Lima, 23 de agosto del 2013

LAS RECOMENDACIONES DELA CVR, DIEZ AÑOS DESPUÉS

Pilar Arroyo R.P.Instituto Bartolomé de Las Casas

El Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) fue dado a conocer al país el 28 de agosto del 2003. Francisco Chamberlain S.J. la califica como “la más exacta presentación al país de la terrible tragedia que sufrió el Perú en los años del conflicto interno”1 Pero así como hay gente que valora el informe de la CVR, no faltan quienes lo atacan, incluso sin haberlo leído.

El Informe señala que “La existencia de la CVR, sus trabajos y su Informe Final tienen que ser mirados como una nueva y afortunada ocasión para que empiecen a cambiar asuntos fundamentales en el Perú. Precisamente, esas transformaciones son las que dan sentido a la reconciliación. Se ha de comenzar un proceso, que ciertamente ha de ser complejo y permanente, en lo personal y en lo social para cerrar las grandes brechas entre los peruanos, brechas de todo orden: sociales, económicas, culturales, raciales, de género, y que son las que expresan cómo en nuestra patria nos hemos alejado de la justicia y de la solidaridad”2.

Como parte de su mandato la CVR presentó un conjunto de recomendaciones que buscaban evitar que se repita la violencia que vivimos durante el periodo 1980-2000. Aplicar las recomendaciones de la CVR suponía aceptar el Informe. Pero no ha sido aceptado justamente por aquellos llamados a implementar las recomendaciones, los gobiernos de turno.

El gobierno de Alejandro Toledo (Perú Posible) tuvo el mérito de resistir a las presiones primero para que no diera continuidad a la iniciativa de Paniagua de nombrar una Comisión de la Verdad y luego para que el Informe no se hiciera público. Es durante su gobierno que se da el marco legal para las reparaciones (ley 28592 en 2005) y para el Registro de Víctimas (2005). También es cuando se crea la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN, 2004) para el seguimiento de las recomendaciones. Sin embargo, no resistió la presión para que no amplíe el plazo de trabajo de la CVR.

Durante el segundo gobierno del Apra (2006-2011), a pesar que el Partido Aprista había saludado el Informe, Alan García, desde el inicio de su gobierno se alineó con el sector que rechazaba la CVR, oponiéndose al lugar de la Memoria, arrastrando los pies en reparaciones y fomentando la impunidad. El abogado del IDL Carlos Rivera señala que: “entre el 2008, 2009 y 2010 las sentencias han sido predominantemente absolutorias” Tal vez debido a que “el gobierno del Presidente García Pérez desde el inicio de su mandato ha desplegado un esfuerzo político

1 ) “Los 10 años de la CVR” en http://casariccisj.blogspot.com/2 ) CVR Informe Final. Tomo IX. Cuarta Parte. Recomendaciones de la CVR hacia la Reconciliación (Lima, noviembre 2003) p.118. En adelante Tomo IX.

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permanente y particular en cuestionar –desde las más altas instancias– el proceso de judicialización de este tipo de crímenes. Como señaló el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), su “mensaje político ha tenido siempre un solo objetivo: la liquidación del proceso de justicia”3.

En el caso del Partido Nacionalista, que ya nos gobierna dos años, si bien Ollanta Humala en campaña ofreció amplio respaldo al Informe, hoy también arrastra los pies en la implementación de las recomendaciones.

Nos parece que lo que se ha podido implementar a la fecha, se debe sobre todo a la presión y/o iniciativas de la sociedad civil. Y entre estas organizaciones ocupa un lugar destacado el Movimiento Ciudadano Para Que No Se Repita (PQNSR). Como dice en su folleto de presentación el PQNSR se formó “con el objetivo de promover y fortalecer la democracia en el establecimiento y respeto de la condición ciudadana para más personas en el Perú tomando como referencia las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación”4 A continuación no pretendemos hacer un balance exhaustivo sobre el estado de las recomendaciones, pero sí queremos comentar algunas de ellas:

