informe_conflic_2010_mayo_final

INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD

EN BOLIVIA

Correspondiente al

mes de mayo de 2010

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos

de la Fundación UNIR Bolivia

Informe analítico sobre conflictividad en Bolivia Mayo de 2010

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Índice

Presentación p. 3

1. La conflictividad en Bolivia p. 4

2. Tipología de los conflictos p. 10

3. Sectores y actores demandantes y demandados p. 13

4. Ámbitos de los conflictos p. 20

5. Medidas de presión y violencia p. 23

6. Salida de los conflictos p. 25

7. Conclusiones p. 27 Guía rápida p. 29


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Presentación

El presente informe de seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia corresponde al mes de mayo de 2010. La información con la cual se ha trabajado proviene de una base de datos virtual sobre la conflictividad en Bolivia que la Fundación UNIR Bolivia alimenta periódicamente desde enero de 2006 y actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Es necesario señalar que el presente informe tiene algunas limitaciones en cuanto al registro completo de la conflictividad suscitada en Bolivia en el período mencionado. La principal es la utilización de los medios de comunicación como fuente primaria de información. Éstos, como es sabido, pese a que proveen abundantes datos aprovechables en esta materia, tienden a cubrir los conflictos mientras mantengan interés noticioso (es decir, cuando se encuentran en etapa de confrontación), y otorgan poca cobertura a las fases de pre y post conflicto. Otra limitante es la información no siempre disponible sobre conflictos locales, especialmente sobre aquellos suscitados en ciudades y localidades pequeñas y alejadas de los centros de poder, situación que puede provocar un sesgo en el análisis estadístico. Sin embargo, cuando en sitios pequeños y aislados se originan conflictos relevantes que afectan al conjunto del país, éstos son adecuadamente cubiertos por los medios. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe.


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INFORME DE

SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS

DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Correspondiente al mes de mayo de 2010

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Durante el mes de mayo de 2010 se registraron 81 conflictos, los cuales, en lo que hace a los actores demandantes y demandados, se presentan en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN MAYO DE 2010

Nº ACTOR DEMANDANTE ACTOR DEMANDADO

1 Pobladores de Caranavi Gobierno central

2 Sindicato de Volantes a Yungas Gobierno central

3 Pobladores de Palos Blancos y Alto Beni Pobladores de Caranavi

4 Pobladores de Tipuani, pobladores de Guanay y

pobladores de Teoponte Gobierno central

5 Confederación General de Trabajadores Fabriles

de Bolivia (CGTFB) Gobierno central

6 Central Obrera Boliviana (COB) Gobierno central

7 Confederación de Trabajadores de Educación

Urbana de Bolivia (CTEUB) Gobierno central

8 Confederación Nacional de Maestros de Educación

Rural de Bolivia (CONMERB) Gobierno central

9 Esposas de policías Gobierno central

10

Federación Nacional de Trabajadores

Universitarios de Bolivia (FNTUB) y estudiantes

universitarios

Gobierno central

11 Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de

El Alto Magisterio de El Alto y Gobierno nacional

12 Trabajadores en salud de El Alto Gobierno central

13

Federación de Padres de Familia (FEDEPAF) de El

Alto y padres de familia de 6 macrodistritos de La

Paz

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de

Bolivia (CTEUB)

14 Gremiales de El Alto Alcaldía de El Alto


5

15 Asociaciones de comerciantes minoristas de ropa

de invierno Alcaldía de Santa Cruz

16 Federación de Mercados de El Alto Alcaldía de El Alto

17 Asociación Comerciantes 2 de Febrero Alcaldía de El Alto

18 Vecinos de la zona Nuevos Horizontes Alcaldía de El Alto

19 Vecinos de los barrios Villa Dolores, Barrio Minero

y 12 de Octubre de El Alto Alcaldía de El Alto

20 Comerciantes del mercado Unión y Progreso Comerciantes del mercado Pasaje Señor de Mayo

21 Vendedores de calzados ubicados en la calle

Adolfo Mier (Oruro) Alcaldía de Oruro

22 Federación de Comerciantes 12 de Junio Alcaldía de Cochabamba

23 Trabajadores en salud de Cochabamba Gobernación de Cochabamba

24 Movimiento de Trabajadores Campesinos e

Indígenas Sin Tierra de Bolivia (MST-B)

Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa

Cruz

25

Dirigentes del Movimiento Nacionalista

Revolucionario, de Unidad Nacional, del

Movimiento Sin Miedo, de Alianza por Chuquisaca,

de Alianza Patriótica Social y de Convergencia

Nacional

Corte Nacional Electoral

26 Vecinos de la OrganizaciónTerritorial de Base

(OTB) Oroncota Alcaldía de Sacaba

27 Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Gobierno central

28 Comités cívicos de Santa Cruz, Beni y Tarija Gobierno central

29 Militantes de la agrupación ciudadana Todos por

Santa Cruz y del Movimiento al Socialismo Corte Nacional Electoral

30 Pobladores de Arrumani Alcaldía de Cochabamba

31 Trabajadores de la Empresa de Luz y Fuerza

Eléctrica Cochabamba S.A. (ELFEC) Gobierno central

32 Comité Cívico de Puerto Suárez Gobierno central

33 Internos del penal de San Antonio Defensor del Pueblo

34 Fuerzas Armadas de la Nación Alcaldía de La Paz

35 Federación Regional de Cooperativas Mineras

Auríferas (FERRECO) Gobierno central

36 Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia

(CIDOB) Gobierno central

37 Sindicato de Trabajadores de Avance de Obras Alcaldía de Oruro

38 Socios de la Cooperativa de Servicios Públicos

Montero Limitada (COSMOL) Gerencia General de COSMOL

39 Asociación de Artesanos Ñuflo de Chávez Alcaldía de Santa Cruz

40 Vecinos de la OTB Ayacucho

Alcaldía de Cochabamba y comerciantes minoristas del

pasaje Cliza

41 Propietarios de terrenos en las urbanizaciones

Santa Lucía y Colinas de Andalucía Alcaldía de Sacaba y ocupadores ilegales de terrenos


6

42 Federación Departamental de Trabajadores de

Salud de Santa Cruz Alcaldía de Santa Cruz

43 Internos del penal de Cantumarca Autoridades del régimen penitenciario

44 Sindicato de trabajadores de la mina Porco Empresa Minera Sinchi Wayra

45 Comunarios de Vitichi Gobernación de Potosí

46 Importadores y estibadores de Charaña Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

47 Mototaxistas de Riberalta Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB)

48 Militantes de Unidad Nueva Esperanza (UNE) Concejo Municipal de Quillacollo

49 Estudiantes y docentes de la Universidad

Autónoma del Beni (UAB) Fiscalía de Distrito

50 Federación Departamental Única de Trabajadores

Eventuales del PLANE Tarija Gobierno central

51 Vecinos de la zona Bautista Saavedra C. Concejo Municipal de El Alto

52 Trabajadores del Servicio Regional de Salud

(SERES) de El Alto Servicio Departamental de Salud (SEDES)

53 Comerciantes de la Súper Feria Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

54 Magisterios urbano y rural del Beni Director Distrital de Educación

55 Autoridades de la Universidad Mayor de San

Simón (UMSS) Gobierno central

56 Normalistas de Cochabamba

Servicio Departamental de Educación (SEDUCA)

Cochabamba

57 Internos del penal de San Sebastián Autoridades del Régimen Penitenciario

58 Autotransporte libre del Chapare Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

59 Pobladores de Coroma Gobierno central

60 Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) Gobierno central

61 Reclusos del penal de Uncía Autoridades Régimen Penitenciario

62 Cooperativa de Transporte Mixto El Pailón Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

63 Postulantes a la escuela superior de formación de

maestros Simón Bolívar Ministerio de Educación

64 Asociación Nacional del Servicio Pasivo de la

Policía Boliviana Asamblea Legislativa Plurinacional

65 Asociación Nacional de Jubilados Gobierno central

66 Docentes y estudiantes de la Escuela Municipal de

Artes de El Alto Alcaldía de El Alto

67 Movimiento Sin Lote

Ingenio San Aurelio, Gobierno Nacional y Gobierno

Municipal

68 Educadoras y padres de familia de las guarderías

Manitos Alcaldía de El Alto

69 Sindicato de Trabajadores Municipales de El Alto Alcaldía de El Alto

70 Empresas constructoras de El Alto Alcaldía de El Alto

71 Productores de coca de la provincia Franz Tamayo Gobierno central

72 Trabajadores de la Cooperativa de Teléfonos La Gobierno central


7

Paz (COTEL)

