ESTADO y ECONOMIA EN LA PERSPECTIVA

DEL SIGLO XXI: EL CASO VENEZUELA

Luis Mata Mollejas

Para una situación de prosperidad esresbaladiza; para una situación de adver­sidad es buena: es el clima nacional deuna democracia.

Cicerón

SíNTESIS

La aparición y el agudizamiento de problemas comoel desempleo con inflación, el incremento de la pobreza,la crisis de representatividad y de credibilidad de lospartidos políticos y la percepción de un manejo inefi­ciente y no pocas veces doloso de los asuntos públicosha dado lugar al cuestionamiento del Estado de Bie­nestar o del régimen formal de Economía Mixta y demo­cracia competitiva de partidos, que se generalizó en elmundo occidental en la segunda mitad del siglo xx, comoalternativa al Estado socialista y en sustitución del Es­tado liberal que predominó en el siglo XIX.

Después de examinar críticas y conceptos básicosen relación al ámbito económico y el ámbito sociopo­lítico, se concluye: primero, que el régimen constitu­cional venezolano de "economía privada dirigida", vi­gente desde 1961, guarda la flexibilidad suficiente parapermitir avances en los procesos de desarrollo y de demo-

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cratización del país, dentro de las perspectivas del sigloXXI, incluida la globalización financiera y el cambio enla informática; segundo, que son las políticas económicasde corte neoliberal inspiradas en el llamado Consensode Washington (1987) los factores originarios del actualretroceso en el bienestar de la sociedad venezolana, ytercero, que todavía no se requieran transformacionesmayores del consenso constitucional en el ámbito eco­nómico, sino cambios en las políticas macroeconómi­cas para obtener un crecimiento suficiente del exceden­te económico, anticipando que el éxito de dichas polí­ticas, al cumplir su cometido, las llevará a la obsoles­cencia y a un ulterior cambio.

Finalmente, el conjunto de políticas deberá prestarparticular atención a los aspectos financieros y a los delempleo al avanzar en los procesos de integración econó­mica subregional, habida cuenta de que ellos parecenpresentar la única salida para recuperar el dominio deldestino como país, conservando la identidad latinoame­ricana.

1. EXITOS y FRACASOS DEL ESTADO DE BIENESTAR

Una de las características de la segunda mitad delsiglo XX ha sido la evidente compatibilidad entre el ca­pitalismo y la democracia, bajo la organización del Estadode Bienestar; y que dicha condición se ha mostrado másexitosa en perdurabilidad que otras experiencias, espe­cíficamente la que realizaba desde 1917 la extinta UniónSoviética.'

1. affe (1988. pp. 55 Y56), citando a J.S. Mill yaC. Marx, afirma quedurante el siglo XIX se suponía la incompatibilidad entre las ca­racterísticas del capitalismo liberal (iniciativa privada y libre comer­cio) y de la democracia entendida como la forma de gobierno dondeel Estado media en la lucha de clases pues para ello debía regular ointervenir en los mercados. D.F. Maza Zavala (1988) señala que lamodalidad mixta nace, en la práctica, en los años 30 como vía deemergencia para salir de la crisis, principalmente en los EstadosUnidos bajo la presidencia de F.D. Roosevelt, obteniendo consis­tencia teórica con la obra de Keynes.

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Puede afirmarse que esta compatibilización se ge­neró al finalizar la JI Guerra Mundial (1945) al aceptarse,como principios del pacto social básico (Constitucionesnacionales), los siguientes:

i) El mecanismo para orientar la colocación derecursos, el intercambio internacional, la introduc­ción de innovaciones y, en general, todos losprocesos económicos sería el mercado; aunquese admitiese algún grado de coordinación, super­visión y planificación nacional relacionable conel gasto público, para ajustar el nivel de la pro­ducción al poder adquisitivo efectivo";

ii) el logro de un nivel mínimo de vida y de undesempleo, también mínimo, se obtendría me­diante el mecanismo de Seguridad Social;

iii) el agente garante (responsable) de la estabili­dad (en términos reales) de una distribuciónequitativa del ingreso nacional, en línea con elprogreso de la productividad, sería el Estado(Bowler, 1981), con una intervención "inteli­gente". y

iv) no habría ventajas derivadas para ningún paísen particular derivada de manipulaciones cem­biarias, lo cual se garantizaría al utilizar comomecanismo regulador la creación del patrón oromodificado, bajo la tutela de una autoridad inter­nacional: el Fondo Monetario Internacional 3.

Aproximadamente entre 1945 y 1975, el modelo deeconomía mixta o de Welfare Sta te estuvo acompañado poruna prosperidad creciente y por una disminución de losconflictos sociales, restringidos a la distribución del volu­men de renta y sin objetar la organización de la produc-

2. En otras palabras. en línea con el pensamiento keynesiano (Galbraith,1983, p. 276).

3. El hecho de que lodo el sistema descansara en una economía circuns­tancialmente exitosa dio bases frágiles al mecanismo creado en 1944.al perder competitividad el país cje. Ello se haría patente en 1971.

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cion, 4 en las economías más industrializadas; mientrasque en las economías exportadoras de bienes primariosel éxito del modelo estuvo sujeto a circunstancias rela­tivas al comercio internacional.

Pero durante los últimos veinte años, el paradigmadel Estado de Bienestar ha estado expuesto a numero­sas críticas. Desde el ángulo económico por la apari­ción de una inflación sostenida, conjuntamente con altosniveles de desempleo y crecimiento de la pobreza y,desde el ángulo político, por el creciente desprestigiodel instrumento esencial del juego democrático: los par­tidos políticos, y su parcial substitución, en cuanto arepresentatividad popular, por organizaciones y líderesque se manifiestan opuestos al sistema electoral, ele­mento también clave de la democracia occidental 5.

1.1. LAS CRíTICAS DESDE EL ÁNGULO ECONÓMICO

El modelo de Welfare State tiene como base teó­rica la tesis keynesiana de que los intereses de los diver­sos actores no son necesariamente contradictorios; esdecir que las opciones de cada uno para la defensa desus intereses corresponden a las de un juego de "sumano nula".

Desde este ángulo, la realización del producto na­cional requiere una buena proporción de la masa sala-

4. De acuerdo con Offe (1988, p. 73), este tipo de conflicto puedeasumirse perfectamente en el plano político por medio de la compe­tencia entre los partidos, al involucrar cuestiones de "más o menos",de "más pronto o más tarde" y no implicar opciones opuestas "esto olo otro". En otras palabras, al existir un consenso en lo fundamental,la democracia puede entenderse como un proceso que se opone a lallegada o mantenimiento en el poder de dirigentes en contra de laopinión de la mayoría (Touraine, 1994, p. 12).

5. Para Touraine (1994, p. 12) la democracia puede entenderse comoun proceso que se opone a la llegada, o mantenimiento en el poderde dirigentes en contra de la opinión de la mayoría; pero dadas lascríticas a los procesos electorales califica de "dudoso" el triunfo dela democracia occidental sobre el experimento de las democraciassocialistas autodenominadas "populares" (aut. cit, pp. 21-30).

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rial; pues sin compras, sin consumo 6, sólo habría acumu­lación de bienes de capital, de inventarios y gananciascontables necesariamente decrecientes. Por su parte, lasempresas requieren una tasa de "beneficios líquidos" paragarantizar la continuidad del proceso de inversión y,consecuentemente, del crecimiento del empleo. Las fallasocasionales del mecanismo descrito se suponen supera­bles con el gasto social (compensatorio) del Estado 7. Asfla función básica de la polttica económica, en elEstadode Bienestar, era cubrir los riesgos de los procesos eco­nómicos orientados por el mercado. Para ello, el gobier­no podría financiarse con créditos (desfasando ingre­sos) sobre la base de provisiones optimistas de la evolu­ción del producido fiscal (producto de impuestos, tasasy rentas). Es decir, esperando que el crecimiento de laeconomía permitiese el crecimiento de la capacidad depago del Estado. Así la situación de déficit crónico delEstado no sería necesariamente perjudicial, si la tasa deinterés se mantuviese en niveles que hicieran viable lainversión reproductiva.!

Así, la condición de equilibrio dinámico del modelodescansa (a corto plazo) sobre la influencia del gastodeficitario en la tasa de interés, de las circunstancias delintercambio internacional en la tasa de cambio, de lainteracción entre ambas tasas a través de los flujos decapital, del rendimiento de las inversiones directamentereproductivas (productividad) y de la apertura financie-

6. La experiencia de Japón fue exportar agresivamente productos convalor agregado (industriales) aun restringiendo el crecimiento delconsumo.

