Declaración Pública directiva CADe UC sobre movilización CON ANEXO

7/28/2019 Declaración Pública directiva CADe UC sobre movilización CON ANEXO

http://slidepdf.com/reader/full/declaracion-publica-directiva-cade-uc-sobre-movilizacion-con-anexo 1/9

1

Santiago, miércoles 10 de abril de 2013.

DECLARACIÓN PÚBLICA DIRECTIVA CADE UCSOBRE EL LLAMADO A PARALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN PARA EL 11 DE ABRIL DE 2013

Como directiva del Centro de Alumnos de Derecho, frente al llamado de la FEUC a adherir a la

paralización de actividades y movilización para este 11 de abril de 2013, declaramos:

I. RECHAZAMOS LA PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

Un “paro” debe ser entendido como la “decisión colectiva de no asistir a clases, tomada mediante

votación, por los estudiantes”. Es una acción voluntaria que sólo obliga en conciencia para aquellos que

votan. En este sentido, es necesario precisar que un alumno no puede obligar jurídicamente a otro a no

recibir el servicio que otorga la Universidad. Esto, sin perjuicio de que este alumno crea que moralmente

se deba respetar el paro al aceptar someter a votación tal curso de acción. Por otro lado, tampoco se

puede pretender paralizar toda la actividad de la Facultad por la decisión de un solo estamento, en este

caso los estudiantes, ya que los otros miembros de la comunidad no han tenido participación en estavotación.

Así entendido, el “paro” es un mecanismo de fuerte presión política. Sin embargo, hay que

considerar que acarrea evidentes efectos perjudiciales para aquellos que lo realizan, y por lo tanto, no

se debe preferir este curso de acción mientras existan otros tipos de mecanismos iguales de eficaces para

los fines que pretende. Es por esto que nos oponemos a la paralización de actividades, la que sólo podría

ser aceptable en circunstancias extraordinarias que creemos no se presentan actualmente.

Como directiva, así como rechazar el “paro”, nos hemos opuesto a la generalización de esta

medida en el Consejo FEUC, ya sea por las variadas concepciones de paralización que existen en los

distintos territorios -que muchas veces coartan la libertad de aquellos que legítimamente quieren asistir

a clases- como también porque creemos que el contexto no justifica adoptar una medida de tal

radicalidad. Siendo coherentes con ello, creemos que es posible movilizarse y aportar al MovimientoEstudiantil sin paralizar actividades.

II. APROBAMOS EL LLAMADO A MOVILIZACIÓN

1. ¿Cómo entender el llamado a movilización del jueves 11 de abril?

a. Concepto y valoración de movilización.

Respecto al concepto de la movilización, esta puede ser entendida de dos maneras:

i. Movilización en sentido amplio: Así entendida, movilización es todo conjunto de actividades de

presión a la autoridad, susceptibles de masificarse de tiempo en tiempo. Serían ejemplos de

movilización: paros, tomas, marchas, etc.

ii. Movilización en sentido estricto: Entendida tal como un acto particular por medio del cual un

grupo de ciudadanos manifiesta, por medios pacíficos y en conformidad a la ley, una petición a

la autoridad política en materia programática o legislativa. De este modo, movilización es

sinónimo de “marcha” y es una f orma institucionalmente reconocida de manifestación

ciudadana, expresión del derecho fundamental de reunión (art. 19 número 13 de la CPR).

En el caso que nos convoca, la moción respecto de la cual la FEUC nos ha llamado a manifestarnos

debe ser entendida en sentido estricto.



2

Hacemos una valoración positiva del concepto de movilización en su acepción restringida.

Concebimos ésta como una medida de presión legítima, ordenada a la finalidad directa de llamar la

atención de las autoridades pertinentes acerca de un tema contingente en la esfera de su competencia.

Por ejemplo, en este caso, no se pretende mejorar la educación directamente por medio de una marcha,

pero sí indirectamente por medio de los efectos políticos que se esperan de esta medida.

b. Circunstancias particulares que justifican el llamado a movilización para el11 de abril.

