El desarrollo implica el desgaste del ambiente, en los países del tercer mundo en donde se

encuentran altos índices de Necesidades Básicas Insatisfechas ¿Las normas del Estado que

regulan la protección del ambiente deberían priorizar beneficiando a las comunidades

vulnerables o el desarrollo y perjudicando el ambiente?

Tema: El papel del Estado en la protección del ambiente

El desarrollo de las comunidades humanas siempre ha implicado un impacto ambiental. Desde las

comunidades más primitivas hasta las occidentales más avanzadas, todas demandan recursos para

garantizar un mínimo de subsistencia y el derecho a gozar ciertos privilegios. Dada la complejidad

de la organización las comunidades humanas, éstas se sectorizan en estratos socioeconómicos en

donde aquellos en los peldaños superiores demandan mayor cantidad de recursos. No obstante, el

consenso general parece indicar que uno de las principales causas de la degradación ambiental es

la pobreza. Así como lo dice una de las conclusiones del reporte de la comisión de Bruntland,

donde se cita explícitamente que los principales problemas ambientales se presentan por la pobreza

y la erradicación de ésta es uno de los principales programas a llevar a cabo al momento de ejecutar

proyectos de recuperación o protección ambiental. (World Bank, 1992) Estudios demuestran que

factores demográficos, culturales e institucionales son variables muy importantes al momento de

relacionar la degradación ambiental con la pobreza. (Leach & Mearns, 1995) Una red intrínseca

de estos factores, sumados a los efectos ambientales que causan definen cómo estas poblaciones

son de mayor influencia en los impactos ambientales. (Boyce, 1994)

El por qué estos grupos humanos degradan considerablemente el ambiente se puede atribuir a que

éstos necesitan cubrir sus necesidades básicas a corto plazo lo que requiere la explotación de los

recursos circundantes sin consideraciones ulteriores. (Davidson, J; Et al, 1992) Aunque no solo la

culpabilidad recae sobre ellos, existen densos factores sociales que también perjudican las

poblaciones y el medio ambiente. Uno de ellos puedes ser la existencia de multinacionales que

invaden países en vía de desarrollo y se aprovechan de las condiciones locales. Esto nos lleva a la

problemática ambiental en los países del tercer mundo la cual es una compleja dicotomía entre

desarrollo y protección ambiental. (United Nations Environment Programme, 1991)

Los países en vías de desarrollo como Colombia ratifican también tratados internacionales como

“Río” en donde presuntamente se asegura la protección del ambiente en balance con la erradicación

de la pobreza. No obstante, las condiciones locales son demasiado precarias y éstos no se pueden

cumplir pues comprometen la garantía de los derechos de los ciudadanos. Se incumplen incluso

desconociendo incluso la supremacía que le otorga el bloque de constitucionalidad que está

contenido en el artículo 93 de la carta política.

El encargado de la protección ambiental, o bien de la correcta disposición de los recursos

renovables y no renovales, es el Estado el cual no se encarga directamente pero sí por medio de

sus ministerios, puntualmente el Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible. Este pertenece a

la rama Ejecutiva del poder público.

Por medio de las facultades que el Estado ha delegado al Ministerio del medio ambiente y el

desarrollo sostenible, éste bajo el principio fundamental que el ambiente es patrimonio común de

la humanidad y necesario de la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos,

se encarga de lograr la preservación y restauración del ambiente, prevenir y controlar los efectos

nocivos de la explotación de los recursos naturales no renovables y regular la conducta humana,

individual o colectiva y la actividad de la administración pública respecto al ambiente y los

recursos naturales. (Colombia, 1974) Entonces cuenta el estado con un ente facultado de ejercer

vigilancia y control sobre los recursos naturales y garantizar también los derechos ambientales de

los ciudadanos. No obstante surge una inquietud al respecto de la existencia de derechos

ambientales en tanto éstos parecen surgir como métodos de reclamación alternativa al Estado por

incumplimientos en la administración de recursos o protección del ambiente. Estados como el

