FOROS REGIONALES SOBRE NUEVAS TENDENCIAS Y DESAFIOS DE LA

FORMACION PROFESIONAL DE LOS ABOGADOS EN COLOMBIA

Segundo Foro

Ciudad: Yopal

Sede campestre Unisangil

Fecha: 12 de mayo de 2015

Orden del día Apertura del evento ............................................................................................................................ 2

PRIMER PANEL: Innovación Pedagógica ............................................................................................. 5

Intervención del Dr. Juan Sebastián Perilla, Director de docencia del programa de Derecho de la

Universidad Católica ........................................................................................................................ 5

Intervención del Dr. Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad

del Bosque ....................................................................................................................................... 6

Preguntas ........................................................................................................................................ 7

SEGUNDO PANEL: Fuentes del Derecho - Teorías y filosofía del Derecho - Argumentación ............. 9

Intervención del Dr. Fernando Salinas, Coordinador Académico de la Facultad de Derecho de la

Universidad Libre ............................................................................................................................ 9

Intervención del Dr. Germán Silva García - Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad

Católica .......................................................................................................................................... 10

Preguntas ...................................................................................................................................... 11

TERCER PANEL: Ética profesional, tratamiento ético de los clientes y colaboración leal con la

justicia y las instituciones .................................................................................................................. 14

Intervención de la Dra. Karen Salazar, Directora del Centro de investigaciones sociojurídicas de

la Universidad IINCA de Bogotá .................................................................................................... 14

Intervención del Dr. Alberto Becerra Corredor - Director del Programa de Derecho de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga en alianza con la Unisangil .......................................... 15

Preguntas ...................................................................................................................................... 16

PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a cargo de las Doctoras Marcela Rojas

y Shirley Sánchez ............................................................................................................................... 18

CUARTO Y QUINTO PANEL: Derecho y justicia en el postconflicto - Paz social - Derecho agrario -

Tierras - Bienestar humano - Desarrollo Económico - Igualdad de oportunidades; Proyección social

de la facultad de Derecho ................................................................................................................. 19

Intervención de los Dres. Alexis Bohórquez Y Lenin Bustos - Unitrópico .................................... 19

Intervención del Dr. Robinson Cárdenas – Profesor de la facultad de Derecho de la Universidad

Santo Tomás de Tunja ................................................................................................................... 20

Dres. Daisy del Pilar Cadena y Carlos Cárdenas Hernández - Facultad de derecho y ciencias

sociales de la Universidad pedagógica y tecnológica de Tunja ..................................................... 22

Intervención del Dr. Mauricio José Álvarez - Director área de proyección social de la facultad de

Derecho de la Universidad del Meta ............................................................................................. 23

Preguntas ...................................................................................................................................... 24

Cierre del evento ............................................................................................................................... 25

Apertura del evento Se hace la apertura del Foro Regional por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en acuerdo estratégico con la Unisangil, Sede Yopal. A continuación se explica el orden del día, compuesto por cinco paneles:

1) Innovación Pedagógica 2) Fuentes del Derecho - Teorías y filosofía del Derecho - Argumentación 3) Ética profesional, tratamiento ético de los clientes y colaboración leal con la justicia

y las instituciones 4) Derecho y justicia en el postconflicto - Paz social - Derecho agrario - Tierras -

Bienestar humano - Desarrollo Económico - Igualdad de oportunidades 5) Proyección social de la facultad de Derecho

A continuación se concede el uso de la palabra al Dr. Franklin Figueroa Caballero - Director de la Sede Yopal de la Unisangil. El Dr. Figueroa presenta un cordial saludo a la Sra. Viceministra de Promoción de la Justicia, Dra. Ana María Ramos Serrano, al profesor Diego López Medina, Asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho, a las Dras. Marcela Rojas y Shirley Sánchez del Ministerio de Educación Nacional, a los Magistrados Tribunal Administrativo y el Tribunal Superior, al Coordinador de la Casa de Justicia de Yopal, a la Secretaria Privada de la

Gobernación del Departamento de Casanare, a los jueces, jueces de paz, profesores y estudiantes que se encuentran presentes en el Foro. A continuación contextualiza a los asistentes al evento acerca del origen y trayectoria de la Unisangil. La Universidad se fundó hace menos de 25 años, inicialmente en el municipio de San Gil (Santander). Hace 15 años se estableció la sede de Yopal y hace 9 años se fundó una nueva sede en Chiquinquirá. La Universidad se encuentra en la actualidad en procesos de acreditación, en virtud de los cuales, tanto en su sede central y en su sede de Yopal se han recibido visitas de consejeros del Consejo Nacional de Acreditación. La Unisangil tiene programas de Derecho en las tres sedes. En el caso de la sede de Yopal, el programa surge de un acuerdo estratégico entre la Universidad Autónoma de Bucaramanga –que provee el componente técnico– y la Unisangil –que provee el componente de infraestructura–, el cual opera desde el año 2000. Es para la Unisangil un honor haber sido escogida para este evento, donde participan actores de la administración de justicia, docentes y estudiantes. El tema es de interés para la Universidad y para la misma región. Destaca la voluntad del Ministerio de Justicia y del Derecho, así como del Ministerio de Educación, para abrir espacios de diálogo directo con las regiones. Se espera contribuir con este evento mediante el aporte de un insumo de utilidad para la elaboración de la propuesta para la formación integral de los abogados en Colombia. Concluye su intervención agradeciendo a los asistentes y declara la apertura del evento. A continuación interviene la Dra. Ana María Ramos, Viceministra de Promoción de la Justicia. La Dra. Ramos inicia su intervención agradeciendo a la Unisangil por su apoyo con la convocatoria y por fungir como anfitriona del evento. Valora este tipo de escenarios por la participación de múltiples actores de la academia y la administración de justicia, destacando la importancia de abrir escenarios regionales. Destaca que actualmente hay una coyuntura de dos procesos en paralelo: a) la reforma institucional en el nivel constitucional; y b) el proceso de reforma a la justicia como un conglomerado de reformas específicas para superar dificultades en la administración de justicia, contando con 26 iniciativas sobre aspectos como: uso de tecnología para acceso a la justicia, acceso territorial a la justicia, racionalización de uso del sistema penitenciario y carcelario, con opciones efectivas para los post-penados, y formación de los profesionales del Derecho. Este último tema parte de la idea de que estamos en un contexto que implica repensar en los programas de derecho, por la incidencia del ejercicio de la profesión sobre los ciudadanos, por su incidencia en el funcionamiento del sistema de justicia (ilustrando esta idea con la experiencia de la implementación del Sistema Penal Acusatorio, entendida como un cambio integral en el ejercicio replicable a las otras recientes reformas procesales). Esto ya ha implicado cambios en las metodologías de formación en las facultades de Derecho. Destaca también el postconflicto como factor de transformación de