A nuestro juicio, corresponde mantener la atención centrada en la necesidad de una reforma

educacional, y en este sentido, las movilizaciones o marchas han demostrado –como fuimos testigos

durante el 2011– ser medios eficaces en la búsqueda de propuestas concretas tendientes a modificar el

estado de cosas en esta materia.

Ahora bien, corresponde precisar por qué encontramos necesario mantener este tema en la

discusión pública. Esto se da principalmente por los siguientes motivos:

i. Creemos que si bien han habido avances notorios que apuntan hacia un sistema de educación

superior más justo y equitativo, muchos de estos no son suficientes para propender a unareforma más profunda del mismo; incluso, en algunos casos, siguen apoyándose en premisas que

tienden hacia la segmentación y el endeudamiento. A modo de ejemplo, podemos señalar el

proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior o el proyecto de ley que

crea un nuevo sistema de financiamiento, los cuales, si bien constituyen avances, aún presentan

aspectos que fomentan las deficiencias señaladas. No obstante, un análisis más detallado de los

proyectos excede el propósito de esta declaración.

ii. Aún existen ciertos temas que no han sido abordados, o no se han tratado con suficiente

profundidad, y que son incluso más relevantes que los del párrafo anterior. El Movimiento

Estudiantil se ha puesto metas que van más allá de las demandas a la Educación Superior, y que

apuntan a una reforma integral del sistema educacional en todos sus niveles. Ejemplo de ello

son las demandas de aumentar la cobertura y calidad en educación parvularia, la modificación

de un sistema de financiamiento compartido que tiende a la segregación, el fortalecimiento de laeducación técnico-profesional y la masificación de programas de nivelación de estudios para

adultos, entre otras. Esto manifiesta una evolución del Movimiento Estudiantil desde sus inicios,

que ya no se conforma con demandas gremiales, sino que apunta a una reforma íntegra en pos

de mayor equidad y calidad.

iii. Este es un año de elecciones presidenciales y parlamentarias. El Movimiento Estudiantil busca

influir, evidenciando diagnósticos y proponiendo soluciones, en los programas de cada uno de

los candidatos. En un año de promesas, la Reforma a la Educación debe ser un tema primordial

para un país más justo y fraterno.

2. ¿Cómo NO entender el llamado a movilización del jueves 11 de abril?

a. Apoyar a la marcha es apoyar el petitorio de la Confech.

Es indudable que la Confech presenta numerosos aspectos perfectibles en cuanto a su

funcionamiento. Sin embargo, esto serviría de fundamento para no apoyar su acción si es que

comprendiéramos a la Confech como un organismo análogo a un partido político u otro ente de similar

naturaleza, esto es, como un grupo de personas que desde una visión particular de la sociedad actúan

colectivamente en pos de lo que consideran se adecúa al bien común. Dada su particular estructura, es

mucho más acertado comprender a la Confech como una institución que reúne y coordina a los

estudiantes universitarios de Chile, persiguiendo la finalidad de mostrar los problemas e incidir en la

opinión pública.



3

De este modo, creemos que es razonable apoyar a la Confech en cuanto organismo,

entendiendo que su rol no es esencialmente el de ofrecer soluciones, ni tampoco es el de reemplazar las

instituciones democráticas existentes. La utilidad que vemos en agrupaciones como la Confech, es

manifestar demandas que, a grandes rasgos, tienen como fundamento común la necesidad de impulsar

cambios en educación. Por lo mismo es que apoyar una movilización convocada por la Confech no se

traduce en apoyar necesariamente demandas como la nacionalización del Cobre o la preferencia por unaeducación estatal y laica -como las contempladas en ciertas versiones del petitorio o documentos de

síntesis- las cuales expuestas en tales términos son discutibles al ser vagas en cuanto a su precisión y

alcance.

b. Apoyar la marcha es apoyar la acusación constitucional en contra delministro Harald Beyer.

La movilización ha sido convocada para cumplir los fines antes descritos (ver I.2.), a grandes

rasgos, propender a una reforma al sistema educacional chileno. Es por esto que el énfasis de la marcha

no está ni ha querido estar en la acusación constitucional al ministro Harald Beyer.