7. Keynes se dio a la tarea de convencer a los dirigentes de las demo­cracias occidentales de que el mantenimiento de la ocupación plenano requería instituir la propiedad pública a todo 10 largo de la escala,ni la planificación central. Las contradicciones del sistema podíanresolverse por interferencia estrictamente limitada con medidas presu­puestarias (Crossman 1941, p. 371).

8. El mantener la capacidad de pagos es un requisito importante, como10 demostró el caso de la ciudad de Nueva York en los años 70,pues, aunque regían tasas bajas de interés no encontraba financia­miento.

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ra internacional. En este último caso los rendimientosde los instrumentos financieros extranjeros afectarán ala selección de inversiones de cartera, pudiendo, segúndiversas circunstancias, ocasionar una inclinación haciavalores y divisas extranjeras (selección "adversa" de car­tera).

Así, como consecuencia de los cambios en las re­glas del intercambio internacional de capitales (despuésde la cancelación de los acuerdos monetarios de BrettonWoods en 19719, la esfera financiera queda expuesta afactores exógenos capaces de hacer insuficientes las re­servas de los Estados para cubrir los riesgos de las especu­laciones en divisas (crisis monetaria y bancaria de losaños 80 y 90), sin que hasta el momento se hayan esta­blecido mecanismos eficientes para contrarrestarlos ha­bida cuenta de las insuficiencias de los acuerdos ban­carios de Basilea.

Adicionalmente puede señalarse que, desde el án­gulo de los factores reales, debe reconocerse que el meca­nismo de Seguridad Social tiende a rigidizar al mer­cado de habilidades (empleo); por lo cual, desde la óp­tica de las empresas, la Seguridad Social forma parte del"problema" y no de la "solución". Por esta ruta, las cir­cunstancias de estancamiento en el crecimiento de laproductividad hacen cuestionable la legitimización políticade las exigencias de los asalariados (Offe, p. 78). Enotras palabras, en tales circunstancias el esquema respon­dería a un juego de suma cero, contradiciendo la hipó­tesis keynesiana original.

9. La devaluación del dólar estadounidense se asocia a la presión infla­cionaria producida por los gastos de la guerra en Vietnam y al éxitocomercial de las economías europeas y japonesas. Estos elementoscombinaron un déficit fiscal creciente con un déficit recurrente de labalanza comercial.

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1.2. LAS CRíTICAS DESDE EL ÁNGULO pOLíTICO

En última instancia, la práctica de la demo­cracia occidental se manifiesta en la competencia electoralentre los partidos, pues se supone que su rol básico seacontribuir a la formación de la voluntad popular. Perosiendo también el propósito de todo partido el de asu­mir el gobierno, solamente aparecerán como "compo­nentes de la voluntad popular" ciertas necesidades y prin­cipios (posición ideológica) compatibles con el status quoy con los propósitos del Estado 10. Así, los principios ynecesidades excluidos de la posición "programática" semanifestarán por medio de "organizaciones de protesta"más o menos marginables, creando tensiones más o me­nos graves en las interrelaciones de los factores sociales.

En efecto, contemporáneamente, en el ámbito po­lítico existe un amplio espectro de actores, cuya circula­ción en los procesos económicos y políticos ocurre condos tendencias opuestas (Vilas, 1996). Por un lado seencuentran los estratos empobrecidos y políticamente mar­ginados en las organizaciones tradicionales (partidos po­líticos y sindicatos), con lo cual su manifestación en lavida social oscila entre actos y actividades violentas ypasivas, aunque temporalmente encuentran representa­ción y modos de participación con los llamados "movi­mientos" u "organizaciones populares" (multiformidadde lo popular, según Vilas, p. 29) cuyos líderes rechazanlos esquemas organizativos de los partidos de masas;con lo cual, según distintas experiencias, se debilita supersistencia, a pesar de alcanzar, a veces, triunfos elec­torales significativos (López Maya, 1996).

A estos actores se oponen quienes representan in­tereses relacionados con las grandes empresas, cuya mani-

10. Para Duverger (1967) los partidos tienen dentro de su génesis com­bates esenciales de las luchas de clase en el pasado, en cada país;pero la necesidad de ganar elecciones hace que los militantes seanheterogéneos (clientelismo) o se llegue a concesiones de principiosaun con el riesgo de crear conflictos internos (pp. 20 Y 93), dejandoen segundo plano los conflictos de clase.

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festación en la vida social se realiza mediante institu­ciones "independientes" o "grupos de presión" cuyas acti­vidades en la producción, en la socialización y en laculturización les permite convertirse en voceros válidosante las entidades gubernamentales y, aún, ante organis­mos internacionales, convirtiéndose en sus voceros o ensus protegidos según se presentan las diversas circuns­tancias 11. También debe incluirse un colectivo de téc­nicos, que sin formar ningún grupo cohesionado formalo informalmente, por el origen y carácter de su educa­ción en los llamados países centros, se constituyen enportavoces y promotores de políticas y de ideologías alas cuales se les atribuyen cualidades de excelencia, sinobservar que su éxito relativo puede derivarse de su aplica­ción o adecuación a condiciones disímiles de las nacio­nales.

Todo lo anterior dificulta la aplicación de la me­diación asignada al Estado, es decir la práctica de lademocracia al encontrarse éste ante actores con diferen­tes 'poderes, ante diversas circunstancias; aunque tam­bién se ha señalado que los "movimientos populares"con su reacción defensiva frente a problemas cotidia­nos, potencialmente tienen capacidad para dar lugar amovilizaciones 'masivas (Gómez, 1992, pp. 26-27), locual se interpreta como factores "democratizadores" alinnovar en las formas organizacionales orientadas porprincipios de "democracia interna" y de difusores devalores como la equidad; entendido todo esto como cam-

11. En el caso particular de Venezuela, además de las instituciones for­males de intereses homogéneos, como las diversas "cámaras" de produc­ción y comercio, actúan varias "organizaciones" de carácter "téc­nico" e independientes de los partidos políticos según sus dirigen­tes. La investigación periodística revela la existencia de una decenade esos grupos de presión (Flores, 1977) siendo los más conspicuoslos denominados "Santa Lucía", "Roraima", "Venezuela 2020","Venezuela a Futuro", "Venezuela Cívica" y "Factor Democrático".Según Melinkoff (1990), la función específica del grupo de presiónes asegurar la adopción de decisiones gubernamentales en su propioprovecho. En tiempos de crisis de los partidos políticos pueden com­petir con ellos en la formación de opinión pública.

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bios en la cultura política, y en última instancia, comolucha contra las prácticas c1ientelares de los partidosdesignados entonces como "tradicionales".

Se conforman así tres polos de referencia: el mer­cado, los principios de regulación estatal y el consensocomunitario compatible con aquél, para mantener con­troladas las tensiones entre los intereses individuales ylos intereses colectivos. Por 10 tanto, el área de coopera­ción y de concertación de intereses está limitada, y di­chos límites dependen de si el beneficio de mantener elsistema es una suma positiva (juego de suma no nula).Es decir, si hay incremento del ingreso per capita. Enlas circunstancias de que dicha suma sea nula o negativa(como ocurre cuando hay graves crisis económicas), elsistema social corre el riesgo de ver incrementarse laentropía política. En otras palabras, sólo los conflictosno esenciales pueden resolverse con la competencia en­tre los partidos democráticos o campo político de la "de­mocracia formal" 12. Así, la existencia de la democraciarequiere la existencia del progreso económico.

1.3. CRíTICAS DESDE EL ÁNGULO SOCIAL

También se ha señalado que la intervenciónestatal en las áreas de servicios colectivos -educación,salud, entre otras- ha disminuido la capacidad de laspersonas de ayudarse a sí mismas; a más de que, desdeel ángulo administrativo, los gerentes de dichos servi­cios no parecen considerar el criterio de eficiencia y porlo contrario continuamente redefinen los problemas quesuponen han de resolver (Ofe, p. 82). Otra crítica es laseñalada por J.F. Revel (1982), para quien el éxito delEstado en la intervención económica lo obligaría a in-

12. Así. desde el ángulo político. la funcionalidad de la democracia for­mal depende de que los antagonismos de clases y la opresión mate­rial no deben ser demasiado graves. por lo cual el "pluralismo" pue­de llegar a ser más aparente que real (Duverger, 1967, p. 219) aleliminarse los "extremos".

