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CAOICoordinadora Andina de Organizaciones Indígenas
A E REMA E
P IS N T
LO S A PCIO
TE RES
L CUDE O RA
AI E REMA E
P S N T
LO S A PCIOS
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L CUDE O RA
¿ Qué se esconde detrásdel misterio del capitalindígena?
¿ Qué se esconde detrásdel misterio del capitalindígena?
Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú
Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú
Impactos delcambio climáticoImpactos delcambio climático
¿ Qué se esconde detrásdel misterio del capitalindígena?
Inambari o maisGrande do Sul Inambari o maisGrande do Sul
Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú
Impactos delcambio climático
El Perú enventaEl Perú enventa
El Perú enventa
Octubre - Noviembre 2009
intensas lluvias y sequías, incrementando los desastres
naturales, la retracción de los glaciares, el deshielo de las
capas polares y la elevación del nivel del mar.
Mientras los impactos ambientales crecen sobre las
montañas y la biodiversidad, y los conocimientos
tradicionales están cada vez más amenazados, más
personas que viven en tierras bajas dependen de las
condiciones climáticas altoandinas. El ecosistema de
montaña, cuyas características y potencialidades fueron
aprovechadas por los indígenas andinos, constituye una
fuente natural de agua dulce, biodiversidad y recreación.
Los diferentes pisos naturales permiten una producción
diversificada que asegura la subsistencia de nuestros
pueblos. Por ejemplo, el 45% de las especies de papa
(más de 5200) y el 30% de oca (más de 400) fueron
colectadas sobre los 3,500 m.s.n.m. Y hoy pueden
desaparecer.
Los impactos del desarrollo de actividades humanas y
del cambio climático pueden llevar a la modificación de
los sistemas ecológicos de montaña y a la desaparición
de la biodiversidad andina. Los ejemplos son Ecuador y
Perú, en cuyos territorios se viene desarrollando un
“boom minero”.
Impactos en la Región Andina
Hemos dicho que el calentamiento tiene responsables: la
mayor emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
proviene de los países ricos, pero son los países pobres
los que más sufren los impactos. Allí está el origen de la
deuda ecológica con nuestros pueblos.
La emisión de GEI de la subregión andina es muy baja
(por ejemplo, en 1997 representó apenas el 1.3% del
total mundial de emisiones de CO2). Sin embargo, la
CAN ha reportado que a causa del fenómeno El Niño en
1997/1998 el sector productivo (agricultura, pesca,
petróleo, entre otros) fue el más afectado con el 48% del
valor de los daños, seguido de la infraestructura
(carreteras, puentes y viviendas) con el 23% y los
servicios sociales representaron el 10% del valor de los
daños. La salud de nuestros pueblos indígenas de la
región andina, especialmente aquellos que habitan en los
ecosistemas de montaña, se ve afectada a causa de los
fenómenos naturales atribuidos al cambio climático,
como los friajes, heladas, sequías y precipitaciones. Se
ha identificado que las infecciones respiratorias agudas
son la principal causa de muerte en las zonas alto
andinas, especialmente de niños y ancianos, así como las
Enfermedades Diarreicas Agudas en las zonas más
bajas.
* Miguel Palacín Quispe, fue Presidente de la CONACAMI, actualmente coordinadorde la Coordinadora de Organizaciones Indígenas CAOI
Edición anterior - N° 01
Miguel Palacín QuispeMario Palacios PanézAnthony BebbingtonDenise Humphreys BebbingtonLuis VittorJosé De Echave C.Mauricio Rodríguez R.
Redactores:
Coordinación de Edición:Nivardo Enriquez Barriales
Diagramación:Magdalena Robles Collantes
Montaje de Carátula:Oscar Omar Mendoza C.“ Niño Indigena”
CooperAcción
Colaboran en esta edición:
Derechos Humanos
Taller Gráfico M&L PERU
Gertrudis Salas Ventura
4 Política
Dentro del avance desbocado del
neoliberalismo que requiere la conversión
de cada vez más componentes del mundo
en mercancías, el Perú aparece como una
mercancía sujeta a negociación, que pude
ser transable, según la oferta del postor.
La emergente aparición del movimiento
indígena en estos últimos años en el Perú,
aparece como la defensora de una justicia
socioambiental y plantea una crítica
profunda al modelo económico que
discrimina o castiga a ciertos grupos de la
sociedad, a la vez que cuestiona el
concepto de desarrollo e insiste en la
importancia de mantener un debate
público sobre el tipo de desarrollo que la
sociedad quiere.
Hacia la formación de unajusticia socioambientalen el Perú.
En el mismo sentido, persiste la posibilidad de que en el
mediano plazo la población cajamarquina acepte el
proyecto Quilish, si la empresa garantiza otras fuentes de
agua segura para la ciudad. La lógica de compensación
subyace las negociaciones de las empresas, además de
buena parte de la legislación estatal (irónicamente, da la
impresión que ciertas empresas están más dispuestas que
el estado mismo a aceptar niveles elevados de
compensación). De hecho, ambos tipos de institución
creen en la eficacia y validez de la compensación, ya que
es este principio el que les ofrece una salida a los
conflictos mineros.
Salida que garantiza el avance del proyecto sin el
ejercicio de formas de violencia autoritaria que no
convienen a las empresas, sobre todo a aquellas
transnacionales preocupadas por temas de imagen. Sin
embargo, no son solamente las empresas y las entidades
del gobierno quienes creen en la compensación, muchos
asesores de los movimientos y organizaciones sociales
también lo hacen.
Para ellos la mejor opción para las poblaciones locales es
vender sus tierras, esto frente a sus muchas necesidades
económicas ya situaciones que parecen poco favorables
a la población, especialmente cuando la opción de “no
explotar” el subsuelo les parece irrealista.
De hecho, no hay que desestimar la sagacidad de esta
posición frente al desposeimiento histórico y presente de
ciertas poblaciones; pues responde a la experiencia de
que es “mejor vender antes de que les quiten”. No obstante esta previsión, permite que el efecto sea el
mismo: la compensación como salida al conflicto.