Como directiva del CADe creemos, en vista al apoyo de esta movilización, que las reformas

necesarias van más allá de la gestión de uno u otro ministro, por lo que no es correcto, ni aún para los

fines del Movimiento Estudiantil centrar la discusión en este punto. (Respecto a la postura de la directiva

del CADe sobre la acusación, ver el anexo a esta declaración.)

c. CONCLUSIÓN.

Como hemos tratado de argumentar en esta declaración, y luego de una deliberación interna

como directiva, en vista de las circunstancias nacionales y los fines específicos que pretende esta

movilización, creemos que asistir a esta no solo es prudente, sino también coherente con ser estudiantes

con conciencia ciudadana y rol activo en las reformas que necesita nuestro país en búsqueda de una

justa igualdad de oportunidades.

Los invitamos a no quedarse en argumentos formales ni tampoco a caer en posturas sesgadas

que impiden el diálogo. El Movimiento Estudiantil debe ser entendido como un movimiento heterogéneo

y con matices, sin perjuicio de sustentarse en un ideal básico de reforma hacia un sistema educacional

menos desigual, de mayor calidad y más accesible. Es por esto que está en nuestras manos, mediante

propuestas concretas, evitar que este sea instrumentalizado por ideologías de ciertos grupos políticos,

alejándolo de su esencia.

Queremos enfatizar que la valoración positiva que hacemos de las marchas es “en principio”, en

tanto concurran las circunstancias y fines que justifiquen efectuar una acción política tan relevante como

esta. En este sentido jamás será una valoración incondicional.

Por último, y como hemos manifestado en otras instancias, creemos que no tiene sentido sumarse

al Movimiento Estudiantil si no es con una actitud propositiva, aportando nuevos diagnósticos o

soluciones. El rol del universitario no es ser pasivo o conformista, ya sea en el mantenimiento del statusquo o en la mera participación de un movimiento de masas sin criticidad alguna; por lo tanto, la invitación

a asistir a la marcha es también un llamado a inquietarse y aportar con soluciones originales desde

nuestras propias capacidades y talentos.

Directiva CADe UC



4

Santiago, miércoles 10 de abril de 2013.

ANEXO DECLARACIÓN PÚBLICA DIRECTIVA CADE

SOBRE ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MINISTRO H ARALD BEYER BURGOS

I. OBJETIVO DE LA DECLARACIÓN Y CUESTIONES PRELIMINARES

En la presente declaración pretendemos realizar un análisis jurídico-político de la acusación

constitucional en contra del ministro de Educación Harald Beyer B., y posteriormente manifestar nuestra

postura como directiva del Centro de Alumnos de Derecho. Como explicamos en la declaración principal,

esta acusación no es, ni ha buscado ser el motivo para la movilización; sin embargo, tanto por la

relevancia de este tema, como por la pertinencia de un comentario desde el Derecho, es que buscamos

aportar al debate con la presente. Mediante esta respondemos, asimismo, la “invitación” realizada a

través de una declaración pública por un grupo de delegados de nuestra Facultad y dirigentes de ciertos

movimientos de representación estudiantil de la Universidad.

En primer lugar, es necesario establecer que lo que corresponde determinar es si la acusaciónconstitucional es o no conforme a Derecho. Antes de resolver este punto, queremos enfatizar, por un

lado, que (1) nuestra postura es independiente a la consideración de las actitudes y negligencias de los

ministros de Educación anteriores al actual; (2) tampoco considera las motivaciones y oportunismos de

políticos de la Concentración de apoyar esta acusación sin realizar un mea culpa de su actuación anterior

y (3) del mismo modo, nos apartamos de los errores en aspectos formales que se han hallado en el libelo

de la acusación con posterioridad a su aprobación por la Cámara de Diputados. Es por lo anterior, que

reprochamos el actuar de la Concertación en esta acusación desde un punto de vista de prácticas

políticas.

Con esto queremos decir que lo relevante es el análisis jurídico estricto de la situación con el fin

de demostrar que si la acusación se sujeta o no a Derecho. Solo luego se podrá proceder a consideraciones

políticas propias de este mecanismo de control del Congreso.

