ARTIGAS: TIERRA Y REVOLUCION

2° Edi ci ón

1° Edi ci ón 1967

Arca Editorial S.R.L. Colonia,- 1263, MontevideoQueda hecho el depósito me marca la ley Impreso en Uruguay - Printed in Uruguay

ARTIGAS: TIERRA Y REVOLUCION

Nelson de la Torre Julio C. Rodríguez

bolsilibros ARCA 13

AL LECTOR

El lector tiene ante sus ojos una recopilación de artículos sobre temas históricos publicados en la revista "Estudios" (1964), en "Marcha" y en "El Popular" (1965). Por su carácter tendieron a presentar de modo accesible y sintético, lo que en su momento constituía el "estado actual" de nuestras investigaciones sobre los puntos en-carados. ,

Pese al ajuste realizado en la articulación de los tres trabajos, el lector apreciará ciertas reiteraciones, que sabrá obviar en atención a su variada publicación original. De más está decir que ya en su nacimiento los artículos fueron aliviados de todo aparato documental y referencial. Modalidad que esta recopilación conserva porque se mantienen las mismas motivaciones que en su momento nos hicieron ,presentar un texto que deseaba ser accesible y ameno, y dirigido ya no a especialistas sino al conjunto de las amplias masas populares, legíti-mas herederas y propietarias del legado artiguista.

LOS AUTORES

DESARROLLO DE LA REVOLUCION DE INDEPENDENCIA (1810-20)

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Advertencia

Una histor ia metafísica (" mitr ista" y " revisionista" ) persiste aún en confundir los verdaderos términos en que se desarrolló la revolución. La comprensión idea-lista y antidialéctica del desarrollo histórico hace buscar en entelequias abstractas la causalidad final de los pro-cesos: la "libertad" y la "civilización", en unos, la "na-ción", lo "telúrico", en otros considerados como elemen-tos no históricos (es decir sin nacimiento y desarrollo), absolutos, eternos e invariantes.

Unos y otros hablan de unitarios y federales como verdades intangibles, eternamente válidas e iguales a sí mismas y no pueden comprender que ambos puedan ser alternativamente revolucionarios y contrarrevolucio-narios, nacionales y antinacionales, que los unos se trans-formen en los otros, en sus contrarios. Como decía Marx de Proudhon, en la historia ven la lucha entre lo `bue-no" y lo "malo" en vez de deslumbrarse ante la dia-léctica.

De este modo no pueden comprendes, que una cla-se, desarrollada y agotada la contradicción que la llevó al primer papel del desarrollo histórico, se transforme en su contraria y personalice la contrarrevolución. Los unos eternizan el carácter contrarrevolucionario de las clases coloniales, los otros retrotraen el carácter revolu-cionario de una clase de la época independiente a ins-tancias históricas en que no la poseía. Para los unos, a

la clase que nos dio la revolución en 1810, todo le está permitido en 1820; para los otros a la clase "que todo le fue permitido en 1820" no se le debió permitir la revo-lución de 1810.. Para los unos la conquista de la sobe-ranía de 1810 permite su 'enajenación en 1816, para los otros, ya que la nación había de ser enajenada en 1816, más valía no haberla adquirido en 1810.• ' En segundo lugar, como intentaremos demostrar-

lo en cada caso, la orientación histórica ha determinado y unilateralizado la investigación concreta. Por nues-tra propia experiencia en la investigación de la histo-ria uruguaya, podemos afirmar que sin el estudio exhaustivo del proceso de propiedad de la tierra, del, capital comercial y en especial del capital usurario y bolsista, no es posible comprender el entonces aparen-temente caótico suceder de la historia y del poder polí-tico. En la historia rioplatense -hablamos de lo que nos es más cercano- se está muy lejos de ese dominio de las fuentes, de ese agotar las historias provinciales y locales, de ese estudio monográfico de los procesos económicos, que permiten a cierta altura, como ya su-cede en otros países, realizar una historia científica.

En resumen, la orientación idealista y ,no dialéc-tica y la escasa disponibilidad de monografías y estu-dios eficientes no nos permiten -y menos desde aquí, desde el Uruguay -hablar. con la seguridad con que podemos hacerlo sobre nuestra historia nacional. De ahí que en todo lo que en las páginas siguientes diga-mos, esté implícita la cautela en los juicios, la formula-ción hipotética e instrumental de buena parte de nues-tras caracterizaciones. El investigador está obligado a lo largo de su tarea a no detenerse ante las carencias y las perplejidades, sino por el contrario, a elevar las hipótesis como puentes entre cotas conocidas. Por su-puesto esta `ingeniería de campaña", debe ser en el curso de la investigación misma sustituida rápidamente

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por la consagración de la práctica, o desbaratada por nuevas y más valederas hipótesis. Es el esfuerzo que debemos cumplir todos. 'Creemos que el nuestro, en lo que tiene que ver con la profundización de la historia de la independencia puede -por ahora- centrarse en el esclarecimiento de la revolución oriental y en pár-ticular de su máximo exponente: José Artigas.

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La contradicción fundamental luego de Mayo

En los preámbulos de la revolución nos encontra-mos con una contradicción fundamental; a la cual se subordinan todas las demás. Esta contradicción, recor-demos, oponía el aparato burocrático colonial y comer-ciantes monopolistas, a los hacendados criollos y comer-ciantes no monopolistas. Estas últimas, son, pues, las clases que encabezan la revolución, quienes la inician, y tras de las cuales concurren las otras clases popula-res revolucionarias.

Por ser dicha contradicción la fundamental, es por definición la más general, la que abraza el campo más restringido de reivindicaciones; en torno a ella se logró la unanimidad de las clases revolucionarias. Pero, por lo mismo, el desenlace dialéctico de dicha contradicción suponía, por un lado, el fin de la revolución como tarea para aquellas clases que la consideraban cómo contra-dicción única y "propia"; por otro lado, el surgimiento a primér plano de otras contradicciones, subordinadas anteriormente, o nacidas en la nueva etapa, y por lo tanto, el pasaje de las clases impulsoras de dicha con-tradicción a la categoría de clase revolucionaria por excelencia.

En su primera hora, con la junta de Mayo, el cálido fuego del "vida o muerte" de la revolución, obligó a que en esos momentos, la revolución conociera su hora

jacobina, dura, firme, abstracta y concretamente revo-lucionaria. Nadie mejor que Moreno, -más que repre-sentante de una clase, carne misma de la revolución general-, es el ideólogo de esa etapa. La desaparición de Moreno coincide con la viabilidad de la revolución, y al mismo tiempo coincide con la desaparición de la revolución-como-tarea-general de toda la sociedad para pasar a ser la revolución-como-tarea-especial de las cla-ses que en el poder, lograran subsumirla en sus programas particulares.

La Revolución de Mayo, no es, no podía ser, el des-enlace automático de la contradicción fundamental, y por lo tanto no liquidó inmediatamente el carácter diri-gente de la burguesía comercial y hacendados porteños en la revolución. Estas clases consideraban que su tarea era la liquidación del poder español en América, y esta tarea significaba ganar, por lo menos, las provincias inte-riores del, resto del Virreinato. Para los comerciantes porteños, en lo esencial, este programa coincidía con la conquista de lo que consideraban, expresa o tácitamen-te, su viejo mercado interno virreinal: Banda Oriental, Paraguay, provincias arribeñas y Alto Perú. El distinto éxito de este programa osciló de acuerdo con las distin-tas contradicciones internas que en su desarrollo pasa-ron, por su vigor, a sobreponerse a la tarea considerada originalmente como fundamental.

E1 empuje revolucionario porteño se agotó apenas llegó a los límites del viejo mercado interior que le legó la matriz colonial. Cuando la burguesía comercial por-teña alcanzó esta frontera, cuando embretó el programa liberador original en los estrechos marcos de sus inte-reses de clase, en busca de su restringido mercado inte-rior, quedó clausurada su etapa revolucionaria.

La finalización de un planteo revolucionario no es la quietud revolucionaria. Su comprensión diléctica supo-ne entender que lo revolucionario de la clase muere o

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pasa a segundo plano cuando lo contrarrevolucionario que ya ha nacido, que ya ha crecido, irrumpe a primer plano, luego de haber luchado y triunfado con lo. revo-lucionario. De esto se desprende que el abandono de la tarea revolucionaria de liberación americana se procesó poco a poco. A1 mismo tiempo que se mantenía la ban-dera, se arriaba. La tragedia de Pueyrredón coadyuvan-do con San Martín en la organización del ejército de los Andes y en la liberación de Chile, y entregando la Banda Oriental al dominio portugués; derribando la po-drida corona española en Perú y trayendo de contraban-do los cetros de palo de príncipes segundones europeos, es la tragedia de la burguesía comercial porteña, pre-ñada de contradicciones, a la cual se revela que en los hechos. el viejo mundo del virreinato de Cevallos es todo lo que apetece, y en la cual han nacido apetencias mono-polistas y lazos de usura que a la vez que la pierden como clase revolucionaria, la descomponen, la escinden, la provincializan y en fin la transforman en la contra-rrevolución.

Origen y desarrollo de las contradicciones internas

El programa económico de las clases directoras de la revolución consistía en lo exterior, en el desarrollo de los vínculos con el mercado mundial; para este progra-ma contaron, como es sabido, con todo el poderoso apo-yo del comercio inglés; en lo interior, conservar y exten-der los vínculos económicos con las provincias, el mono-polio porteño de intermediación entre el mercado mun-dial y el mercado americano. Este programa, para triun-far debía hacerlo primeramente con la guerra. Siendo ésta la condición previa del programa, pasó a ser él esla-bón fundamental de todo el proceso.

Pero este programa porteño ya no era el programa general de todas las fuerzas revolucionarias. En él esta-ban implícitos distintos puntos de fricción, que fueron

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tomando cuerpo en el desarrollo de la guerra revolucio-naria: Estas contradicciones internas, a la postre, varia-rían de raíz la correlación de fuerzas y el carácter mismo de la revolución.

El comercio libre sin limitaciones no podía menos que lesionar profundamente como ya lo había hecho en los postreros días de la época colonial, las economías artesanales y semimanufactureras de las provincias del interior, economías surgidas precisamente al calor del monopolio mercantilista español.

La formación del mercado único de las Provincias del Plata, chocaba a su vez con las resistencias de un mundo económico todavía colonial; las economías regio nales, las rentas municipales, los intereses locales, esta-ban-erigídos sobre un complicado, oneroso, y feudal sis-tema de trabas fiscales de caráctpr provincial, Estas tra-bas fiscales estaban dirigidas, parte, a defender estas mismas economías del aluvión manufacturero extranjero, parte a la creación de economías provinciales contra-puestas, y parte pura y simplemente a extorsionar el tráfico y la producción de mercancías regionales.

Por último, el afán porteño de entender la revolu-ción antimonopolista y anti-intermediaria, como una sus-titución del papel parasitario español por el porteño, el afán de someter a toda la economía platense al puerto "preciso" de Buenos Aires, lesionaba profundamente los intereses de todo el litoral revolucionario: Banda Orien-tal, Entre Ríos, Corrientes, Paraguay y Santa Fe.

Estos tres esenciales capítulos de oposición entre la revolución "a lo porteño" y la revolución, "al modo pro-vinciano", constaban de contradicciones- donde la "ra-zón" revolucionaria se posaba alternativamente en Bue-nos Aires y en las provincias. Es bastante claro que el afán monopolista porteño era una profunda traba al des-arrollo de las fuerzas productivas internas, y también

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lo es que las persistencias provinciales en el manteni-miento de las trabas al comercio interior eran la muertede la economia nacional y hasta de la nacion misma. Pero es bastante más complicado apreciar en su conjun-to la importantísima cuestión del comercio libre en sus relaciones con las economías provinciales. Y no como cuestión de principio, que para un marxista es un tema ya resuelto sino como política practica entendidas en su singularidad histórica, y apreciada e V acá con-creta de la revolución. Este es un teína onde más se padece la muy insuficiente investigación realizada, y don-de la no especialización de los autores más vacila. Pero nos arriesgamos a esbozar la hipótesis que el detenido estudio de la bibliografía (parcial, "enragé' y a veces superficial) nos sugiere.

El costo de la revolución y de la soberanía

Hemos dicho que la guerra revolucionaria era el eslabón fundamental de todo el programa de las clases directoras de la revolución. La debilidad de -la economía americana, su insuficiente superioridad de fuerzas sobre el poder español, determinaría una grave coyuntura al proceso futuro ,de la revolución: la de una larga y one-rosa guerra.

La guerra, -y su puño armado: el ejército- era una empresa costosa. La burguesía comercial porteña estaba dispuesta a pagar el precio aún no. conocido de la ex-pulsión del poder español y de la conquista de su mer-cado interior. La donación patriótica de las primeras horas, fue la oda lírica y no repetida que los comercian-tes porteños ofrendaron a la revolución de independen-cia. Pero si bien las listas de donaciones patrióticas per-mitían llenar alguna página de "La Gaceta", de ningún modo. podían montar un ejército victorioso. Felizmente, Buenos Aires, cabeza de la revolución, recibió de la

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cuna colonial, una fuente de recursos fácil y accesible: las rentas de aduana, que el comercio libre elevó a altu-ras millonarias hasta entonces desconocidas.

El comercio libre -rentas de aduana- equipamien-to del ejército revolucionario, de hermosa ecuación im-pulsora de la revolución pasó en su decurso a transfor-marse en el anillo de hierro en que se ahogaría la eco-nomía interior. Parece no caber ninguna duda, que sien-do el principal objetivo la derrota del poder español, todo lo que coadyuvase a financiar su tarea era revolu-cionario. En. esas horas, importaba mucho menos lo que pudiese acontecer a las endebles estructuras interiores de las provincias de "arriba". Incluso en estas provincias, el calor revolucionario habría de permitir los primeros sacrificios hasta tanto... Este "...hasta tanto..." no debía ser peligrosamente postergado.

Para la revolución, era vital solventar la aparición de estas primeras contradicciones internas, en bien del camino unido de las fuerzas revolucionarias. A nuestro entender varias cosas determinaron que las primeras, contradicciones, pasaran a transformarse en contradic-ciones antagónicas y exasperadas.

- El régimen fiscal del joven estado revolucionario no era un régimen caprichoso, era el correlato imposi-tivo de la economía mercantil poco desarrollada en todo el mundo colonial heredado. La aparición de un régi-men fiscal moderno, apoyado en variada gama de fuen-tes impositivas, sería un fruto muy tardío en el Río de la Plata, y no llega por supuesto, hasta la definitiva con-solidación de la propiedad burguesa de la tierra y de la aparición y desarrollo del capital industrial. Esta impo-sibilidad de la economía nacional de proveerse de rentas no basadas en las aduaneras, habría de transformarse en la base objetiva del desarrollo futuro de las contradic-ciones entre Buenos Aires y el interior.

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En segundo lugar, la renta aduanera se transformó poco a poco de propiedad de la nación, en propiedad de una provincia, pero lo que es peor, en la propiedad de una clase, en el "objeto" propio de existencia de una clase surgida luego de la revolución: la clase de los gran-des usureros y acreedores del Éstado, proveedores del ejército y del gobierno. Desde entonces, y este "desde entonces" quiere decir "muy temprano", la revolución en Buenos Aires iría languideciendo y de programa so-lemne de los comerciantes porteños, pasó a caracterizar la sórdida carrera de grupos aventureros estrechamente enlazados a facciones de usureros y especuladores de la tierra pública.

Financiar la revolución era en un principio la tarea general de toda la clase comerciante; poco a poco, fue la tarea especial de un sector de comerciantes y al final fue la tarea general de una clase distinta: la clase de usureros y acreedores. Esta clase existía en tanto hubie-ra un Estado pobre, dispendioso, necesitado, que trans-formara la demanda de dinero en una corriente conti-nua, sostenida, pero a la vez un Estado suficientemente rico que pagara no menos continua y sostenidamente. La renta de aduana, y poco a poco. inexorablemente, la política aduanera, la orientacción del comercio interior y exterior, pasó a ser la propiedad y el derecho de la clase prestamista. La conquista de un poderoso merca-do interior, si bien siguió siendo la política de los co-merciantes porteños, fue cada vez menos hasta no serlo ya más, el programa de la clase usurera y especuladora; para ésta todo su mercado interior se encerraba en la Tesorería revolucionaria, en la administración de adua-nas y en las órdenes de compra del Ministerio de guerra.

La clase bolsista y usurera, al nacer no solo escin-díó a la clase comercial porteña, sino que desde su ori-gen nació despedazada en facciones especuladoras vinculadas a una u otra etapa de poder. En algún lado

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hemos explicado ya, que el capital usurario solo prospera en el poder, y que está unido a éste como el niño a la placenta. En segundo lugar, el desarrollo del capital es-peculativo transforma en "papel'- de bolsa todos los bienes posibles. La tierra, los sueldos impagos, las "re-formas militares", (premio retiro de los soldados de la independencia), pasan a importar tanto como las letras de aduana y de tesorería, los créditos de abastecimien-tos, el billete, para el objeto de especulación. Por otra parte, el desarrollo de la economía monetaria a ló largo y a lo ancho del ex-mundo colonial, transformó a los monopolizadores del dinero, en la única y onerosa fuente del mismo para las otrora clases vinculadas a la economía natural y de trueque.

Cuando el dominio y la influencia de este capital usurario contagia a toda la sociedad y a la estructura económica, muere todo espíritu revolucionario. De más está decir que solo una cuidadosa investigación, paso a paso, de los vínculos entre el poder político y los usu-reros de la hora, permitiría comprender esa rabiosa pe-lea de algunas etapas del gobierno porteño. Nuestra ex-periencia en la investigación de la historia del Uruguay independiente nos autoriza a esperar iguales y sorpren-dentes resultados.

Sin embargo, esta clase de usureros había aceitado la máquina revolucionaria, había provisto de vestuarios, armas, provisiones a las sucesivas oleadas armadas de la revolución que anegaron el viejo y podrido mundo colonial. Sería tonto ofrecer ahora, desde el todovidente atalaya de la crítica histórica,. mejores soluciones a aque-llas generaciones revolucionarias. Pero sería no menos tonto y peligroso no saber ver que precisamente dicho carácter revolucionario del capital prestamista no podía menos que devenir en su contrario, en el sepulturero de la revolución. Aquella generación de los Larrea, Lezica, Sarratea, etc., que en distintas oportunidades y repre-

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sentando a distintos grupos financiadores de los ejérci-tos de la independencia, cotejaban sus créditos y los éxitos de la revolución, podían decir en cierto modo que la Revolución, la independencia, la soberanía, la nación misma les debía todo, o por lo menos mucho. Su "pecu-liar" criterio del costo de la revolución los obligaría a solicitar los vencimientos correspondientes. La nación debía pagar, si no podía pagar debía hipotecarse y si aún así no lograba conservar "el honor de su crédito", el más alto honor a que pueden aspirar los Estados de acuerdo con el cartabón prestamista, debía ser ejecu-tada lisa y llanamente. Cuando se llega a tal situación, la clase prestamista se transforma en la. curadora del Estado, en el "síndico del concurso", es decir, se trans-forma en el Estado mismo: las rentas de la nación, la nación misma cambia de dueño.

Fracaso del programa unitario porteño

Había algo en que todas las capas del capital co-mercial y del capital usurario estaban de acuerdo. Bue-nos Aires debía ser el puerto único de entrada y salida de toda la cuenca económica; las rentas de aduana de-bían ser dirigidas por un gobierno centralizado someti-do a sus intereses, y en su defecho por un gobierno pro-vincial. El gobierno nacional "áporteñado", programa aparentemente unitario, fue progresivamente abandona-do por estas clases, por lo costoso de su mantenimiento pacífico y ordenado. En estas clases surgió entonces la otra dirección de una misma defensa de intereses: el gobierno provincial, que a la par que aseguraba el puer-to "preciso" echaba siete llaves sobre la renta amorti-zante de la deuda nacional, la bella criatura nacida con la soberanía. En torno a esta bandera triunfó una parte de la clase especuladora en alianza con los grandes mo-

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nopolistas del llamado "trust" de hacendados y salade-ristas porteños. A esta clase, consecuente con todo su pasado de "Buenos Aires first", los revisionistas de dere-cha y de "izquierda", abusando de nuestra credulidad y de nuestra paciencia, pretenden llamarla federal y or-ganizadora de la nación, y heredera del programa arti-guista, cuando fue su principal enemigo y su antítesis programática.

Si, como suponemos, la dialéctica de la revolución siguió estos derroteros, podría quedar clara la impoten-cia de la dirección revolucionaria porteña de mitigar y disolver la contradicción que separaba sus intereses de los de las provincias en torno a la política aduanera, el comercio exterior y el mercado interior. No solo la gue-rra y la destrucción material, no solo la desorganiza-ción nacional, le impidieron reorganizar las finanzas na-cionales, sino que por el contrario, estas mismas razo-nes, le impusieron el esclerosamiento del sistema impo-sitivo y la transformación de la renta aduanera en el bien más preciado de sus ahora clases dirigentes especu-ladoras y usureras.

Este camino a la vez provocó el fracaso del otro programa porteño revolucionario: el de la creación de un mercado nacional único. Libradas a sus solas fuer-zas, las economías provinciales y sus élases dirigentes, solo atinaron a programas contingentes de defensa regio-nal de sus producciones y de creación de rentas propias, necesarias más que nunca para la financiación de sus propias fuerzas armadas y aparato administrativo. El re-sultado fue trágico: siendo la economía provincial mu-cho más atrasada que la porteña, dicho programa con-tingente se eternizó en barreras tarifarias contrarias al desarrollo del comercio interno y a la producción espe-cializada por regiones. Como es sabido, en este. plano inclinado, las provincias multiplicaron su autonomía fi-nanciera parcelándose hasta la minucia, oponiéndose

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unas a otras y achicando cada vez más el ámbito de la producción y el de la soberanía. La pérdida de la nación no era el nacimiento de varias naciones, era el fraccio-namiento comarcal de economías cerradas repitiéndose siempre a sí mismas. .

El programa "unitario" porteño, pues, había demos-trado no serlo y había sido empujado a la disolución de la nación. De Buenos Aires y de las provincias na-cían y se conjugaban las fuerzas disgregadoras del mer-cado nacional y de la organización de la nación. Pero; sin embargo, la historia permitió esbozar otro camino; desgraciadamente trunco. Este camino estaba vinculado a la contradicción que separaba a Buenos Aires de las provincias del litoral y en especial de la Banda Oriental.

Caracteres revolucionarios del Litoral Federal

Un autor (Míron Burgin) ha dicho que la Revo-luéión, para las provincias interiores arribeñas había llegado demasiado lejos (comercio libre, invasión de mercaderías extranjeras, ruina de la economía provincial) en tanto que para las provincias del litoral se había detenido demasiado cerca (mantenimiento de ras tra-bas al comercio directo con el mercado mundial). Esto no es verdad, o mejor dicho, atiende solo a una parte de la verdad, a la vez que plantea una oposición meta-física entre dos políticas posibles. Yace en esta afirma-ción una muy transitada y no por ello menos falsa dis yuntiva de la que ya hemos hablado: la que opone el comercio libre con el proteccionismo de la producción nacional americana.

Debemos decir, en primer lugar, que ambas direc-ciones de la política porteña (con todos los matices que ya hemos analizado) obedecían no a una contradictoria política, sino a una muy consecuente limitación de cla-se de los comerciantes porteños: una dirección corres-

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pondía a sus intereses como clase importadora, la otra, a sus deseos monopolistas de transformarse en la única clase importadora y exportadora; ambas constituían un freno de las fuerzas productivas de la nación, y no podían menos que ser combatidas por las clases provin-ciales lesionadas. Del modo y carácter de esta oposición, podrá decirse en cada caso que obtuvo una respuesta feudal y reaccionaria o burguesa y moderna. Veremos esto más adelante.

En segundo lugar, como ya lo hemos dicho, se tra-ta de enderezar una clara dilucidación de las verdade-ras contradicciones que se elevaban en torno al proble-ma del comercio exterior. El comercio libre, dijimos, solo significa vinculación directa con el mercado mun-dial, sin trabas monopolistas e intermediarias: ésta fue una poderosísima victoria y conquista de la revolución; sobre ella no se podía volver atrás, salvo retrotrayendo la revolución al status colonial. No está de más recordar que aun en una llamada "izquierda nacional" se ha coque-teado con la idea. Comercio libre o comercio colonial: he ahí una contradicción ya resuelta. En el desarrollo de la revolución nos encontramos con otra cosa, éon otra con-tradicción: libre importación versus proteccionismo adua-nero.

Habíamos dicho que en las primeras horas de la revolución, este problema sólo se podía plantear de un modo. Si .realmente las condiciones objetivas no per-mitían financiar la revolución de otro modo que con las rentas aduaneras y si realmente no había otro modo de elevarlas que atrayendo al comercio inglés con todas las facilidades posibles, solo cabría una respuesta: libre importación para llevar adelante y salvar la revolución, para triunfar. La lógica formal no tiene nada que ha-cer en la historia.

Se puede estudiar, y por tanto, discutir aun, cuán-do y cómo debió comenzarse a proceder de otro modo.

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Independiente de dichos límites temporales no cabe du-da que en una segunda etapa la revolución exigió en su desarrollo el fortalecimiento de las clases producto-ras del interior provincial. Pero no cabe menos duda, que al mismo tiempo que la revolución.lo planteó las clases porteñas fueron incapaces de hacerlo y por el contrario recorrían el camino opuesto debido al surgi-miento de nuevos 'intereses de clase, desconocidos en las primeras horas.

Los programas posibles para aquellos tiempos no son por supuesto, todos aquellos que nuestra "libre" imaginación o "férrea" lógica nos sugieran. En historia, los programas políticos son "posibles" si existe una o más clases vinculadas en sus intereses a su aplicación, si sus vínculos con la producción no están en contra-dicción con las fuerzas productivas y por lo tanto si su correlación de fuerzas permite su realización. En Buenos Aires ya no había clase capaz de tomar la ban-dera del proteccionismo. Estas clases existían en las pro-vincias. Lo que la investigación histórica no permite contestar hasta el fin, es su grado de viabilidad. Son o muy escasas o inexistentes las investigaciones desti-nadas a mostrar el carácter de las economías artesana-les y semimanufactureras provinciales, la técnica en uso, su cuantía, las relaciones de producción en ellas, implí-citas, y el, grado de producción natural o mercantil en que se distribuían. Si se nos permite una hipótesis, de-bemos por ahora suponer que aquellas provincias no estaban en condiciones de acompañar sus intereses con la sólida pólvora de un modo de producción viable y adelantado.

El litoral platense, por el contrario, levantaba su oposición a Buenos Aires, a caballo de fuerzas econó-micas objetivas poderosas y enlazadas al futuro desa-rrollo del mercado mundial. Allí la explotación ganade-ra atendiendo a un mercado mundial en ascenso, pugna-

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ha por romper lo que la revolución aún no había des-truido: el papel monopolista e intermediario del capital porteño. En este programa coincidían las provincias de la cuenca de los ríos Paraná y Uruguay. Para los co-merciantes, hacendados y plantadores de esta zona, de lo que se trataba era de la libertad de los ríos, de la libre apertura de puertos y de la vinculación irrestricta con el mercado mundial. Contaban para ello con la vál-vula portuaria de la Banda Oriental.

Habíamos visto cómo en el conjunto crecimiento de las contradicciones internas, en la sucesíva devaluación del carácter revolucionario porteño y en el ininterrum-pido progresar de sus elementos contrarrevolucionarios, se hacían comprensibles las vacilaciones, los balbuceos, los arrebatos patrióticos alternados con las bajezas anti-nacionales de la otrora clase revolucionaria ,porteña.

Poco a poco, para aquella burguesía porteña, fue más importante el monopolio del comercio que la liber-tad de la Banda Oriental, más acuciante el pago de la cuantiosa deuda que detener el empuje español en Sal-ta, más glorioso especular con la deuda flotante que expulsar a los Borbones de Lima. El abandono del pro-grama liberador se manifestó de este modo, intermiten-temente: hoy aquí, para volver sobre sus pasos, mañana allá para variar subsiguientemente. Pero con el paso del tiempo, cada retroceso era mayor, y cada avance más limitado. Para entonces las viejas contradicciones subor-dinadas que oponían las provincias al capital comercial porteño, y en especial, a su carácter monopolista e in-termediario, tomaron un enorme vigor y pasaron tumul-tuosamente a primer plano.

La vieja dictadura jacobina de Mayo; unitaria en tanto se llevaba por delante revolucionaria y prepotente las resistencias provinciales, caldo de cultivo de la reac-ción colonial, se transformó dilécticamente en su contra-ria: en la dictadura directorial representativa del gran

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capital comercial, del gran capital usurario expoliador y "propietario" de las rentas nacionales, del capital inter-mediario que renacía ahora con el feo rostro gaditano de "puerto único y preciso" para todo el movimiento co-mercial de la nación.

Del mismo modo, lo que antes de la revolución fue indiferente a ella y a veces sostén de empecinamiento colonial, lo que antes de la irreversibilidad de la inde-pendencia constituia un peligro de restauración contra-rrevolucionaria, en el marco de las nuevas condiciones del país independiente pasó a adquirir poco a poco ca-rácter revolucionario. Tal fue el proceso cumplido por ciertas capas de las economías provinciales, en particu-lar del litoral.

Para entonces, el conjunto de oposiciones antipor-teñas, surgidas por las más diversas razones, se fundió en el federalismo, frente interprovincial y policlasista, pero en su conjunto antimonopolista, y ante todo, lo que era ya novedoso, se transformó en el frente revoluciona-rio por excelencia.

La protección del trabajo nacional, el desarrollo de las fuerzas productivas mediante el asentamiento de las masas gauchas en el acceso libre a la tierra, el desarrollo del comercio interior libre de trabas provinciales, tales fueron las banderas económicas del frente federalista en-cabezado por la Banda Oriental y dirigido por Artigas. Defensa de la soberanía nacional, lucha sin cuartel con-tra el dominio extranjero, democracia política, forma re-publicana de gobierno, proclamación irrestricta de la in-dependencia nacional: tales sus arrogantes bases de la estructura nacional.

Sin perjuicio de volver sobre este tema en otra oca-sión, debemos analizar someramente el carácter del fren-te federal.

La Banda Oriental dirigida por una alianza revolu-cionaria de pequeños y medianos hacendados y masas

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pobres del campo, negros e indios, era la cabeza radical de este frente. Pero no solo el radicalismo del programa artiguista garantizaba la mejor conducción del frente fe-deral. Corría también a favor de su posición dirigente, la situación geográfica, económica, y estratégica de la Banda Oriental: ella era la llave de la cuenca del Plata, la puerta de salida de la producción del litoral .federal; su sola existencia era la negación lisa y llana del capital monopolista e intermediario porteño.

Buenos Aires, es decir, su gran capital comercial y usurario, sólo podía cumplir su programa de monopoli-zar el comercio interior y exterior, de acrecer las rentas de aduana, y por lo tanto de transformarla en la fuente inextinguible de la especulación y de la usura, siempre y cuando todo el comercio extranjero penetrara al país por sus balizas, y toda la producción interior cayera del Paraná a sus almacenes. Los hechos, es decir la política federal férreamente dirigida por Artigas, demostraban un tenebroso futuro: los puertos libres de la Banda Orien-tal arrastrarían a sus muelles toda la producción interior. la libre navegación de los ríos permitiría el libre desen-volvimiento del comercio interior prescindiendo de Bue-nos Aires, las barreras tarifarias federales hacia el exte-rior -y en ese "exterior" estaba Buenos Aires- impedi-rían la indiscriminada importación extranjera. Languide-cería por lo tanto el comercio importador y exportador porteño reducido al mercado provincial de Buenos Ai-res, finalizarían los negocios monopolistas de bajar los precios de los productos exportables del litoral; y como negra consecuencia, la ruina de las rentas de aduana y del capital usurario que pasaría a la-simple quiebra, re-pleto de papeles aguados.

En las Provincias Unidas del Río de la Plata no ca-bían Buenos Aires y la Banda Oriental. El gran capital intermediario y usurario porteño decidió mutilar la joven

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nación soberana y expulsar a la Banda Oriental de su se-no. Pueyrredón y Manuel J. Garcia la ofrecieron a Por-tugal.

El frente federal por su parte- consistía en una hete-rogénea mezcla de provincias vinculadas en distinta for-ma al desarrollo de las fuerzas productivas y a las formas adelantadas de producción: sin extendernos demasiado recordaremos la muy conocida diferencia entre una Cór-doba preocupada particularmente por su posición inter-médiaria del comercio interior, dirigida por las clases propietarias y comerciantes, pasando por las provincias del litoral donde los grandes estancieros eran los que marcaban la política y finalizando en la Banda Oriental, donde la revolución agraria artiguista despedazaba los grandes latifundios y los repartía entre las masas patrio-tas pobres. Estaba claro que la potencia revolucionaria del federalismo estaba vinculada a un, camino dado de, la revolución: al de su dirección por la Banda Oriental y a un resultado dado: el del triunfo y aplastamiento del foco contrarrevolucionario porteño, con la Banda Orien-tal a la cabeza.

Si no se triunfaba sobre Buenos Aires, en. forma ab-soluta y terminante, la vía previsible sería el frácciona-lismo provincial, que alentaría las tendencias atrasadas y feudales que tenían un amplio lugar en el frente fede-ral; si no se triunfaba con la Banda Oriental a la cabe-za, el tono radical y revolucionario, democrático y mo-derno del federalismo fracasaría y se convertiría en su contrario.

La nefasta política directoria) porteña produjo el doble resultado de entregar la Banda Oriental al domi-nio portugués y el de sumir a la Argentina en la vía de su peor desarrollo. En medio de la iniquidad de este programa, no se puede menos que seííalar la inteligen-cia de la estrategia porteña. Una Banda Oriental "cispla-tina" no solo liquidaba los obstáculos al monopolio por.

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teño, sino que debilitaba la sólida base jacobina de la revolución federal. Las provincias del litoral e interiores sin la dirección revolucionaria de la provincia radical antilatifundista transformaron la batalla de Cepeda (don-de grandes estancieros orientales como los hermanos Ori-be, Bauzá, Pagola, ete., lucharon contra las fuerzas arti-guistas) y la entrada en Buenos Aires, de aquello que pudo ser, el camino revolucionario del federalismo de-mocrático nacional y unificador, en su contrario, disgre-gador de la nación, antidemocrático y no menos distra-ído y olvidado de la revolución liberadora contra el enemigo español.

En ese año de 1820, murió el carácter revoluciona-rio del federalismo y se cerró el ciclo de la revolución de mayo. En ese año pudieron llamarse "federalismo" los intereses coincidentes contrarrevolucionarios de las "soberanías" provinciales, que eran la muerte de la na-ción, de aquella "patria grande" que soñaron Moreno y Artigas. El triunfo "federal" se limitó a repetir la "con-trarrevolución" unitaria porteña: "¡Nada de nación! ¡Basta de revolución)".

Mitristas y revísionistas aplauden en esencia el fra-caso de la Revolución de Mayo.

La Revolución Oriental ante la Revolución de Mayo. Producida la Revolución de Mayo en Buenos Aires la Banda Oriental a cuyas autoridades y Cabildos se pi-diera reconocimiento, debió pronunciarse al respecto.

En Montevideo, residencia de los grandes comer-ciantes, saladeristas y estancieros, y Apostadero de la Marina de Guerra del Sur del Continente, luego de un forcejeo de las fuerzas criollas, la definición iba a ser finalmente contraria al reconocimiento, convirtiéndose esta ciudad en el foco de resistencia españolista en el Plata hasta 1814.

