Capítulo 30. DIMENSIÓN REGIONAL DE LA DESIGUALDAD

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Capítulo 30. DIMENSIÓN REGIONAL DE LA DESIGUALDAD

Lilia Susana Padilla y Sotelo1

Armando García de León Loza2

Introducción

La persistencia de marcados niveles de desigualdad social y económica en América Latina y en México es un asunto que sigue siendo prioritario en el campo de las políticas públicas y que es necesario dimensionar, teórica y espacialmente. La desigualdad es un fenómeno complejo de múltiples causas, y para enfrentarla con probabilidad de éxito es necesario

conocer a fondo los múltiples factores que en ella intervienen.La población precisa de satisfacer necesidades y aspiraciones a través de acciones que dan lugar

a las relaciones sociales, los modos de producción y la existencia de instituciones. Sin embargo, esa satisfacción no se alcanza de manera homogénea en la mayoría de los países, lo cual propicia po-breza en distintos grados. Así, una mayor heterogeneidad en la distribución de la riqueza se corres-ponderá con una alta desigualdad, por lo que se puede afirmar que este último parámetro guarda estrecha relación con la pobreza.

Para estudiar las disparidades sociales y económicas se requiere de un análisis inicial profundo que permita determinar de manera completa y específica aquello que se considera como desigual-dad. Asimismo, deben abordarse sus causas y establecer su distribución geográfica, objetivos cen-trales de este capítulo. Para tal efecto se diseñó un Índice de Condición Socioeconómica, aplicado a escala municipal, a partir de 15 indicadores socioeconómicos capaces de representarla de manera indirecta, referente que permitió identificar los espacios dentro del territorio nacional donde se encuentra presente de manera crónica y donde aqueja a un importante número de personas, toman-do en cuenta la propia diversidad regional que caracteriza a México. En este contexto, uno de los supuestos que sustentan este trabajo es que las diferencias más significativas entre los lugares con valores de marginación más altos respecto de los calificados en condición más baja, serán donde se encuentren las principales desigualdades en términos socioeconómicos.

Junto con la política económica, la política social del Estado mexicano es un componente sustantivo del desarrollo nacional; ambos se erigen como los ejes sobre los cuales se fundamentan las oportunidades de mejora de las condiciones de vida de todos los mexicanos. La prosperidad en dichas condiciones y el fortalecimiento de las capacidades sociales, junto con el número de empleos y su calidad, son los mejores soportes del bienestar social (Segob, 2014), que debería ser lo más equitativo posible en un intento por minimizar las desigualdades que se advierten entre los distintos sectores de la sociedad mexicana.

En concordancia con lo expuesto, el objetivo general de este capítulo es conocer a escala mu-nicipal los niveles y características de la desigualdad en México, mientras que se proponen tres objetivos específicos: primero, plantear los elementos teóricos y conceptuales que permitan com-prender dicho término; después, determinar su distribución espacial y en tercer lugar, analizar esa distribución para detectar posibles zonas del país donde se encuentren las mayores problemáticas al respecto. Esta última meta es deseable a manera de conclusión para aportar una visión espacial

1 Departamento de Geografía Social, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México, Cir-cuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, México, D. F. Correo electrónico: [email protected]

2 Departamento de Geografía Económica, Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de Mé-xico, Circuito de la Investigación Científica, Ciudad Universitaria, 04520, México, D. F. Correo electrónico: [email protected]

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de las inequidades en la regionalización de la población que enfrenta las condiciones de mayor rezago en México.

El concepto de desigualdad

En primera instancia debe contestarse el cuestionamiento de qué puede entenderse por desigualdad. Entre los varios enfoques actuales, Espina (2014) la considera como asime-tría en el acceso a bienes significativos (para el goce de una vida normal y satisfactoria en lo material y espiritual), que corresponde a individuos y grupos sociales diferentes. En una comunidad determinada, se asocia a aspectos sociales y de acceso al mismo estilo de vida, fenómenos que tienen que ver con la sociedad y la economía, y que representan el establecimiento de jerarquías sociales, diferencias y distin-ciones entre diversas clases o grupos. Desde esta perspecti-va, para su análisis se tienen tres elementos de partida:

• No es un dato casual, emerge en estructuras de relacio-nes persistentes y repetitivas que se configuran para sos-tener procesos de reproducción de las sociedades.

• Es una resultante del tipo de vínculos entre posicio-nes sociales diferentes, más que de características individuales.

• Aplica a diversas dimensiones de análisis y esferas de interacción humana.

Además, se le debe entender como un proceso, ya que no surge de un momento a otro, no implica una mis-ma definición ni un diagnóstico común, hay que conside-rar la desigualdad de qué y entre quiénes. Se trata de un término complejo porque incorpora la relación o vínculo individuo-sociedad, o entre los hogares y el contexto don-de se desenvuelven. Entonces, los factores socioeconómicos aparecen como contexto, no como dinámicas estructurales que producen asimetrías.

Cuando se menciona que existen grupos que impo-nen intereses, necesariamente se incursiona en el campo socioeconómico; pero eso no es todo, ya que el camino lleva hasta las particularidades propias de la representación en el sistema político.

Según D’Amico (2013), en términos del Banco Mun-dial se debe pensar el problema que representa la desigualdad como una variable interviniente que es necesario incorporar al análisis, a fin de atender el problema de la pobreza, en el cual converge una multicausalidad. En este sentido, la mejo-ra en el acceso a bienes y servicios públicos (contar con luz, agua y educación) o en indicadores no monetarios de bien-estar (como esperanza de vida, alfabetización y mortalidad

infantil), obliga a aceptar que la reducción de los niveles de pobreza no necesariamente disminuye la desigualdad, a pe-sar de la estrecha relación existente entre ambos conceptos. La conclusión anterior se apreció de manera clara en Amé-rica Latina, donde la mayoría de sus economías crecieron durante la década de los noventa del siglo pasado; no obs-tante, la distribución de ingresos paradójicamente se volvió más desigual.

Cabe señalar que existen además otras asimetrías to-davía más complejas que involucran a colectivos sociales completos: religión, lengua, costumbres, territorio e histo-ria, e incluso nacionalismos discriminantes, que no son ob-jeto de este estudio, pero que deben mencionarse a manera de referencia.