En segundo lugar, creemos que para justificar una acusación constitucional se deben verificar

dos hechos: (1) la violación de un estándar jurídico, y (2) que esta violación es responsabilidad delministro. Solo demostrando la procedencia de la violación y la imputabilidad de la misma se puede

configurar la hipótesis del art. 52, numeral 2, letra b) de la Constitución Política de la República, respecto

de la circunstancia de haber “dejado las leyes sin ejecución”.

En tercer lugar, nos referiremos a los argumentos más razonables de la acusación presentada y

que conforman la esencia del asunto, puesto que algunos, como la infracción al principio de probidad,

creemos que cae en cuestiones accesorias y consideraciones injustas con el ministro.

II. ESTÁNDAR JURÍDICO. ¿TENÍA POTESTADES EL MINISTRO DE EDUCACIÓN?

a. Deberes y potestades del Ministro de Educación en cuanto parte de la Administración delEstado

En relación a los deberes y potestades del ministro por el solo hecho de ser parte de la

Administración del Estado, existen tres disposiciones a tomar en consideración: (1) la Ley OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (n° 18.575), (2) la Ley de Basesde los Procedimientos Administrativos (n°19.880) y (3) el Estatuto Administrativo.

i. La ley 18.575, aplicable a los Ministerios por mandato expreso de su artículo 1°, señala que

todo funcionario de la Administración debe obedecer las órdenes que les imparta el superior



5

jerárquico (art. 7°) y que las autoridades y funcionarios facultados para elaborar normas

deben velar por el cumplimiento y aplicación de estas (art. 11°).

ii. Luego, la ley n°19.880, aplicable a los Ministerios por mandato expreso de su artículo 2°,

señala dos principios que son fundamentales para estos efectos: el principio de celeridad, que

permite impulsar de oficio el procedimiento administrativo (artículo 7°) y el principio

compulsivo, que busca que la Administración dicte actos decisorios sobre la cuestión defondo (artículo 8°).

iii. Finalmente, el Estatuto Administrativo señala en su artículo 61 diversos deberes para todo

funcionario de la administración pública, pero para estos efectos vale destacar la letra k) que

indica como obligación de cada funcionario denunciar ante el Ministerio Público o a la

autoridad competente los delitos y/o hechos de carácter irregular.

b. Deberes y potestades del Ministro de Educación en cuanto tal

La Ley Orgánica del Ministerio de Educación (n°18.956), señala en su artículo 2° como

algunas de sus funciones: “estudiar y proponer las normas generales aplicables al sector y velar por sucumplimiento” (letra d) y también “fiscalizar las actividades de sus unidades dependientes” (letra f). Luego,

el artículo 8° de la mencionada ley dispone que “la División de educación superior es la unidad encargadade velar por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que regulan la educación superior enel ámbito de competencia del Ministerio...”.

De los dos artículos anteriores se desprende la facultad y deber que tiene el Ministerio de

fiscalizar esta unidad en cuanto al cumplimiento de las normas legales que expresamente regulan las

atribuciones y funcionamiento de esta División.

Por otro lado, el artículo 49 de la Ley sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de laCalidad de la educación superior (n°20.129) establece que corresponderá al Ministerio, a través de su

División de educación superior (“DIVESUP”), mantener un Sistema Nacional de Información de la

educación superior (“SIES”), que contenga antecedentes tendientes a lograr una amplia “transparencia

académica, administrativa y contable” de sus instituciones.

El artículo siguiente de esta misma ley establece que corresponderá a las instituciones de

educación superior proporcionar a la DIVESUP información relativa a la situación patrimonial y

financiera, un balance anual auditado y la individualización de sus socios y directivos.

Luego, en el artículo 64 del DFL n°2 del año 2009 se contempla la potestad del Ministerio de

Educación de cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una Universidad en

determinados casos, dentro de los cuales se contempla aquellos en que esta “no cumpla con sus objetivosestatutarios” (letra a) y aquellos en que se incurra en “infracciones graves a sus estatutos” (letra c).

