FOROS REGIONALES SOBRE NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFIOS DE LA

FORMACION PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN COLOMBIA

CUARTO FORO REGIONAL

FECHA: Martes 19 de mayo de 2015

CIUDAD: Popayán

LUGAR: Universidad del Cauca

Orden del día Apertura del evento ............................................................................................................................ 2

PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Dra. Shirley Sánchez Bolívar .............................. 4

PRESENTACIÓN DEL PROFESOR DIEGO LÓPEZ MEDINA, asesor del Ministerio de Justicia ................ 6

PRIMER PANEL: Ética profesional ........................................................................................................ 8

Intervención del Dr. William Andrés Ordóñez Bastidas – Docente de Derecho Constitucional de

la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca ......................................................................... 8

Intervención del Dr. Julio Fernando Rivera – Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y

Humanas del Centro de Estudios Superiores María Goretti, Sede Pasto ..................................... 10

Preguntas ...................................................................................................................................... 10

SEGUNDO PANEL: Formación del abogado - Interdisciplinariedades del derecho - Saberes no

jurídicos que resultan fundamentales para los abogados ................................................................ 12

Intervención de la Dra. Carolina Conde Giraldo - Docente Universidad Javeriana de Cali ........... 12

Intervención de la Dra. Beatriz Zuluaga – Directora del Programa de Derecho de la Universidad

de Caldas ....................................................................................................................................... 13

Intervención de la Dra. Alba Liliana Silva - Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas

de la Universidad San Buenaventura de Cali ................................................................................ 14

Intervención del Dr. Miguel Alfredo Ledesma, Director Académico ad honorem de la Fundación

Tribuna Jurídica ............................................................................................................................. 15

Intervención del Dr. Héctor Pepinosa Bravo – Docente y miembro del Comité Curricular del

Programa de Derecho de la Universidad Mariana de Pasto ......................................................... 16

Preguntas ...................................................................................................................................... 16

TERCER PANEL: Proyección social de las facultades de Derecho - programas de derecho con

enfoque regional ............................................................................................................................... 17

Intervención del Dr. Álvaro Alfonso Patiño – Docente del Programa de Derecho de la

Universidad Mariana de Pasto ...................................................................................................... 17

Intervención de la Dra. Helena Alviar García, Decana de la facultad de Derecho de la Universidad

de los Andes .................................................................................................................................. 18

Preguntas ...................................................................................................................................... 19

CUARTO PANEL: Administración de justicia - Resolución de conflictos - Postconflicto .................... 19

Intervención de la Dra. Martha Margarita Gaviria Herrera - Directora del Programa de Derecho

de la Universidad de Manizales ..................................................................................................... 19

Intervención del Dr. Andrés Mauricio Valdivieso - Director del programa de Derecho y de

relaciones internacionales de la Universidad San Buenaventura de Cali ..................................... 20

Intervención del Dr. Juan Felipe González – Decano de la facultad de Derecho de la Universidad

Cooperativa, Sede Cali .................................................................................................................. 21

Preguntas ...................................................................................................................................... 22

QUINTO Y SEXTO PANEL: Enfoque diferencial en la enseñanza jurídica; Innovación pedagógica -

Blended learning ............................................................................................................................... 24

Intervención del Dr. Roberto Rodríguez Fernández - Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias

Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca ........................................................................... 24

Intervención del Dr. Carlos Alberto Hincapié - Decano de la Facultad de ciencias sociales y

Jurídicas de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt de Armenia ..... 25

Intervención de la Dra. Alicia de los Ángeles García González - Decana de la facultad de Derecho

de la Universidad Cooperativa, Sede Popayán ............................................................................. 26

Intervención del Dr. Henry Burbano - Coordinador del área de derecho penal de la Universidad

Mariana de Pasto .......................................................................................................................... 26

Preguntas ...................................................................................................................................... 27

Cierre del evento ............................................................................................................................... 28

Apertura del evento

La Universidad hace la apertura y presenta a los representantes del Ministerio de Justicia. Agradece la presencia del rector de la Universidad, Doctor Juan Diego Castrillón, del Decano de la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Doctor Roberto Rodríguez Fernández, del Defensor del Pueblo de Popayán, Dr. Mauricio Redondo Valencia, del Presidente del Colegio de Abogados Penalistas del Valle del Cauca, Dr. Carlos Calderón, de la Presidenta del Tribunal Administrativo de Cauca, Dra. Mónica Calderón Ruiz y de la Dra. Shirley Sánchez, delegada del Ministerio de Educación. Hace referencia a las Universidades que participan. Explica las reglas del foro, compuesto por seis paneles:

1. Ética profesional 2. Formación del abogado - Interdisciplinariedades del derecho - Saberes no jurídicos que

resultan fundamentales para los abogados 3. Proyección social de las facultades de Derecho - programas de derecho con enfoque

regional 4. Administración de justicia - Resolución de conflictos - Postconflicto 5. Enfoque diferencial en la enseñanza jurídica 6. Innovación pedagógica - Blended learning

A continuación hace uso de la palabra el Dr. Ramiro Vargas, Director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia y del Derecho. Saluda al Señor Rector de la Universidad del Cauca y al Decano de la facultad de Derecho. Presenta un saludo de parte del Ministro de Justicia y del Derecho, Dr. Yesid Reyes Alvarado y la Viceministra de Promoción de la Justicia, Dra. Ana María Ramos Serrano. Señala que para nadie es un secreto que la administración de justicia pasa por una crisis. El Señor Ministro ha planteado que no se necesita una 'súper reforma', sino un conjunto concreto de reformas, en temas que pasan por la formación de abogados. Es claro que hay brechas entre facultades de Derecho, como bien lo demostrará el Ministerio de Educación en su presentación. Los estudios han evidenciado cómo los abogados están mal posicionados entre la opinión pública. Así lo muestra el hecho de que, de acuerdo con un estudio realizado en 2008, los abogados tenían una opinión favorable que tan solo los posicionaba encima de los curanderos y los políticos. Así, estos eventos regionales son clave para constituir escenarios de crítica, pero a la vez de ejercicio propositivo para garantizar la construcción de nuevos planteamientos sobre cómo debe funcionar la educación jurídica en el país. Para ello se hace un trabajo coordinado con el Ministerio de Educación, dentro de las competencias de cada Entidad. El señor Ministro, pues, haciendo caso al clamor de las regiones de ser escuchadas y consultadas dentro de los procesos de reforma, está recorriendo el país para recoger los insumos que permitan al Ministerio recoger las iniciativas que el país necesita.

Señala que como ciudadano, como abogado y como funcionario es un orgullo poder contar con estos escenarios, con la participación directa de las facultades de Derecho de todas las partes del país. Agradece a todos los asistentes y los invita a participar activamente en este Foro, con respeto por las posiciones contrarias y llamando a la importancia del ejercicio argumentativo. Palabras del Dr. Roberto Rodríguez Fernández, Decano de la facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Saluda a los representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Educación, así como a los decanos, directivos, docentes, miembros de la Magistratura, autoridades locales, estudiantes e investigadores. Presenta un saludo en nombre de las directivas de la Universidad de Cauca. Manifiesta el agradecimiento por la visita desde el Ministerio de Justicia, esperando que se de continuidad a este tipo de ejercicios en el país. Destaca la importancia de la interacción entre la Universidad pública y privada, máxime dentro de un escenario de construcción de paz y postconflicto. Este es un lugar propicio para el trabajo en torno al fortalecimiento de la institucionalidad. Señala que son muy interesantes las experiencias en formación jurídica que se pueden presentar desde esta región, como se reflejará a lo largo de los paneles. Pone a disposición las instalaciones de la Universidad para futuras actividades y agradece a todos los asistentes por su participación.

PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Dra. Shirley

Sánchez Bolívar La Dra. Shirley Sánchez presenta un cordial saludo de parte de la Ministra de Educación, Dra. Gina Parody, de la Viceministra de Educación Superior, Dra. Natalia Ariza Ramírez, del Director de la Calidad para la Educación Superior, Dr. Felipe Montes Jiménez y de la Subdirectora de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, Dra. Jeannette Gilede González. Da la bienvenida a todos los asistentes. Explica que el Decreto 1295 de 2010 establece los requisitos generales para que los programas accedan al registro calificado, señalando 15 condiciones de calidad. En Colombia los procesos de educación son procesos sociales, integrales, donde la calidad es una atribución sobre cómo se presta este servicio público. El aseguramiento de calidad constituye una intervención del estado en el sector educativo para satisfacer expectativas formativas dentro de la prestación de este servicio, recordando que éste reviste una función social. Esto, respetando el principio de autonomía que rige la educación. Pasa a explicar el marco normativo que rige la educación superior, el cual comprende:

La Ley 30 de 1992: Sistema Nacional de acreditación - Consejo Nacional de Acreditación. Señala que actualmente la meta es que para 2025 un 25% de universidades cuenten con acreditación institucional

Ley 115 de 1994: Ley general de educación

El Decreto 1478 de 1994: requisitos y requerimientos para reconocimiento de personería jurídica a una IES privada.