1.- REFORMAS INSTITUCIONALES

La CVR señala que “los grupos subversivos pudieron prosperar porque aprovecharon espacios signados por dos características: de un lado, por la postergación y el atraso, así como por altos grados de conflictividad social; y, del otro, por la relativa ausencia del Estado y de organizaciones políticas y sociales capaces de cumplir funciones de intermediación. Ante la ausencia de mecanismos institucionales de expresión y procesamiento de demandas, la subversión utilizó los conflictos sociales para ganar adhesiones e imponer un orden, aunque totalitario. Las investigaciones de la CVR muestran claramente que allí donde hubo más Estado, y un tejido político y social más denso, la subversión no logró asentarse, y los conflictos y tensiones pudieron canalizarse por medio de mecanismos institucionales” (Tomo IX p.121).

A.- Mayor presencia estatalLa CVR planteaba lograr la presencia estatal (como autoridad y proveedor

de servicios) en todo el territorio promoviendo la participación de la ciudadanía, recogiendo y respetando la organización popular, las identidades locales y la diversidad cultural. También planteaba recomendaciones conducentes a propiciar el fortalecimiento de las organizaciones políticas y sociales en todo el territorio nacional (cf. Tomo IX p.121). Aquí constituyen importantes avances el proceso de descentralización, iniciado en el Gobierno de Toledo, así como también la Ley de Consulta Previa (a pesar del estancamiento actual); pero todavía hay mucho por hacer. Como bien señala la Defensoría del Pueblo “se sigue apreciando en

3) “El estado del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú” Se puede bajar de http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=333 4 ) www.paraquenoserepita.org.pe

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muchos lugares de nuestro país que todavía no tenemos una presencia sólida del Estado”5.

B.- Relación Civil – MilitarLa CVR señaló que “Otra dimensión de los errores cometidos fue la

desconfianza de las fuerzas del orden frente a la población civil, población que en realidad era víctima de las acciones de las fuerzas subversivas y no cómplice de ellas. Esto llevó a políticas de represión indiscriminada y violatorias de los derechos humanos no sólo moralmente condenables e ilegales, pasibles de acción penal, sino también totalmente contraproducentes, ya que resultaron funcionales a la estrategia de la subversión que quería presentar al Estado peruano como ajeno a la población. Por ello, la CVR propone también recomendaciones que buscan que las fuerzas del orden cumplan con su función de proteger a la población civil respetando los derechos humanos” (Tomo IX p.131). Y proponía construir una nueva relación entre civiles y militares; y especialmente entre la población y la Fuerza Armada.

Debido a la cerrazón de los militares frente al Informe no se ha avanzado gran cosa, salvo los cursos de formación en derechos humanos en las escuelas militares. En efecto, los militares hasta hoy rechazan el Informe de la CVR, a pesar que éste reconoce la importante labor realizada tanto por las Fuerzas Armadas, como por la Policía Nacional, e incluso destaca el heroísmo mostrado por muchos de sus miembros y señala que la Nación tiene una deuda con esos valerosos soldados y policías que arriesgaron y en muchos casos ofrendaron sus vidas para librarnos del terrorismo6.

Lo que irrita a los militares es lo que el Informe afirma, en el n.55 de las Conclusiones Generales, que “en ciertos lugares y momentos del conflicto la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas no sólo involucró algunos excesos individuales de oficiales o personal de tropa, sino también prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad así como transgresiones de normas del Derecho Internacional Humanitario”.

