismo y el

caciquismo político, ejercidos fundamentalmente por hombres.

2) Aunque hay una estructura institucional favorable a la participación de las

mujeres en varios ámbitos, en el plano electoral esta estructura es deficitaria puesto que no ha

logrado ubicar a las mujeres en puestos estelares, especialmente en el ámbito local (provincial

y cantonal).

2.4 Universo o muestra: Al tratarse de un estudio de caso en un periodo específico de tiempo se analizarán

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23

las elecciones seccionales de 2009 y 2014.

CATEGORÍAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS

PRINCIPIO DE IGUALDAD

PARITARIA NO SE CUMPLE

ESTRICTAMENTE Constitucional Constitución

Derecho de Igualdad y no

discriminación

La participación electoral de la

mujer ha sido subsumida

Legal

Constitución,

Instrumentos

Internacionales, la

Ley

Principio de Igualdad; Principios

de Irrenunciabilidad; y, Primacía

de la Realidad. Derechos de

Participación

Constitucional Constitución Derecho de Libertad

Poca participación electoral de las

mujeres en el Ecuador Social Constitución; la ley

Sistematización de las

Elecciones Generales (CNE,

2013)

Las mujeres siguen siendo

relegadas de importantes cargos de

elección popular

Social

Constitución,

Instrumentos

Internacionales, la

Ley

Discriminación&Derechos de

Participación

Principios de la Participación

Democracia Representativa

Tabla 2: Cuadro de CDIU

Elaborado por: Ab. María Auxiliadora Zamora Barberán

2.5 Operacionalización de variables: Entre las variables principales que están destacan:

1. Escasa participación electoral de las mujeres en Ecuador en el ámbito local.

2. El clientelismo político y el caciquismo ejercido principalmente por líderes locales

hombres, explicaría la escasa participación femenina en cargos de representación

popular, incluso desde la nominación en sus propias organizaciones políticas.

2.6 Gestión de datos: La investigación se fundamentará en el análisis de datos electorales proporcionados

por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de los comicios arriba citados.

Como subraya el estudio de SENPLADES (2011), la participación electoral refleja

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el grado en que los votantes se sienten representados, y la importancia que asignan a la

institucionalidad. A partir de estas hipótesis, dice el estudio, se analizó el porcentaje de votos

nulos y votos blancos para las distintas dignidades en las elecciones de 2009. Al respecto,

debemos mencionar que, para las dignidades de asambleístas provinciales, por citar el ejemplo

de las provincias de Guayas, Pichincha y Manabí, competían 340, 276 y 88 candidatos, quienes

aspiraban a uno de los 17, 12 y 8 escaños, respectivamente. El elector, al momento de tomar su

decisión, debió sentirse abrumado por el número de candidatos y el tamaño de la papeleta

electoral. Por ello, posiblemente, algunos habrán optado por votar en blanco o anular,

voluntaria o involuntariamente, su voto. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,

2011)

Luego de las elecciones seccionales de 2014, se evidenció que de los cinco cargos

de elección popular (prefectos, alcaldes, concejales urbanas, concejales rurales y vocales de

Juntas Parroquiales, en todos los casos fueron más los hombres que obtuvieron esos cargos

públicos. Además que a pesar de la ley de alternabilidad de los 5 cargos que se estaban

eligiendo) las mujeres constaban solo para cargos menores, como suplentes o para Concejalías

y Juntas Parroquiales. Sin embargo, su participación como candidatas era muy pequeña en

cargos a nivel de Prefecturas y Alcaldías.

Por impulso de la entonces consejera Roxana Silva, el CNE publicó un estudio

sobre la participación electoral de la mujer en esos comicios y aunque el trabajo afirmó que de

cada tres cargos que se estaban eligiendo, un puesto lo ocupaba una mujer, mostrando las

dimensiones reales de la aplicación de la ley de Cuotas en el Ecuador. Pese a ello, este

documento reconoce que los cargos en que se designó a una mujer como representante, no son

puestos del todo relevantes.