En el mismo sentido, Espina (2014) afirma que en el último lustro se están produciendo procesos sostenidos de disminución de las diferencias entre parámetros básicos, como son los ingresos, la educación y otras disparidades vitales, estas últimas responden en general a una equipa-ración de oportunidades, las cuales pueden verse desde dos perspectivas:

• Si existen o no para todos los grupos sociales posibilida-des iguales de ocupar cualquier posición en la estructura social, a partir de una competencia equitativa.

• Si existe una situación de respeto a los derechos sociales y garantías prácticas para que todos los grupos tengan las mismas oportunidades, con independencia de sus in-gresos y otros rasgos socioestructurales, para el disfrute de bienes y servicios, para la satisfacción de las necesi-dades básicas y para intervenir en acciones de participa-ción ciudadana.

De acuerdo con Espina, son tres las desigualdades fun-damentales (Figura 1) capaces de afectar las posibilidades de lograr una vida satisfactoria, en las cuales se fundamen-tó este trabajo, mismas que enmarcan los indicadores que se seleccionaron para la elaboración del Índice de Condi-ción Socioeconómica para calificar los municipios del país. Las diferencias sociales no son naturales, por el contrario, equivalen a la resultante de un proceso de construcción so-ciocultural. Desde la Colonia, América Latina y el Caribe han estado marcados por profundas asimetrías sociales, económicas e incluso políticas, convirtiéndose en uno de los principales problemas que presenta la región.

La desigualdad es un fenómeno típico de la mayoría de las sociedades, ya que a través de ella se establecen jerar-quías más o menos estructuradas, relacionadas con las dife-rentes formas de acceso a derechos como la alimentación, la vivienda, la salud y la educación.

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Jusidman (2009) afirma que este concepto tiene pro-fundas raíces históricas y es cada vez más complejo, asu-me diversas expresiones y es multifactorial. Se manifiesta en condiciones, niveles y esperanzas de vida fuertemente diferenciados entre personas y grupos de población; deter-mina trayectorias laborales y educativas que profundizan estas distancias, relacionadas con la divergencia económica y tiene su mejor reflejo en la diferencia de ingresos, origi-nada en los contrastes sustanciales que caracterizan las re-muneraciones al trabajo. Y agrega que puede mencionarse también otro tipo de desigualdad fundamental que, ade-más, es acumulativa de generación en generación, al estar relacionada con la propiedad diferenciada de bienes y me-dios para la producción o para la obtención de rentas, tales como tierras, recursos naturales, capital (inmuebles, equi-po y maquinaria) y recursos financieros. Si a los salarios se adicionan las prestaciones que realmente reciben las altas burocracias y gerencias privadas, seguramente las distancias aumentarían.

Reygadas (2008) señala que la mayoría de los estudios sobre este tema se enfoca al plano individual en la distri-bución de diferentes atributos entre las personas y analiza cómo esta distribución incide en los resultados diferencia-dos que se alcanzan en un contexto social dado. En general, las investigaciones sobre este tema, y se podría añadir que también las políticas sociales, seleccionan solo una de tres opciones: los recursos y las capacidades de los individuos, las relaciones que se establecen entre ellos o las estructu-ras sociales. Destaca que la diferencia en cuanto al tipo, la cantidad y la calidad de los recursos externos que poseen las personas tienen una incidencia central en los niveles que alcanzan las asimetrías y que es un fenómeno indisoluble de las relaciones de poder; se reproduce en los vínculos sociales. En ellos, las potencialidades y capacidades individuales se

ponen en acción y se entablan relaciones de poder, que si bien se basan en esas capacidades, pueden generar nuevos procesos; tienen propiedades emergentes cuyos resultados no se pueden prever considerando a los individuos de ma-nera aislada. En los campos de interacción se construyen cadenas de dependencia, dispositivos de explotación, acapa-ramiento de recursos, procesos de exclusión y otras formas de relaciones de poder que permiten el flujo de riquezas de unos grupos hacia otros y dan lugar a diferencias de mayor magnitud que las que brotan solo de los disímiles atributos de las personas. En el funcionamiento de estos mecanismos adquieren gran relevancia las capacidades relacionales y la posesión de recursos que permiten asumir posiciones domi-nantes en las interacciones.

Se asume que el prestigio social, además de ser un bien preciado desigualmente distribuido, es fuente de nuevas in-equidades, ya que el acceso diferencial a muchos bienes se encuentra asociado a las distinciones de estatus. Esto es evi-dente en las sociedades organizadas en castas, estamentos o grupos étnicos, pero sigue siendo importante en aquéllas abiertas o democráticas, en las que las gradaciones de es-tatus se reconstruyen con otros criterios, algunos explíci-tos, como los méritos escolares, los ingresos, la religión o la nacionalidad.

Incluso, Reygadas (2008) sostiene que en los espa-cios colectivos la desigualdad se reproduce en las fronteras que separan a los diferentes grupos. Estas últimas pueden tomar la forma de barreras físicas (muros, rejas, puertas, barrancos, detectores de metales, etc.), de dispositivos lega-les (prohibiciones, permisos, aranceles, concesiones, cotos, patentes, restricciones, derechos) o de mecanismos sim-bólicos, más sutiles y efectivos (estigmas, clasificaciones, distinciones en la indumentaria o en el cuerpo, decoración de los espacios, etc.). Estas fronteras rigen los flujos de las

Fuente: elaboración propia con datos de Espina (2014).

Figura 1. Desigualdades fundamentales.


personas, los conocimientos, las mercancías, los objetos, los servicios, el trabajo, los símbolos y todo aquello que sea sus-ceptible de intercambio; nunca están fijas, constantemente son cruzadas, reforzadas, desafiadas, levantadas, recons-truidas, transgredidas. Las personas se encuentran condi-cionadas por dichas “líneas”, pero a la vez las modifican en forma constante.

