TÓPICOS DE FORMACIÓN POLÍTICA

Colección Tópicos de Formación Política

Con el propósito de contribuir a la formación política de ciudadanos, militantes y dirigentes del Parti-do de la Revolución Democrática (PRD), presentamos una serie de breviarios que abordan temáticas para orientar y comprender la ac-ción política.

Se pretende hacer asequibles y so-cializar las tesis de los documentos básicos del PRD, así como los princi-pales conceptos de la ciencia políti-ca y la cultura política democrática. Adicionalmente, se busca apoyar los esfuerzos de formación y capa-citación que llevan a cabo distintas instancias del partido. No se inten-ta crear nuevos conceptos o tesis, sino recoger ideas clave de una am-plia gama de autores especialistas, nacionales e internacionales, que nos permitirán aproximarnos con un bagaje conceptual sólido, pero comprensible, en el análisis de los temas abordados.

Coordinador editorialGuillermo Flores VelascoDirector Ejecutivo de Estudios e Investigación Socioeconómica y Política del PRD

Otros títulos de la colección

Concurrencia, Competencia y Monopolios

Responsabilidad de los Servidores Públicos

Sobre la Constitución de la Ciudad de México

Finanzas Públicas

Técnica Legislativa

Gobierno y Participación Ciuda-dana

El prd y la Construcción de un Gobierno Socialdemócrata en la Ciudad de México

Breve Historia del Partido de la Revolución Democrática

Agenda Política, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Derechos Humanos

Desigualdad y Pobreza

Análisis Sobre la Situación Social NacionalFrancisco Alvarado Arce

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Análisis sobre la Situación Social Nacional esboza a gran-des rasgos el derrotero, que desde inicios del siglo pasa-do hasta la actual administración, ha tomado la aplica-ción de las diferentes visiones ideológicas y económicas dominantes en México con sus respectivas secuelas, tra-ducidas en un cúmulo de rezagos sociales y en múltiples intentos de los diferentes gobiernos por modernizar al país y, en última instancia, por insertarlo en la dinámica de la globalización.Se busca evidenciar que el postulado neoliberal, en torno a que un mayor crecimiento económico, propiciado por la orientación hacia una economía de mercado, redundaría en automático en un mayor bienestar de la población a través de una reducción de la pobreza y de una mejora en la dis-tribución del ingreso, es una premisa que la realidad se han encargado de contradecir. No importa que, en el discurso oficial, los términos de equidad, democracia y justicia social hayan cobrado gran relevancia y se hayan convertido en los ejes rectores de la política social de las últimas décadas.Frente a ello, queda demostrado que, a pesar de la per-sistencia de los rezagos sociales de carácter estructural, los recientes gobiernos han seguido reciclando la visión que implantaron los neoliberales mexicanos de finales de los años ochenta con el único propósito de inscribir a México a la sociedad global. Esa situación apremia al Estado, a la clase política y a la ciudadanía a impulsar la construcción de una nueva política social que haga tangi-bles los preceptos contenidos en la Constitución Política en materia de justicia social.

Francisco Alvarado Arce cuenta con estudios de Licencia-tura en Economía por la Universidad Autónoma Metro-politana (uam) Unidad Xochimilco.Jefe del Archivo Hemerográfico en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A. C. (Imep) de 1980 a 1994, donde también se desempeñó como Jefe del Área de Informa-ción y colaborador en las publicaciones Claves Políticas, Panorama y Significados y Perspectiva Mensual (Imep) de 1994 a 2005. Investigador-analista y Jefe del Departa-mento de Información Sistematizada en la consultoría Diseño Estratégico y Análisis Prospectivo, S. C. De 2010 a la fecha es Investigador y analista en la revista Seminario Político y en Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

Análisis sobre la Situación Social

Nacional

Colección “Tópicos de Formación Política”Volumen Análisis sobre la Situación Social Nacional® Francisco Alvarado ArceCoordinador editorial: Guillermo Flores Velasco

Primera edición, abril 2017® Partido de la Revolución DemocráticaBenjamín Franklin núm. 84Col. Escandón, Del. Miguel HidalgoC.P. 11800, Ciudad de ƒaMéxico.www.prd.org.mx

Instituto Nacional de Investigación, Formación Política yCapacitación en Políticas Públicas y Gobierno del PRDDirección Ejecutiva de Estudios e Investigación Socioeconómica y PolíticaOdontología núm. 76Col. Copilco, Del. Coyoacán04360, México, D.F.http://invest igacion.prd.org.mxTeléfono: 56584206, 55549741; correo electrónico: invest igacion@prd.org.mx

Diseño Editorial y FormaciónLiteratura y Alternativas en Servicios Editoriales S.C.Avenida Universidad 1815-c, Depto. 205, Colonia Oxtopulco,C. P. 04318, Delegación Coyoacán, D.F.RFC: LAS1008162Z1

ISBN: En trámite

Todos los derechos reservados. La reproducción parcial o total de la obra, ya sea mediante fotocopias o cualquier otra forma, requiere autorización por escrito de la Dirección Ejecutiva de Estudios e Investigación Socioeconómica y Política.

Impreso en México / Printed in México

Análisis sobre la Situación Social

NacionalFrancisco Alvarado Arce

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ÍNDICEPRESENTACIÓNINTRODUCCIÓNUNA NECESARIA MIRADA RETROSPECTIVA

Luis Echeverría, la confirmación del populismo

José López Portillo, “administrar la riqueza”

Miguel de la Madrid, crisis y cambio estructural de la

economía

Carlos Salinas de Gortari, el neoliberalismo como guía

de la economía

Ernesto Zedillo, la transición de la crisis

Vicente Fox, la alternancia sin política social

Felipe Calderón, carencia de una perspectiva de largo

plazo

Peña Nieto, la agravante social

LOS DESEQUILIBRIOS Y LOS SALDOS DEL MODELO ECONÓMICO

Los problemas pendientes y los rezagos estructurales

Desigualdad en el ingreso

La dimensión política

CONSTRUIR UNA POLÍTICA SOCIAL MÁS ALLÁ DE LO COMPENSATORIOCONCLUSIÓNGLOSARIOBIBLIOGRAFÍA

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PRESENTACIÓN

El presente documento se elaboró bajo el enfoque de realizar una re-visión histórica mínima de la evolución económica y social de los úl-timos cuarenta años, destacando los principales problemas sociales que privan en nuestro país. El criterio para considerar esta agenda lo constituye precisamente la persistencia en el contexto nacional de problemas sociales estructurales que impactan actualmente a un amplio sector de la población. Flagelos que, al menos, en las últimas seis administraciones federales, han sido afrontados con múltiples programas y proyectos enfocados en atenuar la inequidad e injusti-cia social.

En el desarrollo de este texto se ha subrayado la dinámica del ac-tual modelo económico, cuya implementación mantiene a extensos grupos de la población fuera del circuito del progreso y de los avan-ces en la calidad de vida que presentan los países desarrollados, lo cual forma parte de la agenda política, legislativa y social que debe considerar un desarrollo integral, sobre todo porque en las últimas décadas hemos sido testigos de una oleada de vertiginosos cambios en el país que se han traducido en un crecimiento económico, que desafortunadamente ha afectado negativamente diversos indicado-res del ámbito social.

De ahí que el hilo conductor del texto sea enfatizar en lo agra-viante que resultan problemas como la inseguridad, la delincuencia organizada, el narcotráfico, el desempleo, la persistencia de la des-igualdad del ingreso y la inequidad en el goce de múltiples derechos sociales, que apremian a buscar una solución que, al menos, permita reducir su efecto en el nivel de bienestar de la población menos fa-vorecida.

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Con ese marco, es pertinente mencionar que México se encuentra en un momento de grandes transformaciones que a la par encierran grandes retos. Esto hace necesario comprender y conocer la dinámi-ca real, porque en las últimas décadas la constante ha sido la de una transformación acelerada, a la que es preciso enfrentar con nuevas herramientas y otra visión de futuro, distinta de la tradicional.

En esa búsqueda es preciso reinventar el bienestar de la sociedad a través de la acción del Estado sin el estigma asistencial que lo ca-racterizó antaño y que lo único que forjó en el imaginario social y de la clase gobernante fue el concepto paternalista “filantrópico”. Por tanto, la acción del Estado es priorizar la creación de condiciones para el desarrollo de la sociedad con un nuevo enfoque más cercano al de la inclusión.

Porque ante una situación como la que vive el mundo hoy día, con el futuro que viene, con una turbulencia de múltiples facetas, el país requiere de nuevos instrumentos y la toma de decisiones acertadas. México, por sus antecedentes históricos, es materia prima dispuesta para amoldarse y enfrentar situaciones completamente distintas a las conocidas.

Guillermo Flores VelascoDirector Ejecutivo de Estudios e Investigación Socioeconómica y

Política del prd

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INTRODUCCIÓN

El México actual se encuentra inmerso en un proceso inacabado para armonizar las múltiples formas de una sociedad fragmentada, caracterizada por la desigualdad social con una naturaleza sistémi-ca y persistente con profundas raíces históricas.

Es una propuesta aceptada que el arribar a un estadio que garan-tice los principios de equidad y justicia social requiere por definición del fortalecimiento y ejercicio de los derechos ciudadanos, lo cual permitiría aumentar la capacidad de negociación de los grupos so-ciales históricamente excluidos y conllevaría a cambiar las reglas de distribución del poder y de los recursos.

Lo anterior permitiría que, en un marco de redefinición de las re-laciones del Estado y la sociedad, como el que atraviesa el país se abriera la posibilidad de plantear y poner en marcha una serie de po-líticas públicas que a mediano y largo plazo tenga efectos positivos para el país y para los sectores sociales más desprotegidos.

Sin embargo, y a pesar de que se diga que existe un “sobre diag-nóstico” del país, para identificar y calibrar en qué medida el impac-to hacia la sociedad de los procesos de cambio estructurales, institu-cionales y legislativos pueden contribuir a generar o aminorar los procesos de reproducción de las desigualdades sociales, es necesario repasar el proceso histórico de las administraciones federales del si-glo xx, y las que corren en el actual siglo, para tener una idea de las repercusiones que ha tenido la aplicación de los diferentes modelos económicos, en el desarrollo nacional y primordialmente social, que es el eje del presente estudio.