la enseñanza del derecho en el país, así como la función social de la profesión como factor de reflexión sobre el papel de las facultades en el acceso a la justicia, el uso del consultorio jurídico y el litigio estratégico para promover la efectividad de los derechos. Por último destaca el contexto internacional y la globalización como factores que inciden sobre los contenidos que se estudian en las Facultades de Derecho. En este contexto, plantea este escenario como instancia de discusión para obtener ideas orientadoras, para conocer buenas prácticas y alimentar el trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación. Plantea que las reflexiones sobre el replanteamiento de los contenidos de programas de Derecho se dan, tanto en los Ministerios, como en algunas Universidades que están revisando sus currículos a partir de experiencias internacionales y buenas prácticas. Considera que el papel de la profesión en el país es muy importante y cobra importancia bajo el contexto actual donde, por lo demás, se tiene un gran reto en materia de mejoramiento de la imagen de la profesión entre la opinión pública. Concluye su intervención agradeciendo a todos los asistentes y a la Unisangil. A continuación hace su intervención el profesor Diego López Medina, asesor del Ministerio de Justicia y del Derecho. En primer lugar, agradece a la Unisangil por albergar este evento, así como a los asistentes y participantes por su interés en este importante tema. Aclara que se están realizando una serie de Foros Regionales, cuyo cierre se hará con un Gran Foro Nacional. El objeto es abrir espacios de reflexión donde se discuta sobre tendencias, problemas y retos existentes en la educación jurídica. Ilustra señalando que la crisis económica de EEUU y Europa ha llevado a cuestionar el papel de las facultades de Derecho, reflexionando sobre cómo debe responder la formación a una coyuntura de recesión económica. En un contexto como el colombiano esta no es una realidad ajena, en tanto no deja de existir una relación entre el Derecho y el mercado en nuestro país. Señala que no es extraña la percepción de la "crisis" en la profesión y en la justicia -asunto generalizado en los últimos años-, y la existencia de una opinión pública critica. Sin embargo, se ha mantenido el interés de estudiantes y universidades por cursar y promover esta carrera profesional. A continuación explica sobre el contexto del ejercicio. En Colombia, respecto del sector educativo, la Constitución ha defendido la autonomía universitaria, permitiendo el desarrollo del "experimentalismo" pedagógico y la libertad ideológica. En el contexto del Estado, se establece una atención a la educación, reflejada en herramientas como la acreditación en calidad. Es un sistema que comparativamente en la región ha dado buenos frutos, mediante el posicionamiento de las facultades del país en el plano internacional. En cuanto al aspecto regulatorio, menciona que la Resolución 2768 de 2003 impartía los parámetros de calidad mínima de las facultades de Derecho. Funcionó dando unos

derroteros para el contenido curricular de las facultades. Sin embargo, el decaimiento de este acto administrativo y su desuso es el factor determinante para que se convoquen estos escenarios de reflexión, donde se discute sobre cuáles deben ser los mínimos y las perspectivas futuras de las facultades de Derecho en el país. Considera que los estudiantes tienen una valiosa oportunidad al estar presentes en este escenario de discusión. El ejercicio apunta, pues, a procurar una educación jurídica de calidad, que a su vez sea funcional para la solución de necesidades jurídicas insatisfechas de los colombianos. Para el propósito del foro, se han diseñado unos paneles temáticos orientados por aspectos críticos en la enseñanza del Derecho. Hay preocupaciones por temas clave que han surgido en los últimos años, como el papel de la ética y el papel de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Explica el contenido de los paneles, de conformidad con lo señalado en la apertura del evento. Por último, aclara que estos temas son tan solo algunos que están preocupando a directivos, docentes y estudiantes. Acá no se trata de discutir sobre cuáles son los mecanismos regulatorios, toda vez que en la experiencia antecedente ya se formularon preocupaciones sobre una eventual Resolución que menoscabe la autonomía universitaria. Aun no se está debatiendo cuál será el mecanismo específico, sino cuáles son los desafíos sustantivos de los pregrados de Derecho. Enfatiza en que el objeto es recoger en detalle las posiciones planteadas desde cada región para poder estructurar un consenso a nivel nacional.

PRIMER PANEL: Innovación Pedagógica El profesor Diego López abre el panel señalando que la Resolución 2768 de 2003 no abordaba este tema de la innovación pedagógica en los programas de Derecho. Surge como reto el hecho de tener profesores que no solo conozcan de Derecho, sino también de pedagogía, agregando que la mencionada Resolución tampoco tenía contenidos sobre el perfil de los profesores. Señalado lo anterior, otorga el uso de la palabra a los participantes del panel.

Intervención del Dr. Juan Sebastián Perilla, Director de docencia del

programa de Derecho de la Universidad Católica El Dr. Perilla inicia su intervención haciendo referencia a su trayectoria profesional, señalando que también es director de tecnologías para la Universidad Sergio Arboleda y asesor del ICFES para las pruebas Saber Pro. A continuación lleva a cabo un ejercicio performativo, señalando que usualmente la capacidad de retención de una persona es del 5 por ciento, mientras que la concentración tiene permanencia sólo durante los primeros 15 minutos, siendo estas las conclusiones de una investigación realizada por su equipo.

Ilustra lo ocurrido en las aulas en una cátedra de Derecho, donde en promedio las personas tienen lapsos de desconcentración de 2 minutos una vez termina el lapso de 15 minutos de atención, donde existe desconexión con los temas impartidos y se exterioriza la desconcentración hacia el compañero del estudiante. Esto genera un efecto de 'bola de nieve' donde la desconcentración se hace generalizada. Dicha observación se refleja en el mismo sistema de evaluación, donde la retentiva del estudiante se enfoca en lo que respondió incorrectamente y no en las respuestas acertadas. A continuación señala que en la Universidad Católica se ha establecido el deber de los profesores de trabajar, al menos dos horas semanales, en la innovación de sus clases. Se ha transitado hacia metodologías de aprendizaje activo que llevan a una retentiva de hasta 90 por ciento de la información. Los roles pasan a ser: a) el profesor, no como fuente de conocimiento, sino como un actor que también aprende; y b) el estudiante pasa a ser el protagonista, siendo él en quien se centra el sistema. En el ICFES se ha evidenciado que las preguntas de memoria registran cierto margen de éxito, pero las preguntas de conocimiento aplicado implican problemas que evidencian que los estudiantes carecen de ciertas competencias y limitan su proceso de aprendizaje al saber memorístico, pero no a su aplicación básica. El protagonismo del estudiante implica repensar la metodología de aprendizaje. Así, se debe revaluar la cátedra magistral, por lo cual concluye su intervención invitando a dar sentido a la educación a partir de la innovación.

Intervención del Dr. Carlos Escobar Uribe, decano de la Facultad de

Derecho de la Universidad del Bosque El Dr. Escobar Uribe señala que el Derecho es, junto con la astrofísica, la carrera que se estudia de la forma más teorética. El problema es que esta profesión tiene una vocación de aplicación práctica inmediata, mientras que la astrofísica tiene un impacto sobre asuntos más lejanos a la vida cotidiana del ser humano. Un segundo problema es que el Derecho es una de las profesiones más fáciles para ser incluidas en una Universidad, dado que exige pocos recursos técnicos y logísticos a diferencia de otras carreras. En tal sentido, se organizan cátedras masivas en muchos programas de Derecho, lo cual afecta la calidad de la impartición del conocimiento. Este es un aspecto problemático, que ilustra las dificultades por la tensión entre su eventual regulación sobre asuntos como el número de estudiantes por cátedra y el enaltecimiento de la autonomía universitaria. El ‘Fordismo’ en la formación de abogados es la antítesis de la calidad en la formación jurídica. En tal sentido, presenta críticas a un modelo de "fábrica de abogados".

Propone un modelo piramidal de estructura para la formación en Derecho, que pasa desde la infraestructura hasta los recursos técnicos. En tal sentido, considera que la estructura de los programas debe cambiar, en tanto el modelo actual tiene unos componentes de "núcleo duro", humanismo, ética y materias deontológicas, dentro de escenarios de cátedra magistral, así como práctica jurídica al final de la carrera. La estructura pesa sobre metodologías de cátedra magistral impartida a un amplio número de personas, que son un monólogo del profesor y se presentan en módulos monotemáticos. Este modelo contrasta con los cambios procesales que se vuelcan hacia la oralidad y la argumentación como claves para el ejercicio de la profesión. Invoca la reflexión de Martha Newton, que en la educación jurídica se traduce en un llamado crítico frente a la simple impartición de conocimientos como transmisión de contenidos desde un profesor hacia un estudiante. Bajo este contexto, propone un modelo en el que el aprendizaje en sí mismo sea la punta de la pirámide. En cuanto a los enfoques pedagógicos, se circunscribe a metodologías, conocimientos que se imparten y perfiles docentes. Más allá de los medios empleados, son preguntas importantes: el número de estudiantes, las horas de clase, el tipo de aula donde se imparten las clases, cuáles son las expectativas sociales en torno a los contenidos que se imparten en un curso, así como cuáles temas combinan de formas teóricas y prácticas los cursos. Estos cuestionamientos llevan a un auténtico proceso de transformación de saberes y de formas de llegar al conocimiento por parte de los estudiantes.

