Violencia política hacia la mujer en Ibarra (Ecuador) y la

HOLOPRAXIS Ciencia, Tecnología e Innovación – Volumen 1- Número 2 – Julio-Diciembre 2017

77

Violencia política hacia la mujer en Ibarra (Ecuador) y la pertinencia de una reforma

legal

Diego Xavier Chamorro Valencia a

a Magister en Derecho Constitucional. Docente-Investigador de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES). Extensión Ibarra. Ecuador. Email: [email protected]. Entregado: 17 de Octubre de 2017

Aprobado: 3 de Diciembre de 2017

RESUMEN

Este trabajo tuvo por objetivo describir el fenómeno de la violencia política hacia la mujer en Ibarra (Ecuador) y proponer la reforma legal al Código Orgánico Integral Penal. Para ello se empleó la investigación descriptiva de campo, los instrumentos de recolección de la información fueron el cuestionario y la entrevista y la técnica de análisis de datos fue la estadística descriptiva y el análisis de contenido. Los hallazgos encontrados indican que la violencia política hacia las mujeres se evidencia en la pervivencia de estereotipos discriminatorios que propician maltratos físicos y emocionales y limitan su acceso a cargos públicos, por lo que se consideró fundamental la promulgación de leyes que garanticen los derechos de la mujer. En consecuencia, se propuso reformar el Código Orgánico Integral Penal, incorporando leyes que garanticen la efectiva participación igualitaria de las mujeres en los espacios de representación y decisión política.

Palabras Clave: derecho, mujer, protección, propuesta, violencia política

ABSTRACT

The objective of this work was to describe the phenomenon of political violence against women in Ibarra (Ecuador) and to propose legal reform to the Comprehensive Criminal Organic Code. For this, descriptive field research was used, the information collection instruments were the questionnaire and the interview, and the data analysis technique was descriptive statistics and content analysis. The findings indicate that political violence against women is evident in the persistence of discriminatory stereotypes that cause physical and emotional abuse and limit their access to public office, which is why the enactment of laws guaranteeing the rights of women was considered fundamental. . Consequently, it was proposed to reform the Comprehensive Criminal Organic Code, incorporating laws that guarantee the effective equal participation of women in the spaces of representation and political decision.

Keywords: law, woman, protection, proposal, political violence

mailto:[email protected]


78

INTRODUCCIÓN

La violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus manifestaciones, comporta una

flagrante trasgresión a los derechos humanos. Y, específicamente, en el plano de la vida

política, este fenómeno acarrea grave detrimento a derechos fundamentales de las

mismas, como: los de participación, libertad de expresión, de naturaleza electoral; pero

también, a los derechos de igualdad sustantiva, no discriminación y vida libre de violencia.

En retrospectiva, la violencia de género registra una amplia trayectoria debido a los

constructos patriarcales relacionados con ideas de poder, fuerza, dominio, autoridad,

reflejadas en los ámbitos doméstico, privado o público, que marcaron inequidades y un

sistema de creencias en donde la mujer debía cumplir con meros fines de reproducción y

no intervenir en otros espacios reservados para los hombres.

Ante este escenario que colocaba en evidencia las contradicciones e injusticias

provenientes de una visión política y jurídica sesgada, los movimientos feministas

empezaron a tomar auge y desempeñaron un papel preponderante en su lucha por

alcanzar el derecho a la igualdad. Consecuentemente, tras esa ardua labor, es en la

última parte del siglo XX cuando empiezan los primeros esfuerzos legislativos por prevenir

y sancionar las prácticas opresivas o de subordinación.

Por consiguiente, “la violencia de género ha pasado a formar parte de la agenda política

internacional y nacional como un problema significativo por resolver, lo que ha generado

un particular registro discursivo contenido en gran cantidad de declaraciones y

convenciones (ONU, OEA, UE, entre otras entidades internacionales), así como de

medidas gubernamentales y parlamentarias (legislación, planes y programas)” (Torres,

2010)

Debe señalarse que entre las principales iniciativas internacionales de protección de las

mujeres se registran: La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de

Discriminación contra la Mujer de 1979; la Convención sobre la Eliminación de la violencia

contra la mujer, en 1993; la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en

Beijing en 1995; la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la Mujer (denominada Convención de Belem do Pará) también de 1995; la

Conferencia Internacional sobre Violencia, Abuso y Ciudadanía de las Mujeres, llevada a

cabo en Brighton en 1996.


79

Bajo estos lineamientos, los distintos Estados signatarios, dentro de los cuales se inserta

nuestro país, asumieron compromisos para internalizar dentro de sus ordenamientos

jurídicos normas de carácter civil, penal, administrativas o de cualquier naturaleza que

resulten adecuadas para prevenir, sancionar y erradicar las distintas formas de violencia

en contra de las mujeres.