Por ello, es pertinente registrar la dinámica de cómo en México se han presentado grandes cambios que dieron paso a grandes trans-

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formaciones a lo largo de su historia, todas con el objetivo de buscar un mayor bienestar para la población. Además de hacer constancia que esos grandes cambios han marcado el rumbo del país en los as-pectos político-económicos y sociales que, para el objetivo de este do-cumento, se parte de inicios del siglo pasado hasta el México de hoy.

A lo largo de este texto se hace énfasis en los aspectos sociales, en tanto son determinados por la situación política y económica que priva en el país en momentos y coyunturas determinados. Se trata de plantear como eje de trabajo el demostrar que los diversos pro-blemas y fenómenos sociales, son resultado de la vigencia de un sis-tema económico, que con ajustes, incorporó a México al proceso de globalización, y que paralelamente ha originado una marcada des-igualdad social, desempleo, inaccesibilidad a los servicios de educa-ción y salud entre otros, aspectos que se ven reflejados en el nivel de bienestar de la población.

En ese marco, como parte del presente trabajo se enumeran algu-nos de los principales problemas sociales que enfrenta la sociedad mexicana a causa de las transformaciones que ha sufrido como con-secuencia de la globalización y el desarrollo tecnológico y económi-co desequilibrado. Posteriormente, se hace un ejercicio de propuesta para la formulación de una nueva política social que permita en lo inmediato avanzar en la cohesión social, como terrenos que harían plausible el remontar el actual estado de la situación social del país.

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UNA NECESARIA MIRADA RETROSPECTIVA

“El pasado es una época que debe ser valorada y reconocida, pero también es un lastre que se encuentra signado por las formulaciones erróneas y percepciones que aspiran a permanecer”.Francis Bacon, Novum Organum

Un punto de partida para el análisis del México actual, sin duda, es la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por antonomasia es un esquema esbozado por los cons-tituyentes en 1917 como el basamento de un conjunto de conceptos fundamentales, que perfilaron el país que en su momento se conci-bió como necesario para esa época y el futuro, en tanto planteó un conjunto de preceptos relacionados con la propiedad, la regulación del trabajo y la intervención del gobierno como promotor, actor y rector del Estado.

Ese esquema de país fue el que gradualmente se fue forjando y tomó una forma cada vez más definida durante la década de los años veinte y los años treinta, tomó como punto de referencia la for-mación y el ascenso de una clase política que sentó las bases para impulsar al país de la post revolución y para colocarlo en sintonía con los grandes cambios que a nivel mundial se registraban en ese entonces.

Los gobiernos de raíces militares fueron quedando atrás gradual-mente y fueron sustituidos por gobiernos civiles, típicamente de extracción jurista y un notable conjunto de colaboradores técnicos con una fuerte influencia macroeconómica de aquella época que se encargaron de establecer las metas y el derrotero del crecimiento económico, basadas éstas en esquemas de proteccionismo y promo-ción de carácter interno primordialmente.

Los años cincuenta y los sesenta son considerados por historia-

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dores y académicos como los años dorados de México, por el creci-miento industrial que entendió muy claramente el principio básico de no gastar más de lo que se ganaba, a la par que se fue gestando una pujante clase media que al ir demandando más productos y ser-vicios constituyó el principal motor de la economía.

En ese entonces la concentración de la riqueza (vía bancos y fi-nancieros) no era un factor que atentara contra el equilibrio de la economía, no existía una fuga significativa de capitales (excepto la de 1954 que dio pie a una salida de capitales temerosos de una deva-luación en ciernes, que al final colocó al peso en $12.50 por dólar) y se mantuvo un flujo constate de inversión extranjera.

Si bien es cierto que los problemas políticos tienen raíces econó-micas y los problemas económicos raíces políticas, existe cierta ra-zón en aplicar dicha fórmula a los errores en los que el gobierno en turno incurrió a principios de los setenta -antecedidos por la masa-cre de 1968 de Tlatelolco que polarizó a la sociedad con el gobierno y que se caracterizó por iniciar una etapa de falta de credibilidad y de confianza social hacia la clase política-.1

En aquel entonces los esquemas de proteccionismo y promoción industrial se viciaron y fueron dejando atrás el llamado “milagro mexicano”, caracterizado por una economía pujante y con un eleva-do componente de atención hacia las clases menos favorecidas. Por contar con el apoyo de la clase trabajadora las cúpulas del sindicalis-mo cedieron su poder a cambio de prebendas y ganancias económi-cas concentrando así poder económico y de movilización corporati-va para convertirse en factores de peso político y de legitimidad de la política salarial del gobierno en turno.

1 Basta recordar que en 1968 se registró una convulsión mundial de tipo político, que en cada país se resolvió de manera democrática, pero en México los grupos políticos se polarizaron y la sociedad empu-jó un conjunto de demandas y exigencias de participación política, dando pie a una serie de evoluciones y tendencias de cambio incipientes pero que a lo largo de tres décadas permitirían posteriormente una democratización irreversible en el país.

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Luis Echeverría, la confirmación del populismo

Quizá un hecho que marcó a los gobiernos durante más de una dé-cada (1970-1982) fue la determinación de cambiar el centro de las decisiones sobre el manejo de las finanzas nacionales, al pasar de la Secretaría de Hacienda y el Banco de México a Los Pinos. Ello, tras la desafortunada declaración, hoy histórica, del presidente Luis Echeverría, y que a través de esa decisión impulsó un conjunto de improvisadas medidas para acelerar un proceso de corrección de varios problemas nacionales, resultado de las negligencias en que incurrieron los gobiernos de la década de los sesenta.

Lo anterior ocurrió justo en un contexto mundial en el que existía una proclamada inclinación por los gobiernos de corte socialista en Eu-ropa y América Latina, que pugnaban por una mayor intervención del Estado en todas las esferas del quehacer nacional, corriente de la cual el gobierno mexicano de principios de los setenta no pudo sustraerse.

Esa inclinación ideológica para conducir su gobierno, hizo que la administración de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) fuera una época optimista para la economía mexicana, toda vez que el desarro-llo del país se concentró en un modelo de crecimiento hacia adentro, el cual ignoró el exterior en la práctica con la imposición de barreras arancelarias.

Cabría mencionar que con la aplicación de, lo que en su momento se denominó, el modelo de sustitución de importaciones, se propició que el sector industrial nacional creciera notablemente y, en con-secuencia, generó una rápida urbanización (durante los setenta, el número de ciudades de más de 2,500 habitantes creció del 42.6% al 58.7%) con lo que el grueso de la población comenzó a concentrarse en los sectores industrial y de servicios, quedando relegada la acti-vidad agrícola, razón por la cual el país pasó de ser una nación auto-suficiente en la producción de alimentos a declararse importadora de estos bienes.

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No obstante, “desde la segunda mitad de los años setenta se hi-cieron patentes los primeros signos de agotamiento del modelo de sustitución de importaciones expresado en una caída del ritmo de crecimiento, un menor volumen de las inversiones, la desarticula-ción intersectorial, dificultades para financiar las importaciones de bienes de capital con las exportaciones agrícolas y el deterioro del intercambio agrícola-industrial”.2

Debido a lo anterior se buscó compatibilizar el crecimiento econó-mico con la distribución del ingreso, reactivar el sector agropecuario, fortalecer las finanzas públicas, así como reducir los desequilibrios externos que ya hacían mella en la dinámica de la economía nacional.

La estrategia por la que el gobierno apostó (tras la desaceleración económica de principios de los setenta) fue la inversión estatal ple-na. En virtud de ella se aumentó notablemente la inversión hacia los rubros destinados al campo, se incrementó el crédito y el apoyo a la organización y regularización agraria; todo ello, a la par que se le dio continuidad al apoyo financiero de la industria doméstica, subsi-diando los bienes y servicios públicos.

En ese marco, se pensó que “si el Estado controlaba mayormente el desarrollo económico participando activamente en la inversión y que fuera propietario de sectores estratégicos como el energético, México sería un país más próspero, más justo y menos vulnerable a las tensiones políticas y económicas tanto internas como externas. El gobierno de (Luis) Echeverría consideró que lo más conveniente era que el Estado tuviera una mayor participación porque con ello lograría un mayor control, y con un mayor control previsiblemente se podrían evitar tensiones sociales similares a las acaecidas duran-te 1968, ya sea de tipo estudiantil o de tipo guerrillero, específica-mente en el campo”.3

Cabe destacar que durante este periodo se incentivó el desarrollo

2 Boltvinik, Julio. y Hernández Laos. La pobreza y las necesidades esenciales en América La-tina. El caso de México. Proyecto Regional para la superación de la pobreza (PNUD), México: Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 19913 Bazdresch, Carlos. La economía mexicana: cuatro ensayos. México: Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), México, 1989.

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de proyectos de infraestructura y se impulsó la política en materia de educación. En contraposición hubo un desperdicio extraordina-rio de los recursos, que por definición significó un incremento del déficit fiscal y desequilibrios en la “Cuenta corriente de la balanza de pagos”. Ambos problemas fueron financiados a través del endeu-damiento con el exterior. Como consecuencia, la política de la ex-pansión en el gasto público definitivamente se derrumbó en 1976. Sin embargo, el mal manejo de la política económica no fue el único factor de la crisis económica, también lo fue “la recesión económica sufrida en el ámbito mundial -específicamente en virtud de la crisis de los precios del petróleo de 1973- lo que implicó que el país entrara en una de sus más agudas crisis económicas”.4

José López Portillo, “administrar la riqueza” En la administración de José López Portillo (1976-1982), se descubrie-ron enormes yacimientos de petróleo que le permitieron al país pa-sar de ser el importador de crudo a ser un exportador del hidrocar-buro, con claros signos de convertirse en potencia petrolera, factor que en la práctica terminó siendo un elemento decisivo en la aplica-ción de la política económica nacional.