Preguntas El profesor Diego López otorga el uso de la palabra a los asistentes para que manifiesten sus inquietudes y preguntas. El primer interviniente señala que el sábado anterior se hizo un evento con el Consejo Superior de la Judicatura, y surgió la pregunta sobre qué papel tiene dicho organismo respecto del proceso de replanteamiento de la educación jurídica. En tal sentido, pregunta qué piensa el Ministerio de Justicia sobre la participación directa de la Rama Judicial en este proceso. Un segundo Interviniente manifiesta dos inquietudes: 1) no se puede olvidar que a la fecha hay unos 250.000 abogados que ya están formados y que merecerían una readecuación para ajustarse a los nuevos formatos y saberes que exige la realidad actual. 2) Esto implica que las autoridades nacionales y las universidades implementen unos sistemas de educación formal o no formal para lograr efectivamente un reacondicionamiento de los profesionales de derecho, y que responda a las nuevas necesidades dadas por las reformas procesales

La Dra. Karen Salazar, de la Universidad INCCA manifiesta una inquietud frente a la intervención del Dr. Perilla, en el sentido de que él propuso el foco de atención sobre los estudiantes, frente a lo cual opina que no se debe caer en el extremo de no generar guía en absoluto. Adicionalmente pregunta por cuál debe ser el rol del docente, anotando que hay universidades que contratan a abogados reconocidos con amplia trayectoria que, si bien son fuertes conceptualmente, no son garantía de impartición efectiva de conocimiento. Se hace una última intervención desde la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, planteando como inquietud que, si bien se debe repensar la clase magistral, dicha modalidad no se debe acabar del todo. Interpela a los participantes para que expliquen, desde sus estudios e investigaciones, cuál es la propuesta que generan para que exista un modelo pedagógico propicio para la aprehensión de competencias dentro del contexto del mundo globalizado Interviene el Dr. Juan Sebastián Perilla, de la Universidad Católica, para responder las preguntas Señala que, evidentemente, hay abogados que requieren repensar sus habilidades profesionales. Para tal fin explica la importancia del proyecto sobre evaluación de competencias para abogados nuevos y en ejercicio, sobre lo cual se han adelantado gestiones desde el ICFES. Respecto a qué hacer concretamente desde los métodos de enseñanza, destaca que desde la Universidad Católica se lleva un proceso de 4 años, con capacitación de profesores para encausarlos como pedagogos, incluso antes que como abogados. El replanteamiento de la cátedra pasa por reducir sus tiempos. Propone módulos de cátedra activa de 15 minutos acompañados con la entrega de material para discusión, mediante esquemas cíclicos de coparticipación. Aclara que no hay 'estrategias únicas', siendo fundamental la innovación continua por parte del pedagogo. Por ejemplo, el material audiovisual ayuda como herramienta pedagógica pero no se puede basar la clase siempre sobre este tipo de recursos, pues se puede caer en la monotonía y en transmitir la idea de que el profesor no prepara debidamente su clase. Es importante que el profesor reconozca su contexto para innovar adecuadamente. Toma el uso de la palabra el Dr. Carlos Escobar Uribe, decano de la Universidad del Bosque Señala que las instituciones constriñen al individuo a adoptar ciertos comportamientos. En el caso del Derecho, las instituciones conforman las cátedras como una especie de ‘feudos’ impenetrables con profesores que llevan décadas en su cátedra sin mayor interacción con pares ni estudiantes. Es importante la interacción, así como hacer rúbricas de evaluación donde se de una retroalimentación adecuada al estudiante, para que comprenda realmente los mecanismos para mejorar su proceso de aprendizaje. No basta con evaluaciones en las que se asigne una nota sin ninguna explicación.

Por último, opina que es importante cuestionar el esquema de competencias. Considera delicado concebir este pilar de evaluación de la educación superior, pues puede implicar la pérdida de saberes. Considera que ese es el modelo adecuado para la educación técnica, pero no para la superior. Por último interviene la Dra Ana María Ramos, Viceministra de Promoción de la Justicia Recalca que el componente de educación en los proyectos del Ministerio de Justicia abarca los temas de evaluación para el ejercicio de la profesión y formación de abogados que ya están en ejercicio. Sobre el rol de la Rama Judicial en la formación de abogados titulados, señala que hay avances desde la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación en sus programas de actualización de jueces y fiscales. Hay retos pendientes en la reforma a los programas de Derecho, donde se ha partido del dialogo con las facultades, pero hacia futuro puede haber actores clave del sector privado y de la misma Rama Judicial dentro del debate.

SEGUNDO PANEL: Fuentes del Derecho - Teorías y filosofía del

Derecho - Argumentación El profesor Diego López introduce el panel señalando que la Resolución de 2768 de 2003 daba unos mandatos aspiracionales sobre los contenidos mínimos que debería tener un programa de Derecho, sin que tuviera 'dientes'. La Resolución mencionaba cuatro áreas como la humanística, transversal, jurídica y práctica; pero no se profundizaba sobre los lineamientos de sus contenidos. Parte de lo que se desprendió en los componentes transversales estuvo dado por temas de argumentación y filosofía. Más allá de esto no se ha profundizado el debate sobre cuál es la proporción que cada componente debe tener en los currículos. A continuación otorga el uso de la palabra a los panelistas inscritos.

Intervención del Dr. Fernando Salinas, Coordinador Académico de la

Facultad de Derecho de la Universidad Libre El Dr. Salinas presenta un cordial saludo a los organizadores y a los asistentes al evento. Parte de tomar las reflexiones iniciales del Dr. Diego López sobre el papel del Estado frente a la autonomía universitaria. Considera que en Bogotá no se pueden seguir viendo anuncios de formación 'express' de abogados. Señala que si actualmente hay cuestionamientos sobre abogados que se formaron por más de cinco años, resulta

inaceptable el papel que podrían desempeñar abogados que se formaron en tiempos tan reducidos como tres años. Cuestiona también los programas nocturnos, en tanto sus dinámicas no garantizarían un trabajo independiente mínimo del estudiante adecuado para su formación, toda vez que su jornada transcurriría entre su horario de trabajo y su asistencia presencial a las clases, sin que le reste tiempo adicional para el estudio. En tal sentido, defiende y propone que la reglamentación pase por definir distribuciones, así como tiempos mínimos de formación y de proyección de tiempos de trabajo independiente del estudiante. Se muestra crítico respecto al hecho de que algunos estudiantes escojan el Derecho por ‘descarte’ o por huir de las matemáticas o porque no fueron admitidos en otros programas. A continuación señala que, entendida una nueva dimensión del Derecho, resulta importante dar una nueva visión a la labor del abogado y el jurista. Bajo esta concepción el problema se vuelca hacia los intérpretes del Derecho, papel que están llamados a ocupar quienes actualmente se forman en la profesión. Acá es importante aportar herramientas para que los estudiantes formen visiones válidas y desarrollen habilidades argumentativas, y no limitándose simplemente a repetir conocimientos y desarrollar habilidades memorísticas. Esto cobra especial importancia bajo el constitucionalismo contemporáneo, que va más allá de la aplicación mecánica de la Ley. Se pregunta: ¿estamos formando, en suma, abogados que vayan más allá del discernimiento del derecho? Más allá del conocimiento enciclopédico, se deben aportar herramientas adecuadas para el análisis. Cuestiona al profesor Carlos Andrés Echeverry en la medida en que considera que se deben dinamizar las metodologías y paradigmas para que los programas de Derecho pasen a incorporar herramientas para la enseñanza sobre argumentación, análisis de posiciones jurisprudenciales y herramientas hermenéuticas. Por lo demás, considera que se debe reconocer las dinámicas de la realidad social y el contexto del Derecho. La norma se mantiene incólume pero el intérprete cambiará.