Por otro lado, los militares en estos diez años han visto como “persecución política” el pedido de procesamiento judicial que hizo la CVR para los militares y policías que violaron derechos humanos: desaparecieron, torturaron, asesinaron y violaron a personas durante el conflicto armado interno. En lugar de tomar distancia de estos malos elementos, y colaborar con la justicia para su enjuiciamiento, han hecho espíritu de cuerpo. Lo acabamos de comprobar, una vez más, en el caso “Chavín de Huantar”, donde no entienden que nadie cuestiona a los valerosos comandos que liberaron a los rehenes, sino a los llamados

5 ) Defensoría del Pueblo. Informe Defensorial n. 162 A diez años de Verdad, Justicia y Reparación. Avances, retrocesos y desafíos de un proceso inconcluso. Se puede bajar de http://www.defensoria.gob.pe6 ) Cf. numerales 39, 50, 52 y 53 de las Conclusiones Generales donde se dice que “reconoce la esforzada y sacrificada labor que sus miembros realizaron durante los años de violencia. Asimismo, rinde su más sentido homenaje al más de un millar de valerosos miembros que perdieron la vida o quedaron discapacitados en cumplimiento de su deber” y reconoce que “el trabajo de inteligencia operativa de la DINCOTE (antes DIRCOTE) logró las impecables capturas de los principales dirigentes subversivos (…) Estas capturas constituyeron un factor fundamental para conseguir la derrota estratégica de la subversión y el terrorismo”.

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“gallinazos” que entraron después de culminado el operativo y que ejecutaron a los rendidos.

C.- La administración de justiciaOtra importante reforma propuesta tenía que ver con la administración de

Justicia, debido a que la CVR constató que el Sistema Judicial “no cumplió con su misión adecuadamente; ni para la condena dentro de la ley de las acciones de los grupos subversivos; ni para la cautela de los derechos de las personas detenidas; ni para poner coto a la impunidad con que actuaban los agentes del Estado que cometían graves violaciones de los derechos humanos”7 Por eso sus recomendaciones buscaban fortalecer su independencia y autonomía, asegurando el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y la mejora del sistema penitenciario.

Aquí se ha avanzado en independencia y autonomía (si lo comparamos con la década fujimorista), en el tema de derechos humanos; y en justicia intercultural que responda a la realidad pluriétnica y pluricultural de nuestro país, como lo demuestra, entre otros, el recientemente creado Centro de Asuntos Interculturales, Comunidades y Rondas Campesinas del Ministerio Público (CAIMP).

En cuanto a la Judicialización (para evitar la impunidad), el hito más importante fue el juicio y condena al ex Presidente Alberto Fujimori. En cuanto a los otros juicios, si bien hubo avances los primeros años de creación de la Sala Penal Nacional (SPN) el retroceso en el parecer de los jueces ha sido muy grande, determinando que solo un minúsculo porcentaje de encausados hayan sido condenados. Particular responsabilidad cabe en esto a Alan García Pérez, quien desde el inicio de su segundo mandato desplegó un esfuerzo político permanente y particular en cuestionar –desde las más altas instancias– el proceso de judicialización de este tipo de crímenes. Pero también a la negativa de las Fuerzas Armadas de proporcionar la información que les solicita el Ministerio Público y el Poder Judicial.

D.- La EducaciónLa otra reforma fundamental se planteaba en el espacio educativo, ya que

recordemos que esta fue la cantera desde donde salieron la mayoría de cuadros senderistas. La CVR dice que “El principal espacio de reclutamiento de la militancia de los grupos subversivos estuvo en la escuela y la educación superior públicas más débiles. Los grupos subversivos surgieron, lograron captar militantes y simpatizantes, y prosperaron, aprovechando las consecuencias de una escuela que socializó a jóvenes en patrones autoritarios, rígidos, de mala calidad, que no les ofrecían perspectivas de superación. Aprovechó, además, algunos espacios en la educación superior signados por la ideologización, la ausencia de valores democráticos, la negación del pluralismo y el no respeto de la diversidad y las diferencias”.

Pero reconoce que “Allí donde los grupos violentos encontraron un entorno más plural, participativo, tolerante, diverso, integrado, un pensamiento

7 ) Conclusiones Generales n. 123.

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verdaderamente crítico, que ofrecía oportunidades, tuvieron grandes dificultades para actuar. Por ello, la reforma de la educación y la promoción de valores democráticos constituyen un área fundamental de recomendaciones (…) Para que la historia no se repita, es imprescindible una profunda reforma de la educación pública, sobre todo en las zonas más pobres”(Tomo IX p.142).

