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LA CARA OCULTA DE LA LUNA OFICINA DE JUSTIFICACIóN DE LA DIFUSIóN Manuel Menor Currás Fernando Rey Martínez (León, 1963) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Sus abundan- tes publicaciones, conferencias, ponencias y programas de investigación recorren un amplio conjunto de cuestiones que rozan la actualidad. Razón esta por la que, con alguna asiduidad, puede verse su firma igualmente en medios como El País. En el mismo senti- do van algunos de sus compromisos sociales: Unicef, Secretariado Gitano, la presidencia del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por su origen Racial o Étnico o, ahora mismo, la coordinación de lo que quiso ser el II Plan Nacional de Derechos Humanos, asuntos todos que afectan al sistema educativo, espe- cialmente en su vertiente más pública. ¿Por qué era importante un II Plan Nacio- nal de Derechos Humanos? Es interesante por varias razones, aunque se trate de un programa voluntario auspiciado por Naciones Unidas y no todos los Estados lo asuman. Ya hemos tenido uno, de modo que habría que justificar por qué no seguir con esa dinámica. ¿Algo salió mal con el primero, por qué? El Plan es interesante porque per- mite introducir mejoras concretas en materia de derechos, evaluables y a la vista de todos. Es un compromiso público de mejorar, en un momento en el que en España, por la crisis económica y a veces también con la excusa de ella, el ejercicio de algunos derechos está por debajo de lo que nos exigen los estándares internacionales de derechos humanos. ¿Se distingue de un programa de Gobier- no? Por supuesto. El Gobierno, apoyado en su mayoría parlamentaria, tiene un plan político para la legislatura que afecta a los derechos humanos (y por derechos humanos debe- mos incluir todos, los civiles, los políticos y los sociales). Pero un plan nacional es pre- cisamente eso, un plan aprobado por todos, por el Gobierno, pero también por la oposi- ción y la sociedad civil: tercer sector, agentes sociales, etc. Aunque quien deba cumplirlo es el Gobierno. El Manual de Naciones Unidas explica muy bien cómo elaborar y evaluar pla- nes nacionales de derechos humanos. ¿Qué importancia tienen estos planes? La práctica demuestra que en los países que se toman en serio esta dinámica, como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda, ha habido avances concretos, mejoras sustan- ciales en materia de derechos. Un plan esta- blece medidas concretas de mejora en zonas problemáticas, estableciendo un objetivo, un plazo e indicadores de evaluación. Además, permite tener una idea global, sistemática, de cómo se están aplicando los derechos en el país, idea de la que carecemos en España, donde nos parece que eso de los derechos humanos es solo un asunto de los países donde no se respetan. Tampoco nuestros actores políticos tienen, por lo general, ni conocimientos ni una gran sensibilidad por este asunto. Basta ver, por ejemplo, cómo el Gobierno está retrasando la elaboración del II Plan (si es que finalmente lo hay, cosa que dudo) y, sin embargo, en la oposición, salvo el PNV (y no mucho), nadie dice nada. ¿Nuestro grado de cumplimiento en mate- ria de derechos humanos, expresa una cultura cívica desarrollada? No tenemos en nuestro país una cultu- ra cívica potente ni una cultura de derechos humanos. Entre otras cosas porque, aunque nos hemos comprometido con Naciones Unidas para tener un plan serio de educa- ción en derechos humanos, no lo tenemos ni se espera. Por otro lado, la excusa de la crisis económica ha servido para introducir una agenda muy restrictiva de derechos huma- nos, y no solo los sociales (derecho al tra- bajo, la vivienda, la educación, la protección de la salud, los seguros sociales), sino los de libertad (derecho de manifestación, garan- tías procesales, etc.). El Gobierno actual ha mantenido una conducta permanente de antipatía hacia todos los derechos, y de falta de finura técnica e intelectual a la hora de abordar las cuestiones. ¿El sistema educativo debiera ser escru- puloso en este terreno? El sistema educativo es clave para crear una nueva cultura de derechos, pero también de responsabilidades, es decir, para crear ciu- dadanos. Y sí se están haciendo muchas cosas interesantes en escuelas, institutos y universi- dades en este sentido, pero de modo aislado y no sistemático. Como responsable del Consejo para la Prevención del Maltrato y la No Discrimi- nación, ¿ha podido observar, por ejemplo, si en nuestro sistema educativo se da la desigualdad? En cuanto al derecho a la educación, la escolarización está garantizada, en términos generales, pero se ha erosionado gravemente su calidad. Algunos problemas que se detec- tan son, entre otros: el acceso a los centros en condiciones de inequidad (de modo que son los colegios e institutos públicos los que albergan a casi todos los niños con necesi- dades educativas especiales); el deterioro de las instalaciones, el cierre de escuelas en medio rural, el incremento del número de alumnos por profesor, la segregación étnica en algunas escuelas, la alta tasa de abandono temprano, la reducción drástica de becas y ayudas, el enorme y rápido incremento de las tasas universitarias… Todo esto repercute sobre el derecho a la educación, reduciendo la igualdad de oportunidades de los hijos de las familias con rentas más bajas. En cuestión de derechos, ¿en las deficien- cias observadas, tiene más que ver “la crisis” o los planteamientos ideológicos? La crisis económica ha provocado, según los economistas, que una minoría sea más rica, que la mayoría se empobrezca, y que las diferencias entre una y otra hayan aumenta- do desproporcionadamente. El problema no es por tanto, solo de riqueza, sino de distribu- ción de la riqueza, esto es, de igualdad. Este es el punto. Lo difícil es tener que apretarse el cinturón y bajarse los pantalones al mis- mo tiempo. Pero, además, la crisis económica le ha venido muy bien a los planteamientos ideológicos clasistas, reaccionarios, antiguos, para campar a sus anchas. ¿Le parece serio el parón del Gobierno al trabajo que habían realizado para este II Plan? La conducta del Gobierno en relación con el II Plan es muy poco seria, pero cohe- rente si tenemos en cuenta lo que ha hecho (mucho y mal) en materia de derechos humanos a lo largo de todos estos años. ¿Conoceremos el resultado del trabajo que han llevado a cabo? El equipo que estuvimos elaborando el II Plan Nacional de Derechos Humanos, una vez paralizado el proceso, pensamos que, no obstante, sería interesante publicar el infor- me. En un par de meses estará en la calle, publicado por la editorial Tirant lo Blanch. Allí damos cuenta de cómo la situación de los derechos se ha venido deteriorando gra- vemente en los últimos años. No nos inte- resa simplemente criticar al Gobierno por lo mal que lo está haciendo en este campo, sino ofrecer criterios para mejorar. No esta- mos en una lógica de confrontación, sino de reflexión para la acción. Fernando Rey Martínez “Se están haciendo muchas cosas en la escuela sobre DDHH, pero aisladamente” 19demarzode2015