Intervención del Dr. Germán Silva García - Decano de la Facultad de

Derecho de la Universidad Católica Parte de una reflexión general: Las condiciones de calidad de los programas académicos se rige actualmente bajo la Ley 1188 de 2008, que dio facultades al Ministerio de Educación sobre la materia. La norma está reglamentada por el Decreto 1295 de 2010, que a su vez dejó sin sustento jurídico la Resolución 2768 de 2003, de manera que no existe actualmente regulación específica para los programas de Derecho. Opina que dicha Resolución fue valiosa en tanto surgió de una comisión con participación plural. Opina que fue una norma perfecta que tan solo tenía 3 artículos, con los rasgos

específicos y particulares que debían seguir los programas de derecho, en cumplimiento de la normatividad reglamentaria y legal común a todos los programas universitarios. Opina que esta Resolución tenía los elementos necesarios para la orientación de los programas. Era fundamentalmente una norma que respetaba la autonomía universitaria. Señala que en el Siglo XIX en el Gobierno de Mariano Ospina Rodríguez se expidió una ley con más de 300 artículos que reguló los programas de Derecho, siendo este un claro caso de sobrerregulación. Sin embargo, no fue el único caso. Por ejemplo, en la década de los 80 del Siglo XX se expidió una norma que establecía cuántos libros debía tener una biblioteca para que un programa de Derecho pudiera funcionar, sin importar qué tipo de libros fueran ni qué calidad tuviera su contenido. Con las normas actuales hay un marco normativo que permite la autonomía de las facultades de Derecho. El Decreto 1295 contiene condiciones generales sobre investigación –como parámetros para la publicación de trabajos, estrategias para la formación de los estudiantes en investigación, entre otros aspectos–, siendo una norma exigente a la vez, al dar lineamientos mínimos rigurosos a los que se debe ceñir la actividad investigativa. En contraste, la Resolución 2768 de 2003 no regulaba mucho, en tanto el marco normativo de la época era suficiente. La contracara de la situación está dada por el sistema actual de investigación a cargo de Colciencias donde se hacen sendos requisitos formales, se favorece la realización de investigaciones en determinadas disciplinas, se valoran ciertos medios de publicación de investigaciones y se establecen condiciones y exigencias consideradas desproporcionadas por grupos de investigación. Esto se refleja en la convocatoria de Colciencias de 2014, proceso demandado por investigadores de la Universidad Nacional. Entre otros cuestionamientos surgió el hecho de que se aplicara el sistema actual de evaluación investigativa para productos de 2006, donde se produjeron investigaciones bajo la regulación de reglas que estaban vigentes para la época. Se viola así el principio de irretroactividad, sin que se plantee justificación razonable alguna. En conclusión, considera que las normas de regulación de la enseñanza del Derecho son constantemente mejorables, para dinamizar los procesos de formación profesional. Opina que el ejercicio se debe hacer también con otras facultades; y agrega que el desarrollo normativo que se haga debe permitir a las facultades desarrollar programas de acuerdo a sus particularidades de contexto y sus concepciones. Sobre este aspecto, anota que es igualmente respetable cuestionar la cátedra como defender su impartición. De hecho, anota que la universidad que más imparte la cátedra magistral es la misma universidad que tiene la acreditación de alta calidad por el término máximo establecido, de 10 años

Preguntas El profesor Diego López abre el panel a preguntas del auditorio.

El primer interviniente plantea un contrafáctico que pone en tela de juicio el planteamiento del Dr. Germán Silva García de la Universidad Católica: si la formación bajo la reglamentación existente ha funcionado adecuadamente, se pregunta de dónde viene la crisis de la justicia. En cuanto a la cátedra, destaca que en la facultad de la universidad con acreditación en calidad de la que habla el profesor Silva existe un modelo ‘darwiniano’, en el cual inician 200 estudiantes y luego se reduce sustancialmente el número de estudiantes que permanecen en el segundo año, hasta llegar a una reducida cantidad de graduandos. En este contexto pregunta: ¿cómo se reevalúa el concepto de autonomía frente al concepto de regulación? En segundo lugar interviene el Dr. Robinson Cárdenas de la Universidad Santo Tomas Tunja, quien parte que el panel hace referencia a la filosofía del Derecho, para así preguntar: ¿cómo esas áreas podrían formar un nuevo modelo de enseñanza de la carrera, toda vez que tradicionalmente han sido marginalizadas al privilegiarse el contenido técnico de la profesión? La tercera interención es hecha por el Dr. Miller Lozano de la Unisangil – UNAB. En relación con el tema de calidad, considera que sí es un momento propicio para expedir una regulación, porque las admisiones de la facultad de Derecho son las más abiertas. Se debe evaluar en esta instancia cuál es el perfil profesional que se busca con el programa de Derecho. Pregunta: ¿cuáles son los mínimos conocimientos que se deben exigir, ab initio, a los estudiantes de Derecho? Cierra su intervención destacando que el columnista Sergio Jaramillo en el periódico El Tiempo reflexionaba sobre la formación en masa, de muchos abogados, pero de poca calidad. En cuarto lugar interviene el Dr. José Antonio Figueroa, Magistrado del Tribunal Administrativo de Casanare. Manifiesta su inconformismo sobre las intervenciones, particularmente sobre la afirmación del Dr. Salinas cuando insinuó que los estudiantes de Derecho tienen un menor coeficiente intelectual en relación con los estudiantes de otras profesiones. Considera que esta apreciación desatiende a la realidad y no se pueden hacer generalizaciones. En cuanto a las fuentes del Derecho, considera que el problema no es eminentemente normativo. Si así fuera, nuestra sobrecarga legislativa haría que fuéramos un paraíso. Piensa que el tema, antes que regulatorio, es sobre la exigencia de calidad sobre los profesores y sobre la investigación, así como por la desconexión entre teoría y práctica. Finalmente plantea un aspecto práctico: la vigencia de las normas. Hay disposiciones expresas que indican los condicionamientos para su integración con normas antecedentes. Sin embargo, la cláusula de derogatoria tácita e indeterminada dificulta el ejercicio de identificación de normas vigentes, para lo cual llama al Ministerio de Justicia a un ejercicio de racionalización normativa Se otorga el uso de la palabra al Dr. Fernando Salinas de la Universidad Libre para absolver las preguntas

Respecto al papel de la filosofía del Derecho en la formación del abogado, considera que deben mantenerse estas asignaturas en pro de la formación integral del abogado, contribuyendo a las áreas de argumentación y de hermenéutica. Se excusa si sonó ultrajante la comparación del Derecho con otras profesiones. Sin embargo, anota que en entrevistas a los estudiantes sí se constata que algunos estudiantes terminan estudiando esta carrera por que no aprobaron los requisitos de admisión para otras carreras. En este sentido, es importante establecer requisitos mínimos para tener estudiantes que tengan unas competencias mínimas idóneas de ingreso a las facultades A continuación interviene el Dr. Germán Silva, Decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica Considera que no hay crisis en la formación de abogados. Destaca la importancia de los abogados en la historia institucional del país. Desde luego hay percepciones sociales promovidas por medios de comunicación, en las que la profesión no sale bien librada. Recuerda que en los 90 se hizo la investigación denominada "el abogado en el tiempo de la gente", donde se midieron percepciones en las que los peor librados fueron los jueces y los penalistas, pero esto coincidía con que el país tenía una de las tasas de homicidios de jueces más altas del mundo. Acá se observa que la gente transfería los atributos de las personas que eran juzgadas a los actores que intervenían en estos procesos. Insiste en la imagen como construcción social, que no corresponde necesariamente a una realidad objetiva. La investigación concluyó que la profesión que tenía más personas presas en el momento era la de los administradores, que no por ello implicaba que hubiera una percepción negativa sobre esos profesionales. Reconoce, eso sí, que existe una crisis de la administración de justicia, lo cual a su juicio se ha dado por factores externos a las facultades de Derecho. Ilustra su apreciación con el fallido proceso de reforma a la justicia de 2012, donde la intervención provino principalmente del Ejecutivo y del Legislativo. La educación jurídica no es la causa estructural de la crisis. Hace la última intervención del panel la Dra. Ana María Ramos, Viceministra de Promoción de la Justicia: Hace dos aclaraciones respecto a la intervención del Magistrado del Tribunal Administrativo. Respecto de la producción normativa el Ministerio trabaja en: 1) un Decreto único del sector justicia, que ya está publicado para retroalimentación, donde se deroga lo que ha perdido vigencia; 2) revisión de "leyes inútiles" y en desuso; y 3) un documento CONPES para crear lineamientos de producción normativa, que implique derogatorias expresas en la expedición de nuevas normas.