Para explicar por qué algunos grupos tienen más be-neficios que otros, hay que analizar las capacidades acu-muladas en cada uno, la distribución de las riquezas entre los diferentes ámbitos sociales, ya sean empresas, organi-zaciones del tercer sector, dependencias públicas, ciuda-des, regiones o países. Hay que considerar la capacidad de apropiación de riquezas que tiene cada grupo, es decir, los recursos acumulados dentro de cada uno, en lo que se re-fiere a propiedades, capital, talentos, destrezas, relaciones, prestigio, etc., que son algo más que la suma de las cuali-dades de los individuos que forman parte de ese colecti-vo. No solo importa el volumen de los elementos reunidos, sino también la coordinación, cooperación, organización y complementariedad de ellos. Entre los factores más conocidos que inciden en las capacidades colectivas de apropia- ción están las redes de conocimientos, la escala, la innovación y la calidad.

Por su parte, Espina (2014) señala que pese a la enor-me acumulación de riqueza por unas cuantas personas y familias, no se cuenta con datos sólidos acerca de su distri-bución. Todo indica que las diferencias son más profundas que las observadas en el reparto del ingreso y se estima que han favorecido a personas, compañías y familias cercanas a los grupos de poder.

Por otro lado, la elevada desigualdad se vincula a los cambios en los ingresos, que dependen cada vez menos del trabajo formal y cada vez más de actividades informales, la migración y de prácticas ilegales e incluso crimina- les. Esto se debe al bajo crecimiento de la economía en las últimas décadas, la reducida tasa de creación de empleos formales y la precarización derivada de la flexibilización laboral, en una etapa de la historia demográfica del país marcada por una amplia oferta de trabajadores jóvenes (Ju-sidman, 2009).

De acuerdo con Córdoba y García (1991), la dimen-sión territorial permite observar la desigualdad social que se manifiesta en una organización compuesta por clases y estratos, ya que las diferencias han existido en todo tiempo, aunque su problemática radica claramente en el desarrollo del capitalismo. En el contexto espacial, se advierte de ma-nera clara que la diversidad en los grupos sociales también fundamenta las diferencias, ya que cada uno de ellos crea un lugar funcional a partir de un principio de diferenciación

espacial de base utilitarista, según el cual unos sitios son más aprovechables que otros. El análisis y la explicación de estas diferencias espaciales requiere, en consecuencia, del conocimiento de los modos de vida y de las formas de orga-nización social que actúan sobre el espacio, particularmen-te las necesidades de los grupos sociales y sus estrategias para satisfacerlas.

Política social, desigualdad y pobreza

De acuerdo con las medidas de desigualdad que se registran en México, éste se coloca en las posiciones menos favora-bles dentro del conjunto de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), (Román y Valencia, 2007). Este organismo y otras organizaciones extranjeras se han interesado en el tema, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o ins-tituciones nacionales responsables de su medición, como el Banco de México, el Inegi y el Coneval. De manera especial, este último órgano (descentralizado de la administración pública federal) ha alcanzado renombre en este tipo de estu-dios debido a su autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Su papel evaluador ha facilitado la toma de decisiones en la materia, a partir de la información disponible.

Cuando se aborda el tema de la desigualdad se abre la discusión en torno a cómo se puede o se debe medir. Lo co-mún es hacerlo a partir de la distribución del ingreso en sus diversas acepciones, primer elemento propiciador de la es-tratificación social en países con notables asimetrías, como ocurre en México.

A pesar del peso argumentativo que representa el in-greso económico, parece insuficiente para una investigación más completa, como la que se pretende lograr aquí. Ante esa expectativa, se decidió sustentar la cuantificación a realizar en un Índice de Condiciones Socioeconómicas, formado por 15 indicadores segmentados en tríadas que cubren las cin-co dimensiones consideradas en este trabajo: demográfica, educativa, salud, ingreso y vivienda.

Para un país como México, dotado de una amplia ex-tensión (1.96 000 000 km2) y con más de 112 000 000 de habitantes en el 2010 (Inegi, 2011), resulta hasta cierto punto difícil evitar la desigualdad. En el territorio nacio-nal se encuentran zonas muy diferenciadas en cuanto a sus rasgos físicos, a la ubicación de sus pobladores y al origen e historia de sus sociedades, factores que por sí mismos favorecen la heterogeneidad. Por ello resulta ne-cesario plantear un abordaje analítico adecuado para darle


sentido a la investigación y justificar la identificación de su localización.

Una primera referencia puede ser la perspectiva del Premio Nobel de Economía Amartya Sen,3 quien de acuer-do con Plata (1999) demostró que uno de los aspectos inhe-rentes a la desigualdad, el hambre, no es consecuencia de la falta de alimentos sino de anomalías en los mecanismos de distribución de los mismos, tal como ocurre en México.4

Según Córdoba y García (1991), las sociedades cuyo nivel de bienestar económico puede considerarse como aceptable, deberían demostrar una equivalencia en los as-pectos sociales; de suceder esta coincidencia sería permitido considerarlas como igualitarias. Sin embargo, incluso en los países más avanzados el ámbito económico suele llevar un camino aparte, por lo que perduran disparidades generado-ras de la estratificación social que se tiene a nivel local. Esto es resultado de la diversidad, que es, en efecto, una cualidad inherente a la especie humana. Sin embargo, tiene graves implicaciones cuando el sistema político y económico, uti-lizando principios discriminatorios, la transforma en des-igualdad, hecho tan trascendente que también es capaz de desequilibrar la distribución territorial de la riqueza.

En este escenario, el panorama de la desigualdad y la pobreza en México no ha sido alentador, ya que con déca-das de inequidades persistentes y de una pobreza excesiva se llegó al siglo XXi con notables abismos entre unos pocos que lo tenían todo y la mayoría que carecía de lo esencial (Székely, 2005).

Según un informe de la ONu (2012), 60% de los mexicanos que viven en pobreza extrema se encuentra en localidades rurales. Los contrastes que se registran en-tre los municipios mejor dotados de recursos respecto de los más atrasados (incluyendo a los del ámbito rural) son comparables proporcionalmente a las brechas que se ob-servan entre los países pobres y los más ricos del mundo. Además, se devela que hay dos grandes tipos de proble-

3 Su trabajo sobre la justicia social y la defensa de la redistribución de la riqueza para hacer del mundo un lugar mejor para todos sus habitantes, se orienta al estudio sobre el hambre en el mundo y su relación entre la democracia y la satisfacción de las necesidades bá-sicas de los seres humanos. Parte de una idea tan sencilla como que la libertad de elección y las virtudes del mercado se desvanecían frente a situaciones de pobreza o capacidades desiguales de acceso, debidas a las diferencias de potencial y habilidades que afectan a los individuos.