73 Federación de Campesinos de Chuquisaca Poder Judicial

74 Comunarios de cuatro ayllus de Uncía Policía Nacional

75 Indígenas del Territorio Indígena y Parque

Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) Gobierno central

76 Coordinadora Departamental de Juntas Vecinales

de la Periferia de Oruro (CODEJUVEPURO) Asamblea Legislativa Plurinacional

77 Importadores de vehículos Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

78 Vecinos de la urbanización Sajama Alcaldía de Oruro

79 Comités cívicos de Llallagua y de Huanuni Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

80 Periodistas de la ciudad de El Alto

Central Obrera Regional (COR) de El Alto y gremiales

seguidores de Braulio Rocha

81 Federación Departamental de Cooperativas

Mineras de Potosí (FEDECOMIN) Comité Cívico Potosinista COMCIPO

81 TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.

La conflictividad en Bolivia durante el mes de mayo experimentó una significativa

agudización, la cual no sólo se evidenció en el incremento numérico de los casos (se

registraron 17 conflictos más que el mes pasado), sino también en un nivel cualitativo,

pues se registró un mayor despliegue de medidas de presión, varias de ellas con

improntas de violencia exacerbada y con un rango de alcance nacional. En una

panorámica de la conflictividad de los últimos cinco meses, se ratifica la tendencia

ascendente ya mencionada en anteriores informes.

En gran medida la conflictividad de mayo fue el resultado de la dilatación de

problemáticas que emergieron el mes anterior. Por ejemplo, la disconformidad social

respecto al aumento salarial del 5% desencadenó en abril varias marchas y anuncios de

protesta por parte de sectores sociales como la Confederación de Trabajadores de

Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Confederación General de Trabajadores

Fabriles de Bolivia (CGTFB); cuando el 2 de mayo el gobierno oficializó el aumento

mediante un decreto supremo, la situación se complicó al generarse inmediatamente

seis conflictos más. Otro eje de conflictividad proveniente de abril, pero ya presente en

anteriores meses, fue el conjunto de reclamos respecto al nuevo sistema jurídico para la

aplicación de la Constitución Política del Estado, quedando pendientes los debates sobre

la legislación laboral, educativa y territorial. Por último, el conflicto de Caranavi –el cual

ya había presentado atisbos de convertirse en una confrontación mayor entre el

gobierno y los colonizadores de ese municipio– se transformó en un pequeño pero

importante polo de conflictividad que generó otros cuatro conflictos paralelos.


8

Al mismo tiempo, durante este mes se evidenció la reaparición de ciertas temáticas en el

panorama de los conflictos: el manejo de los mercados y los espacios comerciales en

urbes de alta atracción de la población migrante interna (surgieron por lo menos ocho

conflictos referentes al tema); el manejo administrativo de los centros penitenciarios,

especialmente en el pago de prediarios a los privados de libertad (tres conflictos). Los

conflictos vinculados a la prestación de servicios públicos, como el mantenimiento y la

construcción de tramos carreteros en diferentes puntos del país, y la provisión de

servicios básicos y de carburantes (seis conflictos), también tuvieron una presencia

relevante en mayo.

Los conflictos que destacaron como los más importantes del mes se resumen en las

siguientes líneas:

El conflicto de Caranavi se originó por el pedido de una planta procesadora de

cítricos, convirtiéndose en un símbolo de desarrollo económico y mejora de las

condiciones de vida de las poblaciones demandantes. Además de las causales

económicas, las pugnas políticas entre las bases del sector de colonizadores y sus

representantes y delegados en el gobierno y la Asamblea Legislativa

Plurinacional jugaron también un papel importante. Los sectores protagonistas

recurrieron a diversas medidas de presión para lograr su cometido: un sostenido

bloqueo de caminos que duró alrededor de doce días, la toma y destrucción de

inmuebles pertenecientes a autoridades vinculadas con el partido oficialista y la

Policía Nacional, entre otras. De manera paulatina se fueron sumando nuevos

actores y demandas a la escena, lo que incrementó la tensión e hizo temer la

posibilidad de un conflicto de dimensiones mayores. El día 7 de mayo, ante un

estado crítico de desabastecimiento de productos de primera necesidad en la

región de los Yungas debido a las obstrucciones camineras, efectivos de la fuerza

del orden ingresaron a la localidad y se enfrentaron a los movilizados; las

consecuencias de esta intervención fueron dos muertos, al menos 40 heridos y

varios detenidos. Esta acción dio paso al inicio de un proceso de diálogo, el cual

derivó en una solución parcial al conflicto.