Ante lo que se consideró una época dorada, las políticas restricti-vas del gasto se olvidaron y se dio pasó a la política del derroche, que quedó caracterizada por una frase que marcó el sexenio “lopezpor-tillista”: México, de entonces y en adelante, tendría que aprender a “Administrar la abundancia” a la par que el país crecería de forma extraordinaria a partir de 1978. Dicho crecimiento, se afirmó enton-ces, estaría sustentado en la exportación de petróleo y sus derivados, de cuya captación de recursos permitiría reducir las restricciones de tipo fiscal y pagar las deudas con el exterior. La realidad dejó cons-

4 Zedillo Ponce de León, Ernesto. Mexico, recent balance of payments experience and pros-pects for growth. World Development. Washington Institute for International Economics, 1986.

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tancia de que detrás de todo ese gran optimismo se advertían graves problemas por el hecho de depender de los ingresos de un solo recur-so, como lo fue en ese entonces el petróleo.

La generación de un déficit fiscal, agravado por la sobrevaluación del peso, causó un desequilibrio en la balanza de pagos, a la par que el gobierno incrementó el gasto público a finales de 1981, y que resul-tó en que el déficit fiscal alcanzara la cifra del 14.1% del pib.

Para 1982 la situación se convirtió en una crisis insostenible, que obligó al gobierno a entregar una Carta de Intención al Fondo Mo-netario Internacional (fmi). El propósito de esa carta fue acoplar la política económica del país a los lineamientos dictados por ese or-ganismo multilateral, como requisito para que le otorgara a México créditos urgentes para hacer frente a la crisis económica.

En cuanto a la política social en esta administración prevaleció una lógica similar a las administraciones previas, donde el objetivo era explícitamente el ataque a la pobreza. Los instrumentos fueron, de alguna manera, similares a los utilizados por la mayoría de los go-biernos que le antecedieron, pues el énfasis se mantuvo en resarcir el ingreso y posibilitar el consumo a través de la creación estatal de empleos y de subsidios generalizados.

Al concluir su sexenio López Portillo pidió perdón a los pobres: el sueño que brindó el descubrimiento de yacimientos de petróleo terminó con una crisis de insolvencia que estalló en agosto de 1982.5

Miguel de la Madrid, crisis y cambio estructural de la economía5 Los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y de José López Portillo (1976-1982) fueron los últi-mos del nacionalismo revolucionario, cuya visión utópica consistió de manera primordial alcanzar la prosperidad a partir de lo que en su momento fue denominada una “alianza histórica” de los sectores populares, campesinos y obreros, los cuales, al menos en el discurso, serían los encargados de diseñar e implementar la política económica y social en ese entonces. En estos dos sexenios se consumaron en definitiva y fueron la cúspide de los ideales de la Revolución mexicana que animaba a los gobiernos priístas nacidos después de 1917.

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La administración de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), fue la heredera de un sistema prácticamente en quiebra, con las finan-zas en ruina y la credibilidad, tanto interna como del exterior, dete-riorada. Se adujo entonces que parte de la responsabilidad de la cri-sis era por la aplicación del sistema de sustitución de importaciones al tiempo que el Estado se había engrosado más de lo recomendable y conveniente, y que el manejo de los recursos públicos había sido el menos adecuado.

En el escenario inmediato, la ruta a seguir para lograr la recupe-ración era larga, tortuosa y con un gran impacto económico y social (de la sociedad en su conjunto), aunque el mayor efecto recesivo lo padecieron las clases medias y los sectores más desfavorecidos.

La administración de Miguel de la Madrid obtuvo suficiente jus-tificación para modernizar la planta productiva del país y hacerla más competitiva, para lo cual impulsó una política de moderniza-ción cuyo objetivo fue insertar a México en el contexto de globaliza-ción internacional. Con ello dio inicio a una apertura comercial, que en el terreno político enfrentó la reticencia de quienes defendían el modelo económico proteccionista que predominó por más de cuatro décadas.

Carlos Salinas de Gortari, el neoliberalismo como guía de la economía

La política de derecha, aplicada durante el gobierno de Miguel de la Madrid, demostró que sería el neoliberalismo el sostén ideológi-co en el que se sustentaría la labor de gobierno, guía que retomó y relanzó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), pese ha-ber iniciado con una fuerte crisis económico-financiera derivada del llamado “error de diciembre”. Por esa causa, se realizaron reformas estructurales que abandonaron en definitiva el nacionalismo revo-

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lucionario y se reorientaron las políticas macroeconómicas del país hacía el paradigma de la sociedad de mercado.

En este sexenio, el país comenzó a cobrar mayor fuerza y pre-sencia a nivel internacional, e incluso a finales de 1994, México fue considerado por el fmi como el alumno más aplicado, destacado y notable aprendiz de la política neoliberal.6

En ese marco, la visión salinista propuso en su momento la aper-tura de México al mundo, con una economía competitiva y favorable a la sociedad de mercado (la llamada sociedad global) que permitiría utópicamente alcanzar la prosperidad y abatir rezagos sociales en-démicos y ancestrales. Se ofreció como divisa de ese cambio, a los mexicanos y al país, una vía alterna y novedosa para presuntamente abandonar la pobreza y equilibrar las desigualdades, lo que impli-caba por definición desmontar los últimos prejuicios ideológicos del nacionalismo revolucionario, requisito necesario para ingresar como potencia media en el primer mundo. En el discurso se ofreció que el nuevo paradigma de crecimiento y desarrollo económico per-mitiría dejar atrás una historia de fracasos y derrotas culturales que se acompañaban de inequidad, desigualdad, inseguridad y debilita-miento del tejido social.7

6 La estrategia de corte neoliberal organizada alrededor de una serie de recomendaciones de política conocidas como “Consenso de Washington”, tenía como máximas la privatización de todos los sectores económicos, la apertura del mercado a la competencia internacional y la flexibilización del mercado la-boral. En términos de política social se produjo una disminución de las funciones y de la responsabilidad del Estado en la materia, ya que se consideraba que el Estado de Bienestar anterior a las reformas era una de las principales causas de la crisis económica en la que se habían sumergido diversos países. Kat-ya Rodríguez Gómez, en “Neo o post-neoliberalismo en la política social de México”, Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública. 2014.7 En el sexenio de Carlos Salinas se realizaron modificaciones sustanciales a la Constitución Política que en su momento se presentaron como necesarias para insertar al país a la ola globalizadora. Para ello, se reformaron las formas de propiedad en el campo, se reformó el sistema político y se autonomizaron las elecciones, se reprivatizó la banca y se privatizaron las últimas empresas estatales; se desconcentró y modernizó la educación introduciendo los valores de la sociedad global y de mercado, etcétera. Estas reformas continuaron tanto en los gobiernos priistas (de Ernesto Zedillo, 1994-2000, y de Enrique Peña Nieto, 2012-2018) como en los llamados de la alternancia (de Vicente Fox, 2000-2006, y de Felipe Calderón, 2006-2012).

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La política social en ese sexenio tuvo como eje el Programa Na-cional de Solidaridad (pronasol), pero en el terreno económico-co-mercial, el hecho clave en el gobierno de Salinas de Gortari fue la firma del Tratado de Libre Comercio (tlc, hoy de América del Norte, tlcan) por parte de México, Estados Unidos y Canadá, en cuya nego-ciación, congruente con la ideología neoliberal, se pretendió crear el tejido suficiente para que el país entrara de lleno en el contexto de la competitividad económica internacional. Con la liberalización de la economía y de los mercados, incluido el laboral, la situación social nacional cambió radicalmente, pues “la mayor parte del sec-tor productivo, compuesto por pequeños y micro-empresarios, no se adaptaron a la modernización o no supieron cómo hacerlo, lo que conllevó a que durante el primer año de funcionamiento del Tratado quebraran cientos de negocios”.8

En otro rubro, se argumentó que la política social estaría conte-nida en la implementación de las acciones de la política económica, operada bajo los criterios de los programas sectoriales de impacto global, con lo que, en los hechos, la política social se desarticuló; mientras que las políticas salarial y la de empleo quedaron supedita-das a la prioridad del ajuste en sus dos vertientes: estabilización y el llamado ajuste estructural.

La única política de empleo que se aplicó, fue la que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, que contempló un creci-miento económico más lento al proyectado, lo que se tradujo en un incremento del empleo informal y la migración masiva a Estados Unidos. En la práctica, el modelo económico fundamentado en ese plan establecía tres líneas estratégicas, mediante las que se buscó consolidar el “cambio estructural” de la economía y con ello, erra-dicar la pobreza extrema, a saber: soberanía, seguridad nacional y promoción de los intereses de México en el exterior; ampliación de

8 Huerta, A. La política neoliberal de estabilización económica en México. Límites y alter-nativas, México: Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 1994.

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la vida democrática y mejoramiento productivo del nivel de vida.Como consecuencia, en materia de políticas sociales se registra-

ron tres cambios cualitativos: a) el Estado se transformó en un actor comprometido con la justicia y el bienestar, con la política social como el centro y eje de la acción pública; b) en ese marco, el objetivo primordial fue posibilitar el acceso de toda la población a servicios de atención social mínimos; y c) que la población mediante su par-ticipación, fuera corresponsable de la política. Para ello, al pronasol se le adjudicaron diversos programas que fueron clasificados en tres secciones: los de bienestar social, los de apoyo productivo y los de desarrollo regional. La convergencia de estos sectores tuvo como eje erradicar la pobreza, cuyo abatimiento según el discurso guberna-mental, podría ser posible sólo en el marco de una política económi-ca promotora de la inversión privada.

Ernesto Zedillo, la transición de la crisis

En la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) se registró una crisis económica caracterizada por la devaluación del peso, fuga de capitales, inflación y un aumento notable de las tasas de interés, incluido un incremento de la cartera vencida y una caída de la demanda de créditos por parte de los ciudadanos, estas últimas circunstancias pusieron a varios bancos al borde de la quiebra.

La estrategia económica vigente a partir de 1996 se definió por la mayor dependencia de México respecto a Estados Unidos, debido a que el sector exportador posibilitó el crecimiento económico del país.

