Una mirada al núcleo de SegUridad HUmana del diagnóStico de derecHoS HUmanoS del diStrito Federal 2008

¿Cómo están loS DesCA

en la CIUDADde mÉXICo?

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Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (deSca) están muy relaciona­dos con las condiciones básicas que nos

permiten vivir libres de necesidad,1 como el ali­mento, el agua, la vivienda, el trabajo, entre otros; podemos definirlos como “aquellos dere­chos humanos que posibilitan a las personas, en lo individual y en lo colectivo, gozar de un nivel de vida adecuado.”2 estos derechos están reco­nocidos en diversos instrumentos internacionales, como la declaración Universal de los derechos Humanos y el Pacto internacional de derechos económicos, Sociales y culturales (PideSc).

el diagnóstico de derechos Humanos del dis­trito Federal3 (en adelante, el diagnóstico) publi­cado en mayo de 2008, analiza el grado de realización de algunos de estos derechos econó­micos, sociales, culturales y ambientales en su apartado sobre la Seguridad Humana, a la cual define como la necesidad de evitar amenazas como la enfermedad, el hambre, el desempleo, el crimen, el conflicto social, la represión política y los riesgos ambientales; también señala la estre­cha relación que existe entre la seguridad huma-na y el derecho a un nivel de vida adecuado.

1 Poder vivir libres de necesidad, o “libres de miseria” como dice la

declaración Universal de los derechos Humanos, es uno de los

aspectos fundamentales para la realización del ser humano.2 Sandoval terán, areli. comprendiendo los derechos económi­

cos, sociales, culturales y ambientales. equipo Pueblo, méxico,

2007, p. 9. disponible en: www.equipopueblo.org.mx3 el diagnóstico de derechos Humanos del distrito Federal (dispo­

nible en: www.derechoshumanosdf.org.mx) fue elaborado entre 2007 y 2008 entre instituciones públicas, instituciones acadé­micas y organizaciones de la sociedad civil, teniendo como an­tecedente al diagnóstico nacional impulsado en 2003 por la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los derechos Humanos (oacnUdH). el proceso de elabora­ción del diagnóstico de derechos Humanos del d.F. estuvo a cargo de un comité coordinador en el que están representados: el gobierno del distrito Federal (gdF), la asamblea legislativa del distrito Federal (aldF), el tribunal Superior de Justicia del d.F. (tS­JdF), la comisión de derechos Humanos del distrito Federal (cd­HDF), así como universidades y organizaciones de la sociedad civil, teniendo a la oacnUdH como observador. este comité también se encarga del proceso de elaboración del Programa de derechos Humanos del distrito Federal, que planteará solucio­nes a los obstáculos y problemas identificados en el Diagnóstico.

los deSca de los que se ocupa el diagnósti­co son: el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a una vivienda adecuada, el derecho a la educación, el dere­cho al trabajo, el derecho a la salud y los dere­chos sexuales y reproductivos. Para cada uno de estos derechos, el Diagnóstico ofrece una defini­ción, explica las obligaciones que tiene el estado de respetarlos, protegerlos y cumplirlos, presenta información estadística de la problemática en el contexto de la ciudad, analiza los marcos jurídi­cos federal y del distrito Federal a la luz del dere­cho internacional de los derechos humanos, revisa el marco institucional, programático y los recursos legales efectivos para la justiciabilidad de cada derecho, y ofrece algunas conclusiones sobre el estado de cumplimiento de las obliga­ciones del estado en el distrito Federal.

es importante subrayar que si bien los instru­mentos internacionales de derechos humanos son firmados y ratificados por los poderes ejecuti­vo y legislativo federales, las obligaciones de de­rechos humanos que en consecuencia contrae el estado mexicano no sólo corresponden a las autoridades federales, sino también a las autori­dades estatales y locales dentro de sus respec­tivas atribuciones y competencias. Es así que respetar, proteger y cumplir los deSca también es obligación de las instituciones públicas del distrito Federal: el gobierno del distrito Federal (gdF), el tribunal Superior de Justicia del distrito Federal (tSJdF), la asamblea legislativa del distrito Fede­ral (ALDF), las delegaciones políticas y los organis­mos descentralizados y desconcentrados.

el diagnóstico señala que todas estas institu­ciones tienen la responsabilidad de asegurar o garantizar aspectos fundamentales de la seguri­dad humana de las personas que habitan o transitan por la ciudad; asimismo, distingue las materias en las que el distrito Federal tiene com­petencia concurrente con la Federación (am­biente, salud, educación, vivienda y trabajo) de las materias en las que tiene competencia exclu­siva (servicios públicos de agua potable, drenaje,

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alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, y recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos).4

a continuación se presenta un panorama re­sumido cómo están los deSca en la ciudad de méxico de acuerdo con el diagnóstico,5 en un contexto en el que se entrelazan desde aspectos geográficos y demográficos particulares, hasta complejos fenómenos sociales, económicos y políticos. Entre los datos que recoge el Diagnósti­co que mejor reflejan la complejidad de la situa­ción, destaca el comportamiento del Índice de desarrollo Humano (idH)6 en el distrito Federal cuyo valor promedio es superior al nacional, pero debido a su alta población y gran desigualdad interna, es una de las 10 entidades federativas que mas contribuyen a la desigualdad en el país.

4 cabe señalar que el diagnóstico toma en cuenta que el distrito

Federal es una entidad federativa autónoma pero con un régi­

men jurídico distinto al de las demás entidades de la República

mexicana, ya que es sede de los poderes federales y no ha

completado su proceso de reforma política. De ahí que algunas

de las medidas que se deberían adoptar para superar los obstá­

culos o limitaciones a los derechos humanos identificados en el

diagnóstico no corresponden exclusivamente a las autoridades

del distrito Federal.5 las fuentes de toda la información que se resume en este folle­

to, que por razones de espacio se han omitido, se encuentran

debidamente referenciadas en el diagnóstico de derechos

Humanos del distrito Federal 2008 (puede consultarse en www.

derechoshumanosdf.org.mx)6 el Programa de naciones Unidas para el desarrollo (PnUd) utiliza el

idH para medir la longevidad (con la esperanza de vida al nacer),

los conocimientos (con la tasa de alfabetización y la matriculación

escolar) y el acceso a recursos (con el ingreso per cápita).

