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COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DEL ESTADO BOLIVAR

PRONUNCIAMIENTO El Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar, en asamblea válidamente constituida de carácter extraordinaria, y de acuerdo a los estatutos vigentes que rigen nuestro gremio, en fecha 01 de julio de 2017, conforme a lo descrito en el artículo 15, numerales 3 y 7 de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública, en concordancia con el artículo 3, numerales 4, 8 y 10 de los Estatutos vigentes del Colegio de Contadores Publicos del Estado Bolívar, en función de velar por los intereses profesionales de sus agremiados y fomentar el progreso de la Contaduría Pública en Venezuela, en un ambiente de desarrollo económico, seguridad jurídica, en paz y en Democracia, en concordancia con los postulados de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela (FCCPV), cuyos contenidos se basan en la necesidad de tener una Institución que haga preservar el ejercicio profesional en los más altos estándares morales, técnicos y científicos ajustados a un comportamiento ético y con responsabilidad social e impregnados del espíritu de libertad, respeto al Estado de Derecho y de Justicia conforme a los Principios Fundamentales de una Sociedad Democrática ante la preocupación de los Contadores Públicos por la crisis social, política y económica que atraviesa la República, como hecho público y notorio, el cual ha generado protestas y represión con resultados lamentables, ante la decisión del ciudadano Presidente de la República de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución, ante las políticas económicas desacertadas sustentadas en el actual modelo económico aplicado en Venezuela y ante la imposibilidad de seguir formando la base jurídica que permita el desarrollo de la Contaduría Pública en nuestro país, declara lo siguiente:

Considerando

Que el Articulo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) establece que: “El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constitución”

Considerando

Que la paralización del aparato productivo del País en los sectores Público y Privado, iniciado entre otras, con la política de las expropiaciones de Entidades productivas desde hace años, es un hecho público, notorio y comunicacional y ante ese hecho, dado la relación implícita entre nuestra actividad y los sectores productivos del país consideramos un DEBER MORAL elevar nuestra voz y poner nuestro conocimiento, experiencia y sentido patrio al servicio de la Nación.

Estado Bolívar

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Que los niveles de pobreza demostrados en las calles pero no reflejados en cifras oficiales, indican que, ¡hay hambre¡, ¡hay miseria¡, ¡hay inseguridad¡, ¡hay violencia¡ a lo cual no escapamos los Contadores Públicos. Los sectores público y privado son depositarios de una tragedia que se refleja en el cierre definitivo de empresas grandes, medianas, pequeñas y micros, todas en proceso de extinción. Los que hoy ejercemos la digna profesión de Contadores Públicos tenemos la experticia de lo que sucede en la economía del País; nosotros somos los mejores testigos de que en nuestra República

existe una autentica y verdadera crisis con características de tragedia social; producida por la caída vertiginosa y profunda de la actividad comercial e industrial.

Que con la destrucción de la economía por la aplicación de la política económica, la oportunidad del ejercicio profesional se ha venido abajo en la misma proporción de la destrucción del aparato productivo y de la empresa privada en Venezuela. El ejercicio profesional se potencia en la medida en que la empresa privada se fortalezca, no siendo este el caso de Venezuela donde la inseguridad jurídica que reina y la politización de toda actividad económica, es el principal obstáculo para el desarrollo de la empresa privada y con ello la activación del ejercicio profesional como interés primordial de los Contadores Públicos.

Que la caída de la producción en todos los ámbitos y un control de cambio diferencial con fines políticos que sobrevaloró la moneda, provocaron un mayor desincentivo a toda actividad productiva nacional y el súbito crecimiento de las importaciones.

Que los cambios que se avizoraban en el mercado petrolero mundial junto al vencimiento de los créditos que la Administración solicitó a lo largo de una década, reclamaban un cambio de rumbo en la política económica, un acercamiento a la empresa privada y a los organismos financieros internacionales para refinanciar dichos empréstitos, en fin, un giro de 180 grados para acabar realmente con la Venezuela rentista. Sin embargo, la decisión política fue continuar y acentuar el modelo económico, pese a reiteradas advertencias de los sectores productivos, gremiales y académicos del país, lo cual presagiaba una situación de calamidad económica que es exactamente donde nos encontramos actualmente.

Que la inflación ha convivido con los venezolanos, en mayor proporción, desde el llamado viernes negro en 1983, pero se ha incrementado de manera exponencial en Venezuela desde que se viene aplicado este modelo económico, destructor del aparato productivo y de la empresa privada, afectando de manera considerable el poder de compra de los venezolanos, en especial de los Contadores Públicos. Levantamos nuestra voz de protesta, pues el gobierno no ha logrado controlar la inflación, las medidas que se han tomado sólo han servido para incrementarla de manera descomunal, además no ha publicado los índices inflacionarios como lo establece la Ley, afectando de manera considerable la información financiera de calidad en nuestro país. Ejercer y desarrollar la Contaduría Pública en Venezuela se ha convertido en un desafío atentatorio de las cualidades que debe contener la información financiera, incitando a la fuga de cerebros y de valiosos profesionales buscando nuevos horizontes donde se pueda ejercer la profesión en una economía sana y libre de presiones gubernamentales.

