Año 1 Edición N° 3

En abril de 2009, estando de paso por Santiago de Chile, advertí la relevancia que ladiscusión sobre la transparencia en los actos de gobierno y el acceso a la información públicahabían tomado en Chile, a partir del – por entonces - nuevo marco normativo. A pesar de serla publicidad de los actos de gobierno una de las características del sistema republicano, yhabiéndose escrito innumerables trabajos que no hacen más que mantener en el tapete eltema, pareciera que en nuestro país no hemos logrado alcanzar aquél ideal de gestión conóptima accesibilidad a datos referentes al manejo de la “ ”, tanto como ha sucedidotras la Cordillera.

El tema, por demás espinoso, fue abordado en el vecino país desde una norma con aristasinteresantes. Así, el art. 3° de la ley 20.285, establece que “

”. Sin lugar a dudas, estoconfigura una pauta interpretativa para el resto de la norma. Esta disposición es consonantecon el Pacto de San José de Costa Rica, que ampara el derecho de las personas a recibirinformación y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la personapueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentadacuando, por algún motivo permitido, el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el casoconcreto.

La creac ión en la re fer ida ley de l Conse jo para la Transparenc ia(http://www.consejotransparencia.cl/) es otro rasgo distintivo del ordenamiento chileno quecomentamos. Dicho órgano estatal ha llegado tan lejos con sus procedimientos es pos de latransparencia republicana, que los mismos han sido materia de tratamiento por el mismísimoTribunal Constitucional trasandino. En 2011, el Subsecretario del Interior, Rodrigo UbillaMackenney, solicitó al referido Tribunal la declaración de inaplicabilidad porinconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 5° de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a laInformación Pública, en la parte que dispone que es pública “

”.

La actividad del Consejo dio pie a dicho reclamo de ilegalidad deducido por la Subsecretaríade Interior en contra del Consejo para la Transparencia, seguido ante la Corte deApelaciones de Santiago. Por él se impugnó la decisión del Consejo para la Transparenciaque ordenó entregar el contenido de correos electrónicos institucionales entre elSubsecretario y el Gobernador Provincial de Melipilla.

El Tribunal Constitucional trasandino ha dicho en su sentencia del 11 de septiembre de 2012,que resulta inaplicable por inconstitucional el inciso 2º del Art. 5º de la Ley Nº 20.285, sobreAcceso a la Información Pública, que en su artículo primero contiene la Ley deTransparencia, disposición que señala que es pública “

”. ¿Las razones? Para el Tribunal, los correoselectrónicos se enmarcan perfectamente dentro de la expresión “

” que utiliza el artículo 19 N° 5° de la Constitución chilena.

res publica

La función pública se ejerce contransparencia, de modo que permita y promueva el conocimiento de los procedimientos,contenidos y decisiones que se adopten en ejercicio de ella

toda otra información que obreen poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha decreación, origen, clasificación o procesamiento

toda información que obre en poderde los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación,origen, clasificación o procesamiento

comunicaciones ydocumentos privados

AVANCES EN MATERIA DE ACCESO A LAINFORMACIÓN PÚBLICA: EL CASO CHILENO

Página 1

Estos son comunicaciones, que se transmiten por canales cerrados, no por canalesabiertos, y tienen emisores y destinatarios acotados. Por lo mismo, hay una expectativarazonable de que están a cubierto de injerencias y del conocimiento de terceros. Ennada obsta a lo anterior el que no sea muy dificultoso interceptarlos o abrirlos. Nada mássimple que abrir una carta. Pero desde hace doscientos años, nuestras constitucioneshan procurado precaver esa invasión.