O II Plan Nacional sobre os Dereitos Humanos

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Page 1: O II Plan Nacional sobre os Dereitos Humanos

la cara oculta de la luna

oficina de justificación de la difusión

Manuel Menor Currás

Fernando Rey Martínez (León, 1963) es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid. Sus abundan-tes publicaciones, conferencias, ponencias y programas de investigación recorren un amplio conjunto de cuestiones que rozan la actualidad. Razón esta por la que, con alguna asiduidad, puede verse su firma igualmente en medios como El País. En el mismo senti-do van algunos de sus compromisos sociales: Unicef, Secretariado Gitano, la presidencia del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por su origen Racial o Étnico o, ahora mismo, la coordinación de lo que quiso ser el II Plan Nacional de Derechos Humanos, asuntos todos que afectan al sistema educativo, espe-cialmente en su vertiente más pública. 

¿Por qué era importante un II Plan Nacio-nal de Derechos Humanos?

Es interesante por varias razones, aunque se trate de un programa voluntario auspiciado por Naciones Unidas y no todos los Estados lo asuman. Ya hemos tenido uno, de modo que habría que justificar por qué no seguir con esa dinámica. ¿Algo salió mal con el primero, por qué? El Plan es interesante porque per-mite introducir mejoras concretas en materia de derechos, evaluables y a la vista de todos. Es un compromiso público de mejorar, en un momento en el que en España, por la crisis económica y a veces también con la excusa de ella, el ejercicio de algunos derechos está por debajo de lo que nos exigen los estándares internacionales de derechos humanos.

¿Se distingue de un programa de Gobier-no?

Por supuesto. El Gobierno, apoyado en su mayoría parlamentaria, tiene un plan político para la legislatura que afecta a los derechos humanos (y por derechos humanos debe-mos incluir todos, los civiles, los políticos y

los sociales). Pero un plan nacional es pre-cisamente eso, un plan aprobado por todos, por el Gobierno, pero también por la oposi-ción y la sociedad civil: tercer sector, agentes sociales, etc. Aunque quien deba cumplirlo es el Gobierno. El Manual de Naciones Unidas explica muy bien cómo elaborar y evaluar pla-nes nacionales de derechos humanos.