El deterioro de los niveles de vida, fue el saldo de la crisis econó-mico-financiera, que en los hechos anuló las expectativas de desa-rrollo de la sociedad. La política de atención a la pobreza incluyó diversos programas los cuales hicieron patente las controversias intergubernamentales acerca de cómo combatir la pobreza y cómo construir una nueva política social, lo que se reflejó en las acciones

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contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, en el que se propuso elevar el bienestar mediante cinco estrategias: ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios básicos; armonizar el crecimiento y la distribución territorial de la población; promo-ver el desarrollo equilibrado de las regiones; privilegiar la atención a los grupos y las zonas con mayor desventaja económica y social; y construir una política integral de desarrollo social orientada por los principios del nuevo federalismo. En ese sentido, la política social tuvo como objetivo principal erradicar la pobreza, propósito que no se alcanzó y por ende, tampoco el de desarrollo social. Aún más gra-ve, en este sexenio la corrupción y el clientelismo político, fueron la carta de presentación de los programas de política social.

Vicente Fox, la alternancia sin política social

En la administración de Vicente Fox Quesada (2000-2006), la políti-ca económica tuvo como objetivo la estabilización de las variables monetarias y financieras sobre el crecimiento económico y el em-pleo. Fox Quesada tuvo una ventaja cualitativa, pues heredó las con-diciones de estabilidad macroeconómica de su antecesor, aunque su sexenio se caracterizó por una pérdida del crecimiento y la contrac-ción del empleo.

Esto último le dio la justificación para impulsar una reforma la-boral, misma que se planteó en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, cuyo objetivo prioritario fue concretar una nueva cultura laboral y una reforma del marco laboral que ampliara las oportuni-dades de desarrollo de los trabajadores a través de la profundización de los programas de capacitación, la transparencia de la relación entre obreros, patrones y gobierno y el establecimiento de un marco flexible promotor del empleo y del mejoramiento salarial.

En este sexenio el cambio estructural que fue promovido a tra-vés de la política económica aplicada durante los últimos 20 años,

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no se tradujo en una mayor integración económica de las distintas regiones del país, ni del aparato productivo; por el contrario la hete-rogeneidad y la polarización se incrementaron. En el ámbito social; el intento de diseñar una estrategia multidimensional y compleja, derivó en una incapacidad para resolver los problemas de fondo, dis-criminando a parte de la población y traduciéndose, en los hechos, en una falta de acción gubernamental.

En el Plan Nacional de Desarrollo (2000-2006) se redefinió la po-lítica social con base en seis objetivos: mejorar los niveles de educa-ción y de bienestar de la población; impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y colectiva, fortalecer el capital y la cohesión social; lograr un desa-rrollo social y humano en armonía con la naturaleza; acrecentar la equidad y la igualdad de oportunidades; y ampliar la capacidad de respuesta gubernamental para fomentar la confianza de la pobla-ción en las instituciones.

Un aporte cualitativo de la administración foxista fue la determi-nación de identificar a los sectores más pobres, para asegurar que re-cibieran los apoyos gubernamentales. Para ello, el gobierno en turno planteó una nueva metodología de medición, con base en los datos arrojados en las “Encuestas Nacionales de Ingresos y Gastos de los Hogares”, que elaboró el inegi. Dicha metodología tomó como medi-da de bienestar el ingreso por persona y lo comparó con tres puntos de referencia para formular una tipología de la pobreza en tres tipos:

° Pobreza alimentaria: Ubica los hogares cuyos ingresos son insuficientes para satisfacer las necesidades de ali-mentación.

° Pobreza de capacidades: Hogares cuyos ingresos por per-sona son insuficientes para cubrir los gastos necesarios en salud y educación además de los de alimentación.

° Pobreza de patrimonio: Hogares cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer necesidades de consumo bá-

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sico en alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte público.

Al igual que en los sexenios anteriores la política social del gobierno Foxista se diseñó con estándares y requerimientos mundiales, que en el lenguaje de los organismos internacionales se tradujo como “recomendaciones de política”, pero que en la práctica fueron impo-siciones que dejaron profundas secuelas en la población.

Felipe Calderón, carencia de una perspectiva de largo plazo

En el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012) se apeló a la construc-ción de matrices de indicadores, cuyos lineamientos establecieron la obligación de que todos los programas federales llevaran a cabo una evaluación de consistencia y resultados que incluyó aspectos de diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo y de resultados.

No obstante, la ausencia de un conjunto de indicadores sociales sistematizado, que permitiese dar seguimiento en el corto y media-no plazo a los objetivos de la política social, las cifras sobre pobreza generadas por el coneval se constituyeron en indicios que permitie-ron conocer el tamaño de los problemas sociales que enfrentaba la política social en México.

Las perspectivas en el mediano plazo de este sexenio tampoco fueron muy favorables, pues el aumento sostenido en los precios de los alimentos, la crisis financiera de finales de 2008, la mayor carga fiscal en los ingresos laborales y las alzas sucesivas en el precio de la gasolina, servicios públicos y otros bienes, fueron hechos que reper-cutieron en un aumento de la incidencia de la pobreza.

Cabe mencionar que en su momento, el gobierno federal postuló al desarrollo humano como eje rector de su gobierno, mismo que

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asentó en el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, emprendiendo políticas sociales a favor de los grupos más desprotegidos, traducido en programas sociales como Oportunidades, 70 y más, Apoyo a pro-yectos productivos etc., sin embargo aún existe una gran brecha de desigualdad entre los binomios sociales pobre-rico, patrón-obrero, hombre–mujer etc., que fueron factores sintomáticos de lo mucho que faltó hacer para lograr una sociedad más justa.

Peña Nieto, la agravante social

Con el regreso del pri al poder, el gobierno de Enrique Peña Nieto despegó con la idea de ser la presidencia del cambio, de ser clave en el llamado Mexican Moment, y de ser calificado como el gobierno que salvaría a México, notas reconocidas y ensalzadas en el plano inter-nacional. La base para ello fue el replanteamiento de un gobierno, que tenía como objetivo un México próspero que detonara el cre-cimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades. Esa intención necesitó que se impulsaran las condiciones favorables para el desarrollo económico, a través de una regulación que permi-tiera la competencia sana entre las empresas y el desarrollo de una política moderna de fomento económico enfocada a generar innova-ción y desarrollo en sectores estratégicos.

Esa visión fue la divisa a través de la cual la administración de Peña Nieto buscó consolidar la tradición neoliberal con la consuma-ción de las reformas estructurales, como la energética, la laboral, la fiscal y la educativa, que confirmaron la confianza en la sociedad de mercado y cumplían a cabalidad los dictados que plantearon orga-nismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), el Banco Mundial (bm) y el Fondo Monetario Internacional (fmi).

En lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto existe un

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diagnóstico contundente que se traduce en carencias no sólo gra-duales, sino en una presión mayúscula sobre las clases menos favo-recidas y una mella económica en las clases medias ante la política de ajustes del gasto público y su repercusión en los programas de atención social.

Una primera evaluación no permite generar aún información acerca de la eficiencia económica de los servicios y productos con-siderados en los programas de política social, pues se requiere ha-cer evaluaciones de costo–beneficio de los programas, a fin de poder contar con un indicador objetivo sobre su operación para disminuir costos, mejorar la gestión, obtener mejores resultados y disminuir los espacios que al igual que en el pasado, fomentan el clientelismo de los programas sociales.

Lo cierto es que, hasta el momento de escribir este texto, en la re-lación costo–eficiencia de los diferentes programas de la política de desarrollo social, la única herencia aceptable de la gestión pública, sigue siendo un supuesto que requiere también de un examen cuida-doso en la evaluación de la política social.

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LOS DESEQUILIBRIOS Y LOS SALDOS DEL MODELO ECONÓMICO

La adopción e implementación del modelo de economía abierta en México estuvo enfocado a reorientar la política económica, pero en los hechos ese giro provocó desequilibrios en el crecimiento y la dis-tribución interna de la riqueza, como consecuencia el control del entorno macroeconómico rezagó los indicadores del bienestar so-cial e incrementó la pobreza y la desigualdad, además sacó a flote y agravó otros problemas que subyacían entre las múltiples asignatu-ras pendientes que solventar en el país, pero que fueron revelándose conforme avanzaba la alternancia de un modelo económico cerrado con fuerte presencia del Estado hacia uno de economía abierta y con un Estado mínimo.

En ese marco, como ya se mencionó en la primera parte de este documento, los gobiernos surgidos a partir de 1982 buscaron com-pensar el deterioro en las condiciones de vida de la población. Sin embargo, los alcances de la política social implementada fueron in-suficientes, en la medida que la política económica de corte neoli-beral les impuso límites que obligaron a focalizar el gasto público hacia poblaciones objetivo, con lo cual se dejó a un amplio segmento de la población en situación de vulnerabilidad.

La realidad demostró que la política social focalizada fue incapaz de revertir los desequilibrios derivados de los cambios que se le im-primieron a la política económica del país en cerca de cuatro déca-das, razón por la cual no se han logrado corregir los factores que rigen el modelo actual y que se mantienen como una constante que vulnera las condiciones de vida de la población.

Si bien los resultados que arrojó la implementación de una nueva

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política de apertura total pusieron de manifiesto una mayor estabi-lización de la economía, también mostraron la dificultad del Esta-do para impulsar el desarrollo económico sin que pudiera evitar el traslado del costo del ajuste estructural a las familias, lo que de fac-to intensificó las desigualdades sociales y regionales expresadas en mayor pobreza y marginación, a la par de la acentuación de nuevos problemas y conflictos, así como de rezagos estructurales acumula-dos.

En ese sentido la política social emprendida por las diferentes administraciones federales, incluida la actual, se convirtió en un conjunto de medidas y programas planteados y puestos en práctica como un mero mecanismo de contención y con un marcado signo asistencialista, de pobres resultados, sin eficacia, y que, por mucha voluntad política que hubiera, no subsanaron los desequilibrios in-ternos generados por la política económica.