La demanda de un incremento salarial mayor al 5% ofrecido por el gobierno, a la

par de otros pedidos sectoriales, desató una serie de conflictos de gran

envergadura. Tres de éstos sobresalieron debido a la aplicación de medidas de

fuerza de manera sistemática en el ámbito nacional; sus actores fueron la

Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), la

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la

Central Obrera Boliviana (COB). De manera coordinada, estos tres sectores

paralizaron labores en dos oportunidades (el 4 y el 10 de mayo) y emprendieron,


9

junto a otros actores, una multitudinaria marcha desde Caracollo hasta la ciudad

de La Paz (el mismo 10 de mayo). Sin embargo, el día 14 de mayo, Pedro Montes,

dirigente de la COB, firmó un acuerdo con el gobierno, en el que se estableció un

aumento salarial inversamente proporcional a los sueldos mensuales percibidos

(se disminuirá los sueldos a quienes ganan más para aumentar los sueldos de los

trabajadores con salarios menores). El mismo fue rechazado por varios de los

actores involucrados, incluso dentro de la cúpula de la entidad matriz de los

obreros; esto ocasionó que las protestas continuaran e incluso se radicalizaran.

Múltiples marchas en las principales ciudades del país, la paralización

generalizada de las actividades escolares, los bloqueos de carreteras y hasta la

toma del Ministerio del Trabajo por los fabriles, caracterizaron esta etapa de los

conflictos. Finalmente, el gobierno mantuvo su negativa ante la demanda de

incremento salarial, aunque intentó apaciguar los ánimos cediendo ante pedidos

secundarios (como la nivelación de los sueldos respecto a los percibidos por los

maestros rurales, en el caso de la CTEUB; o la disminución de la edad de

jubilación para todos los trabajadores). A pesar de ello, los acuerdos no fueron

satisfactorios, pues algunos grupos internos de estos sectores declararon su

intencionalidad de persistir en su reclamo hasta la consecución de sus objetivos.


10

2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

En el mes de mayo los cuatro principales tipos de conflicto fueron los vinculados con

medidas económicas y la situación económica de las personas (25%), la gestión

administrativa de diferentes entidades (14%), temas legislativos y legales (10%) y las

condiciones laborales y salariales (8%). A continuación se presenta la información

completa sobre los tipos de conflicto, según su importancia:

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

TIPO DE CONFLICTO Nº %

Medidas económicas/situación económica 36 25,4%

Gestión administrativa 20 14,1%

Leyes/situación/medidas legales 14 9,9%

Laboral/salarial 11 7,7%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad 12 8,5%

Prestación de servicios públicos 10 7,0%

Gestión del espacio urbano 10 7,0%

Ideológico-político 6 4,2%

Recursos naturales y medio ambiente 6 4,2%

Tierra 5 3,5%

Derechos humanos 3 2,1%

Otro 3 2,1%

Incumplimiento de convenios 2 1,4%

Valores/ creencias/identidad 2 1,4%

Seguridad ciudadana 1 0,7%

Límites político-administrativos 1 0,7%

TOTAL 1421 100%


1 Esta cifra difiere del número total de conflictos del mes porque varios de éstos, en razón de sus características, ameritan su clasificación en más de una categoría específica.


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GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS


En mayo se originaron conflictos de diversa índole, registrándose algunos temas nuevos

respecto al mes de abril, como conflictos por límites políticos/administrativos y por

gestión del espacio urbano, entre otros. La categoría situación económica/medidas

económicas, posicionada en los primeros lugares de importancia desde enero, se volvió a

distinguir este mes. Los conflictos por temas de gestión administrativa de diversas

entidades y por las condiciones laborales y salariales de varios sectores ocupan también

posiciones significativas; mientras que los conflictos relacionados con lo ideológico-

político disminuyeron considerablemente. En contraste, surgieron bastantes conflictos

por la formulación de leyes y por el cuestionamiento de autoridades (en especial del

gobierno central y de las alcaldías municipales).

