DENUNCIA DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA.-

Omar Arnaldo DUCLOS, diputado nacional, por mi propio derecho, constituyendo domicilio en Av. Rivadavia Nº 1864 de esta ciudad (Edificio Anexo de la H. Cámara de Diputados de la Nación), 9º piso, despacho 946, me presento respetuosamente ante VV.EE. y digo:

Que en los términos de los artículos 174, 175 y 176 del C.P.P.N., vengo a formular denuncia penal de los hechos que a continuación se describen.

La recientemente sancionada Ley Nº 27.126, originada en un proyecto remitido por el P.E.N., dispuso diversas reformas en el Sistema de Inteligencia Nacional, entre las que destaca principalmente el reemplazo de la S.I. por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Esta norma fue promulgada por el Decreto 337/15 y conforme lo establecido en la propia ley (art. 20), entró en vigencia el 5 de marzo pasado al ser publicada en el Boletín Oficial el mismo día de su promulgación.

En lo que aquí interesa, y en consonancia con las finalidades pregonadas al impulsar la sanción de la ley, el art. 25, primer párrafo, de la norma, establece:

“Se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la Agencia Federal de Inteligencia estableciendo criterios de transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas” (el resaltado me pertenece).

Ahora bien, contrariamente a lo normado en el precepto citado, el organismo de inteligencia habría formalizado recientemente distintas incorporaciones de personal, desconociendo palmariamente la citada manda legal. En concreto, contrariamente a los criterios indicados por el legislador -la profunda reformulación del proceso de ingreso de personal y la transparencia-, las nuevas autoridades designadas por el P.E.N. habrían aprobado el ingreso de una serie de personas, cuyo rasgo distintivo es el militar en agrupaciones políticas afines al Gobierno Nacional o haber sido funcionarios o asesores de aquél.

La información sobre estas contrataciones ha sido publicada en la última edición de la revista “Noticias”, que contienen un listado de ciento treinta y ocho (138) agentes que se habrían sumado a la nueva gestión de la S.I., indicando su filiación política o antecedentes inmediatos como funcionarios del Gobierno nacional.

Cabe mencionar que la Secretaría de Inteligencia intimó a dicha revista para que no realizara la referida publicación, bajo apercibimiento de iniciar acciones legales en su contra, por indicación del propio titular del organismo, Oscar PARRILLI.

En síntesis, según revela la citada publicación, los nuevos integrantes del organismo serían en su mayoríajóvenes de entre veinte y veinticinco años de edad, sin título universitario, ni antecedentes laborales y en algunos casos, sin título secundario.

Algunos de los casos revelados por la revista son los siguientes:

- Luis RodolfoTailhade, concejal en el Municipio de Malvinas Argentinas y referente de la agrupación política “La Cámpora”; oriundo de Mercedes y cercano al nuevo Secretario General de la Presidencia,Eduardo “Wado” DE PEDRO.

- FlabioyLeonardo Riquelme (son padre e hijo), quienes pertenecen alentorno de mayor confianza del actual Secretario PARRILLI.

- Susana Baum, exsecretaria administrativa de la Secretaría General de la Presidencia.

- Alicia Alonso, exdirectora de Programas de Gobierno de la mencionada Secretaría y al igual que la anterior, cercana al actual titular del organismo de inteligencia.

- Walter José Moreira, quien trabajó para PARRILLI en la Secretaría General de la Presidencia.

- Julián Elías Fretes, también ex empleado de la Secretaría General de la Presidencia, a la que ingresó en marzo de 2014.

- Josefina Kelly, quien se desempeñó en laSubsecretaría de Relaciones con el Poder Legislativoy en laDirección Nacional de Fiscalización de Desarmaderos; íntima amiga de la esposa deEduardo “Wado” DE PEDRO y militante de “La Cámpora”.

- Esteban Orestes Carella, quien ingresó en 2012 a Télam como Gerente de Asuntos Legales y posteriormente fue Gerente General de esa agencia; también militante de “La Cámpora”.

- Jose Maria Olazagasti, hombre de confianza Julio DEVIDO y con un activo rol enMinisterio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. A su vez, habría tenido un papel preponderante enlas relaciones comerciales con Venezuelay según la investigación del denominado “Valijagate”, fue quien destrabó el ingreso al país deGuido Antonini Wilson.

- Irina Villalon, militante kirchnerista.

- Lucas Albornoz, también con militancia política kirchnerista.

-Sacha Pujo, ex secretario privado deCarlos ZANNINI.

- Bruno Leandro Kruger, quien trabajaba en la Secretaria General de la Presidencia desde febrero de 2014.

- Marcelo Kaspar,militante de “La Cámpora” muy cercano aJosé OTTAVIS.

- Gastón Menvielle, representante de “Pejoteros”, la red oficial del PJ de la Provincia de Buenos Aires.

- Agustín Pinillos, integrante de “Los irrompibles” (cuyo referente es Leopoldo MOREAU) y miembro de la Defensoría del Publico de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación desde 2014.

- José Gabriel Pollola Barón, quien trabajaba desde 2006 en la Secretaria General de la Presidencia.

- PatriciaMariana Ponce de León, quien fuecandidata a diputadaen 2011.

- José María Ricchini, quien se desempeñó como Director en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanosdesde 2013.

- Juan Arturo Siegenthaler, ex DirectorGeneral de Administración en Presidencia de la Nacióndesde 2004.

- Juan SebastiánStrada, quien se desempeñó como director suplente de ARSAT desde 2013, habiendo ingresado en 2012 a la Subsecretaria Legal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

En orden a la significación penal del comportamiento señalado, que en principio se atribuye al Sr. Oscar PARRILLI, como titular del organismo de inteligencia, entiendo que el mismo encuadra en el delito de “abuso de autoridad”, previsto en el art. 248 del C.P..

En concreto, esta figura, que está dirigida a resguardar la constitucionalidad y la legalidad de la actividad funcional pública prevé las siguientes conductas alternativas:Resolver u ordenar en contra de lo que dispone la Constitución Nacional o local, o la ley aplicable; ejecutar resoluciones inconstitucionales o ilegales; y no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumbiere al funcionario[1].

En concreto, en el caso denunciado, se aprecia que el actual Secretario de Inteligencia ha ordenado la contratación de personal contrariando disposiciones expresas de la Ley 27.126, que se encuentra vigente desde el 5 de marzo pasado.

Ello así, toda vez que esta norma, en su artículo 25, primer párrafo, prescribe que:

“Se deberá instrumentar una profunda reformulación del proceso de ingreso de personal a la Agencia Federal de Inteligencia estableciendo criterios de

transparencia en el marco del Plan Nacional de Inteligencia y las necesidades operativas”.

Por el contrario, a diferencia de lo que establece esta manda legal, la realidad es que no se ha aplicado reformulación alguna en el proceso de ingreso, ni respetado mínimamente el principio de transparencia.

En suma, conforme los antecedentes de las personas contratadas, surge claramente que el criterio de incorporación no ha sido otro que la militancia política, el haber desempeñado cargos públicos bajo esta gestión de gobierno o la relación de confianza con autoridades del P.E.N..

I. Petitorio

Por las razones expuestas, a VV.EE. solicito que remitan la presente denuncia al Juzgado Federal que por sorteo resulte desinsaculado.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.