En el contexto ecuatoriano, la historia demuestra que su trajinar republicano, estuvo

caracterizado por la proverbial discriminación hacia las mujeres estableciendo condiciones

legales excluyentes para las mismas, y sólo por excepción quizá las Constituciones de

1929, 1945, 1967 fueron las que de algún modo incorporaron mejoras para esas épocas

reconociendo ciertas condiciones a las mujeres como destinatarias de derechos.

Empero, tras los vaivenes políticos que determinaron la existencia de períodos

dictatoriales en el Ecuador, y volviendo al sistema democrático, la Constitución que entró

en vigencia en 1979, devino en la pionera en incluir de forma expresa la equidad de

género. A partir de ahí, las subsiguientes Constituciones, esto, es la de 1998 y la que nos

rige desde el 2008 consagran importantes progresos jurídicos y sociales.

En este orden de ideas, se tomó como referencia lo que explica Gina Godoy:

La Reforma Constitucional de 1998, trajo nuevos avances constitucionales: hacia la

igualdad formal se logró la incorporación expresa y clara de la igualdad de oportunidades

(Art. 34); la participación equitativa de mujeres y hombres en los procesos de elección

popular, en las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la

administración de justicia, los organismos de control y los partidos (Art. 102); y una

disposición transitoria (17) que decía que se reconocerá a las mujeres la participación del

20% en las listas de elecciones pluripersonales, así como todos los derechos y garantías

consagrados en leyes y tratados internacionales vigentes. (Godoy, 2012)

Sobre esta última parte la misma autora acota que existieron varios tropiezos que

impidieron el cumplimiento de esos porcentajes en aquellos espacios políticos por los

intereses machistas predominantes y pasa a expresar que en el año 2008, el pueblo

ecuatoriano aprobó mayoritariamente una nueva Constitución en la que las mujeres

organizadas participaron con propuestas que fueron en su mayor parte incorporadas, y

se dio un salto cualitativo frente a las anteriores Constituciones.


80

Se dispuso, en el artículo 116, entre muchas otras disposiciones que garantizan la

igualdad formal y aún la real que: “para las elecciones pluripersonales, la ley establecerá

un sistema electoral conforme a los principios de proporcionalidad, igualdad del voto,

equidad, paridad y alternabilidad entre mujeres y hombres”, finaliza la mencionada autora.

Siguiendo a Krook, vale decir, que, “aunque las activistas en América Latina han

enmarcado la violencia contra las mujeres en la política como un delito electoral, y estos

actos ciertamente tienen dimensiones criminales, la violencia contra las mujeres en

política también plantea un serio desafío para la democracia, los derechos humanos y la

igualdad de género”. (Krook, 2016)

Por tanto, al existir en el país avances sustanciales en materia de protección de las

mujeres frente a las distintas formas de violencia, mediante la estructuración de todo un

andamiaje jurídico, resulta fundamental, incorporar regulaciones en sede penal para

precautelar los derechos del sector femenino ante el fenómeno del acoso político y la

violencia política que encuentra asidero en los distintos niveles de gobierno y de

participación.

Si bien en el contexto latinoamericano, se dice que el Ecuador junto a otros Estados se

inscribe como un referente al haber concebido dentro de su Constitución del 2008 una

nueva forma de Estado y, por lo mismo, una nueva dimensión de la democracia orientada

a la paridad política de género, persisten aún una serie de barreras político institucionales

que condicionan la efectividad de las medidas adoptadas para erradicar los diversos

modos de violencia. Todo aquello, en virtud de que subsisten sellos patriarcales que se

han puesto de manifiesto en el escenario político.

Consecuentemente, un amplio sector social considera que aun cuando en el artículo 285

del Código de la Democracia del Ecuador se incorpora la sanción por la vía penal a los

actos que restrinjan o impidan el acceso a puestos de elección popular, esta proscripción

no incorpora el enfoque de género, ya que se limita al acceso a puestos de elección

popular y, finalmente, no fue incorporada al Código Orgánico Integral Penal, con lo que la

protección no se puede hacer efectiva.

En tal sentido, la no tipificación en el Código Orgánico Integral Penal de la violencia

política en contra de las mujeres, vulnera el derecho fundamental a una vida libre de

violencia y a la protección judicial especializada.


81

En consecuencia, es una necesidad que quienes tienen incidencia en la superación de

esas debilidades sociales luchen por derogar las leyes discriminatorias que impiden a las

mujeres desarrollarse plenamente y convertirse en objeto de respeto, consideración y

valoración de sus capacidades como personas y como profesionales. Es por ello que el

objetivo de este artículo es:

Describir el fenómeno de la violencia contra la mujer en Ibarra y proponer una reforma

legal al Código Orgánico Integral Penal.