2.7 Criterios éticos de la investigación: Esta investigación se basa en tres premisas fundamentales:

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1. Clara toma de posición “subjetiva” de la autora respecto de la problemática.

2. Respeto al anonimato de fuentes testimoniales.

3. Aproximación desde una posición política de derecha a los datos empíricos.

CAPÍTULO III:

RESULTADOS

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población: La legislación internacional reconoció el sufragio femenino a través de la Comisión

de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

En 1948, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos

Humanos, cuyo artículo 21 establece lo siguiente:

1) ¨Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente

o por medio de representantes libremente escogidos.

2) Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las

funciones públicas de su país.

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3) La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta

voluntad

se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por

sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la

libertad del voto. La Convención sobre los derechos políticos de la mujer fue adoptada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas en la resolución 640 (VII), de 20 de diciembre de

1952 y entró en vigencia el 7 de julio de 1954, basándose en el Artículo 21 de la Declaración

de Derechos Humanos, permitiendo el derecho de las mujeres al voto y su acceso a cargos

públicos. En su Artículo I, la convención dispone: Las mujeres tendrán derecho a votar en todas

las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna. El

movimiento internacional por la reivindicación del derecho al sufragio femenino fue un

movimiento reformista social, económico y político, conformado por varias asociaciones con

objetivos comunes, que promovía el derecho al 19 sufragio a las mujeres. Entre las sufragistas

más destacadas en Gran Bretaña están Emma Goldman, Emily Davison y Carmen Karr. Por

otro lado, en 1904 se fundó en Berlín la Alianza Internacional de Mujeres que reivindicaba el

sufragio femenino, sus mayores representates fueron Carrie Chapman Catt y MillicentFawcett.

En otros países en cambio las mujeres llegaron a la política por esfuerzos de sus congéneres en

la creación de leyes específicas. Este es el caso de Clara Campoamor en España y Eva Perón

en Argentina. Siguiendo el modelo teórico de la denominada “teoría de las expectativas”

planteado por Melucci (Melucci, 1994), se observa que históricamente los movimientos

feministas tenían demandas específicas de acuerdo al momento en el que se visibilizaban. Así

por ejemplo estas se agrupaban en los siguientes temas:

• La incorporación de la mujer al trabajo durante la I Guerra Mundial.

• El derecho al voto por parte de la mujer.

• La mejora de la educación.

• La capacitación profesional y la apertura laboral.

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• La equiparación de los roles dentro de la familia.

Sin embargo, en países como Estados Unidos y Sudáfrica el derecho al voto

femenino fue aprobado antes que el derecho universal al voto, con esto a pesar de que las

mujeres “blancas” de estos países podían votar, mujeres y hombres de otras etnias no lo podían

hacer. A pesar de esto en muchos países el derecho al voto femenino fue el escalón para permitir

el derecho voto universal.

Hay casos en la actualidad en que todavía este derecho universal no se reconoce,

como los siguientes países:

• Arabia Saudita: en septiembre del 2011, el rey Abdalá binAbdelaziz declaró que

las mujeres podrán votar y postularse para un cargo a partir de 2015. (Alsharif, 2011)

• Brunéi: en este país tanto mujeres como hombres han sido revocados del derecho

a votar o presentarse a las elecciones nacionales legislativas desde 1962.

• Ciudad del Vaticano: sólo pueden votar los cardenales, que según la carta

apostólica OrdenatioSacerdotalis, son obligatoriamente hombres. (Vaticano, 1994)

• Emiratos Árabes Unidos: el sufragio es limitado para ambos sexos.

• Líbano: las mujeres tienen que cumplir con el requisito de la educación básica

para poder postularse, requerimiento que no es necesario para los hombres. La votación en este

país es voluntaria para las mujeres y obligatoria para los hombres.