Mucho menor aceptación de una lógica de
compensación está presente en los últimos dos tipos de
ambientalismo, pues se basan en derechos básicos que no
pueden ser traducidos en valor monetario. Para el
primero de estos ambientalismos se trata de un conjunto
de derechos humanos cuyo respeto y defensa constituyen
un principio de justicia social; en el segundo caso, el
principio es el de la justicia ecológica basada en un
conjunto de derechos inherentes y poseídos por la
naturaleza. Mucho más que otros ambientalismos, estos
últimos cuestionan de una manera profunda el concepto
de desarrollo e insisten en la importancia de mantener un
debate público sobre el tipo de desarrollo que la sociedad
quiere. En términos específicos, plantean la necesidad de pensar
el desarrollo desde un concepto de derechos
inalienables tanto de las personas como del medio
ambiente. Esto los diferencia radicalmente del sector
minero y del gobierno para quienes el principio
fundamental es el crecimiento económico. En estas
discrepancias aparentemente académicas radican
desacuerdos muy profundos, con alta importancia
política, vinculados a la noción de desarrollo: son
desacuerdos sobre el tipo de país que se quiere construir,
el tipo de economía que se quiere promover, el tipo de
estado que se debería construir y el tipo de relación que
debería existir entre la humanidad y la naturaleza.
Desacuerdos sobre estos temas ameritan un debate
público mucho más amplio y colectivo, ya que las
discusiones desatadas por quienes creen en mecanismos
de compensación terminan siendo poco desarrolladas o
truncadas. A fin de cuentas, son debates sobre “cuánto
vale”; esto es, por definición, debates en los cuales todo
es transable. El tipo de debate exigido por la justicia
socio-ambiental y el ecologismo profundo trata sobre lo
no-transable; es decir, los valores constitutivos (o que
deberían ser constitutivos) de la sociedad peruana.
En la medida en que el avance del neoliberalismo
requiere la conversión de cada vez más componentes del
mundo en mercancías, el primer tipo de debate termina
siendo –aún si no es la intención de los participantes – un
ejercicio para identificar, simplemente, las condiciones
y los precios que permitirán que este avance continúe.
Los debates del segundo tipo buscan identificar por qué,
cómo y bajo que condiciones el desarrollo neoliberal
debería frenarse. Como se ve, son estos ambientalismos
los que generan más conflicto intelectual, sino físico,
respecto a la expansión de la minería, pues rechazan
salidas negociadas al conflicto por la vía de la
compensación o a través de pactos a nivel únicamente
local. En este sentido, son tales enfoques los que crean
problemas a la existencia del sector extractivo y los que,
frente a ciertas prácticas, instituciones y tendencias del
sector, inducen formas de conflicto que realmente
merecen ese nombre, al entrar en contradicción, a secas,
con la minería.
* Anthony Bebbington y Denise Humphreys Bebbington. El primero es profesor de medio
ambiente sociedad y desarrollo de la universidad de Manchester, Inglaterra y actualmente,
investigador asociado del Centro Peruano de Estudios Sociales; mientras que la segunda es
historiadora en la Universidad de California. Ambos trabajan el tema de movimientos
sociales e indígenas.
1 El presente artículo es un extracto del ensayo: Actores y Ambientalismos, publicado por la
Revista de Ciencias Sociales, “íconos” en setiembre del 2009.
Derechos Humanos
Detrás del “misterio del capital indígena”
¿El problema es sólo económico?
¿Qué esconde “El
misterio del capital
indígena” de Hernando
de Soto?Jose De Echave,
destacado economista
brinda nuevas luces
sobre este polémico
ensayo que pone sobre
el debate un tema que
se ha venido analizando
en el país, a raíz de los
últimos conflictos que
involucraron a
comunidades
campesinas y nativas.
José De Echave C.*
Es así que fácilmente los intereses encontrados pueden
ser alineados. Por ejemplo, en el proyecto Río Blanco en
la sierra del departamento de Piura, donde se han
comprometido a establecer un área protegida alrededor
del tajo de la mina que se espera construir allí. Esta área
pretende ser un instrumento para proteger el bosque a
través de la exclusión de las personas, sirviendo además
como una suerte de cordón de protección circunscrito al
emplazamiento de la mina –esto con la aprobación de
ecólogos destacados. Otro ejemplo de alineación es el
compromiso de la minera Yanacocha de “cosechar agua”
en Cajamarca; acuerdo que ha recibido el beneplácito de
actores de renombre nacional, quienes podrían ser
ubicados dentro de esta forma de ambientalismo.
Un segundo ambientalismo se podría denominar
nacionalista-populista (no en sentido partidario). Es un
ambientalismo que se preocupa sobre todo por la
cuestión de quién tiene acceso a los recursos naturales y a
su puesta en valor monetario, y quién ejerce control sobre
los mismos y este valor. Es nacionalista porque busca
mayor control nacional sobre el medioambiente y las
ganancias que este genere, y es populista, porque buscar
que estas ganancias sirvan “al pueblo”. Los actores de este ambientalismo tienen generalmente
raíces sociales en corrientes anti-imperialistas y
socialistas de larga data y deudas intelectuales con estas.
Es una forma de ambientalismo que tiene evidentes
conflictos con una expansión minera cuan-do esto
implica ganancias significativas y roles determinantes
para empresas transnacionales y/o empresas privadas
cuyos dueños provienen de elites nacionales. Pero de
nuevo son conflictos que pueden ser negociados, a
través, por ejemplo, de sistemas impositivos más
agresivos (junto con sistemas para el cobro de regalías) o
a través de algún nivel de nacionalización de la minería.
De ahí que mientras tiende a entrar en conflicto con las
industrias minera transnacionales, no entra en conflicto
con la minería en sí. Este es un tipo de ambientalismo
muy presente en los conflictos mineros en Perú visible en
organizaciones que tienen ciertos vínculos con partidos
de izquierda y con frentes de defensa.
Un tercer ambientalismo corresponde a lo que Joan
Martínez Alier (2002) conceptualiza como ecologismo
de los pobres aunque para este ensayo preferimos
denominarlo ecologismo de los medios de vida. Es un
ambientalismo que se preocupa por la calidad de, y la
accesibilidad a, aquellos recursos naturales que
sostienen los medios de vida de distintos sectores de la
población. Sus actores principales tienden a ser personas
–rurales y citadinas– quienes perciben que sus recursos
naturales están amenazados. Aquí se incluyen
campesinos preocupados porque van a perder acceso a
su tierra o al agua de riego que necesitan, así como
citadinos preocupados porque la minería amenaza sus
fuentes de agua potable o su salud. El punto común es
que este ambientalismo está profundamente enraizado
en formas de vida: lo que prima es el deseo por mantener
estas formas de vida y sostener los medios que las hacen
viables.