4 Para tratar de solucionar este problema, el Estado mexicano desa-rrolla el Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 (Segob, Diario Oficial de la Federación, 30-04-2014), como parte de la denominada Cruzada Nacional contra el Hambre, orientada a la po- blación de los municipios del país con los niveles más altos de mar-ginación y pobreza extrema (Segob, 2014).

mas en términos de desigualdad territorial: uno, el de las zonas urbanas afectadas en especial por la inequidad, la inseguridad ciudadana y el diferenciado dinamismo eco-nómico; mientras el otro corresponde a las zonas rurales que presentan rezagos en acceso a servicios y derechos básicos, como salud y educación, donde las relaciones de poder entre hombres y mujeres también son marcadamen- te desiguales.5

Los datos de pobreza muestran dos parámetros asocia-dos a las principales carencias: la pobreza por ingresos y el Índice de Rezago Social. Estas mediciones se construyeron a partir de los indicadores que marca la Ley General de Desarrollo Social6 y que deben ser considerados en la de-finición, identificación y medición de la pobreza. La Ley mencionada (DOF, 2004) señala, en el artículo 36, que su medición debe tomar en cuenta el ingreso corriente per cá-pita, el rezago educativo, el acceso a los servicios de salud, la calidad y espacios de la vivienda, el acceso a los servicios básicos en la misma, el acceso a la alimentación y el grado de cohesión de la población local (Coneval (a)).

Por otro lado, la medición de la cohesión social adop-tada por el Coneval incorpora indicadores que ayudan a conocer el grado de desigualdad de la población, así como indicadores de redes de apoyo e intercambio solidario a ni-vel estatal. La Ley General de Desarrollo Social establece que el cálculo de la pobreza debe considerar su carácter multidimensional, tal como lo hace el Coneval al diseñar el Índice de Rezago Social.

Esta medida pondera cuatro indicadores de tipo edu-cativo, de acceso a servicios de salud, servicios básicos en la vivienda y activos en el hogar. Se calcula con la técnica es-tadística de componentes principales, que obtiene un refe-rente agregado de las diferentes dimensiones del fenómeno en estudio. Además, puede determinarse en tres escalas de agregación geográfica: entidad federativa, municipal y loca-lidad (Coneval (b)).

5 Para México, la investigación reconoce que las diferencias se arras-tran hace décadas y que en el campo aún prevalecen extremas des-igualdades territoriales entre los estados del norte y del sur, así como entre los productores de subsistencia y los comerciales, afir-mó Josefina Stubbs, directora de la División de América Latina y el Caribe del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida). “El primer paso para cerrar estas brechas es empoderar a los pequeños productores y empresarios rurales para que puedan tomar las rien-das de su propio destino, y convertir a la agricultura familiar en un emprendimiento rentable y sostenible” (ONu, 2012).

6 Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, que trata de garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social principalmente.


El Coneval presenta datos de la significancia estadística de desigualdad a nivel estatal y municipal para 2000, 2005 y 2010, con información del Inegi, así como los cambios ocurridos en los indicadores a lo largo del periodo. Para este último objetivo se aplican los coeficientes de Gini respectivos, los cuales dimensionan la concentración del ingreso a partir de la curva de Lorenz (que señala la diferencia entre los ingre-sos acumulados y los distribuidos). Como se sabe, este coefi-ciente toma valores de cero a uno, mientras más se acerque a uno, se tendrá mayor diferencia en la distribución del ingreso (Figura 2). En la información que se presenta sobre dicho co-eficiente, el parámetro al que se hace referencia es el ingreso neto total per cápita, con el que el Coneval realiza las estima-ciones de pobreza por ingreso entre los ámbitos rural y urbano. Al respecto, se encontró una tendencia a la baja en los ingresos a escala nacional y urbana, pero una alza en la rural, indicativo de incremento en la desigualdad (ONu, 2012 basado en la En-cuesta Nacional de Ingreso y Gasto del Inegi, 2010).

Como se mencionó antes, la pobreza es uno de los aspec-tos asociados a la desigualdad, cuya definición contempla las condiciones de vida de la población a partir de tres elementos. En el primero, el bienestar económico comprenderá las ne-cesidades relacionadas con los bienes y servicios que puede adquirir la población mediante el ingreso; el segundo es el de los derechos sociales, estimado a partir de las carencias de la población en el ejercicio de sus derechos para el desarrollo, en específico aquéllos asociados a los indicadores menciona-dos en la Ley de Desarrollo Social (DOF, 2004). Finalmente, el espacio del contexto territorial incorporará aspectos que trascienden al ámbito individual (que pueden referirse a ca-racterísticas geográficas, sociales y culturales), en específico, los vinculados al grado de cohesión social y otros considerados relevantes para el desarrollo social (Segob, 2010).

Determinación del Índice de Condición Socioeconómica

En los apartados anteriores se estableció que la desigualdad se podría dimensionar mediante algún índice capaz de re-presentar las asimetrías socioeconómicas presentes entre los habitantes de la República Mexicana, aun cuando fuese de manera indirecta.

Entre los varios índices oficiales disponibles, el Ín-dice de Marginación estructurado por el Conapo (2012) podría ser adecuado para determinar los municipios que enfrentan mayor atraso y, por ende, las desigualdades más significativas. No en balde a partir de ese referente se dis-tribuyen los apoyos gubernamentales a las zonas más po-bres del país.

Sin embargo, al revisar los elementos que lo integran puede observarse que se calcula con base en nueve indica-dores, de los cuales, uno corresponde al grado de urbani-zación; otro tiene que ver con el ingreso económico de la población ocupada; dos más, a condiciones educativas y los cinco restantes son de vivienda. Es notoria la diferencia en-tre el número de indicadores de cada uno de los paráme-tros elegidos, ya que predominan los de vivienda, dejando en segundo término a los demás. Esta situación da lugar a un problema de consistencia. De entrada, surge la pregunta: ¿por qué no elegir un número equivalente de indicadores para cada parámetro a representar?

