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UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES
UNIANDES
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA
CARRERA DE DERECHO
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE:
ABOGADA DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA.
TEMA
SEGURIDAD JURÍDICA Y EL ABANDONO DE LAS CAUSAS EN PRIMERA
INSTANCIA
AUTORA: LAURA RAQUEL AVILÉS MANCERO
TUTOR: ABG. RODOLFO CALLE SANTANDER DIPL
RIOBAMBA – ECUADOR
2016
AGRADECIMIENTO
Con humildad quiero agradecer a Dios por la oportunidad de vivir, y brindarme la
fuerza que se requiere para iniciar y culminar todo proyecto, que no solo demanda
voluntad y perseverancia, sino su bendición y voluntad para cumplir con sus
designios; a mi familia por haber sido el motor que me ha impulsado a seguir con
la lucha diaria y no dejarme vencer por las adversidades y gracias a este apoyo
estoy a puertas de cumplir mis objetivos. No podía faltar mi gratitud a todas las
personas que han colaborado con la realización de este trabajo de investigación,
a la Universidad Regional Autónoma de los Andes, por haberme dado la
oportunidad de iniciar y culminar mis estudios de tercer nivel, a los docentes de tan
noble centro educativo que no solo impartieron sus conocimientos, sino sus
experiencias que son una parte fundamental en la formación de los futuros
profesionales que hemos optado por esta carrera y de manera especial a mi tutor
de tesis Abg. Rodolfo Calle Santander, por su paciencia tiempo y colaboración en
la elaboración de este trabajo, un agradecimiento especial al Dr. George Sotomayor
Rodríguez, lector de mi trabajo de grado, por su aporte importante para la
presentación y defensa.
DEDICATORIA
Este trabajo de grado lo dedico a Dios por haberme dado la oportunidad de
culminar una meta más en mi vida.
A mis padres Miguel y Aideè quienes con su amor incondicional me enseñaron que
la vida está llena de retos por vencer.
A mis hijos Christian, Edwin y Ricardito por ser el motor de mi vida, a quienes solo
les puedo enseñar con, el ejemplo.
A mi compañero de vida Raúl quien me brindo la seguridad y certeza que nunca es
tarde para prepararse y cumplir los sueños, y durante toda mi carrera me brindó su
apoyo.
A mis suegros Guido y Marina de quien he recibido el apoyo incondicional.
A mis hermanos quienes confiaron en mí, porque sabían que era capaz de vencer
todos los obstáculos, de manera especial a Glenda para quien, sé que mis triunfos
son los suyos, y a todas las personas que estaban prestos a acudir con su apoyo
cuando lo solicitaba.
RESUMEN EJECUTIVO
La propuesta planteada en la presente investigación se denomina “Seguridad
Jurídica y el Abandono de las causas en primera instancia”, sus efectos jurídicos,
consecuencias sociales y económicas. Para lo cual se ha realizado un análisis
profundo de los aportes jurídicos, criterios de especialistas entendidos y obras
sobre el tema planteado, De acuerdo a los postulados constitucionales la
obligación de garantizar y hacer valer los derechos de las personas, es del Estado;
el desarrollo de esta investigación lo hemos dirigido de acuerdo a la línea de
investigación jurídica “Retos y perspectivas de las relaciones jurídicas civiles,
agrarias y de familia. Su impacto en la sociedad contemporánea”. Esta
investigación la conforman tres capítulos, en su primera parte encontramos el
marco teórico, que comprende la fundamentación de la idea a defender, el análisis
conceptual de varios autores, la formulación del problema que se pretende resolver
y los objetivos planteados. El segundo capítulo se refiere al marco metodológico y
el planteamiento de la propuesta, en el cual se organiza de forma científica, los
distintos métodos, técnicas, tabulación, interpretación y validación de resultados,
para llegar a comprobar la idea a defender; y desarrollar el planteamiento de la
propuesta. Para concluir la validación o evaluación de resultados, además de las
conclusiones y recomendaciones que realiza el autor luego de haber analizado de
manera cuidadosa el tema planteado y tener una clara idea de las circunstancias
que se necesitarían para hacer realidad lo que se pretende con la presente idea de
reforma.
SUMMARY
The proposal outlined in this research is called "Legal Security and the causes
abandonment in the first stage instance", the legal effects, social and economic
consequences. For this reason, a deep analysis has been carried out on the legal
contributions, discernments knowledgeable specialists and actions on the subject
raised. In accordance with the constitutional postulates, The State has a
commitment to guarantee and enforce the rights of the people development of this
research we have managed according to the investigation legal line “Challenges and
perspectives of legal, civil, agrarian and family legal relationships. His footprint in
contemporary society ". Into the investigation work are immersed three chapters, in
its first part we find the theoretical framework, which includes the idea to defend,
arguments, the conceptual analysis of several authors, the problem formulation to
be solved and the objectives set. The second chapter deals with the methodological
framework and proposal approach, which is scientifically organized, the different
methods, techniques, tabulation, interpretation and results validation, with the aim of
verifying the idea to defend; and develop that has been programmed in the
proposal.
In conclusion, the validation or evaluation of results, in addition to the conclusions
and recommendations that the author has made after carefully analyzing the topic
raised and have a clear idea of the circumstances that are necessary to achieve
what is intended with this reform`s idea.
ÍNDICE GENERAL INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 1
Formulación del problema ........................................................................................... 3
Delimitación del problema ........................................................................................... 5
Objeto de la investigación ............................................................................................ 5
Campo de Acción ......................................................................................................... 5
Identificación de la Línea de Investigación ................................................................. 5
Objetivos ...................................................................................................................... 5
Idea a defender ............................................................................................................. 6
Pregunta científica ...................................................................................................... 6
Justificación del tema ................................................................................................... 6
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO ........................................................................... 8
1. LA SEGURIDAD JURÍDICA ............................................................................. 8
1.1.1 Origen y Evolución ............................................................................................. 8
1.1.1.2 La Seguridad Jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano .......... 9
1.1.1.3 La Seguridad Jurídica como garantía constitucional .................................... 11
1.1.1.4 La Seguridad Jurídica en las decisiones judiciales ........................................ 16
1.1.1.5 La Seguridad jurídica como un derecho del accionante ................................ 21
1.1.1.6 INTERVINIENTES EN EL PROCESO CIVIL ............................................ 23
1.1.1.6.1 Las partes procesales en los procesos civiles ............................................. 23
1.1.1.6.2 El Actor ...................................................................................................... 25
1.1.1.6.3 El Demandado ............................................................................................ 27
1.1.1.6.4 Terceros en el proceso civil ........................................................................ 28
1.1.1.7 IMPULSO PROCESAL ................................................................................ 29
1.1.1.8 DEL ABANDONO ........................................................................................ 30
1.1.1.8.1 De la declaración del Abandono de los procesos civiles en primera
instancia ..................................................................................................................... 31
1.1.1.8.2 De los requisitos para que opere el Abandono ........................................... 32
1.1.1.8.3 De la improcedencia para declarar el Abandono ....................................... 34
1.1.1.8.4 De los efectos jurídicos que provoca la declaración judicial del abandono
en primera instancia ................................................................................................... 35
1.2 ANÁLISIS DE LAS POSICIONES TEÓRICAS, SOBRE LA SEGURIDAD
JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO DE LAS CAUSAS EN
PRIMERA INSTANCIA. .......................................................................................... 36
1.3 VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y
TEORÍAS, SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DEL
ABANDONO DE LAS CAUSAS EN PRIMERA INSTANCIA. ............................ 38
1.4 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO ........................................... 39
CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA
PROPUESTA ............................................................................................................. 41
2.1 Modalidad de investigación ................................................................................ 41
2.2 Población y Muestra ............................................................................................ 41
2.2.1 Población .......................................................................................................... 41
2.2.2 Muestra ............................................................................................................. 41
2.3 Técnicas .............................................................................................................. 42
2.3.1 Instrumentos utilizados en la investigación ..................................................... 42
2.4 Interpretación y análisis de resultados de encuesta realizada a abogados del Foro
del Consejo de la Judicatura, Dirección Chimborazo, que ejercen la profesión en la
ciudad de Riobamba. .................................................................................................. 43
2.5 Análisis de entrevistas realizadas a los señores Jueces de la Unidad Judicial
Civil, Riobamba ......................................................................................................... 52
2.6 Planteamiento de la Propuesta ............................................................................. 53
2.7 Conclusiones parciales del capitulo ............................................................. 58
CAPITULO III VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SU
APLICACIÓN ........................................................................................................... 59
3.1. Metodología utilizada en la investigación ......................................................... 59
3. 2 Análisis de los resultados finales de la investigación ......................................... 60
3.3 Conclusiones del capitulo .................................................................................... 62
CONCLUSIONES GENERALES ............................................................................. 63
RECOMENDACIONES ............................................................................................ 64
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................... 1
ANEXO No 1 ............................................................................................................... 3
ANEXO No 2 ............................................................................................................... 5
1
INTRODUCCIÓN
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Eduardo García de Enterría, en su análisis sobre la seguridad jurídica señala que
esta se originó en la Europa del siglo XVIII, refiere como manifestación de este
hecho el texto del Art. 4 de la Declaración de Derechos de 1789, en el que se
señala que las limitaciones de libertad de los hombres están dadas por el ejercicio
de ellas en tanto no afecte a otros, y deben estar establecidas únicamente por la
Ley, con lo cual –señala- se entierra resueltamente el quodprincipiplacient legis
habitvigorem (lo que al príncipe place tiene fuerza de ley)”1
García Máynez cita a Franz Sholz-1955, señala que “la idea actual de seguridad
jurídica, está ligada a valores como la justicia, que realiza los llamados valores
consecutivos, mediante la aplicación de los que Máynez denomina instrumentales,
y propende al bien común, más allá de la norma secundaria y la aplicación por parte
de las autoridades”2, por ello su soporte se encuentra en el texto constitucional que
en un Estado de Derecho se funda en valores supremos que reconocen y
garantizan derechos fundamentales del ciudadano, derechos sociales y colectivos.
Dormí, manifiesta que la “seguridad jurídica es la certeza de un derecho cierto,
conocido, publicado y continuo, característica última que viene dada por la
Constitución, la que no puede producir rupturas con el sistema precedente;
considerando sobre todo que dicha norma debe responder a las demandas
sociales.”3
Manuel Atienza “la seguridad jurídica en sentido estricto debe entenderse, en mi
opinión, la capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para hacer
previsibles, es decir, seguros, los valores de libertad e igualdad. Esto quiere decir
que la seguridad en este tercer nivel, que presupone los anteriores se concibe
esencialmente como un valor adjetivo respecto de los otros dos que componen la
idea de la justicia. Entendida de esta forma creo que puede evitarse un uso
1 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica. Pág.27
2 MAYNEZ, Justicia y Seguridad Jurídica Pág. 32
3 PEREZ LUÑO A E. La Seguridad Jurídica Barcelona, Pág. 78 Ariel 1991
2
ideológico de la expresión „seguridad jurídica‟ que se basa precisamente en la
substantivización de este concepto”4.
El doctrinario colombiano Preciado Hernández, asocia a la seguridad jurídica con el
orden, la eficacia y la justicia; el orden dice es el plan general expresado en una
legislación con miras a coordinar acciones individuales y unificar el esfuerzo
colectivo; pero no se puede hablar de seguridad cuando existiendo un orden legal
teórico, no rige un orden eficaz, es decir cuando la legislación no es observada por
los particulares y por las autoridades; y que además esté fundado en la justicia; una
ley injusta continúa es como un traje no hecho a la medida, nos aprieta y molesta
constantemente”5
En Ecuador con la publicación de la Constitución, en el año dos mil ocho se
declara a nuestro Estado como constitucional de Derechos y Justicia Social; “El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes”6. Este mismo cuerpo legal en su título noveno el que
hace referencia a la supremacía de la constitución en su Art 424 en lo pertinente
claramente expresa “Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica”7
El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 25 claramente manifiesta:
“Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la obligación de velar
por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, e instrumentos internacionales ratificados
por el Estado, las leyes y demás normas jurídicas”8
La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la
previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces; la
responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar
daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley. La
4 ATIENZA Manuel. Los valores Jurídicos PÀG 75 ( Capítulo 3º Introducción al Derecho )
5 PRECIADO HERNÁNDEZ, Justicia y Seguridad Jurídica. Pág. 236
6 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA. Corporación de Estudios y Publicaciones..Quito -
Ecuador. 2008. Art 82 7 Ibídem. Art 424
8 CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Registro Oficial Suplemento 544 de 09-
mar.-2009 Art.25
3
seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, y con el debate
público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el necesario aval moral de la
sociedad para que una vez expedidas, aporten positivamente a impartir y lograr la
tan anhelada justicia y no solamente con la justificación legislativa de crear leyes.
De lo expuesto se puede determinar que la seguridad jurídica es una garantía que
brinda un Estado a sus conciudadanos sean estos nacionales o extranjeros, de que
las leyes van a proteger sus derechos y bienes aprovechando la ley mediante un
principio fundamental del derecho llamado Seguridad Jurídica.
Se ha examinado en las diferentes bibliotecas virtuales a nivel nacional, local, y el
CDIC, de UNIANDES, también en los de Repositorios de tesis de las Universidades
del Ecuador, lo que ha permitido determinar de forma clara que no existen trabajos
sobre el tema propuesto, en el presente trabajo investigativo cuyo tema es:
Seguridad Jurídica y el abandono de las causas en primera instancia. Por estas
consideraciones esta investigación es de absoluta responsabilidad de la autora.
Formulación del problema
La publicación del Código Orgánico General de Procesos en el Registro Oficial
No.506, con fecha 22 de mayo de 2015, en su disposición final segunda del código
invocado señala que, “a partir de su publicación en el Registro Oficial el contenido
en su totalidad entrara en vigencia contados doce meses, con excepción de las
normas que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y la
Ley de Arbitraje y Mediación, y aquellas que regulan períodos de abandono, copias
certificadas, registro de contratos de inquilinato y citación, que entrarán en vigencia
a partir de la fecha de publicación de esta Ley. Las disposiciones que regulan el
remate entrarán en vigencia en ciento ochenta días contados a partir de la
publicación de la presente Ley”9
De lo anotado en el párrafo anterior podemos establecer que desde el 22 de mayo
de 2015, está en vigencia en lo correspondiente a la figura jurídica del abandono la
misma que textualmente en su Art.245 señala: “La o el juzgador declarará el
abandono del proceso en primera instancia, segunda instancia o casación cuando
todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución durante
el término de ochenta días, contados desde la fecha de la última providencia
9 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS en Registro Oficial No.506, con fecha
22 de mayo de 2015. Disposición final segunda
4
recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos“10. Lo que ha
provocado nuestra inquietud es lo manifestado en el segundo inciso del Art 249
“una vez que se ha declarado que ha operado el abandono en las causas en
primera instancia, no podrán volver a proponer nueva demanda. Disposición legal
que en la actualidad ha servido para que los administradores de justicia declaren
que ha operado el abandono al haber transcurrido más de ochenta días termino,
contados desde el segundo día de dictada la última providencia y si es del caso de
la última actuación procesal.