El precedente resulta relevante por la especial protección que se le brinda a lacomunicación electrónica, pero mucho más lo es si tenemos en cuenta que el debate segeneró a partir del “ ” del Consejo para la Transparencia. Que un órgano comoel Consejo haya llegado a ese umbral, y que hayan osado preguntarse nuestros vecinostrasandinos si el intercambio de emails, aún cuando sean desde y hacia casillasoficiales, pueda ser publicitado, no deja de llamar la atención para quienes vivimos deeste lado de la Cordillera, donde a veces se remarca como avance que algunosfuncionarios publiciten sus declaraciones juradas de bienes.

activismo

Página 2

Martín J. Acevedo MiñoAbogado. Profesor de Derecho

Constitucional.Convencional Constituyente (MC)

Personalmente nunca creí que pudiera superarse un proceso de desintegración y decolonización de la justicia como que el sufrimos los argentinos en los años '90; hastaahora…, en donde bajo la mascarada de una “democratización” de la justicia –término impunemente malversado –, solo se pretende conciliarla o “legitimarla” – otragrosera malversación - con y a través de la política.

Ha sido justamente el sueño presidencial permanente de contar con un Poder Judicialadicto lo que “enfermó” el sistema de selección de jueces y lo que llevó a que todos losactores involucrados en el mismo banalizaran su trascendencia institucional.

Poco a poco el Poder Ejecutivo comenzó a abusar de designaciones que se alejabande la excelencia académica, profesional, o aún del exigido compromiso social con laciudadanía, para recompensar – por el contrario - otros valores que tenían que vercon una previamente testeada “lealtad” incondicional al poder que los designó. Por suparte, el Senado “flexibilizó” todo control y evaluación de méritos e idoneidad de lospropuestos por el Presidente, otorgando el Acuerdo por meras convenienciaspolíticas. Como consecuencia, se obtenía un Juez bien agradecido.

Durante la década del '90, aquello que fue descripto como la “enfermedad” delsistema, signó la vida institucional del país. Fue tal la obscenidad desplegada desdelas más altas esferas del poder en su objetivo de crear una justicia adicta que repugnóa la sociedad en su conjunto.

La influencia política fue notoria, y el resultado, harto conocido por todos: se produjouna partidización de la Justicia, que no reflejaba ninguna garantía de independencia,ni estaba al servicio de los ciudadanos. Basta recordar a jueces como Liporaci,Branca, Urso, Oyarbide, Canicoba Corral, Bagnasco, Literas (los jueces de la“servilleta”), Trovato (el Juez del “ropero”), Nazareno, Cavagna Martínez, Moliné o'Connor, Guillermo López, Adolfo Vázquez (la “mayoría automática” de la Cortemenemista).

Frente a tal realidad no solo se desacreditó la Justicia, sino también el procedimientode designación de los jueces que consistía en que el Presidente propusiera uncandidato al Senado para que éste le prestara su Acuerdo para la designación. Laexperiencia menemista restó confianza en los poderes de turno y en la posibilidad deuna designación de jueces verdaderamente independientes, temiendo que sevolviera a abusar del afán de contar con una justicia hecha a medida.

Nobleza obliga: ha habido honrosas excepciones de Presidentes que han sabidoutilizar esa herramienta con responsabilidad, como de jueces que se han desenvueltocon la más absoluta independencia de criterio en el ejercicio de su magistratura. Deaquellos se destacan Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, ya que sus Cortes Supremasreunieron a los mejores hombres de derecho entre sus contemporáneos.

La era de la servilleta:

LA “SERVILLETA” DE CRISTINA

Página 3

Justicia modelo 2013:

El Poder quiere sus jueces; y asistimos a la segunda vez que el kirchnerismo avanzasobre el Consejo de la Magistratura para la conformación de una justicia adicta, solo queesta vez lo hace importando todos los vicios del menemismo: ahora será el partidopolítico mayoritario, a través de sus candidatos al Consejo de la Magistratura, quienesrealizarán la evaluación de idoneidad de los aspirantes a jueces.