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Gravitó en tal evento en lo fundamental la conjun-ción de dos factores: por un lado la existencia de una fuerza militar poderosa, s:n arraigo en la Colonia y cuyo destino dependía de la Madre Patria; por otro, la mayor coherencia del grupo españolista integrado por los gran-des comerciantes, que pese ,a matices, se mostraron rea-cios a aceptar al nuevo gobierno bonaerense. Este grupo integrado por los Magariños, Batlle y Carreó, Salvañach, Vilardebó, Gestal, Illa, San Vicente, Chopitea, Berro y Errazquin, Camusso, Sáenz de la Maza, Agell, de las Carreras, Gallego, Ferrer, etc., sin perjuicio de practi-car las consignaciones de extranjeros y el tráfico de es-clavos, tenía en lo esencial su interés vinculado a Es-paña, (en 1809 en que se reinicia el comercio con Es-paña se exportaron hacia ella 534.949 cueros, cantidad muy baja si se tiene en cuenta que prácticamente en 1803 no se habían exportado, pero que volvía a anudar intereses). Entre ellos se encontraban los que en 1806• al decir de Vilardebó habían enviado memorial al Rey solicitando el cese de comercio con neutrales, y que con-tenía Veinte y dos firmas... porque como se hablaba con claridad quizá no hubiera gustado a algunos su lec-tura y por eso nos contentamos con que lo supieran pocos.

Se encontraban asimismo conocidos contrabandistas como Berro y Errasquin por ejemplo.

Pese a cierta posible diferenciación, el comercio montevideano se había pronunciado reiteradamente con-tra el comercio con neutrales. Tal lo que se desprende de los siguientes documentos: nota ya expresada en 1806; diversas representaciones del mismo año al Virrey y al Cabildo; oficio del Cabildo a Cisneros inmediatamente de su llegada a puerto (1809); opinión expresada en ocasión de la solicitud de la fragata inglesa Ethelred para desembarcar su carga; oficio rebatiendo la Repre-sentación de los hacendados, en la que luego de fusti-

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garse el comercio con los ingleses se limita a pedir me-didas que garanticen el comercio con La Habana; inter-vención de Salvañach en la junta de Comercio celebra-da en Montevideo el 23 de marzo de 1910, en la cual, luego de denunciar la competencia extranjera, reclama "la mrís exacta observancia de nuestras leyes°.

Verdad es que a medida que el comercio libre se desarrolló sobre todo luego del decreto de Cisneros de 6 de noviembre de 1809, la resistencia se centró sobre todo en exigir el estricto cumplimiento de sus cláusulas y especialmente en reclamar para los grandes importa-dores el monopolio de las consignaciones y la expulsión de los comerciantes extranjeros. Tal lo planteado por la Junta de Comerciantes reunida en 1811.

El gran comerciante iba siendo desplazado bien por la negociación directa de los extranjeros, bien utili zando los servicios de españoles venidos de los puertos ingleses o bien de minoristas. En esta ocasión se regla-mentó el decreto antedicho, para asegurar a éstos la in-termediación en Montevideo.

Este grupo de grandes comerciantes, que domina dentro del gremio. independientemente de los matices existentes entre ellos, se reunió firmemente en torno a las autoridades españolas.

Factor decisivo en sus actitudes fue de manera principalísima la tradicional rivalidad con Buenos Aires, en la cual Montevideo contó, en general, con la protec-ción de las autoridades peninsulares, tanto más efectiva luego que la Misión Herrera-Pérez Balbás había obte-nido la satisfacción de algunas de sus más caras aspi-raciones. Plegarse a la junta de Mayo podía significar en alguna medida quedar en manos de los grupos co-merciales bonaerenses, ver liquidado el papel interme-diario del comercio montevideano no solo en relación a Buenos Aires sino inclusive a los territorios del Pací-fico si la unidad política del imperio español se fractu-

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raba. Todo esto coayuvaba a la decisión de Montevideo de no adherir al movimiento revolucionario iniciado en Buenos Aires. Producida ya la ruptura, la lucha de puer-tos durante el año 10 se agudizará aún más, especial-mente en virtud de las disposiciones de la junta de Ma-yo que obligaban a pagar impuestos en Buenos Aires ,a las mercaderías descargadas en Montevideo y al bloqueo que las autoridades montevideanas impusieron a la ex-capital del Virreinato.

Aparte de la oposición de intereses que enfrentaba al comercio interior con los importadores y exportado-res, por lo menos una parte de aquél se siente lesionado por la concurrencia de comerciantes extranjeros que no sólo venden al por mayor, sino que también procuran vender al menudeo, como lo expresa una representación de los almaceneros de Montevideo .dirigida al Goberna-dor suscrita el 3 de octubre de 1808.

Otro sector perjudicado por el comercio libre fue el de los artesanos, lo que objetivamente tendía a Com-prometerlos en el mantenimiento del régimen español. En efecto, en 1823, recordando las consecuencias del comercio con los ingleses, dirán los artesanos que al re-tirarse aquellos de esta plaza llevaban espuelas, lazos. ponchos y aun bolas para modelos, pues bien pronto vino que-la fábrica de nuestros exquisitos ponchos ba-landranes estuvo en grande riesgo de arruinarse por la concurrencia de los ingleses en buques norteamericanos que aunque muy inferiores en la tela, eran decolores más vistosos y sobre todo de un valor medio al de los del país.

En la posición de los saladeristas pesaban distintos intereses. Mientras por un lado la necesidad de mantener el mercado cubano para el tasajo de la Banda Oriental los hacía proclives a plegarse al sostenimiento del colo-niaje español, por otro lado, una imperiosa necesidad de exportar en cualesquiera barcos -españoles o de la

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bandera que fuese- les impelía a liberarse del monopolio de los navieros peninsulares o avecindados en Montevi-deo -generalmente grandes comerciantes-. Estos con-trapuestos intereses pesan de manera distinta en las su-cesivas etapas de la evolución de la situación político-militar, y cuando el dominio de la campaña por las fuer-zas patriotas deviene un fenómeno irreversible, junto al hecho dé la existencia de los establecimientos saladeri-les en extramuros y a que su materia prima sólo podía venir del interior, este grupo se impulsará cada vez más hacia un acomodamiento a las nuevas condiciones, agre-gando un nuevo factor explosivo dentro de las murallas de la ciudad sitiada. La contradicción entre sáladeristas y navieros adquiere particular virulencia en 1812.. No hay que olvidar, de paso. que en general los saladeris-tas no se concretaban exclusivamente a esa sola función económica, sino que muchas veces reunían otras activi-dades con sus intereses respectivos.

Dentro de este grupo, entonces, se dan actitudes variadas que van desde la cerrada posición españolista de Mateo Magariños y Miguel Antonio Vilardebó, pa-sando por la dudosa situación de Antonio Pereira y Juan José Durán, hasta la franca adhesión a la Revolución por parte de Ramón de Cáceres y Pedro Casavalle, por ejemplo.

Dentro de Montevideo residía también el grueso de los grandes estancieros y latifundistas. Una parte de ellos se mantuvo fiel,a la Regencia, pese a que en su conjunto la clase de los hacendados formó filas en la Re-volución. Más adelante se verá esto con más detalle.

Los sectores trabajadores de la población no influ-yeron de manera decisiva en el pronunciamiento de Mon-tevideo. A1 presentar características diferentes a las de las clases modernas, divididos entre libres y esclavos, el atraso de las formas de producción y la falta de homo-geneidad les impidieron formar una masa cohesionada, y

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su distinta condición jurídica obstaba a que todos los trabajadores tuvieran una conciencia independiente co-mo grupo social. ,

Los trabajadores libres de los saladeros, al decir de Bauzá, se incorporaron a la Revolución.

Los esclavos y los negros libres -que constituían sin duda buena parte de los trabajadores libres-, en 1803 -en que según el Cabildo los negrós formaban la mayo-ría de la población montevideana-, fuertemente conmo-vidos por las ideas de la Revolución Francesa, trasmitidas por los tripulantes de esa nacionalidad, demostraron una enorme rebeldía que llegó hasta cierta concepción utó-pica que intentó llevar a cabo un grupo de ellos al pla-near la huida hacia los montes del Río Negro para formar un república de hombres libres, movimiento que fue cruentamente reprimido. A1 estallar la Revolución de 1811, los que eran propiedad de los patriotas se incor-poraron bajo las órdenes de éstos al movimiento, y los que pertenecian a los españolistas en gran cantidad fu-garon de sus amos para incorporarse a los ejércitos in-, surrectos, obteniendo por este medio su libertad.

A esta ubicación de los individuos en relación a las clases que integraban, se superpone la influencia del sen-timiento nacional y de los elementos políticos e ideoló-gicos, ya mencionados en general. El sentimiento nacional desempeñó un gran papel en una ciudad con gran pobla-ción de reciente asentamiento, y en que la mayoría de los habitantes blancos eran españoles. Recíprocamente, el sentimiento criollo anti-español trabajaba hacia la for-mación en Montevideo de un foco de resistencia a las autoridades. El jefe del Apostadero Naval, Salazar, ex-presaba en diciembre de 1810: El odio de los Criollos amantes de la independencia contra el Europeo es inde-cible, ha¡ muchos hijos que viviendo en la misma casa con sus Padres españoles, no les ven ni les hablan y les

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dicen frecuentemente q.e darían la vida por .sacarse la sangre española que circula en sus venas.

Existió un grupo que según el historiador Pivel De-voto osciló entre adherir a la junta de Mayo o formar una junta propia.

Agustín Berazza individualiza este foco de resisten-cia, por otra parte muy heterogéneo y vacilante, con un grupo- de letrados, sacerdotes, militares y comerciantes, tan notorio como Nicolás de Herrera, Lucas Obes, Pedro Feliciano Sáenz de Cavia, Francisco Juanicó, Manuel Ar-gerich, Antonio Arraga, Juan Trápani, Antonio Pereira, Mateo Vidal, Martín Lasala, Gregorio y Jerónimo Pío Vianqui, José Revuelta, Bruno Méndez, Luis Balbín de Vallejo, Bernardo Bonavía, Prudencio Murguiondo, Dr. Manuel Pérez Castellano, Juan José Ortiz y los miembros de la Orden de San Francisco. Este grupo fue débil y finalmente sofocado, y algunos de sus integrantes man-tuvieron una posición equivoca en los años posteriores.

De todos modos, la situación en Montevideo no estu-vo determinada por el libre juego de las fuerzas internas, sino que la intervención de la marina española, sofocando el intento insurreccional de Murguiondo y Vallejo en julio de 1810, influyó decisivamente para que Montevi-deo permaneciera bajo el poder español hasta 1814.

El levantamiento de la campaña

La Revolución Oriental se inicia en febrero de 1811 en la campaña: el proceso cumplido comprendía el aca-tamiento a la Junta de Mayo al comienzo de su gestión y su posterior desconocimiento por los pueblos del interior, conocida que fue la resistencia de Montevideo a acatar su autoridad. Maldonado, a quien la junta concediera la habilitación del puerto y con rivalidades hacia Monte-video del tipo de las que enfrentaban a ésta con Buenos

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Aires, fue quien resistió más la autoridad de Montevi-deo, que ésta extendió a todos los territorios de la Banda Oriental.

Durante el resto de 1810 y a comienzos de 1811 se gestó -merced a la acción de los sectores revoluciona-rios ya con anterioridad existentes y a la acción de la' Junta, prevista por el Plan de Operaciones atribuido a Moreno-, la insurrección que estallaría en febrero.

Entre los hacendados de la campaña y los comer-ciantes locales. a los que se adjuntaron los curas de pueblo, las peonadas, gauchos y poco después indios charrúas, existían condiciones. mucho más favorables, para la revolución.

Indudablemente los hacendados habían roto con las autoridades españolas: las contradicciones en torno al problema del mercado -suscribieron la "Representación de los Hacendados =; la incapacidad de las autoridades españolas para resolver los problemas de la campaña du-rante más de veinte años y la posterior adopción de dis-posiciones que hacían recaer sobre éstos la financiación de todo el plan de "arreglo", que hábilmente explotada 'por los grandes hacendados determinara el "pronuncia-miento" de 1805 y las posteriores medidas compulsivas de Sobremonte; la incapacidad de las autoridades para asegurar siquiera la seguridad de la frontera y la tran-quilidad de la campaña luego de 1807, eran-razones de importancia esencial para esto. Los conflictos de intereses enfrentaban en su conjunto a la clase de los hacendados con los grandes comerciantes monopolistas montevidea-nos reguladores de la comercialización. de los frutos y efectos, que desde Montevideo apoyaban a la regencia.

Los comerciantes de los pueblos y los propios hacen-dados -en especial los grandes- eran quienes monopo-lizaban el tráfico interior: Era rara la gran estancia que no tuviese una pulpería donde se compraba o cambiaba

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por productos los cueros a los pequeños hacendados de los alrededores y a los gauchos.

También en esta calidad enfrentaban económica-mente al monopolio español y a los grandes comerciantes de Montevideo.

Los hacendados en su conjunto tenían, pues, una disposición contraria a las autoridades españolas. No constituyendo los hacendados una clase homogénea, su actitud contraria al régimen español variaba según las distintas capas y su relación jurídica con la tierra. Los grandes estancieros, por ejemplo, resistían las tibias dis-posiciones oficiales en favor de algunos pueblos (como San José y Santa Lucía) que lesionaban los intereses dé latifundistas como los Durán De la Cuadra y Mitre, o las medidas tomadas en favor de poseedores sin título. A la vez, el Reglamento de 1805 (que obligaba a pagar la tierra y limitaba la extensión de las estancias) levantaba la resistencia de los grandes poseedores, quienes arrastra-ban en esa actitud a los medianos y pequeños ocupantes, que tampoco querían pagar la tierra.

Todos estos sectores, por otra parte, estaban descon-formes por la lentitud de las autoridades en la "limpieza de ocupantes" de sus campos.

Pero a la vez había grandes masas de ocupantes de tierras que se enfrentaban con la crueldad de una legis-lación que no les garantizaba el acceso a la tierra y que los dejaba en plazo más o menos cercano, a merced del propietario o poseedor más poderoso que podía obtener un mandato judicial para desalojarlos, cuando no lograba hacerlo, por sus propias fuerzas.

Situación similar existía entre los agricultores, con dificultades para comercializar sus frutos y en manos de los usureros, y para colmo de males asfixiados en las cer-canías de los pueblos rodeados por el latifundio, o poi el arrendamiento pago al gran estanciero.

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En cuanto a los sectores más desamparados de la población: peones, gauchos, indios, negros; etc., la revo-lución significaba para ellos la lucha contra la injusticia, contra la opresión, que seguramente identificaban con el régimen existente, sin que, por su propio atraso y mise-ria, estuvieran en condiciones de formular un programa propio v mucho menos gravitar en la orientación o con-ducción del movimiento. Estos sectores que participaron tras sus 'amos -como en el caso de esclavos de españo-les- y que constituyeron el grueso de las fuerzas revo-lucionarias, no dirigieron la revolución, pero murieron por ella. ,

Cabe señalar la importancia fundamental que en la gestación del movimiento correspondió a los estancieros bonaerenses, poseedores de grandes extensiones en el Li-toral. Los Azcuénaga (Soriano), Belgrano (ligado a los Espinosa de Soriano y Dargain en el actual Salto), Milá de la Roca (español que actúa en favor del gobierno bonaerense con tierras en Paysandú); Isidro Barrera (Paysandú); Manuel del Cerro (Paysandú); Martín Ro-driguez (actual Artigas) y Diaz Vélez (Paysandú); Mar-tínez de Haedo (Río Negro); Arroyo y Pinedo (Colo-nia); Alagón, Correa Morales, Camacho y Larravide (Colonia); etc. Para ellos era esencial incorporar la Banda Oriental a la revolución.

En cambio un importante sector de latifundistas y grandes y medianos estancieros, en razón de su vincu-lación a las autoridades españolas, al comercio mono-polista, o en virtud de su nacionalidad, se opusieron a la revolución. Entre ellos baste señalar por vía de ejem-plo a los Viana Acucarro, Salvañach, Juan de Almagro, Mateo Magariños, J. X. Echenique, Benito Chain, Pe-dro Manuel Carcía, Félix .Sáenz, los Albín, Villalba, Juan de Arce, Juan A. Bustillos, Bernabé Algorta, Juan Carcía de Zúñiga -aunque su hijo Tomás se incorpo-ró en 1811-.

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Se encuentran en el núcleo inicial de la revolución de 1811 pequeños hacendados como Baltasar Ojeda, Blas Basualdo e Hilario Pintos (que recibieron tierras de manos de Artigas en los repartos de 1808); Francisco Antonio Bustamante, Mariano Chávez, Pedro, Pablo y Santiago Cadea, Paulino Pimienta y los hermanos y pri-mos de Artigas, así como Lavalleja (hijo de un peque-ño hacendado y comerciante de Minas); Félix y Fruc-tuoso Rivera (el primero era reclamante de tierras en la fundación del Carmen, y ambos eran hijos del hacen-dado rico Pedro Perafán de la Rivera, aunque sus tie-rras aumentaron con la acción política de Fructuoso); Lucas y Bartolomé Quinteros (hijo de un medianero de los Durán de la Cuadra); Baltasar y Marcos Vargas (ocupantes de tierras de Porongos y en conflicto el pri-mero, junto con Félix Rivera, por las tierras del Car-men); hijos de hacendados ricos como Faustino Texera y hacendados relativamente importantes como Tomás Paredes, los del Cerro (participantes en la conspiración de Casablanca de fines de 1810), Otorgués y Laguna (hacendados acomodados en el norte del Río Negro), los Suárez (don Bernardo, gran estanciero en Cerro Lar-go; y joaquín, estanciero acomodado en Canelones); hi-jos de grandes hacendados como Gabriel Antonio Pe-reira y Tomás García de Zúñiga, y poderosos estancie-ros como Pedro Celestino Bauzá.

Bajo la dirección del grupo de pequeños y medios propietarios y poseedores, con un sector de grandes es-tancieros y con la participación de los agricultores de los pueblos y ciudades, junto con los comerciantes de los pueblos y ciudades y seguido por las grandes masas de peones, gauchos, indios y negros escapados a los españoles -una vez iniciada la insurrección- que for-maron el grueso de las fuerzas revolucionarias, se for-jaron los ejércitos de 1811.

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Las disposiciones del gobierno montevideano

Ha tenido singular éxito en nuestra historiografía la tesis del historiador Pivel Devoto que atribuye papel decisivo en el pronunciamiento de la campaña a las sucesivas decisiones de Joaquín de Soria -agostó 24 de 1810-, y de Gaspar de Vigodet, -20 de octubre- que establecían el pago perentorio por parte de los posee-dores de los campos que carecían de títulos. A estas dis-posiciones se agregaron donativos de toda índole, más o menos voluntarios, sumamente pesados y muy resis-tidos.

Creyendo que la resistencia al coloniaje tiene ade-más raíces más profundas, emanadas de la aguda sítua-ción que padecían los pobladores de la campaña, que la metrópolis era incapaz de solucionar y teniendo en cuenta el hecho ya expresado de serla clase de los'ha-cendados la portadora esencial de los reclamos del libre comercio en la Banda Oriental, entendemos que su gra-vitación es indudable.

Hay que tener presente la resistencia que al pago de las tierras se opusiera en 1805, -cuando Sobremon-te intentó aplicar su reglamento -por importantes sec-tores de latifundistas, grandes, medianos y pequeños ha-cendados.

El problema era ahora aún más agudo, puesto que al aplicarse la disposición fueron nuevamente tasadas todas las tierras sobre las que no existía título de pro-piedad. Salvo un núcleo relativamente pequeño: pobla-dores de Montevideo y algún que otro adquirente que perfeccionara su título, todos"los hacendados restantes; que constituían la mayoría absoluta, debían pagar por sus tierras, incluso los que las obtuvieron por concesión de Pérez del Puerto (Maldonado, parte de Minas y Ro-cha), de Agustín de la Rosa y demás comandantes de Cerro Largo, por concesiones del Cabildo de Santo Do-

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mingo, de Viana„de los comandantes de Belén y de Ar-tigas.

A esto se agregaba la arbitrariedad con que la dis-posición fue aplicada. A estar a lo expresado por Ramón de Cáceres (hijo) en 1831 al explicar la carencia de tí-tulos de su propiedad en el Clara: Esto seiba a practicar en el año 1811, tiempo en que la zona de los españoles sehabía desplegado contra los americanos que aspira-ban ala Independencia y libertad desu país. Mi finado Padre estaba en este número; y procurando hostilizarlo por todos los medios, sobreponiéndose a la tasación le-gal, que se había practicado, y... subieron los regula-dores a la cantidad de mil pesos que mi padre resistió justamente pagar...". ,

Se habría aplicado la disposición con criterio polí-tico, perjudicando esencialmente a los conocidos par-tidarios de la revolución.

La verdad es que algunos partidarios de Montevi-deo como Rafael Maldonado, que intentaba hacerse due-ño de las tierras entre el Don Esteban y Flores, que reiteradamente había sido rechazado en este intento por las autoridades, obtiene ahora el derecho -a mensurar dichos campos. Esta resolución debió atemorizar a quie-nes no contaban con la protección de las autoridades en esa zona tan poblada entonces.

Igual caso se presenta con los vecinos del partido de Garzón a quienes desde tiempo atrás intentaba desa-lojar Juan de Uriarte, gran latifundista que ocupaba prácticamente todo cl norte del actual departamento de Rocha y en favor del cual fallarán las autoridades mon-tevideanas.

Un caso más resonante es el que se provoca por la autorización otorgada por las autoridades de Montevi-deo a Feliciano Correa para mensurar los campos donde se estaba levantando el pueblo del Carmen entre Molles

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y Tala en el actual Durazno y entre cuyos vecinos figu-ran tan importantes participantes de la Revolución como Félix Rivera, Pedro Amigó, luan Pablo Laguna, etc.

No obstante hay también que tener presente que entre quienes compusieron en esta oportunidad (descon-tamos el desagrado con que lo hubieran efectuado) fi-guran el propio Artigas, Faustino Tejera, Paulino Pimien-ta, etc.

A1 tomar una medida desde antes antipopular, al aumentar la inquietud de los sectores menos privilegia-dos de los ocupantes, al aplicarse con criterio político y al resultar una carga sensible para los hacendados se

la contribuyó seguramente a decidir el levantamiento z de .campaña.

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LA REVOLUCIONEN LA BANDA ORIENTAL

BREVE RESEÑA DEL CI CLO ARTI GUI STA1.

Describiendo el comienzo de la revolución, en el conocido oficio del 7 de diciembre de 1811 a la junta del Paraguay, recordaba Artigas la "admirable alarma°: no eran los paisanos sueltos, ni aquellos que debían su existencia a su jornal o sueldo, los solos que se movían; vecinos establecidos, poseedores de buena suerte y de todas las comodidades que ofrece este suelo, eran los que se convertían repentinamente en soldados,~los que abandonaban sus intereses...

Estos "vecinos establecidos" estaban integrados por el grueso de los pequeños y medios hacendados crio-llos y un núcleo de grandes hacendados orientales y,por-teños. A esta composición de las clases dirigentes, se agrega la de quienes constituyeron el grueso del ejérci-to patriota: peones, gauchos, áegros esclavos bajo la di-rección de sus amos, negros libres y aquellos que pasa-ban a serlo por haber fugado de su amo español y por último grupos cada vez más considerables de indios sal-vajes.

En seguida del triunfo de Las Piedras, un fuerte nú-cleo de comerciantes, saladeristas, estancieros y letrados criollos y españoles, al ser expulsados por Elío de Mon-tevideo, se incorpora a la revolución.

La primera fractura de este agrupamiento se pro-duce cuando en Octubre de 1811, Buenos Aires concier-ta con Elío el armisticio por el cual quedaba en poder

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de los españoles el territorio de la Banda Oriental a cam-bio del levantamiento del bloqueo de Buenos Aires. Creóse así la primera secesión entre las fuerzas orienta-les y el poder porteño, junto al cual permanecieron, naturalmente, los hacendados residentes en Buenos Ai-res o vinculados a su giro (particularmente en el litoral) y un núcleo de orientales que marchó con Rondeau a Buenos Aires. Artigas, convertido en jefe no solo mili-tar sino político, representa en estas horas los intereses generales de la población patriota de la Banda Oriental. Se produce entonces el éxodo en el cual marcha una parte importante de la población patriota. No obstante; un sector de aquellos que habían acompañado a la. re-volución permanece en la Banda Oriental. Entre ellos Tomás Carcía de Zúñiga, Manuel Martínez de Haedo (que debió abandonar sus posesiones por la ulterior per-secución portuguesa), Juan María Pérez, etc., permane-cen bajo la ocupación española.

Durante el éxodo se agudizan los conflictos en-tre Artigas y el gobierno de Buenos Aires representado fundamentalmente por Sarratea. Este logra escindir las fuerzas artiguistas y atraerse a importantes jefes arti-guistas como los hermanos Santiago y Ventura Vázquez, los Vargas, Valdenegro,. Pintos Carneiro, etc.

En esta época, en la que se producen las vincula-ciones de Artigas con el litoral y el Paraguay, Artigas logra la adhesión de los guaraníes que constituirán en el futuro un baluarte de la revolución.

A su vez durante el período de dominio del gobier-no de Montevideo sobre toda la Banda Oriental se pro-ducirá una agudización de los conflictos entre los hacen-dados y saladeristas por un lado y los propietarios de barcos por el otro, (conflictos relatados en diversas ac-tas de juntas de comerciantes y navieros y de saladeris-tas y hacendados) y qué seguramente influirá para que

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algunos de estos últimos que permanecieron en Monte-video durante el primer sitio, se incorporen durante el segundo a las fuerzas patriotas. El ejemplo más conoci-do al respecto es el de Juan José Durán, una de las po-tencias económicas de la época.

El grupo de grandes y medianos hacendados, de comerciantes y letrados que participan en el segundo sitio de Montevideo, adoptará una actitud conciliadora en los conflictos entre Artigas y el gobierno de Buenos Aires. En lo fundamental este grupo será quien propor-cionará los dirigentes de las primeras formas autónomas de gobierno de la provincia. Sus nombres los encontra-mos en las actas del Congreso de Abril, integrando el Gobierno Económico de Canelones y también en el Con-greso de Capilla Maciel. Si bien estaban interesados en la obtención de la autonomía ante Buenos Aires, lo esta-ban igualmente en conseguir la rápida derrota del go-bierno español y en impedir toda guerra entre las fuer-zas artiguistas y las de Buenos Aires. El levantamiento de la Banda Oriental de 1811, el primer sitio de Monte-video y la subsiguiente invasión portuguesa habían cas= tigado enormemente sus intereses. En algunos casos por el mantenimiento de los ejércitos, en otros casos por el arreo sistemático de ganados de los portugueses hacia Río Grande.

La fuerza más adicta a Artigas estaba en el ejército, en la mayoría de la oficialidad y sobre todo en la masa de los soldados patriotas. La oficialidad artiguista en lo fundamental había surgido de los pequeños y medios hacendados y la masa del ejército la constituían las peo-nadas, los gauchos, indios y negros libres.

Luego de la retirada de Artigas del sitio (enero de 1814), aquel grupo conciliador permanecerá en buena parte ligado a las fuerzas de Buenos Aires. Es para ace-lerar y consolidar este deslinde de fuerzas, que luego de la batalla de Marmarajá, Alvear decreta la confiscación

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de las propiedades de todos los que apoyen a Artigas. El dominio porteño sobre la plaza de Montevideo

de los últimos meses del año 14 y principio del 15, se tradujo en una política confiscatoria sobre los españoles, con muchos de los cuales estaban vinculados los secto-res más poderosos de los patriotas; el férreo dominio. fiel grupo alvearista que limitó la autonomía de los orien-tales, sin duda llevó a una parte de este sector a aceptar con relativo buen grado el advenimiento del poder arti-guista.

Cuando en 1815 se establece el poder artiguista so-bre toda la Banda Oriental, Montevideo, donde radi-caban los núcleos dé comerciantes, grandes hacendados, letrados, etc., constituía un sector heterogéneo en el que convivían los españolistas que no habían emigrado, los que. habían colaborado con el gobierno porteño y algu-nos más decididos partidarios del artiguismo.

Este año conoce la relativa desaparición de las di-ferencias con el gobierno de Buenos Aires, y al mismo tiempo el de la reaparición del peligro español expre-sada en la anunciada expedición al Río de la Plata. Se presenta como un año de paz, de ahí que la preócupa-ción de las fuerzas patriotas esté dirigida en un doble plano. Ante la pavorosa situación de destrucción de las fuerzas económicas, se buscará reorganizar y alentar el comercio v la producción ganadera. Asimismo Artigas intentará fortalecer el agrupamiento de las fuerzas polí-ticas de la Provincia, lo que se expresa -fundamentálmen-te en la creación del Cabildo Gobernador y en las atri-buciones que se le conceden.

Esta tendencia a reorganizar la vida económica y política de la provincia se despliega en un cuadro de grandes contradicciones entre Artigas y el Cabildo, en torno a la política de Artigas_ en relación a los enemigos de la revolución, que determinan numerosas páginas de correspondencia de tono severo y basta amenazante. E1

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conflicto también se plantea con un grupo de integran-tes de la junta de Vigilancia y del Tribunal de Propie-dades Extrañas, seguramente en razón de que éstos uti-lizan las confiscaciones a los enemigos como medio de acrecer su fortuna personal.

El Reglamento de 10 de setiembre sobre todo a me-dida que se va procesando su aplicación va a provocar resistencias de parte de estas fuerzas. Tal lo que expre-sarán Larrañaga y Guerra de la actitud-del Cabildo.

Paralelamente a los rozamientos con estos sectores se afianzan las relaciones de Artigas con las capas más humildes de la población, que constituyen el núcleo esen-cial de sus fuerzas. El artículo 6° del Reglamento expre-sa la preocupación de Artigas por esas capas sociales: procura incorporarlos a la producción y a la vida civili-zada. Esto marca una notable diferencia con otros cau-dillos que integraron sus huestes con estos sectores, pero que de ninguna manera intentaron fijarlos a la tierra transformando su condición. Artigas recogía de esta ma-nera la tradición reformista más avanzada, que iba desde Sagasti a Azara, pero recogía además su propia experien-cia del papel que estos sectores podían jugar en el pro-ceso revolucionario.

Además del artículo 6° está la peculiar preocupa-ción de Artigas por las masas indígenas, magníficamente estudiada por el profesor Petit Muñoz. Su preocupación por los charrúas, por los indios guaycurúes y abipones que da lugar a la notable correspondencia con el- Go-bernador de Corrientes en la que recuerda que los indios tienen el principal derecho, su intento de colonizar la zona del Uruguay con estos indios chaqueños, buscan-do de esta manera el aumento de la población, q.e es el principio de todos los bienes, las disposiciones adopta-das en relación a los guaraníes, que constituyeron una fuerza esencial de sus ejércitos, para que formaran sus propios gobiernos y considerando a sus diputados en pie

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de igualdad con los de las demás provincias, conforman toda una política revolucionaria que por cierto no iba a ser practicada luego de obtenida la independencia en ningún lugar de América. Basta recordar la triste expe-riencia de la colonia Bella Unión, el exterminio de los charrúas y la venta posterior de los sobrevivientes bajo el gobierno de Rivera.

La invasión portuguesa, la guerra que se prolonga hasta el año 220 y la agudización de los conflictos con Buenos Aires contribuirán a acentuar la polarización en la Banda Oriental.

Las dificultades del comercio montevideano, produ-cidas a raíz de la prohibición de Artigas de traficar con los portugueses y Buenos Aíres, el creciente contenido popular del movimiento artiguista y las dificultades que aparejaba la guerra con Portugal decidieron a un sector del Cabildo. a recibir bajo palio a Lecor y a solicitar de éste la represión de quienes resistían la conquista. Lecor supo atraer a su alrededor, facilitando el comercio, y concediendo cargos y prebendas a esta heterogénea oli-garquía, una españolista y la otra más o menos conse-cuentemente partidaria del movimiento revolucionario. Hombres como Juan José Durán, que había estado en Montevideo durante el primer sitio, integrante del Con-greso de Abril y electo para el Gobierno Económico de Canelones, miembro del Gobierno Municipal elegido por el Congreso de Capilla Maciel, Gobernador Intendente durante la dominación porteña del año 14, miembro del Cabildo Gobernador de 181& e integrante con Juan Fran-cisco Giró de la misión que ante Pueyrredón abdicara de los principios artiguistas y fuera repudiada por el jefe de, lo! Orientales, pasarán a jugar un papel relevan-te durante la dominación portuguesa. La resistencia de la campaña, donde las depredaciones de la anterior in-vasión portuguesa hacían temer -y efectivamente así su-bedió- el saqueo del invasor, fue más tenaz y abarcó

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inclusive a algunos sectores de grandes propietarios, por lo menos en los primeros tiempos.

Las defecciones se produjeron no obstante a partir de 1817 con el pasaje a Buenos Aires del Cuerpo de Liber-tos y artillería (1), entre cuyos jefes se encontraban Bufi-no Bauzá, Carlos San Vicente y los hermanos Oribe (par-ticiparían luego contra las fuerzas artiguistas en Cepeda), se acentúan desde 1818, en que se pasa a los portugueses Tomás Garcia de Zúñiga. A1 temor de una política cada vez más radicalizada del artiguismo, a las diferencias en materia de táctica, se añadian sin duda el temor a la destrucción de la riqueza ganadera cuya recuperación se había iniciado en el año 15. En el año 19 el Cabildo montevideano realizará la triste tarea de atraerse a los pueblos del interior y a la oficialidad artiguista. Ya du-rante el año 18 las dificultades, la miseria, hacían presa de los ejércitos revolucionarios, sin que por esto lograran doblegar su entusiasmo. Al decir del coronel Ramón de Cáceres: Es muy justo recordar aquí la mi-seria en que se hallaban cercados nuestros soldados y al mismo tiempo su admirable constancia; el año 18 esta-ba el ejército acampado en el Queguay, yo era ayudan-te mayor de blandengues, el batallón tenía seiscientas plazas, los soldados no más vestuario que un chiripacito para cubrir las partes; las fornituras. las usaban a la raíz de las carnes; el invierno fue riguroso, los soldados ama-necían en sus ranchos haciendo fuego y cuando se toca-ba diana, que era una hora antes del día, salían a fornwr arrastrando cada uno un cuero de vaca para taparse, de suerte que parecían unos pavos inflados en formación; luego que aclaraba se pasaba lista y cuando se mandaba retirar las compañías a sus cuarteles, quedaban tantos

- (1) La oficialidad de este cuerpo era la más desafec-ta a Ar tigas, justamente porque por su extracción de clase de es-

tancieros r icos, se vio profundamente conmovida por la política agrar ia ar tiguista.

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cueros en la línea cuantos eran los hombres que habían estado formados en ella; sin embargo estos hombres eran tan constantes y tan entusiastas, que el que salvaba de tan frecuentes derrotas procuraba luego a Artigas para incorporarse y continuar en el servicio. Gloria eterna a aquellos denodados patriotas!

ARTIGAS Y LA REVOLUCION AGRARIA2.

Situación de la campaña

Después de cuatro años de gtierra, el problema de La tierra, una de las grandes contradicciones en el inte-rior de la Banda Oriental, se planteaba con una enoríne agudeza. La producción de la campaña estaba en gran medida desorganizada; una gran parte de los hacenda-dos enemigos del movimiento emancipador había emi-grado; otros hacendados, particularmente los jóvenes, in-tegraban las tropas revolucionarias, así como las peona-das y el resto del campesinado, que constituyeron el. grueso de esas fuerzas. La guerra había causado tremen-dos estragos. En ocasión del Exodo se había practicado la política de "tierra arrasada", destruyendo todo lo que no podía llevarse aquel pueblo en marcha, en su épica hazaña, para que no cayera en manos de los portugue-ses, que invadían la Banda Oriental. A la acción depre-datoria portuguesa se sumó entonces la siniestra de las "Partidas Tranquilizadoras" españolas dirigidas por Be-nito Chain, Albín, Sáenz y Larrobla. A1 abandono de las estancias se agregaba el inmenso consumo de hacien-das de unos ejércitos que no tenían servicio de abaste-cimientos y que se proveían del ganado que encontra-ban á su paso; por último, las divisiones militares del Directorio de Buenos Aires habían caracterizado su con-ducta por el saqueo sistemático, sin perdonar puertas, ventanas ni techos de las casas de extramuros.