Las consabidas consecuencias de la declaración judicial de que ha operado el
abandono, ha acarreado el archivo de las causa, sin dejar a salvo el derecho del
accionante o demandante para volver a proponer nueva demanda por la misma
causa, lo que menoscaba el derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial
efectiva, esta figura del abandono se convierte en una forma ilegal de extinguir las
obligaciones, perjudicando los intereses y los derechos de los demandantes, que al
no poder volver a demandar por la misma causa se les deja sin que poedan
reclamar, la declaración de derechos, cobrar dineros, entre otros; negándoles la
reparación de los agravios ocasionados por el accionado dando pie al abuso de
esta figura jurídica y reinando la impunidad.
De la experiencia vivida a partir que entró en vigencia la figura del abandono, se ha
podido observar un alto porcentaje que ha operado esta figura jurídica, en un
mediano porcentaje por falta de impulso de la parte actora; pero el porcentaje
mayor se ha producido por cuanto la pasividad y la falta de celeridad de los
administradores de justicia, actitud que cansa y desgasta a los usuarios de la
justicia, por cuanto no despachan con premura las peticiones y diligencias
entorpeciendo los trámites de las causas, lo que resulta aún más perjudicial es
cuando el proceso se encuentra en las manos del juez solo para resolver o dictar
sentencia; en donde los procesos duermen el sueño de los justos, trascurriendo en
muchos de los casos un año, dos y más; lo que se escapa de las manos de quien
acude a la justica para hacer valer sus derechos, reclamar obligaciones y otros por
lo que bien vale recordar el adagio “ que justicia que tarda no es justicia”.
Visto desde esta perspectiva resulta apremiante reformar la figura del abandono,
constante en el Código Orgánico General de Procesos, ya que si continua tal como
10
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS en Registro Oficial No.506, con fecha 22 de mayo de 2015. Disposición final segunda Art 245
5
actualmente está diseñada, resulta una flagrante vulneración del derecho a la
seguridad jurídica del accionante.
Delimitación del problema
La propuesta investigativa proyectada en el presente trabajo de Tesis de grado, se
desarrollara con el análisis de las diferentes posturas de tratadistas y expertos en
la materia.
Objeto de la investigación
Constitución de la República del Ecuador Seguridad Jurídica; y el Código Orgánico
General de Procesos.
Campo de Acción
Seguridad Jurídica en la Unidad Judicial Civil del cantón Riobamba
Identificación de la Línea de Investigación
Retos y perspectivas de las relaciones jurídicas civiles, agrarias y de familia. Su
impacto en la sociedad contemporánea.
Objetivos
Objetivo general
Elaborar un proyecto de Ley Reformatoria al Art 249 inciso segundo del Código
Orgánico General de Procesos, para precautelar la Seguridad Jurídica en las
causas civiles, que hayan sido declaradas en Abandono en primera instancia.
Objetivos específicos
a) Determinar los fundamentos constitucionales y legales en que se cimienta el
derecho a la Seguridad Jurídica.
b) Establecer los efectos y consecuencias jurídicas que provoca la declaración del
Abandono de las causas civiles en primera instancia, y su implicación en la
vulneración del derecho a la Seguridad Jurídica del accionante.
c) Aplicar los fundamentos jurídicos y doctrinales que permitirán desarrollar
adecuadamente un proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico General de
6
Procesos, a fin de garantizar el derecho a la Seguridad Jurídica de los
demandantes.
Idea a defender
Con el proyecto de reforma al ART.249 inciso segundo del Código Orgánico
General de Procesos; se precautela la Seguridad Jurídica en la declaración del
abandono en primera instancia de las causas civiles.
Pregunta científica
¿Cómo garantizar la Seguridad Jurídica, una vez declarado el Abandono de las
causas civiles en primera instancia?
Justificación del tema
El presente informe final tiene como objetivo exteriorizar la importancia y necesidad
de Reformar el Art 249 inciso segundo del Código Orgánico General de Procesos,
respecto a la declaración del abandono de las causas en primera instancia,
situación que está provocando la vulneración del derecho a la seguridad jurídica de
los accionantes, considerando que una vez que se ha declarado judicialmente que
ha operado esta figura jurídica quien propuso la demanda no podrá demandar
nuevamente por la misma causa sin que pueda hacer efectiva su reclamación y de
cierta manera extinguiendo la obligación del demandado.
Una de las consecuencias jurídicas de la declaración judicial que ha operado el
abandono, trae consigo que se dé por concluido el proceso y el archivo de la causa,
sin dejar a salvo el derecho del accionante o demandante a volver a proponer
nueva demanda por la misma causa, lo que menoscaba el derecho del accionante
a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva, por lo que esta figura del abandono
se convertiría en una forma ilegal de extinguir las obligaciones, lo que se
contrapone al derecho de todas la personas esto es que los procesos judiciales
siempre se resuelvan en base a la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
Los efectos jurídicos que provoca la aplicación de esta figura por parte de los
jueces, a petición de la parte demandada o de oficio, para que se declare que ha
operado el abandono, perjudica los intereses y los derechos de los accionantes,
que al no poder volver a demandar por la misma causa se les dejaría sin que se
7
puedan, reclamar la declaración de derechos, cobrar dineros, entre otros;
permitiendo que lo reclamado de cierta forma quede en la impunidad.
De la experiencia vivida a partir que entró en vigencia la figura del abandono, se ha
declarado en un alto porcentaje que ha operado esta figura jurídica, un mediano
porcentaje por falta de impulso de la parte actora; pero el porcentaje mayor se ha
producido por cuanto la pasividad y la falta de celeridad de los administradores de
justicia, actitud que cansa y desgasta a los usuarios de la justicia, por cuanto no
despachan con celeridad las peticiones y diligencias lo que entorpece el trámite de
las causas, en este momento el accionante adopta cierta decidía trayendo como
consecuencia el transcurso del tiempo y la concebida declaración del abandono del
proceso y la perdida de sus derechos como accionante, de lo argumentado se
puede llegar a establecer que se hace necesario elaborar una propuesta de reforma
al ART.249 inciso segundo del COGEP, con el objetivo de garantizar a los
accionantes a que se respete su derecho a la seguridad jurídica en los procesos
judiciales.
8
CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
1. LA SEGURIDAD JURÍDICA
1.1.1 Origen y Evolución
El desarrollo de la presente investigación la iniciare exteriorizando sobre el origen
de la seguridad jurídica; desde el punto de vista etimológico se puede alcanzar
algún conocimiento del concepto de seguridad jurídica; en efecto, la palabra
seguridad tiene su origen en una palabra latina, a saber, la palabra securitas. Esta
proviene de sustantivar el adjetivo securus, el cual se puede traducir como tener
seguridad de algo; así, cuando aparece en la expresión seguridad jurídica hace
referencia a las garantías que ofrece el Estado a los individuos, según las cuales
sus bienes materiales, la seguridad de su persona y sus derechos no serán
vulnerados.
La seguridad jurídica ha sido considerada como garantía de promover, en el orden
jurídico la justicia y la igualdad en libertad, sin congelar el ordenamiento y
procurando que ésta responda a la realidad social en cada momento.
El principio de seguridad jurídica se encuentra íntimamente relacionado con el
principio de legalidad, en tal forma que si no existe uno es imposible la existencia
del otro. La seguridad es otro de los valores de gran consideración, he importancia
básica porque la certeza de saber a qué atenerse, es decir, la certeza de que el
orden vigente ha de ser mantenido aún mediante la coacción, da al ser humano la
posibilidad de desarrollar su actividad, previendo en buena medida cuál será la
marcha de su vida jurídica.
Las garantías de seguridad jurídica son la base principal para cualquier sistema
jurídico ya que ante la imposibilidad material de que en un artículo se contengan
todos los derechos públicos subjetivos del gobernado, lo que no se contenga en un
precepto constitucional, debe encontrarse en los demás, de tal forma, que el
gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y por
tanto en estado de indefensión.
La seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona,
familias y posiciones o sus derechos están respetados por la autoridad, y si esta
9
debe producir una afectación en ellos debe ajustarse a los procedimientos que la
ley le obliga. La seguridad jurídica brinda al gobernado un marco de hecho y de
derecho, que sirve de base y punto de partida para la realización de un conjunto de
actos con trascendencia jurídica.
En pocas palabras, seguridad jurídica es igual a previsibilidad jurídica, es uno de los
bienes más preciados que el Estado garantiza. En alguna medida, una de las
principales justificaciones de la existencia del Estado ha sido precisamente que,
mediante la seguridad jurídica, asegura la existencia de la sociedad y la paz interior.
No sólo esto, sino que la observancia general de las normas jurídicas y mandatos
de autoridad, permiten que los individuos se muevan dentro de un marco legal con
igual libertad y autonomía y que realicen sus planes de vida. De ahí la pretensión
de obligatoriedad inexorable que caracteriza a un ordenamiento jurídico.
1.1.1.2 La Seguridad Jurídica en el ordenamiento jurídico ecuatoriano
La seguridad jurídica es un derecho fundamental que se encuentra dispuesto en el
artículo 82 del marco Constitucional ecuatoriano y “se fundamenta en la existencia
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes.”11
El Código Orgánico de la Función Judicial en su artículo 25 señala: “Principio de
Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la
constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos
internacionales de derecho humanos, los instrumentos internacionales ratificados
por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas”12
La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas asegura la
previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces; la
responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar
daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley. La
seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, y con el debate
público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el necesario aval moral de la
11
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones..Quito -Ecuador. 2008. Art 82 12
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Registro Oficial Suplemento 544 de 09-mar.-2009 Art.25
10
sociedad para expedidas, y no solamente con la santificación legislativa de las
leyes. La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el
principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la atribución
de competencia a los jueces entre otros.
De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es otra cosa que la posibilidad
que el Estado debe ofrecer mediante el derecho, prever los efectos y
consecuencias de nuestros actos o de la celebración de los contratos para
realizarlos en los términos prescritos en la norma, para que ellos surtan los efectos
que deseamos o para tomar las medidas actualizadas para evitar los efectos que no
deseamos, y que podrían producirse según la ley.
De tal modo, que la seguridad jurídica actualmente debe ser entendida dentro del
Estado constitucional de derechos, como una justicia concebida como exigencia de
adaptación del derecho a la necesidad de la vida social.
Este valor guarda armonía con otros valores fundamentales como es la justicia,
para asegurar un derecho justo, no cualquier derecho; con el bien común para
generar un ambiente de paz social y buscar ante todo la realización del interés
general, por lo que estos valores la justicia y el interés general o bien común no son
limitantes al valor de seguridad jurídica sino que concurren en el proceso racional
de aplicación de este último en la creación y aplicación de la norma a un hecho
determinado; así mismo permite la realización de otros valores como la libertad, la
igualdad, pues solamente como resultado de la interacción de los valores
fundamentales antes señalados, se pueden realizar estos otros, llamados por ello
consecutivos; por último está vinculada a otros valores conocidos como
instrumentales que son los medios e instituciones que sirven a los fines y a los
valores fundamentales y consecutivos, uno de ellos se recoge en el cuarto capítulo,
al tratar la “confianza legítima” que es una institución que nace definitivamente
ligada a la seguridad jurídica, para proteger la confianza de los ciudadanos respecto
de que los actos emitidos por la autoridad pública, que producen consecuencias
legales, permanezcan reconocidos como tales.
De lo expuesto se puede determinar que la seguridad jurídica es una garantía que
da el Estado ecuatoriano al pueblo o a la ciudadanía ante sus bienes materiales
aplicados por la ley mediante un principio fundamental del derecho.
11
La seguridad jurídica es condición básica para que un Estado pueda tener paz
social y estabilidad política, condiciones que a su vez favorecen su desarrollo. En
tal sentido, la legítima preocupación que existe en nuestro país por el papel que el
sistema jurídico debe cumplir, creando las condiciones que propicien el desarrollo,
ha constituido la motivación que orientó este trabajo de investigación
1.1.1.3 La Seguridad Jurídica como garantía constitucional
La nueva época del constitucionalismo, ha traído a colación una serie de nuevos
principios y dogmas modernos que buscan dar la verdadera relevancia que debe
tener una constitución en el andarivel de los pueblos. Se han elevado a una
categoría superior las normas incluidas en los textos constitucionales, ya no son
meros enunciados que sólo servían como ejercicios líricos de los procesos
instaurados. Vale indicar entonces: “Una constitución normativa significa que,
además de regular la organización de poder fuentes de derecho, genera de modo
directo de derechos y obligaciones inmediatamente exigibles”13. Esto significa que
no existe norma superior a ella, a excepción de los derechos humanos que en esos
casos prevalece, los tratados y convenios internacionales; que siendo supra
constitucionales sin embargo en el art 245 de CRE en su orden jerárquico se
encuentran en segundo lugar. Por lo tanto todo proceso debe desenvolverse
conforme a la estructura normativa, axiológica e ideológica que la misma
Constitución señala.
El Art. 11 de la Constitución de la República, señala: “El ejercicio de los derechos
se regirá por los siguientes principios: El Estado será responsable por detención
arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia,
violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los
principios y reglas del debido proceso”14. El marco constitucional ecuatoriano Art 11
nos habla sobre el ejercicio de los derechos y muy particularmente en el numeral 4
textualmente afirma “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los
derechos ni de las garantías constitucionales”15. Para inmediatamente reiterar;
Núm. 6 “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables,
13
ZAVALA EGAS, Jorge. Apuntes Sobre Neo Constitucionalismo, Acciones De Protección y Ponderación, pág. 15 14
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito -Ecuador. 2008. Art 11- 75 15
Ibídem. Art 11 núm. 4
12
indivisibles interdependientes y de igual jerarquía”16. Lo refuerza con la siguiente
disposición:
Numeral 9 del artículo citado señala “El más alto deber del Estado consiste en
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”17.
Es decir, es deber primordial del Estado, el de mayor reminiscencia asegurar la
vigencia efectiva de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, el
respeto absoluto a esa realidad conformado por los derechos fundamentales de la
persona.
En este mismo cuerpo legal, su Art. 75 establece: “Toda persona tiene derecho al
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en
ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones
judiciales será sancionado por la ley”18.
Por esto, el legislador ha concedido el rango más elevado en el ordenamiento
jurídico al darle Jerarquía Constitucional a los Principios de Simplificación,
Uniformidad, Eficacia, Inmediación, Celeridad y Economía Procesal con el objetivo
que exista una correcta aplicación de los mismos en todos los procesos judiciales,
en especial en los procesos civiles que es materia de estudio en esta investigación,
para lograr que se dé pequeños cambios en el rumbo del sistema judicial.
Sin lugar a dudas la vigencia de la ley honra a un Estado, en tal sentido, la
seguridad jurídica es condición fundamental para que un Estado pueda garantizar
la paz social y estabilidad política, condiciones que a su vez beneficiarán su
desarrollo económico; con estos tres elementos habrá seguridad jurídica, y con ella
vendrán las inversiones, corroborando que a aquellos países que han mantenido
estos componentes por mucho tiempo, han registrado crecimientos económicos
más favorables.