La Ley 749: Educación técnica profesional y tecnológica

La Ley 1188: Sistema de Registro Calificado para programas universitarios

El Decreto 1295 de 2010: Reglamentación del Sistema de Registro Calificado e institucionalización de la Comisión Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior -CONACES

Ley 1324 de 2009: Sistema de evaluación de resultados de calidad

Ley 1740 de 2014: Inspección, control y vigilancia, con régimen de medidas preventivas

Para el aseguramiento de calidad surge el papel de la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de Calidad de la Educación. El esquema institucional dentro del proceso de registro calificado y certificación de calidad está compuesto por: el Observatorio Laboral de Educación Superior, el SNIES (instancia para el registro calificado de programas), SPADIES (que estudia los índices de deserción en programas), Colciencias (autoridad en materia de investigación) y Saber PRO (sistema para evaluación de competencias). Dichas instituciones se articulan por vía del CESU –instancia articuladora en materia de políticas–, el Consejo Nacional de Acreditación –instancia mediante la cual se adelantan las solicitudes de acreditación en alta calidad de los programas–; y la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de Calidad –la cual evalúa los programas y concede el registro calificado, requisito para su funcionamiento–. El sistema nacional de aseguramiento de calidad tiene retos por delante, tales como:

1. Fijar reglas de juego claras 2. Permitir participación desde la comunidad académica 3. Sistema abierto, con espacios de concertación

También se efectúa el apoyo a las instituciones, mediante la formulación de planes de mejoramiento. Explica el panorama de programas de derecho:

- Existen 480 programas de especialización, 113 de maestría, 165 de pregrado y 11 de

doctorado. - Existen 31 programas de Derecho acreditados en alta calidad, correspondientes al 18 por

ciento. El 82 por ciento restante, correspondiente a 135 programas, no cuentan con acreditación.

Finalmente, entre las recomendaciones que se formulan para procurar la acreditación en alta calidad de los programas de Derecho se encuentran:

Mejorar el tipo de contratación de docentes. Balancear la proporción de estudiantes por profesor. Mejorar el nivel de formación de docentes. Mejorar la productividad académica del programa (y la productividad social, en virtud de

la proyección social de los programas). Bajos resultados en las pruebas Saber PRO, por debajo de la media nacional. Fortalecer la internacionalización, bienestar e infraestructura.

En cuanto a las pruebas Saber PRO, se destaca que los resultados de los programas de Derecho, si se comparan con otros programas, evidencian fortalezas en las áreas de competencias ciudadanas y habilidades comunicativas. En contraste, las debilidades comparativas se encuentran en razonamiento abstracto y razonamiento matemático. Por último, explica que se ha propuesto desde el Ministerio de Educación que la regulación específica para los programas de Derecho aborde aspectos como las generalidades curriculares bajo la definición de componentes orientadores; la organización de las actividades académicas; y los estándares sobre infraestructura física. Naturalmente, esta no es una camisa de fuerza y, justamente, son escenarios como este los que permiten obtener insumos que propicien la definición de la estructura de la Resolución y sus contenidos específicos.

Cierra su intervención agradeciendo al auditorio por su asistencia y por su atención.

PRESENTACIÓN DEL PROFESOR DIEGO LÓPEZ MEDINA, asesor del

Ministerio de Justicia El profesor Diego López Medina, asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho, saluda a los asistentes y a los miembros de la Universidad del Cauca. Explica que dentro de las dinámicas de los Foros Regionales, se encuentra fungiendo como moderador de estos eventos. Explica algunas particularidades sobre el marco normativo de la educación en Derecho en el país, complementando lo señalado por el Ministerio de Educación. En efecto, el Decreto 2666 de 2003 dictaba las condiciones generales y requisitos mínimos para la oferta de programas de Derecho. Sobre dicha norma se expidió la Resolución 2768 de 2003 del Ministerio de Educación, que contenía la regulación específica aplicable a los programas de Derecho. Sin embargo, el Decreto 2666 de 2003 fue declarado nulo por el Consejo de Estado el 16 de julio de 2011, mediante sentencia 2007-00386, generando el decaimiento de la Resolución 2768 de 2003. Sin embargo dicha Resolución sigue siendo observada en la formación de programas de Derecho y en los procesos de registro calificado.

La Resolución 2768 de 2003 tenía una regulación 'suave' que señalaba a las facultades los objetivos para la formación del abogado, partiendo del verbo rector de 'propender'. No se trataba de normas con 'dientes', siendo así un conjunto de mandatos aspiraciones sin metas específicas, indicadores de cumplimiento ni mecanismos de monitoreo y control. Específicamente, se establecían como aspectos hacia los cuales debían ‘propender’ los programas: a) una sólida formación jurídica, humanística y ética; b) capacidad analítica y crítica para la interpretación de problemas; c) conciencia del papel del mediador y facilitador que cumple el abogado; d) formación para la interpretación de diferentes corrientes jurídicas; y e) manejo de una segunda lengua. La Resolución también hablaba de competencias, tales como: cognitiva, interpretativa, argumentativa. También hacía alusión a la formación para que el estudiante adquiriera capacidades para la conciliación, para el litigio y para el trabajo interdisciplinario. Adicionalmente establecía una estructura curricular básica, señalando cuatro áreas en las que se debía dividir el currículo: 1) Jurídica y humanística; 2) transversal (Análisis lógico conceptual, interpretación constitucional y legal y Argumentación jurídica); 3) práctica profesional en el consultorio jurídico; y 4) Monografía jurídica o judicatura. Haciendo un balance, la Resolución evidenció, a juicio del profesor Diego López, algunos problemas derivados de sus contenidos y de la técnica regulatoria empleada. En primer lugar, daba amplísima libertad a las facultades de Derecho. Se trataba de un diseño normativo que no incorporaba consecuencias por su inobservancia. Adicionalmente, daba una guía débil de estándares para las facultades. Por último, incorporaba parámetros no vinculantes y ‘sin dientes para establecer la grilla de materias en los programas de Derecho. Sin perjuicio de estas particularidades, lo cierto es que a partir de la mencionada sentencia del Consejo de Estado y de los desarrollos normativos posteriores, actualmente la ley 1188 regula el registro calificado y el Decreto 1295 de 2010 guía los parámetros para su otorgamiento. Sin embargo, existe un vacío normativo en relación con las condiciones específicas para los programas de Derecho. El ejercicio actual está dado, dentro de una labor de coordinación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia y del Derecho, por el dialogo directo con los actores clave dentro del proceso de regulación, en todas las regiones del país. La preocupación está dada por el mejoramiento de la calidad en la educación de los abogados y el mejoramiento del posicionamiento de la profesión entre el colectivo. Se trata de un ejercicio legítimo para construir contenidos dentro de una regulación de los programas de Derecho. Aclara que no están definidos, ni los contenidos, ni las técnicas de regulación que se emplearán; siendo este un debate académico y político que se debe surtir, teniendo siempre como fin último el mejoramiento de la calidad de la educación y el respeto mismo de la autonomía universitaria. Destaca que de todas las discusiones se está tomando atenta nota para contar con los insumos suficientes en el ejercicio regulatorio a cargo de los dos Ministerios. Concluye señalando que la percepción sobre la profesión implica un llamado a la colaboración entre las facultades de Derecho para trabajar mancomunadamente en la calidad de la enseñanza. Recalca que el protagonismo proviene de los panelistas y del auditorio, mediante la socialización

de ideas y posiciones en torno a cada uno de los temas que componen los paneles que se han diseñado.

PRIMER PANEL: Ética profesional El profesor Diego López abre este panel destacando que el propósito es socializar ideas sobre cómo contribuir al mejoramiento del comportamiento del abogado en el ejercicio de su profesión. Otorga el uso de la palabra a los panelistas.