Esta potestad fue materializada por medio del decreto n°17 del año 2013 del Ministerio de

Educación, en el cual la División Jurídica del mismo canceló la personalidad jurídica y revocó el

reconocimiento oficial a la Universidad del Mar1. De este modo, queda evidenciada –no sólo desde un

1 Este considerando señala lo siguiente: “Que, con fecha 26 de diciembre de 2012, en sesión extraordinaria citada

especialmente para efectos de resolver la solicitud de cancelación de la personalidad jurídica y la revocación del

reconocimiento oficial de la Universidad del Mar, el Consejo Nacional de Educación acuerda,, por unanimidad de susmiembros presentes, informar favorablemente a esta Cartera de Estado respecto de dicha solicitud, por cuanto se

habría acreditado la configuración de las causales dispuestas en las letras a) y c) del artículo 64 del Decreto con

Fuerza de Ley n°2, de 2009, del Ministerio de Educación. Asimismo, el Consejo, al adoptar su acuerdo, estimó que lasistemática y reiterada infracción al ordenamiento jurídico en que ha incurrido la casa de estudios permitiría

configurar adicionalmente la causal contemplada en la letra b) del art. 64 del Decreto con Fuerza de Ley N°2, 2009,

del Ministerio de Educación, esto es, realización de actividades contrarias al orden público;”.



6

punto de vista normativo sino también en los hechos– la posibilidad de concretar esta facultad otorgada

al Ministerio.2

Finalmente, cabe destacar para estos efectos el deber de denuncia obligatoria al cual están

sujetos todos los “ fiscales y demás empleados públicos” respecto de “los delitos de que tomarenconocimiento en el ejercicio de sus funciones” contemplado en el artículo 175 del Código Procesal Penal.

De este modo, en razón de las disposiciones legales que hemos señalado en este punto, se

desprende que el Ministerio de Educación posee deberes y facultades en esta materia, tanto como

órgano de la administración pública, como por su propia naturaleza. Estas potestades están expresadas

de modo general, lo que puede generar el problema de determinar la extensión de su aplicabilidad, pero

no permite decir que tales potestades no existen.

III. RESPONSABILIDAD DEL MINISTRO. ¿OCUPÓ LA DEBIDA DILIGENCIA?

A continuación, enumeraremos ciertas conductas llevadas a cabo por el ministro de Educación o

por funcionarios u organismos de su dependencia que, a nuestro juicio, califican como omisiones a losdeberes o al ejercicio de las potestades señaladas en el numeral anterior.

a. Primera denuncia de académicos de la Universidad de Chile

Una de las denuncias que se informó al Ministro sobre la extracción ilegal de excedentes desde

las corporaciones de educación superior, fue la realizada por tres académicos y abogados de la

Universidad de Chile el 2 de septiembre de 2011. En esta se solicitaba fiscalizar el cumplimiento que la

ley exige a las Universidades Privadas; solicitar recopilación de documentación financiera y contable y

se presentaban, a la vez, antecedentes de hecho que darían cuenta de decisiones “de inversión” basadas

en la ganancia y el lucro3.

Esta denuncia obtuvo respuesta del ministro Beyer (habiendo asumido en diciembre del 2011)

el día 18 de junio de 2012, habiendo transcurridos diez meses desde la primera presentación. Esto

permite invocar una falta a la debida prontitud en la denuncia de todo hecho de carácter irregular que

ordena el Estatuto Administrativo en su artículo 61 letra k). Por lo demás, el ministro señaló que el

requerimiento que estos académicos realizaban correspondía a un “cuestionamiento global al sistema deeducación superior ” y que no contenía la “denuncia de hechos concretos y formales en contra de una o másUniversidades en particular ”, lo cual no le permitiría iniciar un procedimiento de investigación a la luz de

lo contemplado en el artículo 64 del DFL 2-2009.