El anterior no es el único cuestionamiento que puede hacerse, ya que para obtener su índice el Conapo también eligió el Análisis de Componentes Principales. Mediante un complejo proceso matemático, las nueve dimensiones originales del sistema se transforman en nueve vectores ortogonales entre sí (conocidos como “eigenvectores”),

Fuente: ONU (2012) basado en la ENIGH de Inegi (2010).

Figura 2. Coeficiente de Gini a partir de la distribución del ingreso per cápita, 1994 y 2010.


de los cuales, el primero concentrará la mayor parte de la información original o varianza del sistema (Torres, 2009:216). 7

A pesar de emplear el recurso anterior, sería difícil re-petir a nivel municipal la posible representatividad lograda a escala de entidades federativas (poco más de 80%), aspecto del que el Conapo no se ocupa. Por ejemplo, aplicando esta técnica a los 84 municipios del estado de Hidalgo, el valor de la varianza acumulada fue de 69%, es decir, diez pun-tos menos que para los agregados nacionales. Lo anterior permite afirmar que el Índice de Marginación así obtenido desechó 30% de la información inicial.

Ante las importantes limitaciones del Análisis de Componentes Principales, se consideró más apropiado em-plear la técnica del Valor Índice Medio (García de León, 1989), debido a que esta última opción puede emplear un número equivalente de indicadores para cada dimensión y asimila cien por ciento de la información de los indicadores originales. En consecuencia, el Índice Medio será un mejor referente para inducir la marginación municipal.

7 Mientras mayor sea la correlación entre los indicadores elegidos, el primer eigenvector (o primer componente) tendrá mayor repre-sentatividad, generando así el llamado “componente principal”. En el caso del Índice de Marginación del Conapo, la matriz de correlaciones resultó con coeficientes elevados y positivos deriva-dos, seguramente, de que solo se escogieron aquellos indicadores que demostraron mayor relación entre sí, dejando de lado otros muy deseables pero con poca relación respecto de los demás. Es de suponer que a partir de este criterio se derivó el predominio de indicadores del parámetro de vivienda.

A partir de esos antecedentes se eligieron 15 indicado-res de carácter socioeconómico para caracterizar los 2 440 municipios de los estados y las 16 delegaciones del Distrito Federal presentes en el Censo de 2010, tomando en cuenta las cinco dimensiones que se enlistan en el Cuadro 1.

Como se mencionó antes, a diferencia del Conapo, el cual procesa a conveniencia un número diferenciado de indicadores para cada dimensión, al tiempo que descarta otros que deberían estar contemplados, con el Índice Medio se tiene una consistencia completa en cuanto a caracteri-zar cada parámetro con la misma cantidad de indicadores (tres por cada dimensión), equivalentes a una ponderación más justa de cada una de las cinco dimensiones analizadas, una más de las que contempla la mencionada institución gubernamental. Es importante precisar otra particularidad metodológica de la técnica aplicada para caracterizar cada una de las unidades territoriales cuantificadas, esto es, a mayor valor de cada uno de los indicadores numéricos, corresponderán condiciones más favorables. Por ello, los casos con valores altos del índice deben considerarse los más favorecidos, en tanto que la desigualdad, y por ende la mar-ginación acuciante, predominará en los municipios y de-legaciones con valores bajos. En consecuencia, en lugar de un referente de marginación, el método empleado aporta-rá un índice de bienestar que aquí se denominó Índice de Condición Socioeconómica municipal. Esta es otra variante significativa respecto de la conceptualización del índice del Conapo, en el que las “calificaciones” más altas correspon-den a las condiciones más “bajas”, dando lugar a cierta con-fusión en la lectura.

Cuadro 1. Índice de Condición Socioeconómica: dimensiones socioeconómicas e indicadores seleccionados

DIM

ENSI

ON

ES

Demográfica

1. Porcentaje de población urbana en localidades con 15 000 o más habitantes.

2. Densidad de población (habitantes/km²).

3. Porcentaje de población de cinco años y más no residente en la entidad 2005.

Educativa

4. Escuelas por mil alumnos.

5. Docentes por cien alumnos.

6. Grado promedio de escolaridad.

Salud

7. Médicos por mil habitantes.

8. Porcentaje de personal médico en instituciones federales.

9. Porcentaje de unidades de consulta externa federales.

Ingreso económico

10. Porcentaje de población ocupada con ingreso mayor a dos salarios mínimos.

11. Porcentaje de población ocupada en el sector secundario.

12. Tasa específica de participación femenina en PEA.

Vivienda

13. Porcentaje de viviendas que cuentan con refrigerador.

14. Porcentaje de viviendas con agua entubada en su interior.

15. Porcentaje de ocupantes con excusado de descarga directa de agua.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la SEP (2012) e Inegi (2011).


Cuadro 2. Índice de Condición Socioeconómica de municipios y delegaciones respecto del promedio nacional por entidad federativa, 2010

Entidad Federativa Muy inferior Inferior Media Superior Muy superior Total de casos

Aguascalientes 0 0 0 8 3 11

Baja California 0 0 0 0 5 5

Baja California Sur 0 0 0 0 5 5

Campeche 0 2 7 1 1 11

Coahuila 0 0 8 16 14 38

Colima 0 0 0 6 4 10

Chiapas 49 47 19 3 0 118

Chihuahua 2 11 19 25 10 67

Distrito Federal 0 0 1 7 8 16

Durango 0 3 13 20 3 39

Guanajuato 0 4 21 16 5 46

Guerrero 19 26 27 9 0 81

Hidalgo 5 15 35 23 6 84

Jalisco 0 1 22 71 31 125

México 1 17 41 43 23 125

Michoacán 0 4 66 35 8 113

Morelos 0 5 12 11 5 33

Nayarit 1 2 4 7 6 20

Nuevo León 0 2 4 20 25 51

Oaxaca 153 233 144 37 3 570

Puebla 44 112 46 12 3 217

Querétaro 0 1 11 3 3 18

Quintana Roo 0 1 2 3 3 9

San Luis Potosí 1 21 21 13 2 58

Sinaloa 0 1 5 8 4 18

Sonora 0 1 14 36 21 72

Tabasco 0 4 11 1 1 17

Tamaulipas 0 5 21 9 8 43

Por lo anterior, será suficiente revisar los valores más bajos del índice obtenido en este estudio para identificar los casos territoriales que enfrentaban los mayores niveles de marginación, pobreza y desigualdad.