Sofia Macher, señala que aquí sigue siendo prioridad “la formación democrática, con pensamiento crítico, y para ello se debe transformar la metodología que aún existe en nuestras escuelas, memorística y autoritaria”8. La Defensoría, en el documento anteriormente citado, es de la misma opinión. Nos dice que “es importante vincular el ámbito educativo con la memoria colectiva con el objeto de prevenir el surgimiento de grupos o movimientos que incorporen la violencia y el terrorismo como método, o que pretendan justificar el terror vivido en las décadas pasadas” (p.8).

Esto cobra particular urgencia hoy, cuando vemos que en diversas universidades nacionales y en el magisterio avanza la influencia política del MOVADEF, nueva cara de la facción de Sendero Luminoso que sigue las órdenes de Abimael Guzmán.

2.- PLAN INTEGRAL DE REPARACIONES (PIR)

El PIR definía la reparación como un proceso orientado “[…] a permitir a las víctimas reconstruirse como personas y colectivos, para encarar el futuro con dignidad. Todo ello a través del restablecimiento y plena vigencia de los derechos así como de las condiciones, recursos, capacidades, oportunidades y calidad de vida perdidos por efecto del proceso de violencia y sus secuelas”9. La CVR planteó diversos tipos de reparaciones, que van desde la restitución de derechos ciudadanos, el acceso a servicios básicos de educación, salud (física y mental) y vivienda; así como también reparaciones simbólicas y económicas.

Estos años se avanzó con la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN, con la ley de Reparaciones y con el Registro de Víctimas. Al 2013 hay 182,350 personas, 5,697 comunidades y 46 grupos de desplazados inscritos en este registro. También se avanzó con el otorgamiento de reparaciones económicas a comunidades (1,892) e individuos (29,392). Sin embargo, es mucho lo que queda por hacer al respecto y lamentablemente pareciera que la voluntad política de llevarlas a cabo manifestada a inicios de este gobierno (tanto en el Mensaje Presidencial de Julio del 2011, como en la presentación del entonces Premier Lerner al Congreso) se ha agotado.

En restitución de identidad es donde más se ha avanzado en estos diez años. Recordemos que la destrucción de un número considerable de oficinas de registro de estado civil durante el período de violencia política dejó a mucha gente

8 ) “Balance del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, a los 9 años de su presentación” en Tarea (setiembre 2012) p.4.9 ) Tomado de Iván Ramírez Zapata “Reparaciones a los afectados del conflicto armado interno: otra opinión pesimista” en Revista Ideele n. 231, julio 2013. Se puede bajar de http://www.revistaideele.com/ideele/content/reparaciones-los-afectados-del-conflicto-armado-interno-otra-opini%C3%B3n-pesimista

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indocumentada. Felizmente, la acción de la RENIEC [Registro Nacional de Identificación y Estado Civil] en las zonas afectadas por la violencia política ha sido sumamente eficaz, en atender esta necesidad de la población.

Espacios de memoriaLa concreción de esta importante recomendación se ha visto obstaculizada

porque, como señala el ex Comisionado Rolando Ames Cobián, “ha sido difícil que se acepte el Informe”10, sobre todo por las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación, importantes sectores del empresariado, la mayoría de partidos políticos, y un sector eclesial conservador (Opus Dei). Por ello, tampoco se ha podido plasmar en el espacio educativo una transmisión adecuada de lo que pasó, para evitar que vuelva a repetirse, aunque algo se ha hecho a nivel del curso de Historia del Perú.