Intervención del Dr. William Andrés Ordóñez Bastidas – Docente de

Derecho Constitucional de la Corporación Universitaria Autónoma del

Cauca Inicia su intervención señalando que ha sido incisivo en la importancia de la formación ética de los estudiantes y de los mismos profesionales. La ética no ha tenido el protagonismo necesario, lo que incide en las situaciones negativas exaltadas por los medios, que se han presentado en el ejercicio de la profesión. El país tiene un gran número de abogados, por lo que no se requiere una profundización cuantitativa sino, mejores juristas, llamados a ejercer distintos roles en la comunidad, ya sea como asesores, litigantes, empleados de la administración pública y de la administración de justicia, políticos, etc. Es así importante que para legitimar la administración de justicia y la profesión se elaboren medidas transversales y no reformas puntuales. En primer lugar, reconoce que la educación jurídica ha cambiado conceptual y curricularmente, en atención al mundo globalizado contemporáneo y a las demandas sociales. Sin embargo, se debe preguntar si tales cambios se han realizado de manera acertada, y han podido llegar incluso a descuidar asuntos tan relevantes como la formación ética del profesional del Derecho. El énfasis en el crecimiento cuantitativo de la oferta de programas de Derecho, como dijo el profesor Mauricio Rojas, deja vacíos de calidad que inciden sobre la insatisfacción de las expectativas sociales alrededor del ejercicio de la profesión. Se debe revisar las consecuencias del iuspositivismo normativista que imperó en la formación tradicional de los abogados. A partir de esta situación se separó el derecho de la ética, se creó un distanciamiento entre el ser humano y la norma jurídica, llevando a profundas consecuencias en el ejercicio de la práctica y el funcionamiento de la institucionalidad. Así, hay impactos evidentes como la percepción sobre el funcionamiento de la justicia por parte de los colombianos. La formación se ha centrado en la enseñanza de las normas, más no en el componente ético. Se pueden identificar como puntos débiles de la legitimidad del Derecho y de la administración de justicia en Colombia los siguientes:

a. Es evidente la desconfianza ciudadana en la administración de justicia, siendo imperativo el mejoramiento de esta situación en un escenario de postconflicto, para evitar el recrudecimiento de la violencia y la venganza privada. Para ello, en la educación jurídica se deben impartir contenidos que permitan superar la separación entre la ética y el Derecho, pues de lo contrario los conflictos que se decidan en el campo jurídico podrán seguirse prestando para las soluciones más inequitativas e ilegítimas, que lleven a la perpetuación de la violencia.

b. Existe revictimizacion de las víctimas por parte de la administración de justicia, siendo relevante el cuestionado papel del Consejo Superior de la Judicatura. El sistema penal ilustra esta situación, donde la hiperinflación legislativa congestiona el sistema y se evidencia la falta de recursos para la realización de las actuaciones. Desde el punto de vista de la posibilidad de que el usuario se queje frente a inconformidades con la gestión de su apoderado, se tiene que en materia disciplinaria es alta la congestión en el Consejo Superior de la Judicatura, a lo que se suma la estructura anacrónica e inquisitiva del proceso donde es residual el papel en la víctima o el quejoso y a su vez se presentan múltiples situaciones de caducidad de la acción disciplinaria.

c. Es ostensible la falta de confianza en el abogado. Las situaciones de amplia visibilidad mediática han impactado negativamente sobre la opinión pública respecto de los profesionales del Derecho. Este problema debe ser solucionado con planes de choque y acciones sostenibles en el tiempo. Se hace necesario concientizar a la ciudadanía sobre las acciones disciplinarias, civiles resarcitorias e incluso penales que proceden por las irregularidades en el ejercicio del abogado.

d. Es indudable que al promedio de abogados les hace falta formación en ética profesional. Llama al posicionamiento de la ética en el currículo de todos los programas de Derecho, aspirando a que se incluya una profundización investigativa y transversal del proceder ético del abogado. Llama al Ministerio de Educación a diseñar exigencias verdaderas que obliguen a los entes Universitarios a impartir esta asignatura.

e. El desconocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos impide su empoderamiento o control social sobre los abogados. Según un estudio del profesor Mauricio Rojas de la Universidad de Ibagué, son aspectos fundamentales para el usuario el aspecto físico del abogado, su presentación personal, su trato interpersonal y amabilidad; siendo secundarios su ética, solidaridad y honestidad. Lo anterior nos lleva a una irremediable conclusión, referente a que es necesario que en Colombia exista una política pública de difusión de los derechos de los ciudadanos, que propicie un profundo cambio en el nivel de importancia que a cada uno de los factores mencionados le otorgan las personas, pues a menor grado de acceso a medios económicos, se ha encontrado que mayor es el trastorno en la importancia de los elementos de calidad profesional del abogado.

En conclusión, en la medida en que exista mayor empoderamiento por parte de la comunidad y un posicionamiento sobre la ética como política pública, se podrá pensar en un futuro con legitimidad en la administración de justicia y en el campo del Derecho, pues el control social podrá ser mayor y los abogados contarán con la restricción social como apremio a las infracciones éticas de la abogacía.

Intervención del Dr. Julio Fernando Rivera – Decano de la Facultad de

Ciencias Jurídicas y Humanas del Centro de Estudios Superiores María

Goretti, Sede Pasto Señala que la justicia colombiana se encuentra desacreditada y se relaciona con conductas reprochables. La inmensa mayoría de la gente del común no relaciona el tema con las interdisciplinariedades que afronta el abogado en el día a día, con los exámenes preparatorios, con el dominio de las nuevas tecnologías y con los factores que constituyen el entorno de su ejercicio. Desafortunadamente, el imaginario ha transitado al presunto hecho de que la Ley no se constituye como instrumento de protección al ciudadano sino que el conocimiento de la ley es aprovechado, precisamente, por quienes más la conocen: los abogados. Destaca la importancia de la ética inculcada de manera transversal en la formación del abogado, yendo más allá de una asignatura en determinado semestre donde se aborden debates filosóficos desde los griegos; señalando que resulta indispensable que la misión, visión y principios de las Universidades trasciendan la retórica y pasen a impartir pautas claras a los estudiantes y establezcan, desde la misma formación, las sanciones correspondientes por faltas disciplinarias. Hay que combatir entre los estudiantes el fraude y las prácticas que se pueden replicar con graves consecuencias en el ejercicio práctico de la profesión. Es importante que dentro de los currículos se tenga en cuenta la enorme responsabilidad social del abogado y su papel dentro de la solución de conflictos, dando la atención que merece el “ser” y no solo el “hacer” dentro de la formación. Evoca el tribunal Heliástico de los griegos, que sesionaba a mediodía y en plaza pública como garantía de transparencia. Es importante pues, el posicionamiento ético, para rescatar la imagen y la confianza en el sistema de justicia.

Preguntas El profesor Diego pregunta a los participantes y al auditorio, concretamente, qué se puede en términos de currículo, destacando que en los Foros se han evidenciado consensos sobre la insuficiencia de una asignatura y destacando la importancia de componentes transversales y experiencias vivenciales. Pregunta qué exactamente se imagina al mencionar la idea de los componentes transversales. Interviene el Dr. Mario Cajas, docente de la facultad de Derecho de la Universidad ICESI de Cali. Señala que, justamente, en el tema de los ‘ejes transversales’ hay experiencias que ya se han adelantado. En ICESI hay 'Cursos E', que responden a preocupaciones sobre la escritura y su utilidad pedagógica, en todas las carreras que se ofrecen. Propone incorporar dilemas éticos, incluso en las materias más dogmáticas, teniendo en cuenta que tradicionalmente se descuida este aspecto en dichas clases. Esa combinación es difícil de lograr y exige creatividad pedagógica, para lo cual se está formando a los mismos profesores y se está considerando un componente sólido de 'formación ciudadana'.

Interviene el Dr. Cesar Saavedra, docente de la facultad de Derecho de la Universidad de Cauca, Sede norte; y presidente del colegio de jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Señala que se ha hecho un trabajo conjunto con la Fundación Tribuna jurídica en el tema de ética judicial. Señala que el primer paso dentro de un proceso de planeación en la estructuración curricular es el establecimiento de una misión. Esto ha sido un aspecto crítico para las facultades de Derecho, como quiera que el plan de estudios se debe estructurar en función de la misión. Opina que con Alasdair MacIntyre y su abordaje de la ‘ética de la virtud’, antes que con los griegos, existen desarrollos cognitivos importantes para orientar la impartición de la ética para el ejercicio del Derecho a partir de un enfoque aplicado a las dinámicas propias del ejercicio profesional (hábitos y virtudes socialmente reconocidas). La discusión ética va más allá de la deontología jurídica, puesto que comporta análisis filosóficos y el establecimiento de polos transversales sobre la profesión. Señala que actualmente, de manera conjunta con Tribuna Jurídica, desde el Colegio de Jueces se prepara un proyecto de estatuto de ética judicial, que en un momento posterior se socializará. En cuanto a su ejercicio docente, señala que ha dado importancia a la ética aplicada en las clases al poner a los estudiantes a resolver problemas de moralidad dentro del ejercicio de un rol específico. Lo que se debe dar es, en suma, el aporte de instrumentos al servicio del futuro abogado. Hace uso de la palabra el Dr. Germán Castaño, Docente de Derecho de las Universidades Santiago de Cali y Libre, Seccional Cali. Señala que se hacen críticas a la profesión, pero no se debe desconocer que existen problemas de ética transversales en el país, que repercuten sobre todas las profesiones. En segundo lugar, se hace difícil 'inyectarle' la ética a las personas. El aprendizaje viene del ejemplo y del quehacer de quien orienta, de donde surge la importancia de la selección de docentes. Destaca que se debe tener un trabajo interdisciplinario, anotando que en el panel hubo intervenciones en el sentido de enaltecer a los griegos, pero los sofistas tenían otras posiciones respecto de la ética que no deberían ser desconocidas, destacando en este sentido la importancia de la ‘formación social’. Es importante el trabajo interdisciplinario para llegar a los hogares, para mitigar los riesgos de los problemas que comportan tensiones éticas. Finalmente, deben existir unos cursos tanto para estudiantes como también para los mismos profesionales en relación con la ética y el derecho disciplinario. También debe haber un componente de ética en las evaluaciones para acceso a cargos públicos y la magistratura, así como en las pruebas Saber PRO.