Dentro de las mismas filas patriotas habían surgido

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partidas sueltas que practicaban la faena de corambres por su cuenta. Aprovechándose de los ganados de los emigrados españoles y porteños y molestando inclusive las haciendas de los patriotas, lejos de propender a la reorganización de la producción, no hacían otra cosa que dilapidar la riqueza nacional. Algunos historiadores y ensayistas, con un criterio ingenuamente populista pretenden ver un tono revolucionario en esta actividad "espontánea" de las partidas sueltas. Los hechos dicen, por el contrario, que estas faenas de corambre se reali-zaban por cuenta de aprovechados especuladores y co-merciantes, tales como Pedro Pablo de la Sierra y otros.

De más está decir que en la Revolución la destruc-ción que importa es la de las relaciones atrasadas de producción y la de las estructuras políticas que las acom-pañan. Una auténtica Revolución no se propone destruir los bienes materiales, sino, por el contrarío, conservar-los y propender a su aumento. Justamente la organiza-ción de la producción y de su apropiación es el objetivo hacia el cual se dirige la Revolución. Nuevamente la dialéctica quiere que la "espontánea" y "libre" actividad de las masas solo ayudase a enriquecer a la clase especu-ladora que pugnaría a la postre por aplastar a las masas. La política de Artigas fue en este caso como en otros casos, de gran profundidad. Lejos de alentar la destruc-ción de los, bienes materiales y la apropiación "a la li-bre" de los ganados de los enemigos, declaró sobre estos bienes el derecho de la Provincia en su conjunto. En Artigas nunca se encontrará el afán de enriquecimiento personal con el despojo de los enemigos ni la concesión de privilegios a sus hombres de confianza. Tanto perse-guía a los aprovechados comerciantes montevideanos que especulaban a la baja de precios de los cueros que financiaban la Revolución, como a aquellos de sus te-nientes que intentaran hacer corambres para beneficio personal, (Faustino Tejera, Lino Pérez, cte.).

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Unido a este problema se encuentra el modo jaco-bino con que Artigas financió la revolución popular. Los ganados de los enemigos debida y regularmente comer-cializados, fueron casi la única fuente de la Tesorería revolucionaria, junto a los derechos de aduana. Mien-tras el gobierno porteño y la segunda revolución de in-dependencia oriental (1825-28), así comti los sucesivos gobiernos independientes de ambas márgenes del Plata organizaron el financiamiento de' las guerras revolucio-cionarias o civiles con el oneroso expediente del prés-tamo usurario, Artigas entendía que el costo de la Revo-lución debía ser pagado por los enemigos de ella, del sistema popular y, lo que es más importante que nadie podría cobrar a la patria los mezquinos aportes en dine-ro o en ganado que en uno u otro caso pudieran ofre-cerse. También en este aspecto el camino artiguista di-fería radicalmente del que aplicaron los gobiernos del Uruguay independiente y que tanta sangre y riqueza costara al país.

Obtenida la paz, el arreglo de la campaña irriplica-ba la repoblación ganadera, la reorganización de los ro-deos y todas las medidas conducentes al desarrollo de la riqueza fundamental del país. Era un punto vital pa-ra la suerte futura de la Provincia. El ganado constituya la producción básica, el alimento de la población y de -las tropas, y el cuero el único producto exportable, a cambio del cual había que conseguir las armas.

Pero el "arreglo de la campaña" implicaba asimis-' mo resolver la situación de la tierra en la Banda Orien-tal. En primer lugar, era necesario dar destino a las tie-rras de los emigrados, "malos europeos y peores ame-ricanos", que no podían mantenerse improductivas y qué constituian una importante extensión de la tierra ocu-pada durante la colonia.

El problema era aún más complejo. porque había que resolver la situación de numerosa población sin tie-

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rra: los campesinos desalojados de la época colonial, peones, arrendatarios, agregados, indígenas, gente toda que 'había carecido de tierra durante la colonia y que se había incorporado en masa a los ejércitos de la Revo-lución, en repudio de un régimen que no contemplaba sus necesidades.

El "arreglo de la campaña", entonces, iba a deter-minar distintas posiciones según los intereses que repre-sentaran quienes lo abordasen, e iba a convertirse en un problema cardinal para la definición del sentido y la orientación del movimiento que triunfara en 1815.

En torno a él se deslindarían posiciones bien defi-nidas. Por un lado estaba el criterio de Artigas, sensible a los intereses y a las necesidades de aquellos sectores sociales más castigados bajo el régimen colonial, com-prendiendo además que la satisfacción de sus necesida-des primarias era la condición de mantenerlos en la lu-cha activa en defensa de la Revolución y, particularmen-te en el caso de la población nómada, ya de origen es-pañol, ya de origen indígena, para asimilarlos a la vida productiva y regular, constituyendo con ellos la base del desarrollo futuro de la Provincia.

Por otro lado estaba el criterio de los grandes ha-cendados, para quienes la independencia no implicaba forzosamente una revolución ,sino que, liberados del yugo español, consideraban alcanzados los objetivos del movimiento. Lograda la separación nacional, pensaban que había que poner orden en la campaña, garantizar la propiedad, hacer respetar las marcas de ganado, pero sin entrar en innovaciones -que alteraran el status social que el movimiento emancipador 'había encontrado. Antecedentes de una política agraria

No era ésta la primera oportunidad en que Artigas repartía tierras. Ya lo había hecho bajo el régimen es-pañol como ayudante de Azara en la colonización de

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Batoví y como Comandante de la Campaña en 1808, en la zona norte del país. Pero a partir de 1815, luego de la derrota de Buenos Aires y de la ocupación de Mon-tevideo, toma las primeras resoluciones de carácter ge-neral y que por lo mismo van a tener trascendencia de carácter social y politico, aún antes de que se dictara el Reglamento de 10 de setiembre de 1815.

El 31 de julio de 1815, Fernando Otorgués, en ofi-cio al Cabildo Gobernador de Montevideo, expresa: Habiendo de repartir algunos terrenos de los pertene-cientes a la Prov.a 6 a Europeos, entre aquellos hom-bres laboriosos que quisieran cultivarlos para si, dán-doles un n.o (de tierras) capaz de formar un buen esta-blecimiento. tendrá V. S. la.. de hacerlo saber a esos habitantes y circular este conocimiento a los pueblas, p.a q.e noticiosos los que gusten disfrutar este beneficio se dirijan al Cuartel General que debo fixar en el Frai-le Muerto, y tenga de ese modo efecto las miras q.e mi S.or Gral. se propone en esta medida y me recomienda. Seguramente en virtud de esta autorización Otorgués hace algunas adjudicaciones de tierras entre el arroyo Garzón y José Ignacio, y Lavalleja en Colonia.

Vale decir, entonces, que ya antes de dictarse el Reglamento, Artigas había autorizado a uno de sus jefes militares a repartir tierras de la provincia o de los ene-migos de la Revolución. Así lo comunica al Cabildo en oficio del 18 de agosto de 1815: Pasé la orden al Co-mandante de Vanguardia p.a q.e pusiese el ord. posible en la campaña y propendiese al fomento de las estan-cias según anuncié á V. S. en mis anteriores pro.as. Igualmente.hise pres.te á dho. Com.te q.e en los segu-ros q.e se diesen a los interesados fuese con la siguiente especificación: hasta el arreglo gral, de la Prov.a Lo que transcrivo á ,V. S.'p.a su conocimiento. La impor-tancia de esta medida y la multitud de negocios q.e me rodean me privaron de impartirla por este conducto. En

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lo sucesivo D.n Fernando Torgués recibirá la aproba-ción de V. S. en la repartición de Terrenos á cuyo efecto le dirijo el adjunto oficio. Entretanto V. S. tenga la bon-dad de proclamar en los Pueblos la necesidad de poblar y fomentar la campaña, mientras llega el S.or Ale. y po-damos poner en execución aq.as que se crean más efi-caces p.a la realización de tan importante objetivo.

Ya anteriormente en la correspondendia de Artigas con el Cabildo se advierte su inquietud por los proble-mas de la campaña. En efecto, le decía que .antes de formar el plan de arreglo de la campaña sería convenien-tísimo que el Cabildo publicase un bando y lo transcri-biese a todos los pueblos de la Provincia para que los hacendados poblasen y ordenasen sus estancias por sí o por medio de capataces, reedificando sus posesiones, sujetando sus haciendas a rodeo, marcando y poniendo todo en el orden debido para superar la confusión que se experimentaba; le ordenaba que fijase el término de dos meses para esa operación bajo apercibimiento que de no cumplir esa determinación sus terrenos serían de-positados en brazos útiles que con su labor fomenten la población y la prosperidad de la provincia.

El 8 de agosto de 1815 escribía Artigas al Cabildo: Entretanto vele V.S. de ntra. Campaña, segn. anuncié á V. S. en mi última comunicación. De lo contrario nos exponemos á mendigar. Cada'dia me vienen más partes de las tropas de ganado q.e indistintamente se llevan p.a adentro. Si V: S. no obliga a los hacendados á poblar y fomentar sus estancias, si no se toman provid.s sobre las est.s de los Europeos, fomentándolas aunq.e sea a costa del Estado. Si no se pone una fuerte contribución á los ganados de marca extraña introducidos en las tro-pas dirigidas p.a el abasto de esta Plaza y consumo de saladeros todo será confusión: las haz.das se acabarán totalmente y por premio á nuestros afanes veremos del todo disipado el más precioso tesoro de nuestro país.

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Proceso de formación del Reglamento

El Reglamento no surgió de un acto de improvisa-ción, sino que estuvo precedido de una serie de actos preparatorios. Además de algunas medidas prácticas orientadas en la misma línea. como el reparto de álgu-nos terrenos de emigrados o fiscales, y además de varias disposiciones que afectan materias que serán encaradas en aquél cuerpo de disposiciones. se reunió una junta de Hacendados que fue convocada por el Cabildo, y una delegación se dirigió posteriormente a Purificación para, discutir el punto con el jefe de los Orientales.

Así, en las Actas del Cabildo Gobernador consta que se consideraba `el estado decadente actual de la Campaña" y que: después de varias 'discusiones creyó S. E. de, unánime conformidad ser lo más acertado el embio del Sr. Alcalde Provincial D. Juan de León (también presente) y el hacendado D. León Pérez cer-ca del Exmo. Señor Gral. para q.e elevando y recibien-dó todas aquellas instrucciones necesarias,, pudiesen por sí llenar las rectas miras de que dho. Señor Gral. y este Cabildo se hallan poseídos. Acto continuo creyendo igualmente S. E. q.e p.a obrar en este caso particular con el devido acierto era muy del caso se formase una Junta de Hacendados residentes en esta Capital y en sus inmediac. p.a q.e proponiendo cada uno quanto fue-se más conducente al objeto deseado se elévase á dho. Gral. todo aquello q.e mereciese más atención, acordó q.e, así se exercitase presidiéndola dho. Alcalde Provin-cial, con asistencia de Secretario p.a la devida formación de un Acta que acreditase quanto se hubiese tratado, y q.e al efecto se hiciesen las correspond.tes listas de todos los Hacend.s Americanos que fuese posible.

Esa junta de Hacendados, compuesta fundamental-mente por aquellos que residían en Montevideo, es de-cir, con un peso mayor de grandes estancieros, se reunió

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el 11 de agosto de 1515. A esa reunión, celebrada en el Cabildo, asistieron también el Alcalde Pro_víncial Juan de León y el Comandante de Armas Fructuoso Riveíá. En el acta se consigna que Juan de León expresó: Que hallándose comisionado por el Excelentísimo Cabildo Gobernador para apersonarse con el ciudadano León Pérez ante el Excelentísimo S.or Capitán General don José Artigas, con el objeto de hacerle presente el desa-rreglo en que la campaña de la Banda Oriental se halla hoy día, y todo aquello que más pudiese convenir a su remedio, había asimismo, dispuesto se formase la pre-sente Junta, para que tratase y expusiese cuanto fuese del caso al efecto indicado, y que, en su virtud hiciesen presente cuanto hallaren necesario al logro de tan im-portante objeto. En este concepto, tomando la palabra el ciudadano Manuel Pérez manifestó que su parecer era el que se expresaba por escrito en un papel que exhibe constante de diez y nueve capítulos. el que leído en alta e inteligible voz por el Secretario fue aprobado en todas sus partes por los ciudadanos Miguel Classi y José Agustín Sierra, disponiendo, en su consecuencia, todos los demás señores, que se le diese original al Señor Presidente para que lo elevase al Superior conocimien-to del señor General. Seguidamente, presentó el ciuda-dano Francisco Muñoz su dictamen también por escrito, el que leído igualmente ordenaron los señores se prac-ticase con éste como en el antecedente.

Inmediatamente tomando la palabra el señor Co-mandante don Fructuoso Rivera; expuso era de parecer que ante todas las cosas se pusiese remedio en punto a los continuos abusos que públicamente se observaban en los Comandantes y tropa que guarnecen los pueblos y Partidos de la Campaña... Siguió Rivera expresando que: estos robos eran unos motivos que arruinaban a todo hacendado y que aun cuando dicho ganado lo ex-trajesen de algunas estancias que haya abandonadas, era

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un perjuicio que se infería á la Provincia, como lejítima dueña de ellas, por ser pertenencias de Europeos.

Juan de León y León Pérez, finaliza la junta, rea-lizaron consultas con Lucas Obes y marcharon a Puri-ficación llevando los títulos de propiedad expedidos por los Gobiernos de Montevideo y de Buenos Aires desde 1810 hasta 1815. No conocemos aún la posible. docu-mentación -si es que existe- que nos permita reflejar el trabajo de elaboración que realizara Artigas con los comisionados montevideanos. Solo es posible suponer que en el Reglamento aprobado el 10 de setiembre, se encuentran reflejadas ante todo, las ideas del hombre más avezado y conocedor de los problemas de la campa-ña y de las aspiraciones de las masas campesinas traba-jadoras: José Artigas.

APLICACION DEL REGLAMENTO3.

Son muy numerosos los estudios analíticos conoci-dos sobre el contenido del Reglamento Provisorio. No nos proponemos, pues, insistir en el agrupamiento que otros autores han realizado con bastante claridad y dis-cernimiento.. Sin embargo, el análisis del Reglamento tiene otro valor a partir del largo conocimiento que de su aplicación hoy poseemos como fruto de nuestras in-vestigaciones. Iluminado por lo histórico concreto, el Re-glamento se agiganta como un cuerpo de disposiciones sabio, realista, y perfectamente consustanciado con la realidad social y material sobre la que se aplicaba (1).

Como veremos más adelante, el Reglamento. se pro-pone solucionar los problemas más urgentes que se plan-teaban a la Revolución. De ahí que en U coexistan la transitoriedad y la profundidad de planteos, pero am-bas armoniosamente dirigidas a salvar la revolución y

(1) Ver en Apéndice, página 181, el texto completo del Reglamento.

a eternizar sus raíces. Por un lado el Reglamento es un durísimo instrumento político y revolucionario: castiga a los enemigos de la.revolución y de la provincia, a la vez que acoge en sus beneficios a todos los, patriotas. Indisolublemente unido a su carácter político se encuen-tra su afilado acento económico-social. El reglamento aparece pues, como el programa económico-social de la revolución, enderezado a cortar el nudo principal de las contradicciones que atenazaban la sociedad criolla: el problema de la propiedad de la tierra y el de la pro-ducción ganadera. Y al mismo tiempo, se dirige a asen-tar sobre la tierra a los pobres del campo, creándoles las condiciones para su bienestar y trabajo libre, y a erra-dicar las viejas y ahora parasitarias y contrarrevolucio-narias formas de existencia marginales de la producción: bandidismo, contrabando, corambre, etc.

E1 reglamento comienza por crear los órganos eje-cutores de todas sus disposiciones, así como las jurisdic-ciones y facultades de que estaban investidos, legislan-do sobre sus relaciones mutuas y subordinaciones. Tales los artículos 1 al 5, 20, 26, 27 y 29.

En segundo término, los encargados de gplicar el Reglamento, debían dirigirse a fomentar la población y producción ganadera, para lo que debían estudiar en cada una de sus jurisdicciones, los terrenos habilitados y los, hombres agraciados que fueren dignos de ellos: zambos y negros libres, indios, criollos pobres, viudas con hijos, prefiriéndose los americanos casados a los sol-teros y éstos a cualquier extranjero.

El Reglamento proponía rápidas 'y justas medidas para dar inmediata posesión de los terrenos a los agra-ciados, ejecutividad que recíprocamente se exigía a los agraciados, los cuales debían formar rancho y dos co-rrales en dos meses. La omisión de esta cláusula, supo-nía la amonestación y un nuevo plazo de solo un mes, transcurrido el cual, el negligente perdería sus derechos,

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otorgándose el terreno "a otro vecino más laborioso y benéfico a la Provincia'.

Los terrenos constarían de legua y media de frente y dos de fondo, con la condición de otorgar aguadas, linderos fijos, de tal modo que se evitasen las desavenen-cias entre vecinos. Buscando impedir el privilegio nadie podría ser agraciado con más de una suerte de esta clase, así como nadie podría enajenar ni gravar sus propiedades.

Junto al terreno se ofrecían ganados de, los que se hallaren en terrenos de la misma clase de ls expropia-dos; una serie de medidas respecto al ganado busca-ban impedir la desigualdad de su apropiación, así como su extinción o exportación.

En el cuadro del libre acceso de todos los hombres a la tierra, el Reglamento buscaba desterrar los vagos, malhechores, que parasitasen sobre la producción y la propiedad de los pobres del campo contraídos al trabajo libre. y digno.

El Reglamento no confisca todos los grandes lati-fundios. Por lo que se verá después no era ni táctico ni necesario. La revolución no se proponía liquidar to-dos sus aliados dentro de las capas ricas del campo en su lucha contra el centralismo porteño y el poder portu-gués, pero lo que es más importante, no era tampoco necesario para los fines que el Reglamento se' proponía. Esto es muy claro a la luz de nuestras investigaciones, por las cuales se comprueba que los malos europeos y peores americanos eran dueños de la inmensa mayoría de la gran propiedad latifundista. Por el contrario, salvo muy escasos y conocidos ejemplos (Joaquín Suárez, To-más García de Zúñiga, Martínez de Haedo, los Rivera, los Oribe, Bauzá), todo el partido patriota estaba cons-tituido por un pequeño número de medianos propieta-rios y una inmensa mayoría de pequeños propietarios y pobres sin tierra (negros y zambos, indios, criollos po-bres). De ahí, que para los fines que el Reglamento se

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proponía, y atendida la escasa población relativa de la época, los terrenos de "malos europeos y peores ameri-canos" eran suficientes y en ellos hubiera podido aco-modarse a la inmensa mayoría de los pobres del campo. De más está decir que con su traición de los años 17 al 19, y en condiciones de paz, incluso aquellos arriba mencionados, hubieran sido condenados a perder sus propiedades en beneficio de otros poseedores.

El Reglamento por lo tanto confisca a los "malos europeos y peores americanos", pero en la dureza revo-lucionaria artiguista, no se encuentra la gratuita ven-ganza feudal. Lo que tantas lágrimas e injusticias pro-vocó la guerra expropiadora de blancos y colorados a lo largo del siglo XIX, estaba expresamente desterrado del Reglamento provisorio: ni las mujeres ni los hijos paga-rían la culpa política de los padres. Para ellos, el reda-mento ofrecía exactamente lo mismo que se ofrecía a los patriotas pobres, atendiendo sus necesidades de acuerdo con el número de hijos (1).

Por último, el Reglamento esconde un articulo muy importante. Al decidir que todos los terrenos dados an-tes de la aplicación del Reglamento se acogieran obliga-toriamente a las prescripciones que en él se detallaban, cortaba de raíz los lazos feudales de dependencia per-sonal entre masas pobres y caudillos militares. El pro-pio Artigas, lo haría notar a uno de sus particulares agraciados. Teniendo en cuenta las nefastas consecuen-cias que la donación feudal de tierras arrojó en toda nuestra historia, este artículo adquiere una particular relevancia.

( 1 ) Así se dispuso concretamente cuando se aplicó a los latifundios de Fernando Martínez, Benito chain, Miguel Zamora, Juan Francisco Martínez, ,

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Las generaciones que realizaron la revolución orien. tal habían llegado a la misma con una singular repre-sentación de la sociedad, y ante todo con una explosiva e inquietante conciencia sobre la propiedad.

Es cierto que toda la dominación eólonial, su cul-tura, sus temas, sus sobrentendidos, proponían a los hom-bres un determinado concepto de propiedad: La pro-piedad es sagrada, inviolable, un cuasi derecho natural. La burguesía española, ávida, cuando llegaba a estas playas, leyera o no a lo mejor de los escritores de la bur-guesía de la época, aceptaba, sugería y juraba que tales eran sus santos de devoción. Pero no se puede impune-mente y durante mucho tiempo, ejercer el contrabando, el corso, el monopolio y el privllegio, sin por lo menos estar dispuestos a vivir también durante mucho tiempo, con la conciencia fracturada. Y sobre todo no se puede realizar la increíble apropiación de la tierra y de los ga-nados que se realizó durante la etapa colonial en la Ban-da Oriental sin pagar cierto tipo de consecuencias.

En 1810-15 actuaban, grosso modo, dos generacio-nes: la que vivió la expansión montevideana sobre la tierra oriental en el período 1770-1800, y una joven ge-neración -1800-15- que estaba pagando sus consecuen-cias. Padres e hijos. Cuando cada oriental del llano admi-raba la poderosa Azotea del latifundista abroquelada en la loma y cerrando la rica rinconada, o cuando se exta-siaba ante el tren del poderoso acopiador y saladerista capitalino, podía dirigirse a sus mayores e interrogarlos sobre "él origen de ,la desigualdad entre los hombres"; seguro de que la respuesta no necesitaba ni abstraccio-nes ni archivos empolvados, para dar plena satisfacción. La apropiación de la tierra, el despojo de los ganados, la acumulación de onzas, era una historia demasiado presente, carente de eufemismos, sin tradición de con-

Las desventuras de la "propiedad privada" en la revolución de independencia

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sensos ni respetos. E1 derecho privado la propiedad pri-vada aparecía desnuda; sangre, desalojos, expropiación de los poseedores. Los historiadores, los abogados, los curas, la jerarquía estatal, eran incapaces de ofrecer res-peto a lo que nada tenía: no habían tenido tiempo. Esta era una verdadera desgracia para las clases doniinantes de la Banda Oriental.

Una inmensa masa de desheredados del campo se había educado en dos formas básicas de irrespetuosi-dad ante la propiedad. O sufriendo las sucesiva ex-pulsión de los lugares donde. se asentaba, por los gran-des detentadores y denunciantes de la campiña fronte-riza siempre cambiante, es decir abjurando de "esta" propiedad privada que habían sufrido y visto, o parti-cipando en las partidas clandestinas de corambre y. con-trabando (cuya masividad como fenómeno económico, la hacía tan honorable como la legal) o habiendo cono-cido ambas formas.

Cuando advino la revolución, la burguesía comercial que proporcionó los primeros cuadros dirigentes agregó entonces "su- modo de violación de la propiedad privada: el de la confiscación inherente a toda revolución triun-fante, y más o menos formalmente, engullida por la propia burguesía. Toda burguesía triunfante, sobre todo cuando su victoria viene envuelta en el halo de la libe-ración nacional, entiende que los vencidos deben pagar la fiesta. La burguesía, tan adicta al respeto eterno de la eterna propiedad, no es tan hipócrita como se piensa cuando al cabo de toda revolución viola la propiedad privada de los vencidos y la digiere sin rubor. La bur-guesía opera como sabiendo algo que Marx expresara: la propiedad privada no es la cosa apropiada sino la relación de apropiación. Cuando toda una burguesía triunfante expropia a toda otra clase dominante no altera en lo más mínimo la propiedad privada, pues man-tiene inalterable la propiedad como relación de explota-

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ción de .trabajo humano, limitándose a subrogar a los hombres que en la relación usufructuaban la apropiación.

Ninguna de estas formas era negación general de la propiedad privada, eran meramente una negación parti-cular, concreta, de una "determinada" propiedad priva-da, la de todos aquellos que habían combatido contra los patriotas. Pero la revolución en su decurso propuso otras cosas y deslizó otras posibilidades. Entonces, una clase entendió que el deterioro de la propiedad privada debía llegar hasta aquí, otra; más allá, hasta que, natu-ralmente, ya nadie entendió por qué no podía llegar hasta donde a cada uno se le ocurriera.

Un modo de ser de la revolución complicó la hibri-dez de todas las soluciones y de todos los conceptos: la guerra. Apoyándose sobre la debilidad y recientismo de las relaciones burguesas en el mundo colonial, los hom-bres que hacían la guerra, que naturalmente adquirieron prestigio, mando; y por lo tanto el respeto y subordina-ción de otros hombres, de tanto ser el predicado armado del poder de la burguesía, devinieron en sujeto armado de un estamento jerarquizado: el ejército revolucionario. Y de entre ellos, algunos propusieron otro modo de des-conocimiento de la propiedad burguesa, el de la negación feudal, que se apoya en la tierra como cosa, para edificar el mundo de las relaciones de dependencia personal.

Pero estos hombres no inventaron las relacicres de dependencia personal, en buena parte las habían hereda-do. Porque la historia de la apropiación de la tierra y de los ganados en la Banda Oriental se había desnudado co-mo lo que realmente era: la expropiación de los medios de producción a los productores directos con la consiguiente subordinación de los hombres despojados. Deminciar un campo, "apropiárselo" con endebles documentos o títulos perfectos, no era solamente. adquirir el derecho a la tierra o a sus frutos, sino también el derecho a recibir una cuota determinada de hombres subordinados sobre la

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tierra o en la sociedad. En la mayor parte de las veces, el obtener un campo no tenía por qué significar el desa-lojo de los hombres allí asentados, sino -y fue lo más común- significaba subordinarlos a variado título: como peones, puesteros, agregados, medianeros o arrendatarios.

Aquellos acaparadores de tierras que se conformaban con una renta de "una bola de sebo" o "una docena de pollos" sabían lo que hacían cuando despreciaban la renta capitalista para obtener el -señorío" sobre varios subordinados. Sobre todo los puesteros, los agregados. los medianeros, grandes hacendados algunos, vivían en lo. tierra y ejercían su explotación a título de dependientes, y así como se subordinaban hacia arriba, subordinaban hacia abajo a pequeños hacendados, cargados también con su pequeña cuota de agregados. Todo aquello era aún caos formativo, sin rigideces, lábil, pero justamente al finalizar el período colonial, la mera posibilidad se estaba transformando en una realidad dispuesta a escle-rosarse. La definitiva repartición de la tierra estaba por cerrarse y los hombres ya estaban accedíendo a la tierra sólo y a través de la inserción en las relaciones de depen-dencia personal.

¿Qué revolución triunfará?

Cuando la revolución oriental aparecía triunfante y consolidada, todas estas formas de desconocimiento de la propiedad privada se desencadenaron. Con Otorgués,la burguesía girondina hizo "pata ancha" y a caballo de la junta de Propiedades Extrañas y de los abastecimientos al ejército y préstamos al joven Estado comenzó a tejer su viejo oficio: la acumulación primitiva de capital me-diante la confiscación de los vencidos y la extorsión al Estado-pueblo. Los caudillos militares -por su parte-elevados en el fragor revolucionario a puestos de deci-sión,- operaron según los parámetros más inmediatos. Su

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conducta es una faceta de lo que las clases dominantes recordarían con horror: la anarquía. Colocados en la campaña, comenzaron a apropiarse los ganados y a cue-rear a troche y moche.

Cierta historiografía ingenuamente "populista". ha creído ver en esta actividad de las "partidas sueltas" la quintaesencia de la revolución radical. Pero la audaz burguesía montevideana y sobre todo los comerciantes ingleses jamás fueron tan cándidos. Pues "partidas suel-tas" corambreras y comercio ultramarino son' términos de una misma ecuación. Se puede bordar toda una épica sobre aquellas bandas trashumantes que aterrorizaban los pueblos y vaciaban las estancias de los grandes ha-cendados, pero también se puede uno preguntar qué pasaba con los cueros y con la carne.

Las "partidas sueltas" -otra vez más- no arañaban siquiera la propiedad privada, arruinaban a determinados propietarios privados, pero enriquecían a otros. Pero no meramente a otros, sino que sobre todo, se hicieron agen-tes inconscientes de la peor forma de circulación mer-cantil. Ladrones o comerciantes, tanto da, cumplían ti.:;. función económica: la comercialización de los cueros y ganados a tres tipos fundamentales dé acopiadores y ex-portadores: montevideanos, ingleses y portugueses. La-drones o comerciantes, tanto da, cumplieron su tarea, parasitando sobre la producción y agotando -de una sola vez- la riqueza ganadera del país y_ fortaleciendo económica y políticamente a las clases que derrotando a la revolución terminarían por esclavizar a los mismos hombres de que se habían servido.

De esta forma, el modo de circulación de la riqueza ganadera oriental, la realización de la producción, con-jugaba en una misma suerte a dos clases aparentemente enemigas: la burguesía comercial portuaria (criolla y extranjera) y los grupos desorganizados que parasitaban en el ejército revolucionario y en la sociedad rural.

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Como es natural había una clase totalmente contraria a este curso de las cosas: los hacendados del bando pa-triota. La junta de Hacendados de agosto de 1815 es sumamente ilustrativa al respecto. Rivera se hace enton-ces el portavoz de los hacendados ricos y acomodados de la campaña. Su programa es muy, simple: concentrar lás fuerzas militares en los pueblos y quitarles todo poder. y atribuciones políticas y económicas. Para los hacendados, las "partidas sueltas" se estaban transformando en su ruina, y bien sabían que por el contrario todo devenía en beneficio de los aprovechados especuladores que co-mercializaban sus depredaciones.

Artigas es sensible a sus requerimientos y un con-junto de medidas aparentemente inconexas conforman un sólido plan: 1) Se concentran las fuerzas militares en los pueblos y se amonesta y separa a los caudillos depreda-dores; 2) Se persigue el vagabundaje y el bandidismo; 3) Se castiga a la capa más "desaprensiva" y especulado-ra de la burguesía criolla en sus principales cabezas (ioh, los grillos de Purificación!)'; 4) Se prohibe a los extran-jeros, patricularmente ingleses, el realizar el comercio interior; 5) Se destaca a Otorgués a la frontera con Brasil para la doble función de vigilar al Imperio e impedir el trasiego de cueros y ganados.

Hasta aquí, todos los hacendados estuvieron de acuerdo. Pero hasta aquí. Artigas era uno de esos hom-bres que entendía las cosas de otro modo. Por lo menos, y para no atribuirle una metafísíca v prenatal vocación político-social, había llegado a entenderlo de otro modo, Y este modo era el que se había forjado en una peculiar dialéctica entre el gran caudillo y las masas de peque-ños hacendados y paisanos sin tierra.

Desde el nacimiento de Montevideo, la Banda Orien-tal había conocido una clase de pequeños hacendados, propietarios libres sobre la tierra libre, cuya biografía histórica estaba consustanciada con la lucha empeñosa y

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casi secular de la pequeña propiedad contra la gran pro-piedad latifundista y el gran comercio acopiador y mo-nopolista. De ellos, sobre todo, había nacido el senti-miento de frustración ante el proceso de acaparamiento de tierras de los grandes denunciantes y validos del ré-gimen colonial. Procreando generaciones educadas en la autoconciencia de su penuria como fruto de la holgura de los menos, su principal reivindicación era el acceso igualitario de todos los hombres a la tierra. Corroída como clase por la diferenciación económica entre media-nos y pobres, la pequeña burguesía rural-ganadera en-contró, en Artigás, el conductor que le dio solidez y con-figuración social y política.

Pero era sobre todo la clase de los desheredados de la campaña, la que había obtenido en la revolución el sentimiento de dignidad humana. Aquellos mestizos in-descifrables, aquellos indios que sólo conocian la degra-dación, aquellos libertos que de cosa saltaban asoldados patriotas, aquellos paisanos sometidos y escarnecidos, errantes hoy, trabajadores mañana, fueron en definitiva los que más ganaron con la revolución, y los que hallaron en la explosión de la represa colonial todo un mundo a ganar. La revolución, con toda la contundencia de su po-der, les abría amplios horizontes pero sólo dos grandes rutas.

Un camino lo abría todo el contexto conocido de la revolución rioplatense. El ejército se transformaba a rasos agigantados en un instrumento autónomo de creación de riqueza y redistribución de la propiedad. Cada vez que la revolución derivaba en guerra civil y ésta se parcelaba en guerra de facción y caudillo, la guerra devenía cada vez más en lucha por la riqueza de los vencidos hasta que en muchos de sus aledaños no fue otra cosa que bandidismo. Nació así la "división patriota" que alternaba el cumplimiento de sus tareas militares con el saqueo. Operando, en cierto modo, al viejo estilo de la "truste",

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subordinación de los hombres dentro de la partida y re parto.del botín en relación a esa subordinación, la "par-tida suelta" devino en un poderoso foco de atracción de las masas de desheredados que no podían menos que des-lumbrarse ante la efectividad y prestigio de aquellos hom-bres, que pidiendo subordinación pagaban con ganados y tierras.

Artigas advirtió el peligro de esta ruta, que-sólo po-día desmenuzar y hacer inerme a la clase revolucionaria sobre la que se apoyaba él poder de la nación en armas. Rehacer dentro de los paisanos pobres las relaciones de jerarquía v subordinación preexistentes en la colonia era matar el futuro de la revolución. Ese camino sólo podía transformar la clase en agrupamientos enfrentados, ese camino sólo podía transformar la riqueza del país en un páramo. Jamás la democracia social había sido tan ne-cesaria.

Por supuesto Artigas no estaba dispuesto a recorrer el estrecho sendero que proponían los ricos hacendados del bando patriota. Artigas sabía que en los pobres del campo coexistían el "gaucho" ("usted sabe cómo son nuestros paisanos") y el honrado trabajador. Los glandes hacendados con Rivera a la cabeza sólo proponían un camino: la "policía de campaña"; los caudillejos locales aguijoneados por los especuladores urbanos sólo conocían otro: la arbitrariedad en la distribución de tierras y ga-nados para edificar su poder; Artigas y •Monterroso com-prendieron que el "arreglo de los campos" no era un pro-blema de cualquier relación entre los hombres y la tierra sino que era un problema de relación entre los hombres: el libre, democrático e igualitario acceso de los hombres a la tierra sólo se lograría con la liquidación de las re-laciones de subordinación personal entre los hombres. Sólo una ley revolucionaria, objetiva, un verdadero de-recho al modo burgués, podía desterrar el privilegio; la dependencia semifeudal. Tierra libre y hombres libres

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eran una sola ecuación: el Reglamento Provisorio de 181.1 fue la más avanzada y gloriosa constitución que conocie-ron los orientales.

Advertencia sobre las dificultades de la investigación

" ... estos procedimientos no, perderían el carácter de hechos atentatorios contra la seguridad individual, o de golpes de ocho descargados en la crisis dé una anar-quía por un poder colosal que había despedazado todos los frenos...- "...usurpaciones hechas p.r otros particu-lares en tiempos de desorden y calamidad..." (Palabras del Fiscal Bernardo Bustamante enjuiciando los repartos de tierras artiguistas).