Félix Reátegui e Iris Jave, en una investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mencionan que “Todavía diez años después se produce una intensa confrontación cuando se habla del Informe Final de la CVR. La sociedad, particularmente los actores políticos y sociales del conflicto que se mantienen activos y se expresan –fundamentalmente- en la escena pública, encarnan un conflicto de narrativas que polarizan e incluso trastocan la manera de intervenir en la acción política, sea desde el estado o desde diversas instancias de la sociedad civil”11

Sin embargo, en estos años se han ido creando espacios de memoria en 16

regiones: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Piura y San Martín. Ancash, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco y Puno. Estos espacios han sido fruto de iniciativas tanto del Estado como de la sociedad civil. Por otro lado, en estos años ha habido un importante aporte desde la literatura, el cine, el teatro y la academia para difundir la memoria de la violencia política vivida en las décadas del 80 y 90. Por ello, podemos afirmar que a pesar de sus detractores, diez años después, el Informe de la CVR sigue siendo un referente en la agenda nacional.

Como decía Pilar Coll “El Perú no puede olvidar lo ocurrido. Si lo olvidamos tenemos el enorme riesgo de volver a caer en lo mismo, en ese sentido, la memoria se hace imprescindible”12. Sobre todo hoy, cuando ya han pasado 21 años desde la captura del líder de Sendero y hay toda una generación que no vivió dicha tragedia.

3.- PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIONES ANTROPOLÓGICO-FORENSES (EXHUMACIONES)

Recordemos que la CVR habló en su Informe de 8,558 desaparecidos y de 4,644 sitios de entierro, ubicados en diez departamentos. Hoy, una publicación de la PUCP afirma que “el Instituto de Medicina Legal (IML) del Ministerio Público 10 ) En conferencia Desafíos a 10 años de la CVR, organizada por el Centro de Estudios Misioneros (CEM) de la Orden Columbana, el 7 de julio del 2013.11 ) Félix Reátegui, Iris Jave, “Impacto Psicosocial de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el Perú. El Silencio como expresión de opinión” en Memoria n.10, Revista del IDEHPUCP (abril del 2013) p.11.12) Entrevista de Catherine Meza publicada en la web de Servicios Educativos Rurales (SER). Se puede bajar de http://www.noticiasser.pe/25/08/2010/entrevista/lo-ideal-es-que-haya- muchos-lugares-de-memoria

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cuenta con información de 15.731 personas desaparecidas, y se tiene conocimiento de 6.462 sitios de entierro a nivel nacional. Así, en diez años, el número conocido de personas desaparecidas casi se ha duplicado; mientras que el de sitios de entierro clandestino ha crecido en 50%”13.

Estos años se ha avanzado en cerca de 500 exhumaciones (recuperándose 2,478 personas, faltando identificar al 40% de las mismas), con importantes casos como los de Putis, Cabitos, Santo Tomás de Pata y otros. Sin embargo, falta voluntad política para implementar un plan de exhumaciones a nivel nacional, con personal y recursos suficientes. Por ello el Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro García Calderón, y el representante del Concilio Nacional Evangélico recientemente han hecho una invocación al gobierno para que asuma con más firmeza este compromiso.

4.- NUESTRAS RELACIONES SOCIALES

En su informe la CVR nos dice que “de alguna manera, el PCP-SL canalizaba el odio y la frustración derivados no sólo de la discriminación social y racial, sino también de la originada en el sistema de género” 14(p.71). Y agrega que “Aunque el conflicto no tuvo un carácter étnico explícito, estuvo cargado de elementos raciales, étnicos y regionales que actuaron entrelazadamente, acentuando la violencia” (p.174).

Es por ello que la CVR señaló que “El proceso de reconciliación pasa por acabar con la discriminación”, señalando como meta general ”la edificación de un país que se reconozca positivamente como multiétnico, pluricultural y multilingüe. Tal reconocimiento es la base para la superación de las prácticas de discriminación que subyacen a las múltiples discordias de nuestra historia republicana” (p.384), agregando que “En aras de la reconciliación nacional, resulta indispensable impulsar la creación de una identidad colectiva de todos los peruanos respetuosa de las diferencias culturales y librada efectivamente de cualquier rezago de discriminación étnica y racial. Esta es una de las lecciones profundas dejadas por la violencia” (p.174).