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vadir otras esferas de la vida civil por la multiplicidadde controles a los que habría que recurrir al constituirseen agente económico universal (aut. cit., p. 108).

En general se señala que, al carecer el gobierno de"topes de regulación" claros en los diferentes ámbitos,se introducen ineficiencias en todos los procesos, ha­ciendo que el modelo sólo funcione cuando hay exce­dentes económicos tangibles 13. Pero al suavizar las cri­sis socioeconómicas, las políticas habrían minado la apa­rición de incentivos extraordinarios para la inversión ypara el trabajo. En los términos de Klein (1980), el Es­tado de Bienestar habría sido "víctima de su propio éxito".

1.4. ALGuNAs mNSEClJBlKJAS DELOS IN1ENI'OS DEMODIFICACIÓN

AL ESTADO DE BIENESTAR

¿Está entonces el modelo de la economía mixta ysu contrapartida política, la competencia entre partidos,en vías de extinción?

En los umbrales del siglo XXI el régimen de econo­mía mixta, a la luz de las críticas que se han hecho, delas cuales hemos intentado realizar un resumen en losparágrafos precedentes, ha tenido una evolución dife­rente en las economías industrializadas y en las econo­mías exportadoras de bienes primarios.

En los Estados Unidos de Norte América, los pro­gramas sociales subsidiados por el Estado se han venidoreduciendo como medida para paliar el déficit fiscal.Así el ingreso real de los norteamericanos se ha venidoreduciendo; pero, en contraposición, la flexibilizacióndel salario ha impedido el incremento del desempleo y13. De lo anterior puede inferirse que la democracia formal occidental

sólo sería viable en las economías prósperas; mientras que a lassociedades pobres les correspondería, por razonamiento en contra­rio, gobiernos autoritarios. Touraine (pp. 40-41) señala que la auto­nomía individual es parte esencial de la democracia, y que ello sefacilita con el éxito económico; pero que la democracia no puede serconcebida como un atributo de la modernización económica, pues unaspecto esencial sería la capacidad autodefensiva de la comunidadante todo autoritarismo.

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con ello se han mantenido controladas las tensiones so­ciales más fuertes.

En las economías industrializadas de Europa, el ré­gimen de Seguridad Social se ha conservado, pero eldesempleo se ha venido elevando (Krugman, 1995) ylos intentos recientes de reducir las prestaciones socia­les se reflejan en crecientes conflictos sociales 14.

En las economías exportadoras de productos pri­marios, como las de América Latina, la disminuci6n dela protecci6n social (su transformaci6n en régimen finan­ciado por los propios trabajadores) ha sido provocadapor la aplicaci6n de "políticas de ajustes" 15 que, con elprop6sito de combatir la inflaci6n, han incrementado losniveles de desempleo y reducido, en promedio, las ta­sas de incremento del producto. Por ello, las crisis so­ciales y políticas se siguen manifestando con cierta gra­vedad en el subcontinente.

S6lo las economías asiáticas, orientada su produc­ci6n hacia la exportaci6n de bienes, con alto valor aña­dido, mantenían hasta hace poco tiempo un crecimientosostenido. Pero allí no siempre puede encontrarse, des­de el ángulo político, un régimen democrático, con bajao con poca participaci6n del Estado en materia econ6­mica.

De 10 anterior puede inferirse que en todas partes,al tiempo que se desmantelan las instituciones típicas dela Economía Mixta, se incrementa el desasosiego social,constatándose que las medidas tomadas en el orden econ6­mico 16 y con los intentos de desmantelamiento institu-

14. Las explicaciones del desempleo y de la caída de los niveles desalarios en los países desarrollados cubren varios aspectos: desde elángulo macroeconómico las exportaciones "baratas" de los nuevospaíses industriales y desde el ángulo micro el avance tecnológico(véase Krugman, 1995; Elmeskon, 1993 y Rosen, 1981).

15. A nivel teórico se establece que el déficit externo y la inflación sonconsecuencias del déficit público. Así el controlar el gasto públicoserá una clave de la política de ajuste.

16. De acuerdo a las políticas surgidas del llamado Consenso de Washingtonde 1987.

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cional de la Seguridad Social solidaria se han produ­cido las siguientes consecuencias:

i) La inflación se ha hecho persistente, presen­tándose entre uno y dos dígitos. En AméricaLatina han desaparecido las situaciones hi­perinflacionarias al costo de un menor crecimientode la economía y con notable incremento deldesempleo (Tabory, 1996), lo cual acucia laentropía social, pues los organismos políticosde base (los partidos) y aun los propios polí­ticos a nivel personal, han visto disminuir suprestigio o se han ganado la desconfianza po­pular;

ii) la esperanza de la reducción de los problemasseñalados se centra en un incremento de lasexportaciones y en la captación de ahorros ex­ternos, descuidando el hecho de que el cambiointernacional se desempeña como un juego desuma nula;

iii) la competitividad se ha desmejorado principal­mente en los países en vías de industrializa­ción por el incremento de los costos financie­ros;

iv) no exisie un paradigma de contrato social bá­sico alternativo que guíe la transformación haciael progreso, pues la síntesis crítica de la eco­nomía mixta -"más mercado y menos Estado"­parece implicar un retroceso en el mundo delas ideas.

De allí que extraer una apreciación general sobre laevolución y vigencia del Estado de Bienestar requieravolver a consideraciones básicas.

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2. EXAMEN DE ALGUNOS CONCEPTOS BÁSICOS

2.1. EN RELACIÓN AL ÁMBITO ECONÓMICO

Como es bien conocido, con el término "mer­cado" la teoría económica designa la organización que per­mite el intercambio entre vendedores y compradores oconsumidores y productores (como actores reales) o elencuentro de la oferta y la demanda (en el mundo de laabstracción), 10 cual permite obtener un cuadro generalde la situación económica (precios, inventarios) y de sustendencias.

En cuanto a la interrelación entre los agentes (ám­bito político) al nivel de abstracción teórica, el mer­cado puede llegar a ser políticamente neutro (modelo decompetencia perfecta) donde nadie afecta a otro; mien­tras que en la realidad el mercado es un enfrentamientode fuerzas o "competencia imperfecta", o confrontaciónde oferentes y demandantes en un ambiente de manio­bras para ocultar la información (Razeto, 1982, p. 220)con el propósito de garantizarse cada uno un máximo deprovecho propio. Manteniéndonos en el nivel de abstrac­ción también se le asigna al mercado la capacidad dearbitrar, de manera óptima, la asignación de recursos yla distribución de la renta. En síntesis, el mercado puedeser considerado como el mecanismo de coordinación delas decisiones económicas (Razeto, 1982, p. 221).

Con la expresión "mecanismo" se sugiere la idea deque el mercado opera con procedimientos "objetivos" y"automáticos" (Razeto, p. 221). Esta supuesta "mecani­cidad" y "automaticidad" en el sentido de que no implicainteracciones subjetivas de ningún actor, lleva al requeri­miento de que los mercados deben estar libres de laintervención del Estado, el cual a su vez debería compor­tarse como un agente neutro, o mejor aún abstenerse detoda intervención. Así, la abstracción teórica (correspon­diente a la microeconomía) ha conducido a idealizar la"competencia" eliminando la característica de confron-

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tación de agentes y poderes, y consecuentemente la nece­sidad de aplicar políticas públicas.'?

En este punto cabe destacar que la abstracción de lacompetencia perfecta puede asimilarse a la idea de "mercadodemocrático" caracterizado por:

i) la "atomización" o existencia de un mecanis­mo de participantes, independientes individual­mente sin influencias, lo cual permite obtenerun nivel de consenso en los términos de inter­cambio (precios), no quedando ningún actor ofactor productivo subordinado a otro,

ii) la información fluida y completa, lo cual per­mite que las transacciones se cierren a nivelóptimo para cada participante, sin que se pro­duzca beneficio para algunos (óptimo pare-tiano).

El contraste con la realidad, la existencia de flujosdesiguales entre los agentes (análisis macroeconómico)y la constatación de la existencia de distintos grados deimperfección, permitirá entonces establecer la catego­ría de mercados "no democráticos" u "oligárquicos" conprecios impuestos (sin consenso) a partir de informa­ción oculta (desinformación), con beneficios extraordi­narios para algunos y con predominio, en consecuen­cia, de un factor sobre otro.