El derecho a un medio ambiente sano7 Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Todas las personas y comunidades tienen el derecho

a disfrutar de un ambiente sano que les permita

desarrollarse en igualdad de condiciones; asimismo,

tienen derecho a la información, a la participación

social y al acceso a la justicia ambiental. El Estado

debe respetar, proteger y cumplir el derecho al me­

dio ambiente sano, destacando las acciones a favor

de la protección, preservación y mejoramiento del

medio ambiente.

el distrito Federal está asentado en una cuenca cuyas condiciones naturales la hacen propensa a los desastres: es inundable o lacustre; no tiene ventilación abierta sino vientos débiles y altas in­versiones térmicas que dificultan la dispersión de contaminantes; por su altitud cuenta con 23% menos del oxígeno que hay a nivel del mar; y por su latitud de 19° recibe una radiación solar intensa.

aunados a los factores naturales están los demográficos, socio-económicos y políticos que en conjunto han provocado severos problemas ambientales que amenazan a las generaciones presentes y futuras, comprometiendo la viabili­dad misma de la ciudad, por ejemplo: la gran presión sobre los recursos naturales para abaste­cerse de agua, suelo y alimentos; el deterioro y la pérdida del suelo de conservación; la poda in­correcta y derribo del arbolado urbano; la con­taminación por desecho de aguas residuales, emisión y concentración de gases, generación de desechos sólidos (basura) y peligrosos, los al­tos niveles de ruido, y la contaminación visual.

7 Mayor información en el capítulo 10 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 120­148.

Según el conteo de población más reciente (2005), en el D.F. –que representa el 0.1%

de la superficie total del país– habitan 8 millones 720 mil 916 personas, de las cuales 52% son mujeres y 48% hombres; el 23.3% de la población son niñas y niños de 0 a 14 años, el 25.7% son jóvenes de

15 a 29 años, el 38% son personas adultas entre 30 y 59 años, y el 9.8% son personas

mayores de 60.

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la pérdida o degradación del suelo de con­servación, áreas protegidas y bosques tiene entre sus causas el desarrollo inmobiliario y las autori­zaciones indebidas para construcción y uso de suelo, la tala clandestina, las actividades recrea­tivas desordenadas, entre otras. asimismo, se ha fallado en la adecuación y claridad normativa, así como en la vigilancia de su cumplimiento y la aplicación de sanciones.

El manejo de residuos sólidos es deficiente, y se está llegando al límite de saturación del Bordo Poniente, único sitio de disposición final de estos residuos. Por otra parte, si bien el control de re­siduos peligrosos es competencia federal, el gobierno local es responsable, por ejemplo, de manejar 156 toneladas diarias de residuos gene­rados en los establecimientos de salud a su cargo.

en cuanto a la contaminación del aire, el transporte causa el 80% de las emisiones conta­minantes y el 50% de las emisiones de gases con efecto invernadero; destaca que la red auto­mática de monitoreo atmosférico no realiza mediciones precisas de todos los compuestos orgánicos volátiles. además de las enfermeda­des y el incremento de las tasas de mortalidad prematura de los habitantes, se subraya que la contaminación afecta mayormente a la pobla­ción infantil, a las mujeres en edad fértil y a la población adulta mayor.

al incrementarse la exposición a los contami­nantes ambientales (físicos, químicos y biológi­cos) aumenta el riesgo para la salud de las personas que habitan y transitan diariamente en el Distrito Federal, así como el deterioro de la flora y la fauna.

en general, hace falta mayor coordinación entre la política de desarrollo urbano, vivienda y ambiental, y entre las entidades del área metro­politana, los estados colaterales y la administra­ción federal; no existen suficientes instrumentos de gestión y planeación que aborden de mane­ra integral y con enfoque de derechos humanos todos los aspectos de las actividades del desa­rrollo urbano y la protección al ambiente –inclu­yendo al transporte público y a la inversión en infraestructura urbana– para buscar un equilibrio entre sí y que abarquen toda el área metropoli­tana. A pesar de que la Secretaría del Medio Ambiente ha establecido líneas de acción prio­ritarias para garantizar la sustentabilidad del Distrito Federal, siguen faltando capacidades fi­nancieras e institucionales para revertir la crisis ambiental que afecta a la entidad.

en cuanto a la legislación ambiental, falta que se reconozca adecuadamente la figura de reparación del daño, y la aplicación de sancio­nes a quienes violen las disposiciones legales o bien a las y los funcionarios que no hagan cumplir las normas. Son escasas las vías para hacer justi­ciable el derecho a un medio ambiente sano, y el acceso a la justicia ambiental y territorial en el d.F. enfrenta varios obstáculos, que van desde el marco normativo insuficiente y poco articula­do, hasta la falta de conciencia y educación ambiental de la población. también hace falta información detallada, accesible y de fácil en­tendimiento sobre la evaluación de los avances de las políticas y acciones en materia ambiental, así como mecanismos de información perma­nente y campañas de difusión amplias.

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El derecho al agua8 Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Todas las personas tienen el derecho a disponer de

agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y

asequible para el uso personal y doméstico. Los

factores fundamentales para su ejercicio son: dis­

ponibilidad, accesibilidad (física, económica, sin

discriminación y de información) y calidad. El modo

en que se ejerza este derecho debe ser sostenible

para que puedan disfrutarlo las generaciones pre­

sentes y futuras. El Estado está obligado a respe­

tar, proteger y cumplir el derecho al agua.

en materia legislativa destaca la ley de aguas del distrito Federal que reconoce el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, y al suministro libre de interferencias, así como los principios de no discriminación, acceso a la información, participación, y sustentabilidad, aunque esta misma normatividad contempla algunos aspectos que restringen el acceso al servicio de agua potable en particular a las per­sonas que habitan en asentamientos irregulares y a las que adeudan pagos.

la problemática del agua en la ciudad de méxico se da en un contexto en el que inciden, entre otros, factores geográfico-climatológicos e incluso históricos, que remontan al proceso de desecación de los lagos iniciado por los españo­les en el periodo colonial, lo cual generó uno de los cambios hidrológicos y ambientales más drásticos en la historia de la humanidad. Por otro lado, la presión demográfica (crecimiento y densidad de población) y los hábitos de consu­mo han generado en las últimas décadas una gran demanda de agua.