Finalmente, algunos planteamientos teóricos que se tuvieron en cuenta fueron los

siguientes: el criterio de Piscopo, quien comprende a la violencia contra las mujeres en

política como “cualesquier agresión física o psicológica, ejercida por responsables

partidarios y otros actores políticos, para bloquear la presencia de las mujeres en la vida

pública”.(Piscopo, 2016, pág. 3)

Por su parte para Pérez, esta violencia se suscita “en razón de las ideas políticas que

tengan las mujeres y se manifiesta en la amenaza permanente de asesinatos, secuestros,

desapariciones, torturas y que al ser vivida y enfrentada por las mujeres incluye agresión

a sus cuerpos y a su sexualidad” (Pérez, 2007)

Ahora bien, especialistas en esta materia consideran que el acoso y violencia política en

razón de género aún no muestra un desarrollo teórico-conceptual sostenible en la región,

puesto que los trabajos que enfocan dicha problemática la definen como un problema

estructural de las democracias latinoamericanas. “En consecuencia, el acoso y la

violencia política en razón de género han sido naturalizados en el hacer político de la

región, impidiendo la visualización y la toma de conciencia sobre la gravedad de este

fenómeno en diversos países latinoamericanos”. (Albaine, 2013, pág. 11)

Referenciando a la autora Cerva, se puede decir que: “Las instituciones y organizaciones

creadas para dar vida al orden de lo político no sólo se fundan en la presencia exclusiva

de los varones, sus dinámicas de funcionamiento, códigos, lenguaje y normas, también

son un reflejo de la primacía de un solo género. Al querer ingresar a la política las mujeres

no sólo se encuentran en desventaja, su sola presencia transgrede un orden que

naturaliza su exclusión”. (Cerva, 2014, pág. 5)

En suma, acogiendo lo que señala Vásquez, a las mujeres dentro del espacio de su

participación o representación política, básicamente en el nivel edilicio o parlamentario, se


82

les estaría restringiendo “las condiciones básicas materiales y logísticas para el desarrollo

de las facultades que les otorga la propia Constitución para fiscalizar, deliberar y legislar”.

(Vásquez, 2013, pág. 38)

MÉTODO

Para lograr los objetivos de este estudio se empleó un tipo de investigación descriptiva

(Arias, 2012) por cuanto se establecieron las características del fenómeno violencia

contra la mujer en el ámbito político. El diseño de investigación fue de campo ya que la

información pertinente se obtuvo en el contexto de la ciudad de Ibarra y no se manipuló

ninguna variable.

En cuanto a la muestra, estuvo constituida por 90 profesionales del derecho y 2 mujeres

concejales.

Por otra parte, las técnicas de recolección de la información, se aplicó la encuesta

mediante un cuestionario estructurado en 8 preguntas cerradas y se dirigió los

abogados de la ciudad de Ibarra que integraron la muestra.

La otra técnica empleada fue la entrevista, para lo cual se preparó una guía de preguntas

abiertas, que indagaron acerca de aspectos esenciales del fenómeno objeto de estudio.

Esta entrevista fue realizada a dos mujeres Concejales del Gobierno Autónomo

Descentralizado del Cantón Ibarra, quienes por su preparación académica, las funciones

que ostentan y su brillante trayectoria política, aportaron información valiosas para el

logro del objetivo propuesto.

En lo atinente a las técnicas de análisis de datos, se usó la estadística descriptiva para

sistematizar e interpretar los datos obtenidos mediante la aplicación del cuestionario,

mientras que la información proveniente de la entrevista se interpretó utilizando el análisis

de contenido.

RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a 90

profesionales del derecho en la ciudad de Ibarra, se destacan los indicadores más

importantes que dan cuenta de la violencia política hacia la mujer.


83

1) La mujer y la violencia política

¿Qué implica la violencia política contra la mujer?

Gráfico Nº 1. Violencia política contra la mujer

Fuente: Encuesta

El cuestionario refleja que existe una percepción dividida entre los encuestados con

respecto a las implicaciones de este tipo de violencia. No obstante, el mayor porcentaje

(37%) de preferencia señala que se restringen los derechos de participación dentro de los

espacios políticos.

2) Limitaciones de los derechos y libertades de las mujeres

¿Hay limitaciones en los derechos y libertad de expresión de las mujeres que participan

en política?

Gráfico Nº 1. Limitación de derechos


84

Fuente: Encuesta

En un amplio porcentaje (67%) de las personas encuestadas estiman que sí se coartan

los derechos fundamentales de participación y libertad de expresión de las mujeres.

