DERECHOS Y LIBERTADES EN INTERNET EN

LATINOAMÉRICAVANIA CALLACONDO ALANOCA

DERECHO INFORMÁTICO

Internet es una herramienta a la que se le atribuyen ciertos beneficios en diferentes aspectos como son, la educación, el comercio, el entretenimiento, entre otros. 

En el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo, en este aspecto se ha abierto una brecha digital con los países “menos desarrollados”, en los cuales el ingreso de Internet y las nuevas tecnologías de información es muy limitada para las personas; esta brecha ha permitido que estas limitaciones varíen.

Documento marco que gira sobre tres grandes ejes:

MARCO APC-LA RUE

2. Libertad de expresión

3. Restricciones aplicadas sobre contenidos en línea (bloqueos,  ciber-ataques, 

protección  de  la  privacidad  y  datos 

personales,  entre otros puntos).

1. Acceso a internet para diferentes grupos (grupos marginales, menores de

edad).

Para ello, es imprescindible el desarrollo de políticas públicas, legislación y, en general, regulación que refuerce el ejercicio de derechos y prevenga su

vulneración.

DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE EJERCEN USUALMENTE EN INTERNET

Privacidad Libertad de expresión Honra

Libertad de conciencia y

religión

Asociación y reunión

No discriminación

A lo largo del tiempo se han ido registrando avances en diferentes países, tales como:

• Donde se reconoce como deber del Estado garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de información y comunicación.MÉXICO

• Los derechos fundamentales respecto a Internet fueron reconocidos constitucionalmente. Resaltando el derecho a la privacidad vinculado con la protección de los datos personales, resultando plenamente aplicable a internet. 

COSTA RICA

• Reconoce constitucionalmente el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones.PARAGUAY

Apunta a generar una mayor cooperación internacional en cuestión de delitos informáticos y protección de privacidad y datos personales, sin embargo cuenta también con contenidos polémicos en materia de retención de datos.

CONVENIO DE CIBERSEGURIDAD

(CONVENIO DE BUDAPEST)

INTERCEPTACIÓN DE

COMUNICACIONES

Tomando como ejemplo a Colombia y Paraguay, donde para realizar tal intervención es requerida una autorización judicial; entonces, se podría decir, que dichos países  se encuentran alineados al cumplimientos de las garantías fundamentales.

PROTECCIÓN DE MENORES ANTE LA

PORNOGRAFÍA INFANTIL

Países como Colombia contempla la justificación del bloqueo de contenidos como una modalidad excepcional

CIBERSEGURIDADes preciso mencionar el Plan Nacional de Ciberseguridad paraguayo, el cual suma como un aspecto positivo. Tomando en cuenta que Paraguay preside el comité Interamericano contra el Terrorismo. 

RESPECTO A LAS PRINCIPALES AMENAZAS DETECTADAS:Las legislaciones tanto paraguayas como mexicanas presentan vaguedades al momento de dar definiciones legales:

tiene autoridad para “recopilar y procesar” información con el objetivo de salvaguardar

la seguridad nacional, así como para la producción de inteligencia. Sin embargo, no se mencionan ni sus actividades, ni sus atribuciones, aunque sí se señala su carácter excepcional y sujeto a autorización judicial.

PARAGUAY

COLOMBIA

Se prohíbe el envío de mensajes “en lenguaje cifrado o ininteligible” a las personas usuarias de “equipos de comunicaciones que utilizan el espectro electromagnético”. El alcance de dicha disposición no resulta claro y se desconoce la existencia de casos en los que se haya aplicado.

MÉXICO

No se han documentado controles, filtros o bloqueos de información generalizados en internet. Pero el derecho a la libertad de expresión en internet se ve amenazado por el contexto de violencia generalizada, sobre todo contra los y las periodistas.

Cada Estado debe promover iniciativas legales  para  proteger  los  derechos  de  toda  la  población  y  evitar que el propio aparato administrativo se transforme en un celador indeseado de la ciudadanía, a sus espaldas y a expensas de sus propios recursos, mientras el Poder Judicial debe ejercer un control independiente, razonable, proporcionado y transparente.