Irónico, si se entiende que justamente la Justicia es el último recurso de las minorías.Desaparecerá todo límite al poder.Las ternas que emite el Consejo de la Magistratura luego de un concurso público decapacidades y aptitudes, y que importan un condicionamiento a la discrecionalidad delPresidente, serán confeccionadas por un solo partido político – el del Presidente - yconstituirán un mero límite formal o decorativo.Los jueces se designarán desde Olivos.No sería de asombrar que el resultado final sea una casta de jueces genuflexos,reeditando a los Trovato, Oyarbide, Nazareno y demás.Será la “servilleta” de Cristina.

Página 4

Alejandro CanepaAbogado.

Secretario Legal y AdministrativoMunicipalidad de Paraná 2007/2011.

En los '90, el discurso político oficial del peronismo privatizador llamaba a desdeñar elpasado, con un nivel de inmediatismo que dio lugar a escandalosos procesos detransferencias de los activos públicos, endeudamiento y desmantelamiento de lascapacidades estatales. La mera defensa del Estado y del concepto práctico de lapolítica como instancia de defensa de los intereses generales frente al criteriomercantilista del puro beneficio, fue tachado de estatista y retrógrada.

En la última década, el discurso oficial del peronismo viró en cambio –y sin que nadiese ruborizase- hacia la entronización de aquel pasado estatista, con continuasreferencias a lo público y a la revalorización de la política, con aplicaciones concretasen término de estatizaciones y re-estatizaciones, como la televisación del fútbol oAerolíneasArgentinas.

Quienes vivimos nuestra adolescencia y primera juventud cuestionando el gobiernoperonista de Menem desde posiciones emparentadas con la social democracia,hemos debido reflexionar en torno a la cuestión semántica, sobre los conceptosutilizados por la misma fuerza política que la década anterior nos corría por derecha.

La cuestión central no obstante está lejos de una discusión sobre el significado de lostérminos, que podría ser interesante, e incluso invita a la reflexión sobre la naturalezadel poder, que también es “ ”.

La cuestión central está dada por el significado social de una determinada política,como puede ser el caso de una estatización (o privatización) y sobre la realidadconcreta de una acción de gobierno.

En Argentina, la debilidad del Estado ya no puede achacarse a una cada vez máslejana década neoliberal y, en todo caso, el consignismo básico de una pretendidaizquierda se da de bruces con una realidad social que sólo es positiva si se la comparacon el momento del estallido de la convertibilidad (que diera a luz el mismoperonismo, cabe recordarlo).

En efecto, la inversión de los dineros públicos ha resultado ineficiente para distribuir lariqueza en dirección a una sociedad más igualitaria.

Tal ineficiencia está ligada, en buena medida, a la sombra de la corrupción estructural,mecanismo perverso cuya denuncia no puede ser relegada al lugar de la moralina.La denuncia de la corrupción presenta siempre el riesgo de la deriva hacia el discursode la antipolítica, apelando al fastidio de la gente (más que al ciudadano) contra lospolíticos.

Allí suele aparecer el político que no parece político, sin que algo permita suponer queéste cuente con mayores antídotos éticos que aquél.

que las cosas quieran decir lo que yo quiero

LA CORRUPCIÓN COMO PRIVATIZACIÓN DEL ESTADO

Página 5

Pensamos que el enorme desafío de la lucha contra corrupción se inscribe en larecuperación del Estado, en la necesaria revalorización de lo público, en el interésgeneral al que no se sirve por el mero enfrentamiento a determinadas representacionescorporativas.

No se debe perder de vista que la cooptación facciosa del Estado no representa unaalternativa deseable a la corporativa. En todo caso, se trata de intereses particulares, yexiste la realidad de decisiones tomadas al margen de criterios razonables fundados enel bien común. Decisiones públicas cuya razón es el beneficio de los que mandan, esdecir, decisiones públicas privatizadas.

Todo ello tiene el enorme fin práctico de que los ciudadanos contemos con unaherramienta adecuada para el desarrollo y la igualdad social: un Estado presente nosólo en carteles que digan “ ” sino en capacidad de acción yregulación.