8 Mayor información en el capítulo 11 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 149­171.

el distrito Federal enfrenta problemas de dis­ponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. más de un millón de personas provenientes de las delegaciones gustavo a. madero, Álvaro obregón, cuajimalpa, iztapalapa, Xochimilco y tlalpan no tienen acceso a un suministro conti­nuo y suficiente de agua potable. la distribución irracional e inequitativa del agua y de los recur­sos entre las 16 delegaciones del distrito Federal afecta más a las zonas de marginación, cuya población tiene que invertir sus escasos recursos en agua embotellada y garrafones de dudosa calidad. Frente a esto, el Sistema de aguas de la ciudad de méxico (Sacm) se limita a decir que las partes bajas de la ciudad resultan “natural­mente privilegiadas”. mientras miles de personas carecen del servicio continuo y suficiente de agua, una tercera parte del volumen que se in­yecta a la red se pierde en fugas debido al mal estado de la infraestructura hidráulica. Por la in­equidad en el suministro y calidad del agua, existe una fuerte demanda social para que el sistema de tarifas se revise; el Sacm se ha plan­teado la meta de lograr un sistema tarifario justo y equitativo, con subsidio a quien sí lo necesite.

Por otra parte, los acuíferos de la Cuenca del Valle de méxico, dependientes de su recarga en el suelo de conservación, están siendo sobreex­plotados; la demanda de extracción es mucho mayor que la capacidad de captación debido, en gran parte, al crecimiento de la mancha ur­bana. la sobreexplotación también se asocia con hundimientos del terreno y alteraciones en la calidad del recurso, ya que el agua que se extrae de mayor profundidad es agua más anti­gua. recurrir a la importación de agua de cuen­cas aledañas no está exento de problemas, pues la escasez ha afectado a algunas comunidades locales (como las mazahuas) y no existen meca­nismos de coordinación para atender cuestiones de compensación por daños a terceros. Por otro lado, la captación de agua de lluvia como una alternativa complementaria para la ciudad está subdesarrollada.

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aunado al problema de la sobreexplotación, se encuentra el de la contaminación de los cuer­pos de agua del Valle de méxico a causa de desechos industriales, basureros y unidades habi­tacionales. el tratamiento de aguas residuales está muy poco desarrollado en el d.F. –que sólo cuenta con 25 plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales en opera­ción–. Un problema adicional de calidad del agua es la falta de actualización microbiológica de la Norma Oficial Mexicana (NOM) 127-SSA1-1994, la cual no mide, por ejemplo, el rotavirus ni la Helicobacter pylori, asociados a enfermedades diarreicas, úlceras y cáncer gástrico, respectiva­mente; tampoco mide otros compuestos orgánicos sintéticos provenientes de residuos industriales.

en cuanto a la gestión del servicio de agua potable, concesionado desde 1993 a la iniciativa privada, existen reclamaciones de las y los usua­rios relativos principalmente al cobro, cuyo monto está regulado aún por el gdF. las quejas recibidas en la comisión de derechos Humanos del distrito Federal (cdHdF) resaltan que las causas frecuentes de los cobros indebidos o excesivos son: el mal funcionamiento de los me­didores, las fugas no registradas, los errores en la facturación, entre otras; también destacan la atención deficiente por parte del personal de las empresas concesionarias, que en raras ocasio­nes ofrecen al usuario la adecuada orientación sobre su situación jurídica o las posibles alternati­vas de pago que ofrece el código Financiero del distrito Federal. Por otra parte, no se han de­sarrollado las vías jurisdiccionales apropiadas para defender el derecho al agua.

respecto al acceso a la información guber­namental, las limitaciones tienen que ver con la escasez, la falta de detalle, desglose y actualiza­ción de la misma. en cuanto a la participación social en la toma de decisiones de política públi­ca en materia de agua, no se han instrumentado mecanismos que la favorezcan. Se observa tam­bién el desconocimiento de los instrumentos in­

ternacionales en materia de derechos humanos por parte de las autoridades.

Por último, la coordinación entre las depen­dencias del GDF es insuficiente, especialmente en materia de agua, medio ambiente, desarrollo urbano y vivienda.

El derecho a la viviendaadecuada9

Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Todas las personas tienen el derecho a vivir en segu­

ridad, paz y dignidad en alguna parte; esto es, tienen

derecho a tener un hogar y una comunidad seguros

en que puedan vivir en paz y dignidad. Los factores

para una vivienda adecuada son: la seguridad jurídica

de la tenencia, la disponibilidad de servicios, mate­

riales e infraestructura, la asequibilidad y los gas­

tos soportables, la accesibilidad por todos los

grupos sin discriminación, el lugar adecuado y la

adecuación cultural. El Estado debe respetar, pro­

teger y realizar este derecho.

la realización del derecho a la vivienda en el distrito Federal presenta claroscuros: mientras que la entidad ocupa los primeros lugares en los indicadores relativos a las características físicas de las viviendas, más del 11% de los hogares no cuentan con las condiciones de una vivienda adecuada debido al hacinamiento o al dete­rioro de la construcción, rezago que se acumula para las generaciones futuras. los mayores porcentajes de viviendas inadecuadas se con­centran principalmente en las delegaciones izta­palapa, gustavo a. madero, Xochimilco y milpa alta. en este sentido, el instituto de Vivienda del

9 Mayor información en el capítulo 12 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 172­198.

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distrito Federal (inVi) estima que más de dos mi­llones de personas cuentan con un solo cuarto para habitar, que poco más de medio millón ha­bita en viviendas que no tienen sanitarios propios, que 126 mil habitantes carecen por completo de este servicio, y que cerca de 365 mil personas habitan en viviendas que no cuentan con coci­na. Para cubrir las necesidades de vivienda en el d.F., la comisión nacional de Fomento a la Vi­vienda (conaFoVi) calcula que se requieren anualmente 37 mil viviendas nuevas y 46 mil ac­ciones de mejoramiento en muros y techos.

el precio del suelo y la vivienda en el merca­do inmobiliario no es asequible considerando el ingreso de la población capitalina; las condicio­nes impuestas para los créditos hipotecarios son inaccesibles para los sectores de ingresos meno­res a los cinco salarios mínimos; la asignación de los créditos para vivienda no se hace bajo el cri­terio de rezago habitacional y la necesidad de vivienda, sino a partir de las condiciones so­cioeconómicas de los hogares (los instrumentos financieros de vivienda están dirigidos a quienes ganan cuatro o más veces el salario mínimo). Si bien el inVi busca atender a la población de más bajos recursos, se encuentra rebasado por la demanda de créditos tanto del Programa Vi­vienda en conjunto como del Programa de mejoramiento de Vivienda.

no obstante los avances en materia de ac­ceso a la vivienda para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, la política de vivienda del distrito Federal está inmersa en la del gobierno federal que prioriza la acción de agentes inmobi­liarios privados y se enfoca a la adquisición de la vivienda en propiedad privada o individual.