Se ha hecho un lugar común en nuestra historiogra-fía la idea de que el Beglamento no tuvo mayor aplica-ción, incorporándolo así al capítulo de los buenos propó-sitos de Artigas, sin que haya tenido relevancia práctica.

No obstante podemos afirmar -y en el debido mo-mento lo hemos probado- que este cuerpo de disposi-ciones fue una pieza fundamental de la política arti-guista y que en el año escaso en que estuvo vigente en época de paz -desde el 10 de setiembre de 1815 hasta agosto de 1816 en que se produce la invasión portugue-sa- el Reglamento tuvo una aplicación masiva.

No es difícil explicarse por qué razón la generación de historiadores dé los últimos 50 años se encontró tan despistada en relación a la importancia del Reglamento Provisorio en la revolución artiguista. Ellos fueron here-deros de una historiografía que si bien edulcoró al Ar-tigas legislador, ocultó cuidadosamente lo que sí sabía' sobre el Artigas revolucionario agrario. Porque algo debe quedar muy claro: la revolucionaria política agraria arti-guista fue profundamente conocida a lo largo de todo el siglo XTX.

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Baste pensar en José Pedro. Carlos María, Gonzalo y Octavio Ramírez, nietos de José Ramírez Pérez; Fran-cisco Magariños, Mateo y Alejandro Magariños Cervan-tes, los Magariños Solsona, los Mora Maragiños, Gabriel y Alberto Palomeque, herederos de Mateo Magariños; los /Villademoros y los Algorta, herederos de Carlos y Alonso Peláez Villademoros; los Salvañach. Diago y otros he-rederos de Cristóbal Saloañach; los Albín, los Gomensoro Albín, T. Villalba y Albín, herederos de Melchor y Fran-cisco Albín; los Juanicó, Soria, Vargas, Viana, herederos de la gran casa Viana-Achucarro; los Sayago, herederos de luan de Arce y Sayago; Diego Martín Martínez y Martín C. Martínez, herederos de Fernando Martínez; los Sáenz de Zumarán, herederos de Milá de la Roca; los Alzaga, herederos de José Villanueva Pico; etc., etc. Todos estos conocidos personajes, dirigentes de la políti-ca uruguaya a lo largo del siglo XIX, sabían perfecta-mente por qué odiaban o por qué se odiaba a Artigas. Les bastaba dar una mirada a los expedientes qué co-rrían en sus bufetes o juzgados, o leer cariñosa o me-lancólicamente sus títulos de propiedad, para saber per-fectamente qué había hecho Artigas con los prodigiosos latifundios de sus mayores. Todos sabían que sus abue-los, padres y a veces ellos mismos habían realizado desde 1820 hasta fines del siglo XIX, los juicios, sangrientos e inhumanos juicios de desalojo de los patriotas pobres agraciados por Artigas,

Carlos María Ramírez y Alberto Palomeque lo afir-maban: "sus padres y abuelos no podían oir hablar de Artigas" y Luis Melián Lafinur, el desfalleciente y último de los detractores de Artigas, sabía lo que hacía cuando reclamaba a las clases dominantes que abjuraran de Artigas. Señores -les decía- en la campaña circula un refrán muy conocido: "Es más malo que Artigas" carac-terizándose así al hombre sin entrañas. Por supuesto que Lafinur olvida decir que la frase descalificadora se había68

acuñado en el seno de los grandes latifundistas. Otra era la opinión de los pobres del campo; todos, todos co-nocían esas opiniones, estaban grabadas en sus mismos títulos de propiedad, en los expedientes sobre reivindica-ción de campos que atesoraban en sus cajas fuertes.

¡Cuánta sangre no se había derramado para borrar el legado artiguista, cuánto auto, notificación, recurso y lanzamiento no habían decretado para ahogar esas opi-niones!

Cuando Tomás Francisco Guerra buscaba en 1826 consolidarla propiedad de su suerte donada por Artigas afirmaba: "Millares de habitantes en la campaña poseen inmensos campos donados en igual forma".

A partir de este dato ¿es un objetivo posible recons-truir el mapa cuidado y minucioso de esa inmensa apli-cación atribuida al Reglamento artiguista? No cabe duda de que en buena parte es posible hacerlo, pero no es menos cierto que, salvo un repositorio documental mila-grosamente rescatado en un incierto futuro, determinada y gruesa parte de aquella actividad está definitivamente clausurada para la investigación histórica. Y veremos' por qué.

14 El Reglamento preveía determinado trámite de concesión de terrenos, cuya protocolización debía reali-zarse en el archivo del Cabildo en un registro especial. Como es sabido, existe un Cuaderno de Donaciones, que apenas si registra escasas concesiones cuyos expedientes alcanzaron a cumplir todos los requisitos. La variada do-cumentación consultada permite prever, sin embargo, que todos los comisionados llevaron un minucioso padrón de los repartos de tierras. Salvo el realizado en los campos de Viana Achucarro -hallado accidentalmente- es legí-timo suponer que todos aquellos registros se han perdido.

2° La dispersión del archivo de Purificación ha sido un grave golpe para toda futura investigación histórica y posiblemente ello ha sido tanto más sensible para nues-

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tro estudio del Reglamento. Allí, en manos de Monterro-so se hallaba una enorme cantidad de títulos de tierra requisados por Artigas como material indispensable para elaborar una justa política de tierras. Es muy difícil se-guir la pista a ese cuantioso fondo documental, acrecido quizás con informaciones sobre la aplicación del Re-glamento.

39 A lo largo de todo el siglo XIX, el secuestro de títulos, expedientes, protocolos, etc., o su mera no de-volución a los juzgados, desmanteló los archivos, hasta el punto que en la década del 90, Angel Floro Costa de-nunciaba la sustracción de 4.000 expedientes "que an-daban en el comercio de los hombres".

4° La fuente fundamental de la investigación está formada por los expedientes iniciados ante los juzgados de Hacienda o de lo Civil, por litigios en torno a la pro-piedad de la tierra y por las escrituras de enajenación fiscal, etc. Pero sobre todo poseen un carácter inagotable los expedientes sobre propiedad de campos. Es necesario detenerse sobre un aspecto particular que éstos tuvieron en nuestro país.

La propiedad sagrada e inviolable sobre la tierra, en el Uruguay, ha sido un mito abstracto, por lo menos hasta comenzado el siglo XX. Litigios aparentemente casados y enriquecidos con toda la "autoridad de cosa juzgada" fueron recurrentemente desconocidos a tenor del grupo de especuladores urbanos y caudillos rurales que dominaba el gobierno, provocando el consiguiente desalojo de aquellos que se consideraban propietarios perfectos o en el mejor de los casos resucitando un nuevo, agitado y complejo juicio de contradicción. Los expedien-tes aparentemente ubicables en determinado archivo, sa-lían así de su antiguo asiento y volaban a cualquier juz-gado como expediente agregado al que entonces se co-rría. Hay juicios de propiedad que se reabrieron así, tres, cuatro, cinco y más veces, en un caótico y desenfrenado

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especular del "juicio de reivindicación', cuya popularidad fue tan grande como para que Javier de Viana,lo hiciera asunto de muchos de sus cuentos y fuera en Florencio Sánchez el "motivo" desencadenante del conflicto de "Ba-rranca Abajo".

Ubicar entonces un expediente de tierras, buscado porque todo el contexto histórico posibilita hallar en él un nuevo ejemplar masivo de la revolución agraria arti-guista, es un esfuerzo inquisitorial que por supuesto no siempre, pocas veces, desemboca en el éxito.

5° Un fenómeno histórico consagrado de desprecio, ataque y desconocimiento de. la validez de las donaciones artiguistas ha colocado el más importante obstáculo. En los propios juicios de propiedad de la tierra u otros do-cumentos los viejos propietarios confiscados, o alternati-vamente, los donatarios artiguistas mismos ocultan cui-dadosamente que sobre la tierra en disputa se haya rea-lizado un reparto artiguista. En algunos períodos histó-ricos, en que las autoridades abrumadas por los conflic-tos amparan precariamente a los poseedores sin títulos, los propietarios reivindicadores para evitar ser detenidos por esos amparos, argumentarán largamente en sus escri-tos para demostrar que sus intrusos eran simples adve-nedizos y que su poblamiento no tenía nada que ver con el Reglamento Provisorio.

Esta actitud de los propietarios que parece bastante inteligible se hace aparentemente sorprendente cuando es ejercitada por los propios donatarios artiguistas o sus herederos. Mas también este hecho se hace explicable. Abrumado por los desalojos impiadosos, fastidiado de ver siempre desconocidos sus derechos, enfrentado a una legislación que desconoce permanentemente la validez de las donaciones artiguistas, el pequeño paisano que intenta consolidar su posesión o propiedad tiene tres opciones. La primera es trágica' para la investigación histórica: el donatario artiguista se sepulta en la mera

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detentación material del campo sin acudir a los tribunales para no denunciarse como ocupante de un campo fiscal o privado. Si el donatario es poseedor de un campo fiscal y se arriesga a violar su anonimato, evitará muchas veces recordar su condición de donatario artiguista y se acoge-rá a las diversas leyes de adquisición que a lo largo del siglo le parecían accesibles. La tercera posibilidad -y la más astuta- es la de aquellos donatarios que saben perfectamente que su terreno se halla originado en la confiscación a un propietario privado. En estos casos sella el origen artiguista de su campo bajo siete pies dé silen-cio, y se deslizará hasta tanto pueda como poseedor de un campo baldío y fiscal acogiéndose a la ley que le sea aplicable para su adquisición.

Este fenómeno aparentemente hipotético no tiene nada de tal. Es un hecho histórico perfectamente cierto. Justamente, porque la historia de un campo no está se-Ilada en un solo documento, porque se le puede ver nacer y morir en muchos de ellos, ha sido posible comprobar cómo muchos donatarios artiguistas expresamente men-cionados con ese carácter en varios documentos, lo han callado cuidadosamente en los expedientes donde se tra-mitaban las adquisiciones de campos fiscales. Es no me-nos legítimo' suponer que esta astucia criolla de un nú-mero indeterminado de donatarios artiguistas también nos ha privado de una valiosa información.

69 Por último, centenares de posibles y por supues-to hipotéticos donatarios que a esta calidad agregasen la de ser soldados revolucionarios heroicos y abnegados, sobre todo los que pudieran haber recibido sus suertes al norte del Río Negro, pueden haber muerto y desapare-cido de la historia escrita sin dejarnos otro rastro -nada menos- que el sacrificio de sus vidas en la lucha contra el invasor portugués. No han conservado otra tierra que las de sus tumbas. Sobre la que hubieran recibido de

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Artigas, engordaron los brasileños y los criollos cispla-tinos.

De todos modos, la aplicación revolucionaria de. la política agrada artiguista tuvo un vuelo tal, que los obstáculos enumerados no han impedido que hoy nos asombremos ante el inédito alcance que aquélla tuvo. Fruto de este fondo documental llegado a nuestros días es la caracterización que pasamos a esbozar.

Una cronología del Reglamento. Su creación y plazo de aplicación

A mediados de 1815, la recién conquistada tranqui-lidad del gobierno artiguista necesitaba consolidarse en la campaña. Al mismo tiempo, las masas del campo recla-maban lo que la opresión colonial les había negado: un puesto en la sociedad, una tierra donde trabajar. Hemos esbozado rápidamente el proceso de la formación del Reglamento. Solamente algunos hitos: en julio,. Artigas encomendaba a Otorgués que repartiese terrenos de los pertenecientes á la Provincia ó a Europeos; entre aquellos hombres laboriosos que quisieran cultivarlos paré sí; en consecuencia Otorgués solicitó al Cabildo que esta cor-poración lo hiciese saber a esos habitantes y circular este conocamiento á los pueblos. Al mismo tiempo Artigas comunicaba al Cabildo la necesidad de que se publicase un bando previo al "plan y arreglo de la Campaña" para que todos los hacendados poblasen y ordenasen sus es-tancias-en el término de dos meses, bajo la conminación de que quienes no lo hiciesen perderían sus terrenos, que serían depositados en brazos útiles, q.e con' su labor fo-menten la población y con ella la prosperidad del País. De estas primeras medidas conocemos algunas concesio-nes de tierras realizadas por Otorgués y Lavalleja res-pectivamente en el Rincón de José Ignacio (Maldonado) y en el viejo fundo de las Huérfanas (Colonia).

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El Cabildo, bombardeado por las quejas de los ha-, cendados y por las requisitorias de Artigas, se planteó también -a su modo- el problema del arreglo de la campaña. De esta preocupación nació la junta de Ha-cendados realizada el 11 de agosto de 1815. Apenas si 14 hacendados lograron reunirse en una sesión donde predominaban, lógicamente, los grandes hacendados pa-triotas. Su contenido y desarrollo ha sido ampliamente difundido, interesa ahora destacar que en esta reunión los hacendados -a estar al acta- no mencionaron para nada el grave problema del asentamiento de las masas pobres sobre la tierra, recalcando por el contrario la ne-cesidad de poner remedio en punto a los continuos abu-sos que públicamente se observaba en los comandantes -y tropas que guarnecen los pueblos y partidos de la campaña.

La junta, sólo preocupada por la seguridad de la campaña, decidió enviar junto a Artigas, una delegación integrada por el alcalde provincial Juan de León y por León Pérez. Encargados de hacer conocer al caudillo los requerimientos de los grandes hacendados, así como los proyectos -que no llegaron a nosotros- presentádos por Manuel Pérez y Francisco Muñoz, llevaron consigo todos los títulos de tierras espedidos por los Goviernos ante-riores de Buenos Ayres y Montevideo hasta el año de mil ochocientos quince que Artigas~ había ordenado se requisasen y se enviasen a Purificación donde es pro-bable que se hallen -decía el testimonio de 1828- si se conserva el archivo del padre Monterroso en cuyo poder estaban.

El 10 de setiembre, el mismo día en que se fechó el Reglamento, Artigas comunicaba al Cabildo la vuelta de los comisionados. El resultado de su misión -les decia-son las instrucciones que presentará á V.S. p.a el ftimento de la Campaña, y tranquilidad de sus vecinos.

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Larrañaga y Gúerra recordarían en sus conocidos "Apuntes" que el Cabildo había mirado "siempre con fría y afectada aprobación", el código agrario artiguista. Se les puede creer. Tan sólo el 26 de setiembre el Ca-bildo publicaba un bando con la noticia del Reglamento, y en los primeros días de octubre, los cabildos y pueblos de la provincia acusaban recibo del mismo. Pero apenas si el 10 de noviembre, Manuel Durán recibía el despacho de comisionado y habría que esperar al 14 de ene;o para que el alcalde provincial Juan de León, principal encar-gado de aplicación del Reglamento, lanzase un edicto comunicando el programa agrario, las autoridades'encar-gadas y las circunscripciones de las mismas. Sobre la len-titud con que la autoridad cabildante operó basta indi-car qué las solicitudes presentadas por los pequeños ha-cendados del Rincón de los dos Solises, debieron esperar bastante tiempo para ser diligenciadas, por no haber sido nombradas las autoridades encargadas de la distribución.

Esta incuria, nacida seguramente de la "frialdad" con que el Cabildo montevideano había recibido él Re-glamento, se reforzaba porque uno de los Cabildantes, Juan de León, tenía sobre sí una de las principales fun-ciones en su aplicación. Su actividad no estaba sólo de-terminada por las facultades estrictamente agrarias que aquel texto le confería, sino además por las importantes funciones de policía y seguridad de la campaña. Estas últimas -a tenor con los intereses de los hacendados ricos- parecen haberle absorbido la mayor parte de sus esfuerzos, al punto que mereció continuas observaciones de parte de Artigas por la señalada desatención de su fundamental tarea de supervisión de los repartos de tie-rras y fomento de la ganadería.

Como es obvio, los objetivos productivos y reorgani-zadores de la economía previstos en el Reglamento no eran de fácil e inmediata consagración. Los desmanes de los caudillos locales, realizados en vinculación con os-

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curos y ricos acopiadores, la falta de cuidado con que la mayor parte de los hacendados enfrentaba la importante tarea de procreo de los ganados ora faenando indiscrimi-nadamente las haciendas alzadas sin formación de ro-deos mansos, ora 'haciendo rodeos mansos pero faenando vacas en perjuicio del futuro desarrollo de la ganadería, obligaron a las autoridades, aguijoneadas por Artigas, a una agitada labor a. lo largo y a lo ancho de la campaña.

En el mes de marzo de 1816, debido a la extrema lentitud con que las autoridades montevideanas y en particular el alcalde Juan de León habían tratado la tan importante materia de repartos de terrenos, Artigas se vio obligado a recabar las informaciones correspondien-tes, preocupado por las no muy alentadoras noticias que por miles de conductos llegarían sin duda hasta el Cuartel General. El 9 de marzo de 1816, escribia Artigas al Ca-bildo: En las instrucciones dadas al Sor. Alce Prov.l le fue prevenido diese parte á VS de los terrenos repartidos, y q.e VS comisionase un Regidor, q.e llevase una razón de las gracias concedidas. En esta virtud quedaba al cui-dado de VS pasarme una noticia de lo obrado p.a mi co-nocimiento. EL término prefijado ya pasó é ignoro si es omisión del dho. reparto ó falta de prevención en VS. Lo comunico p.a q.e ella tenga su más exacto cum-plim.to. Así será fácil concebir si se anhela por el fo-mento dela población dela Campaña.

Estas reconvenciones de Artigas provocaron una ve-locísima reacción del alcalde Juan de León. Exactamente cuatro días después Juan de León comenzaba a distribuir tierras en su jurisdicción. Para ser precisos, del 13 al 24 de marzo, la legendaria estancia "De los Marinos", pro-piedad de la casa Viana Achucarro, era dividida en favor de 44 vecinos.

No había pasado un mes cuando Amigas revelaba no estar de ningún modo conforme con la conducta del Alcalde Provincial y del Cabildo. En esos días, Manuel

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Durán, Manuel Cabral, Raymundo González y por lo que dejamos dicho, el propio Juan de León, habían avan-zado alentadoramente en las tareas distributivas. Sin em-bargo de lo cual, carecía el jefe de la Provincia de la pormenorizada relación de lo ejecutado. No era Artigas hombre de decir las cosas varias veces, por lo que a medida que sus directivas chocaban con la morosidad de sus subordinados, sus órdenes se hacían tanto más sobrias y duras. El 3 de abril de 1816, desde el Cuartel General llegó la por breve, dos veces buena comunica-ción: VS, reconvenga ál Sr. Alce Provincial pa. q.e con brebedad instruya á.VS. de los Terrenos repartidos en la campaña por el y sus subalternos segun se le tiene pre-venido.

En las semanas siguientes, distintas circunstancias hicieron que Artigas renovase sus observaciones á la ac-tividad de Juan de León. A mediados de 1816, Artigas pareció perder la paciencia. Una de sus más claras ideas económico-sociales era la de promover el asentamiento de los hombres en la tierra para que el desarrollo de la ri-queza ganadera fuese ante todo el fruto de la rélación no subordinada entre el hombre y la tierra. La revolu-ción, por otra parte, necesitaba angustiosamente el acre-centamiento de la riqueza nacional como única garantía de supervivencia y de establecimiento de una hacienda pública. Artigas no se dejaba deslumbrar por las finan-zas nacidas de una indiscriminada y expoliadora explota-ción de la riqueza ganadera, en razón inversa a las ape-tencias de los grandes acopiadores que buscaban expor-tar indiscriminadamente los frutos ganaderos.

La lentitud en el asentamiento de los hombres sobre la tierra, al paso que impedía la formación de los rodeos mansos, eternizaba al gauchaje en las peores formas de parasitismo sobre la producción. De ahí que Artigas se. elevase indignado cuando Juan de León, en connivencia con un cabildo especulador y desaprensivo, demostró que

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sus principales esfuerzos se dedicaban a una labor pura-mente extractiva de los ganados a la cabeza de partidas numerosas de faeneros.

E1 22 de junio de 1816 Artigas envió una rigurosa amonestación al Cabildo, en la que combinaba ambos objetivos: la necesidad de terminar con las faenas depre-datorias y la de reemplazarlas por la distribución de ga-nados entre los patriotas, tal como lo exigía el Reglamen-to y como sola forma de adelantar la producción. En dicha comunicación Artigas exponía las "repetidas que-jas" que le llegaban sobre. la "versación del Alce Prov.l en su comisión". Se le acusaba de hacer "matanzas sin saber con q.e orn., ni con q.e objeto" y que en esos mismos días, por orden de Juan de León "se estaba fae-nando en los campos de Royano". Artigas señalaba que mientras el Reglamento limitaba las faenas imprescindi-bles a un sargento y 8 soldados, el Alcalde se hallaba aniquilando los ganados al frente de más de 50 hombres.

En una palabra -finalizaba Artigas- es preciso q.e VS. penetrado dela importancia, q.e demanda el arreglo de Campaña zele p.a q.e se' guarde el mejor orn. posible, y q.e si hemos de adelantar el proceso de las aciendas se encargue á dho. Proo.l proceda al reparto de Ganados.

Pocos días después -seguramente azuzado por las órdenes de Artigás- Juan de León procedía a conceder suertes en los campos de Rollano (Cerro Largo, entre los arroyos Cordobés y Pablo Páez); por lo menos así lo indican los documentos conocidos.

Pero también en los mismos días, los propietarios emigrados en el "Continente", la camarilla montevidea-na que había abortado en la "Revolución de los Cívi-cos", combinaban con el directorio porteño una opera-ción antinacional y contrarrevolucionaria. El viejo sue-ño portugués encontró por fin las clases antinacionales

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La aplicación del Reglamento modificó las juris-dicciones atribuidas a los distintos comisionados. Ya el propio Edicto de Juan de León variaba nombres y lí-mites, el Despacho de Manuel Durán diferia de ambos documentos y la práctica ulterior consagró autoridades y jurisdicciones en las cuales nos detendremos. Raymun-do González fue efectivamente encargado de la región situada entre el Río Negro y Río Uruguay, pero a partir de la invasión portuguesa, las exigencias de la lucha pa-recen haber obligado a que algunos jefes militares ejer-ciesen la misma función. Por lo menos a partir de 1818, Hilario Pintos aparece concediendo terrenos a nombre de Artigas, y si bien los documentos no son lo suficien-temente claros, otro tanto parece haber.hecho Baltasar Ojeda.

Juan de León realizó repartos en la jurisdicción cí-tada en su- edicto -actual departamento de Florida aproximadamente- pero también ejerció ese cometido en Cerro Largo. Manuel Durán desempeñó esa tarea no en la jurisdicción indicada en el edicto de Juan de León, sino en la determinada en. el Despacho con que se le invistió: desde el arroyo San José, Río Negro, cos-tas del Uruguay y Río de la Plata. En la jurisdicción atribuida a Manuel Durán. en realidad fue subteniente

Comisionados y' jurisdicciones

Caracteres generales de aplicación del Rezlamento Provisorio

que le permitieron convertirse en realidad y digerir aque-lla Banda Oriental predeterminada a ser su joya "cis-platina".

La revolución agraria pasó entonces a un plano su-perior, a revolución nacional en lucha contra el invasor extranjero aliado a la contrarrevolución interior.

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Manuel Cabral, entre el Rio Santa Lucía y el Río de la Plata. Entre los ríos Yí y Negro, no fue subteniente León Pérez -que no aparece citado en ninguna do-nación de tierras en zona alguna- sino Cayetano Fer-nández.

Si se exceptúa los repartos realizados por Manuel Cabral entre los arroyos Solís Grande y Chico, se pue-de afirmar que no fue sino después del Edicto del 14 de enero de 1816 que comenzaron los repartos. Es a partir del 3 de febrero que aparecen las primeras adju-dicaciones efectuadas por Raymundo González al norte del Río Negro (en febrero se están repartiendo los cam-pos de Juan Francisco Blanco, en abril los de Milá de la Roca, en mayo los de José Maldonado y Juan Arce y Sayago, etc.). Pese a la extensa actividad de Manuel Durán, se sabe que todas sus concesiones se realizaron en 1816. Cayetano Fernández fecha todas las donacio-nes conocidas no antes de abril del mismo año. Juan de León inicia su labor el 13 de marzo en Florida y po-siblemente no antes de julio las de Cerro Largo.

Puede comprenderse fácilmente que la invasión portuguesa iniciada en julio de 1816, prácticamente con-denó al Reglamento a una aplicación de apenas seis o siete meses. A la luz de este brevísimo .período puede calificarse de asombrosa la profundidad con que reco-rrió la campaña.

EL fondo de tierras repartibles

Nos es imposible en el marco de este libro arrojar-nos en la dilucidación del criterio con el cual se mane-jaron los comisionados para calificar a aquellos propie-tarios "emigrados, malos europeos y peores americanos" cuyos campos debían ser confiscados y repartidos entre los patriotas que lo solicitasen. Siendo éste un proble-ma histórico que sufre opiniones muy encontradas nos limitaremos a ofrecer nuestra interpretación en forma de

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tesis; tesis que por lo que se verá aparece como con-firmada por los hechos. En definitiva creemos que el Reglamento ordenaba lo que Artigas quiso que ordena-se: que todos los campos de enemigos ("malos europeos y peores americanos") fuesen o no emigrados, y de emigrados, fuesen o no enemigos, debían ser confisca-dos, con las limitaciones que el propio Reglamento de-terminaba en otros artículos.

Como por otra parte la documentáción no siempre es totalmente clara ni explícita, la enumeración de cuá-les campos fueron confiscados y repartidos se hace-su-mamente engorrosa. Por supuesto, tampoco podemos aquí desplegar una probanza documentada de lo que ofrecemos, pero de todos modos, la documentación con-sultada permite realizar la ,siguiente caracterización:

a) Campos confiscados y repartidos: pertecíentes a Herederos de la Casa Viana Achucarro (Vargas, Soria, etc.), Francisco Albín, Pedro Manuel Carcía, Maldona-do, Juan Antonio Bustillos, Bernabé Alcorta, Juan Fran-cisco Blanco, Herederos de José Villanueva Pico, José Antonio Arrúe, Juan de Almagro, Manuel Rollano, An-tonio Villalba (casado con Bertolina Albín), Juan de Arce y Sayago (padre de Santiago Sayago), Joaquín de Chopitea, Isidro Barrera, Herederos de Fernando Martínez, Juan Bautista Dargain, José de Arvide. José Ramón Milá de la Roca, Miguel Díaz Vélez, Miguel de Azcuénaga, Melchor de Albín, Juan de Alagón, Juan Correa Morales, Herederos de Cabral y Melo, Congre-gación de las Niñas Huérfanas de Buenos Aires, Feli-ciano Correa y Felipe Britos.

b) Campos realengos repartidos: Parte sur del Rincón de Rosario; Rincón de José Ignacio.

c), Campos confiscados destinados expresamente para el Estado como fuente de ganados y comercializa-ción de cueros. Este fue un rubro puramente provisorio y fue cumplido por casi todos los grandes fundos en su

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Qrimera etapa (la documentación demuestra que tal fue la suerte de los campos de Francisco Albín, Miguel de Azcuénaga y Manuel Rollano, luego repartidos). Por lo cual incluimos en este rubro, aquellos que según la do-cumentación conocida estaban en esa condición al co-menzar la invasión portuguesa; campos pertenecientes a José Ramírez Pérez, Joaquin Núñez Prates, los bienes intestados de Miguel Zamora, y los pertenecientes a los hermanos. Alonso, Carlos y Francisco Peláez Villademo-ros.

d) Campos pertenecientes para el 'sostén perma-nente de las Caballadas del Ejército: Parte norte del Rincón del Rosario, Rincón del Cerro (Montevideo) confiscado al recientísimo propietario Francisco Javier de Viana, y el Rincón o potrero de Pan de Azúcar (Mal-donado), detentado por los herederos de Villanueva Pico.

e) Campos que estando comprendidos entre los que el Reglamento mandaba confiscar, se poseen prue-bas incompletas de su confiscación y en algunos de su reparto: pertenecientes a Benito Chaín, Cristóbal Sal-vañach José Fontecely Juan Barrero y Bustillos y su socio Francisco Escalada, Francisco González, Mateo Magariños.

f) Campos que el Reglamento confiscaba expre-samente por ser pertenecientes a notorios enemigos del régimen, pero de los cuales no se ha hallado.aún docu-mentación probatoria de haber sido formalmente confis-cados y repartidos. De ellos se sabe sin embargo, que en la época de aplicación del Reglamento se cubrieron de grandes masas de patriotas, desalojados posteriormen-te en la época cisplatina y en el período del Uruguay independiente: son los pertenecientes a Felipe Contucci, Hermanos Sáenz, José de Inchaurbe, Manuel Solsona (Rincón del Río de la Plata y Santa Lucía), Félix y José Mas de Ayala, Joaquín Maguna, Diego González,

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Benito López, Pedro de Anzuátegui, Herederos de Ca-macho, Manuel Larravide, Martín Rodríguez, Bernardi-no Rivadavia.

g) Campos que comprendidos en el inciso anterior no fueron confiscados por mediación de influencias, ven-tas simuladas, por aplicación de las excepciones que prescribía el Reglamento y otras causales. Pertenecien-tes a Xavier Echenique, Luis A. Gutiérrez, Juan Fran-cisco Martínez, Miguel Aparicio.

h) Campos cuyos propietarios perdieron sus de-rechos en favor de los poseedores que a título de sirri-ples ocupantes o como medianeros, arrendatarios, etc., estaban sobre sus campos: campos en litigio entre los vecinos de Melo y la Casa Viana Achucarro; campos en. litigio entre José de Uriarte y una gran cantidad de ve-cinos de Rocha; campos en litigio entre la casa Alzáibar-Solsona y sus arrendatarios y poseedores de los campos de San José y actual departamento de Flores.

La distribución de los terrenos

El art. 64 del Reglamento encomendaba al alcalde provincial y subtenientes de provincia fomentar y po-blar la campaña. Para ello, la primera tarea que se les encomendaba era la de relevar los "terrenos disponibles" en cada una de sus jurisdicciones. Como hemos visto fue muy abundante la disponibilidad de tierras. Esa bor parece haber sido cumplida rápidamente. Revista-dos los terrenos disponibles, los comisionados colocados, en los puntos principales de cada jurisdicción convoca-ron a los vecinos. Tal fue lo que -por lo menos- reali-zó Manuel Durán, conforme al testimonio posterior de uno de los agraciados:

Habiendo sido combocado todo este vecindario por el Sor. Gral. D. Manuel Duran actual Gefe del Departa-m.to de S. José y Ten.te Alcalde de Prov.a entonces baxo

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el mando del Gral. Artigas nos hizo presente ser del Sup.or agrado de este Gefe p.r orden que tenia de la Intendencia la particion de los campos. q.e poseyó en otro tpo. el expresado García (Pedro Manuel García) lo que hizo entre nosotros, bajo el mandado q.e en el termino de tres meses los poblemos con Corrales Casas y demás utencilios ordenándonos al mismo tiempo q.e la Intendencia de la Provincia nos había de pasar los títulos de Propiedad de las suertes de Estancia q.e se nos mandaba dar posesion así mismo q.e poseía Dn. Fran.co Albin y los pertenecientes a la Calera de las Guerfanas, los del Rincon del Rosario y los Campos de Correa y donde en los citados campos se hallan sobre-todo los vecinos poblados bajo las mismas condiciones. Y en las otras tres panes de la Prov.a se practicaron iguales diligencias, como podrá V. E. p.a mayor abunda-miento informar á V.E. D. Juan de León Alcalde Mor. de Provincia y la misma Intend.a actual.

Notificados así los vecinos, se apersonaron ante el alcalde provincial o ante "los subalternos de los parti-dos", donde elegían el terreno para su población, como lo indicaba el art. 84. Son bastante abundantes las soli-citudes presentadas por los vecinos. Si bien no todas las fuentes citan ni transcriben las solicitudes, parece por demás obvio que en todos los casos operó previamente el pedido del donatario. Tomás Burgueño se considera-ba "acrehedor á la gracia en el reparto de los terrenos de los Haedos (administrador de Villanueva Pico) en fuerza de mis notorios sentimientos de mi anhelada ve-cindad y gravosa familia" y reforzaba su pedido en su calidad de ex-arrendatario de aquellos campos. Fran-cisca Vera, en los mismos terrenos, solicitaba una suerte para la subsistencia y fomento demi pobre familia y se consideraba como vecina oriental acrehedora á aquella parte de territorio de propiedad extraña. Y el cercano vecino Juan Pérez solicitaba otro tanto por cuanto le

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asistía el derecho de ser agraciado, el no haber sido un hijo contrario e ingrato á mi patria, antes al contrario la he servido en quanto ha estado á mis alcances. En términos similares se expresaban otros donatarios de los campos de las Huérfanas, Pedro Manuel Carcía, Anto-nio Villalba, Viana Achucarro, etc.

La tramitacióíi recaída sobre las solicitudes varió según las jurisdicciones, y posiblemente según la proxi-midad o lejanía de Montevideo. Sólo los expedientes co-rrespondientes al rincón entre los dos Solises parecen haber tenido una tramitación completa, acorde con las prescripciones del Reglamento. En otros campos, como en los repartidos por Juan de León, llegaron a elevarse pa-drones completos y minuciosos, pero distintas circuns-tancias impidieron que las donaciones fueran definiti-vamente protocolizadas. Por lo que revelan los docu-mentos, la abundantísima actividad del comisionado Manuel Durán no se reflejó en la definitiva regulariza-ción de los títulos en virtud de la invasión portuguesa. Finalizada su tarea a fines de 1316, se dirigía Durán a Montevideo para la confirmación de su actividad. Pe-dro Solano, donatario de las Huérfanas, informaba al respecto que Manuel Durán asi ami como a los demás vecinos aquienes repartió tierra no nos documentó y ofreció hacerlo asu regreso para Montevideo, lo que no tubo efecto por las Combulsiones políticas del Pays."

En todos los casos conocidos; los comisionados se preocuparon de cumplir las prescripciones del art. 16 que limitaba a legua y media de frente y dos de fondo la extensión de la gracia, salvo la mayor o menor cuan-tía con que se corregía dicha cifra para que. el terreno siempre tuviese aguadas y linderos fijos. El mismo ar-tículo encomendaba a los comisionados "economizar el terreno en lo posible y evitar en lo sucesivo desavenen-cias entre vecinos". E1 modo con que se logró tan exac-to cumplimiento fue el siguiente. Como lo revela el re-

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Además de realizar los repartos de acuerdo con las solicitudes de los vecinos, los comisionados fueron en-cargados -arts. 8 y 21- de legitimar tanto las donacio-nes anteriores al Reglamento como aquellas que el pro-pio Artigas autorizaba precariamente. Donaciones pre-vias al Reglamento, conocemos dos de Otorgués en cl Rincón de José Ignacio y una de Lavalleja en Las Huér-fanas. Justamente en este caso, sabemos que el agracia-do "moreno libre" Lorenzo Ruiz Díaz procedió a legi-timar la donación así recibida ante el comisionado Ma-nuel Durán. De un carácter diverso fueron las concesio-nes de tierras que obtuvieron diversos oficiales artiguis-tas en 1814, seguramente a título precario tales como Ramón Santiago Rodríguez en los campos que fueran de José de Arvide, y Gorgonio Aguiar en el Guaviyú, en los terrenos que fueran de Miguel Díaz Vélez. Nada i-a-bemos sobre lo acontecido con estas concesiones a partir de aprobado el Reglamento; pero, dada la rigurosa ob-servancia con que se manejó siempre Artigas, no es di-fícil suponer que también en sus casos debió haberse practicado la legitimación respectiva y sujeción de su terreno a las demás prescripciones del Reglamento.