En este caso, el conflicto con la minería es más profundo
en la medida en que la minería y la población requiere
acceso a exactamente el mismo recurso; este es el caso
del conflicto sobre Cerro Quilish en Cajamarca o el
conflicto de Tambogrande en Piura. Estos casos sugieren
además que este ambientalismo tiene la potencialidad de
reunir y articular una población amplia que cruza la
división campo/ciudad. De todas maneras, sigue abierta
aquí la posibilidad de negociación en la medida en que
uno u otro actor acepta una compensación por la pérdida
de acceso a un recurso o la sustitución de un recurso por
otro.
El cuarto ambientalismo podría denominarse justicia
socio-ambiental. Este parte de una noción de inequidad
en la relación entre sociedad y medio ambiente, y una
crítica al modelo económico que discrimina o castiga
aciertos grupos de la sociedad. Se preocupa por las
desigualdades en cuanto a quienes (en términos de clase
social, grupo étnico, género y ubicación geográfica)
están más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de,
en este caso, todas las actividades relacionadas con la
expansión minera. Además, ve como inaceptable esta
inequidad; esto porque maneja un cierto concepto de
derechos inalienables y de justicia social.
De hecho, los actores que sostienen este tipo de
ambientalismo provienen generalmente de corrientes de
pensamiento y acción social relacionados con la justicia
social y los derechos humanos (aunque para el caso
peruano la comunidad de derechos humanos tuvo, hasta
hace pocos años, una relación algo tibia con las
organizaciones involucradas en los conflictos mineros,
quienes asumían una orientación de justicia ambiental y
defensa legal). En el juego discursivo de tildar a ciertos grupos de
“ambientalistas” –léase extremistas e inflexibles– son
especialmente éstos los grupos clasificados bajo esta
Derechos Humanos
n noviembre del año 1998, líderes comunales de
diversas regiones del Perú coincidieron en un
seminario para hablar sobre los impactos de la minería
en sus comunidades. El encuentro pudo ser uno de
tantos encuentros celebrados; sin embargo, sus
conclusiones y acuerdos abrirían una nueva etapa en las
luchas de las comunidades por sus derechos frente a la
industria minería y las políticas de Estado. Esta nueva
etapa esta marcada por la emergencia de la
Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería – CONACAMI y de un
movimiento contra los impactos negativos de la minería
desde el espacio comunal hasta el espacio nacional.
Considerando que en el espacio andino se concentran
los territorios de comunidades, las fuentes de agua y los
recursos mineros, los andes es escenario de resistencias
a la minería a causa de sus impactos negativos y
recientemente de oposición a esta actividad. La historia
CONACAMI y el despertar delmovimiento indígena
Diez años después
CONACAMI ha logrado
constituirse en el principal
referente del movimiento
indígena andino y es
considerado una de las
experiencias emblemáticas
de organización y resistencia
a la minería, generando vivos
aprendizajes para las
comunidades y sus próximas
generaciones.
Luis Vittor *
Mario Palacios Panéz
hace referencia a las luchas comunales en Cerro de
Pasco, San Mateo de Huanchor, Lago, Junín, La Oroya o
Ilo por defender la tierra, el agua, el aire y la vida de la
“contaminación minera”. Estos casos estaban vigentes
en la década de los noventa y originaron el surgimiento
de un movimiento de comunidades afectadas por la
minería.
Estos casos no eran los únicos ya que en los andes se
había desatado el “boom minero” y se vivía una
“explosión” de conflictos que aún no trascendían del
escenario local al nivel nacional. En Ancash se registran
protestas de las comunidades y el municipio de Huaraz
contra de la mina Pierina y el proyecto minero Antamina
exigiendo “verdaderos” aportes al desarrollo regional
(agosto, 1999). Se denunciaron irregularidades en la
compra de tierras en San Marcos (Ancash) por
Antamina, en Cajamarca por Yanacocha y en Espinar
(Cusco) por BHP Tintaya.
selva peruana. Recientes revelaciones sobre
documentos desclasificados por el departamento
de Estado de EEUU dan cuenta que entre las
conversaciones secretas del presidente
norteamericano Richard Nixon con el entonces
dictador brasileño Emilio Garrastazú Medici no
solo figuraba una alianza para derrocar al
gobierno del presidente Velasco Alvarado, sino
también la construcción de una Carretera
Interoceánica.
En fin. Las regiones de Puno y Cusco, que son las
jurisdicciones que deben ser consultadas para el
uso de estos recursos hídricos, serán las que
deban tomar la decisión. Y hasta el momento, el
gobierno central, ha actuado al margen de los
intereses regionales y de la población. Es
necesario evaluar el impacto de este
megaproyecto en el desarrollo regional y
reflexionar sobre si el país debe actuar solo en
atención a los requerimientos de intereses extra
nacionales.
Es necesario poner en la mesa con mucha
claridad, cuál es el beneficio concreto de este
proyecto para las regiones más afectadas como
Puno y Cusco y para el país. Un megaproyecto de
esta naturaleza requiere una consulta con las
regiones involucradas y su población. Todo
parece indicar que no hay voluntad del gobierno
peruano de hacer las consultas, por lo tanto esto
se convierte en un conflicto no resuelto.
O mais grande do sul
El gobierno peruano ha entregado en concesión
temporal un área de 1700 kilómetros cuadrados a
fin de hacer los estudios de factibilidad para la
construcción de la Central Hidroeléctrica del
Inambari que no se encontraba entre los
proyectos prioritarios del Ministerio de Energía
y Minas del Perú.
Las visitas de los ingenieros de la empresa
Inambari a la zona, preocupa a la población de la
zona. Debido a que, de construirse la central, se
afectaría 106 kilómetros de la carretera
interoceánica; Sur 61 kilómetros por la zona de
Puno y 46 kilómetros por la zona del Cusco,
cuyos tramos podrían tener un nuevo trazo y se
retrasaría su conclusión.