En síntesis, la competencia imperfecta, el mercado"oligárquico" y los beneficios extraordinarios llevan final­mente a una capitalización en pocas manos y al predo­minio del capital sobre otros factores convirtiéndose enel factor organizador de los procesos económicos 18.

17. Entendiendo el concepto política como el "arte de arbitrar" entre po­deres con propósitos definidos.

18. La consecuencia de lo anterior es que la democratización del capitalimplicaría la democratización del mercado. Así. no toda economíade mercado es condición necesaria de la democracia, como afirmaTouraine (p. 332). La condición necesaria, aunque no suficiente, esque haya un creciente excedente, o lo que es lo mismo, una cre­ciente productividad.

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Como respuesta lógica, los actores-factores subor­dinados crean instrumentos de defensa, pero no alcan­zan a suprimir la predominancia del capital.

Así el trabajo crea sindicatos con perjuicio de losno sindicalizados y de los desempleados; las familiascrean organizaciones de consumo colectivo con riesgospara la calidad, y el Estado establece controles diver­sos, creando parcelas sociales con privilegios. Pero lapetición de "no intervención" significa, en el fondo, pro­tección para el factor regulador y con ello ausencia deneutralidad. Por eso, en última instancia, la ideologíadel Estado mixto no acepta la petición de principios con­tenida en el concepto de "subsidiaridad del Estado" 19.

2.2. EN RELACiÓN AL ÁMBITO SOCIO-POLíTICO

Históricamente el Estado moderno cuando nacelo hace la sociedad civil, rompiendo la cadena de jerar­quías, lealtades personalistas y exclusiones propias de laEdad Media. La transformación más importante del Es­tado moderno reside en la concepción de que todo po­der, al provenir de la sociedad, es necesariamente re­presentativo, y que dicha representación exige determina­das organizaciones, "incluyendo las relativas al controlde los gobernantes por los gobernados (equilibrio) 20.

Las ideas anteriores, en sí, son muy antiguas. Entrelos antecedentes de la teoría del equilibrio de los po­deres (Monstesquieu) puede señalarse que Aristóteles plan­teaba en su "IIoAlTEla" (Política) que la forma másconveniente de gobierno era una mezcla de oligarquía

19. De acuerdo al llamado "principio de subsidiarídad", el Estado nodebe participar en las actividades que el sector privado puede de­sempeñar exitosamente. Contra ese principio se alega la diferenciade poderes de los actores en las realidades concretas o históricas.

20. Hasta la ruptura de la organización medieval, todos los interesesdistintos de los de jerarquía constituían oposiciones al poder consti­tuido. Hobbes señala así que la oposición de intereses conduce a laanarquía. Entre los escritores modernos, habrá que esperar hasta Maquiavelopara reencontrar la idea del Estado como equilibrador de los intere­ses en pugna a través de la creación de instituciones representativas.

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con democracia, desarrollándose posteriormente esta ideacon Polibio, quien afirmaba que en la democracia "cadaórgano puede obstaculizar o colaborar con los otros" y"ninguna de sus partes excede su competencia y sobre­pasa la proporción" (Bobbio, pp. 154-157).

Hoy, el fino modelo montesquiano de los equilibrios,tan mecanicista, tan siglo de las luces, ha sido sobrepa­sado en su formalización por la mayor o menor expan­sión del Estado frente a los poderes crecientes de algu­nas organizaciones de la sociedad civil; la cual no está,como se suponía en el siglo XVIII, reducida al conjun­to atomizado de los ciudadanos; por lo tanto es necesa­rio analizar la importancia para la democracia de la dico­tomía público/privado 21, o Estado y sociedad civil.

En efecto, la relevancia conceptual de la dicotomíamencionada es que en ella convergen otras dicotomíastradicionales en las ciencias sociales: la sociedad civilcuyas relaciones se rigen por los contratos privados (entreiguales que pueden ser disueltos por voluntad de una delas partes) y su opuesto, el ordenamiento público, querige las relaciones entre desiguales: el Estado y los par­ticulares y que no puede ser disuelto o por uno o porgrupos de individuos, sino por consenso de la totalidado mayoría del colectivo. De allí se deriva la supremacíade la ley sobre el contrato, ya enunciada por Cicerón(Bobbio, p. 17).

Pero la dicotomía que más nos interesa destacar esla que existe entre las relaciones económicas y las polí-

21. La pareja de términos opuestos. público y privado, como es bien cono­cido, tiene uno de sus más remotos orígenes en la tradición jurí­dica ius naturalista que opone el concepto ".1l'OAl-rLXO~"deri­vado del ":n'OA.-rS", con lo cual Aristóteles inicia su tratado depolítica; indicando que la ciudad" :n'OA.-rS", con su carácter decomunidad independiente, se ordena sobre la base de un acuerdo oconstitución "nOAL'l"ELa", siendo el Estado y lo político o públi­co una consecuencia o derivación de la sociedad familiar o domés­tica (societas naturalis) constituido por individuos hipotéticamentelibres o iguales. Así lo público está constituido por el acuerdo de losindividuos que deciden salir del estado de naturaleza (Bobbio, 1989,pp. 56-57).

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ticas, pues las relaciones económicas, supuestas entreiguales en la abstracción del mercado, son relacionesentre desiguales por la supremacía coordinadora del ca­pital sobre el trabajo. Como las relaciones políticas corres­ponden al status rei publicae o de utilidad pública opuestaa la singolorum utilitas de la esfera privada, y tienen co­mo objeto mediar entre los agentes desiguales, las rela­ciones económicas resultan sujetas a las políticas y nopueden prevalecer sobre éstas. En síntesis, al ser lasrelaciones económicas relaciones entre desiguales, no esde extrañar el carácter público que da origen (razón deser) a la política económica, a pesar de la abstraccióndel mercado. Se comprende así también que los concep­tos teóricos de la economía, relacionados con los flujosreales y monetarios entre agentes (circuitos económi­cos), reflejan una realidad que se oculta al utilizar losconceptos también teóricos referentes a los mercados ysus equilibrios. De allí que el aparato teórico de la econo­mía estaría incompleto, y sería por ello poco fiable, si selimitase a la lógica de los mercados (lógica microeco­nómica) debiendo complementarse con la lógica macro­económica relativa a flujos y acervos."

Otra distinción que confluye en la dicotomía pú­blico/privado, como 10destaca Bobbio (pp. 20-21), es larelativa a la justicia distributiva y la justicia conmu­tativa. Esta última es la que emite juicios sobre los inter­cambios que, para ser justos, deben considerarse de igualvalor. Por su parte la justicia distributiva se inspira en laautoridad para distribuir según criterios que pueden cam­biar de acuerdo a las situaciones objetivas o puntos devista prefijados (subjetivos). Los criterios más comu­nes son "a cada uno según su mérito", "a cada uno se-

22. Es así como, desde el siglo XVIII, se incorpora la preocupación porel análisis de flujos, el cual en oposición al análisis del mercado, denaturaleza estática (estudio del equilibrio), será naturalmente un aná­lisis dinámico, a más de destacar las consecuencias para los dis­tintos agentes. El análisis estático lleva a la concepción del equili­brio como "armonía" social y el análisis dinámico a la oposición deintereses.

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gún necesidad" y "a cada uno según su trabajo". Así lajusticia conmutativa tiene lugar entre las partes (agen­tes o autores) y la distributiva entre el todo (la socie­dad) y las partes (los actores individualmente conside­rados) 23.

Cabe ahora referirnos a las consecuencias relativasa la supremacía.de 10público sobre 10privado. Los antece­dentes del derecho público se remontan, como vimos, alprincipio aristotélico 24 de la supremacía del interés pú­blico (colectivo) sobre el interés individual, con la nece­saria subordinación, inclusive la eventual supresión delderecho individual, si va contra el bien común 25.

De allí que en la dicotomía existente entre dos pro­cesos, el de privatización de 10público y el de socializa­ción de 10 privado, debe tenerse claro que el rol delEstado contemporáneo cuya sociedad civil está consti­tuida por grupos organizados, cada vez más poderososdesde el lado de la empresa, y por organizaciones cadavez más débiles desde el lado laboral y popular, sea elde mediar entre los- conflictos que se derivan de esaoposición de poderes, siendo clave para entender la tem­poralidad de toda política y de toda resolución del con­flicto, la cláusula implícita rebus sic statinbus (hasta quela situación no se modifique).

Asociado también a todo 10 anterior encontramos,finalmente, 10 relativo a la legitimidad de la actuación

23. De allí que Vico en 1720 denominara equatrix a la justicia conmutativa,que regula las relaciones entre iguales, y denominase Rectrix a las regula­ciones entre desiguales, como entre la familia y el Estado.