Dimensión territorial de la desigualdad

A partir de la definición propuesta por Espina (2014), en la que describe la desigualdad como asimetría en el acceso a bienes significativos (para el goce de una vida normal y satisfactoria en lo material y espiritual) que corresponde a individuos y grupos sociales diferentes, se realiza el aborda-je analítico-estadístico de esta parte del capítulo.

El tratamiento estadístico al que se sometieron las 2 456 unidades territoriales (municipios y delegaciones), examinadas mediante la técnica del Valor Índice Medio, permitió asignarlas a alguna de las cinco categorías defi-

nidas para el estudio, acorde con la magnitud de su índice respectivo. De manera específica, cada uno de los grupos así formados se calificó en términos de su cercanía (o lejanía) al valor promedio nacional.

Cabe aclarar que las dimensiones más significativas de los desequilibrios sociales y económicos en México se encontrarán al comparar los municipios agrupados en las categorías extremas –es decir, aquéllos ubicados en el ni-vel “muy inferior”– con los situados en el grupo calificado como “muy superior” al promedio nacional. Lo anterior responde a las diferencias numéricas máximas que resul-tan de restar sus índices socioeconómicos, en contraste con cierta similitud (diferencias relativamente mínimas) entre unidades territoriales dentro de una misma categoría o en-tre categorías sucesivas.

El Cuadro 2 sintetiza las agrupaciones formadas y per-mite determinar que 941 municipios (38.3% del total) en-frentaban las condiciones de carencia socioeconómica más


adversas, mientras que 787 municipios y delegaciones (32% del total) estaban en una situación favorable. Finalmente, los 728 casos restantes (29.6% del total) demostraron un comportamiento cercano al promedio nacional. Estos agru-pamientos responden a un proceder relativamente acorde con una distribución normal al aplicar ajustes mínimos a los límites rigurosos que deberían acotar cada una de las categorías. Enseguida se presenta un análisis detallado de los grupos municipales con mayor nivel de atraso.

Condiciones de mayor desigualdad municipal

Al analizar los resultados de la cuantificación efectuada (Figura 3), se determinó que once estados de la federación tienen al menos uno de sus municipios en la categoría más adversa de las cinco planteadas aquí, es decir, el nivel “muy inferior” al promedio, hasta sumar 312 casos. Es importan-te añadir que el Conapo (2012:53) encontró 441 munici-pios en esta circunstancia; de ese total, el estado de Oaxaca aportó prácticamente la mitad del total nacional (153 casos). En segundo lugar, Chiapas registró 49, superando a Puebla (44), a Veracruz (34) y Guerrero (19 municipios).

Los elevados niveles de desigualdad en esas cinco enti-dades federativas se confirmaron al establecer que Chiapas ubicó a poco más de 41% de sus municipios en tal condición, en tanto ocurría lo mismo con 27% de los casos municipales de Oaxaca, 23% de los de Guerrero, 20% de Puebla y 16% de los casos municipales de Veracruz, siempre en términos del Índice de Condición Socioeconómica.

Además de que los cinco estados referidos antes con-juntaron un alto número de municipios y un porcentaje igualmente elevado de desigualdad en los mismos, se en-contró que todos ellos perfilaron una sola y amplia región, abarcando buena parte de la porción sur del país (Chiapas, Oaxaca y Guerrero), así como Puebla y Veracruz como con-

tinuación de la misma hacia el oriente. Desde este hecho se induce una concentración significativa de pobreza y des-igualdad en esas zonas del territorio nacional.

Lo anterior se confirma al revisar que de las otras seis entidades federativas con municipios en condición de mayor desigualdad, Hidalgo (con cinco) y San Luis Potosí (uno) mantuvieron esa continuidad geográfica. Por su parte, Yucatán (con tres casos), Chihuahua (dos casos), Nayarit y Estado de México (un caso, respectivamente) tuvieron una presencia secundaria, aparte de que rompieron la regiona-lización formada entre las siete entidades restantes, por en-contrarse dispersas en diferentes extremos del país.

La ubicación geográfica y distribución de los 312 mu-nicipios englobados en el grupo con mayor desigualdad se visualiza en la Figura 3.

Después del anterior se formó un segundo grupo, inte-grado ahora por 629 municipios en situación socioeconómica considerada como “inferior al del promedio”. A este respecto, el Conapo (2012:53) contabilizó solamente 408 casos.

Se puede observar que este nuevo conjunto sumó poco más del doble de los casos reunidos en el grupo de mayor des-igualdad. Sin embargo, en rigor, se mantuvo la concentración de municipios en los mismos estados, ya que entre Oaxaca (233 casos) y Puebla (112 casos) acumularon 55% del total de esta segunda categoría. Si se agregan los 71 municipios que presentó Veracruz, se alcanza 66%, mientras que la tercera parte restante quedó distribuida entre las otras 23 entidades federativas, con al menos un caso en esta situación.

Puede concluirse que dentro de la circunstancia de alta desigualdad explicada en este apartado, el estado de Puebla demostró ser la entidad federativa que enfrentaba los retos más acuciantes, luego de que la mitad de sus municipios quedaron agrupados en los niveles de máxima desigualdad. Esa mayoría superó al 40% presentado por los estados de Oaxaca y Chiapas, así como a San Luis Potosí, Yucatán, Ve-racruz y Guerrero, en los cuales entre 30 y 40% de sus mu-nicipios estaban en condiciones más bien precarias.

Cuadro 2. Índice de Condición Socioeconómica de municipios y delegaciones respecto del promedio nacional por entidad federativa, 2010

Entidad Federativa Muy inferior Inferior Media Superior Muy superior Total de casos

Tlaxcala 0 3 27 22 8 60

Veracruz 34 71 58 32 17 212

Yucatán 3 36 48 16 3 106

Zacatecas 0 1 21 29 7 58

Total de casos por categoría: 312 629 728 542 245 2,456

Participación en el total: 12.7% 25.6% 29.6% 22.1% 10.0% 100.0%

38.3% 29.6% 32.0%

Fuente: cálculos propios con datos de la sep (2012) e Inegi (2011).