La Carta fundamental de la República ostenta entre sus grandes logros, la
protección y garantía los derechos, de allí que la definición del derecho a la
seguridad jurídica, establecido en la normativa citada señala que: la seguridad
jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas
16
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones.Quito -Ecuador. 2008. Art 11 núm. 6 17
Ibídem .Art 11 núm. 9 18
Ibídem .Art 75
13
jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
Haciendo una recapitulación de lo anotado en líneas anteriores se deduce que es la
obligación a la que están sometidas todas las autoridades, pues deben aplicar las
disposiciones constitucionales, respetando la jerarquía constitucional de las
normas. Sin duda, frente a esta disposición constitucional, muchas autoridades no
solo que no respetan la Constitución, sino que aplican simples decretos,
reglamentos o acuerdos, anteponiendo sus normas a las de la Constitución,
incumpliendo el deber constitucional que tienen en aplicar la Constitución en forma
directa, ya que la normativa jerárquicamente superior en Ecuador, tal como lo
establece el Art. 425 Ibídem “El orden jerárquico de aplicación de las normas será
el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes
orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales;
los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los
demás actos y decisiones de los poderes públicos”19.
Queda claro no se puede permitir que en un Estado constitucional de derechos y
justicia tengamos aún autoridades a nivel nacional, regional y local y peor aún
autoridades policiales que apliquen otras normas de menor jerarquía que la
Constitución. Tal vulnerabilidad del derecho a la seguridad jurídica no se puede
pasar por alto en el caso de las autoridades públicas, funcionarios o servidores. La
expresión “seguridad jurídica” quiere decir entonces que el Estado tiene que velar
porque el orden normativo se cumpla a cabalidad en todos los aspectos de la vida
nacional.
Este concepto está hoy en día en la base misma del orden de los países modernos,
porque no hay nación desarrollada donde no se asuma como obligatorio el
cumplimiento de las normas nacionales; únicamente donde las normas se respetan
y se cumplen, es donde la vida discurre dentro de la previsibilidad del Derecho.
Denominamos seguridad jurídica a un principio perteneciente al Derecho, el cual se
reconoce universalmente; la base de este principio, está en la llamada certeza del
derecho; Este principio representa, en el ámbito de su publicación y de su
publicidad, la seguridad de que se tiene conocimiento, o de que se puede llegar a
tener, de lo que la ley prevé como prohibido, permitido y mandado por los poderes
públicos, respecto de uno mismo para con el resto de individuos y de estos para
19
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones..Quito -Ecuador. 2008. Art 425
14
con uno mismo. Igualmente, la seguridad jurídica garantiza que en el supuesto no
consentido que los derechos de las personas fuesen vulnerados, el Estado asegura
a los individuos que tanto sus bienes, como el daño a su persona o los daños
morales por la violación de sus derechos, serán reparados por el resto de la
sociedad; la seguridad jurídica como ya se dijo es: la certeza del derecho que
posee el individuo en la sociedad, la cual está garantizada por el Estado.
El individuo se encuentra en una situación jurídica determinada, la ley de su país le
protege de determinada manera y esta situación jurídica solo puede cambiar
mediante los procedimientos legales establecidos legalmente para ello, los cuales
suelen estar publicados previamente.
La seguridad jurídica, inmaterial o formal, como también se la llama, no consiste
sino en la certeza del imperio de la Ley; esto es, en la garantía de que el
ordenamiento jurídico será aplicado de manera objetiva; es además, un principio
fundamental del Estado de Derecho, que se traduce en el aval que éste ofrece a
toda persona, de que serán respetados sus derechos consagrados en la
Constitución y en las leyes, y que por tanto no serán alterados o vulnerados
posteriormente, contraviniendo la norma jurídica en virtud de la cual han sido
adquiridos; es, por tanto, un bien colectivo.
En un país que se configure como Estado constitucional de derechos y justicia
social, como lo declara la Constitución de la República del Ecuador en sus
articulados señala, los poderes públicos no solo deben desarrollar una actividad
preventiva y represiva a fin de garantizar a los ciudadanos la mínima seguridad,
sino que también les corresponde promover, a través de sus órganos legislativos y
jurisdiccionales, los medios necesarios para restablecer el orden quebrantado y el
equilibrio perdido como consecuencia de la comisión de hechos delictivos por
ejemplo, como proyección del principio de seguridad jurídica.
La seguridad inmaterial o formal, como se llama también a la seguridad jurídica,
debe ser entendida como la certeza del imperio de la Ley, en el sentido de que el
Estado protegerá los derechos de las personas tal y como la Ley los declara.
Manuel Ossorio considera que: “La seguridad jurídica es condición esencial para la
vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran.
Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los
individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin
15
que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes pueda causarles
perjuicio”20. Las normas son la expresión material del Derecho, regulan la conducta,
tanto de los ciudadanos a quienes van dirigidas, respetando los derecho de unos, y
los deberes de otros, de ahí nace la idea del Estado de Derecho. Fundamentado en
un Estado democrático en el mismo que la Ley y las normas garanticen los
derechos individuales de los ciudadanos, por encima de cualquier otro criterio.
Cuando se permite que el ordenamiento de un país contravenga a la Constitución,
no es idóneo, porque impide obtener paz institucional, social e individual y
finalmente rompe el Estado de Derecho; si la normativa es obscura, contradictoria,
carente de orden, entonces permitirá interpretaciones subjetivas, que a su vez
fomentarán la conflictividad y la corrupción.
El problema radica en que la seguridad jurídica puede ser entendida de diversas
maneras: así por ejemplo, el hombre común, la considerara básicamente como la
seguridad ciudadana, protección, de sus bienes y que sus derechos no serán objeto
de ataques violentos, o de ser así, estos le serán protegidos y reparados; el
político la relacionará con la presencia de instituciones democráticas; en cambio,
para el empresario o el inversionista, estará identificada con la seguridad normativa,
es decir con el mantenimiento de reglas claras. Las cuales brindan estabilidad
económica y el equilibrio fiscal, la seguridad jurídica Implica un costo económica
conocido como “tasa riesgo país”, por lo tanto la seguridad jurídica es un bien
colectivo, en tanto no se circunscribe a un sector o a una clase social determinados,
sino que se extiende a toda la sociedad, trátese de personas naturales o jurídicas y
éstas últimas sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras.
No existe seguridad jurídica cuando se pretende hacer surtir efectos retroactivos a
una disposición legal, para hacerla aplicable a situaciones y derechos adquiridos en
virtud de una norma jurídica anterior, o cuando el propio Estado altera o irrespeta
las reglas de juego establecidas para regir una relación determinada; en fin, no
existe seguridad jurídica cuando se rompe el principio de igualdad ante la ley.
De lo argumentado en párrafos anteriores se desprende, que la seguridad jurídica
es un mandato constitucional que se prioriza para que la sociedad pueda
desarrollarse libre, para desenvolverse racionalmente dando estabilidad a los
20
OSSORIO M., “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Eliasta, Ed.
27°, año 2000, Buenos Aires, pág. 906);
16
agentes productivos, y certeza a los individuos acerca de cuáles son sus derechos
y cuáles son sus deberes; pues la seguridad jurídica exige la previsión de una
respuesta conforme a derecho para los diferentes conflictos que se suscitan en la
convivencia humana; pues solo de esta manera se produce estabilidad, que a la
final es conseguir la fidelidad al principio de legalidad.
Dormí, manifiesta que “la seguridad jurídica es la certeza de un derecho cierto,
conocido, publicado y continuo, característica última que viene dada por la
Constitución, la que no puede producir rupturas con el sistema precedente;
considerando sobre todo que dicha norma debe responder a las demandas
sociales.”21
1.1.1.4 La Seguridad Jurídica en las decisiones judiciales
Para el tratadista Ossorio, la seguridad jurídica debe entenderse como la:
“Condición esencial para la vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los
individuos que las integran. Representa la garantía de la aplicación objetiva de la
ley, de tal modo que los individuos saben en cada momento cuáles son sus
derechos y sus obligaciones, sin que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de
los gobernantes puedan causarles perjuicio”22
Por otro lado, la fidelidad de los Jueces a la Ley va a ser entendida como una
sujeción estática y mecánica, su aplicación correcta por métodos exclusivamente
lógico-deductivos y sin hacer referencia a propósitos y valoraciones ajenas al texto
legal, no es meramente potestativa, ni siquiera discrecional, sino eminentemente
cognoscitiva, ya que está vinculada a la aplicación de la Ley, de acuerdo a los
hechos.
La sujeción a la Ley garantiza, de esta forma, que las decisiones judiciales hayan
de adoptarse a través de un procedimiento razonado de tal forma que, la seguridad
jurídica, constituiría la garantía dada al individuo por el Estado de modo que su
persona, sus bienes y sus derechos no sean violentados o que, si esto último
llegara a producirse, le será asegurada la protección y reparación de los mismos.
21 PÉREZ LUÑO A. E. La Seguridad Jurídica. Barcelona, Pàg.78 Ariel, 1991 22
OSSORIO M., “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Eliasta, Ed. 27°, año 2000, Buenos Aires, pág. 906
17
Con ese mismo razonamiento, en nuestro país, siendo la Constitución la base
fundamental de las normas en el Art. 75, expresa “Toda persona tiene derecho al
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en
ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones
judiciales será sancionado por la ley”23. La norma invocada establece el derecho
fundamental de toda persona a la seguridad, es el desarrolló del Derecho a la
Seguridad Jurídica, teniendo como elemento central la aplicación objetiva de la ley.
Este mismo cuerpo legal siendo una norma garantista y protectora de derecho y
jerárquicamente superior a las demás normas legales, en su artículo 82 señala “El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la
existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes”24. Guardando armonía con lo establecido en el artículo
25 del Código Orgánico de la Función Judicial que reza “Principio de Seguridad
Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante,
uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado las
leyes y demás normas jurídicas”25.
Son las facultades que el Estado proporciona a los jueces y autoridades para
impartir justicia en su representación “La potestad de administrar justicia emana del
pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial y por los demás órganos y
funciones establecidos en la Constitución”26.
La Justicia es el “supremo ideal que consiste en la voluntad firme y constante de
dar a cada uno lo suyo, según el pensamiento y casi las palabras de Justiniano:
Constans et perpetua voluntas jussuumcuiquetribuendi”27 Sin embargo este
concepto ya no es aplicable en la actualidad por el avance de los derechos
humanos aplicando el principio de igualdad ante la ley.
23
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones..Quito -Ecuador. 2008. Art 75 24
Ibídem Art 82 25
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Registro Oficial Suplemento 544 de 09-mar.-2009 Art.25 26
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones..Quito -Ecuador. 2008. Art 27
CABANELLAS, Guillermo, (1997), Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, Buenos Aires, pág. 222
18
Para el uruguayo Eduardo Couture, explica que “Privados los individuos de la
facultad de hacerse justicia por su propia mano, el orden jurídico les ha investido
del derecho de acción y el Estado de la Jurisdicción”28. La administración de
justicia, a cargo de la Función Judicial, integrada por, las diferentes Cortes,
Tribunales y Juzgados, tiene a su cargo la atribución de resolver las controversias
sometidas a su conocimiento, correspondientes a las diversas ramas del Derecho.
Por su parte, al Consejo Nacional de la Judicatura le competen no atribuciones
jurisdiccionales, sino de carácter administrativo.
De lo que se desprende que la seguridad jurídica, no es más que la contingencia
que el Estado debe procurar mediante el derecho, para prever los efectos y
consecuencias de nuestros actos o la celebración de contratos, para realizarlos en
los términos prescritos en la norma, para que surtan los efectos deseados o de ser
necesario tomar las medidas para evitar los efectos no deseamos, que podrían
producirse según la ley.
En el Estado constitucional de derechos y justicia en el que vivimos, el derecho la
seguridad jurídica asume unos perfiles definidos como: presupuesto del derecho,
pero no de cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que nace de los
derechos fundamentales, es decir, los que cimientan el orden constitucional; en
función del derecho que “asegura la realización de las libertades. Con ello la
seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su manipulación, sino que
se convierte en un valor jurídico ineludible para el logro de los restantes valores
constitucionales.
De lo anotado, seguridad jurídica es la suma de la confianza, legalidad, jerarquía y
publicidad normativa, irretroactividad de lo no favorable, prohibición de la
arbitrariedad; la seguridad jurídica es la suma de estos principios, equilibrada de tal
suerte que permita promover, en el orden jurídico, la justicia, y la igualdad en
libertad.
Es de conocimiento público que el Código Orgánico General de Procesos entro en
vigencia el 22 de mayo del 2016, sustituyendo al Código de Procedimiento Civil que
estaba vigente hasta la fecha ya señalada, de otro lado no hay que dejar de lado
que a la fecha de promulgación del COGEP en el registro oficial, esto es 22 de
mayo del 2015, entre otras figuras jurídicas están ya vigentes esta la declaración
28
HIDALGO LOPEZ, Luis, Op. Cit. Pg. 126
19
del “abandono a los procesos en primera instancia, segunda instancia o casación
cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su prosecución
durante el termino de ochenta días, contados desde la última providencia recaída
en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos”29. Con lo cual
evidentemente podría surgir inseguridad jurídica; constitucionalmente, el legislador
debe dotar a la ley del ámbito de retroactividad que considere oportuno, la
seguridad jurídica representa la maniobra de los esfuerzos de la humanidad para
resolver sus injusticias de la forma menos injusta.
De lo dicho se desprende que este concepto se encuentra vinculado al imperio de
la Ley y comprende el hecho de no renunciar a los valores como la previsibilidad, la
imparcialidad, la seguridad, la igualdad de aplicación de la ley y el carácter no
arbitrario de las decisiones judiciales para alcanzar el fin perseguido. Recordemos
que los derechos humanos se relacionan con el derecho constitucional y con el
derecho internacional; y su propósito es defender por medios institucionalizados los
derechos de los seres humanos contra los abusos de poder cometidos por los
órganos del Estado y, al propio tiempo, promover el establecimiento de condiciones
de vida más humanas y el desarrollo multidimensional de la personalidad del ser
humano. La existencia de reglas de juego sólidas, justas y bien hechas aseguran la
previsibilidad respecto de los actos de las autoridades y de los jueces. La
responsabilidad legal del Estado y sus funcionarios y la posibilidad de demandar
daños y perjuicios por sus acciones y omisiones, garantizan el apego a la Ley. La
seguridad jurídica tiene que ver con la estabilidad de las normas, y con el debate
público, abierto y eficaz para cambiarlas, y con el necesario aval moral de la
sociedad para expedirlas y no solo con la santificación legislativa de las leyes.
La seguridad jurídica tiene que ver con la irretroactividad de las leyes, con el
principio de legalidad en la actuación de la administración pública, con la atribución
de competencia a los jueces. En observancia de lo establecido en el Código
Orgánico de la Función Judicial que manifiesta “la administración de justicia será
rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la
ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un
proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los
29
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS suplemento del registro oficial Nº506, 22 mayo de 2015 Art 245
20
términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley
disponga lo contrario”30.
En nuestro medio no se respeta lo estatuido en lo referente a términos y plazos
dentro de los procesos judiciales, las relaciones jurídicas quedan sujetas al arbitrio
de cada individuo; lamentablemente, con la declaración judicial que ha operado el
abandono en los procesos judiciales se está dejando una puerta abierta a la
tendencia, donde una de las partes, y hasta el mismo Estado, se „arrepientan‟ de lo
que pactaron, y al saber que si se propone una acción en su contra únicamente
pueden esperar el tiempo necesario para incurrir en la figura legal del abandono y
liberarse de su responsabilidad. Cayendo en un signo del descrédito de los
principios y de la falta de voluntad en honrar los compromisos y las obligaciones. Lo
grave es que ese menoscabo del principio, que nace primero en los estamentos
legales, contamina después a los miembros de la sociedad civil y a los jueces, y
resulta entonces que los contratos, y las leyes que los sustentan, no son
instrumentos que expresan con rigor y precisión la voluntad de las partes, sino que
se convierten en flexibles.