En un ejercicio por enumerar de manera somera dichos proble-mas, se puede mencionar una lista de ellos. Destacan por su profun-didad estructural: la pobreza en sus tres dimensiones, el desempleo, el comercio informal, la inaccesibilidad a los servicios de educación y salud, el riesgo que representan las pensiones en el mediano pla-zo, las diversas formas de delincuencia, el narcotráfico y su infiltra-ción en las instituciones de gobierno, la corrupción, la impunidad, el contrabando y sus efectos en la cadena de producción nacional, la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y su perspectiva ante un nuevo gobierno que criminaliza la migración indocumentada, la fuga de capitales y la contaminación y destrucción del medio am-biente, entre los más destacados.

Con este marco de referencia, es pertinente citar que existen fac-tores cuya combinación ha decantado en el surgimiento de un con-junto de problemas contemporáneos más graves. Se puede hacer un ejercicio muy estricto y concluir que son tres factores que son, de suyo, conflictivos y su combinación desemboca en una dinámica so-

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cial y económica perversa, un círculo vicioso que produce y ampli-fica otros problemas. Estos factores son: el empobrecimiento de una parte importante de la sociedad como producto del desempleo y, en general, de la falta de oportunidades; una tendencia por parte de los diversos grupos sociales a no cumplir cualquier norma de carácter público, salvo en determinadas circunstancias, que en los hechos se traduce en una ausencia tangible del Estado de Derecho; y a la total ausencia de una política industrial y comercial, por parte del Estado, orientada al estímulo de la inversión productiva, la productividad, la competitividad y hacia un equilibrio de los llamados factores de la producción (el trabajo y el capital).

Estos elementos son transversales a otros problemas, que actual-mente no son exclusivos de México, sino que también están pre-sentes en otras latitudes del mundo con una dinámica propia en sintonía con el régimen político de gobierno prevaleciente y con el modelo económico vigente.

Los problemas pendientes y los rezagos estructurales

Por su impacto en el aspecto social y en el quehacer nacional, a con-tinuación se enlista de manera sucinta un panorama de los más emblemáticos problemas sociales, económicos y políticos derivados de la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal que han sido comunes en los gobiernos de las últimas cuatro décadas y que también han sido determinantes en el devenir de la actual situación política, económica y social en el país.

° Desempleo y pobreza: La población económicamente ac-tiva asciende en México a unos 48 millones de personas. Esta población crece a una tasa anual aproximada de 3%, lo que significa una cifra de un millón 200 mil personas que cada año se incorporan al mercado laboral en busca de empleo. En años de crecimiento económico alto, el sec-

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tor formal de la economía ha podido crear alrededor de 400 mil empleos por año. El resto de la nueva fuerza labo-ral, unas 800 mil personas, se ve obligado al empleo infor-mal de diversos tipos (incluyendo actividades ilegales) o a migrar a Estados Unidos. Sin embargo, la economía no ha estado creciendo a un ritmo sostenido en las últimas décadas, lo que implica que el número de personas for-zadas al empleo informal, la migración o la delincuencia, sea mayor, a causa de la falta de oportunidades de traba-jo. Con ese marco a la pobreza endémica del país se suma cada año un nuevo grupo de desempleados, lo que consti-tuye sin duda un caldo de cultivo propicio para todo tipo de actividades ilegales. La causa directa de esta falta de oportunidades es la relativamente baja inversión en pro-yectos productivos generadores de empleos formales, lo que a su vez se debe en parte a la ausencia de un sistema financiero real y el abandono de la política industrial por parte del Estado en los últimos 40 años.

° Corrupción: Es un problema existente en prácticamente todos los gobiernos de estados y municipios, y en algunos ámbitos del gobierno federal, en donde no pocos funcio-narios han sacado provecho particular de la actividad po-lítica, con prácticas que van desde el tráfico de influencias hasta los jugosos contratos otorgados en los tres niveles de gobierno. Es una problemática de la cual la sociedad es un actor testimonial y tolerante, a pesar de que la corrup-ción ha rebasado ciertos límites, al grado de que el propio sistema de leyes y de componenda política propicia que difícilmente se puedan obtener pruebas con validez jurí-dica que permitan la consignación del infractor. Paradóji-camente, la permanencia en prisión de quienes incurren en actos ilícitos evade la justicia porque las leyes y su re-

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glamentación existente fueron hechas por ellos mismos o sus pares en el quehacer político-legislativo, precisamente para evitar el castigo. Este tiene implicaciones políticas, económicas y sociales de primera y gran magnitud. Por otra parte el Sistema Nacional Anticorrupción reciente-mente aprrobado enfrenta grandes resistencias en su im-plementación.

° Inseguridad: Garantizar la seguridad y la protección de la sociedad es una de las razones de ser del Estado. Contra-dictoriamente, en los últimos tiempos la inseguridad en las personas y en sus bienes ha ido en un aumento. La so-ciedad padece la inseguridad en prácticamente todo el te-rritorio nacional, incluso en aquellas regiones en las que la actuación de las Fuerzas Armadas (Ejército y Marina) tiene presencia justificada para abatir los elevados niveles de criminalidad.

° Delincuencia organizada y política: Disímbolos en su campo de acción, hoy son los negocios más rentables en México. Por sus actividades ilícitas, ambas podrían ser calificadas de la misma naturaleza, además están íntima-mente ligadas entre sí. También enfrentamos resistencias para su combate, pues se encuentran en proceso de apro-bación leyes para mejorar la seguridad pública que la so-ciedad requiere; avanzar en la implementación del siste-ma nacional anticorrupción y ajustes al régimen político para acabar con los privilegios de la clase política.

° Educación: Por décadas fue un ámbito usado como botín político, incluso por el sindicato de maestros que utiliza a muchos de sus miembros con fines electorales. Una gran falta ha sido la poca atención a la educación humanis-ta para que los mexicanos puedan definir su finalidad y actuación como personas, y el descuido de la educación

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tecnológica copiando modelos extranjeros sin adaptarlos a la realidad mexicana. Es un elemento que influye tam-bién en el nivel de pobreza y subsistencia de un amplio segmento de la población. Además, no se debe perder de vista que México es el tercer país, dentro de la Organi-zación para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde), con el mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan

° Migración: El fenómeno de la migración de México ha-cia los Estados Unidos y las condiciones de vida de la población mexicana en el vecino país del Norte, se en-cuentran actualmente en una coyuntura sin precedentes en la historia de ambos países con el reciente arribo a la Presidencia de Donald Trump, dispuesto a revertir el fe-nómeno migratorio en su nación. A pesar de la relevancia demográfica, económica, cultural y política de la denomi-nada diáspora mexicana, el gobierno mexicano ha dado señales poco claras de que el tema migratorio sea de una prioridad superior, a la vez que ha exhibido un descono-cimiento importante sobre su profunda transformación reciente, dinámica actual y prospectiva en sus cifras ofi-ciales. Además a la migración de mexicanos hacia los Es-tados Unidos, se suma la de países Centroamericanos que encuentran en la porosidad de la frontera Sur de México la vía para transitar hacia el vecino del Norte.

° Pueblos indígenas: No sólo es un sector de la población que acusa rezago y marginación, también las identidades indígenas están por los suelos, han sufrido los efectos de la discriminación. En ese plano se hace urgente dar solución al rezago crónico, sobre todo porque en la Constitución Política se reconoce que México es una nación pluriét-nica, que obliga al Estado a combatir la falta de equidad,

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protección, violencia en contra de las mujeres, abandono y la falta de una política ligada a un proyecto educativo integral e incluyente para este segmento de la población.

° Falta de respeto a las leyes: La carencia de una cultura de respeto a la Ley se refleja de manera nítida en el alcance real de las leyes y las que las reglamentan, y a la existencia de autoridades con poca capacidad para aplicarlas. Otro factor que incide en ello es la ignorancia y el desprecio de los diversos sectores sociales respecto a las leyes, que son percibidas como mecanismos para perjudicar a unos, principalmente las personas de bajos recursos econó-micos, o para favorecer a otros, vinculados a los grupos de recursos económicos altos, que cuentan con aboga-dos que buscan cualquier resquicio técnico para evadir la aplicación general de la Ley. Y ello es más agraviante, cuando autoridades de diversos tipos, niveles y orígenes partidarios son los primeros en violar la Ley, lo que la so-ciedad percibe como un elemento de justificación para el incumplimiento de las normas.

° Justicia: En México este beneficio del ciudadano está limi-tado y, en forma general, no existe. La percepción genera-lizada es que ésta es manipulada y desvirtuada por quie-nes integran el gobierno federal y los estatales, quienes muchas veces “la hacen efectiva” mediante jueces de con-signa y en muchos casos está a la disposición del mejor postor, lo que ha institucionalizado la impunidad como uno de sus resultados más negativos y agraviantes para la sociedad mexicana.

° El ámbito económico: La falta de cumplimiento de las le-yes por los diversos grupos sociales complica y limita la política económica instrumentada por el Estado. En tér-minos más generales, el comercio y otras actividades eco-

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nómicas informales son resultado de la incapacidad del Estado para hacer cumplir las leyes y del abandono de la regulación.

° Falta de inversión, falta de crédito: México requiere de una tasa de inversión respecto a la producción nacional de cuando menos 25% anual en términos reales y de ma-nera sostenida para alcanzar tasas de crecimiento del pib altas y sostenidas en el largo plazo. Con ello, la economía podría aumentar significativamente la generación anual de empleos y, en consecuencia, la proporción de los sala-rios en el valor agregado, es decir, reducir la concentra-ción del ingreso. En los últimos 40 años la proporción de la inversión pública -entendida como formación bruta de capital fijo- no ha alcanzado esa meta respecto al pib, por-que está limitada por razones presupuestarias.

Desigualdad en el Ingreso

° Salarios: No existe un mejor indicador para comprender a cabalidad la situación de desamparo para la sociedad mexicana. Es un hecho que el salario mínimo es el mayor indicador que incide en la desigualdad económica y social del país, pues en algunos casos el salario no le alcanza al trabajador para adquirir lo indispensable, como la canas-ta alimentaria mínima. La estructura del mercado laboral está sustentada en un esquema de salarios bajos que ha imperado desde la crisis de 1982. La primera señal de lo anterior se refleja en el comportamiento del salario míni-mo que entre 1977 y 2016 disminuyó en 74.5%.