La conflictividad vinculada con la categoría situación/medidas económicas se explica

desde la problemática salarial antes mencionada. En esta tipología también se

evidencian otros dos grandes polos de conflictividad: la búsqueda de opciones para el

desarrollo rural y la situación del comercio informal. Dentro del primero, resaltan las

demandas por la intervención estatal para mejorar el bienestar general de determinadas

localidades (claros ejemplos fueron el conflicto de los pobladores de Caranavi por la

construcción de una planta procesadora de cítricos, el conflicto de los pobladores de

Coroma por la instalación de una fábrica de cemento en la zona y el conflicto en Puerto

Suárez por la explotación del cerro Mutún). En cuanto a la economía del sector informal,

el argumento de los conflictos giró principalmente en torno a la gestión del espacio

público en ciudades de gran expansión demográfica (como El Alto y Santa Cruz de la

Sierra). Junto con los conflictos laborales –los cuales tuvieron su origen en la demanda


12

de un incremento salarial mayor al 5%, en atrasos en el pago de sueldos y en pedidos de

más fuentes de empleo–, el empobrecido estado de la economía de la población resulta

ser, entonces, el principal nodo estructural que amenaza la estabilidad social.

En la categoría gestión administrativa, como casi todos los meses, se percibe tanto una

diversidad temática como la dispersión de los conflictos. En la mayoría de éstos los

actores demandados fueron entidades del gobierno central, especialmente las

autoridades de régimen penitenciario y de la Aduana Nacional Boliviana (ANB); otra

cantidad considerable de demandas se dirigió al ámbito de la administración municipal.

Estas demandas evidencian deficiencias en sectores específicos de la administración

estatal, cuyos conflictos –dicho sea de paso– se relacionan con la situación económica de

los actores demandantes en por lo menos siete de once casos.

El alza de conflictividad en la categoría leyes/situación/medidas legales, la cual se

mantuvo en cifras bajas en los últimos tres meses, está asociada con el proceso de

implementación del nuevo sistema jurídico a partir de la Constitución Política del

Estado. De ese modo, la Ley Transitoria para el Funcionamiento de Entidades

Territoriales Autónomas, el proyecto de Ley de la Servidora y el Servidor Público, el

proyecto de Ley de Pensiones, el proyecto del Código de Trabajo, entre los más

importantes, han originado que sectores estratégicos de la sociedad se movilicen en

rechazo a disposiciones específicas en las propuestas del gobierno, soliciten

modificaciones y su inclusión en la formulación de estas normas.


13

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS

3.1. Sectores y actores demandantes

Acentuando una tendencia manifiesta desde enero del presente año, en mayo los

sectores vecinal/comunal y educación encabezan la lista de demandantes, con el 17% y

el 15% del total, respectivamente. Por su parte, el sector gremial inició 9 conflictos,

equivalentes al 11% del total.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES

SECTOR DEMANDANTE Nº %

Vecinal/comunal 14 17,3%

Educación 12 14,8%

Gremial 9 11,1%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 6 7,4%

Empresarial 5 6,2%

Carcelario 4 4,9%

Cívico 4 4,9%

Indígena 4 4,9%

Transporte 4 4,9%

Minero 3 3,7%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 3 3,7%

Agropecuario/campesino 3 3,7%

Salud 3 3,7%

Policía 2 2,5%

Entidad del gobierno municipal 1 1,2%

Rentista 1 1,2%

Entidad del gobierno departamental 1 1,2%

Fabril 1 1,2%

Fuerzas Armadas (FFAA) 1 1,2%

TOTAL 81 100%



14

GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES


En lo respectivo al sector vecinal/comunal, un tercio de las demandas tuvo un trasfondo

económico, relacionado fundamentalmente con el desarrollo rural de diversas

comunidades del país, mientras que otro tercio estuvo ligado con la gestión del espacio

urbano. Así, esos dos temas movilizaron de manera determinante a pobladores de áreas

tanto rurales como urbanas. De igual manera y como es habitual, este sector expresó

también varias demandas relacionadas con la prestación de servicios públicos,

fundamentalmente agua potable. Por otro lado, en consonancia con lo detectado en abril,

en mayo el sector vecinal/comunal se manifestó acerca del tema ambiental (comunarios

de Vitichi, pobladores de Arrumani), exigiendo una oportuna y efectiva atención estatal

a dicha problemática.