además, los programas de vivienda no to­man en cuenta la situación de aquellas personas y familias que habitan en asentamientos irregu­lares, dejando de lado la atención a esta po­blación en condición de pobreza o extrema pobreza que no cuenta con los recursos para acceder por sí misma a un terreno o construcción regularizada, segura y con los servicios básicos

como agua potable, luz y drenaje. los progra­mas tampoco responden a la situación especial de la población joven o de familias jóvenes, ni de la población migrante. aunado a lo anterior, se verifica un uso clientelar, político o partidario de los créditos de vivienda y la intromisión de ges­tores informales en los programas, lo cual va en detrimento de las formas de organización y autoayuda de los propios solicitantes.

en cuanto a la disponibilidad de servicios e infraestructura, la tendencia general que se ob­serva en la ciudad es de pérdida de la vocación habitacional de las zonas centrales y de den­sificación de áreas periféricas o municipios co­nurbados que no cuentan con el suficiente equipamiento urbano y vial, ni con los servicios relacionados a educación, salud, cultura, traba­jo, comercio y esparcimiento, concentrados en el centro de la ciudad. esta tendencia también impacta los sistemas viales y de transporte utiliza­dos diariamente por millones de personas, quie­nes requieren de un mejor sistema de transporte público.

en cuanto a la seguridad jurídica de la tenen-cia, no se cuenta con un marco jurídico y admi­nistrativo que garantice a todas las personas la seguridad jurídica de la vivienda y una protec­ción legal contra el desahucio, el hostigamiento o el desalojo involuntario. de acuerdo con el Barzón Movimiento Jurídico Nacional, se publi­can diariamente de 50 a 60 edictos para rematar propiedades y cada juzgado maneja alrededor de 40 casos donde la vivienda será afectada por un desalojo a través de una sentencia.

El D.F. tampoco cuenta con un registro oficial del tipo, número, causas y consecuencias de los desalojos, algunos de los cuales, a partir de 2007, también son resultado del combate al narcome­nudeo. las quejas recibidas y las recomendacio­nes emitidas por la cdHdF dan cuenta de la existencia de desalojos que en ocasiones se realizan sin apego a los estándares internaciona­les en la materia. asimismo, se observa un retraso por parte del INVI y la Secretaría de Desarrollo

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Urbano y Vivienda (SEDUVI) en lo que se refiere especialmente a la reparación del daño a las personas afectadas por expropiaciones. asimis­mo, más allá de los juicios entre arrendadores y arrendatarios, no existe ningún procedimiento jurisdiccional para hacer exigible o defender el derecho a una vivienda adecuada.

Hace falta una política de vivienda con en­foque de derechos humanos que enfatice la coordinación interinstitucional para encontrar soluciones en materia de desarrollo urbano, vi­vienda y medio ambiente; se necesita un enfo­que integral para abordar, por ejemplo, el problema de los asentamientos irregulares y en general del desarrollo inmobiliario en zonas de conservación o de riesgo para salvaguardar tanto el derecho a un medio ambiente sano como el derecho a una vivienda adecuada.

asimismo, se requiere articulación interinstitu­cional entre poderes ejecutivo y legislativo para colocar con más fuerza y de manera integral el tema del derecho a la vivienda adecuada, la producción social del hábitat y los recursos eco­nómicos necesarios en las políticas y programas del Distrito Federal. La política local en materia de vivienda también debería orientarse por las recomendaciones que ha recibido méxico por parte del comité de derechos económicos, Sociales y culturales de la onU –incluida la re comendación sobre una ley de control de alquileres– así como por las recomendaciones del relator especial sobre el derecho a una Vivienda adecuada.

El derecho a la educación10 Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Todas las personas tienen el derecho a la educación,

la cual debe orientarse hacia el pleno desarrollo de

la personalidad humana y del sentido de su dignidad,

y debe fortalecer el respeto por los derechos huma­

nos y las libertades fundamentales; debe capacitar

a todas las personas para participar efectivamente

en una sociedad libre. Las características de la

educación en todos sus niveles son: disponibilidad,

accesibilidad (material, económica y sin discrimina­

ción), aceptabilidad (de forma y fondo) y adaptabili­

dad. El Estado está obligado a respetar, proteger y

llevar a efecto el derecho a la educación.

el distrito Federal, que concentra la mayor canti­dad de recursos educativos del país, es la única entidad federativa en la que los servicios de educación básica no han sido completamente descentralizados, de tal forma que sólo la edu­cación preescolar, no así la primaria ni la secun­daria, es competencia del gdF. en materia de educación media superior y superior, el gdF tiene competencia concurrente con la Federación.

en cuanto a los principales indicadores en materia de educación, como el porcentaje de población alfabeta, el promedio de escolaridad, el porcentaje de población con grado de ins­trucción posterior a primaria, las matrículas uni­versitaria y tecnológica, los resultados de los exámenes de calidad y logro educativo, entre otros, el d.F. se sitúa por encima de la media na­cional. no obstante, aún existe discriminación, rezago y carencia en la calidad educativa, sobre todo cuando se miran los datos desagregados.

Se observan algunos grados de exclusión en particular entre la población con algún tipo de

10 Mayor información en el capítulo 13 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 199­234.

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discapacidad, la que habla lenguas indígenas, las niñas madres y las y los habitantes de las de­legaciones iztapalapa, gustavo a. madero y Álvaro obregón. a partir del nivel medio superior –y en mayor medida en el superior–, se presen­tan importantes decrementos en las tasas de asistencia así como desigualdades, en particular entre géneros, las que también se observan en la tasa de personas analfabetas. tampoco se logra retener a todos los alumnos potenciales a partir de la secundaria. Otros desafíos en mate­ria educativa son la calidad y adaptabilidad de la enseñanza, así como el problema de la vio­lencia y el consumo de drogas en las escuelas entre las y los niños y jóvenes.

en cuanto a la disponibilidad y la calidad de las instituciones y programas de enseñanza, si bien el distrito Federal concentra la mayor canti­dad de instituciones educativas del país, la ma­yoría de las instalaciones de educación básica (infraestructura, equipo y mobiliario) son obsole­tas, por lo que las condiciones materiales no son las adecuadas para la realización del derecho a la educación.