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Concentración geográfica de la desigualdad socioeconómica

Al revisar con cuidado la Figura 3, se hace notorio que la mi-tad Norte del territorio nacional (integrada por 13 estados) guardaba una relativa homogeneidad en cuanto a sus bajos niveles de desigualdad. De los 485 municipios que la con-forman, únicamente cuatro de ellos calificaron en la condi-ción más adversa (muy inferior al promedio nacional) en cuanto a su Índice de Condición Socioeconómica. Acerca de la porción media del país (Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Distri-to Federal, Morelos y Tlaxcala), puede afirmarse que, con excepción de Puebla y Veracruz, sumó 630 municipios o de-legaciones de los cuales solo seis enfrentaban el mayor nivel de desigualdad.

Por su parte, los cuatro estados ubicados en el sureste y península de Yucatán (Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo) contaban con 143 municipios, pero sola-mente tres estaban en la condición más adversa. Por ende, en los cinco estados restantes (Veracruz, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas), en los que se encontraban 1 198 muni-cipios, se concentraron 299 casos del total de 312 unidades municipales que enfrentaba la mayor desigualdad.

Las cifras anteriores fueron la base para perfilar 13 zo-nas geográficas con tamaño diverso, formadas a partir del Índice de Condición Socioeconómica y nominadas a partir del municipio preponderante por su número de habitantes, tal como lo resume el Cuadro 3.

Es relevante mencionar que en estas áreas se locali-zaron 258 de los 312 municipios clasificados en la circuns-tancia más preocupante (muy inferior al promedio nacio-nal). Esta agrupación demuestra que la inequidad tiende a concentrarse en espacios específicos, realidad tal vez poco novedosa; sin embargo, debe tenerse en cuenta que los estu-dios sobre la pobreza y marginación rara vez se enfocan al análisis de la aglutinación de unidades territoriales en sitios específicos. Por ello, puede aceptarse que la delimitación identificada sobre estas amplias zonas de desigualdad es un producto importante derivado del presente estudio.

En este punto es necesario soslayar la posible discusión teórico-práctica de por qué se encontraron los patrones de concentración geográfica aquí determinados, por dos razo-nes importantes: la primera es que se aleja de la temática desarrollada en este capítulo y la segunda es que tendría que incursionarse en otros campos conceptuales, tales como el de segregación espacial, por poner un ejemplo. En efecto, como afirma Villalta (2007):

En su definición más general y más simple, la segregación

espacial es la representación geográfica y cuantitativa de la

marginación social. La segregación espacial es una separación

física y concentración geográfica de grupos de individuos,

como consecuencia de circunstancias sociodemográficas o

económicas no controlables por los mismos sujetos segrega-

dos o excluidos. Es decir, se refiere a los patrones y procesos

de las geografías de exclusión social.

Cuadro 3. Total de residentes en municipios calificados en condiciones inferiores y muy inferiores al promedio nacional en 2010

Zona geográficaMunicipios

en condición “inferior”

Habitantes en condición

“inferior”

Municipios en condición “muy

inferior”

Habitantes en condición “muy

inferior”

Municipios en condición “inferior”

o “muy inferior”

Habitantes en condición “inferior”

o “muy inferior”

1: Guadalupe Calvo 15 205 537 2 67 861 17 273 398

2: Del Nayar 4 76 480 1 34 300 5 110 780

3: Villa de Ramos 11 162 738 0 0 11 162 738

4: Huauchinango 0 0 13 315 468 13 315 468

5: Tlachichuca 0 0 38 442 163 38 442 163

6: San Miguel Soyaltepec 0 0 52 192 139 52 192 139

7: San Luis Acatlán 0 0 18 279 155 18 279 155

8: Santa Cruz Zonzontepec 0 0 34 186 446 34 186 446

9: San Agustín Loxicha 0 0 47 182 214 47 182 214

10: Hueyapan de Ocampo 2 55 946 3 65 838 5 121 784

11: Villa Corzo 23 712 300 5 85 148 28 797 448

12: Ocosingo 0 0 42 1 411 815 42 1 411 815

13: Hopelchén 28 251 294 3 51 053 31 302 347

Subtotales 83 1 464 295 258 3 313 600 341 4 777 895

Fuente: cálculos propios con base en el Cuadro 3.


Como se aprecia en el apartado anterior, se abren va-rias opciones explicativas sobre la concentración municipal encontrada aquí, pero quedan fuera de los objetivos de la temática de la desigualdad socioeconómica.

Indicadores socioeconómicos y niveles de desigualdad

La última parte corresponde a plantear una plataforma ex-plicativa sobre las principales causas que generan la des-igualdad, con la intención de facilitar la comprensión de los componentes que dieron lugar a las 13 zonas que enfrentan las condiciones socioeconómicas más adversas, como apare-cen en la Figura 3.

Al respecto, conviene recordar que la construcción del Índice de Condición Socioeconómica municipal, obtenido a partir de 15 indicadores numéricos, fue el referente em-pleado para determinar cuáles eran los lugares con mayor incidencia en cuanto a desigualdad. Los indicadores (Cua-dro 1) fueron seleccionados de acuerdo con los parámetros que se muestran en el Figura 1, bajo el supuesto de que reflejarían de manera indirecta alguno de los principales elementos que dan lugar a dicha desigualdad. Sin embargo, era improbable que cada uno de ellos aportara en la misma proporción al índice global resultante, lo cual se confirmó a partir de los promedios comparativos que se muestran en el Cuadro 4.