24. Aunque al derecho privado formalmente se le atribuye una mayorantigüedad,refiriéndosegeneralmenteal Corpus Iuris de Justiniane (derechoromano) y a las modificaciones generalmente divulgadas por la recopilaciónnapoleónica (1804), mientras que al derecho público se le atribuyeformalmente un origen relativamente moderno, habida cuenta de laprofunda transformación ocurrida entre la disolución de los Estadoso Imperios antiguos, el tránsito de la sociedad medieval y las relacionesentre los Estados modernos y la Iglesia, entre otros (Bobbio, p. 25).

25. El razonamiento de base (aristotélico-hegeliano) afirma que el bienmáximo de cada uno no es sólo producto del esfuerzo personal, sinode la contribución solidaria de todos al bien común (Bobbio, p. 25).

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del Estado. Queda claro que un poder basado en unarelaci6n de fuerza, aunque sea efectivo, es ilegítimo enel sentido de que no es lícito (sin fundamento jurídico).De los principios utilizados como criterios de legitimi­dad 26, los más usados contemporáneamente apelan alconsenso mayoritario (principio democrático) 27 y al pro­greso hist6rico. Así, la necesidad de un nuevo contratosocial en lo trascendente, y de nuevas políticas en locoyuntural, nace de la conveniencia de substituir todo loque está condenado por la inefectividad funcional. Eneste sentido, una necesaria inobservancia de las normaspuede significar la presencia de un proceso de "deslegi­timizaci6n" (Bobbio, p. 125).

Las conclusiones de todo lo anterior son:

i) la legitimidad y la efectividad del poder se ob­tienen por el consenso social del predominiodel interés público sobre la utilidad percibidaindividualmente;

ii) el predominio del bien público debe ser enten­dido dinámicamente en un sentido progresivo.Aquello que obstaculice el progreso del biencomún, pertenezca o no a la esfera privada,debe ser modificado en la oportunidad que lasociedad lo reclame. Un indicador formal dedicha oportunidad puede encontrarse en la inob­servancia de las normas o en la inefectividadde las acciones;

iii) las relaciones econ6micas, aunque formalmenteentre iguales, son relaciones entre agentes condistinto poder. En consecuencia es legítima su

26. De acuerdo con Bobbio hay por lo menos seis que han sido invoca­dos: la voluntad recibida de Dios o recibida del pueblo; la natura­leza desigual de individuos o pueblos y la histórica basada en laevolución yen su dinamismo (pp. 117-134).

27. Por supuesto, la discusión sobre la tiranía de la mayoría ha produ­cido las variantes prácticas de la representación proporcional o delas minorías.

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regulación y seguimiento, en todo tiempo y mo­mento, por la política económica;

iv) la conveniencia de la mayor o menor exten­sión del Estado, en todo momento no se guíapor el juicio privado, sino por la apreciaciónhistórica del bien común. En otras palabras, elEstado democrático debe seguir, por esencia,criterios que permitan la coordinación entre losentes públicos y los actores privados.

2.3. EN RELACIÓN A LA RACIONALIDAD DE LAS DECISIONES

El político es quien, en coyuntura única, elige enfunción de sus valores una opción para actuar, sabien­do que las consecuencias de su decisión no son rigurosa­mente previsibles. De allí que muchas veces las deci­siones se toman sin reunir la suficiente información, laque debería ser completa para llenar el requisito de racio­nal (Austin, 1956). Los centros de decisión social tam­poco cuentan todo el tiempo con un conjunto aceptadode valores (bien común). Así, la definición de este requi­sito básico se torna en la práctica difuso y eventual­mente poco operativo 28. La aparición de la tecnologíade las computadoras ha permitido creer que la informa­ción puede tenerse más completa y más pronto, pero loque ha ocurrido es que la élite política delega ciertasáreas de adopción de decisiones a "expertos", con locual, si bien es cierto que ello ha reducido el campo delos conflictos normativos (valores), la decisión final, tras­cendental, permanece en el campo político, donde la infor­mación sobre las consecuencias siempre es fracciona­ria. Así, la motivación (subjetiva) tiene tanta importan-

28. Hasta Schumpeter (1976, pp. 251 Y 255) encuentra que el bien co­mún será entendido en forma diferente por los individuos y que siaun se lograse expresarlo en términos genéricos será difícil lograr elacuerdo en las proposiciones específicas. Un ejemplo de definicióngenérica se encuentra en Jacques Maritain: La persona y el bien común,Club de Lectores, Buenos Aires 1968, pp. 58-69.

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cia corno la comprensión de los fenómenos (Hirschman,1967).

Por lo tanto, no sólo es difícil establecer un nivelde consenso técnico, porque en la práctica los proble­mas no son "solucionados" y son sometidos a una seriesin fin de ataques por medio de acciones sucesivas y aveces contradictorias, sino que en el nivel político losvalores pueden estar indefinidos o ser contradictorios.De allí que exista una tendencia a que las solucionescoherentes y radicales sólo aparezcan después de unacrisis grave (Etzioni, 1980).29

3. Los VíNCULOS ENTRE EL ESTADO y LA ECONOMíA:

CARACTERíSTICAS DE LAS POLíTICAS

De lo anterior se infiere que un primer vínculo entreEstado y economía reside en la legitimación social deun orden económico mediante una organización políticaad-hoc. Así la libre competencia y su organización, elcapitalismo liberal, se legitiman a través del Estado Liberal(montesquiano), mientras que la planificación central yel capitalismo de Estado se legitiman con el Estado tota­litario (de izquierda o de derecha), y el régimen de eco­nomía mixta se legitima con el Estado de Bienestar Social,lo cual incluye algún grado de planificación "consen­sual" o democrática y la aplicación de algún criterio dejusticia distributiva.

El segundo vínculo entre Estado y economía es elpredominio de políticas públicas orientadas a mantenery proteger al statu qua y a la dinámica económica de agen­tes y fenómenos perturbadores. En consecuencia, unapolítica exitosa no sólo requiere la comprensión previa

29. En este sentido es útil recordar lo que Guilhon (1995) llam6la infla­ci6n de expectativas. pues se espera que los gobiernos democrá­ticos, en el corto plazo, encuentren soluciones al desempleo, a lainflación, a la desigual distribución de la renta y. en fin, a la pobreza.

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de la dinámica interna existente, sino que también exi­ge el reconocimiento y la importancia de las influen­cias de las variaciones del entorno, a fin de minimizarlos efectos indeseables.

En todo caso, al aceptarse que el paradigma de losprocesos económicos es el incremento del bienestar co­lectivo, la política pública no puede violentar el incre­mento promedio de la productividad y del empleo, puesellos conforman el requisito y el mecanismo más eficien­te de distribución del ingreso y de irradiación de la rique­za. En este sentido la protección (o estímulo) a una acti­vidad con un excedente decadente, o poco empleadora,pone duda sobre 'la legitimación social de la políticaemprendida.

Por su parte, el paradigma político del orden demo­crático (autonomía de acción de los actores y un piso deigualdad) es convergente con el incremento del bienes­tar colectivo; si se quiere, son las dos caras de una mis­ma moneda, por disminuir las tensiones sociales, o loque es lo mismo, aumentar la "armonía social". En conse­cuencia, niveles crecientes de desempleo (deterioro delpiso de igualdad) implican una disminución del gradode democratización. Así las políticas que no corrijan latendencia al desempleo o lo estimulen, minarán la legi­timación social previamente acordada. En última ins­tancia el Estado se convierte en incitador de la subver­sión del orden político y económico existente, traicio­nándose a sí mismo, a su razón de ser 30.

30. Como es bien conocido, las políticas económicas pueden dividirseentre las que se refieren al ambiente económico general (o macroeconó­micas), que afectan al sistema en su conjunto, y aquellas que serefieren a una actividad o proceso específico. El conjunto de estasúltimas no puede eliminar los efectos de las macroeconómicas. Aun­que siempre fue así, en el mundo capitalista contemporáneo, la po­lítica macroeconómica por excelencia es la asociada al proceso decapitalización y a su conexión con el sistema financiero. Dentro deeste último no es banal la política "relativa al dinero en su capacidadde "reserva de valor". Así, la política pública que desmejore esacapacidad es la más perversa, antidemocrática y subversiva de todas.