¿Qué importancia tienen estos planes? La práctica demuestra que en los países

que se toman en serio esta dinámica, como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda, ha habido avances concretos, mejoras sustan-ciales en materia de derechos. Un plan esta-blece medidas concretas de mejora en zonas problemáticas, estableciendo un objetivo, un plazo e indicadores de evaluación. Además, permite tener una idea global, sistemática, de cómo se están aplicando los derechos en el país, idea de la que carecemos en España, donde nos parece que eso de los derechos humanos es solo un asunto de los países donde no se respetan. Tampoco nuestros actores políticos tienen, por lo general, ni conocimientos ni una gran sensibilidad por este asunto. Basta ver, por ejemplo, cómo el Gobierno está retrasando la elaboración del II Plan (si es que finalmente lo hay, cosa que dudo) y, sin embargo, en la oposición, salvo el PNV (y no mucho), nadie dice nada.

¿Nuestro grado de cumplimiento en mate-ria de derechos humanos, expresa una cultura cívica desarrollada?

No tenemos en nuestro país una cultu-ra cívica potente ni una cultura de derechos humanos. Entre otras cosas porque, aunque nos hemos comprometido con Naciones Unidas para tener un plan serio de educa-ción en derechos humanos, no lo tenemos ni se espera. Por otro lado, la excusa de la crisis económica ha servido para introducir una agenda muy restrictiva de derechos huma-nos, y no solo los sociales (derecho al tra-bajo, la vivienda, la educación, la protección

de la salud, los seguros sociales), sino los de libertad (derecho de manifestación, garan-tías procesales, etc.). El Gobierno actual ha mantenido una conducta permanente de antipatía hacia todos los derechos, y de falta de finura técnica e intelectual a la hora de abordar las cuestiones.

¿El sistema educativo debiera ser escru-puloso en este terreno?

El sistema educativo es clave para crear una nueva cultura de derechos, pero también de responsabilidades, es decir, para crear ciu-dadanos. Y sí se están haciendo muchas cosas interesantes en escuelas, institutos y universi-dades en este sentido, pero de modo aislado y no sistemático.

Como responsable del Consejo para la Prevención del Maltrato y la No Discrimi-nación, ¿ha podido observar, por ejemplo, si en nuestro sistema educativo se da la desigualdad?

En cuanto al derecho a la educación, la escolarización está garantizada, en términos generales, pero se ha erosionado gravemente su calidad. Algunos problemas que se detec-tan son, entre otros: el acceso a los centros en condiciones de inequidad (de modo que son los colegios e institutos públicos los que albergan a casi todos los niños con necesi-dades educativas especiales); el deterioro de las instalaciones, el cierre de escuelas en medio rural, el incremento del número de alumnos por profesor, la segregación étnica en algunas escuelas, la alta tasa de abandono temprano, la reducción drástica de becas y ayudas, el enorme y rápido incremento de las tasas universitarias… Todo esto repercute sobre el derecho a la educación, reduciendo la igualdad de oportunidades de los hijos de las familias con rentas más bajas.

En cuestión de derechos, ¿en las deficien-cias observadas, tiene más que ver “la crisis” o los planteamientos ideológicos?

La crisis económica ha provocado, según los economistas, que una minoría sea más rica, que la mayoría se empobrezca, y que las diferencias entre una y otra hayan aumenta-do desproporcionadamente. El problema no es por tanto, solo de riqueza, sino de distribu-ción de la riqueza, esto es, de igualdad. Este es el punto. Lo difícil es tener que apretarse el cinturón y bajarse los pantalones al mis-mo tiempo. Pero, además, la crisis económica le ha venido muy bien a los planteamientos ideológicos clasistas, reaccionarios, antiguos, para campar a sus anchas.

¿Le parece serio el parón del Gobierno al trabajo que habían realizado para este II Plan?

La conducta del Gobierno en relación con el II Plan es muy poco seria, pero cohe-rente si tenemos en cuenta lo que ha hecho (mucho y mal) en materia de derechos humanos a lo largo de todos estos años.

¿Conoceremos el resultado del trabajo que han llevado a cabo?

El equipo que estuvimos elaborando el II Plan Nacional de Derechos Humanos, una vez paralizado el proceso, pensamos que, no obstante, sería interesante publicar el infor-me. En un par de meses estará en la calle, publicado por la editorial Tirant lo Blanch. Allí damos cuenta de cómo la situación de los derechos se ha venido deteriorando gra-vemente en los últimos años. No nos inte-resa simplemente criticar al Gobierno por lo mal que lo está haciendo en este campo, sino ofrecer criterios para mejorar. No esta-mos en una lógica de confrontación, sino de reflexión para la acción.

Fernando rey Martínez“Se están haciendo muchas cosas en la escuela sobre DDHH, pero aisladamente”

� 19�de�marzo�de�2015