Alemán parecen no tener un desarrollo de “derechos ambientales” (Schwabe, 2009)

Existen estados como el alemán y el neozelandés los cuales no reconocen a sus ciudadanos

derechos ambientales y aun así tienen excelentes condiciones en este respecto. Muchos estados

latinoamericanos reconocen este tipo de derecho pero ofrecen dudables condiciones a sus

ciudadanos. Esto indica que las leyes se modifican según el entorno en el que se desarrollan. Así,

en contextos latinoamericanos como el de Colombia, en donde se encuentran porcentajes de

hogares pobres y pobres extremos de hasta el 30.5% según el método de Necesidades Básicas

Insatisfechas y donde el 17.2 % de la población no tiene acceso a servicios básicos como el agua

o la electricidad (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2003) el papel del Estado

en la protección ambiental es una complicada red que busca el balance entre la garantía de los

derechos fundamentales, la protección del medio ambiente para las generaciones futuras y el

desarrollo como nación.

En esta complicada maraña de falencias de las cuales el Estado es el principal culpable, se

encuentra atrapada la ley, la cual procura encontrar el balance perfecto entre todos los factores.

Mantener todo en balance no es tarea fácil, por tanto, la ley se ve obligada a ceder en una de las

estancias, pues –aunque no debería- el bienestar humano prima sobre todas las cosas, incluso sobre

la protección ambiental, lo cual es una contradicción pues realmente no encuentra un balance

totalmente equilibrado. Es por esto que se encuentran leyes ambientales como la resolución 909

de 2008, por la cual se establecen las normas y estándares de emisión admisibles de contaminantes

a la atmósfera por fuentes fijas y se dictan otras disposiciones, en donde los valores mínimos

permitidos para Colombia en comparación con la norma internacional establecida por la

Organización Mundial de la Salud son de importante consideración. Claramente el estado

colombiano se ve obligado a legislar en contra del ambiente pues los requerimientos de la OMS

son demasiado exigentes y comprometerían el desarrollo industrial del país. (Colombia G. N.,

2008) (Organización Mundial de la Salud, 2007)

Todo esto nos lleva a la conclusión de que la pobreza es uno de los más influyentes factores que

determinan la degradación ambiental (World Bank, 1992); los estados de países del tercer mundo

en orden de garantizar derechos que la población requiere con urgencia, tiene un grado de

negligencia legal al respecto de los aspectos ambientales. Finalmente las leyes a pesar de su interés

de mantener el mejor equilibrio para todos los factores que influencian una situación en particular,

se ven truncadas por aspectos de supremacía como el bienestar humano, lo que les impide ser

realmente equitativas con todas las partes lo que las hace no totalmente adecuadas.

Armando Barbosa

Ingeniería Ambiental y Sanitaria

Universidad De la Salle

41102113

2014-I

Bibliography

Boyce, J. K. (1994). Inequalty as a cause of environmental degradation. . Ecological economics, 11.

Colombia, G. N. (1974). Decreto 2811 de 1974. Bogotá: Diario del congreso de la república.

Colombia, G. N. (2008). Resolución 909 de 2008. Bogotá: Diario oficial del Congreso de la nación.

Davidson, J; Et al. (1992). No time to waste: Poverty and the global environment. Oxford: Oxam.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, D. (2003). Síntesis estadística de la pobreza e

indicadores de desigualdad en Colombia. Bogotá: DANE.

Leach, M., & Mearns, R. (1995). Poverty and environmen in developing countries. An overview study.

Institute for Development studies, 43.

Organización Mundial de la Salud, O. (2007). Estándares de calidad de aire. Chicago: Organización

Mundial de la Salud.

Schwabe, J. (2009). Jurisprudencia del tribunal constitucional Alemán: Extractos de las sentencias más

relevantes. Ciudad de México: Fundación Konrad Adenauer.

United Nations Environment Programme, U. (1991). Poverty and the environment . New York City:

United Nations Population Fund.

World Bank, W. (1992). World development Report. Oxford: Oxford University.