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Considerando

Que de la Constitución Nacional se derivan todas y cada una de las leyes que rigen en forma específica los diversos aspectos de la vida de los ciudadanos, por lo tanto ninguna ley o normativa legal que se ponga en vigencia, podrá de forma alguna contrariar las bases o principios elementales de la Constitución, de ello la importancia que tiene el tema en el ámbito personal, laboral y profesional de los Contadores Publicos y el pueblo en general.

Que la vigencia en el tiempo del texto constitucional y así mismo el respeto que tienen los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes, hace nacer lo que se conoce como la seguridad jurídica, factor que influye en la toma de decisiones en el ámbito nacional, ya sea en los factores económicos públicos o privados.

Que es deber del Colegio de Contadores Públicos del Estado Bolívar alertar a la sociedad, en especial a Contadores Públicos sobre los riesgos, incluso la extinción de nuestro gremio, ante una pretendida Asamblea Nacional Constituyente en plena crisis económica, política y social, sin consultar previamente al pueblo y sin tener clara las bases y tiempo sobre la cual se pretende cambiar nuestra Carta Magna.

Que la propuesta del ciudadano Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, según la cual, la Asamblea Nacional Constituyente, sería el componente necesario para superar el estado de calamidad nacional, no es compartida por este gremio. Estamos seguros que para superar el estado de calamidad que vive Venezuela, lo que se debe hacer es cumplir a cabalidad la Constitución de 1999.

Que la asamblea nacional constituyente al ser convocada por un poder constituido, es violatoria de los artículos 5; 71; 347 y 348 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Solo el pueblo llama al pueblo! Desconocer el modelo Republicano que nos dimos desde nuestra fundación, es retroceder en derechos y garantías, es desconocer la integralidad y progresividad de los Derechos Humanos y es desconocer, que por encima de dicha soberanía, únicamente está el Poder de Dios. Tanto del análisis de su convocatoria, como del análisis de los objetivos que serán asumidos por esta, no nos queda ninguna duda que todo se agravará en el ámbito político, social y que dicha asamblea constituyente no servirá como escenario de diálogo, reconciliación, paz y mucho menos de recuperación económica y social de los venezolanos.

Considerando

Que cualquier ciudadano tiene derecho a manifestarse en forma pacífica, y que de igual forma se prohíbe a los funcionarios que se encuentran a cargo del orden público el uso de armas y sustancias toxicas en el control de las manifestaciones pacíficas conforme al artículo 68 Constitucional.

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Que el Estado a través de sus órganos de control de orden público (llámese Guardia Nacional o Policía Nacional) ha hecho letra muerta la prohibición constitucional de controlar las manifestaciones pacíficas sin armas y sin la utilización de sustancias toxicas, vemos un panorama totalmente contrario, donde cada día se suman más asesinatos de jóvenes estudiantes universitarios e incluso escolares, donde pareciera concluirse que “ser joven en Venezuela es ya un peligro”.

Que es en la Constitución promulgada en el año 1999; en que se hace mucho más visible en forma expresa la defensa de los derechos humanos en Venezuela, como es el derecho a la vida, derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, derecho a la alimentación, entre otros. Derechos que hoy día son reclamados por los Contadores Publicos y el pueblo en general.

Que reclamamos en esta hora aciaga, ecuanimidad y sindéresis; más de 80 muertos, en su mayoría, jóvenes; miles de heridos, miles de detenidos, cientos de perseguidos, millones pasando hambre, cientos de miles sufriendo la falta de medicamentos y centenas de desesperados que configuran hoy día, el mejor reflejo de un País que va por el

camino equivocado, al escoger la senda de la confrontación, la violencia, la discriminación, y la manipulación; en lugar de acoger plenamente los postulados de nuestro contrato social.

Que la violencia y la represión de las protestas ciudadanas han dejado fallecidos, como el joven Licenciado Adrian Duque, Contador Público Colegiado del Estado Zulia (Qepd), y jóvenes estudiantes privados de libertad expropiando su futuro, como los casos de los estudiantes de la Escuela de Administración y Contaduría de la UCAB Guayana, Sandino León y Reinaldo González, privados injustamente de libertad, entre muchos.

Que debido a la crisis alimentaria y de salud en nuestro país se han organizado campañas de ayuda para traer alimentos y medicinas, sin embargo el Gobierno ha encontrado connotaciones políticas en tales ayudas y contra toda lógica y solidaridad con la población ha rehusado permitir que la misma se materialice. Los Contadores Públicos imploramos se permita un canal humanitario para atender a la población que está muriendo de hambre y enfermedades por falta de alimentos e insumos médicos.