Nos esforzamos en mostrar la utilidad de la honradez administrativa. Pero existe unadimensión no utilitaria, aunque suene a pretensión naif, que es la aspiración a vivir enuna sociedad donde la política adquiera una dimensión ética que ha estadofundamentalmente ausente en los últimos veinticuatro años.

aquí también crece la nación

Página 6

Ramiro PereiraAbogado.

Ex secretario Convención Nacional de laUnión Cívica Radical;

miembro del Instituto Moisés Lebensohn.

Era un 26 de junio, no recuerdo de que año. Llovía. O tal vez lloviznaba. Sobre elpequeño escenario que quedaba formado tras el último escalón, arengaba, de pie, unviejo dirigente de Línea Popular. Fue ahí cuando escuché una frase que meacompañó durante muchos años, y que lo seguirá haciendo durante muchos añosmás: “Llegó al gobierno con las manos vacías y se fue del gobierno con las manostodavía más vacías”. Más allá de la exageración evidente, fue una frase que me llenóde orgullo. No sólo porque hablaban de Raúl Uranga, a quien siempre vi como a unejemplo a seguir más que como a un abuelo, sino porque quien lo decía lo transmitíacon un orgullo tan intenso que era contagioso.Aquella fue la primera vez que escuchéesa frase, pero de vez en vez la volvería a encontrar, en distintas situaciones yexpresada de diferentes formas, aunque siempre con el mismo mensaje: lahonestidad de Raúl Uranga era algo para destacar. Algo similar ocurre con otrospolíticos de la época, como Frondizi e Illia, quienes hicieron de la honestidad y laausteridad una bandera. Cada vez que alguien acude a los clásicos lugares comunes“para llegar hay que transar” o “todos los políticos son corruptos”, suelo esgrimir estosejemplos y suelo recibir la misma respuesta: “ya no hay políticos como los de antes”.

Siempre me pareció una respuesta un poco extraña. ¿Será cierto que “ya no haypolíticos como los de antes”?, ¿qué puede haber cambiado tanto?, ¿cómo pudo llegartan lejos la corrupción?.

Responder estas preguntas no es fácil y, además, puede hacerse desde diferentespuntos de vista. El más académico no podría dejar de mencionar el deficiente diseñode los mecanismos de control, y las fallas en su implementación y ejecución. Otrarespuesta, que es más polémica y casi un lugar común, señalaría a la supuestaconnivencia entre jueces y funcionarios públicos que prácticamente garantizaría laimpunidad. Cualquiera sea la explicación, es un hecho inobjetable que el sistemajudicial argentino no es efectivo a la hora de juzgar casos de corrupción; los númeroshablan por sí solos: el Centro de Investigación y Prevención de la CriminalidadEconómica (Cipce) hizo un seguimiento de las 750 causas de corrupción en laadministración pública iniciadas entre 1983 y 2007, sólo 7 terminaron en sentencia,con 10 condenados.

Bien… ¿y esto cómo explica que ya no haya “políticos como los de antes”?. Bueno, enrealidad no lo explica. Tal vez sean explicaciones útiles para entender por quéproliferó tanto la corrupción. Tal vez no sea la causa de la corrupción, sino unaconsecuencia del proceso de degradación institucional que vino de la mano de lacorrupción; es difícil discernir cuál es la causa y cuál es el efecto. Pero, de todasformas, no responde la pregunta. En realidad, la respuesta es simple: no es que ya nohaya “políticos como los de antes”, ¡lo que pasa es que no los votamos!. La preguntacorrecta sería, entonces, ¿por qué no los votamos?.

¿YA NO HAY POLÍTICOS COMO LOS DE ANTES?

Página 7

Vale aclarar que las características que definen a los “políticos como los de antes” son lahonestidad, la coherencia y la búsqueda del bien común por encima del beneficiopersonal. Digamos, entonces, que estamos hablando de líderes políticos y morales,personas de las que sus seguidores están orgullosos por los valores que representan.