A nivel nacional, los tres indicadores con menores va-lores y con mayor relación respecto de la desigualdad so-cioeconómica fueron la poca disponibilidad de personal médico (índice= 3.140), la baja densidad poblacional (índi-ce= 3.215) y una insuficiente disponibilidad de escuelas por alumno (índice= 3.311). En comparación, el orden en que se encontraron los indicadores correspondientes a los 36 mu-nicipios con índices socioeconómicos más adversos fue muy diferente; el promedio más bajo (índice= 1, el menor valor posible) se compartió entre la baja proporción de personas que obtuvieron un ingreso mensual mayor a dos salarios mínimos y la ausencia de excusado con agua corriente en las viviendas. A su vez, el tercer lugar también se compartió entre otros dos referentes (índice= 1.083): grado promedio de escolaridad y la modesta participación de las mujeres en las actividades económicas.

Conclusiones

Al inicio de este capítulo se planteó como objetivo central determinar las condiciones de municipios y delegaciones políticas de México en términos de la desigualdad socio- económica. A partir de ahí, buscar y representar los patrones de distribución territorial de las categorías resultantes del proceso estadístico de clasificación para su mejor análisis, para lo cual se elaboró la Figura 3.

Cuadro 4. Promedios de 15 indicadores socioeconómicos. Comparativo entre 36 municipioscon mayor desigualdad y el promedio nacional

IndicadoresPromedios 36

casos extremosLugar 36 casos

Promedio nacional

Lugar promedio nacional

Diferencia

XV. Ocupantes con excusado de descarga directa de agua. 1 000 1 3 395 8 7

X. Ocupados con ingreso mayor a dos salarios mínimos. 1 000 1 3 414 9 8

VI. Grado promedio de escolaridad. 1 083 2 3 425 10 8

XII. Tasa específica de participación femenina en PEA. 1 083 2 3 432 12 10

XIII. Viviendas que cuentan con refrigerador. 1 111 3 3 658 15 12

XI. Ocupados en el sector secundario. 1 139 4 3 379 7 3

III. Población de cinco años y más no residente en 2005. 1 167 5 3 366 6 1

XIV. Viviendas con agua entubada en su interior. 1 389 6 3 430 11 5

V. Docentes por cien alumnos. 1 694 7 3 342 5 -2

VIII. Personal médico en instituciones federales. 2 000 8 3 140 1 -7

IX. Unidades de consulta externa federales. 2 083 9 3 334 4 -5

IV. Escuelas por mil alumnos. 2 722 10 3 311 3 -7

VII. Médicos por mil habitantes (Z7). 2 806 11 3 442 13 2

I. Población urbana. 3 000 12 3 585 14 2

II. Densidad de población. 3 083 13 3 215 2 -11

Índice de Marginación Socioeconómica 1 757 3 391

Fuente: cálculos propios a partir de datos de la SEP (2012) e Inegi (2012).


Por otra parte, una primera lectura de los resultados obtenidos validaría el supuesto de que la falta de ingresos económicos sería una causa esencial y común a los mayo-res niveles de desigualdad, al menos en lo que respecta a la escala municipal del territorio nacional y a partir de los 15 indicadores que sirvieron de base para calcular el Índice de Condición Socioeconómica respectivo, con el cual se ca-lificaron las 2 456 unidades administrativas existentes en la República Mexicana en el 2010.

De la conclusión anterior es posible afirmar que la des-igualdad en México es consecuencia directa de la incapaci-dad del Estado para propiciar un entorno económico y social favorable a la generación de empleos suficientes con la re-muneración requerida para asegurar condiciones mínimas de bienestar.

En cuanto a los 15 indicadores empleados como refe-rencia cuantitativa, conviene recordar la notable diferencia que mostraron los promedios correspondientes a los muni-cipios que enfrentaban mayor desigualdad en comparación con la escala nacional. Únicamente en cinco de ellos (del to-tal de 15 indicadores) se encontró cierta equivalencia entre las dos escalas, hecho que reafirma los extremos a los que se llega en México.

Además, la distribución geográfica de los 312 casos antes mencionados permitió identificar tres pautas geo-gráficas. Primero, la mitad norte del país estuvo ajena a las condiciones más drásticas de desigualdad. Segundo, las por-ciones central y sureste se vieron afectadas en poca medida por las problemáticas más agudas. Y tercero, tres estados del sur (Chiapas, Oaxaca y Guerrero) y dos más del oriente (Puebla y Veracruz) concentraron la mayoría de municipios y personas que enfrentaban circunstancias especialmente adversas. En este contexto, la península de Yucatán demos-tró un atraso también preocupante.

La regionalización de la desigualdad encontrada en este trabajo, obliga a retomar los campos teóricos que in-tentan explicar esas adversidades a partir de la búsqueda e identificación de causas comunes. Por ejemplo, la teoría so-bre la difusión espacial de la pobreza (Vilalta, 2007) podría ser una línea prometedora para ahondar en esta temática, ante la evidencia de que la aglomeración geográfica de la desigualdad, donde residen más de cuatro millones de per-sonas, difícilmente puede atribuirse a la casualidad.

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Glosario

Desigualdad. Asimetría en el acceso a bienes significativos (para el goce de una vida normal y satisfactoria en lo material y espiritual) que corresponde a individuos y grupos sociales diferentes (Espina, 2014). La forma más común de medirla es a partir de la distribución del ingreso familiar.

Índice de Condición Socioeconómica. Técnica estadística para obtener un índice global a escala municipal, sin-tetizando la información aportada por 15 indicadores que corresponden a cinco dimensiones socioeconómi-cas: demografía, educación, salud, ocupación e ingre-so, y de servicios y bienes en la vivienda.

Índice de Rezago Social. Medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda) en un solo índice, que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.

Línea de bienestar. Permite identificar a la población que no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus ne-cesidades (alimentarias y no alimentarias). La línea de bienestar mínimo posibilita identificar a la población que, aun al hacer uso de todo su ingreso en la compra de alimentos, no puede adquirir lo indispensable para tener una nutrición adecuada (Coneval (a):40).

Población marginada. Sector de la sociedad cuya organi-zación social y política vigente la integra al proceso económico, pero la excluye total o parcialmente de los beneficios y satisfactores de consumo y bienestar, así como de la participación en asuntos públicos (Salcedo, 2004:60).

Pobreza. Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acce-so a la alimentación), y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satis-facer sus necesidades alimentarias y no alimentarias (Coneval(b)).

Documents

Capítulo 30. DIMENSIÓN REGIONAL DE LA DESIGUALDAD