Esta respuesta resulta particularmente cuestionable, cuando el mismo SIES, organismo de su

dependencia, había presentado información que acreditaba que la mayor parte de las Universidades

privadas lograron altas utilidades que aparecían como no reinvertidas en la institución.4 A mayor

2 Sin ir más lejos, el mismo Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, señaló en la sesión del 14 de

diciembre de 2012 de la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior , que “la fiscalización que puede hacer una división de educación superior, en el contexto de las sanas y potentes normas quetiene, necesariamente le alcanzan de acuerdo con la determinación norm ativa y regulatoria que tiene.” (el énfasis es

nuestro).3 Con lo cual se configuraría la causal contemplada en la letra c) del artículo 64 del DFL 2-2009, disposición que el

Ministro Beyer citaría meses más tarde para iniciar a la auditoría de la Universidad del Mar y eventualmente decretar

el cierre de la misma. 4 En este sentido, el numeral 5 de la solicitud que formularon 49 diputados el 6 de julio de 2011 para la creación de

la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la educación superior , señala que “De acuerdo al Servicio deInformación de la educación superior (SIES), 58 de las 62 universidades arrojaron utilidades el año 2009 por $ 84.165 millones. Sumando los institutos profesionales y centros de formación técnica, el mercado de la educación superior

generó ese mismo año ganancias por $108.800 millones. Solamente entre el INACAP y la Universidad Andrés Bellorecaudaron $ 31.852 millones. Cifras que superan con creces los márgenes operacional es de otros agentes del mercado”

(el énfasis es nuestro).



7

abundamiento, dicha respuesta no se pronunció respecto del fondo, por lo que contraviene el

“principio conclusivo” de la Ley de Bases de los Procedimientos Administrativos.

Aun sosteniendo que estas circunstancias no fueren, para el ministro, constitutivas de delito, y

por lo tanto no calificasen dentro de la causal de denuncia obligatoria contemplada en el artículo 175 del

Código Procesal Penal, si al menos constituyen hechos irregulares meritorios de ser informados a la

autoridad competente (nuevamente, en virtud de la letra k del artículo 61 del Estatuto Administrativo).

b. La situación de la DIVESUP y el SIES

En el informe emanado de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la educación

superior de junio de 2012 se señala como un antecedente bastante preocupante que dicha comisión nopudo tener acceso a toda la información requerida, y además indica que el SIES “no pudo entregar la

información solicitada por esta comisión en razón a que no disponía de ella, a pesar que la ley así loestablece.” Antecedentes tales como los indicadores financieros de las Universidades privadas no se

encontraban en las páginas del SIES y solo se tuvo acceso a ellos una vez que las mismas entidades los

presentaran tras haberse oficiado al Ministerio de Educación.

Entendiendo a la administración del Estado como un cuerpo organizado y jerarquizado, y que

los funcionarios deben “obedecer las órdenes que les imparta el superior jerárquico” (art. 7° ley 18.575),

es que corresponde imputársele responsabilidad al ministro de Educación por la inobservancia de laley en la que ha incurrido la DIVESUP, al ser esta última una entidad dependiente del primero.

Esto, por cuanto la División contempla dentro de sus atribuciones la de recopilar balances

contables y demás información financiera respecto de las instituciones que son objeto de su control, lo

que le impone un deber al ministro de fiscalizar que esta información esté en manos de la División y, por

consiguiente, que se haga pública a través del SIES.

De este modo, ha habido una grave falta al deber de parte del ministro, porque esta información

que debiese estar a disposición por los distintos medios, no existe o bien no se ha transparentado

como corresponde.

c. Hechos públicos y notorios: Situación del Consejo Asesor Presidencial para laeducación superior

Durante el gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet, se conformó un Consejo Asesor

Presidencial que asesoraría al Ejecutivo en materia de calidad de la educación. El actual ministro Beyer

formó parte de este Consejo en su calidad de investigador y director del Centro de Estudios Públicos.

En el informe final de este Consejo, se señala que “los Consejeros, en conjunto, plantearon lanecesidad de perfeccionar la legislación, de manera que esta no pueda ser fácilmente burlada, por ejemplo,vía transferencia de costos a terceros para aparentar utilidades reducidas” 5 . De esta consideración se

desprende que ya a esa fecha las autoridades estaban en conocimiento de la existencia de instituciones

de educación superior que lucraban, e incluso del mecanismo con el que estas suelen traspasar

utilidades6.