Creo que hay dos factores que explican por qué no los votamos. El primero estárelacionado con el punto en que nos encontramos hoy en día: muchos argentinos creenque es imposible eliminar la corrupción, incluso muchos la han naturalizado, como sifuese algo intrínseco de todo sistema político, y han aprendido a tolerarla, adaptándosea ella y a sus códigos. Esto reviste una especial gravedad, porque socava las bases denuestra democracia, que descansa sobre la credibilidad y representatividad del sistema.El segundo factor, es la existencia de problemas con mayor peso en la determinación delvoto que la moralidad de los candidatos. Si bien esto puede estar influido por laconvicción de que la corrupción no tiene solución, es fácil de entender que lainestabilidad económica, el desempleo, la inseguridad, la pobreza y la inflación, sonproblemas más concretos y tienen una influencia más directa sobre las personas que lacorrupción, que es un problema más abstracto y tiene un efecto indirecto. Por lo tanto,resulta lógico que los ciudadanos voten a quienes creen que pueden dar una mejorrespuesta a estos problemas, más allá de su honestidad. O, en simples palabras: eslógico que voten a los que “roban pero hacen”.

Bueno, puede ser una respuesta válida, pero sólo explicaría por qué la gente no vota aun candidato por la sola promesa de honestidad, pero no explica por qué los honestos noganan elecciones. Para hacerlo, voy a echar mano a un concepto de Martín Caparrós, el“honestismo”. Él mismo lo define como “

”. El problema con el honestismoes que reduce la política a la denuncia y la lucha contra la corrupción, y descuida otrostemas que deberían ser sus ejes centrales. Pero, ¿cómo?, si decimos que la corrupciónsocava las bases de la democracia, ¿no tendría que ocupar un lugar central en laagenda política?. Sí, es cierto. No digo que no sea importante, sino que no debe ser eltema más importante. Ese fue uno de los grandes errores de buena parte de la oposiciónde estos últimos años: creer que con la bandera de la honestidad alcanzaba para ganarvotos y llegar al gobierno.

Pensar que la justicia va tornarse más efectiva a la hora de juzgar a la corrupción o quese van a mejorar los controles del Estado mientras haya políticos corruptos en el podersería una ingenuidad alucinante. Para resolver el problema de la corrupción se necesitaque lleguen al poder políticos honestos e interesados en mejorar las instituciones y susmecanismos de control. Pero, ya dijimos que para ganar elecciones y llegar al poder noalcanza con oponerse fervientemente a la corrupción. Entonces, ¿cuál es el camino?.

esa idea tan difundida según la cual –casi–todos los males de la Argentina contemporánea son producto de la corrupción engeneral y de la corrupción de los políticos en particular.

Página 8

Francisco UrangaIngeniero Industrial

Miembro de la Fundación para el DesarrolloEntrerriano “Gob. Dr. Raúl L. Uranga”.

Movimiento de Integración y Desarrollo.

Página 9

El camino es el mismo que emprendieron Don Arturo Frondizi y sus gobernadores en el'58: la construcción de un proyecto de país para todos los argentinos, un proyecto quedé respuesta a los problemas que nos preocupan y que sea capaz de volver a ponernosen el camino del Desarrollo, y una construcción en manos de hombres honestos ymujeres honestas, pero que no hagan de la honestidad su única bandera. Si somoscapaces de hacerlo, demostraremos que es posible construir y gobernar conhonestidad, que hay una mejor alternativa al “roban pero hacen” y que todavía hay lugaren la política para quienes creemos que la honestidad, la coherencia y la búsqueda delbien común por encima del interés personal no son sólo las características de los“políticos como los de antes” sino las condiciones mínimas necesarias para dedicarse ala política. Y… ¿quién sabe?, si hacemos las cosas bien, tal vez hasta consigamos quealguien vuelva sentir ese mismo orgullo que alguna vez supo transmitirme aquel viejodirigente de Línea Popular.