PBL-001
SEORES:
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
SALA SEGUNDA DE DECISIN ORAL
SINCELEJO, SUCRE
E. S. D.
RADICACION:
70-001-23-33-000-2015-00315-00
REFERENCIA:
Accin de Tutela
ACCIONANTE:
Gustavo Tafur Mrquez ACCIONADO:
Consejo Nacional Electoral
MARIA DEL CARMEN ACOSTA NUEZ, mayor de edad domiciliada y
residente en el municipio de Sinc, Departamento de Sucre,
identificada con Cedula de Ciudadana No 64.867.671, de Sinc,
actuando como Registradora Municipal del Estado Civil del Municipio
de Sampues, departamento de Sucre y encontrndome dentro del trmino
procesal para hacerlo, respetuosamente, manifiesto a ese Honorable
Despacho Judicial que procedo a contestar la Accin de Tutela de la
referencia, en los siguientes trminos:
A LOS HECHOS
1. Es cierto, el accionante presento solicitud de revocatoria
del seor ROBERTO CARLOS HERNANDEZ ACUA, ante la el Consejo Nacional
Electoral. 2. Es Cierto, efectivamente el seor ROBERTO CARLOS
HERNANDEZ ACUA, fue avalado por el Partido Liberal como candidato a
la Alcalda por el municipio de Sampues, Sucre. 3. No me consta, el
accionando deber probar tal hecho.4. No me consta, pues es el Juez
Natural de los Candidatos inscritos el que debe determinar la
existencia de la doble militancia.5. No me consta, es el accionante
quien deber demostrar la violacin de los artculos 29 y 228 de la
Constitucin Poltica de Colombia. A LOS DERECHOS VULNERADOS.DERECHO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (Articulo 228 CN), la resolucin
emanada del Consejo Nacional Electoral en ningn momento vulnera el
Derecho enunciado por el accionante, toda vez que no se quebrant
ningn derecho sustancial, y los trminos legales fueron cumplidos,
tan es as que el tutelante interpuso los recursos y le fueron
resueltos conforme a la norma.
En relacin a lo anterior la Honorable Corte Constitucional en
relacin al derecho sustancia estableci lo siguiente: "Cuando el
artculo 228 de la Constitucin establece que en las actuaciones de
la Administracin de Justicia prevalecer el derecho sustancial, est
reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del
proceso, es la realizacin de los derechos consagrados en abstracto
por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solucin de los
conflictos de intereses. Es evidente que en relacin con la
realizacin de los derechos y la solucin de los conflictos, el
derecho procesal, y especficamente el proceso, es un medio."
Por ende, las normas procesales, aunque de orden pblico y de
obligatorio cumplimiento, son el medio para hacer efectivos los
derechos sustanciales y solucionar conflictos, entre particulares o
de stos con el Estado. Lo anterior, sin desconocer la importancia
que las formas propias de cada proceso tienen, pues su aplicacin
fue reconocida por el artculo 29 de la Constitucin.
As, partiendo del derecho de acceso a la administracin de
justicia y del principio de la prevalencia del derecho sustancial,
se presenta un "exceso ritual manifiesto cuando hay una renuencia
consciente de la verdad jurdica objetiva evidente en los hechos,
por extremo rigor en la aplicacin de las normas procesales", el
cual puede conllevar el quebrantamiento de derechos fundamentales
como el debido proceso y, dentro de l, la defensa, al igual que el
acceso a la administracin de justicia.
DERECHO AL DEBIDO PROCESO, todas la actuaciones que realizo el
Consejo Nacional Electoral estuvieron dentro del marco de lo
establecido en el artculo 29 de la Constitucin Poltica, la
resolucin que expidi el rgano competente, fue debidamente motivada,
el accionante presento los recursos dentro del tiempo, por lo cual
no existi vulneracin alguna de ese derecho.En relacin a lo anterior
la Honorable Corte Constitucional en relacin al derecho sustancia
estableci lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al
debido proceso como el conjunto de garantas previstas en el
ordenamiento jurdico, a travs de las cuales se busca la proteccin
del individuo incurso en una actuacin judicial o administrativa,
para que durante su trmite se respeten sus derechos y se logre la
aplicacin correcta de la justicia. Hacen parte de las garantas del
debido proceso: (i) El derecho a la jurisdiccin, que a su vez
conlleva los derechos al libre e igualitario acceso a los jueces y
autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarqua superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez
natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud
legal para ejercer jurisdiccin en determinado proceso o actuacin,
de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la divisin del trabajo establecida por la Constitucin y
la ley; (iii) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de
todos los medios legtimos y adecuados para ser odo y obtener una
decisin favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al
tiempo y a los medios adecuados para la preparacin de la defensa;
los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, a
la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de
todas las dems personas que intervienen en el proceso; (iv) el
derecho a un proceso pblico, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuacin no se vea
sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando
los servidores pblicos a los cuales confa la Constitucin la tarea
de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la
independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre debern decidir con fundamento en los hechos, conforme a los
imperativos del orden jurdico, sin designios anticipados ni
prevenciones, presiones o influencias ilcitas.
EN RELACION A LAS PETICIONES.PRIMERA, solicito seor magistrado
que no sea concedida, toda vez que el mecanismo de la accin de
tutela lo que persigue es la garanta de los derechos fundamentales,
y el actor lo que solicita es la nulidad de las resoluciones que
fueron adversas a sus intereses.
Ahora bien, para que un juez conceda esa peticin, se hace
necesario que el actor interponga un medio de control de nulidad o
de nulidad y restablecimiento del derecho, (solicitando una medida
cautelar), siendo este el mecanismo adecuado para tal fin.
SEGUNDA, solicito seor magistrado que no sea concedida, toda vez
que no existe vulneracin de los Derechos de acceso a la
administracin de Justicia y al debido proceso, el Consejo Nacional
electoral, fallo conforme a la norma.PETICION
Seor Magistrado: Con fundamento en los hechos relacionados, de
acuerdo con las Jurisprudencias citadas, y los planteamientos
expresados sobre la no violacin de los derechos A LA ADMINISTRACION
DE JUSTICIA y DEBIDO PROCESO, respetuosamente, considero que las
pretensiones de la presente accin de tutela NO ESTN LLAMADAS A
PROSPERAR, toda vez que se no desconoci los derechos Fundamentales
invocados como vulnerados por parte del accionante.
NOTIFICACIONES
Las recibir en la Secretara de su Honorable Despacho o en la
Calle 23 N 19 36, Sampus sucre, TEL (095)283 82 12, Corre
Electrnico, [email protected]
Del Honorable Magistrado,
MARIA DEL CARMEN ACOSTA NUEZRegistradora Municipal del Estado
CivilSampues - Sucre
Registradura Municipal de Sampus
Cll 23 N 19-36 Sampus sucreTEL.: Fax: (095)283 82 12
[email protected]