En el presupuesto de la seguridad jurídica se basa todo el sistema de
administración de justicia, de modo que no solamente es un valor y un derecho
esencial, como lo son la libertad, la justicia, la igualdad, etc., sino que, además, la
seguridad jurídica es la condición esencial del Estado de Derecho; lo que significa
que sin previsibilidad y certeza respecto de las conductas del Estado y de la
aplicación de las normas, no es posible la vida civilizada. La seguridad jurídica es el
alma del ordenamiento jurídico, lo que lo explica y legitima.
La seguridad jurídica es la efectiva y justa aplicación de las normas legales
tomadas en forma precisa por el juzgador sin ninguna influencia que pueda hacer
las normas; entonces se ha de entender que el derecho a la seguridad jurídica se
fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes, capaz de que
quien reclama un derecho, tenga la plena seguridad de que será asistido por la
función judicial sin mirar condición social, política ni económica de las partes
procesales. Por supuesto que las juezas y jueces deben reunir elementos de
30
CODIGO ORGANICO DE LA FUNCION JUDICIAL, Registro Oficial Suplemento 544 de
09-mar.-2009, Última modificación: 18-mar.-2014. Art.20
21
probidad, honradez, equidad, sano criterio, rectitud, disciplina y sobre todo sabios
conocimientos legales para dar la razón únicamente al que la tiene.
El derecho a la seguridad jurídica se traduce en la confianza que todos los
ciudadanos debemos tener en el sistema jurídico ecuatoriano, la cual implica que
las disposiciones normativas e instituciones jurídicas se mantengan en un periodo
considerable de tiempo, a fin de que quienes están en el deber de impartir justicia
sepan bajo qué reglas tienen que actuar.
Profundizando, las razones se deben a la necesidad de garantizar los derechos de
quien es parte en un proceso. Un primer grupo de razones se explica porque es una
garantía del justiciable mediante la cual, sin perjuicio de la libertad del juez en la
interpretación de las normas, se puede comprobar que la solución dada al caso es
derivación de una interpretación racional del ordenamiento y no el fruto de la
arbitrariedad. Con respecto a una segunda clase de razones, tendríamos que
suscribir que un Estado de derecho implica que los poderes públicos queden
sometidos al Derecho y que los órganos jurisdiccionales ejerzan su control, control
que sólo se legitima en la aplicación del Derecho y de ahí la necesidad de que se
tiene que motivar las resoluciones. Desde la visión del Estado democrático, lo que
se pretende es el convencimiento de las partes y de la opinión pública, por lo que si
el poder judicial emana del pueblo, entonces éste debe conocer la forma en la que
se ejerce para controlar a sus titulares.
Así, la racionalidad se pormenoriza en función de la consideración de las normas y
de los hechos. Los jueces deben colegir discurriendo razones comunicadas
argumentativamente y el respeto a la ley no garantiza la racionalidad decisional. La
norma puede ser irracional en su contenido, fuera de que en el proceso aplicativo
influyan elementos externos, y de que, a menudo, se funde en los criterios de
oportunidad y de utilidad ante un conflicto de derechos con la satisfacción del mayor
número posible de personas.
1.1.1.5 La Seguridad jurídica como un derecho del accionante
Desde el punto de vista etimológico la palabra seguridad se deriva del término
securitas, que significa la cualidad del cuidado de sí”31. Dicho término ha sido
31
NAREDO MOLERO, M. (a) Seguridad urbana y miedo al crimen, En Ciudad Política (Revista en línea). Disponible: http://www.ciudadpolítica.com/modules/news/article.php?storyd=167 (Consulta:
2016, febrero 4).
22
incorporado en el ámbito del derecho y vinculado desde tiempos antiguos a los
fines esenciales del Estado, Thomas Hobbes en 1651, planteó que la existencia
del mismo sólo es justificable ante los ciudadanos por causa de su deber de
suministrarles seguridad.
De esta premisa se puede entender que la seguridad jurídica, junto a la ley, el
orden y la justicia, es uno de los servicios estatales básicos, cuya limitación
funcional y efectiva es propia de los Estados fuertes, al contrario, la inseguridad se
encuentra visiblemente palpable en estructuras estatales debilitadas. Es importante
precisar entonces, que la obligación de hacer efectivo el goce del derecho
fundamental a la seguridad jurídica recae sobre todas las autoridades vinculadas al
Estado, brindando protección especial y adecuada cuando quiera que los
administrados estén expuestos a riesgos excepcionales que no tienen el deber
jurídico de soportar, por lo que el incumplimiento o cumplimiento imperfecto de esta
obligación corresponderá en principio al mismo Estado. No obstante, se debe
precisar que no son las autoridades del Estado las únicas obligadas a velar por la
seguridad jurídica.
La cultura de conflicto que se vive en nuestro país merece atención especial, pues
si bien en principio, al menos desde el punto de vista ético-moral, para iniciar un
proceso se debe contar con el respaldo del derecho, es decir que para demandar a
alguien, quien ejerce la acción debe estar fundamentado en razones de hecho y de
derecho que apoyen sus pretensiones, en la actualidad esa consideración ética ya
no se hace, ya que en muchos casos simplemente se inician los juicios, con o sin
razón.
Desde otro punto de vista el sistema procesal, al ser escrito, le torna lento al juicio;
la demora en la resolución de los procesos por parte de los distintos juzgados y
tribunales que integran la Función Judicial ecuatoriana, constituye, ciertamente, uno
de los más graves problemas que la aquejan, y sin duda crea el ambiente propicio
para otros aún peores, pero hay que tomar en cuenta que con los diferentes
escritos que presentan las partes, las providencias que dicta el juez o tribunal, las
actas de notificaciones y de las audiencias, los informes periciales, las
declaraciones de testigos, actas de inspecciones, exhibiciones de documentos,
convierten a los procesos en gruesos legajos que dificultan su estudio al juzgador,
de manera que, hasta cierto punto, se podría decir que la demora es “humana”.
23
1.1.1.6 INTERVINIENTES EN EL PROCESO CIVIL
La presente investigación trata específicamente de los juicios en materia civil, por lo
que nos referiremos sobre de cada uno de los sujetos procesales que interviene en
este tipo de procesos, sus derechos y obligaciones, en definitiva este numeral hará
énfasis en lo que se refiere al actor y al demandado.
1.1.1.6.1 Las partes procesales en los procesos civiles
El artículo 30 del Código Orgánico General de Procesos señala que las partes
pueden ser:
1. Personas naturales.
2. Personas jurídicas.
3. Comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos.
4. La naturaleza.
Habitualmente en los procesos civiles hay dos partes: El actor y la parte
demandada, y excepcionalmente terceras personas, las mismas que pueden, ser
personas naturales, personas jurídicas, patrimonios autónomos, etc. Cada parte,
por otro lado, puede estar constituida por una o más personas, dando lugar a la
figura procesal de litis consorcio. La idea de parte excluye la de terceros. A los
terceros los podemos conceptuar que es la parte aquel que, en su propio nombre o
en cuyo nombre se pide, invoca la tutela jurisdiccional de algún derecho subjetivo,
promoviendo la actuación de la voluntad de la ley contenida en el derecho objetivo.
De lo anotado es posible establecer una perfecta distinción entre el que activa el
aparato jurisdiccional y aquel del que se requiere responda o haga uso de su
derecho, porque ha sido demandado. Algo más, en el derecho sustantivo se hace
también una distinción entre la parte acreedora y la parte deudora, diferente,
lógicamente, de lo que ocurre en el aspecto procesal.
Normalmente el acreedor en la relación material coincide con la posición que
adopta quien es parte demandante y el deudor con la que adopta la posición de
quien es parte demandada en la relación procesal. Por ello la importancia de
determinar las partes en la relación jurídica material y, luego, las partes en el
proceso correspondiente, para poder explicar la presencia de la Relación jurídica
24
procesal que nuestro ordenamiento procesal civil exige como condición para la
validez y eficacia del proceso como instrumento jurisdiccional.
Debemos señalar que el concepto de parte se utiliza con más frecuencia en el
ámbito procesal, de modo que parte en el proceso es quien reclama y contra quien
se reclama la satisfacción de una pretensión procesal. Los terceros incorporados al
proceso suelen considerarse como parte en el proceso, dependiendo de la
naturaleza del interés con que se incorporan, muchos de ellos pueden ser los
terceros perjudicados en el litigio.
El Código Orgánico General de Procesos en su Art. 30 de forma clara manifiesta “El
sujeto procesal que propone la demanda y aquel contra quien se la intenta son
partes en el proceso. La primera se denomina actora y la segunda demandada”32.
El mismo cuerpo legal además señala quienes son legalmente capaces para
comparecer a los procesos salvo las excepciones de ley; Las y los adolescentes
pueden ejercer directamente aquellas acciones judiciales encaminadas al ejercicio y
protección de sus derechos y garantías, conforme con la ley; en los casos en que
ciertos incapaces contraigan obligaciones, se admitirá con respecto a estos asuntos
su comparecencia de acuerdo con la ley, cuando se trate de comunidades, pueblos,
nacionalidades o colectivos, comparecerán a través de su representante legal o
voluntario. “Las niñas, niños y adolescentes serán escuchados en los procesos en
los que se discuta acerca de sus derechos”33
Se puede determinar como sujetos procesales a las personas (individuales o
colectivas) capaces legalmente, que concurren a la substanciación de un proceso
contencioso; una de las partes, llamada actor, pretende, en nombre propio la
actuación de la norma legal y, la otra parte, llamada demandado, es al cual se le
exige el cumplimiento de una obligación, ejecute un acto o aclare una situación
incierta.
La finalidad de la presencia de las dos partes en el proceso es dar cumplimiento al
principio de contradicción, e inmediación de lo que se deduce que en los llamados
procesos voluntarios no se puede hablar del actor o el demandado, por tratarse de
un proceso de mutuo acuerdo en el cual las partes coinciden en sus pretensiones.
32
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS Registro Oficial N°506 del 22 de mayo 2015 Art 30. 33
Ob. Cit Art 31
25
Por otra parte, una vez que los sujetos procesales han comparecido a un proceso
deben ser “oídos”, es decir, deben tener la oportunidad de defenderse en todo
momento de los argumentos o pruebas presentados por la contraparte , conforme lo
establece al Art 76 numeral 7 literales a, b, c, de la Constitución de la República.” El
derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a) Nadie
podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del
procedimiento. b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la
preparación de su defensa. c) Ser escuchado en el momento oportuno y en
igualdad de condiciones.”34. De lo contrario, se estaría dejando en la indefensión, a
la persona que acude a la justicia a pedir su tutela.
El principio de igualdad de partes: es la regla general del Derecho Procesal, el
órgano judicial debe mantenerse en una posición de neutralidad y tratar a ambas
partes por igual (lo que, en parte, deriva del principio de contradicción). Así pues, el
principio de igualdad de partes supone que éstas se encuentran en una posición
sustancialmente idéntica, ostentando las mismas facultades y cargas. El concepto
de partes es estrictamente procesal esa calidad o titularidad activa o pasiva de una
pretensión, y es totalmente independiente de la efectiva existencia de la relación
jurídica sustancial, sobre cuyo mérito se pronunciara la sentencia.
Al iniciar un proceso al juez se le presentan meras hipótesis, simples afirmaciones
no hechos comprobados; y es precisamente para llegar a comprobar, si realmente
existe el derecho alegado y si el actor está o no legitimado. De aquí la importancia
de determinar las partes en la relación jurídica, de las partes en el proceso
correspondiente, para poder explicar la presencia de la relación jurídica procesal
que nuestro ordenamiento procesal civil exige como condición para la validez y
eficacia del proceso como instrumento jurisdiccional. Debemos señalar que el
concepto de parte se utiliza con más frecuencia en el ámbito procesal, de modo que
parte en el proceso es quien reclama y contra quien se reclama la satisfacción de
una pretensión.
1.1.1.6.2 El Actor
El Dr. Luis Martínez García, define lo que es el actor en un juicio de la siguiente
manera: “Actor.- Dícese del demandante o de la persona que demanda, se conoce
34
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones. Quito -Ecuador. 2008. Art 76 núm7 lit a, b, c,
26
también con el nombre de accionante. Quien no es actor e interviene en el pleito es
forzosamente demandado”35
El Código Orgánico General de Procesos tomando como premisa a la
Constitución, en su parte considerativa refiere “Que, por mandato constitucional,
los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva
ante las autoridades competentes, a base de derechos de igualdad, no
discriminación, acceso gratuito a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita,
debido proceso y seguridad jurídica, conforme lo prevén los artículos 11, 75, 76 y
82 de la Carta Fundamental”36. Por tal razón el Código Orgánico General de
Procesos respetando los derechos constitucionales, tanto a la naturaleza, como a
las comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos establece como sujetos
procesales a: Personas naturales, personas jurídicas, comunidades, pueblos,
nacionalidades o colectivos, la naturaleza.
El actor en busca de que sus derechos sean reconocidos puede comparecer a
juicio por sí mismo o por interpuestas personas; y sus efectos son vinculantes para
el representado. La representación se ha establecido para satisfacer necesidades
humanas. Faculta y garantiza la comparecencia de los incapaces a un proceso
judicial en ejercicio de sus derechos civiles.
Efecto que el Código Civil de manera explícita manifiesta “Para que una persona se
obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario: Que sea
legalmente capaz; que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento
no adolezca de vicio; que recaiga sobre un objeto lícito; y que tenga una causa
lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligarse por sí
misma, y sin el ministerio o la autorización de otra”37
Nuestro ordenamiento civil establece que el acto jurídico puede ser realizado
mediante representante y que la facultad de representación la otorga el propio
interesado o la confiere la Ley.- “Lo que una persona ejecuta a nombre de otra,
estando facultada por ella o por la Ley para representarla, surte respecto del
representado iguales efectos que si hubiese contratado él mismo.”38
35
MENDOZA GARCÍA Luis y otro, DICCIONARIO JURÍDICO, 1era Edición, Editorial LIPAE, Quito-Ecuador, Pág. 14. 36
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS suplemento del registro oficial Nº506, 22 mayo de 2015 parte II Conformidad Constitucional 37
CÓDIGO CIVIL Registro Oficial Suplemento 46 Última modificación: 19-jun.-2015 Art 1461 38
Ibídem Art 1464
27
En el orden procesal, toda persona, natural o jurídica, o entes singulares como los
patrimonios autónomos, es sumamente importante recalcar que puede haber más
de un demandante por un mismo derecho en un proceso judicial civil, en estos
casos la ley faculta para que en su representación puedan nombrar un procurador
común, siempre que sus derechos o excepciones no sean diversos o
contrapuestos; si no lo hicieren, el juez designará de entre ellos la persona que
servirá de procurador y con él se contará en el juicio. El designado no podrá
excusarse de desempeñar el cargo; las peticiones de los demás no serán
aceptadas ni podrán tomarse en cuenta, para el ejercicio de la procuración común
no se requiere ser abogado.