3) Canales de información y comunicación

¿La información difundida por medios de comunicación resulta ofensiva por

estereotipos o prejuicios de género?

Gráfico Nº 3. Información

Fuente: Encuesta

67%

22%

11%

Limitación de derechos

Si

A veces

No

50%

33%

17%

INFORMACION

Si

A veces

No


85

Los resultados evidencian que el 50%, (la mayor parte) de las personas encuestadas

afirman que los medios de comunicación pueden difundir información sesgada y ofensiva,

si se expresan estereotipos patriarcales o de dominación que son persistentes y que

dejan en desventaja a la mujer.

4) El uso de las redes sociales

¿Los comentarios vertidos en redes sociales, que atacan a las mujeres por su

participación en la vida política, pueden ser percibidos como actos de violencia?

Gráfico Nº 4. Afectación en redes sociales

Fuente: Encuesta

Existe un porcentaje mayoritario (64%) de los encuestados que considera que los

comentarios difundidos en las redes sociales que atacan a la mujer siempre son

percibidos como actos de violencia. Ello indica que en los casos en que las redes

sociales no son bien utilizadas pueden servir como vehículo para denostar la dignidad y

buen nombre de quienes participan en la vida política, especialmente por razones

genéricas.

5) La violencia política como un freno a las oportunidades de las mujeres

¿La violencia política limita las oportunidades de las mujeres para desenvolverse

en las funciones públicas o políticas?

64%

30%

6%

AFECTACION EN REDES SOCIALES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca


86

Gráfico Nº 5. Limitación de oportunidades

Fuente: Encuesta

Como se puede observar en el gráfico anterior la mayoría (78%) de las personas

encuestadas opina que la violencia política en contra de las mujeres afecta seriamente

sus oportunidades de ejercicio en el espacio público y democrático.

6) Causas de discriminación

¿Por qué causas se discrimina a una mujer dentro del espacio político?

Gráfico Nº6. Discriminación

Fuente: Encuesta

78%

20% 2%

LIMITACION DE OPORTUNIDADES

Siempre

Ocasionalmente

Nunca

22%

34%

31%

11% 2%

DISCRIMINACIÓN

Por la edad

Orientación sexual

Nivel Socioeducativo

Situación económica

Otros


87

De acuerdo con estos resultados la discriminación hacia la mujer en los contextos

políticos ocurre en mayor medida debido a la orientación sexual (34%), nivel socio-

educativo (31%) y por razones de edad (22%).

7) Factores que impiden denunciar la violencia política

¿Si se ejerce violencia política contra la mujer ya sea en su movimiento partidista o

en otra instancia pública o privada, qué situaciones impiden que se denuncie?

Gráfico Nº7. Impedimentos para denunciar

Fuente: Encuesta

Las encuestas muestran que la disciplina partidista (78%) es el factor preponderante para

no denunciar los posibles casos de violencia política contra las mujeres. Es decir, existiría

un temor reverencial a ser sujetos de sanción o de retaliación por parte de la agrupación.

8) Existencia de una norma que sancione dicha violencia

¿Es necesario que se expida una norma específica que tipifique y sancione la

violencia política contra la mujer?

Gráfico Nº8. Tipificación

78%

17% 5%

IMPEDIMENTOS PARA DENUNCIAR

Disciplina partidista

Miedo a no sercontemplada

Falta de información


88

Fuente: Encuesta

La mayoría de las personas encuestadas (67%) cree conveniente incluir una norma

específica que tipifique y sancione la violencia política dirigida especialmente contra las

mujeres en el marco de su participación política.

Análisis de las entrevistas

Las entrevistas con las funcionarias del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón

San Miguel de Ibarra, provincia de Imbabura, quienes ostentan el cargo de Concejales,

fueron esclarecedoras para saber cuáles son las principales dificultades que han tenido

que afrontar en el entorno político.

Tabla N°1. Resultados obtenidos de la entrevista realizada a las Concejalas del

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón

Categorías Informante EASC Informante CGPC

Participación de las

mujeres en el ámbito

político

Actualmente la

participación de la mujer es

más activa y ocupa

espacios de poder

En la zona urbana hay

mayores oportunidades para

la mujer, en la zona rural

existe más discriminación

Tiempo de participación en

actividades políticas

Diez años de actividad

política, dos veces

concejala, una vez

Tradición de actividad

política en la familia.