Consolidación y regularización de la pequeña posesión

parto de los terrenos de Viana Achucarro, Villanueva Pico, P. M. García, cte., los comisionados convocaban a los interesados y entregaban los terrenos demarcando en presencia del agraciado y 'sus linderos y demás ve-cinos del pago, agraciados a su vez. Juan de León dio posesión y delimitó con minuciosidad las donaciones a 44 vecinos entre los arroyos Maciel, Timote y río' Yí, de tal modo que cada vecino conocía perfectamente el lin-dero correspondiente así como los demás propietarios 'y lindes no contiguos dentro de la antigua gran estancia.

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Los comisionados no solamente legitimaron las do-naciones efectuadas por las propias autoridades patrias,, sino que, además, proveyeron a distintos pequeños po-bladores del documento de propiedad que garantizase la posesión recibida antiguamente por diversas causas. Por ejemplo, es muy conocido el litigio sostenido entre Feliciano Correa y los vecinos del rincón entre los arro-yos,Molles y Tala (Durazno). En 1810, los vecinos del lugar eligieron a 4 comisionados para el reparto de cha-cras,y suertes de pastoreo, con motivo de la fundación de un pueblo. Félix Rivera fue uno de los encargados de llevar a cabo esa tarea. En 1815 v 1816 se recabó dé su conocimiento las informaciones, necesarias para con-solidar aquellos repartos coloniales, discutidos por el de-tentador Feliciano Correa. Fue en ese carácter de con-solidación que se extendieron los documentos de dona-ción. Sin que todavía nuestros conocimientos sean satis-factorios, parece que por los mismos motivos se realizó en 1816 el reparto consolilatorio a los vecinos del Rin-cón del Colla, concedido oficialmente por Vigodet en 1810 y reivindicado por el porteño Juan de Alagón.

Además dé estas legitimaciones, tanto más necesa-rias por cuanto abrazaban los intereses de una conside-rable población, los comisionados realizaron también consolidaciones individuales, como la ocurrida con el "moreno libre'' Domingo Quintana,. poseedor de un pe-queño terreno de su ex- amo Miguel Zamora. El comisio-nado no se limitó a consolidar el pequeño campo, sino que agregó al terreno el área necesaria para completar la suerte que' prescribía el Reglamento.

Algunos solicitantes (Juan Manuel Llupes, José Anastasio Hereñú) elevaron sus pedidos directamente al mismo Artigas. En estos casos, accediendo a sus soli-citudes, Artigas no se eximía de remitirles a las autori-

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dades correspondientes; los comisionados de la jurisdic-ción, fueron en definitiva quienes legalizaron la dona-ción.

Tos deberes económicos-sociales del donatario

El art. 11 determinaba la obligación por parte de los agraciados de formar un rancho y dos corrales en el término preciso de dos meses, los que cumplidos, si se advirtiese omisión se les reconvendrá para que lo efec-túen en un mes más, el cual cumplirlo, si se advierte la misma negligencia será aquel terreno donado á otro ve-cino más laborioso y benéfico á la Provincia. -

Esta prescripción del Reglamento no quedó en le-tra muerta. Los comisionados (véase .la convocatoria de Manuel Durán, los documentos individuales otorgados por Cayetano Fernández) al extender sus documentos recordaban casi siempre esa obligación en forma textual, agregando que su cumplimiento, era necesario pues acá lo ordena el S.ór D.n ]osé Artigas Cap.n Gral. de esta prov.a de la vanda Orit.l y protetor de los pueblos li.s.

En aquellos casos en que los donatarios olvidaban cumplir tan sabia disposición, los comisionados eran in-flexibles. Sebastián Reynoso recibió de manos de Ma-nuel Durán una suerte en el rincón del Pichinango (Co-lonia). Habiendo pasado todos los plazos sin que Rey-noso se atuviese a la condición de levantar rancho y dos corrales, el comisionado le quitó la donación y la otorgó a otro vecino.

Vinculada a esta severa obligación se hallaban los arts. 22, 23 y 24 que ordenaban al Alcalde Provisional y a los Comisionados que facultasen la reunión y saca de animales vacunos y caballares de las estancias de europeos y malos americanos sitas en sus respectivas ju-risdicciones; prohibían que los agraciados hiciesen tales faenas por su cuenta, impedían las correrias y distribuían

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los ganados con igualdad entre los concurrentes. Por úl-timo, ordenaban a los agraciados que los ganados que así recibiesen no fuesen aplicados "a otro 'uso que el de amansarlos, `caparlos y sujetarlos a rodeo".

Como se ve, había dos actividades que se conside-raban inconciliables. La obligación de formar rancho y corrales era complementada con la obligación de formar rodeos y amansar los ganados recibidos. Ofrecida la tie-rra y los ganados, los hacendados debían constreñirse al trabajo honrado y al mejoramiento de la producción, por lo cual el propio Reglamento prohibía terminante-mente que en lugar de ese esfuerzo productivo, los agra-ciados intentasen aprovecharse indiscriminada y depre-datoriamente de los ganados abandonados por los pro-pietarios enemigos. Está clara que quienes no levanta-ban ranchos ni corrales, ocupaban su tiempo en la co-rambre clandestina de los ganados alzados. En este.cua-dro está inscrita la famosa reconvención que Artigas ele vó e1 20 de diciembre a Lino Pérez (publicada por Fla-vio Carcía). La mano de Artigas no temblaría ni ante su propio edecán, el teniente Faustino Tejera, a quien decomisó las corambres que realizara en los campos confiscados de los hermanos Villademoros y en los aban-donados por su padre: José Tejera.

Medidas contra el acaparamiento de tierras

Tendiendo el Reglamento a la creación de la pe-queña propiedad nii'al y luchando al mismo tiempo con-tra el latifundio, cuya 'viabilidad estaba asentada en la subordinación de los trabajadores directos, el Reglamen-to fijó también a este respecto claras directivas.

Los arts. 16, 17 y 19 recomendaban a los comisio-nados economizar el terreno en lo posible, realizar su tarea de modo que los agraciados no recibiesen "más que una suerte de estancia" de tal forma que se impi-

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diese la acumulación de tierras en pocas manos. De to-dos modos, no pareciendo suficientes estas limitaciones, el Reglamento dispuso impedir por un plazo determina-do la movilidad de la tierra como puro bien mercantil, por cuyo conducto hubiera podido reoperarse la con-centración de la tierra. El Reglamento, en este sentido. no es utópico, no se propone restar la tierra a la circu-lación mercantil por toda la eternidad. Para alejar a los solicitantes que viesen en la tierra un mero instrumento de fácil enajenación y obtención de dinero, le bastaba impedir todo tipo de enajenación, venta, o afectación hipotecaria hasta el arreglo formal de la Provincia "en que se deliberaría lo conveniente". De más está decir que en estas condiciones se acogían a la donación sólo aquellos que se proponían trabajar directamente la tie-rra. ,'

Como el Reglamento no se proponía "vincular" un hombre determinado a una tierra determinada por siem-pre jamás,. la movilidad de los hombres sin pérdida de. la gracia concedida estaba facilitada por el art. 17, que permitía que fuesen agraciados aquellos americanos "que quisiesen mudar de posesión dejando la que tienen á beneficio de la Provincia". A esta prescripción se acogió Fernando Otorgues, quien permutó el terreno obtenido en 1807 por el rincón confiscado a Chopitea en el San José y Santa Lucía. Dos ejemplos similares se hallan entre los donatarios de la ex-estancia de Pedro Manuel García.

Si bien el Reglamento prohibía toda enajenación onerosa de las suertes recibidas; no impedía las trasla-ciones de dominio. Sobre una de las suertes repartidas en la estancia de García citada, llegaron a sucederse tres propietários bajo el gobierno artiguista. sin que se infringiese en modo alguno las muy claras disposiciones del Reglamento: El donatario directo, Tomás Cortés, permuta su.suerte con la de Juan Simón Núñez, y éste,

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poco después, traspasa su campo, con autorización del comisionado del pago, a Felisberto Olivera. La trasla-ción se realizó en ambos casos sin venta de campo, y en el último caso Juan Simón Núñez se limitó a vender el ganado, el rancho y los corrales por él edificados, por ser de su propiedad particular y fruto de su propio tra-bajo.

Algunos caracteres de los donatarios

Por último, la documentación nos ha permitido ubi-car un reparto completo, cuyo padrón ilustra sobre el cumplimiento de las prescripciones que el Reglamento fijaba para las condiciones que debían llenar los dona-tarios. Nos referimos a la "Repartición de Terrenos en los campos de la Achucarro desde el 13 de marzo hasta el 24 del mismo", del cual extraemos esta información.

El art. 7° determinaba que en los repartos de terre-nos serían preferidos los casados a los solteros, y dicha condición parece haberse cumplido a la letra, por cuanto el padrón enumera desde el principio, los agraciados ca-sados y cargados de hijos, continuando el padrón entre los solteros y demás donatarios de condición civil no es-pecificada pero presumiblemente solteros también. El documento permite calcular con toda aproximación, te-niendo en cuenta las esposas de los agraciados casados y los hijos enumerados, que en la estancia donde sólo los ganados encontraban abrigo, se asentaron 112 per-sonas. - .

De acuerdo con el padrón fueron agraciados 14 pa-triotas casados y 1 viuda, con un total de 52 hijos a su cargo; 5 solteros y 26 sin especificación, presumiblemen-te solteros. No es menos sugestiva la distinción por na-cionalidades. También aquí fueron preferidos los ame-ricanos a los extranjeros, por cuanto de aquellos de quie-nes se determina la nacionalidad, 41 eran americanos y

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sólo dos europeos: uno de "Portugal" y el otro de Ma-llorca. Entre los americanos, 27 pertenecían a la Banda Oriental, de entre los cuales 14 eran citados como natu-rales de la "Provincia", y otros, mejor determinados: 10 de Montevideo. 1 de Sto. Domingo Soriano, 1 de Co-lonia y 1 de Maldonado. De otras provincias america-nas se mencionaban 14 agraciados: 1 de Mendoza y de Misiones, 2 de Buenos Aires, y, cifra sorprendente, 10 naturales del Paraguay, número señalante quizás de la abundante migración que en la época colonial y revolu-cionaria transcurría entre las provincias del norte y la Banda Oriental.

La oposición al Reglamento

Las dificultades de aplicación del Reglamento ilu-minan en cierto modo su ocaso, no sólo poyque fue arrastrado en la derrota militar artiguista, sino porque todo el contexto histórico rioplatense y su interconexión con el pujante mundo europeo, estaban exigiendo el peor camino de desarrollo.

Artigas pudo haber triunfado contra las tendencias contrarrevolucionarias y precapitalistas, de no haber me-diado la intervención extranjera. Pero esta intervención extranjera no debe ser vista como un fenómeno "exte-rior", pura innecesidad histórica. La intervención extran-jera se transforma en elemento que determina si en la sociedad intervenida se halla una estructura receptora. Tal fue lo que sucedió en el Río de la Plata y en la Banda Oriental. El mundo exterior inglés y portugués eran ya un interior de la sociedad rioplatense. Lo eran no sólo en aquellos reconocibles comerciantes extranje-ros residentes en los puertos platenses, sino -y esto lo fundamental- porque toda la producción mercantil del Rio de la Plata era ya un puro interiór del mercado

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mundial unificado. A partir dé esta conexión ya rigidi-zada y exigente opera la "necesidad" de la intervención y su "posibilidad" de realizarse.

Para la Banda Oriental, el establecimiento de .sóli-dos lazos comerciales entre la burguesía criolla y el "en-trepot" portugués-inglés, fue fatal para Artigas y su mo-do de revolución. Sobre esto no pretendemos extender-nos hoy demasiado. Para el futuro de la política agraria artiguista se hace más acuciante la necesidad de expli-car las relaciones sociales que en el campo, labraron hondo para deteriorar, derrotar y aniquilar el camino artiguista. A1 fin de cuentas, este camino anti-artiguista, sería el que habría de triunfar en toda la línea y per-durar durante todo el siglo XX.

Una de las tendencias contra la que más debió lu-char Artigas, fue contra la herencia que el mundo co-lonial legó a las condiciones sociales de las masas pobres del campo. Sería tonto y demagógico pretender caracte-rizar a las masas pobres del campo como una suerte de masa seráfica e incontaminada. Por el contrario. uno de los peores resultados del mundo colonial había sido el de provocar el desclasamiento de amplios sectores de los desheredados de la campaña. El gaucho changador y contrabandista que tanto había contribuido a corroer el cascarón monopolista y colonial, había forjado un modo de vida que, a partir del triunfo de la revolución. se transformaba exactamente en su contrario, en él ma-yor sostén del viejo mundo que había contribuido a de-rrotar.

Artigas se vio obligado a separar y castigar a mu-chos comandantes militares que violaban la disciplina y austeridad revolucionaria, prevaricando, robando y pa-rasitando sobre la producción ganadera. Incluso varios administradores de las estancias confiscadas debieron ser separados de sus cargos por realizar faenas clandestinas

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y en su provecho personal. El propio Reglamento Pro-visorio, tan urgido en su aplicación salía al paso -no menos- a las tendencias de los caudillejos locales que se repartían los ganados y las tierras, bajo el criterio de favorecer a los seguidores y adictos, en detrimento de la igualdad de acceso a la tierra y al ganado. Cuán amargo es el tono del caudillo cuando advierte que los paisanos se retraen de ocupar las tierras del Uruguay. abiertas a todos por Bando. Ora Otorgués realizaba un contrato con Ramón Márquez para faenar los ganados de emigrados, ora permitía a Fernando Martínez faenar los ganados de sus campos confiscados. Más allá era su primo Nicolás Cadea quien "compraba" los bienes del español Xavier Echenique para salvarlo de la confisca-ción, ora era Pedro Amigó quien usaba su influencia para apropiarse las tierras de Félix Más de Ayalá, ora un teniente de Encarnación quien pretendía hacer lo mismo con los bienes de Francisco Albín. El uso preca-pitalista y privilegista de la revolución andaba en el aire, y era, por otra parte, el único modo conocido al otro lado del Río Uruguay.

Artigas clama con Monterroso contra todos esos cau-dillos y comerciantes que "tiran de la capa del pobre Estado". Cuántas dudas antes de separar a Encarnación. Cuánta su paciencia para convencer a Otorgués de que fue un dócil instrumento de un clan prevaricador y usu-rero a cuya cabeza se hallaban Juan María Pérez, Lucas Obes, Antolín Reina y Juan Correa. Pero luego de com-prendida la calidad del mal, cuánta energía para conde-nar a los comandantes militares y qué grillos aquellos que se puso a los ricos comérciantes'montevideanos. Ha-cia el Cuartel General llegan los ecos de la complicidad del Cabildo con la vieja contrarrevolución española. Los íntimos y las autoridades piden continuamente que sean salvados los bienes de Francisco Albín, de Miguel Za-mora, de Isidro Barrera, de Benito Chain, de Fernando

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Martínez. Una y otra vez el caudillo radical contesta: "Aquellos que no pueden pagar con sus personas, paga-rán con sus bienes". "A quienes tanto nos han hecho la guerra, ninguna consideración, antes bien ordeno que se repartan sus campos entre los vecinos", etc., etc. Al-gunas de estas condescendencias de las autoridades mon-tevideanas no llegaban al cuartel general. Las quejas y los ecos ruedan a Purificación y Artigas brama: "todo me hace creer que entrando en esa plaza, todo se con-tamina". Artigas escribe; conmina, exige, amenaza: `aguárdeme el día menos pensado en- esa. Pienso ir sin ser sentido, y verá usted si,me arreo por delante al gobier-no, a los sarracenos, á los porteños y á tanto malandrín que no sirven más que para entorpecer los negocios". Todo parecía vano. Aquel cabildo, que el Reglamento miraba como juez de' alzada para todo lo que fuese apli-car el Reglamento, era pura morosidad, todo componen-da, conciliación, mediador de temerosos latifundistas: por su intermedio escribe la viuda de Fernando Martí-nez y súplica Francisco ,Albín. Es este cabildo y Baneiro quienes salvan los bienes de Juan Francisco Martinez y Luis A. Gutiérrez en una peculiar interpretación del Re-glamento.

Pero pese a todo, el campo uruguayo se parcelaba en, pequeñas suertes, los gauchos alzados comenzaban a gustar del trabajo honrado, levantaban ranchos y co-rrales, plantaban sus primeras sementeras. Por primera vez, miles de hombres comenzaban a comprender que la tierra no tenía por qué ser el fruto del privilegio co-lonial, ni la prenda del caudillo ensoberbecido en su po-der. E1 sueño roussoniano de la igualdad de los hom-bres ante la ley se hacía realidad sin exégesis jurídicas ni comentarios mediocres. Lo que Lenin llamaba el "ca-mino norteamericano" se abría paso en el país en el curso de una revolúción radical. La creación de la pe-queña propiedad rural era sin duda el camino avanza-

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do: por él transitaría la mayor densidad de trabajo hu-mano, por él nacían relaciones sociales libres entre hom-bres libres. Artigas, al fin de cuentas, era -y debía ser-lo- el mejor defensor de la propiedad privada burgue-sa, y el peor enemigo de la propiedad señorial, simple habitat de un mundo de subordinaciones personales.

E1 camino artiguista consolidaba la propiedad -en esos días lo más revolucionario-, permitía que el traba-jador volcase sobre la tierra lo mejor de sus esfuerzos, que fuese capaz de planear por generaciones, ahorrar, volcar capital, acumular en fin, haciendo uso de lo me-jor que la técnica hubiese proporcionado en el curso del siglo. En cambio, en el mundo de la subordinación per-sonal, la tierra, precario objeto, no conoce otra garantía de la propiedad que la devoción al caudillo y la inser-ción en el partido o facción que denomina a la jerarquía. Sobre esta tierra, residencia de escasos peones y muchos soldados "in prívate obsequio", el modo burgués lan-guidece, la producción se estanca cuando no se destru-ye. Ni se mejora la producción ni se incentiva la técnica. Y el hombre en ella perdura siempre que se subordine y vive en tanto pierde su libertad.

Los desheredados de la campaña, por supuesto, de, todo esto, sólo tenían una conciencia puramente senso-rial: la tierra. La revolución les había dado la tierra, ha-bía elevado a los hombres, había aniquilado sus humi-llaciones y a sus opresores. Pero en la elevación de su conciencia los halló la invasión extranjera, que si triunfó fue porque recorrió no sólo los trillos del enfrentamiento militar sino también los caminos del desmoronamiento del frágil y nuevo mundo de las relaciones sociales en el campo.

En 1519, junto a Lecor se halla toda la burguesía comercial portuaria y los grandes hacendados deserta-dol del bando patriota. Los pequeños hacendados están ya en plena transacción, heridos en la mezquindad de

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e propiedad al borde de la ruina. Quedan sólo los po-res del campo, criollos libres, indios, negros y libertos. Entre ellos: los que han recibido tierras y miles de hom-bres asentados en terrenos abandonados que esperaban otro tanto. Una tras otra, se pasan al Imperio las guar-niciones patriotas de los distritos al sur del Río Negro. Por último en marzo de 1820 lo hace Rivera.

Repetimos, no sólo la. derrota militar puede expli-car que los paisanos abandonasen a Artigas. Contribuyó también a su derrota que no había triunfado hasta el final en el campo.

La relación hombre-tierra, tan notoria, había ocul-tado a los pobres del campo la verdadera relación que tras ella subyacía. Ya Marx ha insistido en que, cuan-do nos encontramos con una reláción determinada dé los hombres con las cosas, debíamos profundizar hasta hallar en ella la relación real entre los hombres.

La tierra -la cosa- sobre cuya vinculación con el hombre parecían detenerse todas las miradas, era apenas un medio de producción. Cuando los pequeños hacen-dados artiguistas creían vincularse a la tierra no hacían otra cosa que vincularse los unos con los otros, estable-ciendo una activa y significativa alianza revolucionaria de los pobres del campo. La mistificación, -sin duda inevitable- de dicha relación permitió que los donata-rios artiguistas tuviesen por la tierra la adhesión que de-bían a los hombres. Sobre esta mistificación operó la política portuguesa.

Rivera y Lecor transan sobre un aspecto: los hom-bres del campo no serán inquietados en su posesión, cualquiera que ésta sea: fruto de donación documenta-da o mera ocupación a la espera de la documentación artiguista. Triunfante el portugués y pacificado el país, el acuerdo se hace decreto: amparo a los llamados "po-bladores de buena fe". De este modo el poder .cisplati-no, protegiendo aparentemente la relación de los hom-

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bres con la tierra, corrompió y destrozó lo que era su base real: la relación de los hombres entre sí; pero no cualquier tipo de relación sino la que Artigas había in-tentado edificar y consolidar: la relación revolucionaria y democrática de la clase de los pobres del campo. Y esta base real no fue sustituida -por supuesto- por la relación entre los hombres y la tierra, -pura mistifica-ción de una relación real- sino por las relaciones de de-pendencia personal entre cada poseedor o donatario ar-tiguista con el "protector" o caudillo del pago y de la hora, ganado para ello, invitado por el poder portugués a cumplir la intermediación necesaria para la consolida-ción de un perdurabilísimo dominio de la Banda Orien-tal.

En 1824-25, cuando un seguro Lecor intentó olvidar sobre qué relaciones había edificado su dominio de la Banda Oriental; .cuando comenzó a expulsar en masa a los donatarios artiguistas y a los poseedores sin títulos en favor de la oligarquía criollo-cisplatina, los hombres del campo volvieron -fugazmente- a comprender que la tierra era apenas el corolario de la relación revoludo-naria de la clase de los pobres del campo. Fugaz, diji-mos, Artigas era irrepetible. Y el Uruguay independiente decidió probar a lo largo del siglo, cuán hondo había caído el mundo artiguista y cuán profundamente las cla-ses dominantes habían enterrado el Reglamento Proviso-rio de la Provincia Oriental para el fomento de su cam-paña y seguridad de sus hacendados.

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LA CONTRARREVOLUCION LATIFUNDISTA

1. EPOCA CISPLATINA

Período de conciliación con los donatarios artiguistas

Cuando se pretende configurar la política que si-guió el ocupante portugués en torno a la revolución agra-ria heredada de Artigas, no caben generalizaciones, es-quemáticas. Por supuesto que en líneas generales cabe hablar de contrarrevolución y de retroceso a las peores condiciones de apropiación de la tierra, propias del an-tiguo status colonial. Pero la traducción de esa orienta-ción general a la política práctica sobre cómo y a quién distribuir la tierra; conoce variados matices, que deben ser aclarados y comprendidos en el conjunto de la po-lítica total de dominación del país.

Los portugueses habían invadido y ocupado la Ban-da Oriental para la satisfacción de fines propios y espe-cíficos. Quien piense que simplemente llegaron con la galana intención de llamar a los grandes propietarios devolviéndoles lisa y llanamente sus campos, cometería el mismo error del que creyese que los portuguses ve-nían a reengarzar la joya oriental a la corona española,

En segundo término el modo y forma de la conquis-ta predeterminó en sus grandes líneas los primeros pasos del poder portugués respecto a los conflictos entre pro-pietarios confiscados y donatarios artiguistas.

Uno de los elementos con los cuales Lecor desfibró la resistencia de las masas orientales fue justamente el de ,vincular la deserción de las tropas orientales -a través

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de los compromisos con los caudillos y con los cabil-dos- al mantenimiento sobre sus campos de todos los donatarios artiguistas y demás poseedores de campos de emigrados que por cualquier razón no hubieran logrado la titulación que ofrecía el Reglamento Provisorio.

Tan temprano como en 1817, Lecor se vio obligado a legislar en torno a la política confiscatoria de los go-biernos patrios. Necesitado de la autoridad real, recabó de sus superiores las instrucciones respectivas que le fueron impartidas en forma de una Real Orden, según la cual el gobierno portugués sólo tramitaría aquellas reclamaciones de propietarios (urbanos o rurales) con-fiscados que promoviesen personalmente sus acciones.

En el período 1817 - 1820, la generalidad de las transacciones realizadas por Lecor con los distintos agru-pamientos militares patriotas y con los cabildos, por las cuales sucesivamente fueron subordinándose al dominio portugués, casi todos los distritos de la campaña, no ol-vidaban incluir en su articulado el "respeto a la propie-dad" de aquellos que así aceptaban el dominio portu-gués. - -

De más está decir que los patriotas creían que estos convenios aseguraban la propiedad "legal" otorgada por los comisionados artiguistas, o'la mera ocupación de los campos permitida por el contexto histórico de aplicación del Reglamento.

Pero el verdadero "tratado" por el cual Lecor se comprometía ante las masas orientales para respetar la propiedad de la tierra tal como la había dejado Artigas devino del conocido y frustrado "Arreglo de Tres Arbo-les" y de la reunión realizada entre Lecor y Rivera en Guadalupe.

La existencia de este convenio está demostrada no sólo por los términos del frustrado "Arreglo" sino ade-más por las continuas invocaciones que los documen-tos a él realizan, sugiriéndolo algunos y citándolo ex-

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presamente otros. Son varios los expedientes que se re-fieren a este convenio en los términos con que lo hacía el donatario Juan Calván en 1820, quien al solicitar el amparo de su posesión se apoyaba en Q.e desde el in-greso de las armas de su Magestad Fidelísima en esta Provincia no se ha hecho moción alguna acerca de las datas de tierras, que en el Gobierno del General Artigas, fueron concedidas, dejando las cosas en el mismo estado en que estaban, quando fue ocupada la Provincia. Más explícito es el testimonio que ofrece un expediente de 1832 en que Eusebio Benavídez protestaba contra el in-tento de desconocer la autoridad artiguista amparándose en los tratados que el Excmo. Gral. Dn. Carlos Federico Lecor (realizara) con S.E. Dn. Fructuoso Rivera; por ellas resulta convencionado no se haría novedad en- las propiedades, fueros y privilegios de los pueblos del dis-trito. En 1830 en otro expediente sobre tierras se afirma que si el amparo en la posesión constituyera título de propiedad, todos los que en el día ocupan terreno del Estado y particulares, se llamarian legítimos dueños, por estar en este caso desde el año diez y siete, y no por un decreto simple, sino por preliminares celebradas entre los.Exc.mos S. S. don Fructuoso Rivera, y Dn. Carlos Federico Lecor.

Establecida la pacificación del país, la perennidad del dominio portugués estaba vinculada a la aceptación más o menos pacífica por parte de las grandes masas de desheredados del campo,' que habían encontrado en Artigas el dirigente que los había promovido al reen-cuentro de su dignidad y de su bienestar, con el acceso a la tierra y al ganado. Desde un principio, la "pacifi-cación" fue tina laboriosa política de acomodación y transacción con estas grandes masas, a través de la tran-sacción con sus jefes locales o regionales. Todo intento de violar el consenso de esa "transacción" suponía el

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peligro de que esas grandes masas volvieran rápidamen-te a su anterior actitud de rebeldía y revolución, por lo cual la actitud de los portugueses y brasileños operó siempre con una mezcla de rigor y parsimonia, que aten-día a las posibilidades concretas que encontraba en cada región rara ir o no a fondo.

La política de Lecor estuvo dirigida a evitar ser triturado por la oposición de intereses heredada del vie-jo mundo colonial y revolucionario, para lo cual elaboró nuevas tensiones, provocó un reacomodamiento de aque-llos intereses, una reelaboración de las principales con-tradicciones, en fin, escindió la homogeneidad de las clases configuradas en su oposición de la época revolu-cionaria, determinando la aparición en lo fundamental de la estructura social semifeudal, por la cual los lazos de dependencia personal, se sobreagregaron a los lazos de la solidaridad de clase, desfibrando, corroyendo las antiguas configuraciones de revolución y contrarrevolu-ción.

Sobre la convención Lecor - Rivera y sobre la Real Orden de Juan VI de 1817 se edificó la política cispla-tina respecto a los donatarios artiguistas (estuvieran do-cumentados o no). Inmediatamente después de la paci-ficación se libró una circular por la cual los propieta-rios que agitaran personalmente sus derechos verían re-conocida su propiedad y amparada la ocupación material de sus campos, pero sin la expulsión material de los llamados "poseedores de buena fe", eufemismo con que la sabiduría cisplatina denominaba a los poseedores ar-tiguistas, y término con el cual, desde ya, se negaba toda validez jurídica a la pequeña propiedad nacida de la re-volución. En 1820 y 1821 se apuraron a reivindicar sus campos los Hnos. Peláez Villademoros, Melchor y Francisco Albín, Tomás Villalba, Pedro Manuel García, Benito Chain, Juan de Almágro, José Fontecely, José Ra-mírez, la viuda de Cristóbal Salvañach, los herederos de

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Juan Francisco Blanco, los apoderados del Colegio de las Huérfanas, el apoderado (Francisco Juanicó) de Juan Bautista Dargain, Manuel Rollano, etc. En aquellos ca-sos en que las estancias no habían alcanzado a ser re-partidas, los propietarios prácticamente no tuvieron nin-guna dificultad para rehacer su dominio sobre sus viejos fundos confiscados o abandonados en el curso de la re-volución. Pero cada vez que sobre sus campos se encon-traron grandes masas de poseedores, o donatarios de ex-pectante posición político-militar, el gobierno cisplatino, si bien reconoció la propiedad del reivindicador operó morosamente en la devolución de los campos -y decre-tando siempre que la devolución y reocupación de los campos no autorizaba a los propietarios a expulsar a los donatarios y demás poseedores de los terrenos recibidos en el curso de aplicación del Reglamento.

Período de expulsión de los donatarios artiguistas

En la segunda mitad del año 21, la equilibrista po-lítica cisplatina amenazaba derrumbarse por cuanto ha-bía terminado por no conformar a nadie. Entrelazado por sus intereses de clase, cultura y dominio político con la clase de los grandes propietarios, el gobierno cispla-tino (asesorado por Nicolás de Herrera y Lucas Obes y siguiendo la astucia prenatal de don Frutos Rivera) dio una nueva vuelta de tuerca, mediante una circular que propuesta por el Asesor Nicolás de Herrera fue "tenida por general" para toda la provincia. En esta circular se decidió que la tierra de los donatarios arti-guistas sería restringida al solo suelo que poseyeran sus ganados mansos, de modo tal que la notoria pobreza de los donatarios en punto a ganados mansos operó en una real y cuantiosa reducción,del suelo artiguista so-bre el cual se les amparaba en su posesión.

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Por su parte los donatarios artiguistas que ocupaban campos fiscales o particulares cuyos propietarios por variadas razones no habían acudido aún a reivindicar sus bienes se encontraron con que cada vez que inten taron consolidar sus donaciones, el gobierno cisplatino les negaba toda posibilidad de hacerlo aun cuando no los molestase en la posesión material de los terrenos.

Este fenómeno fue bastante común sobre todo a partir del Bando de Lecor (7 de noviembre de 1821) por el cual se convocó a todos los poseedores a regu-larizar sus títulos. Se presentaron entonces una buena cantidad de donatarios artiguistas a regularizar sus po-sesiones creyéndose amparados por el llamado. Aquellos cuyos propietarios no habían reivindicado la ,propiedad (ausentes, o con títulos imperfectos o perdidos) fueron lisa y llanamente desconocidos en sus reclamaciones, y otro tanto sucedió con los poseedores de campos fisca-les. Pero aquellos que ocupaban campos partí'culares cu-yos propietarios habían ya iniciado su reclamación o rondaban ya en vísperas de hacerlo, fueron obligados a enzarzarse en juicios contradictorios con los viejos pro-pietarios. Este fue, para ellos, el principio del fin.

La viuda y herederos de Fernando Martínez logra-ron .así que las decenas de donatarios artiguistas de sus campos de Durazno volvieran a subordinarse en one-rosos arrendamientos. Juan Manuel Llupes fue sencilla-mente expulsado por Antonio Villalba, parecida suerte encontraron los donatarios de los campos de Francisco Albín, del Rincón del Rosario, etc. En estos años co-mienzan los pleitos de los donatarios de las Huérfanas, de Pedro Manuel Carcía, Juan Francisco Blanco, Manuel Rollano, Cristóbal Salvañach, Bernabé Alcorta, Juan de Almagro. Pero cuando los conflictos se reflejan en plei-tos es porque nos encontramos con una seria oposición de los donatarios, nacida de su abundancia y detalle

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muy importante de su supervivencia sobre el campo dis-cutido. Por el contrario, aquellos donatarios aislados en latifundios !apenas repartidos, o desamparados por la masiva desaparición física de sus viejos codonatarios en las terribles batallas contra la invasión portuguesa, tu-vieron una suerte desesperada y casi anónima. Esto es sobre todo válido para los campos situados al norte del Río Negro. Allí, de los hipotéticos. y numerosos dona-tarios artiguistas de los campos de Barrera, Almagro, Milá de la Roca, Dargain, Francisco González, etc., es legítimo suponer que en una buena parte fueron barri-dos en la cruenta resistencia al invasor. En estos cam-pos, justamente, los viejos propietarios conllevan la me-nor de las dificultades en punto a la expulsión de do-natarios u ocupantes artiguistas. Pero también es im-portante señalarlo allí se encuentran con otro tocón. Es allí justamente donde van dejándose caer los oficiales y validos del régimen cisplatino, cuya simple posesión, no menos irregular que la de la vieja generación orien-tal, impide a Lecor aplicar una política abstracta y ge-neral de desconocimiento del derecho de los poseedores y de aséptico reconocimiento de los titulos coloniales que esgrimen los viejos propietarios españoles y porte-ños confiscados.

Los donatarios y meros ocupantes artiguistas inser-tos en los cuadros político-militares del imperio, ora como comisionados de partido, ora como oficiales de los cuerpos criollos, perdida toda perspectiva solidaria y re-volucionaria, sabedores que la mera discusión jurídica finalizará por despojarles de sus campos, por supuesto incapaces de resignarse a un destino aparentemente fa-tal, reordenan sus relaciones sociales con los hombres en una circunstancial conexión humana, que tendrá lar-ga vida y se esclerosará con todos los matices posibles en lo que se conoce como relaciones de dependencia personal.

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Pocos, no muchos, acudirán a la llamarada de los años 22 y 23 para reconquistar la revolución nacional que conocieron. Pero en su mayoría, los pequeños ha-cendados de origen artiguista serán espectadores del con-flicto cuando no se insertarán en el partido lecorista. En buena parte se halla aquí la explicación del primer fracaso lavallejista.

La gran mayoría de los hacendados patriotas, tie-nen por la transacción Lecor-Rivera, la confianza mili-tante que se tiene por un tratado. Esa transacción es a su vez, el origen del poder de Rivera. Los hombres acu-den a él, a Manuel Durán y a los diversos comisionados artiguistas, a los caudillos departamentales (Hilario Pin-tos, Baltasar Ojeda, etc.) a solicitar los testimonios de la veracidad de la donación artiguista y a recabar la protección que los cuerpos criollos y sus mandos son ca-paces de dar al amparo de la posesión. Un donatario estará tanto más protegido en su posesión cuanto, más débiles sean los lazos que unen al propietario cn la "claque" criollo-cisplatina y cuanto más fuerte sean sus lazos con el aparato militar-caudillesco criollo y más alta su inserción en la jerarquía. La fórmula artiguista de-mocrático-burguesa que miraba a los hombres fuera de su inserción en las jerarquías deja paso al fortalecimien-to de nuevas relaciones entre los hombres, en las cuales los hombres valen por la protección que reciben y dan y por la devoción que prestan y aceptan. La tierra de-jará de ser el fruto de la relación objetiva revolucionaria entre los hombres para devenir el medio por el cual los hombres entran en dependencia los unos respecto a los otros.

E1 Bando de Lecor, al obligara propietarios y a po-seedores a probar sus derechos sobre la misma tierra; fue el instrumento jurídico que provocó el desconoci-miento final de la transacción Lecor-Rivera y la primi-tiva política de "amparo a los poseedores de buena fe".