Muchos ciudadanos y colectivos respondieron a este desafío durante estos diez años y han desplegado una serie de iniciativas para sensibilizar a la opinión pública sobre las múltiples discriminaciones que atraviesan nuestras relaciones sociales, y deterioran nuestros lazos como Nación; así como también para hacer avanzar un ordenamiento legal (a nivel local, regional y nacional) que desaliente y sancione todo tipo de prácticas discriminatorias. Y que fomenten políticas de reconocimiento de nuestra diversidad cultural. En ese sentido es también merece destacarse como avance el hecho de que los gobiernos regionales de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Apurímac, así como varias municipalidades, han emitido

13 ) Félix Reátegui (coordinador) Rafael Barrantes, Jesús Peña Desaparición Forzada y Derecho de las Víctimas. La respuesta humanitaria a las demandas de verdad, justicia y reparación en el Perú (Lima, Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP-Konrad Adenauer, diciembre 2012)p.38

14 ) Todas las citas de esta sección son tomadas de Informe Final, Tomo VIII, Segunda Parte. Los factores que hicieron posible la violencia (Lima, CVR, 2003). La página de la cita está incluida en el texto para ahorrar las notas a pie de página.

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normas donde se obliga a los funcionarios a manejar el quechua u otro idioma nativo.

En el actual gobierno, desde los Ministerios de Cultura y Educación también se ha asumido este compromiso. El abogado Wilfredo Ardito, buen conocedor del tema, nos dice que “Nunca en la historia del Perú, el racismo había sido enfrentado desde una instancia gubernamental, como viene haciendo el Ministerio de Cultura a través del programa Alerta contra el Racismo (…) El Ministerio de Educación ha distribuido millones de materiales en quechua, asháninka, shipibo, aymara y awajún, así como guías para que los niños conozcan la problemática afroperuana. Decenas de Institutos Pedagógicos Bilingües, que debieron cerrar durante el gobierno de García han reabierto”15.

Como dice la CVR, antes del Informe "Debido al racismo y la subestimación como ciudadanos de aquellas personas de origen indígena, rural y pobre, la muerte de miles de quechua hablantes fue inadvertida en la opinión pública nacional". Ames señalaba, en la exposición mencionada líneas arriba, que el “desprecio al campesinado hizo que muriera mucha gente y no nos enteráramos”. Esto ha cambiado para bien, habiendo hoy una mayor sensibilidad frente al sufrimiento del otro distinto. Recordemos, por ejemplo, en el 2009 la reacción nacional frente al llamado “Baguazo”. Como lo registró una encuesta de Ipsos – Apoyo, en esa ocasión el 92% de la población mostró su solidaridad con la población indígena amazónica, agredida por el gobierno aprista.

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Falta un largo trecho por recorrer para que el diagnóstico de la CVR sea asimilado por el conjunto de la sociedad peruana , para que sea plenamente vigente esta visión del Perú que nos presentó la CVR: “El Perú es una comunidad política que conquistará la paz y la reconciliación cuando conquiste un mínimo de igualdad entre sus miembros, cuando la solidaridad haya triunfado sobre la pobreza y haya ganado a la discriminación y a la indiferencia, cuando la justicia y la ley impidan la arbitrariedad y la corrupción y hagan posible la reparación de los daños producidos, y cuando sus ciudadanos(as) ejerzan la democracia con la más plena libertad y asuman sus compromisos. Entonces y solo entonces, se podrá hablar con verdad del Perú como un país que se ha reconciliado consigo mismo” 16.

En la conferencia mencionada líneas arriba, Rolando Ames señalaba que diez años después un desafío lo constituye el luchar por la justicia sin pasar por la violencia, así como también “seguir hablando del tema para que no se repita”. Además destacaba como motivo de esperanza el que en estos años se haya avanzado en una mayor conciencia de derechos y en que “estamos aprendiendo a respetarnos” entre los diversos integrantes de nuestro país.

15 ) “El Presidente Errático” en Reflexiones Peruanas 469 (julio 2013).16 ) Informe Final, Tomo IX p.113.

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