Para la válida intervención de los representantes en el proceso, éstos deben
acreditar fehacientemente su calidad de tales, pues, de lo contrario, el Juez debe
rechazar su participación o, en su caso, la parte contraria tendrá perfectamente la
facultad de cuestionar la intervención del que invoca una representación. La
acreditación de su personería presentando el poder conferido en la forma señalada
por la ley. Para lo que deben cumplirse con determinados requisitos y trámites
dispuestos en el ordenamiento procesal para válida su representación.
El nombramiento de procurador común podrá revocarse por acuerdo de las partes,
o por disposición del juez a petición de alguna de ellas siempre que hubiere motivo
que lo justifique. Al ser el actor quien propone la demanda, es decir aquel quien se
cree con el derecho de reclamar, es el encargado de probar sus aseveraciones, es
quien tiene la carga de la prueba
1.1.1.6.3 El Demandado
El demandado es la persona contra la cual se propone el juicio. Demandado es
aquella persona contra el cual se pide algo en juicio civil o contencioso
administrativo; la persona contra la cual se interpone la demanda; el COGEP,
establece que demandado puede ser Personas naturales, personas jurídicas,
comunidades, pueblos, nacionalidades o colectivos, la naturaleza.
El demandado luego de haber sido citado deberá contestar pronunciándose en
forma expresa sobre las pretensiones del actor en los términos que para cada tipo
de juicio se establece, de esta forma se pone en práctica, el principio de
28
contradicción y se justifica el hecho de que el demandado pueda ser oído y disfrute
de la oportunidad de defenderse de ser el caso, puede allanarse a la demanda, o
atacar las pretensiones de la acción formulando excepciones concretas, si así lo
considera conveniente, por supuesto siempre dentro de los parámetros que la Ley
procesal le provee.
El tratadista ecuatoriano Víctor Manuel Peñaherrera considera que las excepciones
son uno de los modos de ejercitar el derecho de defensa que tiene el demandado
cuando afirma que: “las excepciones son los medios de defensa aptos, según ley,
para impedir que una acción sea admitida en juicio, o para obtener que, admitida a
discusión, sea rechazada, total o parcialmente en la sentencia.”39
Rocco, por su parte, afirma que los límites exactos entre defensas y excepciones no
siempre son fáciles de distinguir, pues la actividad del demandado se desenvuelve
siempre, frente a los órganos jurisdiccionales, de distintas maneras, por ello para él
“todas las facultades y pretensiones del demandado, consideradas unitaria y
singularmente, suelen asumir, como medio técnico para su ejercicio, la forma de
excepciones y de defensas.”40 de igual modo que la acción se ejercita mediante las
pretensiones que consigna el actor en la demanda, así mismo la contradicción se
ejercita mediante las oposiciones o defensas que el demandado consigna en la
contestación a la demanda, con el objetivo, esta vez concreto, no sólo de obtener
una sentencia, sino de que ésta le sea favorable. En todo caso, formulada la
oposición se delimita el objeto procesal al cual deberá circunscribirse la actividad
decisoria del juez. Recordemos que el derecho de defensa es un derecho
constitucional de configuración legal por lo que, la normativa está facultada a
garantizar tal derecho, aunque en algunos casos sea necesario modularlo o definir
sus parámetros conforme satisfaga a los intereses sociales, siempre y cuando se
respete sus derechos.
1.1.1.6.4 Terceros en el proceso civil
Quienes inicialmente no son parte del proceso pero pueden posteriormente hacerse
parte de la misma, porque en la decisión de la causa se pueden verse afectados
39
PEÑAHERRERA Víctor, Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal, Tomo III, Ed. Universitaria, Quito, 1960, pág. 509. 40
ROCCO Hugo. ob. cit., pág. 170.
29
sus intereses, de aquí que existen dos clases de terceros, la tercería excluyente y
la tercería coadyuvante.
1.1.1.7 IMPULSO PROCESAL
El proceso judicial en materia civil debe disponer de un lineamiento superior de
actuaciones, para obtener una administración de justicia eficiente y accesible, que
carezca de trabas o barreras que retarden el desarrollo de un procedimiento con la
aplicación obligatoria de principios constitucionales en especial el de la celeridad
que permitan solucionar conflictos y obtener una puntual ejecución de las
sentencias evitando así en abandono de los mismos.
El Dr. Eduardo J. Couture concluye: “Se denomina impulso procesal el fenómeno
por virtud del cual se asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección
hacia el fallo definitivo” 41
El impulso procesal no corresponde exclusivamente a las partes que intervienen en
un proceso, ellas no solo son dueñas de la acción, si no que pueden tomar la
decisión de extinguirla en cualquier momento ya sea por desistimiento o en
ocasiones por no impulsarla en el tiempo debido o en el tiempo que la ley faculta,
provocando que la causa sea declarada abandonada.
El impulso procesal, sin consideración al sistema que rija, reside no solo en las
partes procesales sino además en el juez, con la colaboración del secretario, ya
que a éste le corresponde velar por el control de los términos. La Constitución
garantiza una verdadera justicia, creando normas que sancionan todo acto que
atente contra una adecuada y ágil administración judicial, obligando a que los
operadores de justicia apliquen principios y garantías con el ánimo de obtener un
debido proceso.
“El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas
procesales consagran los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,
inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del
debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”
El Código Orgánico de la Función Judicial dentro de su capítulo II de los principios
rectores y disposiciones fundamentales: En su Art 18 hace hincapié en que: “El
sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas
41
COUTURE, 1981 Recuperado en:www.slideshare.net/elregi/que-es-impulso-procesal
30
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia,
inmediación, oralidad, dispositivo, celeridad y economía procesal, y harán efectivas
las garantías del debido proceso.” No se sacrificará la justicia por la sola omisión de
formalidades”42
Sin embargo, hay procesos regidos por el sistema dispositivo en los cuales la
actuación no puede surtirse de oficio y, por ello, es necesario que medie la
correspondiente solicitud de la parte interesada,
1.1.1.8 DEL ABANDONO
Para el jurista José Jarcia Falconi el abandono “Es la extinción o pérdida total del
procedimiento que se produce, cuando todas las partes que figuran en el juicio, han
cesado en su prosecución durante un determinado espacio de tiempo”43.
Para el tratadista de derecho procesal civil, Hernando Morales Molina, al hablar
sobre las formas de terminación anormal del proceso, indica que: “La perención es
un modo de extinguir la relación procesal al transcurrir un cierto período de tiempo
en estado de inactividad”44
Dentro del derecho procesal civil se conceptualiza al abandono como la renuncia
procesal de los derechos o pretensiones, materia de una acción judicial. Nuestro
Código de Procedimiento Civil, al referirse al abandono en su art 380 señalaba que:
“La persona que ha interpuesto un recurso o promovido una instancia, se separa de
sostenerlo, o expresamente por el desistimiento o tácitamente por el abandono”45.
Con estas consideraciones, más el incumplimiento de plazos y términos procesales
son quienes contribuyen a la ineficaz administración de justicia, por la mala práctica
judicial de quienes intervienen en el sistema, sin tomar en consideración que es
deber del Estado el propender y garantizar un proceso eficaz, diligente, no solo en
el cumplimiento de dichos términos y plazos sino también en la aplicación de
principios constitucionales con prioridad el de celeridad para obtener un resultado
de calidad en un procedimiento judicial.
42
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Registro Oficial Suplemento 544 de 09-mar.-2009 Art.18 43
FALCONÍ, G. J. (1996). Demandas. Quito, Ecuador 44
MORÁN, S. R. (2008). Derecho Procesal Civil Práctico. Edilex S.A 45
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 Art373.
31
1.1.1.8.1 De la declaración del Abandono de los procesos civiles en primera
instancia
En nuestro país ha sido y es frecuente el irrespeto a los límites de los términos
dentro de los cuales se debe desarrollar el proceso judicial, este proceder no solo
viene de los funcionarios judiciales, sino también se debe considerar la complejidad
del proceso, la práctica de complicados y distantes actos procesales o la necesidad
de resolver cuestiones prejudiciales existentes dentro del mismo, y en la mayoría de
ocasiones la conducta de los sujetos procesales que de una manera u otra, impiden
el rápido y adecuado desarrollo del proceso, mediante acciones dilatorias que
provocan retrasos considerables.
Antes del 22 de mayo de 2015 fecha en que entro en vigencia el COGEP, El
Código de Procedimiento Civil señalaba respecto al abandono en el Art. 388. ”Los
juicios civiles que hubieren permanecido en abandono durante dieciocho meses
contados desde la última diligencia que en el juicio se hubiere practicado, en la
primera instancia, o dieciocho meses en la segunda, quedan abandonados por el
ministerio de la ley.” 46. Salvo disposición en contrario de la ley, la Corte Suprema,
los tribunales distritales y las cortes superiores de justicia, declararán de oficio o a
petición de parte el abandono de las causas por el ministerio de la ley, cuando
hubieren permanecido en abandono por el plazo de dieciocho meses contados
desde la última diligencia que se hubiese practicado o desde la última solicitud
hecha por cualquiera de las partes. El Código Orgánico General de Procesos
vigente a la presente fecha dispone a cerca del abandono La o el juzgador
declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda instancia o
casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan cesado en su
prosecución durante el término de ochenta días, contados desde la fecha de la
última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los
autos. Declarado el abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se
hayan ordenado en el proceso. Si se declara el abandono de la primera instancia,
no podrá interponerse nueva demanda.
Es decir que en nuestra legislación en lo referente al abandono vigente hasta hace
poco en lo que se refiere, la figura del abandono como el desistimiento produce los
46
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 Art388.
32
mismos afectos, de modo que quien incurre a esas figuras se “separa” del proceso
con la salvedad que el abandono no impedía renovar el juicio (siempre y cuando
se encuentre dentro de los términos para plantear la acción); en cambio el
desistimiento implica la imposibilidad de hacerlo (con lógicas excepciones como el
caso del juicio de divorcio). El Abandono constituye un modo de extinción de la
relación procesal que se produce en función del desinterés o descuido de quien ha
planteado una acción o recurso, ya que siendo su obligación continuarla, la ha
dejado de impulsar.
Esta investigación se concentra en el capítulo V del Código Orgánico General de
Procesos específicamente al abandono, Que en su parte pertinente señala: “La o el
juzgador declarará el abandono del proceso en primera instancia, segunda
instancia o casación cuando todas las partes que figuran en el proceso hayan
cesado en su prosecución durante el término de ochenta días, contados desde la
fecha de la última providencia recaída en alguna gestión útil para dar curso
progresivo a los autos.”47.
Ha de entenderse entonces de que por vía de acción se llega al abandono cuando
frente al transcurso de ochenta días en que las partes procesales por cualquier
circunstancia o en espera de diligencias previas, o por el retardo injustificado de
prosecución del proceso sea de los servidores judiciales o de las mismas partes
procesales, con la sola petición de una de ellas o de oficio puede caer en la figura
del abandono.
1.1.1.8.2 De los requisitos para que opere el Abandono
El COGEP en su Art. 246 determina el término para el abandono, “El término para
el abandono contará desde el día siguiente de la última notificación de la última
providencia dictada o si es el caso, desde el día siguiente al de la última actuación
procesal”48.
Para que opere el abandono se cuenta desde la última providencia, así sea
cualquier resolución judicial y no necesariamente un auto o un decreto. Para
proponer el abandono el Código Orgánico General de Procesos indica. “Sentada la
47
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS suplemento del registro oficial Nº506, 22 mayo de 2015 Art. 245 48
Ibídem Art. 246
33
razón que ha transcurrido el término señalado, la o el juzgador mediante auto, se
limitará a declarar de oficio o a solicitud de parte, que ha operado el abandono.
Declarado el abandono, se dispondrá que se cancelen las providencias preventivas
que se hayan ordenado en el proceso.”49
El auto interlocutorio que declare el abandono podrá ser impugnado siempre que se
justifique exclusivamente, en un error de cómputo. Los intervinientes al iniciar una
acción o un juicio consideran que su proceso se desarrollará dentro de un tiempo
prudencial y acorde a la ley, pero el sistema judicial se ha encargado de poner
trabas o formalismos innecesarios en el desarrollo del mismo, acarreando con esto
que la ciudadanía tenga una verdadera desconfianza en la administración de
justicia ya que no se repara a tiempo el interés afectado. Mucho menos confianza
va a generar el sistema judicial, si consideramos que el retardo de la justicia le
conlleva a la declaración del abandono en las causas propuestas, y este hecho le
va a dejar peor que antes de proponer su demanda, al saber que con la declaración
del abandono ya no va a poder proponer nueva demanda para que su derecho sea
reconocido o declarado contraponiéndose al mandato constitucional
La figura del abandono constaba en el Código de Procedimiento Civil esta
derogada por cuanto entro en vigencia el Art.245 del COGEP. En la disposición
legal del código invocado se hacía constar, cuatro requisitos para que opere el
abandono según el inciso final del Art 387: a) “Para que haya abandono se
requiere que no se haya practicado diligencia alguna, en caso de que la última
providencia suponga la necesidad de que se practique”50. b) Todas las partes del
juicio deben haber cesado en su prosecución, esto es no haber actuado o ejecutado
acto alguno tendiente a poner en actividad el proceso. Así el abandono se origina
en la inercia de las partes, cuando ellas no han impulsado el proceso, c)“Los juicios
civiles que hubieren permanecido en abandono durante dieciocho meses contados
desde la última diligencia que en el juicio se hubiere practicado, en primera
instancia, o dieciocho meses en la segunda, quedan abandonados por el ministerio
de la ley”51. d) “Los jueces o tribunales, de oficio o a petición de parte, ordenarán el
archivo de los juicios que se hallaren en estado de abandono según lo que
anteriormente se señala, sin necesidad de artículo o incidente alguno ni la
49
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS suplemento del registro oficial Nº506, 22 mayo de 2015 Art. 248 50
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 Art 387 51
Ibídem Art 388
34
consideración de otra cuestión o cuestiones procesales, pues en el caso, la
competencia de la jueza o el juez o tribunales se limitará a ordenar tal archivo”52
Bien habiendo una comparación con la anterior disposición legal que permitía que
se declare el abandono de la causa en dieciocho meses, mientras que la
disposición actual de la figura del abandono establece que el abandono se declara
unas vez transcurridos ochenta días, contados desde la última providencia, tiempo
en muchas veces insuficiente para poder realizar algunas diligencias necesarias en
el juicio, y lo que más grave es que el COGEP establece que una vez declarado
que ha operado el abandono no se podrá volver a proponer demanda alguna sobre
el mismo hecho, cosa o bien que se haya propuesto, por lo que el abandono tal
como actualmente seta diseñado se convierte en una forma de extinguir las
obligaciones respecto está a los demandados, ya que gracias a que se declare
judicialmente que ha operado esta figura el accionado será extinguida su obligación
sea esta de la clase que fuere.