SEGUNDO PANEL: Formación del abogado - Interdisciplinariedades

del derecho - Saberes no jurídicos que resultan fundamentales para

los abogados

Intervención de la Dra. Carolina Conde Giraldo - Docente Universidad

Javeriana de Cali Presenta un saludo a los asistentes. Comienza señalando que en su facultad de Derecho se lleva un proceso de acreditación desde 2007, estando actualmente en renovación de la acreditación. Dentro del marco exigido por el Consejo Nacional de Acreditación destacan la integralidad curricular, respetando la autonomía de los estudiantes encaminada hacia la proyección profesional. Siempre han destacado el enfoque de competencias, que lleva al estudiante a ejercicios analíticos y la aplicación práctica de saberes adquiridos. A su vez, como universidad Pontificia, han tenido el componente ético como un elemento transversal. En cuanto a la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad –tema que exige el Consejo Nacional de Acreditación–, han trabajado en aptitudes, valores y capacidades que llevan a los estudiantes, no solo a ser analíticos, sino también a ser propositivos. La formación por competencias también conlleva a asuntos prácticos en escenarios como el consultorio jurídico, donde se ha procurado su materialización con base en escenarios que van más allá de la atención al público como clínicas jurídicas, convenios con Entidades públicas locales y nacionales y prácticas empresariales. También han prestado atención a la aprehensión de las TIC y su uso ético y constructivo, aprovechando el aula y logrando la resolución de casos eficiente, con perspectiva comparada en el marco de la globalización. También han implementado el concepto de 'programas coterminales' donde se termina el programa viendo asignaturas de especializaciones, facilitando el ingreso a dichos programas. Otro escenario importante es la consejería académica, donde se da acompañamiento a los estudiantes para que tomen sus decisiones académicas de una forma informada y asesorada y que le ayuden a desarrollar sus vocaciones. Por último, destaca el programa "el reto de aprender", programa de apoyo psicopedagógico del Centro de Bienestar, a través del cual se fortalecen las competencias de los estudiantes mediante asesorías y actividades que estimulen su vocación profesional y que propicien el fortalecimiento de habilidades de aprendizaje de los estudiantes.

Intervención de la Dra. Beatriz Zuluaga – Directora del Programa de

Derecho de la Universidad de Caldas La Dra. Zuluaga inicia explicando que actualmente se adelanta un ejercicio académico de reforma curricular en su facultad. Más que qué se enseña importa cómo se enseña y quién enseña. Con respecto a que se enseña debemos preguntarnos qué clase de abogados está necesitando la sociedad hoy, qué competencias deben tener los abogados para intervenir en esa sociedad, convulsionada por los conflictos y desigualdades sociales. Debemos cambiar el paradigma que ha entrenado durante muchos años la formación jurídica – un listado de actividades donde predomina la enseñanza de la legislación - Hoy la inseguridad jurídica implica la enseñanza en clave de principios. Parte de la premisa de que el docente no solo debe tener la profesión de abogado, sino también la vocación para la enseñanza. Se debe, pues, profesionalizar la formación en el ámbito del Derecho para también profesionalizar a quienes forman a los abogados. En el cómo se enseña hay que destacar la importancia del componente interdisciplinario, se cuenta con otras disciplinas para aportar a la formación de abogados. Desde la perspectiva del aprendizaje basado en problemas (PBL) ha sido importante que el estudiante afronte problemas concretos en lo que se evidencia la interacción con saberes propios de otras disciplinas, como sociología, antropología, economía e incluso medicina. En el consultorio jurídico las prácticas se han abordado con el acompañamiento a los estudiantes en litigio de alto impacto con ayuda de herramientas de la sociología y la antropología, en temas que requieren atención inmediata por ser acciones que afectan comunidades en la región como la minería. Frente a estas realidades, se evidencia que el tradicional positivismo que ha sido preponderante dentro de la formación tradicional, es un enfoque insuficiente para que el abogado solucione problemas concretos. Señala que, en materia de ética, desde su facultad se ha buscado fomentar actitudes de moralidad y honradez desde las aulas, a partir de ejemplos prácticos específicos pero fundamentales para que el estudiante forme su discernimiento. En cuanto a la sensibilidad social del abogado, se ha buscado el acercamiento del estudiante a los problemas sociales y el incentivo para formar abogados que presten parte de sus servicios pro bono, que se enfoquen en solucionar conflictos sociales. Y de ello puede darse fe con las intervenciones hechas en las comunidades indígenas de la región a través de las acciones que se llevan a cabo desde la Clínica Jurídica de interés público.

Intervención de la Dra. Alba Liliana Silva - Decana de la Facultad de

Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad San Buenaventura de Cali Inicia su intervención manifestando la preocupación de ACOFADE frente a los temas abordados en estos Foros Regionales, en la búsqueda de mejoramiento de los programas. Ostenta la presidencia de dicha Asociación, donde ha manifestado a los Ministerios la preocupación por contar con Foros de amplia participación. Los problemas en la formación parten del ingreso de estudiantes con bajos niveles de lectoescritura, de donde surge la importancia de reforzar éstas áreas no solo en lo jurídico sino en el quehacer diario. Este tipo de áreas es transversal e impacta sobre las habilidades para aprehender conocimientos y competencias en cualquier área del Derecho. Es importante la integración de las áreas en la enseñanza por la interacción actual de las mismas. Como herramienta de aprendizaje, critica el enfoque en un modelo memorístico y enfatiza en la importancia del empleo de la casuística. En cualquier caso, enfatiza también de que el ejercicio regulatorio no debe pasar por la estandarización de un único esquema de programa de Derecho, teniendo en cuenta que el fin último es la garantía de la calidad, destacando que la autonomía universitaria se debe respetar. Expone un escrito formado por un grupo de profesores de su facultad, sobre el afán de que no se estandaricen los programas de Derecho: Inicia haciendo alusión a las teorías propias de la nueva gestión pública, a partir de finales de los años ochenta, con sus corrientes de pensamiento correspondientes y sus consecuencias en materia de institucionalidad. Todo esto tuvo incidencia sobre las facultades de Derecho, en atención a su evidente relación con el mercado. Estos principios afectaron la política pública en educación, donde se han reflejado las particularidades de la lógica mercantil y su asimilación a un servicio público. Estos procesos pasan por: a) el autosostenimiento y la creación de ingresos propios; y b) el desdibujamiento de límites conceptuales y lineamientos teleológicos propios y distintivos de cada Universidad, dado por la concepción de los centros de enseñanza superior como un mercado – indistintamente de su carácter público o privado. Es importante, pues, que de la mano con estos ejercicios del Ministerio de Justicia, exista un proceso mancomunado de las Universidades (tanto públicas como privadas) para generar propuestas que orienten la estructuración de programas, sin caer en la estandarización. Manifiesta la preocupación por el examen para el ejercicio de la abogacía y llama a analizar detalladamente los resultados de las pruebas Saber PRO en función de los correctivos de calidad de la enseñanza que se deben implementar, atendiendo a la importancia y el fin mismo de la Universidad. Sin dejar de lado la autonomía universitaria, ciertamente, se debe propender por elevar la calidad de los programas, para atender a las necesidades de competencias propias de la globalización y los procesos en los que estamos inmersos – destacando la importancia de los programas coterminales y convenios internacionales de doble titulación. Esto, reiterando, sin dejar de lado los aspectos distintivos propios de cada institución.

Intervención del Dr. Miguel Alfredo Ledesma, Director Académico ad

honorem de la Fundación Tribuna Jurídica Comienza su intervención opinando que sería importante llenar los vacíos en la formación con dimensiones que integran a un abogado humanista. Parte de un texto presentado por la Universidad Nacional a propósito del concurso de notarios llevado a cabo hace 4 años. La Universidad habla de tres dimensiones que deben ser abordadas para la formación de un abogado virtuoso y humanista:

a) personalidad (liderazgo, habilidades para establecer relaciones interpersonales); b) profesionalismo (Responsabilidad, habilidades administrativas); c) vocación por el servicio - Disposición a ayudar y colaborar a otros, a partir de sus necesidades. Desarrollo de principios y valores (razonamiento moral, sentido de justicia).