TERCER PANEL: Ética profesional, tratamiento ético de los clientes y

colaboración leal con la justicia y las instituciones

Intervención de la Dra. Karen Salazar, Directora del Centro de

investigaciones sociojurídicas de la Universidad IINCA de Bogotá Inicia su intervención señalando que, desde los episodios de reforma a la justicia en 2012, se inició el ejercicio de reflexión sobre el replanteamiento de la enseñanza del Derecho desde las facultades. Relata que se trata de un afán latente para la Universidad INCCA, destacando que la semana anterior el decano de la facultad en su Universidad estuvo en un Foro internacional sobre enseñanza del Derecho. A continuación resalta que tan solo 18 por ciento de los programas de pregrado en Derecho del país tienen acreditación de alta calidad, siendo un indicador crítico sobre la de enseñanza jurídica en Colombia. Se trata de una cifra preocupante si se ve en conjunto con la estadística sobre sanciones disciplinarias de abogados, puesto que entre enero de 2014 y enero de 2015 se emitieron condenas de este tipo contra más de 1.500 profesionales. En tal sentido, es importante una visión integral de la formación de abogados, El Decreto 196 de 1971 no era un código de ética profesional en estricto sentido, en tanto –como lo dijo la Corte Constitucional– no implicaba una regulación integral sobre el ejercicio de la profesión y sus lineamientos éticos. En tal sentido, aplaude la idea del Ministerio de Justicia de trabajar hacia futuro con colegiaturas de abogados. En cuanto a la motivación del estudio del Derecho, cuestiona que la finalidad sea para ejercer "abogado litigante", cuando en realidad los abogados son formados para diferentes oficios como asesores, consultores, etc. Ahora bien, la ética va íntimamente ligada a la proyección social de la profesión. Cuestiona la realización de brigadas jurídicas a barrios desfavorecidos socialmente, pues se debe ir más allá y considerar qué se puede hacer estructuralmente por transformar la realidad social. Desde la Universidad INCCA se ha trabajado con temas de impacto como el hacinamiento carcelario, acercando a los estudiantes a las complejas realidades sociales del país. Destaca el planteamiento del Profesor Juan Sebastián Perilla de la Universidad Católica sobre "escuelas de profesores". Estas herramientas implican un empoderamiento de la educación, pero a la vez se debe visualizar a los programas como una comunidad, para evitar que se perpetúen desigualdades sociales en función de la facultad donde se forma el estudiante. Este ejercicio es, a su vez, importante para la integración propia que debe existir en un contexto de postconflicto.

Intervención del Dr. Alberto Becerra Corredor - Director del Programa de

Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en alianza con la

Unisangil El Dr. Becerra inicia su intervención relatando que estudió Derecho y filosofía en Europa, donde vivió por siete años y posteriormente ha estudiado el Derecho en Colombia. Para abordar la discusión sobre la ética, parte de la clásica pregunta que guía la ética en el sentido de si el hombre es bueno o es malo por naturaleza. La filosofía señala que el hombre es bueno por naturaleza, y esto lo ha defendido permanentemente la ética. Se resalta el discernimiento para la elección del bien y el reproche del mal. Se cuenta también con la figura del juez para reprochar el obrar en contra de la naturaleza del ser humano. Por eso, la ética estudia en últimas la conducta misma del ser humano. La corrupción ha sido un factor que ha impactado profundamente a Colombia desde hace décadas. Desafortunadamente persiste actualmente, al punto de haber entrado al santuario de la justicia y al santuario del Derecho. En tal virtud, surgen evidencias desde la opinión pública, donde se refleja la desconfianza frente a las Ramas del Poder y la desconfianza sobre la administración de justicia. Acá cobra importancia práctica el papel reflexivo desde la ética. Así, recuerda que el profesor Fernando Savater en su obra ‘ética para Amador’ identifica a la ética como el "arte de vivir y saber vivir bien", así como el "arte de discernir sobre lo que le conviene y lo que no le conviene a la persona". A continuación señala que normalmente dentro de los programas de Derecho la ética comporta el encuentro del Derecho con otras áreas como la psicología y la antropología, pero tiene una posición marginal en el currículo. En la facultad de Derecho se imparte la deontología jurídica, donde se posiciona al estudiante frente a situaciones concretas en las que debe discernir sobre lo que debe y lo que no debe hacer. Pero, pese a estas herramientas, persisten profesionales que cometen conductas cuestionables en el ejercicio del Derecho. Así, cuestiona si el programa puede ir más allá o si más bien estos problemas se circunscriben a la individualidad del profesional. En tal sentido, evoca a Aristóteles y su discurso sobre el hombre virtuoso, como aquel que se encuentra sustraído de los vicios. A continuación pasa a tratar temas prácticos para la ética como el aborto, los derechos de los animales y la bioética. Estos problemas tienen una dificultad, puesto que usualmente no están resueltos por la ética sino por la misma ideología. Se establecen normas ideológicamente parcializadas que imponen deberes de aceptación frente a conductas que suscitan controversias éticas. Así, no se obra conforme a la ética pura sino conforme a ideologías específicas. Concluye cuestionando si un abogado que delinque es feliz. Desde la visión aristotélica no lo sería, en tanto todo ser humano busca la felicidad y todo ser natural procura la realización de virtudes humanas. De tal forma, la conducta ilícita se aleja de esta visión, por lo que las conductas punibles son errores del profesional. La ética es, en suma, el principio básico de todos los abogados.

Preguntas El profesor Diego López abre el panel a preguntas. El Dr. Robinson Cárdenas de la Universidad Santo Tomás sede Tunja recuerda un reciente episodio en el que un abogado manifestó públicamente que no hay que confundir ética con Derecho. Contrariamente a dicha posición, el profesor Rudolf Stammler hacía un llamado a integrar ambos conceptos, a partir de lo cual pregunta: ¿cuáles deberían ser los puentes entre ambos conceptos? El Dr. Néstor Trujillo, Juez Administrativo colegiado, invita a reflexionar en la ética sobre la formación de los abogados. Las escuelas de Derecho normalmente reciben jóvenes, a quienes atienden un tiempo, de acuerdo a su modelo de negocio, y entregan un producto en formación en lugar de un producto terminado. Esto implica considerar: a) el modelo de admisión (perfil que se busca, qué cantidad, qué calidad, qué expectativa financiera de la Universidad con la admisión de estudiantes); b) el testimonio de vida del docente sobre los alumnos, sus características, valores, comportamientos, coherencia entre sus discursos y sus actitudes profesionales; y c) las brechas entre la formación normativa (el Código) y la formación ética (la actitud profesional). Interviene Alexis Bohórquez, estudiante de Derecho de Unitrópico, opinando que el problema de ética no proviene de la facultad, sino que viene del mismo hogar. Cuestiona hasta dónde llega el papel de la familia, del Estado y de la Academia. El problema debe verse también desde los mismos profesores, quienes se formaron hace décadas. También hay que examinar el papel de los colegios. Evoca la Ley 1013 de 2006, mediante la cual se introdujo la cátedra de urbanidad y cívica, que no se ha aplicado a cabalidad y que, si bien dispuso lineamientos sobre formación para la convivencia social entre los estudiantes, aún no ha evidenciado ningún impacto. Así, pregunta: ¿hasta dónde interviene el Estado y la academia en la formación de aquel hombre que, según la filosofía, nace puro? Se realiza una quinta intervención el la cual se pregunta a la profesora Karen Salazar, en cuanto a su comentario sobre los colegios de abogados: ¿cómo podría construirse un parámetro ético desde este escenario? ¿Cómo controlar que se formen grupos de élite de abogados que definan la conducta de los demás profesionales (especies de ‘micropoderes’)? Pregunta específicamente por cuáles propuestas se plantearían para una adecuada función disciplinaria, en la que se ventile la conducta ética de los abogados. Interviene un estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, planteando tres aspectos. Primero, quiere saber cuáles son las garantías que le pueden ofrecer a los estudiantes los Ministerios de Justicia y de Educación, en materia de pedagogía, infraestructura, tecnología, innovación y desde la parte financiera.