Es de tomar muy en cuenta que muchas de las veces y desde que entro el vigencia
la figura que comentamos en este párrafo; los términos que transcurre sin que se
realice actividad en el proceso son atribuibles a la administración de justicia por
cuanto el abandono no procede en la etapa de ejecución, pero que hacer si una vez
practicadas todas las diligencias, y estando la causa en estado de resolver el
juzgador se tarda más del termino establecido en la ley para que se declare el
abandono. Los retardos en el despacho de las causas no se han disminuido por
más que los abogados defensores de los accionantes invoquen continuamente el
principio de celeridad, y hayan instaurado quejas y denuncias en contra de estos
funcionarios. Atentos a lo relatado se puede deducir que es necesario que se
reforme el COGEP, en el art 449 segundo inciso incorporando que una vez
declarado que ha operado la figura del abandono se pueda volver a proponer nueva
demanda.
1.1.1.8.3 De la improcedencia para declarar el Abandono
Sobre la improcedencia del abandono el Código Orgánico General de Procesos
establece. “No cabe el abandono en los siguientes casos:
52
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 Art 389
35
1. En las causas en las que estén involucrados los derechos de niñas, niños,
adolescentes o incapaces.
2. Cuando las o los actores sean las instituciones del Estado.
3. En la etapa de ejecución.
Con esta disposición el legislador haciendo obediencia al mandato constitucional
protege los derechos de las personas de atención prioritaria y del propio Estado,
olvidándose del común de los mortales que en este caso es la mayoría, los que
proponen una acción judicial. El ecuador es un estado constitucional de derecho en
el que se garantiza el ejercicio de los derechos de todas las persona, de lo
expuesto cabe mencionar que sería adecuado que también agregue como una de
las causas de improcedencia para el abandono, cuando las causas que provoquen
el abandono sean atribuibles a la administración de justicia.
1.1.1.8.4 De los efectos jurídicos que provoca la declaración judicial del
abandono en primera instancia
Los efectos del abandono son un atentado contra la seguridad jurídica del actor en
lo que se refiere al inciso resaltado del art 249 manifiesta que. “Declarado el
abandono, se cancelarán las providencias preventivas que se hayan ordenado en el
proceso. Si se declara el abandono de la primera instancia, no podrá interponerse
nueva demanda. Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso
extraordinario de casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y
por firme la resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la
judicatura de donde procedieron”53.
De la forma que la institución del abandono esta instaurada en la normativa
invocada se está aniquilando los derechos del actor al impedir el ejercicio de
nuevas acciones, como ocurre con la prescripción. Con el afán de evitar el pérdida
de tiempo, so pretexto de la economía procesal y la necesidad de poner fin a los
litigios, en la actualidad para declarar el abandono se lo ha limitado únicamente en
ochenta días termino, tiempo que resulta insuficiente para tramitar los procesos;
mucho más cuando con esta disposición se está negando al actor la posibilidad de
proponer nueva demanda.
53
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS suplemento del registro oficial Nº506, 22 mayo de 2015 Art. 249
36
El abandono como hemos podido analizar es un remedio procesal para la
administración de justicia, generando un estado de incertidumbre que afecta tanto
al interés del litigante que busca que sus derechos sean resarcidos, poniéndole
frente a la falta de Seguridad Jurídica propia de un Estado Constitucional de
Derechos y Justicia.
Si a esto sumamos la insuficiencia de jueces en la Unidad Judicial Civil del cantón
Riobamba, que es notable, añadiendo la carga procesal y la falta de personal
capacitado para las diferentes labores dentro del sistema judicial, tendremos como
resultado una demora frecuente en la solución de los procesos propuestos en
primera instancia. Lo que provoca la inexistencia de reparación del derecho
vulnerado.
Al sujetarnos a un órgano judicial, la principal expectativa es obtener resultados de
un problema determinado con la brevedad posible, pero la realidad es diferente
cuando existe un incremento inmensurable de causas en los juzgados, lo que o
en otras palabras se conoce como congestionamiento judicial, en lo que refiere
específicamente en materia civil, por tal razón esto ocasiona que los procesos no
sean evacuados o resueltos a tiempo, exponiendo a que la causa sea declarada
abandonada.
1.2 ANÁLISIS DE LAS POSICIONES TEÓRICAS, SOBRE LA SEGURIDAD
JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO DE LAS CAUSAS EN
PRIMERA INSTANCIA.
Eduardo García de Enterría, en su análisis sobre la seguridad jurídica considera
que “las limitaciones de libertad de los hombres están dadas por el ejercicio de ella
en tanto no afecte a otros, y deben estar establecidas únicamente por la Ley”54.
García Máynez manifiesta que la seguridad jurídica, “está ligada a valores como la
justicia, que realiza los llamados valores consecutivos, mediante la aplicación de los
valores instrumentales, y propende al bien común, más allá de la norma secundaria
y la aplicación por parte de las autoridades”55, por ello su soporte se encuentra en el
texto constitucional que en un Estado de Derecho se funda en valores supremos
que reconocen y garantizan derechos fundamentales del ciudadano, derechos
sociales y colectivos.
54
GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Justicia y Seguridad Jurídica. Pág.27 55
GARCIA MAYNEZ , Justicia y Seguridad Jurídica Pàg 32
37
Dromí, manifiesta que “la seguridad jurídica es la certeza de un derecho cierto,
conocido, publicado y continuo, característica última que viene dada por la
Constitución, la que no puede producir rupturas con el sistema precedente;
considerando sobre todo que dicha norma debe responder a las demandas
sociales”56.
Manuel Atienza dice: ”La seguridad jurídica en sentido estricto debe entenderse, en
mi opinión, la capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para hacer
previsibles, es decir, seguros, los valores de libertad e igualdad”57.
Preciado Hernández, asocia a la seguridad jurídica con el orden, la eficacia y la
justicia; el orden dice es el plan general expresado en una legislación con miras a
coordinar acciones individuales y unificar el esfuerzo colectivo; pero no se puede
hablar de seguridad cuando existiendo un orden legal teórico, no rige un orden
eficaz, es decir cuando la legislación no es observada por los particulares y por las
autoridades; y que además esté fundado en la justicia; una ley injusta continúa es
como un traje no hecho a la medida, nos aprieta y molesta constantemente”58
Manuel Ossorio considera que: “La seguridad jurídica es condición esencial para la
vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran.
Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley,”59 de tal modo que los
individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin
que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles
perjuicio
La Carta Fundamental “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el
respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes”60.
Guardando armonía con lo dicho anteriormente, el Código Orgánico de la Función
Judicial “Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la obligación
de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los
56
PÉREZ LUÑO A. E. La Seguridad Jurídica. Barcelona, Pàg.78 Ariel, 1991 57
ATIENZA Manuel. Los valores Jurídicos PÀG 75 ( Capítulo 3º Introducción al Derecho 58
PRECIADO HERNÁNDEZ, Justicia y Seguridad Jurídica. Pág. 236
59 OSSORIO M., “Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales”, Ed. Eliasta, Ed.
27°, año 2000, Buenos Aires, pág. 906); 60
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Corporación de Estudios y Publicaciones..Quito -Ecuador. 2008. Art 82
38
instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado las leyes y demás normas jurídicas.61
1.3 VALORACIÓN CRÍTICA DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y TEORÍAS,
SOBRE LA SEGURIDAD JURÍDICA Y LA DECLARACIÓN DEL ABANDONO DE
LAS CAUSAS EN PRIMERA INSTANCIA.
García de Enterría, en su análisis sobre la seguridad jurídica considera que las
limitaciones de libertad de los hombres están dadas por el ejercicio de ella en tanto
no afecte a otros, y deben estar establecidas únicamente por la Ley.
Esta apreciación se puede considerar adecuada si analizamos desde el punto de
vista histórico, partiendo de la declaración de los derechos hombre en 1789 en
donde se da inicio a la seguridad jurídica con la primera Constitución para Francia,
al expedir leyes rompiendo con legislación y tradición anteriores, la libertad y
la igualdad en derecho de todos los hombres, sin que las distinciones sociales
puedan tener otro fundamento que la seguridad pública.
García Máynez manifiesta que la seguridad jurídica, está ligada a valores como la
justicia, que realiza los llamados valores consecutivos, mediante la aplicación de los
valores instrumentales, y propende al bien común, definición que de cierta forma se
va acercando a los conceptos modernos de los estados de derecho. Entiéndase
que la seguridad jurídica debe ir encaminada a satisfacer la sed de justicia de
quienes acuden a ella, en lo que se refiere a el tema de nuestro análisis cuando
declaran el abandono en las causas en primera instancia la sed de justicia del
acciónate queda frustrada cuando no puede volver a proponer nueva demanda y
sus derechos sean reales o personales no pueden ser satisfechos.
Dromí, manifiesta que “la seguridad jurídica es la certeza de un derecho cierto,
conocido, publicado y continuo, característica última que viene dada por la
Constitución, la que no puede producir rupturas con el sistema precedente”62;
considerando sobre todo que dicha norma debe responder a las demandas
sociales. Este autor acopla su posición a lo estatuido en la normativa suprema ya
que señala que la seguridad jurídica responde a las demandas
61
CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL Registro Oficial Suplemento 544 de 09-mar.-2009 Art.25
62 PÉREZ LUÑO A. E. La Seguridad Jurídica. Barcelona, Pàg.86 Ariel, 1991
39
Manuel Atienza dice: “La seguridad jurídica en sentido estricto debe entenderse, en
mi opinión, la capacidad de un determinado ordenamiento jurídico para hacer
previsibles, es decir, seguros, los valores de libertad e igualdad”.63 Dejando claro
que en derecho y justicia existe igualdad y por tanto mantener el equilibrio.
Preciado Hernández, asocia a la seguridad jurídica con el orden, la eficacia y la
justicia; el orden dice es el plan general expresado en una legislación con miras a
coordinar acciones individuales y unificar el esfuerzo colectivo; pero no se puede
hablar de seguridad cuando existiendo un orden legal teórico, no rige un orden
eficaz, es decir cuando la legislación no es observada por los particulares y por las
autoridades; y que además esté fundado en la justicia; una ley injusta continúa es
como un traje no hecho a la medida, nos aprieta y molesta constantemente”64
Manuel Ossorio considera que: “La seguridad jurídica es condición esencial para la
vida y el desenvolvimiento de las naciones y de los individuos que las integran.
Representa la garantía de la aplicación objetiva de la Ley, de tal modo que los
individuos saben en cada momento cuáles son sus derechos y sus obligaciones sin
que el capricho, la torpeza o la mala voluntad de los gobernantes puedan causarles
perjuicio. La Carta Fundamental “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta
en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas previas, claras,
públicas y aplicadas por las autoridades competentes.
Guardando armonía con lo dicho anteriormente, el Código Orgánico de la Función
Judicial “Principio de Seguridad Jurídica.- “Las juezas y jueces tienen la obligación
de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los
instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos
internacionales ratificados por el Estado las leyes y demás normas jurídicas.
1.4 CONCLUSIONES PARCIALES DEL CAPÍTULO
En esta primera parte se ha analizado y estudiado diferentes aportes teóricos de
personas doctas respecto al derecho a la seguridad jurídica, su fundamentación,
las normativas referentes sobre el derecho a la seguridad jurídica, de igual forma
se ha expuesto, según la normativa pertinente quienes son las personas que
intervinieren en los procesos civiles, los efectos jurídicos que se producen a
63
ATIENZA Manuel. Los valores Jurídicos PÀG 75 ( Capítulo 3º Introducción al Derecho 64
PRECIADO HERNÁNDEZ, Justicia y Seguridad Jurídica. Pág. 236
40
consecuencia que se declare judicialmente que ha operado el abandono mediante
el Ministerio de la Ley, pero sobre todo se ha hecho énfasis que una vez que se
señale que ha operado esta figura jurídica el actor no podrá volver a presentar
nueva demanda por la misma causa y por las mismas pretensiones lo que para
nuestro criterio jurídico deja en la indefensión al accionante, resultando lo más
grave, que el Estado le está negando la tutela judicial a la que todos los
ecuatorianos y extranjeros tenemos derecho, afectando gravemente el derecho a
la seguridad jurídica del accionante.
Se ha reflexionado sobre el derecho a la seguridad jurídica establecida en el
artículo 82 de la Carta fundamental ecuatoriana que señal taxativamente “El
derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en
la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las
autoridades competentes” y que la declaración del abandono en las causa civiles
vulnera este precepto constitucional
41
CAPITULO II MARCO METODOLÓGICO Y PLANTEAMIENTO DE LA
PROPUESTA
2.1 Modalidad de investigación
Las modalidades que se han utilizado en el desarrollo de la presente propuesta es
en primera instancia la modalidad exploratoria para obtener importante información
bibliográfica, es decir doctrina y leyes relacionadas con el objeto de hacer un
estudio para poder fundamentar el verdadero alcance del derecho a la seguridad
jurídica, de forma semejante se utilizó la modalidad cuantitativa para mediante la
tabulación de resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas determinar si es
factible o no se presente una propuesta de reforma al Código Civil vigente.
2.2 Población y Muestra
2.2.1 Población
La población con la que contaremos en el desarrollo de la presente investigación
está conformada por Abogados registrados en el Foro del Consejo de la Judicatura,
que trabajan en libre ejercicio en la ciudad de Riobamba, y los señores jueces de la
Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Riobamba los primeros serán
encuestados y los segundos entrevistados
2.2.2 Muestra
La muestra será tomada de Abogados registrados en el Foro del Consejo de la
Judicatura, que trabajan en el libre ejercicio en la ciudad de Riobamba, por el alto
número de profesionales los mismos que son un total de 1359 se considera
necesario aplicar la siguiente formula.
n = Tamaño de la muestra.
N = Población o universo de posibles encuestados o entrevistados.
E = Margen de error permitido para calcular la muestra
Formula que aplicaremos para obtener la muestra:
n = N/e2(N-1)+1 N = 1359 E = 0.0052
42
n = 1359 0.0052 (1359-1) +1 n= 1359 0.0025 (1358) +1 n= 1359
4.4
n= 309
Muestra 309 abogados registrados en el Foro del Consejo de la Judicatura
2.3 Técnicas
Las Técnicas a aplicadas en el perfeccionamiento de la presente investigación
son:
Encuestas: Se aplicara a 309, Abogados registrados en el Foro del Consejo de la
Judicatura Delegación Chimborazo, que trabajan en el libre ejercicio en la ciudad de
Riobamba, según datos proporcionados por la encargada de la oficina de talento
humano de la delegación del consejo de la judicatura Chimborazo
La entrevista: Se realizara a Jueces de la Unidad Judicial Civil, con sede en la
cuidad de Riobamba, en un total de diez.
2.3.1 Instrumentos utilizados en la investigación
Los instrumentos que se utilizaron en el desarrollo de la presente investigación son:
El cuestionario de encuesta, para obtener información a través de las encuestas
sobre el derecho a la seguridad jurídica al momento de la declaración judicial del
abandono de las causas en primera instancia. Y la pertinencia de presentar o no la
propuesta de reforma al artículo 249 del Código Orgánico General de Procesos.
El cuestionario de la entrevista, se aplicó para obtener criterios jurídicos que sobre
el tema planteado. Y los efectos jurídico que provienen de la declaratoria mediante
el Ministerio de la Ley que ha operado el Abandono, pero sobre todo las
consecuencias negativas que afectarían al accionante por el hecho de no poder
presentar nueva demanda por la misma causa y las mismas pretensiones.
43
2.4 Interpretación y análisis de resultados de encuesta realizada a abogados
del Foro del Consejo de la Judicatura, Dirección Chimborazo, que ejercen la
profesión en la ciudad de Riobamba.