° La grave situación en el campo. En más de cinco déca-das la situación del campo mexicano ha registrado una dinámica de involución. Este hecho no es casual, pues en

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ese lapso en las áreas rurales la característica y la cons-tante es el gradual abandono del campo por parte de los gobiernos en turno y del campesino por arar sus tierras, cambiándolas por una obligada condición de convertirse en obreros en el país y en otras naciones (migración). En lo local, además, la delincuencia ha aumentado la presión sobre los campesinos para realizar labores ilegales como la siembra de narcóticos. También ha sido escenario del surgimiento de grupos de autodefensas y movimientos armados. Todo ello en una perspectiva intrínseca de una búsqueda de bienestar para sus hogares y sus comunida-des, un intento por revertir su situación de postración y de pobreza extrema. De paso, ello ha derivado en un proble-ma de mayor aliento: visos de una mayor, la dependencia alimentaria de productos del sector primario importados, con el riesgo que ello implica para la soberanía alimenta-ria del país.

La dimensión política

Varios pueden ser los factores o las causas más representativas de la situación política nacional. No obstante se pueden citar las más relevantes que la explican.

En los últimos 40 años; el proceso legislativo en México se ha vicia-do en grado extremo, porque la mayoría de los diputados y senadores que integran el Congreso de la Unión, lejos de actuar como represen-tantes populares en defensa de los derechos del ciudadano, han hecho de esta actividad su modus vivendi; actuando como cabilderos de las corporaciones que la misma legislación debería controlar.

° Las elites de las cámaras empresariales, los colegios y las barras de profesionales, incluso los clubes sociales y los sindicatos obreros y patronales, en donde se toman las

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grandes decisiones, siguen las mismas prácticas antide-mocráticas y viciadas prevalecientes en el sistema políti-co mexicano.

° La costumbre y la tolerancia de la sociedad al sistema político mexicano ha contaminado con muchos de sus vicios a la sociedad misma, que se ha acostumbrado a la mentira, a la simulación, a las prácticas de corrupción y a la impunidad que el mismo sistema instituyó. Los ciu-dadanos se han “acostumbrado” a ver con normalidad el enriquecimiento injustificable de algunos miembros de la clase política gobernante o no, quienes gozan de la impu-nidad que da el poder.

° Las formas de gobernar, en este punto no se cuestiona la ineficiencia administrativa y económica del gobierno, sino la insuficiencia del Estado y del gobierno en turno en el proceso de dirigir a la sociedad en un momento de profundas transformaciones, propias de las sociedades modernas. Ello vuelve imperativo la formulación de una nueva gobernanza que se centre en el necesario acompa-ñamiento del Estado por parte de la sociedad organizada y la eficacia de las actividades del gobierno en la solución de problemas sociales y la creación de oportunidades.

En este listado, es pertinente mencionar que como proceso político, la alternancia en el gobierno en México fue una etapa limitada al ejercicio del voto libre, pero que en los hechos se atisba sólo como una venta mediática del carisma de actores políticos, construida como imágenes propagandísticas de un cambio que es intangible para la sociedad. Y en ese marco, los problemas sociales no sólo si-guen sin resolverse, sino que se han agravado y en ocasiones apare-cen como causas que podrían pavimentar el camino hacia la ingo-bernabilidad.

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En este contexto, el Estado debe recuperar su papel de liderazgo económico y social, pero sin menoscabo de los avances democráti-cos alcanzados. Es una difícil pero tarea necesaria, pues ese escena-rio obliga al gobierno, a la clase política, a los partidos políticos, a los legisladores, la academia y a la sociedad civil a enfrentar los efectos adversos en la economía nacional. Efectos que rebasan los alcances del propio Estado, para generar una agenda política y una legislativa acordes a las necesidades internas del país, para abatir los rezagos acumulados y los problemas estructurales presentes no resueltos, como resultado de una reducción de la política social compensato-ria, que por definición debe estar alejada de la concepción de un Es-tado benefactor, etapa ya superada en México desde el siglo pasado, pero que permita atemperar los efectos negativos de la distribución distorsionada de la riqueza que no tiene precedente histórico en el país.

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CONSTRUIR UNA POLÍTICA SOCIAL MÁS ALLÁ DE LO COMPENSATORIO

Desde finales del siglo pasado, el Estado mexicano ha sido objeto de una serie de cuestionamientos como resultado de los efectos ne-gativos de las sucesivas crisis económicas las cuales han puesto en entredicho las capacidades de los gobiernos en turno y los arreglos institucionales vigentes para dirigir los procesos de desarrollo eco-nómico y social del país.

Tanto el Estado, como diversos grupos de la sociedad civil, la aca-demia y hasta organismos financieros internacionales han adverti-do la tendencia existente entre los grupos más vulnerables por el cambio y su búsqueda de formas de subsistencia. Estos grupos de-mandan no sólo el cumplimiento de sus derechos sociales más esen-ciales, tal como lo consigna la Constitución Política, sino también nuevos y diversos valores universales como son la equidad, la igual-dad de oportunidades, la tolerancia y el reconocimiento. En ese mar-co, el Estado tiene la obligación de que dichos derechos se cumplan y, en ese apremio, la política social juega un papel fundamental.

Un diagnóstico muy básico del desarrollo de la política social aplicada durante los últimos 30 años en el país en el contexto del modelo económico adoptado por las últimas seis administraciones federales, permite observar que a la par de que la estrategia econó-mica haya generado una mayor desigualdad entre grupos sociales, regiones geográficas y sectores productivos, la política social oficial en el país se ha desarrollado con múltiples matices y filtros, donde la constante ha sido el intento por impulsar mecanismos para favo-recer la inserción social a la sombra de los objetivos de la universali-dad, la focalización y la integralidad de la política social.

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En el caso de la universalidad de la política social, se ha buscado materializar los derechos sociales contemplados en la Constitución Política, a través de la acción pública y de mecanismos que permitan aumentar la calidad de vida y la formación de recursos humanos para el desarrollo y la cohesión social. En lo que toca a la focaliza-ción de la política social, es un aspecto relevante pues considera la escasez de recursos, lo cual juega un papel clave porque es una prioridad el asegurar que los programas sociales lleguen a la pobla-ción que menos tiene y se logre una mayor equidad y eficacia en el acceso a los servicios y garantías sociales. Y, en lo que respecta a la integralidad de la política social, el objetivo ha sido el de lograr la integración de instrumentos y programas de impacto social, junto con una relación explícita y coherente con la política económica ge-neral, que asegure la continuidad y certidumbre de la política social ajustándola en función de los ciclos económicos y políticos, que han estado marcados por las condiciones de democracia y alternancia registrados en lo que va del siglo xxi.

En ese tenor, un aspecto fundamental que permita garantizar la viabilidad de la política social es el relacionado con las tensiones en-tre los preceptos y las instituciones encargadas de instrumentarla, toda vez que el funcionamiento actual de la estructura administra-tiva del gobierno en ese ámbito, preserva muchas de las tradiciones jerárquicas y burocráticas, en detrimento de la acción gubernamen-tal y de la calidad de la atención a las problemáticas sociales más acuciantes. Ello puede significar un reto cuesta arriba, pero que en la construcción de las agendas políticas y legislativas debe quedar claro que el objetivo es de largo aliento.

Así, partiendo del reconocimiento de la universalidad de los dere-chos sociales de los mexicanos, la labor de los actores implicados en la reformulación de la política social debería guiarse por un conjun-to de principios o creencias culturales, a saber:9

9 Los conceptos aquí enumerados tienen como base el texto de Félix Acosta, citados en La evaluación de la política social en México: avances recientes, tareas pendientes y dilemas persisten-tes, El Colegio de la Frontera Norte, publicada en http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_art-text&pid=S1405-74252010000200007

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° Libertad, que es la capacidad de las personas para elegir los medios para su desarrollo personal.

° Justicia distributiva, que garantiza que toda persona reci-ba de manera equitativa los beneficios del desarrollo con-forme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas.

° Solidaridad, marcada por la colaboración entre perso-nas, grupos sociales y órdenes de gobierno para el mejo-ramiento de la calidad de vida de la sociedad.

° Integralidad, referida como la articulación y comple-mentariedad de programas y acciones que conjunten los diferentes beneficios sociales.

° Participación social, definida como el derecho de las personas y las organizaciones a intervenir e integrarse individual y colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las acciones y programas de la política so-cial.

° Sustentabilidad, basada en la preservación del equilibrio ecológico, protección del ambiente y el aprovechamiento de los recursos naturales para mejorar la calidad de vida y productividad de las personas sin comprometer la sa-tisfacción de las necesidades de las generaciones futuras.

° Respeto a la diversidad, es decir, el reconocimiento en términos del origen étnico, género, edad, capacidades di-ferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil, para superar toda condición de discriminación.

° Libre autonomía de los pueblos indígenas y sus comuni-dades, que implica el reconocimiento, en el marco consti-tucional, a las formas internas de convivencia y de orga-nización.

° Trasparencia, definida como la obligación del gobierno a hacer pública la información sobre las políticas y progra-

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mas del desarrollo social.

Además, a partir de los principios citados la política social debe des-cansar sobre los siguientes objetivos:

1. Propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los dere-chos sociales, individuales y colectivos, garantizando el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, la superación de la discriminación y la exclusión social.2. Promover un desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore su distribución; además de fortalecer el desarrollo regional equi-librado.3. Garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, instrumentación, evaluación y control de los progra-mas de la política social.

Con ese marco de referencia la acción de gobernar debe orientarse hacia una política social, entendida ésta en términos generales como un conjunto de acciones estructuradas, estables, sistemáticas en su operación, que constituyen en su conjunto líneas de acción y un pa-trón de comportamiento de cómo el gobierno y los actores políticos y la sociedad deben abordar de manera permanente el cumplimien-to de su función pública y la atención de los problemas de índole social.