Incursión en la actividad

67%

32%

1%

TIPIFICACION

Si

Probablemente

No


89

vicealcaldesa política desde la educación

media

Sesgos Patriarcales El machismo se mantiene y

las mujeres tienen

responsabilidad en ello

porque replican los

estereotipos

Aun habiendo participación

de la mujer predominan las

concepciones machistas

Violencia o acoso político Sí existe maltrato verbal y

físico hacia la mujer

A escala nacional e

internacional si se ven

temas de acoso o violencia

política, las mujeres callan

por determinadas

circunstancias;

Discriminación en

escenarios políticos

Las Comisiones más

importantes se conformaban

con hombres y las que se

creía de menor importancia

correspondía a las mujeres

Sí, hay formas de

discriminación veladas, no

manifiestas (un piropo

puede ser un mecanismo de

intimidación )

Asedio o manipulación Sí existe asedio y

manipulación, te presionan

de diferentes maneras

Sí se manipula o se

pretende sesgar las

acciones

Normas que sancionen la

violencia contra la mujer

Es necesario trabajar en

equipo antes de proponer

sanciones

Es importante que existan

leyes, normativas o políticas

públicas, pero las mujeres

son las principales

responsables de defender

sus derechos

Los datos presentados en la tabla N1 indican que las informantes, aunque tienen una

trayectoria importante en el campo de la política y han ocupado cargos que

tradicionalmente estaban acaparados por los hombres, tienen una valoración acerca del

trato que se le da a la mujer que permite inferir que en el ambiente profesional aunque la

mujer ha conquistado algunos espacios, todavía se mantienen patrones de dominio del

estereotipo masculino que la cultura ha validado. Asimismo, señalan que la mujer es

desvalorizada pues se le asignan funciones de trabajo consideradas menos importantes y


90

son asediadas y manipuladas. Lo cual es una debilidad que debe ser superada

mediante el reconocimiento de las habilidades y capacidades de las mujeres para

desempeñar roles a partir de su formación profesional, lográndose así transformar los

principios dominantes y valorarlas por su capacidad para aportar al desarrollo del campo

laboral.

También habría que agregar, que le otorgan una gran importancia a la lucha que la misma

mujer debe cumplir en la defensa de sus derechos, lo cual puede ser fortalecido con la

aprobación de leyes que juzguen penalmente la violencia política hacia la mujer.

En general, sus apreciaciones coinciden en que persisten sellos patriarcales que tratan de

infravalorar los aportes desplegados por las mujeres en los distintos espacios de la

sociedad; por lo mismo, refuerzan la idea de que hay que consolidar los procesos de

participación de las mujeres en la vida política, allanando cada vez más las dificultades

que impiden que lo hagan plenamente.

DISCUSIÓN

En otros tiempos la participación política de la mujer era escasa, porque los patrones

machistas también estaban muy arraigados; pero, actualmente, la participación de la

mujer es más activa, y no solamente una participación como tal, sino que los espacios de

poder también están siendo asumidos por mujeres. Esto es muy interesante, porque el

actuar de una mujer es muy diferente al del hombre, sin querer desmerecer las cualidades

de los caballeros, las damas imprimen su esencia en la administración y lo hacen de una

manera no mejor ni peor que los hombres, sino simplemente diferente, hay respeto,

puentes de diálogo, nuevas formas de resolver conflictos, por las habilidades y

características propias de la mujer.

Bajo el contexto ecuatoriano se puede decir que han existido avances significativos en el

estatus político y social de las mujeres, ya que en virtud de los mandatos constitucionales

han ido diseñándose instrumentos tendientes a acortar las grandes brechas de

desigualdad y discriminación por motivos de género, aunque todavía no ha sido posible

erradicarlos por las estructuras patriarcales persistentes. La igualdad de oportunidades,

no discriminación para mujeres y hombres así como el abordaje del Buen Vivir, constan

en la Constitución de la República, determinando la transversalización del enfoque de

género en los principios de aplicación que esta consagra.


91

En el Plan de Igualdad, no Discriminación y Buen Vivir para las Mujeres Ecuatorianas

2010 - 2014, se advierte que la equidad de género “es una categoría de análisis en la cual

hombres y mujeres independientemente de sus diferencias biológicas, tienen derecho a

acceder, con justicia e igualdad, al uso,control y beneficios de los bienes y servicios de la

sociedad, así como a tomar decisiones en todos los ámbitos: social, económico, político,

cultural y familiar”.

Dicho lo anterior y teniendo como evidencia los resultados arrojados por el cuestionario,

es pertinente señalar que los profesionales encuestados coinciden en que en el Ecuador

la violencia política restringe los derechos de participación de la mujer en los espacios

políticos, se coartan sus derechos y libertad de expresión. Asimismo, consideran que la

orientación sexual, el nivel educativo y la edad son las variables que tienen mayor

influencia en los procesos discriminatorios hacia la mujer. También habría que agregar

que la disciplina partidista es uno de los aspectos que tiene mayor repercusión en frenar

las denuncias sobre los casos de violencia política. Este panorama de desventaja en el

que se encuentra la mujer conlleva a que los encuestados consideren que es una

necesidad crear normas que sancionen la violencia política contra la mujer.