Pregunta 1.- ¿Conoce usted que es la seguridad jurídica?
CUADRO N° 1
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 309 100%
NO 0 0%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de
Judicatura que ejercen la profesión en la ciudad de Riobamba
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 1
Fuente: Cuadro= 1
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.- Los abogados registrados en el Foro del Concejo de la Judicatura, que
fueron encuestados, en su totalidad, conocen sobre la seguridad jurídica, por ser un
principio constitucional.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
SI NO
100,00%
0,00%
Series1
44
Pregunta 2.- ¿Sabe usted en que consiste el derecho a la seguridad jurídica?
CUADRO N° 2
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 309 100%
NO 0 0%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 2
Fuente: Cuadro= 2
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.- En lo que se refiere a si conocen sobre el derecho a la seguridad
jurídica, el total de los abogados encuestados, tienen bien definido que la seguridad
jurídica, es el derecho de todo ciudadano cuando acuden ante una autoridad
judicial en busca de que sus derechos y pretensiones sean reconocidos.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
SI NO
100,00%
0,00%
Series1
45
Pregunta 3.- ¿Cree usted, que con el hecho que actualmente se declare
judicialmente el abandono en las causas en primera instancia, el Estado garantiza
el derecho a la seguridad jurídica de sus ciudadanos?
CUADRO N° 3
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 25 14,24%
NO 265 85,76%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 3
Fuente: Cuadro= 3
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.- De la siguiente pregunta propuesta a los Abogados en libre ejercicio, el
catorce por ciento aproximadamente considera que el Estado si está garantizando
el derecho a la seguridad jurídica de los ciudadanos, con la declaración del
abandono, sin embargo el ochenta y seis por ciento de los encuestados, es decir
en su mayoría considera que el Estado vulnera el derecho a la seguridad jurídica
del ciudadano una vez que ha operado el abandono.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
SI NO
14,24%
85,76% Series1
46
Pregunta 4.- ¿Considera usted, el hecho de que se declare que ha operado el
abandono de las causas en primera instancia vulnera el derecho a la seguridad
jurídica del actor?
CUADRO N° 4
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 224 72,49%
NO 85 27,51%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura, Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 4
Fuente: Cuadro= 4
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.- En la pregunta propuesta a los abogados en libre ejercicio considerados
para la encuesta el setenta y dos por ciento aproximadamente coincide que el
derecho a la seguridad jurídica del actor, se vulnera cuando se declara el
abandono de las causas en primera instancia, sin embargo el veinte y ocho por
ciento considera que el derecho a la seguridad jurídica del accionante no es
vulnerado con la declaración del abandono, en las causas en primera instancia.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
SI NO
72,49%
27,51%
Series1
47
Pregunta 5.- ¿Considera que la figura del abandono ayuda a resolver los
problemas sometidos a conocimiento y resolución del juez, por parte de los
intervinientes en las causas?
CUADRO N° 5
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 125 40,46%
NO 184 59,54%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura, Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 5
Fuente: Cuadro= 5
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.- Los Abogados encuestados respondieron, en un sesenta por ciento,
respondieron que la declaración del abandono no resuelve el problema, no podían
faltar quienes si compartan que la declaración del abandono colabora con la
solución de conflictos, y en la presente pregunta fueron un cuarenta por ciento.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
SI NO
40,46%
59,54% Series1
48
Pregunta 6.- ¿Considera usted que es Constitucional, que una vez que se declare
el abandono en primera instancia, el actor no pueda volver a presentar nueva
demanda?
CUADRO N° 6
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 85 27,51%
NO 224 72,49%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura, Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 6
Fuente: Cuadro= 6
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.-De los, encuestados, el setenta y dos por ciento coincide que es
inconstitucional; que el actor no pueda volver a proponer nueva demanda, porque
sin lugar a dudas se estaría fomentando la impunidad del demandado. Y el restante
veinte y ocho por ciento considera que si es constitucional, con el fin de
descongestionar los juzgados.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
SI NO
27,51%
72,49%
Series1
49
Pregunta 7.- ¿Cree usted que con la declaración judicial del abandono, se vulnera
el derecho del accionante a recurrir dicho fallo?
CUADRO N° 7
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 230 74,43%
NO 79 25,57%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura, Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 7
Fuente: Cuadro= 7
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.- El setenta y cuatro por ciento de los encuestados opina que es una clara
vulneración del derecho del accionante a recurrir los fallos como manda la
constitución, el restante veinte y seis por ciento considera que los accionantes que
han descuidado los procesos no deben tener nuevas oportunidades.
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
SI NO
74,43%
25,57%
Series1
50
Pregunta 8.- ¿Cree usted que la figura jurídica del abandono, coadyuva para que
las obligaciones demandadas queden en la impunidad?
CUADRO N° 8
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 230 74,43%
NO 79 25,57%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura, Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 8
Fuente: Cuadro= 8
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.-Los Abogados encuestados de manera afirmativa, refieren que la figura
del abandono coadyuva para que el demandado no cumpla con sus obligaciones y
compromisos; alcanzando el setenta y cuatro por ciento, el veinte y seis por ciento
no comparte el mismo criterio.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
SI NO
74,43%
25,57%
Series1
51
Pregunta 9.- ¿Considera usted que se debe reformar el Art.249 segundo inciso del
COGEP, para, proponer nuevamente la demanda cuando se haya declarado el
abandono de la causas en primera instancia, con el objetivo de garantizar la
seguridad jurídica del accionante?
CUADRO N° 9
ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 295 95,46%
NO 14 4,54%
TOTAL: 309 100 %
Fuente: Resultados de encuesta realizada a abogados del Foro del Consejo de la
Judicatura Dirección Chimborazo
Autora: Laura Avilés M. 2016
GRAFICO N° 9
Fuente: Cuadro= 9
Autora: Laura Avilés M. 2016
Análisis.-De los encuestados el noventa y cinco por ciento, consideran la
conveniencia de la reforma al Art 249 segundo inciso del COGEP, para que el actor
de un proceso judicial pueda proponer nueva demanda, si fuere declarado el
abandono de la causa en primera instancia, sin embargo un escaso cinco por ciento
considera que no es necesario reformar el artículo antes indicado.
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
SI NO
95,46%
4,54%
Series1
52
2.5 Análisis de entrevistas realizadas a los señores Jueces de la Unidad
Judicial Civil, Riobamba
Pregunta 1.- ¿De acuerdo a su experiencia como Juez de la Unidad Judicial Civil,
se aplica taxativamente el principio de seguridad jurídica en la resolución de las
causas sometidas a su conocimiento?
De las entrevistas efectuadas a los señores jueces de la Unidad Judicial Civil con
sede en este cantón Riobamba, se ha podido establecer que en un sesenta por
ciento de los señores jueces aplican de forma taxativa el principio de Seguridad
Jurídica, el restante cuarenta por ciento manifiesta resolver los conflictos puestos
en su conocimiento, respetando las leyes y su sana critica conforme al caso que les
toque resolver y a los medios proporcionados como pruebas.
Pregunta 2.- ¿Considera legal y constitucional que una vez declarado el abandono
en las causas en primera instancia, el actor no pueda demandar nuevamente por la
misma causa?
Los señores jueces de la Unidad Judicial Civil al ser entrevistados con la siguiente
interrogante, de una manera unánime, es decir el cien por ciento consideran que
una vez que ha operado el abandono de las causas en primera instancia, es legal
porque está establecido dentro del nuevo marco legal en el COGEP; en lo que
refiere, a si es o no constitucional se pronuncian que no es constitucional porque el
actor al no poder volver a proponer nuevo juicio, se le está negando la tutela judicial
efectiva y por hecho se vulnera la Seguridad Jurídica, mientras tanto el diez por
ciento restante, manifiesta que es constitucional porque se debe obligar al actor y
al abogado defensor a impulsar el proceso para evitar que se declare el abandono,
Pregunta 3.- ¿Cree usted, que se garantiza el derecho a la Seguridad Jurídica
declarando judicialmente que ha operado el abandono en las causas en primera
instancia?
Los señores Jueces de la Unidad Judicial Civil al ser consultados en cuanto a si se
garantiza la Seguridad Jurídica declarando judicialmente el abandono de las causas
en primera instancia, en un noventa por ciento manifiestan que no se garantiza el
derecho a la Seguridad Jurídica porque el actor ya no tiene la oportunidad de exigir
sus derechos y reclamar sus pretensiones; para el diez por ciento restante
53
manifiesta que si no aprovechan la oportunidad que les brinda el Estado para exigir
sus derechos ellos lo único que hacen es cumplir con la ley.
Pregunta 4.- ¿Considera que la figura del abandono ayuda a resolver los
problemas sometidos a conocimiento y resolución del juez, por parte de los
intervinientes en las causas?
Los señores jueces de la Unidad Judicial Civil consultados en un noventa por ciento
coincidieron en que la figura del abandono ayuda a descongestionar la carga
procesal, que en mucha ocasiones se mantiene rezagada por falta de impulso de
parte de los accionantes, que si bien no hallan solución a sus conflictos, por
muchos años han sido una carga para los operadores de justicia; el cinco por ciento
restante considera que si porque se evitan seguir un largo camino más aún si no
existe la voluntad de las partes.
Pregunta 5¿Considera usted que se debe reformar el Art.249 segundo inciso del
COGEP, para, proponer nuevamente la demanda cuando se haya declarado el
abandono de la causas en primera instancia, con el objetivo de garantizar la
seguridad jurídica del accionante?
Los señores jueces de la Unidad Judicial Civil consultados en un setenta por ciento
considera que sería importante reformar el Art.249 del COGEP, con el propósito de
que el acciónate tenga la oportunidad nuevamente de proponer una demanda,
cuando ha operado el abandono de las acusas en primera instancia por causas
atribuibles a los operadores de justicia. Sin embargo el treinta por ciento restantes
considera que no sería necesaria la reforma del antes mencionado artículo si
tomamos en cuenta que en poco tiempo los procedimientos civiles serán
sustanciados de forma oral.
2.6 Planteamiento de la Propuesta
En Ecuador por más de siete décadas se ha venido sustanciando los procesos
civiles en base a la normativa dispuesta en el Código de Procedimiento Civil,
vigente desde 1938, el mismo que en cuanto se refiere al abandono enuncia “ El
abandono de la instancia no impide que se renueve el juicio por la misma causa.”65
(…) de lo anotado se puede entender claramente que esta disposición garantiza la
65
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de
Marzo del 2009 Art387
54
seguridad jurídica de quien propone una demanda, con la certeza que sus
pretensiones y derechos serán reconocidos, cuando con posterioridad a la
declaración judicial del abandono, puesto que dicha disposición no impedía
proponer nuevo juicio en contra de quien tiene que cumplir con una obligación o
reconocerle un derecho.
Desde otro punto de vista analizando la nueva normativa, dispuesta en el COGEP,
vigente a partir del 22 de mayo de 2015, según lo dictamina la disposición final
segunda del código invocado se señala que “(… ) con excepción de las normas
que reforman el Código Orgánico de la Función Judicial, la Ley Notarial y la Ley de
Arbitraje y Mediación y aquellas que regulan los períodos de abandono, copias
certificadas, registro de contratos de inquilinato y citación, que entrarán en vigencia
a partir de la fecha de publicación de esta Ley.(…)”66 esto quiere decir que la
declaración del abandono de las causas en primera instancia están vigentes, y ha
empezado a operar la falta de seguridad jurídica para los accionantes.
De la experiencia vivida a partir que entró en vigencia la figura del abandono, se ha
declarado en un alto porcentaje que ha operado esta figura jurídica, en un mediano
porcentaje por falta de impulso de la parte actora; pero el porcentaje mayor se ha
producido por cuanto la pasividad y la falta de celeridad de los administradores de
justicia, actitud que cansan y desgasta a los usuarios de la justicia, por cuanto no
despachan con prontitud las peticiones, diligencias lo que entorpece el trámite de
las causas y lo que resulta aún más perjudicial es cuando el proceso se encuentra
en las manos del juez solo para resolver o dictar sentencia; los procesos duermen
el sueño de los justos, trascurriendo en muchos de los casos un año, dos y más; lo
que se escapa de las manos de quien acude a la justica para hacer valer sus
derechos, reclamar obligaciones y otros.
Por lo expuesto se considera pertinente plantear lo siguiente “Propuesta de Ley
reformatoria al Art.249 del Código Orgánico General de Procesos., permitiendo que
el accionante podrá interponer nueva demanda, mediante otro procedimiento,
cuando se haya declarado el abandono de la primera instancia.
66
CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS en Registro Oficial No.506, con fecha 22 de
mayo de 2015. Disposición final segunda
55
ASAMBLEA NACIONAL
COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
CONSIDERANDO:
Que, el Articulo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que El
Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático,
soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.
Que, el Articulo 3, inciso primero de la Constitución de la República del Ecuador,
establece: Es deber primordial del Estado garantizar sin discriminación alguna el
efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos
internacionales.
Que, el Artículo 11, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador
señala: Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o
colectiva ante las autoridades competentes; estas autoridades garantizarán su
cumplimiento.
Que, el Articulo11, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador
dispone: Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata
aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial,
de oficio o a petición de parte.
Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán
condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley.
Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma
jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción por
esos hechos ni para negar su reconocimiento
Que, el Artículo 11, numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador
establece que: El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a
través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y
garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio.
56
Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que
disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.
Que, el Artículo 11, numeral nueve, inciso cuarto de la Constitución de la República,
dispone: El Estado será responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo
injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la
tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del debido
proceso.
Que, el Artículo 75, de la Constitución de la República señala: Toda persona tiene
derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de
sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad;
en ningún caso quedará en indefensión.
Que, el Artículo 82 de la Constitución de la República señala: El derecho a la
seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia
de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades
competentes
Que el Art 120, numeral 6. Dispone La Asamblea Nacional tendrá las siguientes
atribuciones y deberes, además de las que determine la ley: Expedir, codificar,
reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio
Que de conformidad a lo establecido en la Constitución de la República Art. 134.-
La iniciativa para presentar proyectos de ley corresponde: numerales 5. A las
ciudadanas y los ciudadanos que estén en goce de los derechos políticos y a las
organizaciones sociales que cuenten con el respaldo de por lo menos el cero punto
veinticinco por ciento de las ciudadanas y ciudadanos inscritos en el padrón
electoral nacional. 6. Quienes presenten proyectos de ley de acuerdo con estas
disposiciones podrán participar en su debate, personalmente o por medio de sus
delegados.
Que el Art. 424 de la Constitución de la República del Ecuador en su primer inciso
señala: La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener
conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de
eficacia jurídica.
57
Que el Art. 426 de la Constitución de la República del Ecuador señala: Todas las
personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución.
Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos,
aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los
instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen
expresamente.
Los derechos consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de
derechos humanos serán de inmediato cumplimiento y aplicación. No podrá
alegarse falta de ley o desconocimiento de las normas para justificar la vulneración
de los derechos y garantías establecidos en la Constitución, para desechar la
acción interpuesta en su defensa, ni para negar el reconocimiento de tales
derechos.