3.2 Diagnóstico o estudio de campo: Desde 1997, en Ecuador varias leyes o reformas fueron aprobadas para incrementar

la participación de las mujeres en el espacio político: por ejemplo, la Reforma Constitucional

de 1998, que, en el artículo 102, dispone la participación equitativa de hombres y mujeres en

los procesos electorales; y, posteriormente, la Reforma a la Ley de Elecciones del año 2000,

que fijó cuotas en grados ascendentes de 5% en cada proceso electoral, a partir de un mínimo

de 30%, hasta llegar a la representación equitativa del 50%.

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Por último, la Constitución actual, en su artículo 65, reconoce el principio de

paridad entre hombres y mujeres en la Función Electoral. (Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo, 2011)

De acuerdo con la bibliografía, las mujeres constituyen el 70% de los 1.300

millones de personas en situación de pobreza en todo el mundo de acuerdo con la OIT

(Organización Internacional del Trabajo , 2014 ) y las dos terceras partes de los 876 millones

de personas analfabetas en todo el mundo son mujeres, según la ONU. (Organización de las

Naciones Unidas , 2014)

Alrededor del mundo, 130 millones de niñas y mujeres han sufrido mutilación

genital. Esta cifra, según Amnistía Internacional (AI), se incrementa en dos millones cada año.

El 20% de las mujeres según el Banco Mundial han sufrido maltratos físicos o agresiones

sexuales. Sólo el 54% de las mujeres en edad de trabajar lo hace frente al 80% de los hombres,

adicional a esto las mujeres ganan entre un 30 a un 50% menos que los hombres y desempeñan

tan sólo el 1% de los cargos directivos. (Organización de las Naciones Unidas , 2014) De

acuerdo con la Unión Interparlamentaria Mundial, de un total de 41.845 parlamentarios en todo

el mundo (occidental), tan sólo el 14.6% son mujeres.

Sin embargo, las mujeres producen entre el 50 a 80% de los alimentos a nivel

mundial, llevan adelante el 70% de las pequeñas empresas y aportan un tercio de la producción

económica mundial a través de labores no remuneradas. (Organización de las Naciones Unidas

, 2014) En promedio las mujeres trabajan más horas que los hombres en todos los países

cualquiera sea el nivel de desarrollo humano de éstos. A pesar de que los ingresos de las mujeres

son mucho menores que los de los hombres (entre un 30 a un 70% menos), las mujeres aportan

un porcentaje muy alto de sus ingresos a sus familias en casi todos los países. (Organización

de las Naciones Unidas , 2014)

Este índice es particularmente expresivo ya que permite identificar más claramente

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la posición de las mujeres en la estructura de poder en cada país, especialmente, en relación

con la toma de decisiones en el poder legislativo y en las empresas.

El IPG nos habla de las oportunidades que tienen las mujeres de acceder a

posiciones de decisión en esferas determinadas (Castillo, M. 2003). El IDG es menor que el

IDH en todos los países, lo que muestra la situación de desigualdad en las condiciones de

existencia entre mujeres y hombres. La diferencia entre estos dos índices se acentúa en los

países con menor desarrollo, pero no hay una relación lineal entre estos dos indicadores. Países

de desarrollo humano alto como Japón, Emiratos Árabes o Irlanda muestran una brecha

significativa entre estos dos indicadores. (Fassler, 2003)

Analizando el IPG se observa que en todos los países, cualquiera sea su nivel de

desarrollo humano, las mujeres ocupan menos lugares en puestos claves (dirección de empresas

u ocupación de escaños en el parlamento). Es preciso hacer notar que no hay una relación

directa entre este índice y el desarrollo humano. Países como los Emiratos Árabes que están

ubicados en el grupo de alto desarrollo humano tienen un IPG muy bajo o países como Trinidad

Tobago, Barbados o Letonia tienen un IPG más elevado que Chile, Grecia o Italia que los

aventajan en IDH. (Fassler, 2003)

Sumado a esto, de acuerdo con ONU-Mujeres, apenas nueve de 152 países tiene

como jefe de Estado a una mujer lo que representa el 5.9% y 15 de 193 países tiene como

cabeza de gobierno a una mujer (7.8%).