De las conclusiones del informe de este Consejo, así como también del informe de la Comisión

Investigadora sobre el Funcionamiento de la educación superior, se desprende la existencia de hechospúblicos y notorios que configuran prácticas en virtud de las cuales las Universidades no estarían

5 Informe final del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, p. 243. Diciembre 20066 Sobre el mismo punto, en la página 245 del mismo informe se señala perentoriamente que “hay evidencia de queinstituciones privadas organizadas como personas jurídicas sin fines de lucro, distribuyen excedentes entre suscontroladores, habitualmente mediante mecanismos indirectos, como v.gr. la existencia de sociedades inmobiliariascuya propiedad pertenece, al mismo tiempo, a quienes controlan la institución universitaria.” (el énfasis es nuestro).



8

cumpliendo con las exigencias legales. Del mismo modo, se desprende que el actual ministro de

Educación ha tenido conocimiento de estas prácticas, lo que se ha manifestado incluso antes de asumir

esta cartera.

Por lo demás, sostenemos que el ministro Beyer estaba en perfecto conocimiento de losdeberes y potestades que las distintas disposiciones legales que hemos citado en este documento le

conceden. Si es que el ministro ha señalado por un lado que no tiene facultades suficientes para fiscalizar,¿cómo es que inició una investigación y auditoría respecto de la Universidad del Mar?

La respuesta que suele hacerse a esta pregunta es que el ministro actuó motivado por la

investigación que ya había iniciado el Ministerio Público respecto de la misma situación. Sin embargo, en

razón de las diversas denuncias de las cuales tenía conocimiento -por muy vagas o imprecisas que

pudiesen ser- podemos sostener que estaba al tanto, al menos, de ciertos hechos irregulares en el

funcionamiento de la Universidad del Mar y de otras Universidades privadas, los cuales debía poner a

disposición de la autoridad competente.

IV. CONCLUSIONES

a. Consideraciones jurídicas

Hemos demostrado con la exposición de los principales argumentos, tanto de hecho como de

Derecho, que el ministro consta de facultades para fiscalizar y que ha actuado negligentemente al no

iniciar investigaciones ni efectuar sanciones cuando existen, incluso, hechos públicos y notorios de que

ha habido irregularidades en las instituciones de educación superior.

Demostrado esto, sí se cumple el requisito establecido en la Constitución para efectuar una

acusación constitucional: dejar sin ejecución las leyes, entendida esta inejecución como aquella que se

produce “tanto cuando no se actúa como se debe, como cuando se deja de actuar estando obligado ahacerlo.” 7

b. Consideraciones políticas

La acusación constitucional es un mecanismo de justicia política. Como tal, y heredera del

“impeachement” norteamericano, es un “ instituto de garantía de la Constitución que hace efectivo el principio de responsabilidad constitucional de servidores públicos” 8. Esta responsabilidad, es jurídico-

política, por lo tanto, para hacerla valer se tienen que considerar los presupuestos jurídicos que establece

la Constitución, pero luego, por su naturaleza política se puede interpretar de manera más laxa para

determinar si se debe privar al funcionario o gobernante del poder. Interpretación que según nuestro

ordenamiento jurídico le corresponde al Senado de la República.

En este sentido es política, en tanto lo que debe determinar el Senado es si, incluso cumpliendo

los presupuestos jurídicos de la acusación, cabe o no la destitución y las sanciones políticas que se

derivan, para hacer efectiva su responsabilidad constitucional. Su propósito no es el castigo del

funcionario, sino como dice José Story, es “la protección de los intereses públicos contra el (... ) descuido del deber o conducta incompatible con la dignidad del cargo" 9. No es en absoluto “político” como lo ha

entendido parte de la opinión pública, en donde priman declaraciones de forma y peleas internas, y que

poco colabora en su fin, que es la protección de los intereses públicos.