En lo que respecta a los hallazgos obtenidos de la entrevista efectuada a las mujeres

concejales, se puede precisar que los hallazgos permitieron puntualizar lo siguiente: el

acceso al campo de trabajo aún se encuentra restringido para las mujeres, se presentan

casos de maltrato verbal y físico, hay asedio e intimidación , por último consideran que la

mujer es la principal responsable en la lucha porque se respeten sus derechos y

cambien los estereotipos impuestos por la sociedad machista, esfuerzo que puede ser

apoyado por las leyes que procuran el respeto y cumplimiento de los derechos de las

mujeres

De manera que los resultados del diagnóstico efectuado justifican buscar alternativas de

solución a la problemática encontrada, por lo cual se elaboró una propuesta que busca,

mediante recursos legales, controlar la violencia que experimentan las mujeres. Más aún,

el aumento de ese tipo de violencia en los espacios de la vida pública y política del

Estado, convoca reunir esfuerzos para combatirla.

La necesidad de esta propuesta estriba en introducir una reforma legal que se acople a

la realidad para responder a un fenómeno que se evidencia y acentúa en la sociedad. Al

optar por la reforma se crea un tipo penal acorde con el principio de legalidad, y se


92

posibilita el accionar de la administración de justicia, preservando así la esencia de la

seguridad jurídica y sancionando comportamientos ilícitos que podrían permanecer

impunes si no se da una pronta y adecuada regulación.

Por lo tanto, el propósito fundamental de la propuesta fue describir las características del

fenómeno violencia política contra la mujer en la ciudad de Ibarra y proponer la reforma a

algunos artículos del Código Orgánico Integral Penal, cuyo fin último es tipificar y

sancionar la violencia política en contra de las mujeres para evitar se vulneren sus

derechos fundamentales a una vida libre de violencia, protección judicial especializada y

de participación.

Para ello, en la sección décima, Capítulo V, Título IV, Libro I del Código Orgánico Integral

Penal, aparecen tipificados los delitos en contra de los derechos de participación. Los

mismos se refieren a la obstaculización del proceso electoral, sustracción de papeletas

electorales, falso sufragio, fraude electoral, pero existe un vacío con respecto a la

violencia política. Entonces, se sugiere incorporar aquí la tipificación de ese delito.

Propuesta: Anteproyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para

tipificar y sancionar la violencia política contra la mujer.

A pesar de los esfuerzos legislativos, la realidad actual muestra que persisten sesgos

discriminatorios que vulneran derechos humanos, como lo es la violencia ejercida en

contra de las mujeres que hasta hoy constituye una problemática mundial y que afecta

cotidianamente la vida de miles de personas, directa o indirectamente, lo cual impacta

determinante en la vida social, económica y política de las naciones alrededor del orbe.

La discriminación que sufren las mujeres en América Latina, ha limitado consistentemente

la participación de la mujer en el ámbito político; relegándola a funciones de carácter

privado dentro de las estructuras partidarias y negándoseles el acceso a estructuras de

poder y puestos de elección popular. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el Ecuador más del 60% de mujeres

compatriotas sufren de alguna clase de violencia

En consecuencia, se hace imperioso desde el punto de vista ético y jurídico armonizar la

legislación penal con los mandatos constitucionales referentes a los derechos de

participación, a una vida libre de violencia, derecho de integridad personal, derecho de


93

igualdad. Así las cosas, se debe catalogar a la violencia política hacia las mujeres, como

una conducta típica y antijurídica por cuanto atenta contra las normas básicas de la

convivencia social.

Las leyes referenciales y en las cuales se sustentan esta propuesta son:

Artículos de la de la Constitución de la República del Ecuador: Art. 1: expresa que el

Ecuador es un Estado constitucional de Derechos y Justicia Social, en concordancia con

los principios y normas de la convención Interamericana de Derechos Humanos. Mientras

que el artículo 3, establece que son deberes primordiales del Estado: 1. “Garantizar sin

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos”. Lo cual es apoyado

por el artículo 11, numerales 4 y 8 de la Constitución, donde se prescribe que ninguna

norma puede restringir el contenido de los derechos, de las garantías constitucionales.

En el mismo sentido, el artículo 11, numerales 3 y 9 de la Constitución, disponen

que:“Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y

oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de sexo, entre otros. Asimismo,

el derecho al debido proceso está garantizado en el artículo 76, numeral 3 de la misma

ley.