Otro efecto de la obra será la inundación de 460
kilómetros cuadrados de bosques en las
regiones de Puno y Cusco, con el consiguiente
daño ambiental que eso significa en pleno
proceso de cambio climático. Hay también el
riesgo de desaparecer al menos sesenta poblados
ubicados entre Puno y Cusco, La única región
beneficiada sería Madre de Dios, porque
prácticamente no se toca ni su carretera ni su
territorio con la construcción de la presa, se
puede entender entonces que ellos sí están de
acuerdo.
* Mauricio Rodríguez, abogado, periodista es director de Pachamama Radio de
la ciudad de Puno.
Medio Ambiente Medio Ambiente
E
¿Qué representa CONACAMI en el proceso de
formación del movimiento indígena?
CONACAMI, es un factor importante en la construcción
del movimiento indígena en nuestro país, sin embargo,
su construcción exige el aporte de varias vertientes,
como; el movimiento indígena amazónico -con el cual
caminamos hacia este horizonte- además el conjunto de
movimientos que han desarrollado nuestra
espiritualidad, las organizaciones de hijos y migrantes
andinos y amazónicos residentes en las ciudades etc.
Desde las comunidades afectadas por la minería
aportamos nuestra capacidad organizativa y de
movilización, nuestra condición de comunidades de
bases territoriales, el aporte programático, ideológico y
de principios desarrollados en estos años, el nivel de
coordinación continental de Abya Yala y de la región
andina porque somos parte del movimiento indígena
continental.
¿Hay condiciones para gestar un movimiento
indígena similar a otros países como Ecuador y
Bolivia?
El movimiento indígena en el Perú está en proceso de
construcción. Este debe tener el carácter amazónico y
andino e involucre las comunidades de costa. Durante
más de veinte años la lucha ha sido por en defensa de los
territorios comunales, la construcción de la agenda
nacional de las organizaciones tanto en la amazonía
como en los andes y la resistencia por visibilizarse como
actor social frente a las políticas de negación del estado y
de los gobiernos. Este año 2009 es un año relevante
pueblos indígenas por que los levantamientos
amazónicos del 2008 – 2009, los levantamientos del sur
andino la participación indígena en el proceso de las
Cumbres en especial de la IV Cumbre Continental de los
Pueblos del Abya Yala sellan su proceso de visibilización
irreversible lo que es un hito en la historia en nuestro
país. Tanto desde la derecha, la intelectualidad, los
políticos de la izquierda, sostenían que en el Perú no va
pasar nada similar al proceso indígena de Ecuador y
Bolivia, porque en el Perú no hay movimiento indígena.
Respecto al tema, el amauta quechua Rodrigo Montoya
decía “Esas cosas sólo se pueden decir desde la
ignorancia, desde esta terrible tragedia peruana donde el
mundo intelectual es un mundo limeño, donde la
izquierda sigue siendo -con excepciones muy pequeñas y
honrosas- profundamente limeña, centralista, católica,
amarrada por miles de vínculos con la iglesia y el poder
en el país”. Hoy los pueblos andinos y amazónicos nunca
más serán invisibles, ignorados o negados por lo tanto
nuestra lucha se transforma en una lucha por el poder y la
participación política tiene su peso decisivo.
¿Cómo observa el panorama electoral de las
próximas elecciones para el movimiento indígena
nacional, es favorable, se puede hablar de la
cristalización política del movimiento?.
El Proyecto político de los pueblos indígenas es el
Proyecto de Vida, no se construye para la participación
en las elecciones solamente. Es más bien un proyecto de
vida para el cambio, para la transformación. Varios de los
dirigentes formados en la CONACAMI participarán
encabezando listas regionales y municipales para ello
están formando sus movimientos en las regiones,
CONACAMI sigue siendo la organización social de las
comunidades, ese es su carácter. Para las elecciones
generales muchas voluntades han constituido el Partido
Político Perú Plurinacional y están trabajando por
cumplir las formalidades que las leyes exigen. En un
escenario político dominado por los partidos liberales de
derecha, y existe un maridaje entre los medios de
comunicación tradicional comercial y los capitales
transnacionales y el gobierno, toda política alternativa es
satanizado como de radical o pro subversivo. Esta
situación exige la más amplia unidad de los sectores
realmente democráticos alternativos y alternativos al
modelo en el cual el movimiento indígena aporta sus
propuestas de plurinacionalidad, democracia
comunitaria del Mandar Obedeciendo y el paradigma del
Buen Vivir.
Entrevista a Mario Palacios Panéz*
Un añejo plan imperialista brasileño de expansión amazónica asoma en el debate, con
la construcción de dos grandes megaproyectos en territorio peruano. La construcción
de la Carretera Interoceánica y el megaproyecto hidroeléctrico de Inambari cristalizan
el viejo sueño geopolítico del Brasil trazado en los 70 por el gobierno de Richard
Nixon y el entonces, dictador brasileño Emilio Garrastazú Medici. Estos dos
proyectos no sólo beneficiarán a los brasileños, sino que afectará al Parque Nacional
Bahuaja-Sonene, con un gigantesco embalse que inundará decenas de kilómetros,
afectando a decenas de pueblos.
¿Quiénes están detrás de la hidroeléctrica?
Inambari grande do sul
Mauricio Rodríguez R.*
Medio AmbienteMedio Ambiente
*Mario Palacios Panéz, actual presidente de CONACAMI
iniciativa.
El proceso hacia el congreso nacional, que se inició en
marzo de 1999, generó expectativa y convocó la
asistencia de líderes de las comunidades y
organizaciones cuya preocupación central constituía la
problemática de los impactos ambientales y sociales de
la minería o la amenaza de afectar los planes de
desarrollo local por actividades mineras. El acto
fundacional tuvo lugar en Lima entre el 20 y 22 de
octubre de 1999, con la participación de 324 delegados
que representaban a 1200 comunidades afectadas por la
minería de nueve regiones del país.
Convención minera en ArequipaEn setiembre de este año, Arequipa fue escenario de la
29 Convención Minera, organizada por el Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú, la sociedad Nacional de
Minería Petróleo y Energía SNMPE, realizado del 14 al
18 de este mes. El certamen contó con el auspicio y la
presencia de consorcios transnacionales, el gobierno
peruano, empresas y empresarios mineros de Alemania,
Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China,
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Polonia entre
otros.