En segundo lugar, opina que los foros deben propiciar aspectos motivantes para el estudiante, frente a lo cual anota que las discusiones que se han suscitado los están desmotivando en relación con el estudio de la profesión. En tercer lugar, hace un llamado a la enseñanza práctica de la profesión. El profesor Diego López le pregunta al estudiante por qué se siente desmotivado, a lo cual responde que las intervenciones hasta el momento han apuntado únicamente a aspectos negativos en las dinámicas de las facultades de Derecho. Respuestas de la Dra. Karen Salazar, Directora del Centro de investigaciones sociojurídicas de la Universidad IINCA de Bogotá Resalta lo señalado por el Dr. Álvaro Becerra en su intervención, sobre la formación sociohumanística. Si bien la Resolución 2768 de 2003 establecía condiciones mínimas, opina que una regulación también puede apuntar a unos máximos a los que se quiere llegar. En relación con las colegiaturas, si bien se ha de esperar procesos democráticos y participativos, no se mitiga el riesgo del surgimiento de ‘micropoderes’, de donde surge la necesidad de adoptar ajustes preventivos. En cuanto a la ética opina que el control profesional se debe ejercer sobre el abogado en todos sus posibles oficios y no solo en su rol como litigante. Dr. Alberto Becerra Corredor - Director del Programa de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga en alianza con la Unisangil En cuanto a la distinción entre ética y derecho, naturalmente no se pueden confundir los dos conceptos. El Derecho, como lo dice Carnelutti, se trata de un conjunto de normas estructuradas para orientar la convivencia del ser humano, la interacción entre los conglomerados y la relación entre el individuo y el Estado. Son dos ciencias diferentes con lógicas distintivas. El Derecho sanciona conductas, mientras que la ética otorga insumos para proferir juicios de reproche. Considera importantes las apreciaciones sobre la formación del ser humano: hay jóvenes que ingresan y se evidencian problemas de entorno, en asuntos personales de los estudiantes como la organización familiar. En Europa, la familia se quiso desorganizar y ello llevó a problemas de articulación en la sociedad. Actualmente se está reevaluando el tema, volviendo incluso a estimular al ejercicio del rol maternal permanente en el hogar, reconociendo por dicha labor una remuneración por parte del Estado. Sin embargo, en Colombia se ha descuidado el tema de la familia, se ha olvidado el papel de la organización familiar para la formación del individuo y esto tiene un papel funcional en materia de procesos de aprendizaje en la Universidad.

PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, a cargo

de las Doctoras Marcela Rojas y Shirley Sánchez A continuación el Dr. Diego López introduce el espacio de exposición desde el Ministerio de Educación Nacional acerca del contexto de la educación superior y los programas de Derecho en Colombia. Otorga el uso de la palabra a las Dras. Marcela Rojas Cárdenas y Shirley Sánchez Bolívar, representantes del Ministerio de Educación - Subdirección aseguramiento de Calidad de la Educación Superior. Destaca la participación coordinada de Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación, donde el primero tiene un papel fundamental en el tema de los contenidos y el del segundo en calidad y vigilancia y control. Explican que el sistema de educación superior en Colombia se rige por las normas dadas en la Ley 1188 y su reglamentación en el Decreto 1595 de 2010, además de los aspectos fundantes establecidos por la Ley 30 de 1992. Es necesario hacer estas reflexiones generales para pasar a la prospectiva específica para los programas de Derecho. La acreditación actual en alta calidad es un proceso voluntario desde las facultades y universidades. Actualmente existen nuevos lineamientos de acreditación institucional, vigentes a partir de este año, contentivos de exigencias rigurosas. En efecto, la Ley 1740 de 2014 constituye un nuevo instrumento normativo sobre inspección y vigilancia a la educación superior, incorporando un componente de prevención. Para el aseguramiento de calidad surge el papel de la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de Calidad de la Educación. Explican el esquema institucional dentro del proceso de registro calificado y certificación de calidad: observatorio laboral de educación superior (siendo importante la situación del derecho, por el exceso de profesionales nuevos), el SNIES, instancia para el registro calificado de programas, SPADIES (que estudia los índices de deserción en programas), Colciencias (autoridad en materia de investigación, donde se ha entendido que se deben hacer ajustes al concepto de calidad incorporado en el Decreto 1295) y Saber PRO (sistema para evaluación de competencias). Se articulan por vía del CESU, el Consejo Nacional de Acreditación, explicando que, para que una universidad tenga acreditación institucional de alta calidad, debe tener al menos 25% de sus programas acreditados; y la Comisión Intersectorial de Aseguramiento de Calidad, la cual evalúa los programas y concede el registro calificado. El sistema nacional de aseguramiento de calidad tiene retos por delante, tales como:

1. Fijar reglas de juego claras 2. Permitir participación desde la comunidad académica 3. Sistema abierto, con espacios de concertación

El decreto 1295 de 2010 tiene un panorama futuro de normas que definan condiciones de calidad específicas para programas como Derecho. En cuanto a la realidad específica de los programas de Derecho en Colombia, destacan que:

- Existen 480 programas de especialización, 113 de maestría, 165 de pregrado y 11 de doctorado.

- Existen 31 programas de Derecho acreditados en alta calidad, correspondientes al 18 por ciento.

En cuanto a la oferta de programas de Derecho por regiones, destacan que tanto los programas de pregrado como de postgrado se concentran en Bogotá. Finalmente, destacan las recomendaciones que se formulan cuando no se aprueba la acreditación en calidad de programas de Derecho: Mejorar el tipo de contratación de docentes. Balancear la proporción de estudiantes por profesor. Mejorar el nivel de formación de docentes. Mejorar la productividad académica del programa (y la productividad social, en virtud

de la proyección social de los programas). Bajos resultados en las pruebas Saber PRO, por debajo de la media nacional. Fortalecer la internacionalización, bienestar e infraestructura.

En cuanto a las pruebas Saber PRO, destacan que los resultados de los programas de Derecho, si se comparan con otros programas, evidencian fortalezas en las áreas de competencias ciudadanas y habilidades comunicativas. En contraste, las debilidades comparativas se encuentran en razonamiento abstracto y razonamiento matemático. Cierran su intervención agradeciendo a los asistentes por su atención.

CUARTO Y QUINTO PANEL: Derecho y justicia en el postconflicto -

Paz social - Derecho agrario - Tierras - Bienestar humano -

Desarrollo Económico - Igualdad de oportunidades; Proyección

social de la facultad de Derecho El profesor Diego López propone la ejecución conjunta del cuarto y quinto panel, teniendo en cuenta la afinidad temática entre los dos. La propuesta es acogida por los asistentes, razón por la cual invita a los panelistas inscritos a realizar sus intervenciones.