Destaca que en la clase el profesor debe inculcar auténticamente la ética entre sus alumnos en situaciones prácticas. Para ilustrar el componente humanista del Derecho, pasa a abordar el principio de dignidad humana. Invoca la sentencia T-881 / 2002 de la Corte Constitucional, que a su juicio es la mejor sentencia expedida por la Corte sobre el tema. En efecto, se aborda este concepto como objeto de protección, como principio fundante del ordenamiento jurídico y como derecho fundamental autónomo. De acá se desprendían aspectos como la autonomía de vida, las condiciones de vida cualificadas y la intangibilidad del cuerpo y el espíritu. Se trata, en suma, de un ejemplo de materialización del humanismo dentro de la decisión judicial. A continuación pasa al tema de la argumentación jurídica, explicando que hizo un ejercicio de análisis cuantitativo en el que observó que en 2009 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió 230 demandas de casación y tan solo admitió 35. En su mayoría se inadmitieron dichas demandas por la deficiente argumentación de los casacionistas. Destaca un caso concreto en el que la Corte concluyó que la demanda era ininteligible y que ni siquiera se podría calificar como un simple alegato de instancia, lleno de incoherencias. En otro caso se insinuó la evidente confusión de categorías dogmáticas del derecho penal y en otro se destacó la vaguedad del escrito de casación. Estos elementos le permiten resaltar la importancia del ejercicio argumentativo y las falencias que existen entre los actuales abogados litigantes en materia de habilidades de argumentación. Destaca el papel de la política, el Derecho y la ética para la formación del abogado virtuoso. La política hace lo posible, la ética lo bueno, y el Derecho lo justo. El fin último es que el abogado haga lo correcto en el ejercicio de su profesión.

Cierra su intervención haciendo un llamado a cambiar los hábitos y cuestionar las prácticas habituales en el ejercicio profesional que han llevado al anquilosamiento de los problemas que han restado credibilidad a la labor del abogado.

Intervención del Dr. Héctor Pepinosa Bravo – Docente y miembro del

Comité Curricular del Programa de Derecho de la Universidad Mariana de

Pasto El Doctor Pepinosa comienza señalando que el programa de Derecho de la Universidad Mariana es un programa joven, con cinco años de existencia y que apenas ha tenido una primera promoción de abogados graduados. Han apostado a la creación de una malla curricular que obedezca a las nuevas tendencias del Derecho. A nivel regional se ha propagado una ola doctrinaria dotada de elementos como la etnoculturalidad y otros conceptos como el neoconstitucionalismo, teoría de la justicia y conceptos propios de la conformación de un nuevo Estado, pasando de un enfoque monista donde el Estado monopoliza la norma, a un enfoque pluralista donde las comunidades toman un papel visible. Por ejemplo, destaca que en el departamento de Nariño hay 24 resguardos indígenas y a nivel nacional hay 86 etnias indígenas. En tal sentido, es importante incluir en los programas componentes como el Derecho mayor propio de las comunidades y el pluralismo jurídico y cultural. Adicionalmente considera que los aspectos multidisciplinarios son componentes importantes. Las asignaturas de ética, de responsabilidad profesional y de filosofía jurídica deben ser transversales durante todo el programa. Cierra señalando que hay que, dentro del contexto de pluralidad del país, se hace necesario articular la interdisciplinariedad mediante áreas como la antropología y la sociología y la ciencia política.

Preguntas Interviene la Dra. Martha Elena Segura Sandoval, Rectora de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Invita a la reflexión sobre la formación bajo las características dadas por la Resolución 2768 de 2003. Al ser rectora de una institución, considera que la importancia del ejercicio implica llevar a la realidad las características de los procesos de formación en Derecho, estando la verdadera dificultad en el "cómo" se enseña. El ejercicio, en suma, viene mucho más atrás en el proceso de formación, donde surge la importancia de valorar cómo impacta la profesión en la realidad y cómo es percibida por la colectividad, haciendo un llamado a la formación integral del abogado. Dr. Héctor Hernández Mahecha, Docente de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Deben incorporarse otros saberes en el programa: 1) castellano, para atender a la polisemia del lenguaje y atendiendo que es el lenguaje empleado en los procesos de formación legislativa. Este es fundamento para hacer estudios de hermenéutica y de argumentación jurídica. Se podría consultar a la Academia Colombiana de Lengua para constatar la importancia de la formación en

aspectos lingüísticos para el estudio de ésta profesión. El Derecho se aprende oyendo y leyendo; y se ejerce escribiendo y hablando. Dr. Germán Castaño, Docente de Derecho de las Universidades Santiago de Cali y Libre, Seccional Cali. Opina que se debe formar al estudiante para que aprenda a aprehender, siendo el rol del profesor el de un orientador. Si se tienen las pruebas Saber PRO, en las que se evalúan competencias, naturalmente en los pensum debe reflejarse estos componentes para su función en dicha evaluación y en evaluaciones para acceder a diferentes cargos. En la Universidad Santiago de Cali, recientemente se expidió una resolución interna para que el 25% de la formación correspondiera a "cursos de la universidad", 25% a "cursos de la facultad" y el otro 50% a los cursos propios del programa de Derecho. Entre los cursos destaca los de "Científico natural", "conocimiento del lenguaje", "investigación" y "conocimiento humanístico", procurando así una formación integral e interdisciplinaria.

TERCER PANEL: Proyección social de las facultades de Derecho -

programas de derecho con enfoque regional

Intervención del Dr. Álvaro Alfonso Patiño – Docente del Programa de

Derecho de la Universidad Mariana de Pasto Agradece por la existencia de este escenario. Considera necesaria esta reflexión conjunta, pero opina que se debe prevenir una reglamentación excesiva que contravenga la autonomía universitaria. Le llama la atención que en el proceso de planeación del Foro Regional se hubiera abierto un eje sobre investigación jurídica, pero que ninguna otra universidad se hubiera inscrito en el eje. Considera que un pilar de la proyección social de la facultad es, precisamente, la investigación. Critica el esquema de Colciencias con la predominancia que se da a las 'ciencias duras' e invita a reflexionar sobre cuál papel se quiere de los grupos de investigación en Derecho. Para la proyección social el consultorio jurídico es un escenario clave, siendo esta una realidad particular de las pequeñas y medianas facultades de derecho. Particularmente en Pasto, donde hay 4 universidades con facultades de Derecho, hay una especie de saturación de consultorios jurídicos, pues en ocasiones este número excede la demanda de servicios en la ciudad. Esta situación llama a reflexionar sobre la obligatoriedad del consultorio, o por lo menos sobre el enfoque del consultorio, para saber si su rol debe ser el mismo que originalmente se concibió –como espacio de acceso a servicios legales gratuitos–, atendiendo al contexto actual. Hay roles nuevos que se asumen como la realización de brigadas en los territorios. Es así importante el papel del Ministerio de Justicia en el acompañamiento a esos procesos para evidenciar su impacto y para prevenir que, mediante las denominadas ‘brigadas de asesoría legal’, las instituciones públicas coopten los consultorios jurídicos para compensar sus deficiencias de personal.

En la región también ha sido importante la interdisciplinariedad, que en ocasiones se queda en la retórica y que ha demostrado su dificultad de ser llevada a la práctica. Mientras persista la mentalidad de que ‘el Derecho es el todo’, será difícil dar este giro hacia el auténtico encuentro con otras disciplinas. La proyección social también está dada por las condiciones particulares y las visiones de cada Universidad, lo cual lo hace un tema sensible en cuanto a su regulación. Ahora bien, en la formación por currículos es donde se puede materializar la proyección social, siendo más fácil su impartición si se aborda concretamente en las clases y se enfoca en la investigación jurídica que atienda a los contextos locales, sentido este un factor para procurar impacto en la labor de las facultades. Debe, en suma, haber concordancia con las políticas nacionales y las realidades propias del contexto local para que las facultades de Desarrollo desarrollen su enfoque de proyección social.