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Examinar en un tribunal, juzgar, era contraponer, era decidir qué título obtendría prelación sobre otro, era, políticamente hablando decidir que los viejos propieta-rios volviesen a sus campos, y que los poseedores arti-' guistas saliesen de ellos o aceptasen las diversas formas de subordinación en la explotación de la tierra. Y esto fue lo que comprendieron rápidamente todos.

Cuando el yerno de Melchor Albín, árguía como apoderado de la familia, que se le devolviese la propie-dad no hacía otra cosa que confirmar este cambio brusco de la política cisplatina. Recordando los decretos de "amparo a los poseedores de buena fe" nacidos en los primeros días de dominio cisplatino y contrastándolos con el nuevo enfoque nacido del Bando de Lecor, decía aquél: posteriormente el dro. de los propietarios ha pre-valecido sirviéndose V.E. pr. regla general, sin que ha-ya podido servirle de escudo /a los intrusos/ la buena fé con que ocupaban propiedades agenas. Y' Farncisco Juanicó, poderoso favorito del "Club del Barón" lo di-ría en forma aún más cínica cuando reivindicaba el cuantioso fundo del Hervidero:

Bien se deja ver -decía- que estas anteriores órde-nes circulares las dictó la política acomodada a las cir-cunstancias muy particulares en que á tal época esta provincia se hallaba. Así comprendieron todos; así lo en-tendí yo que querléndo acomodarme a su espíritu, y coadyuvarle, he guardado el silencio que se observa.

El irrestricto domiñio que el "partido brasileño" lo-gró con Lecor luego de la retirada de las fuerzas por-tuguesas y de la capitulación del Cabildo montevideano dio entonces.libre cauce a la aplicación dé la orienta-ción propietarista propuesta ya en el Bando de Lecor. Fue sobre todo en 1824 y 25, en que el alud latifundista anegó la pequeña propiedad .nacida de la revolución ar-tiguista. Como diría juanicó en 1824 habiendo cesado felizmente esas causas políticas que tales determinario-

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nes exigieron y que provocaron tan imperiosamente mi prudencia, estoy en el caso de pedir... Y cómo pidió, y cómo exigieron entonces los grandes propietarios.

En el período que va de julio de 1824 a abril de 1825, las grandes masas de poseedores artiguistas se ven conmovidas por los juicios casi finalizados de expulsión de campos o de obligación de arrendamientos: decenas de familias de los campos dé Pedro Manuel García se preguntaban en febrero de 1825: Estos hombres y sus familias ¿adónde llevarán lo que poseen, o a quién po-drán venderlo en el conflicto de un desalojo y la incer-tidumbre de un futuro que no conocen? Los donatarios del ex-latifundio de Juan Francisco Blanco, también al comenzar el año 25 protestaban desde el ceno de nues-tro abatimiento p.r la erueld.d con q.e se nos ha intima-do aquel decreto. Aquellas grandes masas que a punto de ser desalojadas reclamaban se les confirmase la do-nación ó gracia q.e se nos hizo por Dn. José Artigas, le-gítimo magistrado, q.e al reparo de los Campos valdíos, proporcionaba los vienes a la Causa Pública estaban le-jos de resignarse. La soberbia con que restregaban la gloria del caudillo en las narices de los magistrados cis-platinos, anunciaba ya la Cruzada lavallejista que como una chispa encendería toda la pradera oriental. Semanas escasas separaban esa insurgencia en los tribunales de la insurrección armada. Sólo faltaba Artigas. Los dona-tarios artiguistas y los pequeños hacendados tendrían oportunidad en el Uruguay independiente de llorar su ausencia. -

La política cisplatina respecto a los propietarios confiscados

A lo largo de todo su dominio, cada vez que los portugueses o brasileños tuvieron que decidir en torno

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a los problemas de las propiedades reivindicadas aten-dieron en general a tres grupos de circunstancias. En primer lugar (elemento siempre presente) al. momento político en que transcurría la acción de reivindicación. En segundo lugar, a la mayor o menor perfección jurí-dica de la propiedad solicitada y a la influencia del pro-pietario y su posición en la jerarquía colonial sobre la cual se asentaba su dominio.' En tercer lugar a la im-portancia y número de los poseedores artiguistas o a la calidad de portugueses de los que allí se encontrasen.

En su conjunto estas circunstancias configuraban una variada gama de casos posibles, los cuales hicieron que las leyes y reglamentos conocieran una aplicación matizada, resuelta a veces en aparente casuística, pero que en su conjunto reflejaban una consecuente política de fortalecimiento de la dominación colonial y de pri-vilegios a los eslabones que en cada clase sostenían el régimen.

Las propiedades confiscadas de acuerdo con la lla-na letra del Reglamento cubrían casi la mitad del país, y como se recordará el resto del territorio estaba forma-do por los repartímientos minifundistas de los pueblJos, por las estancias de los hacendados patriotas y en parti-cular por enormes extensiones de tierras fiscales. Como es natural, no todas las propiedades confiscadas fueron repartidas: unas porque el corto plazo de aplicación pa-cífica del Reglamento no lo permitió, otras porque fue-ron destinadas a mantener los ganados del Estado y a mantener los abastecimientos y las finanzas revoluciona-rias, otras en fin, porque aún habiendo emigrado sus propietarios, no hubo tiempo de tenerlas en cuenta.

Los propietarios de este grupo, no tuvieron prácti-camente dificultades para reocupar sus campos, salvo por supuesto en el caso' en que éstos 'se cubrieron con los recién llegados portugueses, caso sobre el cual no de-

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tenemos nuestra atención por no corresponder al análi-sis que hoy realizamos. Tal parece haber sido el caso de los campos de Joaquín Núñez Prates, José Ramírez, Manuel Solsona, Mateo Magariños, Félix Sáenz, Felipe Contucci, hermanos Villademoros, José Fontecely, cte.

Para la reocupación lisa y llana de las viejas pro-piedades, de todos modos los propietarios encontraron una extensa serie de dificultades. devenidas unas de las consecuencias de la misma anarquía y caos revoluciona-rios y otras de las chicanas de los magistrados cisplati-nos tendientes siempre a proteger los intereses fiscales .y políticos de la administración imperial.

Una buena parte de los propietarios no se presentó personalmente a reivindicar los campos, razón que obsta-ba a que se tuviese en cuenta sus intereses, de acuerdo con la Real Orden de 1817. Algunos de los grandes pro-pietarios espáñoles participaron en la intentona restau-radora de 1819, por lo cual hombres como Benito Chain, Juan de Vargas, Roque de Haedo, Pedro Manuel Gar-cía, cte., fueron detenidos y algunos de entre ellos ex-pulsados de la provincia. Para muchos de ellos, el con-flicto significó postergar sus reivindicaciones por mu-chos años, para otros supuso pasar por las rigurosas hor-cas caudinas de la sumisión a Lecor, cuyo oneroso pre-cio quedará sepultado y ocultado en las compras de in-fluencias, por supuesto indocumentadas.

La revolución no sólo había confiscado el espacio de explotación ganadera, no sólo los ganados, sino que había arruinado a multitud de grandes y antaño flore-cientes hacendados. Obligados a emigrar al Brasil o a las Provincias Unidas, la mayoría de ellos conocieron la mi-seria más completa y jamás pudieron levantar cabeza. La reivindicación de sus propiedades, por más que sig-nificara el volver a la vieja y perdida potencia económi-ca no era de todos modos una empresa ni fácil ni exen-ta de gastos. Trasladarse a la Banda Oriental, mantener

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un decoroso nivel de vida mientras se sustanciaban los largos y gravosos pleitos de reivindicación, morosamen-te llevados las más de las veces por una cohorte de há-líiles especuladores de tierras y letrados adheridos a las "facilidades" del régimen, no era para todos. Los más tuvieron que comprar una parte de su antiguo- esplen-dor aceptando los convenios que los "embrollones de le-tra menuda" y los grandes comerciantes y hacendados incrustados en el aparato colonial les proponían. Pero no sólo los ruinosos "apoderados" marginaban y recor-taban las riquezas reivindicadas. Como a lo largo de to-do el siglo se habría de repetir, cada una de las instan-cias judiciales y ejecutivas que cruzaban de vallas los pleitos, debían ser salvadas mediante el tráfico siempre oneroso de influencias: una vista fiscal favorable, un am-paro de posesión, un lanzamiento, un acompañamiento militar para el mismo, debían ser apoyados con ríos de dinero, que no por haber transcurrido lejos de la prueba escrita, son menos notoriamente existentes.

El resultado de este infinito calvario de los empo-brecidos grandes propietarios fue bastante cuantioso. Al final de los largos pleitos (liquidados en la Cisplatina y poco después en la época independiente) los validos del régimen colonial cisplatino emergieron como gran-des propietarios y los viejos nombres coloniales pasaron a un melancólico mal pasar, apenas satisfecho con el re-cuerdo ostentoso de pasadas glorias. Así perecieron vie-jas fortunas y propiedades coloniales como las de Juan Francisco Blanco, Pedro Conzález, Juan Antonio Busti-llos, Bernabé Alcorta, José Fontecely, cuyos campos fue-ron adquiridos por la casa inglesa Steward-Mac Coll, re-sidente en Buenos Aires y representada en Montevideo por el comerciante inglés Diego Noble, a la postre pro-pietario de dichos campos; así pasaron a una oscura me-diatez los otrora poderosos nombres de Juan Bautista Dargain, Francisco González, Bernardo Posadas, cuyas

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propiedades fueron adquiridas por el hábil apoderado Francisco Juanicó, que en sociedad con el comerciante francés Cavaillon y el argentino Nicolás Guerra, se trans-formaron en legendarios latifundistas de los actuales de-partamentos de Salto y Paysandú.

Pero no se detenían aquí las dificultades que la ávi-da administración cisplatina oponía a los viejos propie-tarios. Una buena parte de éstos no había alcanzado a perfeccionar totalmente la indiscutida y privilegiada po-sesión que detentaban en la época colonial. Y lo que en aquel período hubiera significado unas breves y mo-deradas actuaciones judiciales, se transformó en la épo-ca cisplatina en cuantiosas partidas sujetas unas al tribu-to privado de los encargados de mover la máquina ju-dicial y otras a las cargas fiscales mucho más voraces de la corona de Braganza.

Quizás era peor la situación de aquellos que por di-versas circunstancias habían perdido los documentos que convalidaban sus derechos. Muchos títulos habían sido secuestrados por Artigas y remitidos a Purificación, otros habían sido perdidos o destruidos por los saqueos y co-rrerías de todos los contendientes, otros habían sido ex-traviados en archivos convulsionados o extraídos de sus anaqueles en Montevideo y Buenos Aires por las faccio-nes que se alternaban en las guerras civiles. Para estos propietarios la devolución de las propiedades estaba agravada por los lentos indagamientos, las compulsas siempre costosas en archivos extranjeros y nacionales, los testimonios de vecinos a veces renuentes, a veces malin-tencionados o enemigos. Y sobrevolando todas las ins-tancias, las gravosidades de los "influyentes" y de las je-rarquías, siempre codiciosas. En este despeñadero pare-cen haber rodado muchas. esperanzas, y no pocos pro-pietarios, los hermanos Villademoros; José de Arvide,

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Francisco González, Pedro Manuel García, etc., encon-traron en estas circunstancias la causa principal de sus difíciles reivindicaciones.

Si lograban sortear los obstáculos enumerados, los propietarios debían aún salvar nuevas dificultades. atin-gentes éstas a la condición de los poseedores situados en sus campos.

Algunos de los grandes propietarios, sobre todo al sur del Río Negro, tenían sus éampos cubiertos de Jecé-nas de poseedores: Pedro Manuel García, la Casa Viana Achucarro, Melchor y Francisco Albín, Calera de las Huérfanas, Villanueva Pico, Alagón, Azcuénaga, etc. En tales casos aun cuando contaran con la pronta amistad de las autoridades, estos propietarios cuando se presen-taron a reivindicar sus propiedades tuvieron que supe-ditar en alguna medida sus intereses a las necesidades políticas de la dominación portuguesa (Véase las decla-raciones de Albín y de Francisco Juanicó ínsertas,más arriba). Aquí el gobierno cisplatíno antes de alterar ma-sivamente la situación de miles de habitantes de la cam-paña se vio obligado a contemporizar so riesgo de pro-vocar conmociones revolucionarias, conmociones que na-cieron justamente cuando abandonó sus precauciones. La salida propuesta y desarrollada por las autoridades fue la de provocar los acuerdos entre propietarios y Po-seedores, ora' mediante arrendamiento, ora mediante la compra de sus fracciones por los poseedores, ora median-te el pago de las mejoras a los poseedores desalojados, ora mediante plazos suficientes para que los poseedores se colocaran en nuevos campos.

Pero en casi todos los casos, se llegó a rigurosas, aun cuando tardías medidas de expulsión de los donatarios artiguistas y demás pequeños poseedores sin títulos, ex-pulsión que se precipitó en general justamente en las vísperas revolucionarias de 1825.

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En algunos casos, los propietarios tuvieron que li-diar con poseedores más o menos solidarios con la ad-ministración portuguesa. Algunos lo eran por su inclu-sión en el aparato militar criollo y dependiente de los grandes caudillos adheridos a la dominación portuguesa, como Rivera, Laguna, cte.; otros eran o donatarios arti-guistas de nacionalidad portuguesa que adquiriéron in-fluencia en la administración cisplatina, o poseedores de reciente poblamiento que, ganaban su tranquila posesión por pertenecer a las fuerzas conquistadoras. Aquí, sólo la existencia de una contrapuesta y poderosa influencia de los propietarios, garantizó la devolución de las pro-piedades. Para aquellos propietarios del norte del Río Negro, la inclusión de gran número de poseedores Portu-gueses o el hecho de que en esos destinos se hubieran ubicado los principales oficiales cisplatinos, fue casi fa-tal para sus intereses.

`Vía crusis" cisplatina de los donatarios artiguistas

La situación de los donatarios artiguistas, a su vez, dependió de muchas circunstancias. Dentro del cuadro general de total desconocimiento de su propiedad, la po-sesión de sus campos, sin embargo, conoció una gama que fue desde la total tranquilidad a lo largo de toda la dominación cisplatina hasta la muy temprana expulsión de sus modestas suertes.

Antes de estudiar la suerte corrida por los donata-rios artiguistas se debe tener en cuenta una circunstan-cia muy importante. Los donatarios artiguistas en su in-mensa mayoría lo habían sido en el cuadro de una feroz y cruenta revolución social y nacional. Ellos sabían y comprendían que la suerte de la propiedad de sus tierras estaba vinculada a la defensa- de la revolución. De ahí

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que cuando advino la agresión portuguesa y los con-flictos con. el Directorio porteño, la inmensa mayoría de los donatarios artiguistas abandonó el pacífico trabajo creador para sumarse a las divisiones patriotas (1). La espantosa mortandad de orientales, segados en diarias guerrillas y en batallas numerosas y sangrientas, hace fácil suponer cuán grande proporción de donatarios ar-tiguistas jamás volvió a sus campos.

Pero aún muchos de sus sobrevivientes se vierón en amargos trances, emigraciones, prisiones, etc., ántes de intentar volver a sus pagos. Cuando así lo hicieron, salvo en contados casos, les fue impedida la reocupación de sus modestos terrenos por diversas razones. En algunos casos operó contra sus intereses la presencia de los vie-jos propietarios que habían madrugado en la reivindica-ción y posesión material de sus antiguos latifundios. En otros, su tardía reaparición, hizo que no se les tuviera en cuenta en los tempranos censos de ocupantes y dona-tarios artiguistas realizados por las autoridades portugue-sas apenas pacificada la campaña, por lo cual no se les comprendió en los llamados "pobladores de buena fe' cuya posesión material estaba garantizada hasta el arre-glo de la campaña. En otros, por último, su deseo de re-cuperar la posesión chocó con iguales intereses de otros desamparados, dejados caer. en sus campos por e1 ven-daval revolucionario, o por hacendados de nacionalidad portuguesa contra cuya situación nadó podían hacer los donatarios que volvían tardíamente a sus terrenos.

( 1 ) Véase los testimonios insertos en los expedientes de los donatarios artiguistas Lorenzo Ruiz Díaz (Huérfanas), Ma-nuel L lupes (Villalba y Albin), Nicolás Zermeño (Viana Achuca no), Mateo Benitez (José Maldonado), Francisco López (Villanue-va Pico), Faustino Tejera (Milá de la Roca).

(Entre paréntesis: propietario del campo confiscado).

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Para el grueso de los donatarios artiguistas las difi-cultades relacionadas con la documentación de sus te-rrenos se transformaban en un obstáculo mil veces más insalvable que lo que había sido para los propietarios. Unos habían perdido los documentos extendidos por los comisionados artiguistas, otros apenas podían contar con trámites apenas esbozados e interrumpidos por la propia invasión portuguesa, otros, en fin, a cuyos campos aún no habían llegado los comisionados nombrados por el reglamento sólo podían mostrar -en el mejor de los ca-sos- los permisos de población extendidos por sus jefes militares, inmediatos, en condiciones precarias y como simples recaudos destinados a no ser molestados en tan-to no les llegase el turno de ser atendidos por las auto-ridades de tierras correspondientes.

Sobre todo para éstos funcionó el certificado exten-dido -en los años cisplatinos- por los comisionados de tierras y jefes militares de quienes habían recibido esos primeros y precarios documentos aún existentes. Fue en el cuadro de esta necesidad testimonial y protectora de la posesión, donde se agigantaron los lazos de dependen-cia personal entre los donatarios artiguistas y demás ocu-pantes sin título respecto a los jefes capaces de exten-der o negar los certificados o la protección. Fue allí don-de creció él prestigio de hombres como Rivera, Laguna. Lavalleja, Durán, Pintos, etc. Sus testimonios o su vo-luntad de negar o extender la protección devenida de su prestigio o poder, hizo que en la primera oposición en-tre los jefes rurales en 1822-23, muchos de los donatarios artiguistas y demás ocupantes, se dividieran de acuerdo con la resolución adoptada por lbs respectivos jefes o de acuerdo con la suerte corrida con sus respectivos te-rrenos.

Los poseedores situados en peor condición eran aquellos que por distintas razones estaban poblados en campos de favoritos del régimen o en campos adquiridos

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por extranjeros, comerciantes o hacendados de gran for-tuna. Aquí, la riqueza o la pertenencia al restringido "Club del Barón" aceitó la máquina judicial obteniendo rápidas sentencias y no menos rápidos y crueles desalo-jos. Por último, no fue menos desgraciada la situación de aquellos donatarios aislados en grandes latifundios, ora por haber fallecido o emigrado los hombres de igual condición, ora por haber sido muy escasa y tardía la dis-tribución de los campos sobre los que se hallaban. En estos casos, los escasos poseedores que debían enfrentar la prepotencia y poder de los antiguos propietarios, nada pudieron hacer; más si se tiene en cuenta, que en sus casos no obraba la natural parsimonia cisplatina que sa-bía morigerar su crueldad cuando se conmovía peligro-samente a las amplias masas de poseedores.

Pese a estas circunstancias; otras sin embargo, ope-raban para permitir cierta o total tranquilidad en la po-sesión de otros donatarios artiguistas.

Muchos de los antiguos propietarios -ya lo hemos dicho- o no aparecieron jamás durante la dominación cisplatina o lo hicieron muy tardíamente. En ambos ca-sos, los conflictos prácticamente se postergaron y resol-vieron en el Uruguay independiente. Pero esta circuns-tancia que se dio en los campos de Villanueva Pico, Co-rrea Morales, Viana Achucarro, Azcuénaga, etc., no dio a los poseedores otra cosa 'que la simple y precaria po-sesión material de los terrenos. Cada vez que intentaron ampararse en su condición de poseedores para consoli-dar y sanear la propiedad mediante su titulación defini-tiva, así fuese por compra, encontraron la más decidida oposición de las autoridades cisplatinas.

Los poseedores de ciertos campos, cuyos, propieta-rios por las razones expuestas anteriormente, ¡lo atinaban a resolver definitivamente su propiedad, aun cuando vi-vieron con el jesús en la boca, de todos modos vieron llegar la Revolución del 25, sin haber sido desalojados

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de sus campos, por lo cual los viejos propietarios debie-ron recomenzar las instancias judiciales bajo los gobier-nos independientes. Incluso en aquellos campos en los cuales se habían librado sentencias definitivas,, algunos de los poseedores resignados y en vísperas de expulsio-nes irreversibles también se encontraron con que la ho-ra revolucionaria volvía sus situaciones al punto de par-tida.

En fin, una buena parte de los poseedores artiguis-tas debió someterse como ya dijimos a las diversás tran-sacciones específicas y ejecutadas por las autoridades. Si bien para ellos la Revolución llegó en cierto modo tar-de, sin embargo, el hecho de encontrarse sobre sus cam-pos a titulo de arrendatarios, por onerosa que fuese la renta que debían pagar siempre fue una ventaja enorme sobre los que, por las mismas razones, habían sido ex-pulsados lejos de sus campos. Estos casi nada pudieron hacer en la época independiente y cuando les fue per-mitido volver a sus campos lo hicieron bajo otros ampa-ros y otras influencias. Aquéllos por el contrario, esta-llada la revolución, quemaron simbólicamente los lazos de arrendamiento y dejaron lisa y llanamente de pagar y de considerarse obligados ante los viejos propietarios; incluso se les verá realizar intentos, nuevamente, de con-solidar su propiedad y encontrarse en pleitos reiniciados por los viejos propietarios que vieron hundirse con el dominio cisplatino la sagrada "autoridad de cosa juzga-da" con la que se habían considerado felices y definiti-vos reocupantes.

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EPOCA DEL URUGUAY I NDEPENDI ENTE2.

Lo que ha cambiado

El proceso de dislocamiento de las relaciones revo-lucionarias entre los pobres del campo, iniciado por Le-cor puede decirse que es ya un hecho reforzado en la época independiente y consumado sobre todo a partir de 1834.

Los donatarios, contemporáneos y luchadores de la revolución artiguista, no son los mismos, por supuesto, que los que permanecen y comprometen su fibra bajo la dominación cisplatina; son ya muy diversos de aque-llos que peregrinan desde los primeros años del Uruguay independiente, ora en los tribunales, ora en el séquito de los grandes caudillos, añorando, (sin comprender los cambios) la época del gran jefe de los Orientales, pero forzados a perseguir rutas que los llevarían definitiva-mente al infortunio.

La revolución de independencia en su largo curso ha provocado a su vez una diferenciación entre la in-mensa multitud de poseedores que cubre los campos de la Banda Oriental. Los donatarios artiguistas y los ocu-pantes de campos de emigrados y enemigos de esos mis-mos días, ven llegar a lo largo de los años, (1820 - 1830), otros compañeros de desventura o de igual condición jurídica, que se asientan en campos abandonados pero ya sin control revolucionario alguno y sin los extremo-sos requisitos que la democrática ley agraria artiguista anteponía a los adjudicatarios para impedir que el acce-so a la tierra se transformase en un privilegio y en el fruto del poder militar o económico.

La posesión de campos abandonados transcurrida desde 1820 hasta 1828, no escapa a las leyes de concen-tración del capital y opera en la ley agraria artiguista.

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El ámbito de la posesión material no está expresado en las tierras necesarias para el sostenimiento solvente de una familia y un núcleo mínimo' de fuerza de trabajo ajena, como preveía el Reglamento Provisorio, sino que está expresado,en la capacidad del poseedor de ocupar todo el campo sobre el cual es capaz de sostenerse ante la apetente competencia de los vecinos y demás coñcu-rrentes en la posesión de campos.

Las leyes de concentración de la tierra que opera-ron en la época colonial en cierto modo volviLIron a re-petirse en las que rigieron natural y objetivamente la posesión material de los detentadores sin títulos en los primeros años del Uruguay independiente. El ocupar una sola suerte o diez y más leguas de campos,-no era, por descontado el resultado de la sola voluntad o ambición del poseedor. Esa capacidad aparentemente irrestricta de ocupación estaba férreamente vinculada a su capacidad económica previa, porque los campos se ocupaban con ganados y esa ocupación se defendía a tenor del número de peones, agregados y esclavos que se mantuviese bajo la dependencia del gran ocupante, poseedor o detenta-dor de campos fiscales o abandonados por sus primiti-vos dueños.

La revolución nacional de 1825, provocó un nuevo y violento reforzamiento de las tendencias semifeudales y antidemocráticas surgidas en el seno de las fuerzas pa-triotas. La "guerra a las vacas" que acompañaba como la sombra al cuerpo a las guerras nacionales de inde-pendencia produjo un hecho de largas consecuencias en la futura historia de la ocupación fisica de la tierra. Las "razzias" de ganado realizadas por Rivera en las Misio-nes, por Alvear y Lavalleja en la Banda Oriental y er. Río Grande, crearon un fenómeno singular. Un gran nú-mero de jefes, oficiales y soldados de las fuerzas orien-tales se halló propietario o detentor -vale lo mismo-de cantidades de ganado cuantiosas o modestas de acuer-

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do con su jerarquía, influencia o audacia. Lo singular no es por supuesto la apropiación misma, sino el hecho de que esta nueva oleada de propietarios de_ganados care-cía de tierras donde mantenerlos.

A ellos sin duda se refería la circular lanzada por Santiago Vázquez el 23 de diciembre de 1831 cuando proponía que cada vecino de la campaña, que posea ha= cierula de campo y sin propiedad territorial, adquiera aquella que sea compatible con su fomento y con su fortuna. Una gran parte de estos poseedores, propieta-rios de apenas unas decenas o pocos centenares de ca-bezas, no radicaban definitivamente en ningún punto de la campaña' limitándose a mantener los rodeos mínimos, hoy aquí, mañana allá, de acuerdo con la ,benevolencia o rigidez de los hacendados de los alrededores. Contraí-dos a la ganadería -decía "E1 Patriota", el 8 de diciem-bre de 1831- pero dueños de un ganado reducido, en que consiste toda su fortuna, u ocupan tierras de perte-nencia particular, y en este caso están espuestos á con-tinuas migraciones, al arbitrio de los propietarios; ó es-tán establecidos en terrenos del Estado, cuyo. dominio útil ha pasado ya, ó debe pasar en adelante á los parti-culares, y quedan por lo mismo sujetos a iguales incon-venientes.

Pero en el' desarrollo de la apropiación física de los terrenos fiscales o particulares abandonados, volvemos a ello, nada puede esperarse que se parezca a la apro-piación surgida de la aplicación del Reglamento arti-guista. Aquellos que por su influencia y poder o jerar-quía militar habían sido favorecidos en el botin de ga-nado que produjo la guerra de la independencia, natural-mente ocuparon y poseyeron grandes cantidades de tie-rras. Por su parte los grandes y ricos comerciantes de la capital y la campaña aprovecharon a su vez el caos de la revolución para asentarse en todos los terrenos que su avizora mirada encontró vacíos tanto, y sobre todo, en la

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época cisplatina, como en los primeros años de la revo-lución libertadora de 1825. Estos grandes poseedores sin títulos ya no eran aquella vieja y heroica generación de donatarios artiguistas ni nada tenían que ver con aque-lla menesterosa grey de soldados desmovilizados despec-tivamente calificada de "polilla de la campaíia". Para aquéllos se teorizaron más que pala nadie los decretos de protección a los poseedores que rodaron a lo largo de la primera presidencia constitucional, para los otros valían los tribunales que convocaban una vieja legisla-ción santificadora de la propiedad así como los decretos y reglamentos de policía de campaña que los perseguían por vagos o los sujetaban a las relaciones semiserviles de dependencia personal mediante la obligación de por-tar la papeleta de conchabado; para ellos en fin se ha-cían los decretos de desalojo impiadosos y los lanzamien-tos mano militar¡ que los propietarios preferían obvia-mente a los escritos en papel sellado.

Los poseedores ricos constituían un sector nada des-preciable, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de tierra que detentaban. Entre ellos se habían reparti-do los campos de Solsona - Alzáibar, Barrera, Anzoáte-gui, Arvide, Almagro, Milá de la Roca, y en menor gra-do los campos de las Huérfanas, de Villanueva Pico, etc. A1 norte del Río Negro, en el litoral que rodeaba al vie-jo campamento de Purificación, la generación de dona-tarios artiguistas había sido considerablemente raleada como resultado de su constante adhesión a la revolución por la cual los más perdieron la vida. Su lugar, sus cam-pos, aquellos que habían regado con su sudor y luego con su sangre, fueron ocupados particularmente por los jefes y oficiales de la guerra con Brasil, y en su mayor número, por los que arrostraron con Rivera el ostracis-mo y la conquista de las Misiones. En condiciones simi-lares se hallaban la mayor parte de los campos confis-cados por Artigas o abandonados en los días de su go-

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bierno. Al sur del Río Negro, allí donde los donatarios artiguistas habían subsistido en mayor número, pudo darse aquellos casos en que su solidaridad revoluciona-ria se mantuvo -por lo menos localmente- o fue debi-litada en escaso grado, pero aún en estos casos se ope-ró otro fenómeno no menos importante.

Entre los donatarios artiguistas se produjo en 20 años el 'inevitable proceso de diferenciación y polariza-ción económico-social propio del desarrollo mercantil. En el curso de los años, los más, abrumados por la gue-rra, la opresión, las persecuciones políticas y judiciales, cayeron en la mayor indigencia. Unos abandonaron sus posesiones y se perdieron para siempre incapaces de sos-tenerse eñ los campos donados por Artigas; otros,. en bue-na cantidad, enajenaron sus precarios derechos de pose-sión a hacendados ricos o a comerciantes de las villas del distrito; los terceros quedaron en sus campos de to-dos modos pero ya fueron incapaces de sostener la po-sesión de todo el campo adjudicado en sus documentos; puesto que sus raleados ganados apenas si cubrían los míseros corrales que rodeaban sus viviendas. Por el con-trario, algunos donatarios artiguistas en los 20 áños trans-curridos, favorecidos o por su obsecuencia en la época cisglatina, o por sus grados y poder en el ejército insur-gente de 1825, o enriquecidos simplemente- en la pro-ducción ganadera o en las "sacas de ganado" a los bra-sileños enemigos en la Banda Oriental y Río Crande, no sólo conservaron las suertes donadas por la ley arti-guista sino que incluso ocuparon mayores áreas en de-trimento de vecinos débiles o ausentes, o adquirieron sus campos a otros donatarios artiguistas o a poseedores y propietarios de todo origen. De esta condición era na-da menos, Juan Antonio Lavalleja, y en un grado menor Faustino Tejera, Ramón Santiago Rodríguez, Tomás Bur-gueño, Felipe Caballero, los hermanos Zermeño, -cte.

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Sobre este complejo, contradictorio y ya muy cam-biado panorama operó la política de los gobiernos inde-pendientes en el periodo crucial de 1828-38. La homo-génea clase de los donatarios artiguistas, revolucionaria y democrática, había pasado a mejor vida. En su lugar, una vieja generación de donatarios artiguistas o adqui-rentes de sus títulos de donación, corroída por la dife-renciación de clases, escindida en sus dependencias per-sonales a los grandes caudillos contrapuestos, enfrenta-da en sus expectativas políticas y económicas; y una nueva generación de grandes poseedores, usufructuarios en el peor sentido, de la independencia conquistada por toda la nación; y poseedores miserables, aislados, que debían su posesión a su mera voluntad y al azar de las guerras que asolaban el país desde veinte años atrás. Artigas estaba muy atrás en el tiempo.

La reconcentración del latifundio colonial fue en-tonces tanto más fácil cuanto más cruentas fueron las guerras civiles. La breve historia que pasaremos a relatar es en definitiva la historia de la contrarrevolución lati-fundista y del sucesivo despojo de los pobres del campo. Que nunca descansen en paz, tal ha sido el legado ar-tiguista.

Período de la Guerra con Brasil

Apenas Sarandí despejó la campaña de las fuerzas brasileñas, las masas de pequeños hacendados creyeron que 1825 repetiría al recordado 1815. Desde todos los ámbitos 'los donatarios artiguistas recurren alas autor¡-' dados patrias para consagrar lo que les parecía mera ra-tificación. Sin olvidar que los que acceden a los tribu-nales no son -obviamente- el todo de aquellas masas, es de todos modos significativo el que tantos hayan creí-do que la nueva revolución de independencia era ape-nas continuadora de la vieja revolución en todos sus as-

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pectos: de soberanía nacional y de revolución social. Aquellos hombres despojados de sus pequeñas suertes del Rincón del Rosario, o del Rincón de los dos Solises, relatan solícitamente los atentados sufridos bajo el do-minio cisplatino y el despojo que sufrieron, y deslizaban como un sobreentendido "que mejorando las circunstan-cias del país" y al resonar `los dulces ecos de libertad dando un golpe al tirano que nos oprimía" los campos donados por Artigas volverían al destino que el gran caudillo había querido; tal como lo creía aquel otro do-natario de Durazno que a mediados de 1828 se sentía favorecido bajo los auspicios de nuestro Gobierno "sabio y arreglado" por lo cual descontaba `9a seguridad de nuestras propiedades legítimamente habidas" en el cur-so de la revolución agraria artiguista..

Otros, de acuerdo con su peculiar biografía, como los "Treynta y hun Besinos' "agraciados, enterrenos rea-lengos por el Govierno, anterior de la Patria" recorda-ban haber sido obligados por el "ynperio" a someterse al arrendamiento que les impusieron los "erederos dela finada D.a Martina Gomes y Saravia", notoria viuda de Don Fernando Martínez, y advenida la Revolución con-sideraban natural que la Patria los liberase de aquella prepotencia.

Si las primeras autoridades provinciales aceptaron que los donatarios fuesen restituidos a sus campos, en aquellos casos en que las expulsiones cisplatinas habían desalojado a los agraciados, y si aún comprendían que "estos infelices" agraciados que estaban "con las armas en la mano, sosteniendo y defendiendo los terrenos, é in-tereses dela que se llama propietaria" debían ser exone-rados de los gravosos arrendamientos "interin las cosas no tomen otro sociego"... cuando precisamente las co-sas tomaron otro "sociego" todo cambió.

Los circunstanciales asesores que hacían las veces de fiscales de un gobierno provincial apenas esbozado,

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tenían en cambio bien terminadas sus ideas respecto al carácter de la revolución agraria artiguista, y por supues-to sin animarse a maldecir su glorioso acontcer, les so-braba bríos para calificar de "auténticos" los títulos del escarnecido poder colonial y de "meros papeles simples" los nacidos de la gesta agraria de 1815.

Encaramados en el gobierno provincial, sobrevolan-do con una usura interminable los préstamos al gobierno nacional argentino y los abastecimientos del Ejército Re-publicano, los más increíbles y conocidos especuladores nacidos en buena parte del tronco "empecinado" espa-ñol, tenían ya suficiente coraje -tal el caso de Félix de Alzaga- como para comprar apoderados influyentes (José Encarnación de Zas) que sin ningún rubor y a tan-tas onzas la desvergüenza ponían cara de burgueses in-dignados al escandalizarse en estos términos por los "des-pojos" de la época artiguista: aún permitiendo que fue-se cierta la donación de unos terrenos concedidos solo en posesión en fuerza de las circunstancias de la época en que se dieron á algunos vecinos, por el abandono que esas circunstancias obligaron á hacer de ellos á sus pro-pietarios; es bien claro, q.e ni el General Don )osé Ar-tigas, ni el Cabildo Gobernador Intendente. ni ninguna otra autoridad, que merezca la denominación de tal es-taría facultado, para arrancar el sagrado derecho de la propiedad, legítimamente adquirida y rebestir con él a un tercero por más meritorio y digno que le considerase por sus servicios a la patria.