Que Venezuela clama al Gobierno rectificación para transcender esta hora menguada. Es el momento de empezar a producir los cambios que nuestro País desea y reclama. Ha llegado la hora de la verdadera paz, del respeto por el derecho ajeno, POR LOS PROYECTOS DE VIDA DE CADA CIUDADANO, en especial de los Contadores Publicos, por elevar la calidad del debate político, de motorizar a la nación hacia una economía productiva y de garantizar la vigencia de la Constitución.

Que el Banco Central de Venezuela no ha publicado en forma oportuna y veraz los Índices Nacionales de Precios al Consumidor (INPC) del año 2016 hasta la fecha, violentando así el derecho a la información que tenemos los venezolanos y en especial la comunidad de negocios y los Contadores Públicos para ejercer de manera adecuada nuestro ejercicio profesional. Esta irresponsabilidad atenta contra las cualidades que deben tener toda información financiera.

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Considerando

Que en un país donde a la Asamblea Nacional (AN) elegida legítimamente le fue despojada de hecho y pretendido de “derecho”, toda facultad de legislar y controlar, vemos en entre dicho el progreso de la Contaduría Pública en Venezuela. El Colegio de Contadores Publicos tiene como finalidad fomentar el progreso de la Contaduría Pública, progreso que solamente se puede cristalizar con la participación de todos los sectores de la sociedad, en el escenario natural y constitucional de discusión técnica y legal, que es en la Asamblea Nacional (Poder Legislativo).

Acuerda el siguiente pronunciamiento:

PRIMERO: Respetamos, acogemos y reconocemos a la (CRBV), como el único documento pactado por el Pueblo Venezolano en el año 1999 para regir los destinos de nuestra República en los términos de un Estado Libre, Democrático, Social de Derechos y de Justicia y su eventual sustitución o enmienda, debe respetar rigurosamente los

mecanismos que la misma prevé para tales casos.

SEGUNDO: Demandamos a las distintas ramas del Poder Público en su concepción vertical y horizontal, el respeto irrestricto a la decisión Constituyente de 1999, según la cual, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no perderá su vigencia por acto de fuerza alguno o por algún otro medio no previsto en ella; así como también resaltar el deber de todo ciudadano investido o no, de Autoridad de colaborar en el restablecimiento de su vigencia.

TERCERO: Rechazamos el estado de violencia y zozobra que se vive en nuestro País, los allanamientos y detenciones ilegales, destrozos de la propiedad pública y privada, producto de la falta de entendimiento Institucional a las legítimas manifestaciones del Pueblo de Venezuela.

CUARTO: Deploramos la actitud hostil de grupos paramilitares, de nuestro componente armado, Guardia Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Sebin, Conas, por la falta de profesionalismo demostrado en la aplicación desproporcionada de la fuerza, violentando el estado de derecho y la propiedad privada.

QUINTO: Lamentamos y lloramos las muertes de inocentes jóvenes en las calles, como la del Licenciado en Contaduría Pública del Estado Zulia Adrian Duque Bravo, que asumiendo su legítimo derecho a la protesta, fue víctima de la hostilidad y brutal represión de los componentes armados.

SEXTO: Rechazamos la convocatoria a una asamblea nacional constituyente con bases comiciales indeterminadas en el tiempo y excluyentes en los Principios del voto Universal, Directo y Secreto.

SEPTIMO: Manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento al Poder Legislativo, ASAMBLEA NACIONAL y a la FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA en razón de sus actuaciones legítimas y apegadas a Derecho.

OCTAVO: Exigimos al Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder Ejecutivo y Poder Electoral, respeto, apego y acatamiento al mandato constitucional de 1999.

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NOVENO: Apoyamos inexorablemente, toda iniciativa de protesta cívica, pacífica, sin armas, y convencidos que estamos del lado correcto de la historia, al apoyar al movimiento estudiantil, profesional, gremial, empresarial ,y a la ciudadanía en general al realizar sus legítimos reclamos como ciudadanos libres del país apoyados en los artículos 19, 20, 53 y 68 de nuestra carta magna.

DECIMO: Exigir al Gobierno Nacional DETENER el financiamiento del déficit fiscal con la generación de dinero inorgánico del Banco Central de Venezuela, pues el indiscriminado crecimiento de la masa monetaria (liquidez) en una economía afectada por la destrucción del aparato productivo y la escasez, representa la combinación perfecta para seguir destruyendo el futuro económico y social de los ciudadanos.

DECIMO PRIMERO: Exhortamos al Ejecutivo Nacional a concertar con el concurso de todos los sectores la realización de las elecciones, la publicación de los índices y factores económicos y financieros, la toma de medidas y políticas económicas enfocadas a restablecer la producción nacional, establecimiento de políticas monetarias encaminadas a la reactivación del aparato productivo, servicios, salud y seguridad del país, para lo cual NO HACE FALTA UNA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE.

DECIMO SEGUNDO: Llamar a la activación del artículo 333 de la CRBV, el cual establece que: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.”

Dado, aprobado y firmado por la Asamblea Extraordinaria de Contadores Públicos,

en su sede social de Puerto Ordaz, Estado Bolivar, en fecha 01 de julio de 2017.