La representación en el parlamento es mayor, con 40 de los 271 parlamentos, que

representa el 14,8%, que como podemos ver no es representativo, considerando que la

población mundial es casi equitativa entre hombres y mujeres.

En su reporte anual de la situación de las mujeres en la política, ONU Mujeres

asegura que “la inclusión plena de las mujeres en los cargos de responsabilidad política y de

otra índole es una cuestión de derechos humanos que amplía el alcance de la 27 democracia y

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la justicia.”

Sin embargo, evidentemente, el número de mujeres en cargos públicos está muy

debajo de los hombres. “ONU Mujeres ayuda a superar esa brecha apoyando leyes que reducen

las barreras de género, elecciones que abren puertas a las mujeres como candidatas y

electoras, y reformas que colocan a más mujeres en la primera línea de la prestación de

servicios públicos.” (Alsharif, 2014) Esta es una importante iniciativa de las Naciones Unidas

que impulsa la inclusión de la mujer en todas las esferas del gobierno, y, que además garantiza

sus derechos civiles, sociales y políticos. Tenemos que ser más conscientes del nuevo.

CAPÍTULO IV

DISCUSIÓN

4.1 Contrastación empírica: Nicaragua encabeza la lista de países, seguida de Suecia, Finlandia, Francia, Cabo

Verde y Noruega que poseen mayor número de mujeres ministras, aunque ese índice en los

países africanos permanece estático desde 2010. En América Latina son 4 las mujeres que

estuvieron a cargo de la cabeza del Estado, tenemos a Michelle Bachelet en Chile, Cristina

Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, y Laura Chinchilla en Costa Rica.

Existen también diferentes políticas de cuota en los parlamentos que ha permitido

la participación de más mujeres en los mismos. ONU Mujeres revela además que las mujeres

también están derribando barreras para acceder a ministerios con gran influencia en la vida de

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sus países, incluido los relacionados con finanzas, la seguridad nacional o las relaciones

exteriores. Hay en la actualidad catorce mujeres en el mundo que ocupan la cartera de Defensa

en sus gobiernos.

El ausentismo promedio en las elecciones presidenciales, en el periodo de

democracia, es de 27,3%, y solamente para la última década es de 28,1%. Cabe destacar la

tendencia decreciente, que empieza en 35,0% (2002) y termina en 24,7% (2009). Asimismo,

vale observar que, a excepción de la contienda de 1988, el ausentismo es menor en la segunda

vuelta que en la primera. Este fenómeno, a nuestro criterio, tiene dos explicaciones: por un

lado, los electores le dan mayor relevancia a la segunda vuelta, por ser la ocasión donde se

define el ganador; y, por otro, la población requiere obtener el certificado de votación.

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011)

Los porcentajes menores de ausentismo corresponden a las segundas vueltas y la

tendencia decreciente se mantiene. Los porcentajes más elevados de ausentismo se registran en

las elecciones seccionales del año 2000 (34,9%) y la primera vuelta de las elecciones

presidenciales en 2002 (35%), lo que reflejaría el deterioro de la confianza, derivado de la crisis

económica y política luego del derrocamiento de Jamil Mahuad. El ausentismo más bajo

corresponde a las últimas elecciones del Parlamento Andino, equivalente a 23,5%. Este dato

confirmaría la hipótesis que relaciona una mayor participación electoral con la necesidad de

obtener el certificado electoral, pues, como se verifica más adelante, en esta elección se registra

el mayor número de votos nulos y blancos. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo,

2011)

En cuanto a la participación por sexo, la tasa de ausentismo de los hombres supera

ligeramente a la de las mujeres. Entre 2002 y 2009, el promedio del ausentismo de los hombres

en las elecciones es de 28,5%, mientras que el de las mujeres es de 26,3%. La excepción se

registra en las últimas elecciones de parlamentarios andinos y miembros de las juntas

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parroquiales realizadas en 2009. En ese caso, la abstención de los hombres, en relación con la

de las mujeres, fue levemente inferior (23,3% de hombres y 23,6% de mujeres,

respectivamente).