Por otra parte, el Art. 61, numerales 1, 2, 7, reconocen el derecho de la mujer a ser

elegida para ejercer cargos públicos, así como la representación paritaria se establece en

el Art. 65, esto último es complementado en el Art. 116 al prever la proporcionalidad,

igualdad del voto, equidad y alternabilidad entre mujeres y hombres.

En particular, el Art. 66 norma el goce de la vida libre de violencia, y en este mismo

sentido, el Art.331, prohíbe la violencia que afecte a la mujer en el trabajo. Por su parte,

el Art. 108 prescribe la no discriminación al integrar los partidos políticos.

Por último, es relevante señalar que el Art.1 y 4 de la Convención Belem do Para, elimina

todas las formas de discriminación y prescribe el derecho al reconocimiento de las

mujeres y a gozar de los derechos humanos consagrados.

Es por ello y debido a que en la actualidad no existe un tipo penal específico en el Código

Orgánico Integral Penal que sancione la violencia política por género, se propone la

siguiente ley orgánica reformatoria al código orgánico integral penal para tipificar y

sancionar la violencia política contra la mujer.


94

En la sección décima del Capítulo Quinto, Título Cuarto del Libro Primero del Código

Orgánico Integral Penal, a continuación del Artículo 331, inclúyanse dos artículos

innumerados que digan:

Art. (Innumerado) Acoso político por razones de género:

Quieneslleven a cabo acciones sistemáticas de presión, persecución, hostigamiento o

amenazas contra una mujer candidata, designada o en ejercicio su función política para

restringir o impedir sus derechos de participación, serán sancionados con pena privativa

de libertad de seis meses a dos años, considerando la gravedad del delito y la

inhabilitación para desempeñar un cargo público por el tiempo que dure la condena. Sin

perjuicio del juzgamiento de delito electoral, se podrán iniciar las acciones civiles o

administrativas que tuvieren lugar.

Art. (Innumerado) Violencia política por género

Quienes cometan actos o agresiones de carácter físico contra una mujer candidata,

electa, designada o en ejercicio de una función política o en contra de sus familiares, para

menoscabar, suspender e impedir el ejercicio de su representación política, será

sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años, considerando la magnitud

del delito y la inhabilitación para desempeñar un cargo público por el tiempo que dure la

condena. Sin perjuicio del juzgamiento de delito electoral, se podrán iniciar las acciones

civiles o administrativas que tuvieren lugar.

Disposición Transitoria

La presente Ley reformatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en

el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano

de Quito, provincia de Pichincha, a los ocho siete días del mes de Julio del dos mil

diecisiete.


95

CONCLUSIONES

La violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones es un problema

antiquísimo, que se origina en las relaciones asimétricas de poder, pues, se había

naturalizado determinados estereotipos, que ponían a las mujeres a ocupar roles

reproductivos y de cuidado del hogar, en tanto, los hombres se creían preparados para

desenvolverse en los espacios públicos.

El fenómeno de violencia hacia la mujer empezó a cobrar el interés de los Estados recién

en la época de los 60-70 del siglo anterior, y todo esto fue gracias a las luchas por

reivindicaciones de los grupos feministas, que cumplieron un rol protagónico. A partir de

estos acontecimientos, entendiendo que la violencia ejercida sobre la mujer no es un tema

aislado y que no es de dominio privado, surgen instrumentos normativos internacionales

que pretenden no ser solamente declarativos sino vinculantes para todos los Estados

signatarios.

Si bien la violencia es un problema de antigua data, el fenómeno experimentado por las

mujeres en el orden de su participación política no ha desarrollado una conceptualización

teórica estructural, pues, empieza a visibilizarse en la primera década del año dos mil,

cuando en Bolivia surgieron brotes de esa violencia que terminaron con la vida de mujeres

concejales. Por eso se entiende que aquel país haya sido el primero en ofrecer una

respuesta legal tipificando esos comportamientos.

El fenómeno de violencia comporta una serie de aristas y es multicausal. Por tanto, puede

registrarse en cualquier tiempo y contexto geográfico, no hace distinción de clases

sociales y puede exteriorizarse en los más variados ámbitos.

A nivel internacional se ha logrado conformar un verdadero andamiaje normativo, que los

Estados Parte se han obligado cumplir, adoptando herramientas legales, técnicas o

administrativas que hagan posible su respeto y realización. En esta misma línea de

pensamiento el Ecuador se ha convertido en uno de los principales referentes en materia

de protección a la mujer, pues, ha incorporado una serie de garantías como mecanismos

para la realización de los derechos y que estos no queden en simples enunciados o ideas

nugatorias.

Sin embargo, como el Derecho es dinámico y perfectible, debe atender a nuevas formas

de violencia registradas en contra de las mujeres, como es el caso del acoso político o la


96

violencia política que ha empezado desde unos pocos años atrás a concitar la

preocupación de activistas y diferentes grupos sociales, especialmente las propias

mujeres.