CONACAMI junto a AIDESEP y otras instituciones
organizaron el “Encuentro Cumbre Andino Amazónico
Alternativo a la 29 Convención Minera” con la
participación de delegaciones de diferentes regiones del
norte, centro y sur del Perú y dirigentes regionales de
Loreto, Ucayali, y Selva Central.
El encuentro andino-amazónico abordó la problemática
de las industrias extractivas desde la otra cara. Pese a
que los temas son de carácter impostergable, la 29
Convención y las empresas mineras, no asumen, como
parte de su agenda y el estado lo hace parcial y
tendenciosamente, los temas pendientes como: Las
victimas intoxicadas por metales pesados, la consulta
como consentimiento previo que es el derecho de los
pueblos a decidir sus propias prioridades y perspectivas
de desarrollo, los criminalizados por conflictos
territoriales y ambientales, y la constitucionalización de
los derechos como Pueblos Indígenas.
En Huancavelica se denunciaban impactos ambientales
de minas como Santa Bárbara, Julcani y Cobriza. En
cada región donde se desarrollaba la minería existían
conflictos invisibilizados y -en síntesis- se trataba de
luchas históricas y recientes pero aisladas que carecían
de planes de articularse más allá del nivel local.
En 1998 la minería había alcanzado 15 millones de
hectáreas concesionadas. La relación de las empresas
mineras con las comunidades era casi una extensión de
las prácticas de las haciendas, donde la presión se
imponía sobre los derechos para la obtención de
autorizaciones para uso de tierras de propiedad de las
comunidades; si había oposición, se amenazaba con la
imposición de la “servidumbre minera” como en los
casos de Vicco y Tintaya. El papel del Estado en los
conflictos era percibido por las comunidades como “a
favor de las empresas mineras” pero aún así se recurría a
él para denunciar los impactos y la violación de sus
derechos.
En este contexto cobró fuerza la idea de “conformar una
coordinadora de comunidades campesinas afectadas por
contaminación ambiental minera”, por la necesidad de
responder ante los impactos negativos del “boom
minero”. Aspectos objetivos como el pasado de la
minería y la amenaza de una “minería irresponsable”, el
vacío organizativo y de representación que incluyera la
problemática de las comunidades afectadas por la
minería, constituyeron elementos que motivaron la
*Luis Vittor ha participado de la experiencia de CONACAMI desde su fundación
y en la actualidad es becario del curso 2008/09 de Experto en Pueblos Indígenas,
Derechos Humanos, Gobernabilidad y Cooperación Internacional; Universidad
Carlos III de Madrid (España).
Medio Ambiente 9
esde los años 50 empezó la expansión industrial en Brasil, con el cambio
tecnológico que introdujo la industria
automotriz, el acero y la petroquímica
convirtiéndose en una potencia en América
Latina.
El vecino país tiene una demanda enorme de
energía por el crecimiento de su industria y si
bien es cierto que este país tiene una enorme
potencia de agua dulce, sus normas ambientales,
obliga a que las empresas transnacionales como
Furnas y OAS; y la misma Electrobrass tengan
que mirar al Perú para construir estas enormes
centrales.
Aparte está la necesidad geopolítica de Brasil, de
controlar la amazonía desde la selva alta del
Perú. Por ello su propuesta de construir
inicialmente seis centrales hidroenergéticas y
posteriormente llegar a unas 15.
Los brasileños han llegado a la conclusión de
que, por las excelentes condiciones
hidrográficas de la zona, la central del Inambari,
podrá tener una capacidad mucho mayor que la
estimada inicialmente: nada menos que 2.5 GW.
Con ello, no sólo sería la central más grande del
Perú, sino que además se convertiría en la quinta
hidroeléctrica más grande de Sudamérica, sólo
por detrás de las gigantescas de Itaipú (de 14
GW, en Paraguay-Brasil), Guri (de 10 GW, en
Venezuela), de Yacyretá (de 3.5 GW, en
Paraguay-Argentina) y Macagua (de 2.54 GW,
en Venezuela). Como se puede observar
ninguna queda en Brasil.Dentro de unos cinco meses, el consorcio
Inambari concluirá el estudio de factibilidad,
luego de lo cual solicitará la concesión
definitiva. Si le es otorgada (como todo parece
indicarlo) aproximadamente a mediados del
próximo año iniciaría la construcción, el más
grande megaproyecto extranjero en el Perú. La
inversión requerida, que inicialmente se
estimaba en US$ 2 mil millones, ascenderá
D ahora a 4 mil millones de dólares americanos
que sólo será controlada por las mismas
empresas. Mediante la central Inambari, el Perú podría
abastecer la creciente demanda eléctrica del
Brasil (80% de la electricidad se irá para brasil)
y un 20 % tal vez sea para el Perú.
La experiencia de la construcción de la Central
de Itaipú en paraguay, afectó a cerca de 40.000
personas y 800 granjas, para lo cual se
desembolso una cifra actual de unos 350
millones de euros, solo para indemnizar a los
afectados con las inundaciones causadas por la
presa; el dinero de su construcción no estaba
contemplado en ese monto. Además
desaparecieron para siempre cientos de especies
de animales y biodiversidad que nunca más
podremos ver allí.
La razón principal de estos proyectos para Brasil
es que ellos no cuentan con petróleo y gas
suficiente para cambiar una crisis, y no pueden
permitirse importar combustible, debido a la
crisis energética mundial y esto pone en juego
los intereses respectivos de la burguesía
industrial brasileña. Entonces se llega a la
decisión de utilizar un recurso gratuito que
abunda en Perú: El agua.
El 10% de toda el agua dulce del mundo se
encuentra en Brasil. Entonces ¿Porqué Brasil
viene a Perú para producir energía? Brasil, ve
que el gobierno peruano no es muy exigente en
condiciones para el uso del agua ni del territorio.
Y que los 30 años de concesión le revertirá
grandes ganancias. El gobierno del Brasil está
en lo correcto porque quiere sacar provecho de
otro país para beneficio de los suyos, lo
lamentable es que el gobierno de Perú no actúa
en defensa de los intereses nacionales.
No es ninguna novedad que el país mais grande
do mundo, tenga ambiciones imperialistas en la
Medio Ambiente
estas alturas medio país debe haber visto o
escuchado los múltiples avisos del Instituto
Libertad y Democracia (ILD) de Hernando de Soto, en
diarios, televisión y radios. El ILD ha presentado su
documental: “El misterio del capital de los indígenas
amazónicos". Con este material, De Soto y compañía
propone un debate sobre un tema que se ha venido
analizando en el país, a raíz de los últimos conflictos que
involucraron a comunidades campesinas y nativas.