4.2 Limitaciones: Desde el 2013 se han aplicado circunscripciones electorales. Esto quiere decir que

se preserva la unidad cantonal, tener continuidad territorial, geográfica, ecológica, étnica y

sectorial. “La creación de circunscripciones pequeñas junto con la fórmula de divisores

continuos en el país, sin duda, ha dificultado la participación política de las mujeres; pues se

favorece a las organizaciones políticas mayoritarias, pero también reduce la representación

de grupos minoritarios, dentro de los que podrían estar las mujeres”.

El sistema político ecuatoriano aún tiene mucho por mejorar en materia de equidad

y justicia. “La democracia que existe no tiene que ver con la etimología de la palabra y no

puede ser tan buena como queremos. La democracia es un régimen abierto y de derechos, el

cual no puede separarse de la competencia electoral entre partidos y en que los ciudadanos

votan por unos y en contra de otros”. (Sartori, 2001)

4.3 Líneas de investigación: Cuando hablamos de crisis del sistema de representación, nos referimos al

fenómeno de separación entre los intereses de los electores y las decisiones de los elegidos. Las

elecciones no obligan a los políticos a implementar las políticas preferidas por los votantes. A

su vez, los ciudadanos no tienen suficiente información como para evaluar a los gobiernos

electos, y la amenaza de no ser reelectos no es suficiente para inducir a los gobiernos a actuar

en beneficio del interés del público (Przeworski, 1998). El Diccionario Electoral, punto de

referencia de la doctrina en la materia, define el abstencionismo como «la no participación en

el acto de votar de quienes tienen derecho a ello [...], es un indicador de la participación:

muestra el porcentaje de los no votantes sobre el total de los que tienen derecho de voto».

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(Alcubilla, 2000)

Tras la falta de representación, surgió un fenómeno que ha perjudicado a la

democracia representativa: la repetida presencia y cooptación de los espacios de poder por parte

de conocidos personajes que ejercen la política como profesión, persiguen la reelección

permanente y representan a un electorado muy particular, en el mejor de los casos, y/o sus

propios intereses personales.

Es necesario puntualizar que la reelección en los cargos de elección popular no

necesariamente es negativa, puesto que la política exige cierta continuidad, a fin de poder

realizar y ejecutar una planificación de más largo plazo. Pero puede ser negativa cuando el

porcentaje de reelección es muy alto y, por tanto, se limita la posibilidad de una renovación

dirigencial.

Para visualizar esta situación, el SENPLADES analizó el porcentaje de cargos

ocupados por reelección para las dignidades de alcalde, prefecto, diputado y/o asambleísta.

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011) En la dignidad de alcalde, según

datos del CNE, del total de candidatos electos en el periodo 2000-2009, en cada uno de los

cantones del país10, alrededor de 21% corresponde a alcaldes reelectos en al menos una

ocasión, y 3% del total, a alcaldes reelectos en al menos dos ocasiones. En la dignidad de

prefecto, cerca de 34% de los cargos han sido ocupados por reelección en al menos una ocasión,

y 9%, en al menos dos ocasiones.

Aun considerando los argumentos a favor de la continuidad, 34% de cargos

ocupados por reelección resulta una cifra bastante alta y podría calificarse como negativa, pues

apenas 66% de prefectos se renueva, lo que limita las posibilidades de participación de nuevos

representantes, incluso del mismo movimiento político.

Para el caso de las dignidades de diputados y asambleístas provinciales y

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nacionales, el 16% de escaños fueron ocupados por la misma persona en dos o más periodos

electorales, y el 2% de escaños, en tres o más periodos. Se puede realizar el mismo análisis y

de hecho resulta más interesante para observar la «reelección cruzada», esto es el porcentaje

de cargos ocupados por una misma persona en más de una ocasión en las diferentes dignidades

(alcaldes, prefectos, diputados o asambleístas provinciales y nacionales).