Los principales hallazgos arrojados por los instrumentos de recolección de datos indican

que los profesionales del derecho reconocen la existencia de formas de discriminación

hacia la mujer en el campo político, lo cual limita su participación y los aportes potenciales

al mismo. Asimismo, consideran que la edad, el nivel educativo y la orientación sexual son

razones para la discriminación y que la promulgación de leyes no discriminatorias es una

necesidad fundamental.

Por su parte, las mujeres concejalas señalaron que en la actualidad hay mayor apertura

hacia la incursión de la mujer en el ámbito político, no obstante continúa presente la

discriminación que se puede manifestar en maltrato físico y emocional. Este grupo si bien

la da importancia a la existencia de las leyes que amparan a la mujer, consideran de

mayor relevancia la educación y el empoderamiento de las mujeres en la defensa de sus

propios derechos.

Estos resultados fueron determinantes para la elaboración de la propuesta, así como

los aportes doctrinarios que dieron cuenta de que es menester la regulación legal para

prevenir y sancionar al acoso o violencia política hacia la mujer en el ámbito de su

participación en espacios de poder, fenómeno que si bien se intenta disimular, es una

realidad que ha venido manifestándose de diversas maneras.

Si bien por sí sola la normativa jurídica no es suficiente para combatir la violencia en

todas sus manifestaciones, pues demanda de otros mecanismos complementarios, es

conveniente la discusión y aprobación de un dispositivo legal que en forma específica

sancione a las conductas de acoso y violencia política en contra de las mujeres

REFERENCIAS

Arias, F. (2012). El proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica.

Caracas: EPISTEME

Albaine, L. (2014). Paridad de Género y Violencia Política. Los casos de Bolivia, Costa

Rica y Ecuador., (pág. 6). San José.

Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República. Montecristi, Ecuador.


97

CEPAL. (2007). Décima Conferencia Regional sobre la mujer de América Latina y El

Caribe. Consenso de Quito. Quito.

CEPAL. (2007). Los desafíos del milenio ante la igualdad de género.

CEPAL. (2013). Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer. Consenso de Santo

Domingo, (págs. 13-14).

Cerva, D. (Septiembre-Diciembre de 2014). Participación política y violencia de género.

Revista mexicana de ciencias políticas y sociales (222), 132,134.

Consejo Nacional de Igualdad y Género. (2014). Agenda Nacional de las Mujeres y la

Igualdad de Género. Quito, Ecuador.

Cruz, M. (2016). Participación política de las mujeres en el ámbito municipal. Obstáculos.

Oportunidades y desafíos. México.

Godoy, G. (Marzo de 2012). ¿Qué sucede con la aplicación de las leyes sobre equidad en

la participación política? (G. Chauvín, Ed.) Revista Ágora Política(03), 34-39.

Grupo Parlamentario PRD. (s.f.). Portal de Sistema de información legislativa de la

secretaría de gobernación. Obtenido de gobernacion.gob.mx

Instituto Electoral de la ciudad de México. (1 de Julio de 2016). La violencia política de

género: de los obstáculos a las fortalezas para ejercer los derechos político-electorales de

las mujeres. México D.F, México.

Krook, M. y. (2016). Violencia contra las mujeres en política. Política y Gobierno, 459-461.

O.E.A. (2015). Declaración sobre la violencia y el acoso político contra las mujeres. Lima.

O.E.A Comisión Interamericana de Mujeres. (2015). Mecanismo de Seguimiento de la

Convención Belém do Para. Declaración sobre el acoso y la violencia política contra las

mujeres. Lima.

O.N.U. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer.

Recuperado de: www.servindi.org/pdf/DecEliminacionViolenciaMujer.pdf

O.N.U. (2006). Poner fin a la violencia contra la mujer. Recuperado de:

www.un.org/womenwatch/daw/vaw/launch/spanish/v.a.w-exeS-use.pdf

Pérez, R. (2007). Informe final de investigación sobre violencia contra las mujeres

indígenas. Quetzaltenango.

Piscopo, J. (2016). Capacidad estatal, justicia criminal y derechos políticos. Nueva mirada

al debate sobre la violencia a las mujeres en política. México.

Plaza, M. (2007). Sobre el concepto de violencia de género. Violencia simbólica, lenguaje,

representación. Revista electrónica de literatura comparada, 132.


98

Vásquez, R. (2013). El acoso y la violencia política hacia las mujeres en Bolivia. Avances

formales y desafíos reales para la igualdad. La Paz: ACOBOL.

Documents

Violencia política hacia la mujer en Ibarra (Ecuador) y la