Intervención de la Dra. Helena Alviar García, Decana de la facultad de

Derecho de la Universidad de los Andes La Dra. Elena inicia su intervención agradeciendo a la Universidad del Cauca y a los organizadores del Foro Regional. Su intervención se centra en quiénes son los profesores que materializarán los cambios en la enseñanza del Derecho. En tal sentido, recoge el planteamiento de la Dra. Beatriz Zuluaga, Directora del Programa de Derecho de la Universidad de Caldas, sobre cómo se debe enseñar. Habiendo sido miembro de la Sala de CONACES durante casi dos años, una de las cosas que pudo evidenciar fue el conjunto de dificultades de los profesores: alta carga de horas de clase que se debe impartir, exigencias de investigación, designación como jurados de exámenes preparatorios, correcciones de trabajos –sumado a que algunos participan en las Salas de CONACES–, estando en muchas ocasiones en medio de deficientes condiciones de infraestructura. Se trata de una situación en la que los profesores están desbordados al comparar sus labores y sus tiempos, situación agravada por la implementación de modalidades de contratación precaria –en ocasiones se hacen contratos cada cuatro meses por prestación de servicios– y baja remuneración. En suma, opina que se debe profesionalizar al docente. El problema también tiene una dimensión regional, siendo importante que el profesor en el proceso de enseñanza también atienda a las realidades del contexto y las necesidades sociales de la región. Esto para que los currículos sean auténticamente funcionales a la realidad de su contexto y se propicie así la función social de las facultades de Derecho. Ahora bien, más que la discusión sobre contenidos, cobra importancia el "cómo" se enseña, cuáles son los procesos y metodologías; lo cual va más allá del aprendizaje memorístico y la enseñanza para la evaluación, transitando al empoderamiento del conocimiento y el ‘aprender a aprehender’.

Preguntas Se otorga el uso de la palabra al Dr. Hoover Paredes, Director del Consultorio Jurídico de la Corporación Universitaria Autónoma del Cauca. Considera importante la reforma al consultorio jurídico para regionalizar el escenario y que los estudiantes vayan in situ a donde están la problemáticas sociales. Es fundamental ir a estos sitios para la satisfacción de necesidades jurídicas. En tal sentido, llama al Ministerio a apoyar estas estrategias colaborando con el cubrimiento de los gastos de desplazamiento e, incluso, el aseguramiento de riesgos laborales de los estudiantes. Se trata, en suma, de propiciar que no sea el usuario el que vaya al consultorio sino que se conozcan por parte de los estudiantes, de primera mano, los problemas de las regiones. Interviene un docente de la Universidad Cooperativa Sede Cali. La proyección social es una respuesta a las dinámicas sociales. Destaca que enfatizar en el contexto social de la facultad es una oportunidad para los estudiantes. En Cali hay ocho facultades de Derecho, de donde surge la importancia de la innovación y del aporte particular de cada Universidad a las dinámicas sociales. Piensa que debe haber una regulación que estandarice procesos, pero que debe dar la suficiente libertad para que cada Universidad fije su propia ruta. Menciona que el centro de conciliación de la Universidad Cooperativa en Cali tiene certificación de calidad fijada por el ICONTEC. Menciona que de los 46.000 estudiantes de la Universidad Cooperativa, el 50 por ciento están matriculados en el programa de Derecho. Existen 17 facultades de Derecho de la Universidad Cooperativa en el país, con ocho centros de conciliación certificados por el ICONTEC. Opina que es una auténtica oportunidad, desde la autonomía universitaria, la generación de impactos sociales. Incluso, es importante para los egresados por su sentido de pertenencia con las facultades. Considera, en suma, que está muy bien planteada la proyección social y que corresponde a cada facultad concretar la definición de medidas para concretarla.

CUARTO PANEL: Administración de justicia - Resolución de

conflictos - Postconflicto El profesor Diego López invita a los panelistas inscritos en el panel para presentar sus intervenciones.

Intervención de la Dra. Martha Margarita Gaviria Herrera - Directora del

Programa de Derecho de la Universidad de Manizales La Dra. Gaviria comienza su intervención apoyando lo señalado por el Dr. Álvaro Alfonso Patiño, docente de la Universidad Mariana, en su intervención. Ciertamente existe alto interés de las

facultades de Derecho por éste ejercicio, pero a su vez es importante que los planteamientos realizados en estos escenarios sean efectivamente tenidos en cuenta en las reformas futuras. Desde su facultad se forman profesionales no solo para el litigio, sino en suma para la resolución pacífica de conflictos. Se busca desde su Universidad la formación de conciliadores, lo cual va ligado a las asignaturas de humanidades y la proyección social de la profesión. El tema va más allá desde la profesión vista individualmente. Su facultad está apostando a la innovación curricular y en el contacto con los colegios, puesto que los estudiantes han evidenciado problemas que vienen desde allí. En ese mismo sentido, es preocupante la motivación por la que algunos estudiantes eligen la carrera, como eludir las matemáticas o ganar dinero. Esto se debe abordar y adoptar los correctivos correspondientes. En cuanto a la conciliación, ha habido poca consciencia sobre la figura y sobre sus virtudes. Se debe potencializar la conciliación a nivel de pregrado, pero también entre los funcionarios judiciales, pues usualmente estos actores no cuentan con la formación y las competencias propias del conciliador. Cuando se tata de conciliaciones judiciales, esta es vista como una etapa superficial y de trámite, apostando por el proceso hasta la etapa de fallo. Con el incentivo de la conciliación se propicia la cultura de la paz y la solución del conflicto surgida desde las mismas partes. Este es, pues, un aspecto clave para la Universidad de Manizales.

Intervención del Dr. Andrés Mauricio Valdivieso - Director del programa

de Derecho y de relaciones internacionales de la Universidad San

Buenaventura de Cali Empieza planteando su opinión en el sentido de que existe un problema originado en las modificaciones sin atender a los contextos. En particular, es delicado si una Resolución fija parámetros mínimos de calidad, frente a lo cual es importante que no se incurra en la estandarización de programas y cercenar la autonomía universitaria. Evoca a los profesores Horkheimer y Adorno para manifestar su preocupación sobre un eventual sistema de ‘educación de masas’. En cuanto al tema del panel, señala que varios aspectos ya han sido abordados por su programa de Derecho. Considera que el afán del Ejecutivo por la paz ha implicado medidas ambivalentes. Por ejemplo, la cátedra de la paz se subsume a la autonomía de la enseñanza, estando relegada a una electiva que no garantiza la participación de los estudiantes. Su Universidad ha desarrollado una transversalidad de competencias para la paz. Por ejemplo, mediante competencias para la resolución de conflictos. Como lo decía Estanislao Zuleta, un pueblo que no es duro para el conflicto no es un pueblo preparado para la paz. Boaventura de Sousa también hacía un llamado en el sentido de que en la diferencia se encuentra la riqueza. En este sentido, cobra importancia que el currículo atienda a las competencias para abordar el conflicto, para propiciar la solución de conflictos y para abordar la interdisciplinariedad.

Entre las formas en las que esta propuesta se concreta, una de las primeras medidas es impartir la formación en justicia transicional y su distinción con la justicia ordinaria. Propone unas cátedras para el manejo de conflictos políticos, jurídicos y sociales; la aplicación práctica de las competencias ciudadanas donde se atienda el conflicto personal y se tome consciencia sobre el conflicto político. Se debe articular también el conocimiento de sistemas nacionales e internacionales para la protección de derechos humanos y los contenidos sobre Derecho Internacional Humanitario, considerando que se trata de un tema transversal para la formación en la paz. Por último, considera importante que en las cátedras de la paz se fomente la construcción de enfoques diferenciales, atendiendo a la pluralidad del país y los imaginarios colectivos de cada región (‘justos comunitarios’), donde, por ejemplo, pueden haber concepciones diferenciadas sobre qué es la reparación. Es imprescindible que cada facultad atienda a las particularidades de su región y la regulación no debe cerrar esta posibilidad.

Intervención del Dr. Juan Felipe González – Decano de la facultad de

Derecho de la Universidad Cooperativa, Sede Cali Agradece a la Universidad del Cauca y al Ministerio de Justicia por hacer posible este espacio de discusión. Inicia su intervención reivindicando el positivismo, considerando que las facultades de Derecho deben fortalecer esas escuelas de pensamiento. Esta es la forma desde la que se solidifica el conocimiento jurídico. Un débil entendimiento de escuelas e instituciones jurídicas lleva a dificultades para la resolución de casos por parte del estudiante. Ilustra sus postulados con la importancia de una formación que sea asequible y accesible a las poblaciones de todas las regiones. No comparte la mala percepción sobre la credibilidad del abogado. Por el contrario, se siente orgulloso de su profesión y valora los esfuerzos de todos los estudiantes para lograr la obtención del título. Cada facultad de Derecho imprime un ascenso en el proyecto de vida de los estudiantes. Así, resalta que el derecho y su entorno sociológico siempre han demandado aceptación social para legitimarse. Es clave en procesos de transformación social. Así, la crisis actual de las instituciones del Estado no puede ser confundida con una ‘crisis del abogado’. En cuanto al currículo, desde la autonomía universitaria y el lineamiento normativo que rige los programas de Derecho, señala que se trata de un instrumento de enseñanza que obedece a factores endógenos como los créditos, las competencias, los resultados esperados, la ideología misma de la institución de educación superior, el énfasis del abogado que se busca formar, el nicho del mercado y las necesidades de los colaboradores estratégicos. También hay factores exógenos como fenómenos sociales, la conciencia sobre los Derechos Humanos, la justicia transicional, el manejo del concepto de ‘víctima’ y el alto toque humanístico, que es el que