Que el Art 25 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “Principio de
Seguridad Jurídica.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la
constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos
internacionales de derecho humanos, los instrumentos internacionales ratificados
por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas
Por las consideraciones expuestas y respeto irrestricto a lo dispuesto en la
Constitución del Ecuador que reconoce la tutela judicial efectiva para proteger los
derechos de las personas; y considerando que las políticas públicas tienen por
objeto el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos asegurándoles las
condiciones que establece el principio del Buen Vivir.
ASAMBLEA NACIONAL
COMISIÓN LEGISLATIVA Y DE FISCALIZACIÓN
EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL
Que, se torna ineludible reformar el Art.249 inciso segundo del Código Orgánico
General de Procesos; En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,
resuelve expedir lo siguiente:
En uso de sus potestades constitucionales y legales Resuelve:
58
Art. 1 Refórmese el contenido del Art.249, segundo inciso, del Código Orgánico
General de Procesos con lo siguiente:
Artículo 249.- Efectos del abandono. Declarado el abandono, se cancelarán las
providencias preventivas que se hayan ordenado en el proceso.
Si se declara el abandono de la primera instancia, el accionante podrá
interponer nueva demanda, mediante otro procedimiento.
Si se declara el abandono en segunda instancia o en el recurso extraordinario de
casación, se tendrá por desistida la apelación o dicho recurso y por firme la
resolución recurrida, y se devolverán las actuaciones al tribunal o a la judicatura de
donde procedieron.
Dado y firmado en la Asamblea Nacional, en San Francisco de Quito a los 18 días
del mes de enero de 2017.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta reforma entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial
2.7 Conclusiones parciales del capitulo
De las encuestas realizadas se ha llegado a deducir que por el hecho que se
declare el abandono de las causas en primera instancia se vulnera el derecho a la
seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva de la persona que ha presentado
actos de proposición con el objetivo de hacer cumplir una obligación.
Los señores abogados encuestados manifiestan que sería conveniente que exista
otra vía a la cual acudir, luego que una causa sea declarada en abandono en
primera instancia.
Como conclusión y análisis de los resultados se desprende que es necesario
reformar el artículo 249, segundo inciso del Código Orgánico General de Procesos
con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de las personas accionantes.
59
CAPITULO III VALIDACIÓN Y/O EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE SU
APLICACIÓN
3.1. Metodología utilizada en la investigación
Para un adecuado desarrollo de la presente investigación y con el objetivo de llegar
a obtener resultados óptimos y confiables que nos permita sustentar la utilidad de la
propuesta planteada se han utilizado los siguientes métodos de la investigación
científica.
Dialéctico.- Se utilizará el método con el fin de obtener información acerca de la
temática plantada para desarrollar en la presente investigación, la misma que se
obtendrá a través de entrevista los señores Jueces de la Unidad Judicial Civil, con
sede en el cantón Riobamba.
Hermenéutico.- Mediante encuestas que se realizaran a los Abogados que trabajan
en el libre ejercicio de su profesión en la cuidad de Riobamba, de obtener
información acerca del derecho a la seguridad jurídica en la declaración del
abandono de las causa en primera instancia.
Inductivo. En atención a éste método se conseguirá determinar consecuencias
jurídicas que provoca la declaración del Abandono de las causas civiles en primera
instancia, y su implicación en la vulneración del derecho a la Seguridad Jurídica;
del accionante
Descriptivo.- Para desarrollar los objetivos que se plantean en esta investigación, y
sustentar la idea enunciada, es necesario utilizar el método implorado mediante el
cual se exteriorizarán las diferentes posiciones y teorías sobre el tema investigado.
Científico. Con la aplicación este método tendremos un procedimiento sistemático y
metódico que permita determinar la posibilidad de garantizar el derecho a la
seguridad jurídica mediante la propuesta planteada en el presente trabajo
investigativo.
Las encuestas se realizaron mediante preguntas elaboradas, las mismas que
fueron dirigidas a obtener información sobre la temática planteada esto es la
seguridad jurídica y la declaración de abandono en las causa en primera instancia.
60
Se preguntó sobre las ventajas y desventajas que traería consigo la aplicación de la
figura del abandono cuando haya transcurrido más de ochenta días y el accionante
no haya solicitado diligencias para impulsar el proceso, y sus consecuencias
jurídicas por el efecto que provoca, por cuanto declarado el abandono el
demandante no puede presentar nueva de manda por la misma causa.
3. 2 Análisis de los resultados finales de la investigación
Como resultados alcanzados en la presente investigación, partiendo de la premisa
que la información se obtuvo mediante encuestas, a profesionales del derecho que
pertenecen al foro de Abogados del consejo de la judicatura , Dirección
Chimborazo, se ha llegado a establecer que el hecho que se declare el abandono
de las causas en primera instancia vulnera el derecho a la seguridad jurídica y a la
tutela judicial del accionante, la misma que ha acudido a la justicia para a través de
actos de proposición hacer vales sus derechos y se exija al demandado cumplir con
una obligación. Es así que de la tabulación de la información obtenida a los
encuestados prácticamente la totalidad coincide en manifestar que sería
conveniente que exista la probabilidad que cuando se declare el abandono el actor
pueda volver a demandar mediante otro procedimiento. No hay que dejar de
mencionar que el anterior Código de Procedimiento Civil vigente desde 1938,
hasta el 21 de Mayo de 2016; en cuanto se refiere al abandono enuncia “El
abandono de la instancia no impide que se renueve el juicio por la misma causa.”67
(…) de lo anotado se puede entender claramente que esta disposición garantiza la
seguridad jurídica de quien propone una demanda, con la certeza que sus
pretensiones y derechos serán reconocidos, cuando con posterioridad a la
declaración judicial del abandono, puesto que dicha disposición no impedía
proponer nuevo juicio en contra de quien tiene que cumplir con una obligación o
reconocerle un derecho.
Para citar un ejemplo cuando luego de haber transcurrido más de dieciocho meses
en un juicio ejecutivo y una vez declarado el abandono el acceder que reclamaba el
cumplimiento de una obligación, podía volver a reclamar por la vida ordinaria
situación que en la actualidad no lo puede hacer por cuanto la declaración del
abandono según el art. 249 del Código Orgánico de Procesos no da otra alternativa
, por lo que prácticamente está limitando los derechos del accionantes y vulnerando
67
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL publicado en Registro Oficial Suplemento 544 de 9 de Marzo del 2009 Art387
61
la seguridad jurídica por cuanto al no poder ejercer y reclamar sus derechos en otra
vía se le está negando la tutela judicial a la que todo ecuatoriano tiene derecho
según el art 75 de la Carta Fundamental, y por otro lado está permitiendo la
impunidad facilitando que muchas obligaciones sean incumplidas, de esta forma se
estaría produciendo otra forma más de extinguir las obligaciones.
De la experiencia vivida a partir que entró en vigencia la figura del abandono, se ha
declarado en un alto porcentaje que ha operado esta figura jurídica, en un mediano
porcentaje por falta de impulso de la parte actora; pero el porcentaje mayor se ha
producido por cuanto la pasividad y la falta de celeridad de los administradores de
justicia, actitud que cansan y desgasta a los usuarios de la justicia, por cuanto no
despachan con prontitud las peticiones, diligencias lo que entorpece el trámite de
las causas y lo que resulta aún más perjudicial es cuando el proceso se encuentra
en las manos del juez solo para resolver o dictar sentencia; los procesos duermen
el sueño de los justos, trascurriendo en muchos de los casos un año, dos y más; lo
que se escapa de las manos de quien acude a la justica para hacer valer sus
derechos, reclamar obligaciones y otros.
El trabajo propuesto es aplicable dentro del país ya que es necesaria la aplicación
de una reforma específicamente respecto a la declaratoria del abandono con el
objetivo de garantizar la seguridad, además que el accionante tenga la posibilidad
de poder reclamar sus derechos mediante otro procedimiento
En la actualidad el Código Orgánico General de Procesos en su normativa
establece un nuevo plazo para declarar el abandono en los procesos judiciales,
establecido en ochenta días, contados a partir de la última providencia, y lo más
relevante en este nuevo ordenamiento jurídico se presenta cuando se dispone que
una vez que ha operado el abandono en los procesos judiciales, no puede proponer
nueva demanda, obteniendo como resultado una evidente falta de Seguridad
Jurídica, con esta nueva norma se está limitando el acceso a la justicia de quienes
proponen un proceso judicial.
El legislador al momento de crear normativas para un régimen legal el mismo que
ha de ser adoptado por los ciudadanos; es con el objeto de buscar la paz social y
el respeto de garantías y derechos constitucionales, sin embargo con esta nueva
disposición se ha omitido precautelar los derechos de quienes proponen un proceso
judicial en busca de la tan anhelada justicia.
62
Con estas consideraciones se ha creído necesario proponer una reforma al Código
Orgánico General de Procesos, en la cual se plantee una modificación a lo
dispuesto en el Art 249 segundo inciso con el objeto de garantizar la seguridad
jurídica de quienes proponen un proceso judicial una vez que ha operado el
abandono de la causa en primera instancia,
3.3 Conclusiones del capitulo
En este capítulo final de la presente investigación se ha realizado una exposición y
análisis de los resultados obtenidos mediante los métodos y técnicas utilizados en
el desarrollo de la propuesta
Se ha realizado una comparación entre los efectos jurídicos que causa la
declaración del abandono en las causas en primera instancia tanto en el Código de
Procedimiento Civil vigente hasta el 21 de mayo de 2016 y el Código General de
Procesos, vigente actualmente.
De la comparación entre los dos cuerpos legales aludidos en el párrafo anterior se
ha llegado a establecer que el código de procedimiento civil, si permitía activar la
justicia cuando se hubiese declarado el abandono en una causa por cuanto esta
normativa permitía demandar en otro tramite como se lo denominaba en ese
entonces, mientras que el COGEP es determinante la declaración del abandono en
los procesos en primera instancia es una terminación definitiva de la posibilidad que
tiene el accionante para reclamar o hacer valer sus derechos.
63
CONCLUSIONES GENERALES
Tomando en cuenta que Ecuador es un estado constitucional de Derechos y
justicia, condición que asumió a partir de la aprobación de la Constitución de la
República del Ecuador mediante referéndum en 2008, convirtiéndose el Estado
ecuatoriano garantista de los derechos, tutelando de forma directa no hay que
olvidar que esta declaración de que nuestro país es garantista de derechos obliga a
poner en práctica el neo constitucionalismo de lo que se entiende que los derechos
fundamentales de las personas tienen que ser tratados por los administradores de
justicia como de primera data. Los derechos y garantías establecidos en la
Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de
directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público,
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte
Se ha explorado distintas obras y aportes que nos han ayudado a formarnos un
mejor criterio a cerca del derecho a la seguridad jurídica y su aplicación al momento
de resolver las causas civiles en primera instancia, los efectos jurídicos que
produce su no aplicación, y por tanto las consecuencias en la vulneración de los
derechos del actor o accionante.
En el desarrollo de la propuesta planteada se ha podido establecer que a
consecuencia de la declaratoria judicial que ha operado la figura del abandono, de
las causas en primera instancia, los accionantes se han quedado sin la posibilidad
de volver a demandar para que la administración de justica luego del respectivo
tramite condenen al obligado a que dé cumplimiento, par de esta manera se cumpla
con la pretensión del accionante si enderecho corresponde.
Como resultado de la información obtenida de la tabulación a las encuestas y
entrevistas se ha llegado a la certeza que es factible la elaboración de la propuesta
planteada de reformar el Código Orgánico General de Procesos con el objetivo de
permitir al accionante presente nueva demanda cuando en primera instancia se
haya declarado que ha operado el abandono, de esta manera se garantizará la
seguridad jurídica.
64
RECOMENDACIONES
Que se establezca un número significativo de talleres y seminarios, con el objetivo
de profundizar los conocimientos de los profesionales del derecho, sobre la figura
del abandono de las causas, sus efectos jurídicos, sociales y económicos.
Que el Consejo de la Judicatura a través de sus funcionarios socialicen de forma
más profunda la aplicación de la figura del abandono puesto que la figura en
cuestión es totalmente nueva y la ciudadanía lo desconoce.
Que luego de reformada la disposición legal respecto al abandono de brinde la
posibilidad al accionante de volver a presentar sus demandas en otro
procedimiento.
Que se realice un estudio a nivel interno en todas las judicaturas a nivel nacional
para establecer Procedimiento Civil.
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANEXO No 1
UNIVERSIDAD REGIONAL AUTÓNOMA DE LOS ANDES “UNIANDES”
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA ESCUELA DE DERECHO
PREGUNTAS PARA ENCUESTA REALIZADA A ABOGADOS DEL FORO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA, QUE EJERCEN LA PROFESIÓN EN LA
CIUDAD DE RIOBAMBA.
1.- ¿Conoce usted que es la seguridad jurídica?
SI NO
2.- ¿Sabe usted en que consiste el derecho a la seguridad jurídica?
SI NO
3.- ¿Cree usted, que con el hecho que actualmente se declare judicialmente el
abandono en las causas en primera instancia el Estado garantiza el derecho a la
seguridad jurídica de sus ciudadanos?
SI NO
4.- ¿Considera usted, el hecho de que se declare que ha operado el abandono
de las causas en primera instancia vulnera el derecho a la seguridad jurídica del
actor?
SI NO
5.- ¿De acuerdo a su criterio jurídico, está de acuerdo, con los efectos jurídicos que
produce la declaración judicial que operado el abandono de las causas en primera
instancia declara que ha operado el abandono?
SI NO
6.- ¿Considera que la figura del abandono ayuda a resolver los problemas
sometidos a conocimiento y resolución del juez, por parte de los intervinientes en
las causas?
SI NO
7.- ¿Considera usted que es legal y constitucional, que una vez que se declare el
abandono en primera instancia, el actor no pueda volver a presentar nueva
demanda?
SI NO
8.- ¿Cree usted que con la declaración judicial del abandono, se vulnera el derecho
del accionante a recurrir dicho el fallo?
SI NO
9.- ¿Cree usted que la figura jurídica del abandono, coadyuva para que las
obligaciones demandadas queden en la impunidad?
SI NO
10.- ¿Considera usted que se debe reformar el Art.247 del COGEP, con el
propósito de incrementar como causa de improcedencia para que opere el
abandono los retardos atribuibles a la administración de justicia?
SI NO
ANEXO No 2
PREGUNTAS DE ENTREVISTAS REALIZADA A LOS SEÑORES JUECES DE
LA UNIDAD JUDICIAL CIVIL CON SEDE EN EL CANTÒN RIOBAMBA.
1.- ¿De acuerdo a su experiencia como Juez de la Unidad Judicial Civil, se aplica
taxativamente el principio de seguridad jurídica en la resolución de las causas
sometidas a su conocimiento?
2.- ¿Considera legal y constitucional que una vez declarado el abandono en las
causas en primera instancia, el actor no pueda demandar nuevamente por la misma
causa?,
3.- ¿Cree usted, que se garantiza el derecho a la Seguridad Jurídica declarando
judicialmente que ha operado el abandono en las causas en primera instancia?
4.- ¿Considera que la figura del abandono ayuda a resolver los problemas
sometidos a conocimiento y resolución del juez, por parte de los intervinientes en
las causas?
5.- ¿Considera usted que se debe reformar el Art.249 segundo inciso del COGEP,
para, proponer nuevamente la demanda cuando se haya declarado el abandono de
la causas en primera instancia, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica
del accionante?