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4. APRECIACIONES SOBRE LA ESPECIFICIDAD DEL CASO

VENEZUELA

4.1. ASPECTOS ECONÓMICOS

Venezuela, al igual que muchos otros paíseslatinoamericanos, considerados aisladamente, no parecetener asegurada la viabilidad de un desarrollo autosos­tenido e independiente, al no contar con los tres requisi­tos exigidos en el mundo contemporáneo: autonomía cien­tífico-tecnológica, mercado interno suficiente para ab­sorber toda la producción nacional con uso razonable desu potencial, y poder apropiado de disuasión (Castellanos,1980, pp. 55 Y72)31.

Por 10 contrario, reúne características básicas de unpaís dependiente en su proceso de desarrollo, vinculadocon la necesidad de transferencia de tecnología, con exis­tencia de sectores de diverso grado de productividad, 10cual establece una concentración del ingreso y de la ri­queza en un reducido estrato de la población, a pesar delas enormes transferencias que realiza el sector públi­co; todo 10 cual ha establecido circunstancias que li­mitan la eficiencia económica en la producción y aun laeficacia social en cuanto al bienestar de la población(distribución equitativa de la renta nacional) 32.

Así, aunque a partir de 1930 se observa un incre­mento sostenido del ingreso per cápita hasta comienzode los años 80, en los últimos años se pueden percibircambios bruscos (o rupturas) en los procesos que permi­tían extraer ventajas sociales del modelo de economíaconstitucionalmente mixta instaurado en 1947 y basadoen la especial inserción en la economía mundial de laeconomía venezolana.

31. Véase también a Helio Jaguaribe: "América Latina ante el SigloXXI", El Trimestre Económico, Vol. XLI, abril-junio de 1974, quientambién afirmó que la viabilidad es recuperable en condiciones dis­tintas.

32. Raúl Prebisch: "Estructura Económica y Crisis del Sistema". Revistade la CEPAL. Segundo Semestre de 1978.

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En efecto, en los últimos años, la economía vene­zolana presenta los siguientes rasgos:

i) la industrialización orientada hacia el merca­do interno, bajo fuerte protección, ha perdidodinamismo y capacidad de generar empleo;

ii) el excedente del petróleo destinado a la redis­tribución, mediante la intervención fiscal, havenido disminuyendo relativamente y aún ab­solutamente, salvo en circunstancias aleatoriasligadas a eventos políticos internacionales;

iii) la selección adversa de cartera (preferencia porlas divisas) no está siendo contrarrestada, engrado suficiente, por la acción política;

iv) la insuficiencia de los recursos externos de fi­nanciamiento, a pesar de los volúmenes espe­rados en la llamada apertura petrolera, pues ellosno alcanzan a compensar los volúmenes fuga­dos de capital privado y la amortización de cré­ditos públicos previamente contratados, y

v) la desintermediación bancaria interna dificul­ta el proceso de inversión privada en el sectorno petrolero, al tiempo que el auge bolsísticoentraña el peligro del estallido de burbujas es­peculativas.

Las circunstancias señaladas no son ajenas a laspolíticas públicas seguidas desde 1989, pues, en general,operan en el sentido de mantener restringida la deman­da y la oferta interna esperando que sea la eventual inver­sión extranjera y su conexión con las exportaciones loque dinamice a la economía. En otras palabras, el Estadoha abandonado a factores externos la capacidad de desa­rrollo ulterior o, lo que es equivalente, el Estado parecehaber renunciado en los últimos años al objetivo de hacerdel crecimiento un proceso autosostenido. 33

33. Esto equivaldría, en última instancia, a aumentar el riesgo de caer enprocesos antidemocráticos, por el creciente poder que se cede a lastransnacionales y a las crecientes peticiones que ello impone para

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Cabe entonces señalar que aun el objetivo declaradode avanzar en los procesos de integración latinoamericanasobre la base de exportar valor agregado para disminuirla "dependencia petrolera", puede verse contrarrestado ofrenado por el deterioro de la capacidad productiva in­terna.

4.2. ASPECTOS pOLíTICOS

La democracia contemporánea en Venezuela esel resultado de una lucha tenaz contra el autoritarismocaudillista del siglo XIX y del primer tercio del siglo XX. SUpersistencia en las últimas tres décadas, fue facilitadapor el excedente económico petrolero que daba posi­bilidades de satisfacer expectativas crecientes (Romero,1986, p. 17).

En 1986 el Secretario Ejecutivo de la Comisión parala Reforma del Estado (COPRE) señalaba que desde 1958el país había vivido una experiencia democrática quegarantizaba libertades esenciales y conquistas básicas pa­ra los ciudadanos, y que los partidos habían logrado unapreminencia en la vida social para preservar la democra­cia y la sana confrontación electoral y que, en conse­cuencia, eran las propias conquistas democráticas las quehabían creado las bases para las nuevas demandas, oinsatisfacción creciente que requerían cambios en el Es­tado y en los partidos políticos (Blanco, 1986), y hacerasí que los postulados constitucionales adquirieran ple­na vigencia (Decreto 403, 1984, de creación de la COPRE).Para ese tiempo (y desde hacía varios años), los parti­dos nacidos después de la segunda guerra mundial ha­bían visto mermar su popularidad, hasta producir re­chazos significativos, al conducirse por intereses pro­pios o personales de sus líderes. Este rechazo se mani­fiesta, entre los indicadores formales, con la creciente

alcanzar o mantener privilegios. El caso del aumento de tarifas solici­tado por la CANTV privatizada ilustra el proceso.

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abstención y con el apoyo a movimientos populares conmatices o apariencias "revolucionarias" 34.

Entre las explicaciones de esta crisis política se haseñalado que los grandes partidos se han transformadoen maquinarias electorales abandonando la labor de edu­cación política y movilización popular (López Maya, 1996).Pero cabe observar que en Venezuela, como en otrospaíses de América Latina, se han producido reformassobre la base de incrementar los poderes locales y laacción comunal. Los críticos de estas acciones las handenominado "feudalización" del poder.

4.3. ASPECTOS JURíDICOS

A comienzos del siglo xx, las leves restriccio­nes a la propiedad privada (relativas a las tributacionesy la decisión judicial de "utilidad pública" previa indemni­zación) existente en la normativa del siglo XIX se amplíanen función del beneficio de la comunidad, desde textos co­mo el constitucional de 1925, en el cual se encuentranrestricciones relativas a proteger aguas y bosques, amplian­do la declaración relativa a salubridad 35. Estos componen­tes obviamente superan al elemento de protección de losderechos de la persona (individuo) heredado del con-

34. Incluidos aquellos que apelan a los orígenes de la nacionalidad y quesuelen tener arrastre en momentos de gran malestar social y político(López Maya, 1997, p. 36).

35. El antecedente más antiguo relativo a la garantía de la propiedadprivada en Venezuela se remonta a 1793, pues entre los documentosdel movimiento precursor de la independencia, el de Gual y Españase encuentra un proyecto de declaración de los derechos del hombreelaborado por Picornell e inspirado en la declaración de derechos dela Constitución francesa de 1793 (Carrillo Batalla, 1980, p. 16). Estagarantía será una constante en todas las Constituciones del siglo XIXjunto con las libertades económicas de comercio y tránsito; con locual el signo general en materia económica, en ese tiempo, fue de nointervención. También la política resultante fue la del "Iaissez-faire,laissez-passer" predominante en el mundo de la época (Carrillo Batalla,p. 23) con la salvedad de que en la Constitución de 1864 quedóprohibida la esclavitud, lo cual perfecciona la normativa propuestapor Bolívar para la Constitución de Angostura en 1819.

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cepto liberal nacido de la Revolución Francesa, para in­cluir el concepto de comunidad o colectividad (3ª gene­ración de derechos, según Eastman, 1995).

Cabe señalar también, en cuanto a la libertad decomercio y de industria, que la Constitución de 1914prohíbe el monopolio y la de 1936 abre la puerta a lareforma agraria al declarar que la nación favorecerá lapequeña propiedad rural. Los cambios mayores que li­mitan la propiedad y regulan la iniciativa privada- enfunción del beneficio social, y que propician una po­lítica en procura del pleno empleo y en fin establecen elmecanismo de Seguridad Social, aparecen en la Cons­titución de 1947 y se amplían en la de 1961 aún vigente.