Artigas y su gobierno "no merecían la denominación de autoridad legítima", éste era ya el peyorativo ritor-nello con el cual todos los letrados descastados acumu-larían barro sobre barro en torno al gobierno más gran-de que tuvo la patria oriental. Los asombrados paisanos que con las armas en la mano acababan de escribir las páginas de Rincón y Sarandí tenían la ingenuidad' de proclamar que si el "Rey de España pudo hacer una, do-

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nación de esa calidad a un vasallo suyo, con más fuerza y derecho justos", podía la patria "ser grata a los cons-tantes sacrificios de sus hijos, prodigándoles recursos de que necesitan para el sustento y adelanto del Pais. Sólo resta saber -decían- si en el tiempo en que el Señor Ge-neral don ]osé Artigas obtuvo el mando en. la Provincia Oriental, fue reconocido por tal en los pueblos de la Próv.cia y sus disposiciones fueron observadas ó nó co-mo e igualmente las donaciones que hizo en beneficio de los hijos del país."

A fines de 1826, la resonancia adquirida por los pri-meros litigios entre los donatarios artiguistas y demás ocupantes sin títulos fue la suficiente como para provo-car la reticencia de los más. Sobre el impacto que la reac-cionaria política de las autoridades producía sobre el ánimo de los viejos hacendados artiguistas, alertaba uno de ellos: Millares de habitantes enla campana poseen inmensos campos donados en igual forma. No creo ha-brá un motivo para que los desalojen, ni menos para qué á mi no se me ampare en mi posecion.

Los diferentes asesores, fiscales y jueces que alter-nativamente debían opinar sobre los recursos que se les elevaban, estaban sentando una jurisprudencia trágica para los donatarios y pequeños hacendados sin títulos. Sus documentos o su mera ocupación de los campos, eran descalificados con'términos como los de "documento simple", "mera detentación'.", etb. La breve subordinación de la Provincia al poder unitario porteño trajo además el apetito del clan usurero bonaerense que veía `hoy en las tierras públicas la garantía de la deuda general", for-ma culterana con que a veces los magistrados querían decir que la tierra pública debía ser usada como moneda de pago a los insaciables usureros y especuladores que sangraban la revolución de independencia.

El 'final de la guerra contra el Brasil y el Tratado Preliminar de Paz que separó la Banda Oriental como

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estado independiente fue de enormes consecuencias. E1 grupo de grandes propietarios porteños confiscados por Artigas, que medraba exitosamente en el gobierno ar-gentino se encontró con que su política de reivindica-ción de campos debía ser trasladada a un gobierno inde-pendiente, donde antes de soñar con nada, había que reedificar una nueva tramó de influencias y compadraz-gos.

Pero sobre todo, fue de incalculables consecuencias, el pasaje de miles de soldados y oficiales del frente de guerra a sus pagos. Miles de patriotas, simples soldados desmovilizados unos, oficiales de armas tomar otros, pre-ñados de suspicacias y soberbias, se asentaron sencilla-mente en todos los campos abandonados que encontra-ron a mano. Sobre la vieja generación de donatarios y simples ocupantes artiguistas, entrelazada con ella en una inextricable red geográfica, cayó una segunda olea-da de poseedores. Ya hemos referido la sustancial distán-cia que media entre la antigua y la nueva forma de ocu-pación de campos abandonados. Recordemos, sí, nueva-mente, que estos poderosos poseedores traían tras de sí su "repunte de ganado" (más o menos considerable de acuerdo con su pericia en la "saca de ganados"), su ter-cerola y su sable, puro filo e incomodidad en la vaina. Los más poderosos de entre ellos conservaban sus pla-zas en el ejército y cuando lo abandonaban circunstan-cialmente, se llevaban tras de sí a los soldados, tan ague-rridos en el rodeo y en la defensa del campo de su cau-dillo de devoción, como lo habían demostrado en la de fensa de la patria. El Ejército se territorializaba.

Los donatarios artiguistas en esta oleada perdieron casi definitivamente su configuración. Allí en la sólida trama del ejército o de `los ejércitos" de los caudillos más sobresalientes, el donatario artiguista. el pequeño hacendado, podía hallar aquel "palenque ande rascarse"

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que reclamaba Fierro. Un buen conipadre, una rica tra-ma de caudillos y caudillejos unidos los unos a los otros en la gauchada y en el "hoy por mí, mañana por vos", eran mucho más sólido título de propiecjad que aquellos litigios curialescos que confundían los nombres de los arro-yos, mentaban las leyes de Toro y luego de embarajar las cartas terminaban siempre con el desalojo. Los do-natarios empezaron a perder su respeto por aquellos "meros documentos simples" nacidos del Reglamento Provisorio. Los guardaban, muchos con fervor, en espe-ra de inescrutables tiempos, pero mientras tanto, guar-daban el campito con las armas en la mano y no se aso-maban a otro tribunal que el séquito del caudillo.

Por supuesto, ésta fue la trampa donde quedaron atenazados por años. Para salvar la tierra se enajenaron el hombre revolucionario que les había enderezado Ar-tigas; el "caudillo" "sindicato del gaucho" no tardaría en ser su "cepo colombiano".

Período del gobierno provisor io (1828-1830)

La independencia asomada en 1828, renovó los áni-mos de los hombres. Varios donatarios de los campos que fueron de Arvide, Huérfanas, Correa Morales, Rin-cón del Rosario, etc., renovaron sus intentos o los ini-ciaron por primera vez, tendientes a revalidar aquellos curiosos documentos heredados del gobierno artiguista. Las autoridades nacionales se hallaron entonces en un terrible conflicto. Incapaces de sobrellevar la avalancha de solicitudes convalidando el desconocimiento de la "propiedad privada" que entendían como fundamento de su ser, codeándose con los mismos propietarios que ca-bildeaban constantemente pidiendo la devolución de sus campos, e incapaces al mismo tiempo de desalojar a to-da una masa de pequeños hacendados que sabía pedir

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aún con las armas en la mano,' las autoridades sólo ati-naron -en enero de 1829- a ordenar se suspendiesen to-dos los expedientes que rozasen "sobre donaciones an-teriores de tierra" hasta tanto se librase "resolución de la H. Asamblea" sobre las mismas.

Pero sobre todo lo que inclinó los ánimos de las au-toridades hacia una postergación del "corte" de los con-flictos fue el novedoso fenómeno de los grandes deten-tadores de tierras, cuya reciente ocupación los hacía tan jurídicamente insanables como los antiguos pequeños ha-cendados de origen artiguista.

Decretar el desconocimiento de los derechos de.esta clase aparentemente indefensa no era imposible para las autoridades, pero muy distinta cosa era decretar esa ley abstracta y general cuando al mismo tiempo declaraba desalojables jurídicamente a los grandes caudillos inde-salojables por definición. Un Julián Laguna enclavado en plena `población principal" de las Huérfanas, un Leo-nardo Olivera intocable en el viejo fundo de los Villa-nueva Pico, un Felipe Flores en la rinconada norte de los Alzáibar - Solsona, o un José María Raña en Paysan-dú, no eran -ni que hablar -aquellos "morenos libres", aquellos "misioneros", aquellos "paraguayos pobres" que mentaban los documentos de donación artiguista. Su po-sesión no se defendía apelando a la revolucionaria po-lítica artiguista, por la cual tampoco tenían la menor simpatía ni comprendían, sino que se enarbolaba en la media luna de su lanza militar y de su gente adicta. No sólo no eran lo mismo, sino que incluso se vio a los vie-jos donatarios artigüistas protestar contra estos insacia-bles acaparadores de nuevo cuño, que se arrogaban el señorío sobre tierras que el propio Artigas les había des-tinado, tal como lo hacían los vecinos de Carmelo ante la codicia de Julián Laguna, q.e pretende abarcar -de-cían- en sus manos solas lo q.e de tiempos mui átras

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constituía la felicidad de un sin numero de brasos labo-riosos y a quien acusaban de querer imponer a los veci-nos en la peor condición, tal como si fueramos sus co-lonos,o unos esclavos tributarios de su ambición.

El advenimiento de Rivera al ministerio del gober-nador Rondeau, en agosto de 1529 trajo entre otras con-secuencias el primer decreto agrario del país indepen-diente, que en sustancia era una mera puesta al día de la vieja ley eufitéutica argentina. De acuerdo con este decreto, que se limitaba a ratificar la subsistencia de una ley, a conceder plazos y a precisar un bajo canon anual, muchos donatarios creyeron que con ello el joven estado estaba incitando a todos los poseedores a consolidar de alguna forma la irregular posesión que mantenían sobre -sus campos.

El viejo "godo" Bernardo Bustainante, letrado de lenguaje apocalíptico y mentalidad colonial, era en esos días fiscal de gobierno y hacienda. Ya en los primeros recursos que se le elevaron demostró cuál sería la suerte futura de todos los donatarios artiguistas y modestos po-seedores de campos confiscados. Siendo un poseedor de las Huérfanas el primero que se arriesgó a interrogar su opinión, la Vista fiscal que lanzó Bustamante toma al Colegio de las Niñas Huérfanas de Buenos Aires, como titular de un derecho sagrado a salvar por encima de to-das las cosas: apareciendo p.r los mismos documentos en euestion, q.e las tierras son dela pertenencia de las Huer-fanas de Bs. As.; no habiendo además constancia de alg.a enagenación; opina el Ministerio q.e la integridad del Juzgado no debe hacer lugar á esta solicitud sin previa citación de aquellas. /.../ El comandante político y mi-litar de la Colonia no podía conceder la gracia q.e se registra... sino salvando los derechos del propietario. Cualq.a otro procedimiento como dirigido á atropellar la propiedad de un tercero, necesitaría de enmienda. El Minist.o espera de la integridad del juzgado que mien-

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tras /el solicitante/ no justifique mejor su adquisición, conserbaría á las propietarias un tan sagrado como ven-tajoso derecho á la propiedad.

En sucesivas opiniones el fiscal Bustamante fue ten-sando la cuerda de su indignación, y en su odio contra Artigas comenzó a desnudar de toda simulación la opi-nión que le merecía la gesta independientista y revolu-cionaria de la Patria vieja. De acuerdo con su opinión, la solicitud elevada por el poseedor era seguramente la acumulación de monstruosidades é ilegalidades las más absurdas y contrarias al derecho público y aun a las mis-mas leyes Patrias. E1 gobierno uruguayo no podía acep-tar arrendar un campo en enfiteusis y hacerse cómplice de una usurpación ofensiva al derecho de gentes. a la dignidad y caracter q.e distinguen y honran no poco á los poderes de este Estado. En la cabeza del Fiscal no podía caber que el poseedor creyese suficiente defender sus derechos apelando a hechos atentatorios contra la se-guridad individual, y, por su parte, toda la política agra-ria artiguista era descalificada como golpes de acha des-cargados en la crisis de una anarquía por un poder co-losal, q.e había despedazado todos los frenos.

Cuando el fiscal Bustamante era-enfrentado a los documentos oficiales extendidos por las autoridades agra-rias artiguistas, ~su opinión no vacilaba: la sabiduría de V. E. -arguía- al primer golpe de vista conocerá la des-preciavilidad q.e caracteriza á los indicados doeum.tos y es inutil q.e el Minist.o se ocupe en su impugnación ni por un solo momento.

Pero la "santa rabiaalianza" del fiscal Bustamante, comprensible en quien su pasado "godo" pesaba dema-siado, no podía ser compartida por las autoridades. Estas tenían complejos intereses que defender y un mundo de cosas a transar. El estallido simultáneo de todos los con-flictos sobre propiedad de la tierra, la fresca memoria revolucionaria de las masas amenazadas dé desalojo y

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las necesidades cada vez más crecientes que los grandes caudillos contrapuestos tenían de edificar su poder su-bordinando a la mayor parte de los hombres como for-ma de comprar •la adhesión contra prestación de protec-ción; todo esto se unió para que el alto tribunal de ape-laciones ordenara nuevamente a los magistrados que de-tuvieran todos los expedientes en discusión hasta tanto la Asamblea Constituyente evacuara la consulta que ha-bía elevado.

El 13 de enero de 1830, efectivamente, Rondeau pa-saba a la Sala una copia de la consulta firmada por los camaristas Jaime Zudáñez, Julián Alvarez y Lorenzo Vi-llegas quienes se manifestaban incapaces de fallar en cuestiones de derecho tan complicadas y donde se en-redaban titulos de todo origen e intereses tan encontra-dos. En lo fundamental, la Cámara de-Apelaciones soli-citaba que la Asamblea legislase con precisión respecto a la validez que debía otorgarse a los títulos anteriores a 1810, pertenecientes a propiedades que: fueron secues-tradas por el Gobierno de las Provincias Unidas, sin que conste haberse hecho extensivas en la Práctica á las tie-rras que ocupaban en la Campaña, a las denuncias, mer-cedes y ventas de esté mismo gobierno, a las de Amigas y demás comisionados que, tomaban su nombre sobre las posesiones ó propiedades públicas volutas, ó de indivi-duos españoles de origen ó_pertenecientes d estableci-mientos ó personas de las Provincias Unidas así como las realizadas por el gobierno cisplatino tanto concediendo como restituyendo a particulares las que habían sido do-nadas por el General Artigas á sus comisionados.

Ni la Asamblea Constituyente trató jamás la Con-sulta que se le elevó por la Cámara de Apelaciones, ni los tribunales dejaron de fallar en la medida de sus po-sibilidades, de acuerdo con los intereses de los grandes propietarios. En los hechos, los magistrados, atendiendo

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a los intereses políticos del gobierno, se limitaban a sen-tar irreversibles jurisprudencias de modo que en cuanto "el sociego lo permitiese fuesen la base sobre la cual edificar entonces sí irreversibles desalojos. Entre tanto no llegaba ese día, los tribunales se limitaban a conce-der un amparo de posesión tras otro, pero siempre se-ñalando su precariedad extrajurídica y la imposibilidad política de hacer otra cosa ("remedio sumarísimo del in-terín", diría el juez Campana).

En esos días de febrero y marzo de 1830 fue parti-cularmente. resonante el conflicto desatado entre los "mil habitantes" del Rincón de los dos Solises y del Po-trero de Pan de Azúcar con el infatigable especulador porteño Félix de Aliaga adquiriente de los viejos y ori-necidos títulos de José Villanueva Pico. En un memora-ble escrito, recogido por la prensa de la época, los cente-nares de pobladores de la rica y densa zona de Canelo-nes y Maldonado se preguntaban con asombro cómo podrían "parar en nuestro juicio aquellas mismas leyes con que se sancionó nuestra revolución política". Y en formidable sentimiento de soberbia que demostraba que la simiente artiguista había labrado muy hondo, no se detenían para amenazar. Sería necesario en semejante caso prepararse sin duda á otra revolución producida por los clamores de todos los vecinos que han tomado, consumido y tienen lo reclamado. Sería necesario tam-bién generalizar en los secuestros practicados después del año 10 hasta la fecha. Sería, en una palabra, de ne-cesidad arruinar a los americanos que tanto han perdido de sangre y de fortuna en esta guerra, por satisfacer los perjuicios y acciones que reclamasen los españoles, que nos han hecho la guerra desde tiempo inmemorial, ta-lando, destruyendo, incendiando, confiscando, degollan-do a cuanto natural y extranjero seguían las banderas de la libertad.

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Ante esta fe revolucionaria en las fuerzas del pue-blo. en armas no hacía falta remitirse a leyes perdidas para "conceder" un amparo de posesión a quienes tan fuerte sabían pedir, todo "remedio sumarísimo del in-terín" era perfectamente entendible. No había "Recopi-lada" que aguantase una carga de la caballería gaucha.

Algunos problemas teóricos

¿Acaso era posible la resurrección de ese fantasma con el cual los donatarios artiguistas de Canelones y Maldonado amenazaban a las clases dominantes del jo-ven Estado? En una palabra, ¿podía repetirse la revo-lución agraria artiguista?

Veamos antes algunos problemas teóricos previos. Marx ha insistido en que cuando nos encontra-mos con una relación de los hombres con las cosas de-bemos profundizar de tal modo nuestro análisis que ha-llemos la auténtica relación que la subyace: la rela-ción entre los hombres. La tierra -la cosa- sobre cuya vinculación con el hombre, parecen detenerse todas las miradas, no juega ningún papel históricamente activo. Son los hombres quienes relacionándose entre sí, cargan las cosas -la tierra como instrumento de producción-con sentidos sociales.

Cuando los pequeños poseedores creían vincularse a'la tierra, mediante la Revolución,,no hacían otra cosa que vincularse los unos con los otros, estableciendo una activa y significativa alianza revolucionaria de los pobres del campo, alianza a cuya cabeza estaba la más grande personalidad de la revolución nacional: José Artigas. La mistificación -aparentemente inevitable- de dicha rela-ción, hizo que a los hombres (los donatarios artiguistas) les fuera tanto más significativa y sensorial y por lo tan-to más necesaria, la relación con la tierra, que con los hombres, es decir, entre sí. Sobre esta mistificación ope-

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ró la política portuguesa, cuando protegiendo aparente-mente la relación de los hombres con la tierra (median-te la conocida política de "amparo a los pobladores de buena fe"), corrompió y destrozó lo que era su base real: la relación de los hombres entre sí (la solidaridad revolucionaria y democrática de la clase de los pobres del campo), sustituyéndola por las relaciones de depen-dencia personal entre cada poseedor o donatario arti-guista con el "protector" o caudillo del pago y de la hora.

Todo el período que siguió a la dominación.cispla-tina (en el cual la revolución de independencia de 1825-1828) fue un intento parcial de volver a las viejás rela-ciones revolucionarias, no hizo otra cosa que reforzar es-ta tendencia, cargándola de significaciones esenciales más o menos semejantes y de accidentes históripos que dan el rostro reconocible para eso que llamamos la lucha

Descaecida la mistificación que pretendía trazar un signo de igualdad entre las relaciones artiguistas con la tierra y las relaciones caudillescas con la tierra, la masa de los poseedores se encontró con que las relaciones de dependencia personal suponían que la propiedad de 1a tierra estaba rígida e indisolublemente unida al éxito per-manente y fatigante de la facción jerárquico - caudillesca en la que se integraba. La tierra dejaba de ser el fruto de la solidaridad de clase para ser el yugo de la dépen-dencia personal al "caudillo" o al "partido".

Cuando en 1831 las decenas de poseedores del la-tifundio de Pedro Manuel Carcía solicitaban a Lavalle-ja que se transformase en su apoderado, y los represen-tase en el litigio, no apelaban por supuesto a su talento de letrado, sino a su contundente capacidad de caudillo para decidir que la tierra fuese propiedad de tal o cual persona. Cuando Rivera recorría la campaña tranquili-zando a los poseedores del latifundio de Viana Achuca-rro y prometiendo que nadie los desalojaría, funcionaba bajo los mismos parámetros.

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El juicio sobre la validez de los títulos artiguistas o el juicio sobre la intocabilidad de los títulos coloniales confiscados, no pueden ser interpretados como una lu-cha entre la propiedad revolucionaria y la propiedad la-tifundista. Fuera del contexto revolucionario que les dio nacimiento o fuera del status colonial que los permitió, ni uno ni otro eran la "revolución" o la "sociedad colo-nial". Eran sí, una referencia a aquel mundo y en cierto modo, en tanto unos seguían siendo pequeños hacenda-dos y otros seguían siendo grandes latifundistas o espe-culadores, eran una referencia bastante semejante. Pero la lucha de clases de esa época, no se movía por ccin-flictos desaparecidos,-sino por sus contradicciones con-temporáneas y actuantes. La contradicción en esos días no era la que había dado nacimiento a la revolución agraria artiguista. Sobre este problema profundamente sugestivo no podemos extendernos ahora, sólo podemos avanzar lo siguiente: la clase de los pequeños hacenda-dos ya no podía encabezar una revolución agraria, por-que había desaparecido como clase configurada. Laa re-laciones objetivas entre los hombres, nacidas de una es-pecial configuración de toda la sociedad, naturales y ne-cesarias en la crisis de la independencia de América, en particular en el Río de la' Plata, habían desaparecido en tanto relaciones objetivas, para dar paso al reforzamien-to de una nueva clase de relación, la subjetiva, que es la base sobre la cual se estructura la dependencia per-sonal como relación entre los hombres.

A la luz de esta interpretación volvemos a plan-tearnos el mundo que hoy estudiamos.

Sobre todó en el período que va de 1829 a 13213, ni el documento de donación para los poseedores, ni el ti-tulo colonial para los grandes propietarios confiscados o emigrados, son modos reales de comunicarse posesi-vamente con la tierra: la sagrada propiedad burguesa es un objeto inalcanzable. En su contradictorio desarrollo,

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las relaciones reales entre los hombres vuelven a mos-trar la mistificación que se escondía en la creencia de una relación abstracta de los hombres con la tierra, vuel-ven a reclamar su real lugar. Aquellos documentos, "fi-ducias" de una relación jurídica entre los hombres, que sucesivas enajenaciones han creído una relación real con las cosas, han desmerecido definitivamente.

Los poseedores se unen en desconocer tal relación real en los títulos coloniales de los propietarios con res-pecto a la tierra que ellos ocupan. En el curso de esos años comienzan a comprender que la sociedad de los propietarios y su "alter ego" el Estado nacional tampoco cree en la relación de su "documento de donación" con la tierra que habitan. Los poseedores, incapaces de vol-ver a la vieja y revolucionaria relación entre los hombres, entre todos los hombres de SU clase, se vuelcan a la re-lación humana que se ha desarrollado v que funciona con "eficacia": la relación feudal de dependencia per-sonal.

En la carta por la cual los poseedores artiguistas de Soriano solicitaban la "protección" de Lavalleja, el fenó-meno se expresa con suficiente claridad: El gobierno -dicen- nos niega este albergue tan preciso para su misma engrandecimiento. Lo más sagrado que es el de recho de nuestras propiedades. Y agregan: ya no encon-tramos por sí solos cómo podernos defender de compli-cación semejante.

Todas las relaciones sociales de la época tendían al reordenamiento de los hombres bajo las relaciones de dependencia personal. Los poseedores citados, no atina-ron ni a buscar ni a recordar la posibilidad de la alianza de todos los poseedores, amenazados por los grandes propietarios. Por el contrario, la pura empiria les estaba indicando el éxito inmediato de la posesión de la tierra, cuando ésta era la prenda de las relaciones de depen-dencia personal. De ahí que los donatarios artiguistas

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finalizasen su carta a Lavalleja con la solicitud de "pro-tección" correspondiente: En este caso de desgrasia, to-mamos todos por última medida el partido de elegirlo a V. E. sobre esta materia por nuestro protector.

Aquellos hombres estaban definitivamente conven-cidos que NO HABIA otros caminos y así se apuran a afirmarlo: esperamos su contestación como una sebera sentencia de existir felices ó concluir desastrosamente no dudando q'e, almitiendo V. E. ser nuestro apoderado co-mo lo contamos desde ahora no atropellaran nuestros de-rechos como lo han echo.

Las masas de desheredados del. campo, por su par-te, carentes de todo derecho, en tanto no eran propieta-rios, expulsados de la sociedad política por una consti-tución oligárquica derivada en "reglamentos de policía de campaña" coercitivos, no tuvieron otra alternativa que refugiarse en el amparo de los hacendados propie-tarios, que insertarse en las relaciones de dependencia personal, pero con un carácter mucho más servil, por cuanto el hacendado alternaba su protección con ciertas obligaciones jurídicas de patronazgo sobre sus depen-dientes, en cierto modo irresponsables ante la ley en tan-to eran reconocidos "conchabados" bajo propietario co-nocido.

La relación caudillos-masa, o hacendados-depen-dientes se hizo así desde su origen una unidad de con-trarios. El momento de "unidad" es tanto más necesario en su mismo origen, hasta desmerecer con el paso de los añosa poco la función histórica de protección' de los grandes hacendados fue corroída por la introducción del capitalismo en la sociedad rural; el momento de "lu-cha" de esta relación fue, por el contrario, creciendo in-interrumpidamente hasta ser la nota dominante del fin% de siglo (1).

( 1 ). La relación caudillo-poseedores sin títulos o propie-tarios-dependientes funcionaba históricamente a -las mil maravi.

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A su vez la contracara de esta relación de depen-dencia personal en las relaciones agrarias y en su pecu-liar proceso de correlación jurídica estaba dada por la altura de las relaciones precapitalistas en el capital co-tnercial y usuario, dominante en su sede natural: Mon-tevideo. Desde un principio, la feroz lucha contra los "clanes" enfrentados del capital usuario, donde la et,n-fiseación mutua de la propiedad se expresaba tanto en el juego del alza y baja de la deuda flotante, como en el liso y llano desconocimiento de los créditos surgidos de préstamos al Estado del grupo enemigo hizo que el querido fruto de la sociedad burguesa: la propiedad sagrada e intocable, fuese también aquí una quimera (le sorprendidos cultores de la economía política europea, sin lazos reales con los intereses de cada grupo es-peculador.

Ilas. El gran caudillo es un insaciable acaparador de tierras y un hombre para el cual la revolución ha descubierto la contundencia del poder como fuente de redistribución de la propiedad. Acapa-rar tierras en una sociedad de lobos, supone poseer la mejor den-tadura y el colmillo afilado. Rivera y Lavalleja ocupan y se dicen propietarios de más de cien leguas cuadradas de tierras, porq,.cc-están en la cima de una ramificada jerarquía de gente armada a cuyo llamado concurren para confirmar la detentación del grar. caudillo; su séquito personal les provee de los hombres necesa-rios para confirmar la posesión material de sus ínacabables lati fundios: sus usureros afectos -esto vale sobre todo para Bive ra- de las onzas necesarias para comprar ganados, tierras, adhe-siones. Y pagan como corresponde: los caudillos intermedios lle-gan siempre antes que otros para denunciar como fiscales grue-sas partidas de tierras, los caudillos menores y los clases loguui su cuota parte disminuida en relación a su importancia: todos, cuando están en el caso ven confirmada la protección del eáudi-. Ilo para la posesión material del campo discutido por un gran propietario. A su vez, los préstamos particulares de un Juanicó, de un Béjar, de un Pereira, de un Juan María Pérez, se )iqui. clan dejándoles abierta la puerta del negociado, del préstame" usurario, del remate de rentas. Y todo va de lo mejor en el me-ior de los mundos.

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Pero por supuesto, la sociedad oriental no recreaba las relaciones subjetivas de clase en la ciudad y en el campo, en un contexto mundial semejante. Ni tampoco es admisible entender que este predominio de las rela-ciones precapítalistas en el capital comercial y en el cam-po fuesen un incompartido dominio de toda la sociedad. Todo lo contrario.

justamente porque todo el contexto mundial lleva-ba -con la inserción del Uruguay en el mercado mun-dial unificado- a una altura moderna de las relaciones sociales y económíéas y porque en la sociedad uruguaya desde sus primeros albores, estas relaciones modernas, capitalistas, burguesas tuvieron un amplio cauce, fue que toda la historia del Uruguay durante el siglo XIX, fue la historia de una sociedad en crisis permanente, en cri-sis abierta, inconciliable, aguda, violenta y armada. La inconciliabilidad de ambos mundos, del mundo de las relaciones objetivas y del mundo de las relaciones de de-pendencia personal, del mundo de la propiedad burgue-sa y del mundo de la no-propíedad, del mundo del ca-pital productivo y del mundo del capital especulador -usurero parasitario, fue tal a lo largo de todo el siglo, que ambos sistemas no hallaron otra forma de coexis-tencia que la guerra civil permanente. Ecce horno.

Los gobiernos independientes

La violenta situación de los conflictos sobre la pro-piedad de la tierra no admitía pues ni la solución agra-ria artiguista ni por supuesto la mera vuelta ala socie-dad colonial que reclamaba el fiscal Bustamante. En los tribunales -rostro del desarrollo pacífico de los conflic-tos-.hacía falta savia nueva. La silla clamaba por el hombre, hombre que venía en el .séquito letrado del nu-men de las nuevas relaciones sociales: Lucas Obes, mo-do jurídico del caudillo semifeudal.

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Apenas instalado, el novel, Fiscal de Gobierno y 13a-cienda, verdadero Ministro de Tierras Públicas y Parti-culares en Conflicto, dio un violento golpe de timón a la maquinaria judicial. Desde su memorable viska fiscal en el expediente litigioso sobre las tierras de Almagro -lo recordaría con santa e ignorante furia 50 años des-pués Pedro Bustamante- Lucas Obes sembró en los tri-bunales y en el derecho nacional el criterio desmoneti-zador del sagrado derecho de propiedad. Claro está que Lúcas Obes no posee el mérito tamaño de haber crea-do el consenso de la propiedad como fruto de las rela-ciones de dependencia personal, se limitó simplemente a reconocerlo como existente e indomeñable en las re-laciones sociales de su tiempo y a partir de ello "juridizó" la realidad.

Para Lucas Obes discutir el origen o validez de aquellas donaciones artiguistas o las meras detentacio-nes de campos sería introducirse "en cuestiones que á cualquiera trance convendría sumir en el olvido". El comprende que el criteiro de la propiedad privada in-violable es el fundamento de toda la sociedad de su tiem-po, es el género de la especie de aquellos burgueses que lo rodeaban y que él mismo era, pero también compren-día, que en su tiempo, estaba totalmente deteriorada, por causas históricas, inderrotables: "El propietario tie-ne un derecho: el poseedor puede alegar los suyos". Se trata -seguimos su pensamiento- de evitar el conflicto a punto de estallar, para lo cual el Estado debe propor-cionar la necesaria mediación por la cual los propieta-rios no perdieran lo que justamente ,pueda llamarse su-yo, y los posedores no sufriesen un despojo que pueda causar su ruina.

Esta solución propuesta por Obes es la que en fin de cuentas habria de usarse -de la peor manera- para transar aparentemente los' conflictos: se trataba simple-mente de la reversión de las grandes propiedades al Es-

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tado. Esto suponía por un lado pagar a los reivindicado-res enormes sumas de dinero o por lo menos acreditar-les sumas usurarias en la Deuda flotante del joven Es-tado y por otro lado vender a los, poseedores los lotes que estuviesen ocupando en los momentos del litigio.

En principio, pues, vemos que la solución de Obes nada tenía de revolucionaria: Obes proponía un "nego-cio agrario", beneficioso para los grandes propietarios que nada habían pagado por aquellos campos y realiza-ban ahora su precio con las altas cotizaciones dé la tie-rra valorizada por la inserción del Uruguay en el mer-cado mundial; oneroso para el Estado, carente de dine-ro, sin rentas, y acogotado desde temprano por la Deu-da de la independencia; oneroso para los poseedores, que en su mayor parte carecían de dinero y teniendo el cual no hubieran precisado ni leyés agrarias ni revolu-ciones.

Pero en principio, en los hechos las cosas transcu-rrieron de un modo mucho más nefasto. Pero esto lo ve-remos más adelante.

Cuando Rivera.fue elegido Presidente constitucio-nal, se produjo un cierto paréntesis nacido de una natu-ral expectativa. Peio en su ministerio la figura de Ellau-ri, podía ya entrever que no sólo nada había cambiado, sino que la suerte de los donatarios artiguistas y demás ocupantes se deterioraba peligrosamente. En el bufete del Dr. Ellauri se defendía una buena parte de los de-rechos de los grandes propietarios: Milá de la Roca (Pa\•-sandú), Arvide (Paysandú), Alzaga (Canelones y Mal-donado), Loureiro (Soriano), Alagón-llocquart (Cojo-nia), etc. No puede extrañar entonces que los tribuna-les nacionales ejercieran su oficio con la rutina descali-ficadora que les proponían sus propias ideas, la Consti-tución recién aprobada con su categórica salvaguardia de la propiedad inviolable y un Ministro de Gobierno

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que tanto se jugaba en la "aséptica" y abstracta justicia que impartiesen.

Desde octubre de 1830 hasta agosto de 1831, los tribunales se tomaron tan al pie sus deberes, que el pro-pio Ellauri se asustó ante la violencia que se incubaba en la campaña. Constreñido por Rivera, que desde la campaña deshacía verbalmente los autos y sentencias ju-diciales, Ellauri se vio obligado a recoger las viejas ideas de su cuñado Lucas Obes tendientes a transar los con-, flictos que amenazaban derribar el poder de la facción riverista. El 12 de agosto de 1831, el'ministro Ellauri impartió una circular a los jefes políticos para que éstos se apurasen a informar a los poseedores y donatarios ar-tiguistas que sería detenido el desalojo masivo de ocu-pantes, y que el gobierno estaba dispuesto a amparar sus precarias posesiones y buscar un arreglo con los propie-tarios.

El descalabro de la situación financiera del Estado y la peligrosa conmoción de la campaña llevaron a la caída del ministerio Ellauri.Pereira y luego de un bre-ve lapso a la llegada de Santiago Vázquez al ministerio único. La prensa lavallejista en tanto llevaba una furio-sa batalla que era acompañada por una actividad múlti-ple en la campaña donde al decir de la prensa de la épo-ca recorrían de "rancho en rancho" soliviantando a los pequeños hacendados a quienes decían que el culpable de sus desalojos se hallaba en el propio gobierno rive-rista.

Santiago Vázquez, cabal representante de un estre-cho grupo de grandes comerciantes y prestamistas, ape-nas accede al ministerio que ocupa en su totalidad, se propone liquidar de una sola vez el problema de la tie-rra. Su punto de partida es. transformar la tierra ei un elemento más de la sociedad burguesa: en un modo bur-gués de propiedad y en un medio de producción asi-milable a la producción y comercialización más adelan-144

tadas de su época, pero también -y en este curso se hundirá- en un modo de promover rentas al Estado. Su política respecto a los conflictos sobre la propiedad es-tá inserta en su política general sobre la tierra. Vázquez, pretende deteriorar el poder económico y político 3e los grandes hacendados: apocamiento de las propiedades a la mensura asignada en los título! (expropiación de las sobras fiscales), límite máximo de la tierra fiscal denun-ciable por particulares (5 leguas), acomodamiento de todos los poseedores en tierras fiscales, promoción de leyes generales y convenios particulares que transen los conflictos entre propietarios y poseedores (sean donata-rios artiguistas o simples ocupantes de períodos .poste-riores).

Pero la política .de Santiago Vázquez padecía un vicio de origen: la composición social de la clase que lo había llevado al poder y la tremenda herencia de una deuda nacional agobiante para los escasos recursos del Estado. Los intereses de la facción usurera y especula-dora que representaba, terminó por ser el principal y casi único programa de su gobierno. Las recurrentes in-vasiones lavallejistas aumentando hasta.el paroxismo los gastos del Estado, auméntaron el apetito de su clas6 que se enriqueció hasta el delirio con los préstamos usura-rios, los remates de rentas y los abastecimientos al ejér; cito. Acuciado por los problemas financieros, Santiago Vázquez terminó por transformar la tierra en un elemen-to más de creación de rentas tendientes a amortizar la deuda.

La solución de Vázquez era muy simple: una parte de la tierra sería arrendada en enfiteusis procurando ren-tas permanentes al Estado; otra parte sería destinada a la enajenación procurando que la tierra saliese del do-minio del Estado al precio de mercado, promoviendo con ello un solo modo de asentamiento de los hombres so-

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bre la tierra: el modo oneroso que seleccionaba por de-finición a los futuros hacendados entre las capas ricas de los grandes y medianos detentadores'de tierras.