Por otro lado, el acceso y la cobertura edu-cativa en educación básica se han incrementa­do, pero todavía hay población excluida, reflejo de que el derecho a la educación no se ejerce de igual manera en todos los territorios de la ca­pital, ni para los diversos grupos que la componen; por ejemplo, el 58% de la población de 3 años de edad no cuenta con acceso a preescolar.

la educación no está adaptada a las nece­sidades y situaciones socioeconómicas y familia­res en las que se desenvuelve gran parte de la población infantil y de jóvenes, en particular los que se ven obligados a ingresar al mercado de trabajo, debido a la pobreza y marginación es­tructural de las familias a las que pertenecen.

respecto a la protección del derecho a la educación, el incremento de los riesgos alrede­dor de los recintos educativos coloca el derecho a la seguridad pública de la comunidad escolar en estrecha relación con el derecho a la educa­

ción. La violencia, así como el consumo y venta de drogas, tanto dentro como fuera de las escuelas, es una realidad en el distrito Federal que apela a la responsabilidad de las autoridades locales, las autoridades educativas y los padres de familia. Sin embargo, las medidas aplicadas para aten­der y responder a los actos de violencia en las escuelas son paliativos más que preventivos y reflejan actitudes que no contribuyen a atender el problema de raíz.

las políticas públicas existentes para hacer efectivo el derecho a la educación en los dife­rentes niveles resultan insuficientes. Por otra par­te, en el presupuesto para la educación básica del D.F. se observa una reducción financiera notable en las dos últimas décadas, lo que refle­ja el incumplimiento de la responsabilidad fede­ral en la entidad.

en materia de educación en derechos hu-manos siguen haciendo falta programas de ca­pacitación de las y los servidores públicos (con indicadores de seguimiento) así como procesos y políticas públicas que integren la diversidad de iniciativas, las institucionalicen, y sobre todo logren los fines y criterios planteados en la legis­lación y en los documentos de carácter interna­cional que existen en la materia, para garantizar su impacto en beneficio de las y los habitantes de la capital.

respecto a la educación con perspectiva de género, con equidad y para la equidad, hace falta incluirla de manera integral en los programas de estudio, conectarla directamente y desde dentro con la educación en derechos humanos. Así como el respeto a la diversidad se aprende desde las relaciones cotidianas con otros y con maestras y maestros, el reconoci­miento de la igualdad entre mujeres y hombres y la promoción de la equidad se aprenden en la vida cotidiana y en las formas de aprendizaje. Para la promoción de la equidad en el acceso a la educación, será necesario instrumentar políti­cas que respondan a las necesidades específicas de las niñas y jóvenes.

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El derecho al trabajo11

Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Toda persona tiene el derecho a tener la opor­

tunidad de ganarse la vida mediante un trabajo

li bremente escogido o aceptado; asimismo tiene

derecho a condiciones equitativas y satisfactorias

de trabajo que le aseguren, entre otras cuestiones,

un salario equitativo, seguridad e higiene en el tra­

bajo, oportunidad de ser promovido, descanso y

disfrute del tiempo libre. Los elementos esenciales

del ejercicio laboral son: disponibilidad (de empleo,

programas y servicios), accesibilidad (física, de

información y sin discriminación), aceptabilidad y

calidad. El Estado tiene la obligación de respetar,

proteger y aplicar el derecho al trabajo.

las autoridades del d.F. tienen competencias limitadas en materia laboral, en particular en el ámbito legislativo, así como un reducido mar­gen de maniobra para la definición de las polí­ticas laboral, industrial y económica que está en manos del gobierno federal, y son estas tres políticas las fundamentales para la regulación y orientación del mercado laboral hacia el pleno empleo. no obstante, estas limitaciones no libe­ran a las autoridades de sus obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos huma­nos laborales.

las autoridades capitalinas tienen que cum­plir su obligación de respetar el derecho al traba­jo y los derechos humanos laborales y sindicales –en particular de las y los trabajadores a su servi­cio; tienen también las obligaciones de vigilar y sancionar el incumplimiento de la ley y demás normatividad laboral por parte de actores priva­dos, reforzando a través de recursos tanto huma­nos como materiales las instancias competentes

11 Mayor información en el capítulo 14 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 235­260.

en la materia; finalmente, tienen la obligación de realizar el derecho al trabajo a través de la defini­ción e implementación de políticas públicas –en coordinación con la Secretaría de Desarrollo económico– centradas en la creación de em­pleos decentes, es decir orientadas al fomento de empleos productivos, justamente remune­rados y ejercidos en condiciones de libertad, se­guridad, equidad y dignidad humana.

en el distrito Federal alrededor del 78% de la población se encuentra en edad laboral (14 años y más); la población económicamente activa (Pea) es de 4 millones 165 mil personas, de las cuales el 94% está ocupada y 25% se ubica en el sector informal. la tasa de desempleo del d.F. (5.9%) es más alta que la nacional (3.39%). existen alrededor de 600 mil trabajadores/as ambulantes y 90 mil trabajan en el centro Históri­co de la ciudad.

el desempleo, la ausencia de un salario re­munerador y suficiente, las condiciones de tra­bajo precarias e inestables, la discriminación y el acoso hacia mujeres trabajadoras, la informali­dad y la falta de adecuación y observancia de la normatividad laboral, son algunos de los pro­blemas nacionales en materia laboral que tienen cabida en el distrito Federal.

la población del distrito Federal enfrenta di­versos problemas sociales, entre los cuales el desempleo y los bajos salarios se han manifesta­do entre los más graves, pues de ellos se deriva toda una gama de carencias y limitaciones que afectan su nivel de vida y el de su familia. como en todo el país, aunque aún no se ha reformado la ley Federal del trabajo, se da en la práctica una flexibilización de hecho de las relaciones laborales.

Se observa que prevalecen las limitaciones, tanto presupuestales, de recursos humanos o de orden estructural (como el crecimiento econó­mico) que impiden el pleno goce del derecho al trabajo para todas las personas que viven y tran­sitan en el distrito Federal. las condiciones labo­rales en que se desempeñan la mayoría de las y

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los trabajadores en el d.F. son precarias. el acce­so y los beneficios de la seguridad social están li­mitados a trabajadores del sector formal de la economía lo cual repercute en la cobertura del sistema de salud y la satisfacción de ese dere­cho. en cuanto al ingreso, la encuesta nacional de ocupación y empleo (enoe) 2007 indica que el 50% de las personas ocupadas gana menos de tres salarios mínimos.

además de los indicadores que revelan la brecha existente de equidad laboral de género en el distrito Federal –como el que 57% de las mujeres ocupadas ganan menos de tres salarios mínimos, contra 46% de los hombres ocupados– también resulta preocupante que las mujeres han tenido que llevar su proyecto laboral sin contar muchas veces con los apoyos institu­cionales que les permitan combinar en armonía dicho proyecto con el familiar. Son necesarios mayores estudios sobre el uso del tiempo para que se diseñen políticas que fomenten la equi­dad entre hombres y mujeres.