En este punto, la política social como sistema de acción pública requiere por definición de una revisión profunda para que los ac-tores públicos y sociales acuerden, diseñen e implementen ajustes urgentes que permitan ajustar o actualizar los mecanismos impulsa-dos para superar rezagos y solucionar las diferentes problemáticas sociales, con un énfasis particular en el freno a la desigualdad social y la pobreza en sus diferentes dimensiones.

De ahí que mejorar la calidad de la participación social sea un

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aspecto funcional para la rendición de cuentas en torno de las di-ferentes tareas, resultados, eficacia y eficiencia de la política social implementada y que debe observarse desde su discusión hasta su evaluación, lo que constituye un imperativo para darle viabilidad y sustentabilidad.

En suma, sí formular y aplicar la política social necesita de acuer-dos verdaderos y confianza mutua entre los diferentes actores polí-ticos y sociales, la legitimidad social y la confianza de la ciudadanía en la práctica de la evaluación de la política social requiere de un gobierno y de una clase política que fomente las condiciones insti-tucionales favorables a la aplicación del arte de gobernar con esta política social. En ello se debe considerar como un axioma que el desarrollo social no puede descansar exclusivamente en la política social, entre otras cosas, porque no hay presupuesto que resista esta hipótesis, pero por otro lado asumir que como la realidad lo ha com-probado, el crecimiento y la política económica no pueden, por si mismas, ofrecer panoramas realistas de equidad y de mejoramiento social.

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CONCLUSIÓN

El somero recuento de este documento obliga a plantear el sentido cualitativo que debe tener un conjunto de sugerencias con un matiz de prospectiva, sobre todo si ésta debe formar parte de la agenda del gobierno, la clase política y, en específico, de los partidos y su repre-sentación en el Congreso de la Unión para atisbar su utilidad para para rectificar, ajustar, transformar y construir nuevos futuros posi-bles. La pregunta clave en ese sentido es plantear qué tan profundo debe ser el ajuste al modelo neoliberal que permita superar su carác-ter tautológico. Sobre todo en un marco en que la realidad impone una verdad absoluta: que la frustración derivada del proyecto neo-liberal no implica por definición su demolición, sino el amoldarlo a las condiciones que privan en los diversos ámbitos en el país.

Ello es un imperativo si se reconoce que la continuidad, e incluso, el reforzamiento del proyecto neoliberal pueden ser una condición ineludible en el actual proceso de globalización del que México no puede sustraerse. Y porque la promesa y la esperanza siguen sien-do el relato madre y reproductor de las estrategias de crecimiento y desarrollo económico, seguirán siendo las constantes en el futuro inmediato.

Lo anterior, sin duda es una impronta, obliga a concretarla con nuevas estrategias que le den otra dirección y sentido a la inserción en la modernidad, es decir, impulsar y, en la medida de lo posible, plantear aspectos que coadyuven a mitigar o evadir las exigencias de algunos organismos y corporaciones supranacionales, que permitan construir estrategias para enfrentar las compromisos que obturan los cambios cuantitativos y cualitativos en las diferentes regiones del país, con acciones que combinen elementos de un Estado fuerte

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con justicia social y una economía competitiva, abierta e innovado-ra.

Esto hace urgente el impulsar cambios de paradigma que permi-tan la construcción y consolidación de un proyecto de nación que allane el camino de la consolidación económica, pero que paralela-mente permita también zanjar la brecha que separa el desarrollo y el bienestar y sea la vía para abatir en la medida de lo posible los males añejos como la pobreza, la marginación, el analfabetismo y la desigualdad, y coadyuve a evitar que se acrecienten los nuevos problemas como la corrupción, la violencia extrema, la inseguridad galopante, entre otros.

Desde nuestro punto de vista, se trata de generar un ejercicio pros-pectivo que retome una visión del mundo que permita encontrar un modelo de desarrollo que sea viable y con un eje plausible: replan-tear una narrativa utópica encaminada hacia el progreso equitati-vo, armónico, efectivo y necesario, que anule la actual concepción dominante de que el mercado es el único mecanismo de asignación eficiente de los recursos para la maximización del bienestar social.

Eventualmente, esta visión y la voluntad política de la clase go-bernante pueden convertirse en la vía alternativa que, como ariete, sirva para enfrentar los viejos y nuevos problemas que, está demos-trado, no se enfrentan con las mismas visiones y políticas del pasado o reciclando las viejas pautas del crecimiento económico a ultranza. En ese sentido, la oportunidad y calidad del cambio en sí; dependerá de la visión acertada de quienes tengan en sus manos la decisión política, la voluntad y la disposición para asumir la responsabilidad y el poder para lograrlo inteligentemente.

Alcanzar este cambio de paradigma no será una tarea simple, pues está demostrado históricamente que siempre se opondrá una resistencia natural. En virtud de ello, puede sonar a un punto co-mún, pero los líderes nacionales podrán ser los protagonistas del cambio necesario o los grandes lastres que lo retarden.

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GLOSARIO

Cambio estructural: Proceso estratégico que persigue propiciar un conjunto de transformaciones en la estructura económica y en la participación social, a través de cambios de fondo que corrijan desequilibrios estructurales fundamentales del aparato productivo y distributivo tales como: la falta de ahorro interno y los desequi-librios de la balanza de pagos, modernización del aparato produc-tivo y distributivo; descentralización de actividades productivas y de bienestar social; orientar el financiamiento a las prioridades del desarrollo; fortalecer al Estado impulsando al sector privado y so-cial; saneamiento de las finanzas públicas, y preservar, movilizar y proyectar el potencial de desarrollo nacional, entre otros.

Cohesión social: Término muy común en las políticas públicas y la investigación a escala europea. El término conjura una imagen muy atractiva: la de una sociedad bien trabada, con unidad suficiente para evitar el conflicto y la división. La cohesión social se concibe como la solución ideal a las tensiones y los problemas sociales de las ciudades modernas, como la exclusión social, la pobreza y la vio-lencia.

Corrupción: La palabra corrupción dentro de un enfoque social y legal se encuentra definida como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos. La corrupción puede dar-se en cualquier contexto, en este caso se analizará la corrupción en el sentido administrativo y político. En un sentido más analítico se puede decir que la corrupción significa el incumplimiento de mane-ra intencionada del principio de imparcialidad con la finalidad de

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extraer de este tipo de conducta un beneficio personal o para perso-nas relacionadas. La corrupción tanto administrativa como política se refiere a los delitos que se cometen en el ejercicio de un cargo pú-blico, para conseguir una ventaja ilegítima, acto que se comete de manera secreta y privada.

Desaceleración económica: Proceso de disminución transitorio del ritmo de crecimiento de una magnitud económica, y que se mani-fiesta porque en un periodo dado la tasa de crecimiento es menor que en igual periodo inmediatamente anterior.

Estado de derecho: El Estado de derecho está formado por dos com-ponentes: el Estado (como forma de organización política) y el De-recho (como conjunto de las normas que rigen el funcionamiento de una sociedad). En estos casos, por lo tanto, el poder del Estado se encuentra limitado por el derecho. El Estado de derecho, en cambio, supone que el poder surge del pueblo, quien elige a sus representan-tes para el gobierno.

Estado mínimo: También llamado Estado minarquista, es un tipo de estado que busca intervenir lo menos posible en la economía del país, con la expectativa de que tal procedimiento maximice el pro-greso y la prosperidad del país.

Federalismo: El federalismo es una forma de organización del es-tado, normalmente vinculado con un sistema republicano. La idea principal del federalismo consiste en que una nación presenta una división territorial en su estructura, de tal manera que cada parte o federación tiene un cierto grado de autogobierno, es decir, una au-tonomía política. La finalidad del federalismo es mantener el equi-librio de poder entre los diversos territorios, para que cada uno de ellos tenga su propia legislación en algunos aspectos y pueda así co-

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nectar más directamente con las necesidades de los habitantes. Al mismo tiempo, esta estructura se opone a otra, el centralismo, que se basa en la concentración del poder y en el no reconocimiento de la pluralidad de un país.

Gobernabilidad: Es la cualidad de gobernable (que puede ser gober-nado). El concepto también se utiliza como sinónimo de gobernanza (la manera de gobernar). No existe una definición exacta de la no-ción de gobernabilidad, sino que el concepto varía y refleja distintos matices según quien lo pronuncie. Para las entidades supranaciona-les y los organismos internacionales, la gobernabilidad está vincula-da al estilo de un gobierno que busca colaboración y entendimiento con los actores no estatales.

Gobernanza: El concepto de gobernanza no es nuevo. Es tan antiguo como la civilización humana. Gobernanza como concepto aislado significa: el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son implementadas, o no. El término gobernanza puede ser utilizado en diferentes contextos, como por ejemplo gobernanza corporativa, gobernanza internacional, gobernanza nacional y go-bernanza local.

Política social: Forma que por medio de estrategias y políticas con-cretas tiene el Estado para construir una sociedad cohesionada y equitativa. En una perspectiva de mayor equidad e integración so-cial, la política social tiene como fin principal facilitar la conver-gencia entre los intereses individuales y los intereses comunes de la sociedad. La concepción y los objetivos de la protección social no permanecen constantes en el tiempo, varían en términos de los re-querimientos de la población, los cuales difieren en función de con-textos históricos y espaciales.

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Política pública: Las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciu-dadanía en la definición de problemas y soluciones. Es entendida como la ciencia y el arte de gobernar que trata de la organización y administración de un Estado en sus asuntos e intereses.

Proteccionismo: El proteccionismo es un adoctrina y política eco-nómica que establece trabas al ingreso de productos extranjeros a un país. Su finalidad es privilegiar la producción nacional y evitar la competencia foránea con la aplicación de aranceles u cualquier otro tipo de restricción a la importación.