Esta proporción corresponde a 20% del total de los cargos, mientras que 3% del

total de cargos ha sido ocupado por una misma persona en más de dos ocasiones. Según datos

del CNE, cerca del 30% de los candidatos reelectos llega al poder con un partido o movimiento

distinto del que lo auspició en su primera elección; y, en muchos casos, de una ideología muy

diferente. Entre las dignidades objeto del análisis, la de mayor porcentaje corresponde a alcalde,

con 39%. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2011)

4.4 Aspectos relevantes: Estas estructuras machistas del poder tan extendidas por toda Latinoamérica fueron

la teoría política de Judith Butler. Ella durante años ha trabajo en teorías de performatividad de

género y cómo al momento de asumir un rol como mujer u hombre también asimilas las

estructura de poder que envuelve este hecho social. (Thulin, 2012)

Esto al parecer sería uno de los componentes que más afectarían a la participación

de la mujer no solo a nivel local sino a nivel mundial. Pero el problema se fundamenta en los

mismos partidos, en donde su estructura es tradicionalmente machista y al momento de escoger

candidatos para las diferentes elecciones siempre escogen a hombres por encima de las mujeres,

incluso con la Ley de Cuotas, los partidos optan por poder como cabeza de lista a un hombre,

abriendo así la posibilidad de que sea un hombre y no una mujer el que sea elegido para

cualquier cargo de elección popular.

“La ubicación de candidatos y candidatas en la lista electoral es importante, dada

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la cultura del y de la sufragante en nuestro país, que suelen ejercer su voto “en plancha”, o

sea, favoreciendo a toda la nómina de postulantes presentada por un partido o movimiento

político (…).

Sin embargo, las actuaciones de los partidos, movimientos políticos y organismos

de control, han violado los principios invocados en la Norma. Aunque la denominada Ley de

Cuotas determina que las listas se integren en función de los principios de alternabilidad y

secuencialidad, algunas organizaciones políticas colocaban a una mujer por cada seis hombres

y para corregir esta distorsión fue recién en 2008 que estos principios alcanzaron rango

constitucional.

CAPÍTULO V:

PROPUESTA

5.1 Descripción de la propuesta: Un tema particularmente importante para la democracia es la paridad entre hombres

y mujeres planteada en la actual Constitución (artículos 61, 116, 176, 179 y 183). Desde

mediados de la década de los 90, el movimiento feminista, que nunca había logrado ser

representado por los partidos políticos, se convirtió en una fuerza política relevante del país.

Desde entonces, y como resultado de una permanente lucha social y política, se

lograron significativos avances legales mediante la aprobación de una serie de leyes que

plantearon la representación política de las mujeres en las esferas políticas.

La cooptación monopólica del poder por parte de los hombres en Latinoamérica

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siempre ha sido una constante, y se ha perpetuado a pesar de los cambios legales producidos

gracias a la histórica lucha por la equidad y la paridad que impulsaron los movimientos

feministas.

Ya Marie-Olympe de Gouges, en 1791, reivindicó los Derechos de la Mujer y de

la Ciudadana. Pero a pesar de su decidida participación en la Revolución Francesa, Olympe fue

guillotinada por contradecir las posturas patriarcales de sus compañeros de lucha.

En el Ecuador, la lucha feminista ha desempeñado un papel muy importante en la

emancipación de las mujeres. Desde 1924, Matilde Hidalgo de Prócel Burbano, Naranjo, Jarrín,

Fournier 25 acudió a los registros electorales del cantón Machala para inscribirse: aprovechó

un resquicio legal que no prohibía expresamente el sufragio a las mujeres. El gesto de Matilde

Hidalgo de Prócel permitió que, en 1929, Ecuador se convirtiera en el primer país de América

Latina que otorgó el derecho de sufragio a las mujeres.