el gobierno del distrito Federal cuenta con varios programas a cargo de la Secretaría del trabajo y Fomento al empleo (StyFe), pero la di­fusión de los mismos es insuficiente. Destaca el Programa de Seguro de desempleo el cual aprobó como beneficiaros a 2,959 personas en­tre octubre de 2007 y finales de enero de 2008.

los programas de capacitación y vinculación laboral han contribuido a la colocación de per­sonas desempleadas en puestos de trabajo en la economía formal, más no a revertir el desequili­brio acumulado entre la creciente demanda de trabajo y la insuficiente oferta.

el fomento al autoempleo, la creación o for­talecimiento de cooperativas y de medianas y pequeñas empresas se inscribe en una estrategia de sobrevivencia para la población que vive en una situación de marginación, pero no garantiza el acceso a las prestaciones laborales y sociales, en particular al goce de seguridad social.

También se identifica una serie de obstáculos en materia de justicia laboral. Por un lado, debi­do a la falta de información sobre sus derechos humanos laborales y sobre las instancias de justi­cia laboral, muchas trabajadoras y trabajadores no acuden a éstas para demandar a su emplea­dor en caso de violaciones.

en el ámbito administrativo se carece de una vigilancia adecuada del respeto a los derechos humanos laborales. el área de inspección del trabajo de la StyFe se encuentra descuidada y carece de sistemas eficaces para supervisar efectivamente todos los centros laborales y san­cionar a los empleadores que incumplen con sus obligaciones. en el ámbito jurisdiccional es evi­dente la falta de garantías de independencia e imparcialidad de los órganos de justicia laboral, tanto para trabajadores privados (Junta local de conciliación y arbitraje) como para los traba­jadores al servicio del gobierno del distrito Fede­ral (tribunal Federal de conciliación y arbitraje).

respecto a la situación de las y los trabaja­dores al servicio del gobierno del distrito Federal, se observa falta de información, en particular sobre las formas y reglas de contratación, así como acerca de los casos de discriminación, acoso, imposición de horas extras o de tareas políticas que son actos que también atentan contra el derecho al trabajo.

Por otra parte, destaca la falta de informa­ción sistematizada y transparente por parte de los sindicatos, en particular, sobre los datos per­sonales de sus agremiados, sus estados financie­ros y las negociaciones que llevan a cabo, así como de las sentencias de la Junta de concilia­ción y arbitraje del distrito Federal y del tribunal Federal de conciliación y arbitraje, que incluya para cada juicio: el derecho violado, los hechos, los argumentos, el marco legal invocado, la parte ganadora, los tiempos de procedimiento y los avances en términos de cumplimiento del laudo.

12

El derecho a la salud12

Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Toda persona tiene el derecho al disfrute del más

alto nivel posible de salud y de bienestar físico,

mental y socia. No se limita al derecho a la atención

de la salud sino que se extiende a factores determi­

nantes de la salud como la alimentación, la vivienda,

el agua y las condiciones de trabajo. Los elementos

esenciales que componen este derecho son: dispo­

nibilidad, accesibilidad (física, económica, de infor­

mación y no discriminación), aceptabilidad y calidad.

El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y

cumplir el derecho a la salud.

el distrito Federal tiene el segundo lugar nacional –después de Quintana roo– en cuanto a espe­ranza de vida: 75.9 años; al mismo tiempo, ocupa el sexto lugar del país con una tasa bruta de mortalidad de 5.4 defunciones por cada mil ha­bitantes, superior a la nacional de 4.8; por otro lado, el d.F. ocupa el primer lugar nacional en el consumo de tabaco, el segundo en el uso de alcohol y el tercero en el abuso de drogas consi­deradas ilegales. las seis principales causas de mortalidad en el d.F. son: las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malig­nos, las enfermedades cerebro­vasculares, las enfermedades del hígado y los accidentes. Des­taca que la contaminación del aire y del agua son causas importantes de la morbilidad y mor­talidad de niños y niñas en el d.F. debido a enfer­medades gastrointestinales o respiratorias.

otros riesgos que afectan la salud de la po­blación son los relacionados con la nutrición: mala alimentación, desnutrición, deficiencia de vitaminas y minerales, y obesidad o sobrepeso,

12 Mayor información en el capítulo 15 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 261­291.

que por su amplitud se está convirtiendo en un problema de salud pública. no obstante la gra­vedad de los problemas, el sistema de atención de la salud parece tardar en adaptarse a esta nueva realidad sanitaria. no existen campañas ni programas educativos de amplio alcance y de carácter permanente en materia de orien­tación nutricional y cuidado personal y otras ac­ciones tendientes a prevenir estos problemas de salud pública.

El Distrito Federal presenta índices de desem­peño que se encuentran muy por debajo del promedio nacional en materia de vigilancia epidemiológica y vacunación, prevención y control de la diabetes mellitus e hipertensión ar­terial, ViH­Sida y otras enfermedades de transmi­sión sexual, cáncer cérvico­uterino y rabia. Según datos estadísticos, el Distrito Federal es la entidad donde se registra el mayor número de casos de VIH-SIDA en el país. A pesar de la puesta en mar­cha del Programa ViH­Sida, no se cuenta con los recursos materiales, humanos y financieros sufi­cientes para atender debidamente a todas las personas no derechohabientes portadoras de la enfermedad ni para garantizar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios médicos y tratamientos.

en el ámbito de la salud mental, existe una brecha importante entre las necesidades de la población y los programas y servicios para satis­facerlas; además, la prevención, promoción y detección de problemas psicosociales son abor­dadas de manera incipiente y aún limitada por parte de las autoridades capitalinas. la red Hospitalaria del d.F. tampoco cuenta con hospi­tales para atender enfermedades psiquiátricas.

respecto a los padecimientos crónicos­de­generativos cabe resaltar la inexistencia de hos­pitales específicos para atenderlos, son atendidos en todos los de la red Hospitalaria de la Secreta­ría de Salud del D.F. mediante consulta externa; tampoco se cuenta con una unidad que brinde cuidados paliativos a los pacientes graves o ter­minales ni a sus familiares.