Intervención de los Dres. Alexis Bohórquez Y Lenin Bustos - Unitrópico

Los intervinientes abordan dos temas orientadores: 1) el postconflicto; y 2) el componente ético de los programas de Derecho. A continuación el Dr. Alexis Bohórquez se refiere al tema del postconflicto. Señala que hay alta polarización en el país en torno a los diálogos de paz. Están quienes tienen victimización directa del conflicto y quienes no lo han vivido en carne propia. Particularmente, el departamento de Casanare ha sido uno de los que más influencia han tenido del conflicto. Relata que, incluso, hubo una época en la que se estableció el toque de queda en el departamento, en el peor momento de confrontación. En la época era, incluso, difícil estudiar por la inseguridad para desplazarse. En cuanto a la reconciliación bajo el modelo propuesto por el Fiscal General, resalta que en todo caso se deben respetar los derechos de las víctimas y evitar situaciones de impunidad. Acá es vital el papel de los abogados mediante el diseño de arreglos institucionales que reconcilien los intereses encontrados dentro del proceso de transición. Considera que la situación es crítica cuando no existen estándares éticos en el ejercicio de la profesión. Así, resulta inviable la reconstrucción del tejido social. A continuación se pronuncia el Dr. Lenin Bustos sobre el tema de la ética

Inicia señalando que en las intervenciones se ha constatado la importancia de la ética, tanto desde su recepción por parte de los estudiantes, como desde su aplicación en el ejercicio práctico de la profesión. Se dice que los docentes deben impartir ética, aunque esto no es un proceso institucionalizado, metódico y ordenado en los currículos. Destaca que hay proyectos interesantes para ejercer control social sobre las facultades de Derecho como las veedurías universitarias, que constituyen un monitoreo técnico sobre los contenidos impartidos en las facultades de derecho, las calidades de sus docentes y las metodologías empleadas. Es importante que en los programas existan también fuertes componentes de práctica jurídica. El conocimiento práctico de los problemas propios que afronta el abogado en el ejercicio de la profesión, desde el mismo proceso de formación académica, da al estudiante un amplio bagaje en materia ética.

Intervención del Dr. Robinson Cárdenas – Profesor de la facultad de

Derecho de la Universidad Santo Tomás de Tunja El Dr. Cárdenas inicia su intervención excusa al decano de la facultad Derecho, quien no se ha podido hacer presente en este Foro Regional.

Señala que su cátedra es la clase de analítica, que involucra temas de hermenéutica y argumentación, pero también la relación con otras ciencias y disciplinas. Coincide con sus compañeros en los problemas sobre formación ética y, particularmente, la formación humanística. Hay personas que confunden el Derecho como fin y a la persona como medio. Esta confusión implica tensiones éticas prácticas, toda vez que son la base de comportamientos cuestionables por parte de los abogados. Pasa al tema de la justicia en el postconflicto. Acá es clave que el Derecho se enseñe en un enclave inclusivista y no exclusivista. Se trata de una visión del abogado como agente de cambio, o como "ingeniero social" que acude a herramientas dadas por otras disciplinas. El abogado en el postconflicto debe ser un pedagogo, una persona que contribuya a la reconciliación mediante el diálogo. Opina que en La Habana se logrará un armisticio, pero el conflicto seguirá mediante la confrontación ideológica, lo cual llama al diálogo social. Siguiendo a Habermas, considera que la reforma producto de los acuerdos debe institucionalizarse desde la ciudadanía misma como objeto de los acuerdos, en un proceso deliberativo. Evoca el Tratado de Versalles de 1919 en su título 13, donde se enaltecen los derechos sociales –aunque hay un antecedente en el artículo 17 de la constitución mexicana de 1917–. Así, en suma, la paz social viene del reconocimiento de la integridad del individuo y el reconocimiento de su dignidad. Considera difícil que se logre una paz social si el Estado no ejerce efectivamente su papel como garante de Derechos y no solo como autoridad. El Derecho es subsidiario a las relaciones sociales y no colonizador, lo cual se derivaría de su uso como fin y no como medio. Para evitar estos desvíos es clave el papel de las facultades de Derecho en la labor de enseñanza. Pasa al tema de bienestar humano y desarrollo económico: desde la doctrina social de la iglesia se aborda la conciliación de estas variables. La paz social no solo implica el crecimiento social sino el mismo desarrollo humano, siendo el papel del abogado el de fungir como agente de cambio usando el Derecho como medio, como bien lo planteó Rudolph Von Ihering. El Dr. Cárdenas considera que hay tensiones prácticas que inciden sobre este tema, como bien lo evidenció en un estudio que él mismo efectuó sobre la política de flexibilización laborar a principios del milenio. El abogado juega un importante papel como investigador, como profesional que evidencia las tensiones y como agente de cambio. Concluye su intervención planteando una reflexión del autor Felipe González, en su obra "en busca de respuestas", donde se afirma que el gran maestro es aquel que inspira.

Dres. Daisy del Pilar Cadena y Carlos Cárdenas Hernández - Facultad de

derecho y ciencias sociales de la Universidad pedagógica y tecnológica de

Tunja La Dra. Daisy Cadena, directora del consultorio jurídico, hace una primera intervención refiriéndose al tema de la proyección social de las facultades de Derecho La formación jurídica no se debe limitar a la lectura o la interpretación de leyes, sino que debe armonizar la teoría con la práctica. Si bien la teoría magistral no puede ser desconocida, se hace importante su aplicación a asuntos prácticos. El Consultorio Jurídico de su Universidad le apuesta a la educación continuada, mediante seminarios, talleres y foros. ¿Por qué? Porque se ha visto que los estudiantes no tienen claro lo que aprendieron en la teoría cuando llegan al consultorio jurídico. Así, destaca que dentro de poco se llevará a cabo un Seminario sobre responsabilidad fiscal y procedimiento disciplinario. Se organiza porque los estudiantes no conocen a profundidad sobre los temas, pero deben llevar casos de este tipo cuando cursan el consultorio jurídico. Otra práctica destacable es la Cátedra “Ciro Angarita Barón”, donde se discuten temas de actualidad que revisten amplia sensibilidad social. También se adelanta un proyecto para que los estudiantes de consultorio jurídico interpongan acciones públicas de inconstitucionalidad, ejerciendo así el oficio de una manera responsable y con vocación de impacto social. También cuentan con un proyecto sobre clínica jurídica. En virtud de este ejercicio tienen acercamientos con las comunidades, impartiendo temas prácticos para las personas, con utilidad para la resolución efectiva de conflictos que comúnmente han constituido necesidades jurídicas insatisfechas. Otras iniciativas que se destacan son:

- Proyecto sobre mediación escolar para el tratamiento temprano del conflicto desde los colegios.

- Proyecto de prácticas profesionales, para lo cual se han suscrito convenios interinstitucionales con entidades públicas.

La universidad ha sido consciente de la necesidad de constante mejoramiento, para lo cual busca también recabar información por vía de la retroalimentación desde los estudiantes. Se busca también generar escenarios de apoyo reciproco con otras instituciones, participando en redes y eventos de socialización de ideas e iniciativas innovadoras. En suma, desde su Universidad se busca generar conciencia sobre la función social del Derecho, evidenciando que se presta un servicio de apoyo, ayuda y transmisión de conocimiento hacia el cliente. Hace uso de la palabra el Dr Carlos Cárdenas Hernández, docente de la Universidad pedagógica y tecnológica de Tunja.

En cuanto a la proyección social, señala que si se tiene en cuenta que existen "modelos masivos y toyotistas del conocimiento" dentro de los cuales está inmerso el Estado colombiano mediante la adopción del modelo de competencias, surge un problema: se debe tener cuidado de que la ‘tecnifcación’ que se busca, no atente con la autonomía universitaria para la definición de modelos pedagógicos. Propone que el rol del Estado sea la constatación del ‘cumplimiento de mínimos’ y no la ‘fijación de máximos’, evocando la reflexión Kantiana sobre la 'mayoría de edad' como presupuesto de la autonomía. No está de acuerdo con que todo se evalúe, y mucho menos con que se evalúe al abogado, pues esto implica una barrera de entrada para ejercer una profesión liberal. Plantea que efectivamente debe haber una articulación de conocimiento teórico y su aplicación práctica. Retomando el concepto del abogado como agente de cambio, plantea el concepto metodológico del aprendizaje basado en problemas (PBL), donde las clases parten del planteamiento de preguntas orientadoras por parte del profesor, cuya respuesta se genera por los estudiantes mediante el uso del Derecho como herramienta que constituye un medio, y no un fin. En el caso de los asesores docentes de los consultorios jurídicos, plantea que se debe reformular su papel para que no sean el profesor al que se acude para que oriente en soluciones a las situaciones que plantean los usuarios; sino, más bien, como tutores que participen con el estudiante para identificar los problemas detrás de un caso en particular, propiciando así la construcción de conocimiento desde el mismo estudiante. Ahora, en cuanto al rol del abogado del Siglo XXI, hace un llamado para transitar del ‘abogado tecnócrata’ al ‘abogado librepensante’. Evoca la obra del profesor Diego López donde se plantea la crítica sobre la implantación de modelos extranjeros en el país, señalando que en la realidad actual –en la que se trae del exterior el esquema de competencias–, se está incurriendo precisamente en esta situación. Opina que se deben aprovechar herramientas como las tecnologías de la información y las comunicaciones y la infraestructura, pero no incursionar en la regulación de contenidos y metodologías de enseñanza, lo cual lleva a que la universidad se subsuma a las dinámicas del mercado. Hace un llamado a que el sistema se reestructure desde la lectura propia de nuestro contexto. Cierra su intervención evocando al profesor Basil Bernstein, quien planteaba un modelo a partir del discurso pedagógico, entendido como una modalidad de comunicación especializada que orienta los procesos de transmisión y adquisición del conocimiento, mediante la recontextualización de los saberes. Se debe permitir que las facultades ajusten autónomamente estos aspectos, sin que la autoridad ejerza injerencia sobre estas atribuciones