En el curso apenas del esbozo de esta política lo encontró la cuasi explosión de los poseedores amenaza-dos de desalojo por un aparato judicial que funcionaba en las tradicionales maneras del derecho privado pro-pietarista. Desde noviembre de 1831 hasta febrero de 1832, se verá a Santiago Vázquez en una infatigable pro-ducción de leyes, decretos, circulares a jefes políticos y demás autoridades departamentales, tendientes a con-vencer a'los poseedores y donatarios artiguistas subleva-dos, que el Gobierno no los expulsará de sus campos hasta tanto no se establezcan las leyes que consolidarán definitivamente la suerte de los pequeños hacendados sin tierra. Todas las instancias judiciales se paralizan, obli-gadas por el propio gobierno, los jefes políticos apoyan y soliviantan a los poseedores para que se nieguen y re-sistan los desalojos arguyendo que el propio gobierno los apoya. Rivera recorre la campaña enderezando su poder amenazado. Fue tan rápida la difusión de la tan esperada política del gobierno, que la arrolladora in-fluencia lavallejista se desvae en pocas semanas. Cuan-do, pese a todo, estalla en junio-julio, la inmensa ma-yoría de los pequeños hacendados sostiene a Rivera o permanece vacilante e indiferente. La aventura lavalle-jista cae en el curso de un mes.

Pero algo debe quedar claro. Toda esta política del gobierno de Rivera - Santiago Vázquez era una arqui-tectura precaria destinada a detener la tormenta y a im-pedir que fuese aprovechada por la facción lavallejista.

¿En qué consistía, pues, la política del gobierno respecto a los donatarios artiguistas?

1) En desconocer tanto la legitimidad de la auto-ridad artiguista, como su capacidad soberana para con-

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ceder tierra en propiedad (fiscal o confiscada) como en negar toda validez a los documentos que a sus leyes de tierras se refiriesen.

2) Aceptar como simple título que ofrece una fe-cha cierta de posesión a los documentos artiguistas de donación de tierras fiscales. Aceptada y verificada la fecha cierta de posesión, el donatario artiguista debía someterse a las leyes vigentes de adquisición onerosa de tierras: enfiteusis, moderada composición, etc.

3) Los documentos de tierras artiguistas emitidos sobre tierras particulares eran rechazados totalmente y obviamente preferidos los títulos, perfectos o no, de aquellos propietarios o detentadores confiscados en su época por Amigas.

Ante la conmoción que ésta mera y abstracta políti-ca provocó en todo el país, el Gobierno matizó y flexi-bilizó estas grandes líneas -sin abandonarlas- median-te los siguientes principios:

1) Suspender los trámites de los pleitos en curso, en tanto las Cámaras no aprobasen -y entrasen en vi-gor- las nuevas leyes que conciliasen todos los intereses.

2) Promover transacciones entre los propietarios y los poseedores.

3) En caso que estas transacciones no fuesen acep-tadas o no llegasen a feliz término, colocar al Gobierno como componedor mediante la reversión de los campos en litigio al Estado, quien por una parte pagaría precios convenidos a los propietarios y colocaría en los' campos a los poseedores de mejores condiciones económicas, ubi-cando en otros terrenos, chacras, pueblos, a los poseedo-res de modestos recursos o indigentes.

Esta política operaba al puro arbitrio del poder eje-cutivo. Justamente la discrecionalidad y laxitud de su

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aplicación parecía ser la que aseguraría más rápidamen-te los logros que el gobierno se proponía. La colocación de los poseedores de acuerdo con el juicio del gobierno, traía como inmediata consecuencia, que .los poseedores se colocaran frente al Poder, primero en una relación de expectativa, y posteriormente de dependencia, dado que la inexistencia de un derecho general e iguál res-peto a la aplicación y normalización de aquella política, los hacía fácil presa de una práctica que daba tierras, poca o mucha, como contrapartida de la subordinación y de los servicios. A su vez, la reversión de los campos en conflicto al Estado, sin manejo ni control daba lugar -y tal sucedió- a gravar al Estado en onerosísimas y fraudulentas operaciones de permutas de campos, de emisión de letras, de afectación de rentas, etc., haciendo que la tierra pasase a ser -hasta la locura- un mero papel de bolsa.

Luego de la derrota lavallejista, volvieron los donn-taíios artiguistas a .promover sus derechos creyendo que su participación activa en la defensa del gobierno y las propias declaraciones de los poderes públicos significa-. ban por fin el reconocimiento de sus derechos. E1 chasco fue mayúsculo.

Todos aquellos que creyeron aquello se 'encontraron con las vistas fiscales de Lucas Obes según el cual toda solicitud de donatarios artiguistas no podía "considerar-se sino como de simple denuncia de una propiedad que pertenece al fisco, que nunca fue enajenada por autori-dad legítima en favor de particulares, en cuya virtud" el juez podría ordenar la posesión "haciéndole lugar en cuanto lo tenga solamente y sin perjuicio de tercero". Claramente dicho: a) se desconocía la legitimidad del gobierno artiguista; b) no se reconocía la propiedad del donatario sobre tierras fiscales; c) se le permitía la ocu-pación sin perjuicio de "tercero" es decir sin perjuicio de un gran propietario privado que demostrase sus tí-tulos sobre el campo en cuestión.

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Por su parte Rivera, llamado a informar sobre la fundación del pueblo de Durazno. en tierras que fueran de Viana Achucarro, luego de recordarlos repartos arti-guistas y la fundación cisplatina del pueblo, afirmaba que no era de "su resorte justificar ni reprobar la con-ducta de los Gobiernos" que habían tomado tales medi-das. Rivera no quería comprometer públicamente opinio-nes y mucho menos opiniones generales que compren-diesen a todos los poseedores y donatarios artiguistas, por cuanto en este sentido prefería las soluciones casuís-ticas que en su realización quedasen permanentemente vinculadas a su participación personal en las mismas y significasen el acrecimiento de las relaciones de depen-dencia personal de las masas con respecto a su poder. Para Rivera, nada más lejano a sus ideas que aprobar, defender y rehacer la revolución agraria artiguista.

Los donatarios artiguistas -cada vez menos- ati-naban de todos modos a defender el prestigio y honor del acto agrario que había dado lugar a su donación:

El Sr. Fiscal General -decía uno de ellos en res-puesta a L. Obes- asegura que la propiedad de dicho terreno pertenece al Fisco, fundándolo en que nunca fue enagenada por autoridad legítima, cuyo reparo no es justo, por resultar lo contrario del documento /de dona-ción/ en el que se observa que el terreno se 'concedió con la obligación de poblarla dentro de tres meses por-que así lo ordenaba el Sr. Dn. José Artigas Capitán Ge-neral de la Banda Oriental. Luego la autoridad de este Sr. no era legítima en 12 de mayo de 1816 ¿y cuál será entonces?, la del Rey Fernando VII ó la del Triunvirato de Buenos Aires?

Á lo largo del año 1833, la pasividad final del minis-terio Vázquez, había elevado nuevamente el fantasma de la conmoción de la campaña. Miles de poseedores sin títulos y donatarios artiguistas (cada vez más raleados),

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habían esperado en vano la definitiva solución de la pro-piedad de sus campos y el término de sus angustias. Sólo la presencia de Rivera, rondando por la campaña y transformándose en garantía verbal de algunos sectores de poseedores había impedido que la situación se hu-biese transformado en la caída del régimen. Desde Bue-nos Aires, los grandes propietarios porteños cansados de solicitar la devolución de sus campos de la Banda Orien-tal empujaban y sostenían la invasión lavallejista siem-pre latente y la consiguiente enemistad del gobierno fe-deral porteño.

Por otra parte los grandes prestamistas y acreedo-res del Estado amenazaban con ahogar al Estado en sus penurias, acrecentadas ora por el cauce siempre abierto. de los giros íle Rivera, ora por las expensas de un ejér-cito siempre en armas contra los amagos de invasión. Con el advenimiento de Lucas Obes al ministerio se lle-gó a un tratamiento cada vez más especulativo de los problemas de la tierra.

En el cuadro de esa vinculación, Lucas Obes crea la Caja de amortización uno de cuyos recursos estaba fundado en la enajenación de los terrenos que el Estado contratase con los antiguos propietarios en su política de reversión al Estado de campos en conflicto. Casi de inmediato se ponen a la venta los campos de Ansuáte-gui, Diego Noble (campos comprados por éste a viejos propietarios como Bernardo Alcorta, Juan Antonio Bus-tillo, Juan Francisco Blanco, José Fontecely, Pedro Gon-zález, salvo el último confiscado por Artigas) y Milá de la Roca entre los donatarios artiguistas y demás posee-dores que se hallasen en sus campos.

Estas primeras medidas parciales fueron consolida-das en el famoso decreto del 23 de diciembre de 1833 para el "corte" de los conflictos entre propietarios y po-seedores.

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El decreto era, por fin, la adopción completa, lega-lizada, de las viejas aspiraciones de Rivera y de Lucas Obes. El primero consolidaría así la pacificación de la campaña y obtendría su adhesión -así lo esperaba-para siempre. El segundo se regocijaba en el texto ci-tando todas aquellas ideas que había elaborado a lo lar-go de varios años. En su parte dispositiva el decreto re-petía dichas ideas, ya esbozadas en la vista fiscal sobre el.pleito de Almagro, recogidas en la circular de Ellauri del 12 de agosto de 1831 y comenzadas en su aplicación por el ministerio Vázquez a instancias de las "apertu-ras" realizadas por Obes como fiscal a los propietarios de los campos de Albín, Almagro y Camacho. La rever-sión al Estado, de los campos en conflicto, tantas veces anunciada, se transformaba por fin en política general de todos los conflictos entre propietarios y poseedores.

En cambio el decreto era extremadamente impre-ciso respecto a los poseedores mismos por cuanto no de-terminaba qué sucedería con aquellos poseedores que no estuviesen en condiciones de someterse a los reque-rimientos de pago del gobierno, pero era fácil que ya se pensaba en lo que luego sucedería: sólo los más ricos y poderosos de los poseedores recibirían la posibilidad de acogerse a los supuestamente universales derechos con-cedidos a los poseedores para la definitiva consolidación de sus terrenos.

La política de reversión al E-hado de los_ campos en conflicto es ante todo un mero "negocio agrrio". E1 Estado paga al valor del mercado el 'precio" de la tie-rra. Si bien los propietarios ven "deformada" la deman-da de su "bien', por la imposición aparenté de un solo comprador, que así lo determina, no es menos cierto que el vendedor "deforma" la oferta, tanto porque el Estado -concreto, histórico y angustiado políticamente-necesita comprar, como por el hecho extraeconómico

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que el Estado no es realmente una pura entelequia sino una suerte de comité administrador de los intereses de las clases dominantes, en este caso de los vendedores de campos en conflicto que son a la vez Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El aparente diálogo de la oferta y la demanda, es apenas el soliloquio del cohecho.

Casi de inmediato entre diciembre de 1833 y febre-ro de 1834 el gobierno contrató la compra de 4 grandes latifundios cubiertos de donatarios artiguistas y ocupan-tes sin títulos: los de Milá de la Roca, Arvide, Ansuá-tegui y Alagón. Los dos primeros los contrató con el apoderado cuasi propietario y cuñado de Lucas Obes, José Ellauri, el otro con un oscuro personaje vinculado a Domingo Vázquez (zar de las finanzas del gobierno de Lucas Obes) y el último' con Antonio Hocquart (vin-culado a su vez a Ellauri). Los cuatro contratos costa-ron al Estado más de $ 100.000 e intereses y son un capolavoro de la usura y el, fraude más negros e inson-dables de que pueda nadie imaginarse.

Pero apenas se estaban liquidando estos primeros y ruinosos pasos de aplicación de la política de Lucas Obes, debió enfrentarse a un inesperado obstáculo: el gobierno federal porteño.

Lucas Obes parecía apurado en transar los conflic-tos da aquellos campos que pertenecían a los hombres estrechamente vinculados a su círculo. Pero la mayor parte de los propietarios en conflicto de aporteñados o "malos americanos" eran pertenecientes a aquel viejo tronco sobre cuyos pastos había pasado la segadora ar-tiguista. Cualquiera fuera el propietario primitivo, el he-cho es que al comenzar 1834, residían en Buenos Aires la casi unanimidad de los propietarios que aún.espera-ban las resoluciones que en la práctica, el gobierno uru-guayo les negaba: Félix de Alzaga, Larravide, Juan Co-rrea Morales, Lourefio, Beláustegui y Santurio (adquiren-tes de los campos de Pedro Manuel Carcía), Miguel de

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Azctiénaga, los herederos de Barrera y de Díaz Vélez, el comerciante francés Domingo Roguin (comprador al go-bierno de Dorrego del antiguo fundo de las Huéifanas), etc. eran apenas los más poderosos y visibles de los nu-merosos propietarios porteños que diariamente pasea-ban su furia por las antesalas del gobierno federal de la Provincia de Buenos Aires. En este núcleo se hallaba también el emigrado lavallejista Mamiel de Soria, apo-derado de la testamentaria Viana Achucarro.

Entre estos hombres, en su mayoría estrechamente vinculados al partido federal (Juan Correa Morales ha-bía sido delegado personal de Rosas ante el gobierno oriental, Beláustegui era cuñado de Felipe Arana, Díaz Vélez era cabeza de un tronco latifundista entrerriano y porteño, etc.) nació y se afirmó la idea de intervenir firmemente y detener al gobierno oriental usando para ello la protesta oficial del propio gobierno porteño porteño, quien por otra parte tenía su piopio interés en que se reconociese a Domingo Roguin las 42 leguas de Las Huérfanas en defecto de lo cual debía pagar al co-merciante francés lo que le había vendido.

Le tocó al Ministro de Relaciones Exteriores porte-ño Gl. Tomás Cuido pergeñar la nota de protesta por el decreto de Lucas Obes y por la lesión que producir a los intereses de los muchos propietarios argentinos con bienes en la República Oriental. Su nota es un modelo de intervención desembozada en los asuntos internos de otra nación soberana y una defensa abierta de los gran-des latifundistas. Este precedente, comentado y enviado a su gobierno por el cónsul francés Baradére, sería de aquellos caldos que el propio gobierno argentino y el uru-guayo tomarían por baldes, de esas mismas atentas,po-tencias europeas.

La respuesta de Lucas Obes fue en varios sentidos memorable primicia de defensa de la política de no in-tervención y puede inscribirse entre aquellas que con-

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tribuyeron a crear doctrina en el joven Estado. Pero, por supuesto, aquél que había sufrido los grillos de Pu-rificación no era hombre de ser más jacobino que Arti-gas y en sus argumentos no se hallará una sola palabra de justificación de la obra revolucionaria artiguista.

Las tierras en conflicto habían revertido al Estado. La tranquilidad de los poseedores y las necesidades fi-nancieras del Gobierno, exigían que la enajenación de los campos poseídos se realizase con toda urgencia. Los tribunales, ante los cuales se ventilaban los derechos de los poseedores y donde se transaban las disputas, eran incapaces de desatar los enredados litigios. Para evitar esta inevitable contingencia, así como para sacar a los tribunales la ejecución de una política que el ministro Lucas Obes necesitaba controlar y dirigir personalmente, se decidió ya en el decreto del 23 de diciembre del 33, que la operación de asentamiento definitivo de los po-seedores y las transacciones y enajenaciones consiguien-tes fuesen dirigidas por el ministerio por intermedio de comisionados nombrados al efecto y dependientes de su autoridad. Dos parientes de Lucas Obes: su sobrino Melchor Pacheco y su cuñado Juan Andrés Celly fue-ron en lo real quienes cumplieron dicha tarea. De se-mejante importancia fue también la tarea de Julián La-guna en los campos de Colonia.

De la política de Obes relativa a los poseedores pue-den decirse con seguridad dos cosas: en primer lugar que no sólo olvidó sino que condenó al desalojo o a la subordinación a la inmensa mayoría de los donatarios artiguistas y demás ocupantes sin títulos, de condición modesta y miserable; en segundo lugar, que se orientó a considerar y favorecer a los grandes poseedores, sobre todo a los vinculados por su riqueza y poder, ora al gru-po ministerial, ora a la jerarquía caudillésca en. cuya cumbre se hallaba Fructuoso Rivera.

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Uno. de los comisionados lo expresa claramente en su correspondencia con el ministro: He recivido la nota de 25,del próximo pasado -decía Melchor Pacheco el 15 de mayo de 1834- en que V. me comunica las ulte-riores disposiciones del Gobierno y me remite las pri-meras propuestas que elevé.

En ella se me previene que es condición EXPRESA de la enajenación de estos terrenos que los compradores entreguen una tercera parte al contado, quedando el res-to a censo redimible.

En la misma carta, Melchor Pacheco refiere cómo aplicó el criterio que le imponia Lucas Obes para ven-der los campos que fueran de Arvide: Los intrusos se di-viden en tres clases: hambres que algo tienen, hombres que no teniendo nada son honrados, y hombres de mala conducta que tampoco tienen nada.

Pacheco- es drástico: "las dos últimas clases" deben ser desalojadas de inmediato y concentradas en los eji-dos de pueblos a fundarse en la frontera, y la primera clase, aquellos "hombres que algo tienen", deben ser colocados en la parte exterior de las ricas rinconadas, es decir en los peores campos, dejando los mejores para la venta-a los ricos poseedores o especuladores.

En los campos que fueran de Barrera (alrededor de 50 leguas cuadradas) esto fue cumplido con especial cuidado: Consecuente también con las prevenciones de V. E. he ordenado a todos los que se hallan poblados en Campos ya propuestos que preparen a desalojarlos; al-gunos de los que algo poseen lo están verificando". -Llevada a efecto esta medida -agregaba- los Propieta-rios verán llenados sus deseos, el criador verá asegura-da su fortuna.

La-limpieza de los campos de aquella miserable `polilla de la campaña" era la condición necesaria para que la política de Obes tuviese el curso que esperaba.

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Sin la "evicción y saneamiento" del campo, preciosos de-liquios con que las escrituras definían la patética expul-sión de los pobres y miserables paisanos, ninguno de los poseedores ricos estaba dispuesto a "segundar las bené-ficas miras" del Gobierno.

El Dr.,Juan Andrés Celly se hacía eco de este sen-timiento al relatar las dificultades que encontraba en la enajenación de los campos de Alagón-Hocquart en el Rincón del Colla (Colonia): Varios de los que ocupan los terrenos -decía- que se llaman de estancia han pro-puesto su compra pero no se decidirán a ello sin que se reduzca a vivir donde deben varios que se hallan po-blados en ellos sin hacienda, ni labor y que viven a costa de los hacendados.

Lo sucedido en los campos de Barrera ya citados es por demás ilustrativo. En sus campos -de acuerdo con el riquísimo padrón elevado por Melchor Pacheco y Obes- se hallaban 92 poseedores. De éstos se destaca-ban por su riqueza y poder un grupo de 12 poseedores ricos y muy ricos, que en su conjunto poseían 20.000 va-cunos, casi 4 mil caballares y 6.300 ovejas. Algunos de ellos reunían a su condición de hacendados la de sala-deristas, propietarios de calera y bien trabajadas chacras.

Estos poseedores ricos poseían 12 esclavos y congre-gaban en sus establecimientos a 56 agregados, 4 pues-teros, 17 peones de estancia y 43 peones de oficios. Si el más poderoso de ellos habla logrado limpiar de intrusos sus campos donde pastaban más de 6 mil vacunos y mil caballares y lanares, los demás hacendados disputaban sus campos con una multitud de poseedores pobres y miserables intrusos. De esta ínfima condición había 80 pobladores de los cuales dependían en total 482 perso-nas. Este grupo, 7 u 8 veces más numeroso que el pri-mero, poseía en cambio cuatro veces menos ganado: 5.141 vacunos, 2.785 caballares y 3.208 lanares. -

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De acuerdo con las instrucciones recibidas, el co-misionado Pacheco y Obes realizó contratos de venta de campos con los hacendados del primer grupo, quienes por sus propuestas no sólo adquirieron los campos que poseían sino incluso aquellos terrenos que jamás habían pisado, donde se hallaban los intrusos que mencionaba el padrón y cuya expulsión pedían los poseedores ricos en sus escrituras de propiedad.

Los expulsados abundaban en sus caracterizaciones y méritos con breves frases registradas en el padrón: "es-tá poblado hace diez y nueve años p.r haber comprado el derecho de posesión"; "se pobló hace catorce años con un documento de posesión que ha perdido", "se poblé hace diez y nueve años", etc., aparentemente referidos a la población artiguista de' sus terrenos. Pero en su in-mensa proporción aquellos "miserables" (como los cali-fica el padrón) ostentan pasadas glorias: "sirvió en el cuerpo del finado Mondragón", "sirvió en el cuerpo de Otorgues", "sirvió en los colorados de Basualdo", "fue soldado de Blandengues", "soldado bajo el general Ar-tigas". ..

Son cosas de llorar. Lejos, muy lejos, se hallaba el viejo Don José Artigas.

¿Puede asombrar que el Comisionado Celly infor-mase el 14 de enero de 1834, atribulado por la resisten-cia de los vecinos del Colla, "que ha encontrado en la generalidad de los pobladores de las chacras del Colla, una predisposición contra 'la Comisión de que está en cargado, nacida de especies... de que el Gobierno pen-saba despojar a los vecinos de sus poseciones"?

Pero eran ya los últimos estertores de una clase ven-cida: la de los pequeños hacendados patriotas nacidos :.1 la dignidad humana con la revolución artiguista. Su de-finitiva postración y sujeción se daría en el inmediato gobierno de Oribe.

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No hay diferencias entre el gobierno de Oribe y el de Rivera respecto a los donatarios artiguistas y demás poseedores sin títulos. Sería puramente reiterativo acu-mular los expedientes, las vistas fiscales, las resoluciones de los jueces que desconocen sistemáticamente los dere-chos de los títulos artiguistas.

La política de arreglo de los campos en conflicto continuó en su sistematización y no varió para nada la línea de conceder la tierra a los poseedores ricos y muy ricos, salvo por supuesto la diferencia que habría de provocar una nueva vuelta de tuerca en la configuración de los partidos políticos contrapuestos: los poseedores ricos favorecidos ya no pertenecían más a la facción ri-verista sino a aquella que habría -más tarde- de seguir la divisa blanca.

Si la política de Oribe fue aún más descarnada mente propietarista se debió a varias razones: a) el de-terioro de la unidad revolucionaria de los pequeños po-seedores concitaba naturalmente el progresivo tono con-trarrevolucionario de toda política sobre la tierra: luego el gobierno de Oribe debía, naturalmente, ser más pro-clive a las apetencias de los grandes hacendados; b) la alianza de Oribe con el grupo federal resista trajo como consecuencia que una serie de grandes propietarios ar-gentinos vinculados a don Juan Manuel obtuvieran por fin bajo Oribe el reconocimiento y devolución-de sus campos: Félix_de Alzaga, Domingo Roguin, Melchor Be láustegui, Santurio, Azcuénaga, etc., lograron el definiti-vo reconocimiento de sus derechos. En su mayor parte (Alzaga y Roguin) significaron no la expulsión de los poseedores sino pesadas erogaciones para el Gobierno y la repetición de la venta de campos a los influyentes poseedores de dichos latinfundios. Pero en otros casos significó.la expulsión masiva de los poseedores y peque-ños hacendados con la más negra nota de toda esta pro-gresiva política contrarrevolucionaria y recreadora del

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latifundio: quema de ranchos, destrucción de semente-ras, persecución militar a los poseedores resistentes, cte. como sucedió en los campos reivindicados y devueltos al cuñado de Felipe Arana en Soriano. Se presentaron en los referidos campos -acusaban las 30 familias expulsa-das en junio de 1835- con una fuerza: armada, invocando orden del gobierno,, procedieron violentamente, sin acor-darse que la casa del ciudadano era inviolable conforme a la Constitución, á demoler las poblaciones de los que se hallan establecidos en dichos terrenos y sin conside-ración a la edad ni á los grandes sacrificios en las filas de la Patria, llegando al exceso á un vecino lanzarle las haciendas á la margen occidental del Río Negro, orióí-nándole los perjuicios que son consiguientes.'.

Todo el pueblo oriental; todos aquellos miles de pa-triotas que habían dado su vida, su fortuna, su sangre por la liberación nacional, toda aquella gloriosa e inol-vidable generación artiguista hablaba por aquellos es-carnecidos pequeños hacendados expulsados de los cam-pos que Artigas les había concedido: Los padecimientos que sufrimos sin consideración de nuestras familias y hogares abrazándonos de las armas de la Patrialpara el despojo del tirano, estando en escasez, arruinados, no mirando hambres, desnudez, afrenta ni palos; llenos de gloria y de valor, sólo aspirando al feliz momento de ver a los tiranos despoblados del seno de nuestros hoga-res y campos.

- Acordáos del Rincón, Sarandí, Ituzaingó, que relu-eían las armas del pabellón de la Patria; acordáos cuan-do en los campos de batalla quedaban manchados con la sangre de estos ciudadanos, y padecíamos sepultados ,en oscuras prisiones sin tener más amparo en nuestras desdichas que afrenta y palos, y ahora que hemos recu-perado nuestros trabajos, que dio fin a todos los conta-gios, dando felicidad a nuestros hermanos, y haber pues-

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to Leyes y Constitución á nuestro Estado, jurando el sos-tenerla y al Exmo. Gobierno de nuestra Provincia, y ahora el tiempo ha llegado de vernos despoblados de nuestros hogares y de los campos pertenecientes a nues-tro Estado, haciéndonos a algunos de nuestras familias lanzarlas al otro lado del Arroyo Grande, que á una de éstas después de demolerle su posesión dentró a gua-recerse dentro de las pajas- juntamente con sus ovejas, se las sacaron a los días a fuerza de allí."

Y todo ¿para qué?: para ver otra vez posesionarse de ellos a nuestros más crueles enemigos que no perdo-naron ni se detuvieron en sus alcances para nuestra des-trucción.

¿Puede expresarse con más fuerza y expresividad lo que sentían aquellos desolados patriotas que citando sus propias palabras?:

El uso innoble que se hizo de esta fuerza, emplea-da vilmente en destruir los hogares de una multitud de patriotas, encanecidos sosteniendo la independencia de la República, y arrancando del enemigo común ese cam-po que hoy regalan con su sudor para alimentar a sus hijos, como entonces lo empaparon con sangre, por dar existencia a esta patria, en cuyo seno se ven hoy sin un mísero abrigo, perseguidos y arruinados... y por quién. Excmo. Sr.l

Por quién, Señor, por quién] Por los viejos latifun-distas coloniales, por los vicios y odiados directoriales antiartiguistas y hoy resistas, por los grandes especula-dores criollos que 'Artigas había engrillado en Purifi-cación.

¿Puede caber alguna duda, que el aniquilamiento del latifundio, es un viejo legado, una vieja justicia, una vieja reparación?

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REGLAMENTO PROVISORIO DE LA PROVINCIA ORIENTAL PARA EL FOMENTO DE SU

CAMPAÑA Y SEGURIDAD DE SUS HACENDADOS

"1° Primeramente el S.or Alce Prov.l además de. sus facultades ordinarias queda autorizado para distri-buir terrenos y velar sobre la tranquilidad del vecindario, siendo el juez-inmediato en todo el orden de la pre-sente Insiruc.n".

"2° En atención á la basta estensión de la campa-ña, podrá instituir tres Sub Tenientes de (/campaña/1 (PROVINCIA), señalándoles su jurisdicción 'respectiva, y facultándoles según este, reglámento".

"3Q Uno deberá instituirse entre el Uruguay y Río Negro y Yí; otro dentro de S.ta Lucía, á la costa de la mar, quedando el S.or Alee Prov.l con jurisdicción in-mediata desde el Yí hasta S.ta Lucía".

"4Q Si para el desempeño de tan importante comi-sión hallaren el S.or Alce Prov.l y Subteniente de Prov.a a necesitarse de más sugetos podrá cada cual instituir en sus respectivas jurisdicciones jueces Pedánéos que ayuden a esecutar las medidas adoptadas para el enta-ble del mejor poder".

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"5° Estos comisionados darán cuenta a sus respec-tivos subtenientes de Prov.a a éstos el S.or Alce Prov. l: de quien recibirán las órdenes precisas, éste las recibirá del Gob.no de Mont.o y por este conducto serán tras-misibles otras cualesquiera que además de las indicadas en esta Instrucción se crean, a ceptables a las circunstancias."

"6o Por ahora el S.or Alee Prov.l y demás subalter-nos se dedicarán a fomentar con brazos útiles la pobla-ción de la campaíía. Para ello revisará cada uno en sus respectivas jurisdicciones los terrenos disponibles, y los sugetos dignos de esta gracia; con prevención que, los más infelices serán los más privilegiados. En consecuen-cia los negros libres, los zambos de esta clase, los indios, y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados en suer tes de estancia si con su trabajo y hombría de bien pro-penden á su felicidad y la de la Provincia".

"7° Serán igualmente agraciadas las viudas pobres si tuvieran hijos o serán igualmente preferidos los casa-dos á los americanos solteros, y estos a cualquiera es-trangero".

89 Los solicitantes se apersonarán ante el S.or Alc.e Prov.l, a los subalternos de los partidos donde eri-giesen el terreno para su población. Estos darán su in-forme al S.or Alce Prov.l y este al Gob.no de Montevi-deo de quien obtendrá la legitimación de la donación, y la marca que deba distinguir las haciendas del interesa-do en lo sucesivo. Para ello al T.po de pedir la gracia se informará si el solicitante tiene ó no marca. Si la tie-ne será archivada en el libro de marcas, y denó se le dará en la forma acostumbrada".

"94 El M.I.C. despachará estos rescriptos en la for-ma que estime más conveniente. Ellos y las marcas se-

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rán dados .graciosamente y se obligará al Regidor en-cargado de los Propios de Ciudad, lleve una razón esacta de estas donaciones de la Provincia".

"109 Los agraciados serán puestos en posesión des-de el momento que se haga la denuncia por el S.or Alee Prov.l ó por cualquiera de los subalternos de este".

119 Después de la posesión serán obligados los agraciados por el S.or Alce Prov.l ó demás subalternos á formar un rancho y dos corrales en el término preciso de dos meses, los que cumplidos, si se advierte omisión se les reconvendrá para que lo efectuen en un mes mas, el cual cumplido, si se advierte la misma negligencia, será aquel terreno donado a otro vecino más laborioso y benéfico á la Provincia".

'°129 Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos, y peores americanos que has-ta la fecha no se hallen indultados por el Jefe de la Pro-vincia para poseer sus antiguas propiedades".

"139 Serán igualmente repartibles todos aquellos terrenos que desde el año 1810, hasta el de 1815, en que entraron los orientales en la Plaza de Montevideo, hayan sido vendidos ó donados por el Gob.no de ella".

149 En esta clase de terrenos Labra la esepción si-guiente. Si fueran donados ó vendidos a orientales ó á extraños. Si á los orientales ó á extraños, se les donará, una suerte de estancia, conforme al pres.te reglamento. Sí á los seg.dos, todo disponible en la forma dicha".

159 Para repartir los terrenos de europeos y malos americanos se tendrá presente. Si estos son casados ó; sol-teros. De estos todo es disponible. De aquellos se aten-derá al número de sus hijos, y con concepto á que á és-tos no sean perjudicados, se les dará lo bastante para

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que puedan mantenerse en lo sucesivo, siendo el resto disponible si tuviere demasiados terrenos",

164 'La demarcación de los terrenos agraciables se-rá legua y media de frente y dos de fondo en la inteli-gencia que puede hacerse más o menos estensiva la de-marcación segun la localidad del terreno, en el cual siem-pre se proporcionarán aguadas, y si lo permitiese el lu-gar lindero fijos, quedando al zelo de los comisionados economizar el terreno en lo posible y evitar en lo suce-sivo desavenencias entre vecinos". '

"174 Se velará por el Gob.no al S.or Alee Prov.) y demás subalternos, para que los agraciados no posbean mas que una suerte de estancia, podrán ser privilegiados sin embargo los que no tengan mas que una suerte de chacra, podrán también ser agraciados los americanos que no quisiesen mudar de posecion dejando la quetie-nen á beneficio de la Provincia".

"184 Podrán reservarse unicamente pára beneficio de la Provincia el Rincón de Pan de Azúcar, y el del Cerro para mantener las reyunadas de `su servicio. El rincon de Rosario por suestension puede repartirse hacia el lado de afuera entre algun de (sic) agraciados, reser-vando en los fondos una estension bastante á mantener cinco ó seis mil reyunos de los dichos".

"194 Los agraciados no podrán enagenar, ó vender estas suertes de estancia ni contraer sobre ellas debito alguno bajo la pena de nulidad hasta el arreglo formal de la Provincia en que deliberará lo conveniente".

`204 El M.I.C. ó quien el comisione, me pasará un estado del numero de agraciados, y sus posiciones, para mi conocimiento".

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"219 Cualquiera terreno anteriormente agraciado entrará (/../) (en) el orden del presente reglamento debiendo los interesados recabar por medio del S'.or Alc.c Prov.l su legitimación en toda manera, arriba espuesta. del M.I.C. de Montevideo".

"22Q Para facilitar el adelantamiento de estos agra-ciados quedan facultados el S.or Alce Prov.l y los tres subtenientés de Provincia, quienes unicamente podrán dar licencia para que dichos agraciados, se reunan y sa-quen animales vacunos como caballares de las mismas estancias de los europeos 6 malos americanos que se hallasen en sus respectivas jurisdicciones.' En manera alguna se permitirá que ellos por si solo lo hagan: siem-pre se les señalara un juez pedáneo ú otro comisionado, para que no se destrozen las haciendas en las correrías y que las que se tomen se distribuyan con igualdad entre los concurrentes debiendo igualmente zelar así el Alce Prov.] como los demás subalternos, que d.hos ganados agraciados sean aplicados a otro uso que el de aman-sarlos, caparlos y sujetarlos á rodeo."

"239 También prohivirán todas las matanzas á los hacendados, si no acreditan ser ganados de su marca, de lo contrario serán decomisados todos los productos y mandados á disp.on del Gob.no".

"249 En atencion á la escacez de ganado que es-perímenta la Provincia, se prohibirá toda tropa de ga-nado para Portugal. Al mismo tiempo que se prohibirá á los mismos hacendados la matanza del hembrage has-ta el restablecimiento de la campaña."

"259 Para' estos fines como para desterrar a los va gabundos, aprehender malhechores y desertores, se le darán al S.or Alce Prov.l ocho hombres y un sargento, y a dada Tente de Prov.a cuatro soldados y 1 cabo. El

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cabildo deliberará si estos deberán ser de los vecinos que deberán mudarse mensualmente ó de soldados pagos que hagan de esta suerte su fatiga".

"26° Los ten.tes de Prov.a no entenderán en de-mandas. Esto es privativo del S.or.Ale.e Prov.1 y á los jueces de los Pueblos y Partidos".

"274 Los destinados á esta Comision no tendrán otro' ejercicio que distribuir terrenos y propender á su fomento, velar sobre la aprehensión de los vagos remi-tiéndolos á este Cuartel Gral. ó al Gob.no de Montevi-deo para el servicio de las armas. En consecuencia los hacendados darán papeletas á sus peones, y los que se hallaren sin este requisito y sin otro ejercicio que vagar serán remitidos en la forma dicha".

"284 Serán igualmente remitidos a este Cuartel Gral. los desertores con armas ó sin ellas, que sin licencia de sus jefes se encuentren en alguna de estas jurisdic-ciones".

"294 Serán igualmente remtiidos por el subalterno al Alce Prov.l cualquiera, que cometiese algun homici-dio, hurto, ó violencia con algun vecino de su jurisdic-ción. Al efecto lo remitirá asegurado ante el S.or Alce Prov.l y un oficio insinuándole el hecho. Con este oficio que servira de cabeza de proceso á la causa del delin-cuente lo remitirá el S.or Alce Prov.] al Gob.no de Mon-tevideo, para que éste tome los informes convenientés y proceda al castigo segun el delito".

"Todo lo cual se resolvió de comun acuerdo con el S.or Alce Prov.l D.n Juan Leon y D.n Leon Perez dele-gados con éste fin, y para su cumplimiento lo firmo en este Cuartel General á 10 de sen.bre '815.

1ph. Artigas

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