13

en 2006, la asamblea legislativa del distrito Federal elevó a rango de ley el derecho al acce­so gratuito a los servicios médicos y a los medica­mentos para los habitantes de la ciudad. Por medio del Programa de acceso gratuito a la atención médica y medicamentos, el gobierno está avanzando progresivamente en materia de accesibilidad económica a los servicios de salud, observando de esta forma su obligación de garantizar el derecho al proporcionar servicios preventivos, de diagnóstico, curativos y de reha­bilitación para las personas no aseguradas por una institución de seguridad social.

asimismo, a los organismos de salud de la administración Pública del distrito Federal se les han asignado importantes partidas presupuesta­rias y han avanzando en la puesta en marcha de programas y acciones para promover la realiza­ción progresiva del derecho a la salud de la po­blación capitalina, especialmente en materia de vacunación universal, atención a las adiccio­nes y detección de casos de diabetes mellitus.

no obstante, el sistema de salud en el distrito Federal –y por ende el ejercicio del derecho a la salud– se encuentra altamente fragmentado y segmentado. existen reglas y condicionantes que determinan la disponibilidad, el acceso (incluyendo la accesibilidad física en cuanto a distancia y existencia de rampas y elevadores) y la calidad de los servicios, siendo la más afec­tada la población que no está protegida por una institución de seguridad social y no cuenta con los recursos suficientes para costear un se­guro privado.

Entre los principales obstáculos identificados para ejercer el derecho a la salud están: la discri­minación o exclusión en el acceso a los servicios, la negación o postergación de la atención, la falta de insumos y equipo y la deficiente calidad en los servicios de salud. esto se debe principal­

mente a la fragmentación del sistema, la insufi­ciencia de presupuesto y la lenta actualización de infraestructura y tecnológica.

Se puede constatar que los servicios de aten­ción muestran deficiencias debido a la satura­ción, la falta de personal médico y el desabasto de medicamentos. a pesar de que en el d.F. las unidades médicas registran una disponibilidad de personal médico hasta tres veces mayor que en otras entidades federativas, el d.F. ocupa los últimos lugares en los indicadores de calidad. Por ejemplo, el tiempo promedio de espera en con­sulta externa en el d.F. es mucho mayor que en las demás entidades federativas. asimismo, se verifican situaciones de maltrato, discriminación, expedientes mal integrados, negación o poster­gación de la atención.

Es así que la mala calidad del servicio es uno de los temas recurrentes en las quejas que recibe la comisión de derechos Humanos del d.F., des­tacando los recursos humanos insuficientes tanto médicos como enfermeras, la falta de medica­mentos y de estudios de gabinete, la falta o es­tado de deterioro de instrumental médico y de otros insumos necesarios.

en cuanto a la infraestructura médica a cargo de la Secretaría de Salud del D.F., las condiciones son de rezago por su mal estado y concentración geográfica en la parte céntrica de la ciudad. Se observa una desigualdad en la distribución territorial de las instalaciones, por lo que también se verifica un acceso diferenciado al derecho a la salud entre la población capi­talina. la población en situación de mayor po­breza se ubica principalmente en las zonas periféricas de la ciudad, que carecen de cen­tros de salud y hospitales. estos problemas es­tructurales derivan, en gran medida, de la insuficiencia presupuestal y, en algunos casos, de su deficiente distribución.

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Los derechos sexuales y reproductivos13

Contenido del derecho y obligaciones del Estado: Hombres y mujeres tienen derechos sexuales y re­

productivos que incluyen el derecho de todas las

personas, libres de coerción, discriminación y violen­

cia al más alto estándar de salud sexual, incluyendo

el acceso a servicios de cuidado a la salud sexual y

reproductiva; la búsqueda, recepción y otorgamiento

de información relacionada con la sexualidad; la

educación sobre la sexualidad; el respeto por la in­

tegridad física; escoger a una pareja; decidir ser

sexualmente activo o no; al matrimonio consensua­

do; a decidir tener o no hijos y cuándo; y a ejercer una

vida sexual satisfactoria, segura y placentera. El

Estado está obligado no sólo a respetar estos dere­

chos sino a generar y difundir información, a garanti­

zar servicios de salud reproductiva, entre otros.

el diagnóstico hace énfasis en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de las mujeres, toda vez que históricamente se les han obstaculizado en mayor proporción y porque los procesos reproductivos atañen específica­mente a los derechos de las mujeres y a los servi­cios que el estado está obligado a garantizar.

En cuanto al marco jurídico de estos dere­chos, la Constitución Política de los Estados Uni­dos mexicanos reconoce los derechos sexuales y reproductivos en sus artículos 1°, 4°, 6°, 7°, 24 y 130. Por su parte, la ley general de Salud y la ley general de Población, contienen disposiciones que incluyen aspectos sobre los derechos repro­ductivos. en el distrito Federal, se cuenta con importantes avances legislativos en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, ya

13 Mayor información en el capítulo 16 del Diagnóstico de Dere­

chos Humanos del distrito Federal, pp. 292­311.

que están contemplados en el código Penal del distrito Federal, en el código de Procedimientos Penales del distrito Federal, en la ley de Salud del Distrito Federal, así como en la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal en su capítulo V.

otro avance importante se relaciona con las diversas reformas que se han hecho en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos, como la realizada a la ley de Salud del distrito Federal, que establece el marco jurídico para la prestación de los servicios de interrupción legal del embarazo (ile). Por otra parte, la ley de ac­ceso de las mujeres a una Vida libre de Violencia del distrito Federal, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Distrito Federal el 29 de enero de 2008, incluye sanciones a la violencia reproductiva.14

Si bien en los últimos 10 años en el distrito Fe­deral se han dado avances significativos en las políticas, programas de gobierno, y en la crea­ción de nueva legislación que garantice los de­rechos sexuales y reproductivos, las mujeres aún enfrentan inequidades, exclusión, falta de opor­tunidades y discriminación, en especial las que se encuentran en una situación de vulnerabilidad como son las mujeres con discapacidades, con escasos recursos, indígenas, entre otras. Hace falta contar con mayor información sobre la si­tuación de las personas con discapacidad y de las personas adultas mayores respecto de sus derechos sexuales y reproductivos.

en materia de sanciones por la violación de los derechos sexuales y reproductivos, aun cuan­do el artículo 206 del Código Penal del Distrito Federal establece que se impondrán sanciones a quien atente contra la dignidad humana por razones de sexo, embarazo, ideología, entre otras, existen grandes obstáculos para hacer valer estos derechos, lo que muchas veces impi­de su exigibilidad. los principales obstáculos son:

14 estos derechos se trabajan en varias comisiones de la asamblea

legislativa del distrito Federal: la de equidad y género, Procura­

ción y administración de Justicia, de Salud y la de asistencia So­

cial; y sería deseable que la Comisión de Derechos Humanos de

la aldF abordara también estos derechos.