propicia la reconstrucción del tejido social en el proceso de posconflicto. En este contexto la facultad de Derecho tiene que participar en los procesos de reparación de víctimas y la conciencia psicológica de dicha condición. Pasando a otro tema, destaca que hay una gran responsabilidad desde el Ministerio de Educación sobre las deficiencias en conocimientos y competencias evidenciadas en los nuevos estudiantes universitarios. Así, llama a una reforma rigurosa en educación básica y media para corregir dichas falencias. Se pregunta, pues, si es el abogado como tal quien está cuestionado en la actualidad o si son las instituciones las que están siendo cuestionadas. No se pueden pensar cambios profundos si desde la institucionalidad no se diseñan reformas serias y profundas en materia de educación. Opina adicionalmente que actualmente es marcado el énfasis del abogado conciliador, siendo este una especie de producto que demanda el mercado en el momento. Más allá de esto, es importante la formación en las competencias propias de este rol, sin dejar de cuidar la formación jurídica dogmática. Ahora, también es importante la investigación y la misma investigación aplicada mediante los estudios de caso. Concluye su intervención haciendo un llamado a exaltar el papel de los nuevos abogados en el postconflicto.

Preguntas Hace uso de la palabra un estudiante de la Universidad del Cauca. Señala que en el pensum de las carreras ha visto la falta de cohesión entre las materias. Hace un llamado a la concentración de materias afines para profundizar en el conocimiento adquirido y prevenir la dispersión del conocimiento a lo largo de la carrera. Al respecto, el profesor Diego López aclara que sea cual fuere la orientación de la regulación, ésta no pasará por dictar el contenido del pensum, sino por proponer condiciones mínimas de calidad. Se trata, insiste, en la garantía de calidad de la educación jurídica. Si bien el comentario que se acaba de formular es muy interesante, es claro que la regulación no llegará hasta este punto Interviene el Dr. Héctor Hernández Mahecha, Docente de la Universidad Santiago de Cali. Señala que su Universidad tiene una maestría de derecho penal y justicia transicional. Adicionalmente, en octavo semestre de pregrado también hay un curso sobre justicia transicional y postconflicto. Opina que si se fortalece el estudio de los contenidos tradicionales del Derecho con sólidas bases conceptuales se previenen las deficiencias en el sistema de justicia, minimizando la ocurrencia del conflicto armado como mecanismo no institucional de solución de controversias, minimizando así la misma necesidad de llegar a regímenes transicionales. Habla sobre la congestión y su impacto sobre el descrédito de la administración de justicia. Destaca el elevado cúmulo de tutelas que llenan los despachos judiciales, opinando que es importante que la reforma pase también por el enfoque orientado hacia el servicio al ciudadano

desde la administración pública, para el respeto de derechos fundamentales y evitar que las deficiencias del Estado sean subsanadas mediante fallos de tutela. Dr. Hebert Armando Ríos, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali. Saluda a todos los participantes. Respecto a los conflictos de alto impacto en el país destaca la crisis de la salud y la demora para implementar una reforma a este sistema. Bajo dicha lógica, sería entonces importante que el Ejecutivo partiera de reformar la carrera de la medicina y no iniciar por el Derecho, de donde considera inadecuados los foros en los que se desacredite esta profesión. Continúa planteando su postura lógica señalando que tampoco se han hecho escenarios del Ejecutivo con las cámaras de comercio para discutir sobre corrupción, que es otro programa que deslegitima a los diferentes estamentos de la sociedad en general. Opina que la inversión se debe concentrar en la educación primaria y romper el esquema perverso de la educación por cobertura, que en nada asegura calidad ni la dignidad en la enseñanza. Hay grandes brechas entre la educación de estudiantes de estrato 1 y estrato 6. Existen estudiantes que estudian en situaciones precarias y luego resultan ingresando a las facultades. Sin embargo, critica que el Ministerio quiera responsabilizar a las facultades por dichos estudiantes, cuando las falencias vienen desde las deficiencias en la educación básica y media y los problemas propios de la segregación educativa explicada. Destaca que la Universidad privada no tiene apoyo del Estado y en este sentido es crítico por lo que, en su opinión, es éste ejercicio en el que el Estado pretende imponerles cargas adicionales. Dr. Germán Castaño, Docente de Derecho de las Universidades Santiago de Cali y Libre, Seccional Cali. Opina que es importante también analizar la cobertura de los consultorios jurídicos para que atiendan a la demanda de servicios, particularmente teniendo en cuenta las secuelas del conflicto armado en cada región. También es importante llevar a cabo seminarios y eventos sobre reconciliación y solución de conflictos. En cuanto a la realidad actual del conflicto, considera que se deben incorporar en el pensum con carácter permanente la asignatura de justicia transicional. Discrepa de lo señalado anteriormente por el profesor Mahecha, puesto que opina que sí se necesita siempre una normatividad especial para la transición en todos los casos. El país ha pasado por acuerdos políticos en su historia y se debe aprender de estas experiencias. Es importante también enaltecer la investigación jurídica sobre temas afines a problemática social y resaltar sus resultados y recomendaciones. Critica la regulación actual en relación con el valor que se da a las publicaciones en revistas indexadas y los estímulos negativos que revisten para la investigación en temas de impacto social.

QUINTO Y SEXTO PANEL: Enfoque diferencial en la enseñanza

jurídica; Innovación pedagógica - Blended learning

Intervención del Dr. Roberto Rodríguez Fernández - Decano de la

Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del

Cauca El Dr. Rodríguez aborda el tema de los enfoques diferenciales. Refiere que ésta facultad, que ya casi es bicentenaria, surgió precisamente bajo el enfoque de la liberación. Si bien ha habido giros en las posiciones defendidas desde esta facultad durante tantos años, lo cierto es que ha sido delicado cuando los intereses jurídicos se han subsumido hacia los intereses políticos. Desde el punto de vista epistemológico, a partir de la Constitución de 1991 se abrió en la Facultad la discusión entre el positivismo formalista y el nuevo Derecho, existiendo interesantes debates que aun están vigentes. Destaca que se ha abierto paso la 'política de regionalización de Cauca' mediante propuestas como una cohorte especial para policías, una para indígenas en Popayán y Santander de Quilichao (van en quinto semestre), una nocturna para pobladores del sur de Cauca, Una jornada permanente de Derecho Diurno en Santander y una cohorte especial para jóvenes del Municipio de Miranda Esta política de regionalización tuvo muchos enemigos, por intereses contra la formación en Derecho de indígenas y campesinos. Hubo expresiones de racismo, hubo críticas sobre los valores económicos cobrados por la universidad; pero al fin de cuentas se trata de tasas necesarias para autoexistir. Se espera que el gobierno cubra los costos con subsidios para quienes no los pueden costear. La propuesta no es estandarizar lo que es diverso, sino aprender de un sano intercambio de visiones multiculturales que, en últimas, son el patrimonio de todos. Tampoco se conduce a los indígenas y abogados a ser 'buenos abogados tradicionales' sino a ser agentes adecuados a las tradiciones e imaginarios comunitarios de justicia, en procura de la resolución de conflictos en sus contextos. La idea fue formar a los estudiantes para que fueran expertos en el ‘derecho estatal’, para poder apoyar los trámites administrativos y jurídicos en instancias nacionales e internacionales en representación de las comunidades de las que provienen. En tal sentido, el acuerdo al que se llegó con cada grupo con el que se han formado las cohortes especiales no fue solo para pensar el Derecho propio o las Justicias propias de esos sectores sociales, sino que se tomó la decisión de formar a sus jóvenes como defensores y asesores para el trámite jurídico nacional e internacional de sus propias causas. Destaca que se está exigiendo formación de postgrado (maestría) a los profesores de la facultad, para poder trabajar a fondo los temas bajo diversos enfoques.

Las clases se están transformando en seminarios por las pluralidades sociales que se han abierto con la diversidad de estudiantes. En tal sentido, su facultad no confía en una enseñanza más técnica del Derecho, sino en el fortalecimiento de los nexos entre lo jurídico y los contextos socio-económicos y políticos de las comunidades de su entorno. Existen, en cualquier caso, debilidades que vale la pena explicar. Falta desarrollar grupos de investigación, fortalecer la investigación sociojurídica, aumentar número de profesores de planta, mejorar las condiciones pedagógicas y de infraestructura, trabajar en temas de Derecho y justicia desde el punto de vista comparado, complementar visiones estatales y comunitarias, impartir educación no formal en justicia a los ciudadanos, realizar estudios con enfoque diferenciado (para lo cual, sin embargo, se destaca que el currículo está avanzando en aspectos de inclusión y reivindicación de sectores tradicionalmente marginados). Se sigue trabajando en la eficiencia y la eficacia y en la distinción entre el 'país legal' y el 'país real'. Es necesario que los abogados tengan consciencia sobre la operatividad del derecho formal en los escenarios institucionales, así como de la existencia de escenarios no estatales con realidades propias y procedimientos autóctonos, donde se debe fortalecer la intervención directa de las facultades.