Los anuncios del ILD han estado precedidos por
presentaciones públicas del abogado Enrique Ghersi
(ex congresista del Movimiento Libertad de Vargas
Llosa y coautor del “Otro Sendero”, con De Soto y
Mario Guibellini). Ghersi ha planteado abiertamente
que las comunidades deben tener el derecho de la
propiedad superficial y del subsuelo y, al igual que por
ejemplo un ciudadano texano, si mañana o pasado se
encuentra petróleo en su propiedad, pues el verá con
quién se asocia, a quién la vende, etc. Resuelto el
problema de propiedad del subsuelo -según Ghersi-, los
conflictos desaparecerán de manera milagrosa.
Hasta aquí las coincidencias aparentes con las
propuestas que, por ejemplo, tienen las propias
organizaciones indígenas del país e incluso algunos
organismos no gubernamentales. Sin embargo, no está
demás precisar que la propuesta de Ghersi, De Soto y el
ILD, termina afirmando la idea fuerza del anuncio: "el
problema no es étnico, es económico".
El mensaje es además: "la propiedad privada lo resuelve
todo". De Soto adorna esta idea con una larga fila de
generalidades que por supuesto difícilmente alguien
podría estar en contra: “las comunidades no son piezas
de museo”; las comunidades quieren desarrollo”;
“quieren la propiedad de sus tierras”; “quieren
desarrollar experiencias empresariales exitosas”; etc. Por supuesto que las comunidades necesitan y desean
desarrollarse y nadie quiere que se los considere como
piezas de museo. Eso no está en discusión. Sin embargo,
la propuesta del ILD en realidad apunta a un escenario
claro y abierto de desregulación; de acuerdo
predominante entre privados; cuanto menos presencia
del Estado será mejor, así se simplifican las cosas. Pero como saben que en el fondo la propiedad no
resuelve el tema de las asimetrías, las cosas siempre
terminarán siendo favorables para el actor más
organizado; con mayores recursos y mayor capacidad
de incidencia, etc. No estaría demás repasar las
experiencias de parcelación de tierras que se han
producido en la costa peruana en las últimas décadas: el
acceso a la pequeña propiedad individual no ha
beneficiado necesariamente a los parceleros de la Costa
y más bien terminó convirtiéndose en el escenario ideal
para un proceso de concentración de tierras sin
precedente; incluso mayor al escenario previo a la
reforma agraria. Esto no quiere decir que las cosas se tengan que quedar
estáticas; se necesitan cambios urgentes; pero el tema no
responde a la simplificación extrema que presenta el
diagnóstico del Instituto Libertad y Democracia. Ni la
realidad de las comunidades de Alaska, ni de las
comunidades amazónicas del Perú, son como las
presenta De Soto, que cede fácilmente a la tentación de
establecer definiciones de categorías desde una visión
profundamente occidental, que no reconoce
diversidades, cosmovisiones, ni derechos, más allá del
argumento económico. En todo caso el debate está
abierto y tiene varias aristas. Algunas consideraciones
para comenzar a abordarlo (por supuesto no son las
únicas, hay muchas más):
- Es evidente que el problema no es únicamente
económico. También es social, cultural, ambiental, etc.
Puesto de otra manera, es un tema de derechos; de
derechos económicos, sociales, culturales y
ambientales. - ¿Acaso algunas empresas mineras y de hidrocarburos,
no se han dado cuenta, hace bastante tiempo, que el
problema no es exclusivamente económico? ¿Ya no
superaron esa etapa? ¿No es esa la experiencia de
Antamina, y Tintaya en el Perú y muchas más? ¿La
propuesta del ILD no plantea acaso un serio retroceso
conceptual que puede tener efectos contrarios,
precisamente, a la agenda de desarrollo y de derechos? - Al margen del debate sobre la propiedad del subsuelo,
no se puede perder de vista el carácter integral de la
problemática: ¿cómo queda por ejemplo la agenda
ambiental en la propuesta de De Soto? ¿Cómo queda la
necesidad de planificar el uso sostenible del territorio y
los recursos? ¿La necesidad de enfrentar los retos del
cambio climático, etc.? ¿Cómo la sociedad y el país
entero, avanza en función de objetivos nacionales de
desarrollo?
*José De Echave, Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle.
Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración
del estudio Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú.
A
unque el término “ambientalista” se usa para
clasificar (y por lo general, tachar) a ciertas ONG y
activistas, existen distintas formas de “ambientalismo”,
en general, y específicamente dentro de los conflictos
mineros. Estos ambientalismos parten de distintas
maneras de entender la relación entre medio ambiente,
sociedad y mercado; por lo tanto, implican distintos
proyectos políticos y distintas imaginaciones en cuanto
al mundo que quieren construir. En consecuencia entran en distintos tipos y niveles de
“conflicto” con la expansión minera. También entran en
distintas tensiones entre sí, un punto al cual retornamos
al final de esta sección. Un primer ambientalismo, y
posiblemente el más conocido, se podría denominar
conservacionismo. Es un ambientalismo que busca,
¿Justicia o compensación?Actores y ambientalismos
En una época marcada por la
hegemonía del tema
ecológico y por la aparición
de falsos “ambientalismos”
resulta necesario delimitar
los tipos de corrientes que
surgen en torno a este tema.
En el presente artículo, los
autores ensayan una
definición de los diferentes
ambientalismos y hacen una
aproximación al estudio del
conflicto medio ambiental,
proponiendo la formación de
una justicia ecológica que
irrumpe en el debate social.
Anthony Bebbington y
Denise Humphreys Bebbington *
Derechos Humanos14
sobre todo, conservar ciertos tipos de ecosistemas,
especies, complejos biogeográficos, etc. Los actores que
sostienen este tipo de ambientalismo tienden a anclar sus
raíces en las preocupaciones ecologistas más históricas
en el país, y en enfoques algo más científicos y técnicos.