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el desconocimiento de las personas, especial­mente de las mujeres, sobre sus derechos sexua­les y reproductivos en general, los prejuicios de las y los médicos para realizar la ile o proporcio­nar anticonceptivos a las y los adolescentes y para prestar servicios de salud sexual y reproduc­tiva en general y a la población adolescente en particular, así como el desconocimiento del per­sonal médico de la legislación local al respecto. también son obstáculos la falta de mecanismos específicos para la atención, y la falta de sensibi­lización y capacitación del personal encargado de la procuración y administración de justicia.

al no haber un presupuesto etiquetado para las políticas públicas sobre la promoción, pro­tección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, no sólo en la esfera de la presta­ción de servicios de salud, sino desde un enfoque integral de la salud y de la sexualidad, se impide la concreción de estos derechos en beneficio de las mujeres.

El Diagnóstico también señala la deficiente calidad del servicio médico que se ofrece en hospitales materno­infantiles, hospitales en ge­neral y centros de salud del distrito Federal, por no contar con especialistas, así como la falta de sensibilización y capacitación, además de los problemas de infraestructura, equipamiento y medicamentos. también evidencia la falta de coordinación entre los programas de diver­sas instancias públicas para que no se desdibu­jen los esfuerzos de cada una por mejorar la prestación de los servicios relacionados con estos derechos.

Específicamente en cuanto a la ILE, existen barreras burocráticas y normativas que retrasan la atención de las mujeres y van en contra de la evidencia científica que comprueba que cuanto más temprano es la atención en la interrupción legal del embarazo, menores son las complica­ciones. la falta de lineamientos y normas que aseguren la atención gratuita y de calidad para las mujeres solicitantes de la ile en el distrito Fe­deral y, en general, de los servicios de salud

sexual y reproductiva, dificultan el ejercicio de los derechos, en especial en el caso de las ado­lescentes y jóvenes.

algunos grupos han instalado módulos afuera de algunos hospitales en donde desinforman a las mujeres y atentan contra su derecho a decidir al proporcionar información falsa sobre los pro­cedimientos y consecuencias de la interrupción legal del embarazo. resulta necesario que el estado cumpla con su obligación de proteger a las mujeres mediante el ofrecimiento de informa­ción basada en evidencia científica, en buenas prácticas y de acuerdo a recomendaciones in­ternacionales.

Por todo lo anterior, es necesaria la difusión de las reformas al código Penal del distrito Fede­ral sobre la interrupción legal del embarazo, para que la población en general y las mujeres en particular, las conozcan y puedan exigir el acceso a estos servicios, así como establecer protocolos que normen la conducta laboral del personal de servicios públicos de salud.

es importante dimensionar que la demanda en la prestación de servicios para la ile en un periodo relativamente corto ha generado una importante carga y resistencias en algunos ele­mentos del personal de salud, que ha trascendi­do a lo laboral, sindical y organizativo. Por ello, es importante desarrollar e implementar normativi­dad, lineamientos y manuales de procedimientos con la finalidad de que éstos respondan a la realidad de los servicios y sirvan para eliminar barreras y mejorar la calidad.

también es necesario realizar un análisis para conocer con certeza la problemática y los prin­cipales obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el acceso a la ile en el distrito Federal, así como establecer estrategias de seguimiento de la calidad de la prestación de servicios y de­manda satisfecha.

asimismo, es indispensable la asignación de un presupuesto etiquetado para la realización de la ile, ya que, de acuerdo con el trabajo realiza­do por las organizaciones de la sociedad civil en

el acompañamiento a la Secretaría de Salud del distrito Federal en la prestación de este servicio a partir de la reforma legislativa, se ha identificado que este programa no cuenta con un presupues­to etiquetado, lo que dificulta la disponibilidad de recursos tanto materiales como humanos.

no obstante los avances en el distrito Federal en materia de derechos sexuales y reproduc­tivos, todavía son insuficientes los servicios, la in­formación, las políticas públicas e incluso la legislación (nacional y local) en la materia para atender a las personas que habitan en el d.F. También es importante mencionar que las políti­cas públicas implementadas en la entidad están encaminadas a la tutela de los derechos repro­ductivos, pero se deja de lado el conocimiento amplio de los derechos sexuales.

al respecto, resulta preocupante la falta de educación sexual en todos los niveles y espacios: escuelas, familia, medios de comunicación, etc.

en especial, existe una carencia de educación sexual con perspectiva de género y diversidad sexual, lo que repercute en la visión que se tiene del tema y deriva en discriminación. los com­portamientos sexuales están socialmente con­textualizados y mediados, son producto de la presión familiar, comunitaria y social, de las de­terminaciones de los roles de género, de factores sociales, económicos y culturales que representan limitaciones para la decisión y para la actuación sexual, por lo que ese campo, que pareciera tan ajeno a la sociedad y al estado, no lo es. Se re­quiere redefinir las obligaciones del Estado res­pecto a las personas o acciones de la esfera “privada”. Deben existir las condiciones que ha­biliten a todas las personas para ejercer la sexua­lidad de manera plena (con información, con seguridad y libertad, sin presiones, con posibilida­des o recursos económicos, etc.) y éstas deben ser garantizadas por el estado.

el folleto: “¿Cómo están los DesCA en la Ciudad de méxico? Una mirada al núcleo sobre seguridad Humana del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal 2008”, fue elaborado por deca equipo Pueblo, A.C. en el marco del Proyecto “Transversalizando los DESCA en las políticas públicas del Distrito Federal”

coordinado por areli Sandoval terán, y contó con la colaboración de alicia carriquiriborde de Fian­méxico y espacio deSc.

Fuente: comité coordinador para la elaboración del diagnóstico y Programa de derechos Humanos del distrito Federal. diagnóstico de derechos Humanos del distrito Federal. ciudad de méxico, 2008.

diseño y formación: Ángela trujano lópez/alógrafo. ilustraciones: imágenes de la campaña de Promoción de los derechos económicos,

Sociales, Culturales y Ambientales en la Ciudad de México. DECA Equipo Pueblo, A.C. y Comité Promotor DESCA. (Concepto gráfico y

diseño: gabriela monticelli / ilustración: Ángel navarrete­taller de Sueños.)

Esta publicación fue apoyada por Oxfam Gran Bretaña y el Programa de Coinversión para el Desarrollo Social del Distrito Federal 2008 del Gobierno del Distrito Federal. “Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en el distrito Federal, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.