Intervención del Dr. Mauricio José Álvarez - Director área de proyección

social de la facultad de Derecho de la Universidad del Meta

Su intervención se enfoca en: a) la proyección social en el consultorio jurídico; y b) los componentes de investigación, contexto y realidad que el estudiante tiene para realizar su función transformadora. Comienza señalando que la ‘provincia’ es un laboratorio vivo, in situ, para la generación de conocimientos a partir del estudio de la realidad. Así, para materializar la proyección social frente a los entornos particulares de las regiones hay herramientas dadas por escenarios como el consultorio jurídico y los centros de conciliación. Lo primero sería reformular las competencias a las que se apunta en estos escenarios, por cuanto las reformas procesales han cambiado las dinámicas. Esto incide, también, sobre la selección de los asesores de consultorio, los modelos de atención y los mecanismos de evaluación. Pero asimismo hay que atender la investigación en terreno de las facultades. Se debe articular el papel de ambas instancias, trazando un plan de acción que visibilice el papel de las facultades a partir de las necesidades sociojurídicas del contexto. Así se procura una investigación aplicada y con impacto sobre el entorno de la Universidad. Ilustra que en su experiencia docente precedente en la Universidad Surcolombiana de Neiva, trabajó en un proyecto de investigación con estudiantes de pregrado para la construcción de una línea de base sobre los objetivos del milenio con el PNUD, que sirvió como insumo para la formulación del plan departamental de desarrollo. Recientemente, también hizo un estudio con estudiantes de Derecho, en convenio con FENALCO, sobre conflictos comunitarios y conflictos con tenderos. En esta región tienen un convenio con ACNUR y la ONG Opción Legal, para la atención a desplazados. Se cuenta con financiación del Consejo Noruego para Refugiados para hacer una evaluación a la atención institucional que se presta a las víctimas del conflicto. Estas experiencias reflejan el papel práctico que puede tener la investigación jurídica. A su vez, el litigio de impacto es un reflejo máximo de la proyección práctica de la investigación y de la proyección social de las facultades. Pero es importante también el apoyo de las instituciones para la sostenibilidad de estos proyectos, para lo cual es importante que los sistemas de evaluación aborden estas líneas de trabajo y se fijen en el impacto social, antes que en el hecho de que se reflejen en publicaciones académicas en medios prestigiosos para obtener una calificación satisfactoria en los procesos de evaluación. Si no hay visibilidad del consultorio jurídico y de los grupos de investigación haca la sociedad, se pierde el norte y el derrotero de la proyección social y el sentido social. Es importante institucionalizar esto por vía de su consagración en los planes de desarrollo institucionales de las Universidades.

Preguntas El profesor Diego López da la palabra al auditorio para la formulación de preguntas a los panelistas.

Interviniente Elia Castrillejo, estudiante de la UNAB-Unisangil Yopal, retomando la primera intervención del panel, preguntando cuáles serían las propuestas para que los abogados en formación puedan hacer frente a los problemas de la profesión. Responde el Dr. Lenin Bustos de la Unitrópico: Señala que es indiscutible que los estudiantes son parte de la solución del problema mediante ejercicios de veeduría. Esto, tanto sobre las facultades de Derecho como sobre la gestión de las autoridades (por ejemplo, una veeduría para verificar los tiempos de atención en las comisarías de familia). Hay problemas graves que desmotivan, pero el ejercicio de veeduría debe ser estimulante y puede ser una solución efectiva. Interviene el Dr. Carlos Iván Molina, profesor Unitrópico, haciendo dos precisiones. En primer lugar, se dijo que los estudiantes llegan al consultorio sin tener idea sobre la aplicación práctica del conocimiento adquirido. Ciertamente existen problemas en la formación de los estudiantes, entre los cuales destaca que hay un serio problema en relación con la pasión por la lectura. También le preocupa cómo puede intentar un abogado de consultorio solucionar un caso cuando vio las asignaturas de filosofía y humanismo como materias residuales y se concentró en lo procesal y sustancial, sin tener claridad sobre la exégesis de las normas. Adicionalmente, destaca los semilleros de investigación, señalando que inició un equipo de 16 estudiantes y terminaron siendo solo tres. Es difícil procurar una permanencia de estos grupos cuando hay una alta deserción de estudiantes que también trabajan. En cuanto a la lectura, es importante no quedarse en la norma sino también abordar la doctrina para pensar en los pensamientos subyacentes al ordenamiento jurídico.

Cierre del evento Una vez finalizado el quinto panel, desde la Unisangil se formulan unas preguntas al profesor Diego López desde los estudiantes:

1. ¿Cuál es el deber ser del abogado? 2. ¿Cuál debe ser el alcance de la autonomía universitaria? 3. ¿Considera viable la creación de una Comisión de regulación y una

superintendencia de educación? 4. ¿Cómo debe operar una estandarización de la enseñanza del Derecho para formar

juristas y no simplemente operarios?

El profesor Diego López toma el uso de la palabra para absolver estas interrogantes y plantear unas reflexiones finales. Señala que en los encuentros se han evidenciado necesidades sentidas desde los abogados.

Se han planteado discusiones comunes como las siguientes:

a. ¿Los abogados –y particularmente nuestro sistema de formación– somos culpables o no de la crisis de la justicia?

b. ¿Dónde exactamente se resuelve el problema ético? c. ¿Cuál esquema de regulación se debe adoptar y cómo riñe con la autonomía?

Sin embargo, nadie ha cuestionado la importancia de este ejercicio. Ha habido un ‘experimentalismo’ muy interesante para compartir nuevas metodologías. También se han evidenciado 'insurrecciones pedagógicas’, tales como el modelo de clínica, el replanteamiento de la relación entre el profesor y el alumno y el reposicionamiento de los consultorios jurídicos. Es importante destacar las bondades de estos nuevos modelos. Llama a romper la distinción entre universidades de elite y universidades de garaje, así como entre abogados de las mismas categorías. Es importante ver también la prospectiva de los campos en los que ejercen los abogados, ejerciendo –siguiendo a Robert Putnam–, una labor de 'lubricante social'. Aplaude las buenas prácticas, destacando su utilidad en materia de transmisión de conocimiento pedagógico y construcción del saber. El ejercicio aún se surte y quedan dos Foros Regionales y un Gran Foro Nacional, donde se recogerá el insumo para una regulación indicativa y orientativa. Destaca que, en cualquier caso, la calidad surge del adecuado ejercicio de la autonomía y del respeto de los postulados ideológicos y políticos de cada facultad, siendo este un ejercicio sano dentro de un país democrático y plural. Agradece a la Unisangil, a los panelistas y a los asistentes, cerrando así el evento.

Elaboró: Néstor Julián Ramírez Sierra Abogado Contratista Ministerio de Justicia y del Derecho