Intervención del Dr. Carlos Alberto Hincapié - Decano de la Facultad de

ciencias sociales y Jurídicas de la Corporación Universitaria Empresarial

Alexander von Humboldt de Armenia Comienza recordando que su primera nota deficiente como estudiante de Derecho fue por un asunto memorístico, que para su vida profesional no aportaba demasiado. A partir de este tipo de situaciones se encaminó hacia la acción para cambiar la enseñanza del Derecho. El programa de la Universidad fue aprobado en 2012, con un enfoque completamente constructivista, que rige en todos los programas de la Universidad. No ha sido un proceso fácil porque se exigen estrategias y metodologías diferentes a la exclusiva impartición de cátedra. Considera que el constructivismo ha tenido impacto sobre los estudiantes y la aprehensión de competencias, capacidades críticas y argumentativas. Se obtiene el conocimiento significativo a partir de la resolución de problemas de época y análisis del contexto social. En cualquier caso, está de acuerdo con que una Resolución no puede ser homogeneizadora en materia pedagógica. A continuación señala que el proceso constructivista es más costoso, pues implica que los profesores de cada semestre se reúnan semanalmente para analizar los contenidos y clases de cada seminario que lo compone. Este método implica que sean los estudiantes los que construyan el conocimiento y preparen las clases con lectura e investigación, siendo el docente un orientador que ayuda a este proceso constructivo del conocimiento. Aprovecha, en concurrencia con intervenciones antecedentes, para invitar al Ministerio de Educación a invertir en educación básica y media, para recibir estudiantes mejor preparados en las Universidades.

Considera alarmante el hecho de que cada vez más se asocien las lógicas de la educación y del mercado. Ilustra su apreciación comentando que en el caso de su Universidad ha habido estudiantes que se están concibiendo a sí mismos como clientes. Es necesario romper esta visión dentro del proceso de formación, despojándolo de este manto de mercantilismo, a fin de hacer más adecuada la adquisición de conocimientos profesionales.

Intervención de la Dra. Alicia de los Ángeles García González - Decana de

la facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa, Sede Popayán Comienza agradeciendo a la Universidad del Cauca y a los Ministerios de Justicia y de Educación. En la pedagogía se encuentra la mediación pedagógica, donde se encuentran los procesos en los consultorios jurídicos. Es un cambio de rol de los profesores, donde pasan a ser auténticos pedagogos con procesos de formación de conocimiento. ¿Cómo? Con reuniones entre docentes, donde comparten sus experiencias en las aulas y sus dificultades. Cuando se reúnen los profesores se discuten temas como los métodos de evaluación y las metodologías de clases (destacando la importancia del constructivismo en la enseñanza). Hay que fortalecer los grupos de docencia. Su universidad cuenta con claustros educativos, donde se surten las reuniones entre docentes, se comparten las experiencias y se socializan los saberes especializados de cada docente. Esto propicia la construcción de hilos conductores, vasos comunicantes y ejes temáticos entre las diferentes áreas, lo cual a su vez es motivante para los estudiantes en su proceso de formación. Hay que fortalecer la investigación de aula, a fin de incentivar al estudiante a profundizar en áreas de conocimiento para las que tiene vocación y madurar proyectos desde una etapa inicial de formación. De esta forma, se propicia el desarrollo de ideas al inicio de la carrera que incluso, puedan concluir con la monografía de grado. Finaliza con una anécdota, para resaltar la importancia de la interdisciplinariedad en la enseñanza y la profesionalización de la labor del docente

Intervención del Dr. Henry Burbano - Coordinador del área de derecho

penal de la Universidad Mariana de Pasto El Dr. Burbano centra su intervención en la política penal colombiana. El Sistema Penal Acusatorio tiene problemas: 1) el sistema se copió mal, sin jurados de conciencia; 2) la figura del Procurador, aparte del fiscal, no tiene referentes en Derecho comparado y no es acorde con el sistema; y 3) cuando se quiso transitar de sistema, muchos fiscales dejaron de tener funciones y pasaron a ser jueces de control de garantías, perpetuando determinados tipos de visión y extendiéndolos al rol del juez.

Se tratan de remediar fallas en la implementación del sistema. Incluso ahora se quiere desmontar la audiencia de imputación por ser de simple comunicación. Destaca que se han surtido 10 iniciativas de reforma al Sistema Penal Acusatorio. Todo esto ha llevado a que los funcionarios se equivoquen en las audiencias, por falta de claridad sobre la normatividad aplicable y resultando posteriormente en nulidades de actuaciones. Llama, en suma, a la buena implementación de las reformas procesales.

Preguntas Interviene el Dr. Jorge Alexander Pardo, jefe del área de derecho privado de la Universidad Cooperativa, sede Cali. Manifiesta su gusto con el Derecho, porque es una profesión transversal en todos los campos. La carrera debe estar abierta para la multidisciplinariedad, de donde anota que es importante el componente de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y que el abogado que no las maneje está bastante obsoleto. Las TIC deben ser incluidas dentro del Derecho. Hay desafíos futuros como las pruebas electrónicas, de donde surge la importancia del diálogo con las ingenierías. En su caso, explica a sus estudiantes desde cómo se crea una base de datos hasta cómo se extrae un correo electrónico para fines probatorios. Es importante, más que crear nuevas cátedras, modificar las ya existentes, mediante la incorporación de temas jurisprudenciales y afines a la internacionalización. Así se da aplicación transversal a la multidisciplinariedad. Hace uso de la palabra el Dr. Germán Castaño, Docente de Derecho de las Universidades Santiago de Cali y Libre, Seccional Cali. Retomando las palabras del último ponente, considera que la capacitación es fundamental en lo tocante al conocimiento del sistema de créditos académicos. También considera que la capacitación por competencias llama al cambio del enfoque, pasando de la enseñanza personalizada supervisada al ‘aprendizaje-enseñanza’. Mientras que en lo tradicional hay un profesor por cada área, se objeta que se da unas horas para impartir la clase, pero se olvida que el sistema de créditos implica el doble de horas para preparación individual del estudiante. El profesor que imparte clases bajo el sistema de competencias también ha tenido dificultades propias del sistema tradicional de enseñanza, donde no se impartía la aplicabilidad del saber. También es importante formar para la resolución de preguntas propias de Saber PRO, donde las preguntas ya no son teóricas sino de aplicación de conocimiento. También considera importante que se permita a los estudiantes ingresar a las audiencias, considerando que se podría regular el acceso de un número razonable de estudiantes por audiencia a fin de no interferir con el adecuado funcionamiento del sistema de justicia. En cuanto a la formación en la argumentación y la interpretación, considera que en ocasiones se imparten discursos abstractos a los estudiantes sobre lo que la norma dice en términos interpretativos, pero lo que se debe hacer es ‘aterrizar’ las situaciones a los estudiantes, ilustrándolos con ejemplos concretos y con la aplicación a ejercicios impartidos por el profesor (p.ej. desglosando los criterios interpretativos propios de una norma o una posición jurisprudencial).

Agrega que si se habla de educación integral, flexibilidad curricular y competencias, se podrían hacer cursos conjuntos con profesores de dos o más áreas, para lo cual se necesita un esfuerzo mayor para las facultades. Se necesita tener más profesores de tiempo completo. Sobre la Resolución 2768 de 2003, ha sido el referente que siempre se ha tenido para estructurar los componentes de los programas de Derecho. En general en el documento base del Foro Regional se habla de los mismos asuntos que en su momento abordó dicha Resolución, salvo algunos apuntes sobre antropología y cultura ciudadana. Otros temas diferentes que se abordan en este foro y que son adicionales a lo que se impartió en 2003, son las discusiones relacionadas con justicia transicional y Derechos Humanos.

Cierre del evento El profesor Diego López agradece a todos los participantes y enfatiza que nada está definido, ni existe tampoco ‘demagogia vacía’; sino que por el contrario se está tomando atenta nota de las intervenciones y analizando los consensos y disensos para fortalecer la proyección de una regulación. Cierra señalando que se surtirá un Gran Foro Nacional en Bogotá en el mes de agosto, tomando como insumo todo lo recolectado en los Foros Regionales y haciendo un esfuerzo para estructurar un instrumento regulatorio en función de la calidad de los programas de pregrado de Derecho.

Elaboró: Néstor Julián Ramírez Sierra Abogado Contratista Ministerio de Justicia y del Derecho