Actualmente, gracias a los esfuerzos del movimiento de mujeres del Ecuador, su

presencia en puestos de elección popular ha aumentado considerablemente. Mecanismos como

la denominada Ley de Cuotas han permitido la participación de las mujeres en las listas

pluripersonales, y les ha permitido llegar a la Asamblea Nacional y a espacios locales.

Aunque en relación con la región, Ecuador registra un importante número de

mujeres asambleístas en la región. Por el contrario, en los espacios locales, muy pocas alcaldías

son dirigidas por mujeres.

En varios países de la región, la concertación entre el movimiento de mujeres y la

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institucionalidad de género ha sido decisiva para la implementación de reformas electorales y

administrativas, que apunten a aumentar la participación política de las mujeres y avanzar en

materia de equidad de género en la función pública.

Los logros en este plano no sólo pasan por la inclusión de sus propuestas en materia

de no discriminación y leyes de afirmación positiva, sino, sobre todo, por la incorporación en

el debate público de temas que figuraban, hasta ese momento, en el espacio privado.

A pesar de estas conquistas, la aplicación de este principio ha seguido un camino

tortuoso por impedimentos e interpretaciones antojadizas de los partidos y, en algún momento,

del propio Tribunal Supremo Electoral, actual Consejo Nacional Electoral.

No obstante, todavía existe un desigual acceso a cargos públicos entre hombres y

mujeres. En las elecciones del año 2009, por ejemplo, las mujeres en las diferentes dignidades

obtuvieron muy pocos cargos como principales: 23% frente al 77% de los hombres. La cifra

está muy por debajo de la paridad deseada. En el caso específico de la composición de la

Asamblea, incluidos los asambleístas provinciales, 31% corresponde a candidatas electas

principales, mientras que los hombres representan 69%. Este dato constituye un avance

importante, aunque no suficiente, puesto que, en 1998, las mujeres representaban solo 5,3%

del total.

Antes de la Ley de Cuotas, la presencia de mujeres en el Congreso, en 1996, apenas

llegaba a 6% (SIISE-TSE). En el caso de las elecciones de autoridades para las prefecturas,

según datos del CNE, en el 2004, en 4 de 22 provincias, las mujeres accedieron a ese cargo

(18,8%), mientras que en 2009, únicamente 2 de 23 provincias eligieron mujeres para este cargo

público (8,7%). Los resultados demuestran que, a pesar de los importantes esfuerzos para lograr

una participación electoral más equitativa de las mujeres, este es un tema en el que aún hay

mucho por hacer.

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Como datos particulares vale mencionar que, para el periodo comprendido entre

los años 2006 y 2009, según datos del CNE, las provincias de Esmeraldas y Galápagos no

contaron con ninguna representante mujer en el Congreso o Asamblea Nacional. Las provincias

de Carchi, Napo y Zamora Chinchipe tuvieron al menos una representante mujer en la

Asamblea Nacional en el año 2009. Por el contrario, la provincia con mayor participación de

mujeres es Guayas: en los años 2006, 2007 y 2009, tuvo al menos 50% de participación de las

mujeres; seguida de Orellana. El resto de provincias ha contado, en al menos uno de los tres

años, con un 25% de mujeres en el Congreso o Asamblea Nacional. Entre las metas del Plan

Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, se ha planteado alcanzar el 30% de participación de

las mujeres en cargos de elección popular al 2013.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones: Aunque en nuestro país el sistema jurídico establecido tanto en la Constitución

(2008) como en el Código de la Democracia busca hacer efectivos los principios de

alternabilidad y secuencialidad en la conformación de listas de candidatos para los diferentes

cargos de elección popular, la aplicación de esta norma es insuficiente puesto que en la realidad

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no ha logrado los efectos esperados. Por tanto, es necesario profundizar la aplicabilidad de este

cuerpo normativo, debido a que si bien en las elecciones de 2007 permitió una importante

participación de mujeres en la Asamblea Constituyente (34,6%), en las elecciones generales de

2009, ese porcentaje se redujo al 32,30% de mujeres asambleístas, pero se incrementó en 2013,

llegando a alcanzar 53 de un total de 137 asambleístas convirtiéndose en un ejemplo para la

región.