Su concepción de la relación medioambiente-sociedad
gira alrededor de la necesidad de proteger estos
ecosistemas de un uso humano. En ciertos momentos
puede haber conflicto entre sus objetivos y el proceso de
expansión minera, pero con frecuencia logran
resoluciones negociadas con la minería en las cuales la
empresa minera se compromete con la protección del
medio ambiente y de ciertos ecosistemas, mientras los
actores conservacionistas ofrecen asesoría o servicios por
contrato.
A
5Política
denominación. Este ambientalismo entra en conflictos
estructurales con procesos de expansión minera porque
parte de una posición en la cual ciertos valores y
derechos son fundamentales, y por lo tanto, cualquier
proceso de expansión de las industrias extractivas debe
adaptarse a estos derechos.
Es precisamente en este punto que difiere del
ambientalismo nacionalista-populista: mientras este
cuarto ambientalismo insiste en la justicia social para los
individuos, sobre todo los históricamente excluidos, el
segundo busca justicia para “el pueblo” y “la nación”, y
por lo tanto, se enfoca mucho más en temas de control
nacional de la plusvalía generada en base a la naturaleza.
En consecuencia el ambientalismo nacionalista-
populista estaría mucho más dispuesto a sacrificar los
derechos de ciertos grupos por el bien del “pueblo”.
A diferencia, el socio-ambientalismo valoriza los
derechos humanos como sagrados y entonces exige
prácticas como el consentimiento previo, libre e
informado, la zonificación ecológica socio-económica,
la plena participación de la población en decisiones que
les afectan y una regulación férrea de las industrias
extractivas para garantizar que los derechos de la
población aledaña no sean vulnerados. Un conflicto en el
cual el tema de justicia ha primado mucho ha sido aquel
en La Oroya; este es un ejemplo ilustrativo porque el
socio-ambientalismo se ha desarrollado más en áreas
urbanas que en rurales.
Finalmente tenemos lo que podríamos denominar el
ecologismo profundo. Es un ambientalismo que da
mayor valor a ecosistemas, procesos ecológicos,
especies y biodiversidad que cualquiera de las otras
formas de ambientalismos. De hecho insiste en que el medio natural tiene igual
derecho a vivir que el que tienen las personas. Desde este
enfoque, el medio ambiente no es simplemente un
instrumento que sirve a otras finalidades (la satisfacción
de derechos y deseos humanos, la regulación y
reproducción del sistema ecológico global, etc.) sino un
ente con derechos y valores inherentes.
En la medida en que la industria extractiva
necesariamente destruye componentes de la naturaleza,
es un ambientalismo que entra en profundas
contradicciones con la expansión minera; las mismas,
por tanto, casi nunca tienen una salida negociada. Hasta
la fecha, este tipo de ambientalismo no ha tenido mayor
visibilidad en Perú, aunque argumentos similares se
pueden encontrar en las posiciones asumidas por ciertos
grupos indígenas. Esta orientación ha tenido una
repercusión mayor en el caso ecuatoriano, donde ha
influido de manera importante en la dinámica y
evolución de los conflictos mineros.
Este esquema no pretende ser demasiado rígido, pues la
misma persona u organización puede identificarse con
más de uno de estos ambientalismos (sin poder siempre
resolver el problema político de que a fin de cuentas los
distintos ambientalismos lo llevan hacía distintas
demandas y compromisos). Sin embargo, distinguir
entre corrientes es útil por razones tanto analíticas como
estratégicas.
Conflictos socio-ambientales: ¿un problema de
compensación o de justicia?Hace dos años el primero de los autores de este ensayo
realizó una ponencia sobre conflictos mineros como
contribución a un evento sobre “el futuro de la tierra”.
Durante la discusión un experto mundial en temas de
valoración económica del ambiente le preguntó si no
creía que el problema de fondo fuera de compensación y
que por lo tanto, la solución radicaba en llegar a formas
de compensación que los distintos actores pudiesen
aceptar. En cierto sentido, las primeras tres formas de
ambientalismo estarían de acuerdo con este argumento,
ya que están abiertos a resoluciones negociadas que
giran alrededor de una transferencia compensatoria de
algún tipo.
Actores alineados con el conservacionismo pueden
aceptar un proyecto minero si reciben garantías
ambientales y/o un compromiso por parte del estado o la
empresa que como recompensa por los efectos
ambientales causados por la minería en un sitio, van a
garantizar la protección de otra área.
Por su parte, actores que enarbolan un ambientalismo
nacionalista-populista aceptarían una forma de
“ c o m p e n s a c i ó n s o c i a l ” q u e i n v o l u c r e l a
implementación de impuestos y regalías más altos y/o la
posibilidad de que el “pueblo” participe en las ganancias
mineras como socio o copropietario. Finalmente, los
actores que operan bajo el ecologismo de los medios de
vida podrían aceptar transferencias compensatorias por
la pérdida de ciertos medios. Es un fenómeno que se ha
visto, por ejemplo, en el pago como compensación por la
pérdida de acceso a la tierra a nivel individual o
colectivo; este es el caso en Granja Porcón, en la zona de
influencia de la Minera Yanacocha, en Cajamarca.
organización comunitaria, quiebra la unidad comunal y
enfrenta a las familias entre sí, generando disputas y
caos.
El gobierno de turno a contribuido a profundizar estos
conflictos con la implementación de decretos supremos
y políticas del hortelano que favorecen a la inversión
privada multinacional, en el marco de un año plagado de
“Acuerdos de Asociación” y “Tratados de Libre
Comercio TLC” con países que imponen sus políticas
colonialistas de saqueo, destrucción y contaminación.
Dentro del avance desbocado del neoliberalismo que
requiere la conversión de cada vez más componentes del
mundo en mercancías, el Perú aparece como una
mercancía sujeta a negociación, que pude ser transable,
según la oferta del postor. Así la lotización de la selva y
de bastas zonas andinas en donde superviven
comunidades nativas milenarias se lleva a cabo sin
ningún control.
Frente a la desidia de la misma sociedad civil y de
organizaciones vinculadas al tema, la emergente
aparición del movimiento indígena en estos últimos
años en el Perú, emerge como la defensora de una
justicia socioambiental y plantea una crítica profunda al
modelo económico que discrimina o castiga aciertos
grupos de la sociedad, a la vez que cuestiona el concepto
de desarrollo e insiste en la importancia de mantener un
debate público sobre el tipo de desarrollo que la
sociedad quiere.