Por otro lado, la defensa del ministro Beyer ha insistido en su idoneidad para el cargo, en su

trayectoria de excelencia académica y técnica, y de los logros que ha obtenido durante su breve período

como ministro. Asimismo, se ha enfatizado que los ministros anteriores no hicieron lo suficiente teniendo

7 Silva, A. (2000) Tratado de Derecho Constitucional Tomo IV: Congreso Nacional. Editorial Jurídica de Chile. p.151 8 Zuñiga, F. (2006) Responsabilidad constitucional del gobierno. Revista Ius et Praxis. p.12 9 Ibidem.



9

las mismas facultades, por lo que no corresponde que el actual se haga responsable de negligencias

anteriores o que sea juzgado con un criterio más exigente. Sin embargo, hoy no se pone en duda lascapacidades intelectuales del ministro, o si es que los ministros anteriores hicieron o no hicieron lo

que les correspondía, sino que lo que interesa es determinar si existieron causales para que el actual

ministro sea removido del cargo y si corresponde hacerlo en vista de los intereses públicos. Aún si este

fuera el mejor ministro de educación que hemos tenido en años, lo relevante son los presupuestos

jurídicos y el futuro de la educación de nuestro país.

En este sentido, creemos que es razonable apoyar la acusación, ya que está en juego el nivel de

exigencia que se le va a exigir a un ministro de Estado, considerando sobre todo que, tras las negligencias

manifiestas, se afecta al sistema educacional en su conjunto. Esta misma exigencia es la que se exige

indirectamente a los establecimientos educacionales y a las instituciones que deben velar por que

aquellos cumplan los mandatos legales. Por lo dicho y asumiendo una mirada a largo plazo y de bien

común, interesa subir el estándar de comportamiento de un ministro de Educación.

Por último, creemos que una acusación de este tipo permite sincerar el actual estado de lascosas en materia educacional; ya que en la eventualidad de que esta acusación fije un precedente en

investigaciones y sanciones a universidades que hoy en día estén lucrando ilegítimamente, los distintos

actores sociales estarán obligados a entablar un diálogo serio respecto del rol que venían cumpliendo

dichos establecimientos.

c. Conclusión

Hemos expuesto argumentos de hecho y de Derecho que, desde una perspectiva jurídica

permiten sustentar la viabilidad de esta acusación constitucional, al demostrar que hubo una violación

del estándar jurídico y que efectivamente esa violación fue responsabilidad del ministro. Sin embargo,

estas razones no son suficientes a la hora de justificar la acusación, ya que por su naturaleza –política–

se busca hacer valer la responsabilidad constitucional y con ello la protección de intereses públicos. En

vista de lo último, también creemos que la acusación corresponde en aras a elevar el estándar de

comportamiento de un ministro de Educación, cuando está en juego el normal funcionamiento de las

instituciones educacionales en el país.

Por medio de esta posición, hemos intentado abarcar el fondo del asunto, por una parte,

prescindiendo de las reprochables prácticas políticas que hemos visto en el Congreso en las últimas

semanas y errores de forma de la misma acusación; y por otra, buscando ser un real aporte al debate,

ya que el peor favor que podemos hacer como estudiantes, si tenemos una actitud crítica y propositiva

ante la sociedad, es meramente reproducir los contenidos de prensa o de vaga opinión pública.

Es por todo lo anterior, que en los mismos términos de la declaración que nos emplazaba a

pronunciarnos, esto “no es si gusta o no la decisión; es si se cumple o no la ley”. Por lo tanto, esto no se

trata, de nuestra consideración personal del ministro, sino del incumplimiento de la ley y las

consecuencias de este hecho para el sistema educacional.

Por último, esperamos no caer en una política de declaraciones y emplazamientos públicos sin

antes ocupar los espacios formales de participación, como lo es el Consejo de Delegados; espacios a través

de los cuales podamos efectuar un diálogo amplio y sincero en donde manifestemos nuestras diferencias.

Asimismo, debemos insistir en que si bien este es un tema de alta relevancia -y es por esto que realizamos

esta declaración- el tema que debiera centrar la discusión respecto al Movimiento Estudiantil, son sus

demandas, las críticas a ellas y las propuestas que desde nuestra disciplina presentemos frente a los

desafíos del Chile contemporáneo.

Directiva CADe UC

Documents

Declaración Pública directiva CADe UC sobre movilización CON ANEXO