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BIBLIOGRAFÍA

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Ricardo Pozas, Problemas sociales de México, en https://www.quimi-net.com/noticias/problemas-sociales-de-mexico-155409.htm

COMITÉ EJECUTIVO NACIONALPARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

Alejandra Barrales Magdalenopresidenta nacional

Beatriz Mojica Morgasecretaria general

Manuel Cifuentes Vargassecretario de finanzas

Octavio Martínez Vargassecretario de asuntos electorales

Mary Thelma Guajardo Villarrealsecretaria de políticas de alianzas

Mara Ileana Cruz Pastranasecretaria de formación política

Héctor Serrano Azamarsecretario de enlace con gobiernos estatales y políticas públicas

Alejandro Sánchez Camachosecretario de acción política estratégica

Roxana Luna Porquillosecretaría de movimientos sociales, sindicales y campesinos

Claudia Castello Rebollarsecretaria de igualdad de géneros

Martín García Aviléssecretario de operación política

Julieta Camacho Granadossecretaria de fomento de comunidad y ciudadanía

Camerino Eleazar Márquez Madridsecretario de organización

Ana Montaño Medinasecretaria de comunicación

Luis Manuel Arias Pallaressecretario de planeación estratégica

Verónica Juárez Piñasecretaria de gobierno y enlace legislativo

Carlos Sotelo Garcíasecretario de asuntos municipales y desarrollo regional

Sergio Leyva Ramírezsecretario de Jóvenes

Paloma Monserrat Castañónsecretaria de derechos humanos

José Antonio Medina Trejosecretario de diversidad sexual

Susana Alanís Morenosecretaria de derechos metropolitanos

Margarita Guillaumín Romerosecretaria de fortalecimiento a la militancia

Adriana Díaz Contrerassecretaria de sustentabilidad

José Irán Moreno Santossecretario de relaciones internacio-nales

Francisco Martínez Nericoordinador del grupo parlamentario del prd.cámara de diputados. lxiii legislatura

Rey Morales Sánchezsecretario de políticas alternativas de seguridad pública

Ángel Clemente Ávila Romeropresidente de la mesa directiva del ix conseJo nacional

María de los Dolores Padierna Lunacoordinadora del grupo parlamentario del prd.cámara de senadores lxiii legislatura

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN POLÍTICA Y CAPACITACIÓN

EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y GOBIERNO

Mara Ileana Cruz Pastranasecretaria de formación política

Arcadio Sabido Méndezdirector general

dirección eJecutiva de formación política

Elpidio Tovar de la Cruzdirección eJecutiva de capacitación en políticas públicas y gobierno

Guillermo Flores Velascodirección eJecutiva de estudios de investigación socioeconómica y política

Mario Ensástiga Santiagodirector eJecutivo de editorial y divulgación

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Se terminó de imprimir en el mes de diciembre del 2017 en los talleres de Literatura y Alternativas en Servicios Editoriales S. C. Av. Universidad 1815 c, Depto. 205, Col.

Oxtopulco, Coyoacán. Ciudad de México, 04318.El tiraje fue de 4.000 ejemplares

Análisis sobre la Situación Social

Nacional

TÓPICOS DE FORMACIÓN POLÍTICA

Colección Tópicos de Formación Política

Con el propósito de contribuir a la formación política de ciudadanos, militantes y dirigentes del Parti-do de la Revolución Democrática (PRD), presentamos una serie de breviarios que abordan temáticas para orientar y comprender la ac-ción política.

Se pretende hacer asequibles y so-cializar las tesis de los documentos básicos del PRD, así como los princi-pales conceptos de la ciencia políti-ca y la cultura política democrática. Adicionalmente, se busca apoyar los esfuerzos de formación y capa-citación que llevan a cabo distintas instancias del partido. No se inten-ta crear nuevos conceptos o tesis, sino recoger ideas clave de una am-plia gama de autores especialistas, nacionales e internacionales, que nos permitirán aproximarnos con un bagaje conceptual sólido, pero comprensible, en el análisis de los temas abordados.

Coordinador editorialGuillermo Flores VelascoDirector Ejecutivo de Estudios e Investigación Socioeconómica y Política del PRD

Otros títulos de la colección

Concurrencia, Competencia y Monopolios

Responsabilidad de los Servidores Públicos

Sobre la Constitución de la Ciudad de México

Finanzas Públicas

Técnica Legislativa

Gobierno y Participación Ciuda-dana

El prd y la Construcción de un Gobierno Socialdemócrata en la Ciudad de México

Breve Historia del Partido de la Revolución Democrática

Agenda Política, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Derechos Humanos

Desigualdad y Pobreza

Análisis Sobre la Situación Social NacionalFrancisco Alvarado Arce

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Análisis sobre la Situación Social Nacional esboza a gran-des rasgos el derrotero, que desde inicios del siglo pasa-do hasta la actual administración, ha tomado la aplica-ción de las diferentes visiones ideológicas y económicas dominantes en México con sus respectivas secuelas, tra-ducidas en un cúmulo de rezagos sociales y en múltiples intentos de los diferentes gobiernos por modernizar al país y, en última instancia, por insertarlo en la dinámica de la globalización.Se busca evidenciar que el postulado neoliberal, en torno a que un mayor crecimiento económico, propiciado por la orientación hacia una economía de mercado, redundaría en automático en un mayor bienestar de la población a través de una reducción de la pobreza y de una mejora en la dis-tribución del ingreso, es una premisa que la realidad se han encargado de contradecir. No importa que, en el discurso oficial, los términos de equidad, democracia y justicia social hayan cobrado gran relevancia y se hayan convertido en los ejes rectores de la política social de las últimas décadas.Frente a ello, queda demostrado que, a pesar de la per-sistencia de los rezagos sociales de carácter estructural, los recientes gobiernos han seguido reciclando la visión que implantaron los neoliberales mexicanos de finales de los años ochenta con el único propósito de inscribir a México a la sociedad global. Esa situación apremia al Estado, a la clase política y a la ciudadanía a impulsar la construcción de una nueva política social que haga tangi-bles los preceptos contenidos en la Constitución Política en materia de justicia social.

Francisco Alvarado Arce cuenta con estudios de Licencia-tura en Economía por la Universidad Autónoma Metro-politana (uam) Unidad Xochimilco.Jefe del Archivo Hemerográfico en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A. C. (Imep) de 1980 a 1994, donde también se desempeñó como Jefe del Área de Informa-ción y colaborador en las publicaciones Claves Políticas, Panorama y Significados y Perspectiva Mensual (Imep) de 1994 a 2005. Investigador-analista y Jefe del Departa-mento de Información Sistematizada en la consultoría Diseño Estratégico y Análisis Prospectivo, S. C. De 2010 a la fecha es Investigador y analista en la revista Seminario Político y en Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

TÓPICOS DE FORMACIÓN POLÍTICA

Colección Tópicos de Formación Política

Con el propósito de contribuir a la formación política de ciudadanos, militantes y dirigentes del Parti-do de la Revolución Democrática (PRD), presentamos una serie de breviarios que abordan temáticas para orientar y comprender la ac-ción política.

Se pretende hacer asequibles y so-cializar las tesis de los documentos básicos del PRD, así como los princi-pales conceptos de la ciencia políti-ca y la cultura política democrática. Adicionalmente, se busca apoyar los esfuerzos de formación y capa-citación que llevan a cabo distintas instancias del partido. No se inten-ta crear nuevos conceptos o tesis, sino recoger ideas clave de una am-plia gama de autores especialistas, nacionales e internacionales, que nos permitirán aproximarnos con un bagaje conceptual sólido, pero comprensible, en el análisis de los temas abordados.

Coordinador editorialGuillermo Flores VelascoDirector Ejecutivo de Estudios e Investigación Socioeconómica y Política del PRD

Otros títulos de la colección

Concurrencia, Competencia y Monopolios

Responsabilidad de los Servidores Públicos

Sobre la Constitución de la Ciudad de México

Finanzas Públicas

Técnica Legislativa

Gobierno y Participación Ciuda-dana

El prd y la Construcción de un Gobierno Socialdemócrata en la Ciudad de México

Breve Historia del Partido de la Revolución Democrática

Agenda Política, Gobernabilidad y Buen Gobierno

Derechos Humanos

Desigualdad y Pobreza

Análisis Sobre la Situación Social NacionalFrancisco Alvarado Arce

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Análisis sobre la Situación Social Nacional esboza a gran-des rasgos el derrotero, que desde inicios del siglo pasa-do hasta la actual administración, ha tomado la aplica-ción de las diferentes visiones ideológicas y económicas dominantes en México con sus respectivas secuelas, tra-ducidas en un cúmulo de rezagos sociales y en múltiples intentos de los diferentes gobiernos por modernizar al país y, en última instancia, por insertarlo en la dinámica de la globalización.Se busca evidenciar que el postulado neoliberal, en torno a que un mayor crecimiento económico, propiciado por la orientación hacia una economía de mercado, redundaría en automático en un mayor bienestar de la población a través de una reducción de la pobreza y de una mejora en la dis-tribución del ingreso, es una premisa que la realidad se han encargado de contradecir. No importa que, en el discurso oficial, los términos de equidad, democracia y justicia social hayan cobrado gran relevancia y se hayan convertido en los ejes rectores de la política social de las últimas décadas.Frente a ello, queda demostrado que, a pesar de la per-sistencia de los rezagos sociales de carácter estructural, los recientes gobiernos han seguido reciclando la visión que implantaron los neoliberales mexicanos de finales de los años ochenta con el único propósito de inscribir a México a la sociedad global. Esa situación apremia al Estado, a la clase política y a la ciudadanía a impulsar la construcción de una nueva política social que haga tangi-bles los preceptos contenidos en la Constitución Política en materia de justicia social.

Francisco Alvarado Arce cuenta con estudios de Licencia-tura en Economía por la Universidad Autónoma Metro-politana (uam) Unidad Xochimilco.Jefe del Archivo Hemerográfico en el Instituto Mexicano de Estudios Políticos, A. C. (Imep) de 1980 a 1994, donde también se desempeñó como Jefe del Área de Informa-ción y colaborador en las publicaciones Claves Políticas, Panorama y Significados y Perspectiva Mensual (Imep) de 1994 a 2005. Investigador-analista y Jefe del Departa-mento de Información Sistematizada en la consultoría Diseño Estratégico y Análisis Prospectivo, S. C. De 2010 a la fecha es Investigador y analista en la revista Seminario Político y en Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.