En una época marcada por la hegemonía del tema
ecológico y por la aparición de falsos “ambientalismos”,
resulta extremadamente saludable la irrupción de
propuestas como las que plantea el movimiento
indígena en el país, que cuestiona la lógica del “cuánto
vale” en la cual todo es transable, más aun cuando ya
empieza a calentar la campaña electoral.
n los últimos años se han concesionado
grandes extensiones de territorio para actividades
extractivas (minería y petróleo), muchas de las cuales se
encuentra en zonas nativas, lo que ha generado una serie
de conflictos sociales por demandas territoriales y
medioambientales. Según la Defensoría del Pueblo, la
mitad de los conflictos sociales en el Perú son socio
ambientales y dentro de ellos el 80% tienen una relación
directa con industrias extractivas.
Pese a ello, el Estado peruano ha incrementado la firma
de contratos de licencia para la exploración y
explotación de hidrocarburos, a tal punto que el número
de contratos vigentes en el país se elevó a 92, cifra nunca
antes registrada en la historia de hidrocarburos en el
Perú. Con esta cifra el Perú encabeza, junto a otros
países del tercer mundo, la lista de concesiones de
hidrocarburos. Más de la mitad del territorio nacional
está lotizado para la explotación de hidrocarburos,
siendo la selva la más afectada, con el 75% de todo su
territorio. Esto ha concluido en enfrentamientos
sangrientos como los de Bagua, en donde murieron
decenas de indígenas y civiles.
Por otro lado, el llamado “boom minero” que se viene
desarrollando en las zonas andinas puede llevar a la
modificación de los sistemas ecológicos de montaña y a
la desaparición de la biodiversidad en esta región del
país. La “gran y moderna minería” trabajado a cielo o
tajo abierto abarca grandes espacios territoriales,
alrededor del 20% del territorio nacional. Un claro
ejemplo es la minera Yanacocha en Cajamarca que opera
en un área de 26 mil hectáreas y pretende ampliarse
hasta 200 mil hectáreas, en contraste con la propiedad
comunal de cientos de comunidades cuyo territorio no
alcanza las 5 ó 6 mil hectáreas. Parte de esta disputa
territorial es por la provisión y control del agua; tanto
para la actividad minera como para la agricultura.
Si para procesar una tonelada métrica (1 TM) de tierra
metales y roca se utilizan 3 TM de agua, es decir 3 mil
litros de agua, podemos deducir cuánto de agua requiere
la minera Antamina en Ancash donde diariamente se
remueve mas de 300 mil toneladas métricas (de tierra
metales y roca), o los 600 mil TM que diariamente
remueve la minera Yanacocha en Cajamarca.
El impacto de minería no solo es ambiental, también
actúa destruyendo los tejidos sociales comunales:
rompe los lazos de familiaridad, reciprocidad, trabajo y
E
Derechos Humanos
l mundo está en peligro, la sobrevivencia misma de
la humanidad y todos los seres vivos corren serio
riesgo. No se trata de alarmismo, el cambio climático ya
está causando graves impactos, principalmente en los
países pobres. Y hay responsables: los países
industrializados y sus grandes multinacionales,
principalmente extractivas, que saquean los bienes
naturales y depredan la Madre Naturaleza.
Estos responsables deben ser juzgados y asumir su
responsabilidad, entre ellas el reconocimiento de la
deuda ecológica con nuestros pueblos, producto de ese
saqueo y esa depredación. Por ello, el movimiento
indígena del Abya Yala (América) acordó en su IV
Cumbre Continental reunida en Puno en mayo
construir un Tribunal de Justicia Climática.
Este Tribunal realizará su Primera Audiencia los días
13 y 14 de octubre en Cochabamba, Bolivia, en el
marco de la Minga Global en Defensa de la Madre
Tierra de los Pueblos (12 al 16 de octubre), cuya
convocatoria fue acordada por el Foro Social Mundial
2009 y ratificada en la IV Cumbre de Pueblos y
Nacionalidades Indígenas del Abya Yala.
Los pueblos indígenas andinos habitamos estos
territorios desde hace veinte mil años, mucho antes de la
invasión europea al Abya Yala y de la formación de las
actuales repúblicas. La cordillera de los Andes es nuestro
hábitat natural, que alberga nuestra gran diversidad:
quechuas, aymaras, mapuches, kichwas y muchos más,
vivimos en armonía con la Madre Tierra, criándola y
dejándonos criar por ella.
La Pachamama se calienta
A nivel global, el aumento de la temperatura de los
últimos 100 años (1906-2005) es de 0.74º C. El periodo
1995-2006 representa los 12 años más calidos desde
1850. En América Latina la temperatura aumentó
aproximadamente 1º C en Centroamérica y Sudamérica.
Este calentamiento desestabiliza el clima, provocando
El llamado “boom minero” que se
viene desarrollando en los países
andinos del continente puede llevar
a la modificación de los sistemas
ecológicos de montaña y a la
desaparición de la biodiversidad
andina. Todo ello sumado a la deuda
ecológica que se mantiene por años
desde la invasión de española en la
conquista, hace propicia la
realización del I Tribunal de Justicia
Climática que se realizará los días 13
y 14 de octubre en la ciudad de
Cochabamba, Bolivia.
Impactos del cambio climático
Juzguemos a los responsablesMiguel Palacín Quispe*
PRESENTACIÓN
POLÍTICA
MEDIO AMBIENTE
DERECHOS HUMANOS
4. Hacia la formación de una
justicia socioambiental
en el Perú. / Alberto Gonzales Zamora.
6. Detrás del “misterio del
capital indígena” ¿El problema es sólo
económico? / José De Echave C.
8. CONACAMI y el despertar del
movimiento indígena /
Luis Vittor
Mario Palacios Panéz
Entrevista a Mario Palacios Panéz
actual presidente de CONACAMI
10.
Inambari o mais
grande do sul
¿Quiénes están detrás de la hidroeléctrica? /
Mauricio Rodríguez R.
11.
¿Justicia o compensación?
Actores y Ambientalismos /
Anthony Bebbington y
Denise Humphreys Bebbington
14.
18. Impactos del cambio climático
Juzguemos a los responsables /
Miguel Palacín Quispe
Derechos Humanos
Carnaval de millonesen Inambari
Entrevista a Mario PalaciosPresidente de CONACAMI
¿Justicia socioambiental o compensación económica?
10
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