Así puede afirmarse que, aun consagrando el de­recho de propiedad privada a la producción capitalista,la norma constitucional vigente configuran un marco deeconomía dirigida o economía privada intervenida(Carrillo Batalla, p. 54) que procura el bien común, através del uso de instrumentos como la planificaciónindicativa, la reserva de ciertas actividades a la inicia­tiva pública, el control de las funciones monetarias ycrediticias a través de un Banco Central, la existencia deuna banca comercial pública, la institución de la Segu­ridad Social y aun la fijación de precios y la supresiónde las garantías individuales en casos de "emergencia",a más de las tradicionales atribuciones de la actividadfiscal. Este marco organizativo 36, desde el ángulo social,muestra en última instancia un deseo de ampliar la ca­pacidad de negociación del factor trabajo frente al po­der del capital, no sólo propiciando mejoras en el nivelde vida de quienes tienen menos recursos, con subsi­dios, sino incrementando la participación del trabajo enla adopción de decisiones políticas y abandonando elprincipio de subsidiaridad del Estado con relación a la

36. Para Rafael Caldera (1976, p. 19) la Constitución de 1961 no es unsimple texto normativo para reglar situaciones prácticas: es una Consti­tución "programática" que encierra el compromiso de una genera­ción para señalar nuevos rumbos a la vida venezolana.

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iniciativa privada (Carrillo Batalla, p. 215, citando a BrewerCarías, 1975). Lo anterior ha sido considerado comoimpugnabilidad de las acciones públicas por los parti­culares, pues la conveniencia social o colectiva sólo corres­pondería definirla al Estado (Quiroz, 1992, p. 84).

Cabe resaltar que la jurisprudencia de la Corte Su­prema del 5-10-1970 establece que "las actividades delsector público pueden aumentar en la misma medida enque disminuyen las del sector privado, o viceversa, deacuerdo con el uso que hagan las autoridades competentesde los poderes que les confiere el constituyente" (BrewerCarías, 1975, p. 115, citado por Carrillo Batalla, p. 215).En otras palabras, la normativa constitucional tiene su­ficiente flexibilidad para realizar ajustes en las políticasde Estado, de acuerdo a la ideología económico socialde los gobiernos 37. Finalmente mencionaremos que la nor­mativa constitucional vigente contiene, en relación alámbito económico, todos los elementos que conformanlas "Bases Jurídicas del Desarrollo", según la Carta de losDerechos y Deberes Económicos de los Estados aproba­da en la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1974(Polanco, 1977) 38. De allí que los tímidos esfuerzos dereforma constitucional no incluyan normas relativas a laeconomía.

5. RESTRICCIONES DERIVADAS DE ALGUNAS TENDENCIAS

EN LA ECONOMíA MUNDIAL

Una primera restricción reside en que la globaliza­ción financiera y los procesos de integración multina­cional, en marcha acelerada, están arrastrando a todoslos países, aun a los de mayor capacidad "imperial", a

37. Los cambios políticos en el siglo XIX se produjeron a través de laviolencia; pues las normas constitucionales eran inflexibles, dificul­tando el juego político, con lo cual todo cambio político obligaba auna "revolución".

38. Debe resaltarse que otros países latinoamericanos, como Colombia,esperaran hasta 1991 para introducir normas como las contenidas enla Constitución venezolana de 1961.

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limitaciones importantes en la capacidad de aplicar po­líticas públicas "nacionales".

En el caso venezolano, el excedente petrolero, apesar de su descenso relativo, proporciona al país unacapacidad financiera o potencial de autodefinición, su­perior a la de otros países latinoamericanos, como losdel Grupo Andino, de Centroamérica y del Caribe, nopudiendo afirmarse "a priori" lo mismo con relación alos países más grandes del Mercosur (Argentina y Brasil).Así, la decisión sobre con quién debe acelerarse el pro­ceso de integración es urgente, dados los diferentes ni­veles de industrialización de unos y otros. Esta deci­sión involucra el campo que la iniciativa privada tendráen el futuro: crecimiento industrial o crecimiento de acti­vidades comerciales sobre la base de consumir el exce­dente petrolero y la profundidad y velocidad de inte­gración 39.

En un horizonte más amplio que el corto plazo (po­lítica financiera), la política fiscal debe vigilar la ten­dencia universal de privilegiar la imposición indirectapor su efecto inflacionario. Así, una búsqueda del equi­librio fiscal, deseable en su aspecto de no presionar so­bre la tasa de interés para facilitar el crédito de fuentesinternas o sobre el tipo de cambio cuando se acude afuentes externas, debe descansar sobre el predominio dela imposición directa.

Con relación a la Seguridad Social cabe finalmenteseñalar que la tendencia y el abandono del principio de"solidaridad" según el cual los costos de la SeguridadSocial son cubiertos por el Estado, los patronos y lostrabajadores, para ser substituido por el de Fondos Finan-

39. La facilidad reciente de la movilizaci6n de capitales ha posibilitadola aparici6n de procesos de especulaci6n financiera con secuelas decrisis bancarias en todo el planeta. A los fines de integraci6n serequiere una vigilancia para conservar indicadores de capitalizaci6n(solvencia adecuados) y estudios sobre las condiciones macroeconé­micas mínimas deseables. Esto es, tasa de inflación, desempleo ydéficit fiscal, entre otras.

Sí

cieros cuyos costos son sufragados sólo por los "traba­jadores" en una situación económica en donde el em­pleo mayoritario 10 proporcionan actividades de bají­sima productividad, significa que la porción del exce­dente proveniente de la industria petrolera y orientada alos gastos sociales será absorbida por otros destinos,dado que la orientación general de las políticas vigen­tes es reducir los gastos sociales; por 10 cual se puedeinferir que, en términos generales, la política desde 1989ha estado orientada a privilegiar al factor capital, nosiendo evidente que con ello se haya incrementado elbienestar colectivo 40.

6. EL ROL DEL ESTADO VENEZOLANO EN LOS INICIOS

DEL SIGLO XXI

De acuerdo a 10 visto, el sistema jurídico y la orga­nización política de un Estado democrático incluyen dosconjuntos de normas y de instituciones potencialmentecontradictorias, cuando es difuso el consenso (necesaria­mente temporal) sobre la definición de lo que es el biencomún (visión a largo plazo del país) y de las opcionespara lograrlo.

Como vimos en los parágrafos precedentes, las con­tradicciones generales son relativas a los derechos de

40. El texto constitucional permite, como señala la Corte Suprema, au­mentar o disminuir el grado de intervención, favoreciendo a algúnactor privado cuando la suma del "juego" es nula, como ocurre enlos procesos depresivos. Las medidas tomadas en la actual coyun­tura político-económica han facilitado la interrupción del contratolaboral cuando lo deseen las empresas, al no tener éstas la obliga­ción de mantener el sistema de ahorro forzoso (retroactividad sa­larial) que implicaban las normas relativas a las "prestaciones sociales".Además el triunfo de las presiones de las empresas y de la actualAdministración para eliminar el sistema de Seguridad Social soli­dario instaurado al final de los años 40, para substituirlo por fondosde pensiones y seguros privados que costearan únicamente los traba­jadores, disminuirá el salario real; debiendo dejar constancia de queel sector de economía informal (50% de la población laboral) notiene ningún tipo de protección que merezca el apelativo de Seguri­dad Social.

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propiedad privada y a los contratos versus la propiedadpública, la legislación económico social y las políticaspúblicas específicas. Al respecto North (1980) señalaque los consensos institucionales que funcionan, o lagobernabilidad de una sociedad, dependen de sus tradi­ciones culturales y de su evolución histórica. Cabe es­pecificar aquí que interpretamos 10 anterior, en su úl­tima esencia, como el juicio sobre la aplicabilidad delprincipio de subsidiaridad dentro de las circunstanciashistóricas de una sociedad. Así se podrán extraer hipó­tesis explicativas específicas para cada país en cada mo­mento histórico, considerando las posturas de los dis­tintos actores, su poder y la representatividad de las or­ganizaciones de la sociedad, el excedente económico dis­ponible y la dinámica de su generación.

Como síntesis apretadísima de análisis previos(Mata, 1997) se puede decir que el Estado venezolano,con el enorme excedente petrolero de que dispuso desdelos primeros años de la década iniciada en 1930 hastafinales de la década de los 70 en el presente siglo, establecióuna evidente preponderancia del poder estatal, el cuallogró el consenso social mínimo con su política de traspasaruna buena parte del excedente petrolero (siembra delpetróleo) a los diversos estamentos y organizaciones dela sociedad civil: dedicando el resto al proceso productivodirecto bajo la forma de capitalismo de Estado, dandoorigen a una forma particular del Estado de Bienestar.Esta formulación se aplicó bajo regímenes políticos di­vervos, que apenas cambiaron de énfasis el destino delgasto público. Cuando el gobierno asumía formas auto­cráticas, como en los lapsos 1932-1936 y 1950-1958, seprivilegiaba la inversión en infraestructura o cuando elrégimen adoptaba posturas más democráticas como enlos períodos 1937-1949 y 1952-1982, se acentuaba elgasto en servicios sociales básicos.