A primera vista estos resultados podrían engañarnos puesto que si bien hay un

importante número de asambleístas mujeres en el parlamento ecuatoriano, en las cinco

dignidades de poder local (prefecturas, alcaldías, concejalías y juntas parroquiales rurales) esa

realidad se esfuma completamente y los últimos comicios seccionales (2014) son la evidencia

de aquello. En esas elecciones, apenas dos mujeres alcanzaron igual número de las 23

prefecturas y solo 16 fueron elegidas alcaldesas de un total de 221 cabildos, lo que confirmaría

de manera contundente nuestra segunda hipótesis.

Aunque en los últimos diez años, el gobierno nacional ha intentado posicionar,

basado en la teoría neoconstitucional, una significativa ampliación de los derechos y

especialmente los de la mujer, estos -en la realidad- parecen ser más bien un discurso

proselitista más que un hecho concreto. Polémicos temas como el aborto por violación o los

adversos resultados obtenidos luego de la puesta en vigencia de la Estrategia Nacional para la

Prevención del Embarazo Adolescente (hoy Plan Familia) muestran esta particularidad.

En la última década, la participación electoral de la mujer ha sido subsumida o

invisibilizada por otras “urgencias electorales” del actual gobierno como las consultas

populares para convocar a una asamblea constituyente (2007), aprobar la nueva Constitución

(2008) y reestructurar la justicia (2011) han dado una percepción de que efectivamente hay una

significativa participación de la ciudadanía, en términos concretos las mujeres siguen siendo

relegadas de importantes cargos de elección popular.

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Los comicios seccionales de 2014 representaron no solo un punto de quiebre de la

hegemonía electoral del partido de gobierno, sino que evidenciaron de manera cruda la

profunda desconexión entre la teoría y la realidad, entre la norma escrita (ley de cuotas) y los

resultados concretos lo que son una muestra de un sistema político y electoral profundamente

machista ya que las estructuras verticales-clientelares de las organizaciones políticas no

proyectan a las mujeres como potenciales lideresas nacionales, sino que las siguen

considerando como “objetos” del marketing político.

A pocos meses de las elecciones generales de 2017, es curioso ver que solo una

mujer es precandidata a la Presidencia de la República, pero resulta también llamativo que ella

sea la misma persona que hace diez años participó como candidata a la misma dignidad,

obteniendo el quinto puesto.

La escasa participación electoral efectiva de las mujeres en Ecuador en los últimos

diez años se debe a la preexistencia y preeminencia del clientelismo y el caciquismo político

ejercido por líderes locales hombres.

Recomendaciones: Para profundizar el estudio de este tema no basta la generación o reforma

exclusivamente de una norma jurídica siempre perfectible, sino que es necesario abordar el

análisis desde el punto de vista de los electores. Este necesario cambio de enfoque nos lleva a

una de las interrogantes arrojadas en nuestra encuesta. ¿En Ecuador las mujeres votan por

mujeres; o es el pueblo libre en las urnas quien elige ser conducido por hombres más que por

mujeres?.

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Es necesario así mismo democratizar a las organizaciones políticas (partidos y

movimientos) para que desde sus estructuras internas incluyan y sobre todo ejerzan los

principios de alternabilidad y secuencialidad ya establecidos en el Código de la Democracia.

Considero que esta medida permitirá forzar a las organizaciones políticas a generar estrategias

para feminizar su militancia y sus cuadros para las elecciones generales de 2017 y seccionales

de 2019.

(Estrategias partidistas, preferencias ciudadanas y anuncios televisivos. Un análisis

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