A partir de 1983, el régimen democrático encontrórestricciones evidentes para financiar la inversión porcausas diversas (crisis de la deuda y caída de los precios

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del petróleo) y se hizo patente la necesidad de que latributación sobre las actividades no petroleras contri­buyese cada vez más con los fondos públicos. Con laadopción, a partir de 1989, de políticas vinculables alllamado Consenso de Washington (programas de ajus­tes), se ha venido desmontando el aparato administra­tivo del Estado de Bienestar, incluida una drástica dis­minución de los subsidios a las clases populares, lo cualjunto con el incremento del desempleo y la presencia deuna persistente inflación relacionada con sucesivas deva­luaciones y altas tasas de interés, generó una difícil si­tuación para las mayorías populares y un retraimientoen las inversiones· reproductivas destinadas al sector nopetrolero.

Alcanzar entonces un mayor nivel de bienestar eco­nómico exige cambios en las políticas macroeconómi­cas para lograr una mayor participación de la iniciativaprivada, dotar de una mayor eficiencia a la adminis­tración gubernamental y acelerar un proceso de integra­ción multinacional y seleccionado dentro del ámbito lati­noamericano para hacer viable la obtención de un ma­yor nivel de autonomía con relación a las potencias ac­tuales. Estos requisitos constituyen apenas los elemen­tos de un nuevo consenso todavía por precisar en mu­chos aspectos básicos, siendo el núcleo del asunto lanecesaria delimitación para hacer aplicable el principiode subsidiaridad.

No pretende este ensayo cubrir la totalidad de lasdefiniciones requeridas; apenas, si a título de contribu­ción preliminar, se pueden esbozar algunos elementosclaves.

En el futuro mediato el excedente económico serámayoritariamente producido por la actividad petroleracuya administración, por larga tradición, corresponde alEstado. Al tiempo cabe señalar que el capitalismo deEstado es proclive a la corrupción, entendida ésta comola falla de aplicación del criterio de eficiencia (manejo

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de costos) y aun del manejo del criterio de eficacia (defi­nición y nivel de los beneficios sociales); pero al nogarantizar la gerencia privada la aplicación de criteriosde eficacia, por ser el provecho propio la base funda­mental del capitalismo, el rol del Estado en materia eco­nómica, en búsqueda del bien común, debe incluir:

i) limitados elementos de capitalismo de Estado,sometidos a un estricto control político. Para evi­tar la interferencia en la aplicación de prác­ticas de eficiencia, éstas deben ser dominante­mente a posteriori, sobre la base de objetivos ypresupuestos considerados y aprobados con an­telación. Este es el prototipo de control a aplicara PDVSA y al complejo de empresas estatales(como el de CVG), para evitar que adopten ac­titudes de "empresa transnacional" con rela­ción al país o que se conviertan en nichos deprivilegios de funcionarios 41;

ii) políticas macroeconómicas que permitan a lainiciativa privada la aplicación de los crite­rios de eficiencia capitalista. Es decir, estable­ciendo políticas macroeconómicas que compren­dan la importancia del crédito para la inver­sión reproductiva y en general la trascenden­cia de los procesos financieros. Un cataliza­dor de la última crisis financiera fue el des­cuido en la vigilancia de la actividad banca­ria, pero un factor clave es el nivel alcanzadopor las tasas de interés, que limitan las opor­tunidades de inversión directamente reproduc­tivas;

iii) elementos explícitos de coordinación conla actividad privada. Así la promoción de la

41. El funcionariado del Estado o burocracia tiene una relativa indepen­dencia con relación a los intereses de los demás actores sociales,incluidos los circunstanciales dirigentes gubernamentales. No es, pues,un grupo neutro que intermedie entre gobernantes y gobernados.

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integración interregional, como reqUISItO parala recuperación del control sobre el destino delpaís, para alcanzar un mayor grado de indepen­dencia política y económica implica a una ne­gociación continua: los perdedores y ganado­res privados, según el criterio capitalista, se­rán variables de acuerdo a la marcha de laseconomías en los distintos países participan­tes de la integración. El juicio privado, de na­turaleza inmediatista en muchos casos, no es elúnico válido. El juicio público debe considerarel efecto sobre el empleo a largo plazo del apro­vechamiento del potencial de recursos natura­les de toda índole y de la coordinación de laspolíticas monetarias, financieras y fiscales en­tre los países con los cuales se acuerde la in­tegración económica;

iv) elementos que rescaten la importancia de lainvestigación científica y tecnológica para elincremento de la productividad. Principalmen­te se requieren esfuerzos para estrechar rela­ciones entre los programas de crédito para lainvestigación reproductiva y la incorporaciónde una base tecnológica nacional;

v) elementos de solidaridad, por cuanto el interésprivado puede descuidar procesos o áreas quesean de interés social. Debe entonces el Estadoafrontarlo con criterios explícitos de beneficio­costo 42;

vi) elementos de democratización del capital paraestablecer una base que prevenga la forma-

42. Resulta curioso que analistas de los Estados Unidos, como Krugman(1995), entre las soluciones específicas para atacar la pobreza su­giera medidas que el llamado tercer mundo viene desmantelandobajo la política de reducir el Estado: mencionando, entre otras garan­tías mínimas para todos, el mantenimiento de servicios básicos. co­mo salud y educación, pago de subsidios a las empresas que creasennuevos empleos y por último la creación de empleos públicos.

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cián de monopolios indeseados. En este aspec­to será importante el estímulo a la promociónde pequeñas empresas (cuando sean viableseconómicamente); el estímulo a la formaciónde cooperativas de diverso propósito y el estí­mulo a la difusión de la información tecno­lógica, y

vii) elementos de democratización de la informa­ción. El Estado debe hacer un gran esfuerzocomunicacional (evitando la propaganda pro­selitista), pues tradicionalmente los objetivosde las políticas públicas se presentan con unalto grado de abstracción, incluso con un abusodel lenguaje tecno-científico que dificulta sucomprensión por la ciudadanía a quien estándirigidas y aun la comprensión de los funciona­rios que deben aplicarlas.

En todo caso debe advertirse que, muchas veces,los análisis de partida (diagnósticos) constituyen visio­nes fragmentadas de la realidad (problemas), cuya priori­zación es altamente subjetiva y contribuye a una acciónincoherente. La crisis financiera de 1994-95, las accio­nes emprendidas y la subsiguiente desnacionalizaciónde la banca, con los conflictos de intereses que puedegenerar ilustran apropiadamente el caso. De allí que unapre condición fundamental para avanzar hacia el desa­rrollo autosostenido o búsqueda del bien común sea unavisión integral del tipo de sociedad que se desea alcan­zar, al menos en un lapso generacional, para hacer evi­dente los intereses que se van a afectar y a los poderes(recursos) que se van a enfrentar o que se requiera cohe­sionar (alianzas), y para hacer que las acciones a desa­rrollar, además de los requisitos económicos de "eficacia"y "eficiencia", llenen el requisito político de "viabilidad".

Como se ve, trátase de combinar elementos técnicos,tan precisos como exija la coyuntura, con elementos ne-

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tamente políticos, para percibir la necesidad de cambiarlas políticas debido a la consecuente obsolescencia porhaber cumplido su cometido.

EpíLOGO

Se afirma que la generación de comienzos del sigloXIX alcanzó la independencia política de la Nación acosta de todos los demás beneficios que incluyen el biencomún. Durante dicho siglo la sociedad avanzó en elaprendizaje del auto gobierno. Las generaciones del sigloXX modernizaron el país en términos políticos y ensaya­ron medidas en búsqueda del autodesarrollo económico.Algunos indicadores señalan que ese objetivo no se haalcanzado al comparar el nivel de bienestar social con elde otras sociedades. Pero creemos que los objetivos ob­tenidos y la comprensión de los errores cometidos ha­cen factible que las nuevas generaciones puedan avan­zar en el logro del desideratum de "ser" más, aun cuan­do circunstancialmente fuere limitado el "tener" más.

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