Un tercio de los doce conflictos protagonizados por el sector educación estuvo vinculado

con el pedido de un incremento salarial superior al 5% propuesto por el gobierno. Ello

confirma lo expresado en acápites anteriores del presente informe en torno a la espiral

de conflictividad generada por el tema salarial. Cabe destacar que tanto postulantes

como docentes de las escuelas normales continuaron movilizándose en mayo; los


15

primeros solicitaron la flexibilización de la nota mínima de ingreso a la carrera docente,

y, los segundos, una mayor cantidad de ítems para el sector.

De manera excepcional, el sector gremial concentró este mes el 11% de los conflictos

totales, ubicándose en el tercer lugar de la lista. Su principal demanda estuvo orientada a

la obtención de facilidades para comercializar sus productos, ya sea asentándose en la

vía pública o solicitando predios especiales. Siete de los nueve episodios tuvieron lugar

en los tres departamentos del eje, lo que no resulta sorpresivo en razón de su

dinamismo económico, sus contrastes sociales y su crecimiento demográfico vinculado

con la migración. En La Paz, el 100% de las movilizaciones que involucraron al sector

mencionado se registró en la ciudad de El Alto, urbe que absorbe grandes cantidades de

migrantes por causa del éxodo rural. Los gremialistas se enfrentaron principalmente a

los gobiernos locales porque a éstos concierne la competencia de la organización y

gestión del espacio urbano local. Es necesario destacar que los conflictos protagonizados

por gremialistas tuvieron una impronta de violencia.

En tercer lugar se encuentran otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, categoría

dentro de la cual se encuentran los trabajadores del PLANE de Tarija, quienes

demandaron más fuentes de empleo; los pequeños importadores de vehículos en Oruro,

quienes reclamaron la devolución de automotores incautados por la Aduana Nacional; el

Sindicato de Avance de Obras2 de la ciudad de Oruro, que exigió el pago de salarios

retrasados; y los periodistas de El Alto, quienes marcharon repudiando agresiones que

recibieron de gremialistas. Como se puede observar, el móvil central de las protestas

encabezadas por los actores mencionados fue el económico, excepto en el caso de de los

periodistas, quienes reivindicaron derechos vinculados con el ejercicio de su profesión.

Por su parte, el sector transporte protagonizó una cantidad de conflictos similar a la del

mes pasado. Esta vez expresó fundamentalmente demandas ligadas con la prestación de

servicios públicos: mantenimiento de carreteras y adecuada provisión de carburantes.

En cuanto al sector indígena, en mayo se movilizaron actores pertenecientes

mayormente a las tierras bajas del país por reivindicaciones políticas (participación en

el diseño de leyes y en la gestión pública), sociales (servicios públicos), culturales

(respeto de sus derechos) y territoriales (saneamiento y titulación de tierras,

conservación de recursos naturales). Es importante destacar que los indígenas de tierras

altas cobraron visibilidad en la conflictividad de mayo (por el caso Uncía), lo que no

sucedía desde hace varios meses.

2 Los trabajadores de Avance de Obras son contratados por el gobierno local para realizar pequeñas obras en el municipio.


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En cuanto al sector cívico, en mayo se manifestaron cuatro comités departamentales y

tres municipales. En el primer grupo destacan los comités de Santa Cruz, Beni y Tarija,

que actuaron conjuntamente para rechazar determinados puntos de la Ley Transitoria

de Autonomías; la situación estuvo marcada por la rearticulación de alianzas

interregionales, que se encontraban en suspenso desde hace algunos meses atrás. En el

segundo grupo resalta el Comité Cívico de Puerto Suárez, que por tercer mes

consecutivo recurre a medidas de presión por causa de la paralización de la explotación

de hierro en el Mutún.

Es pertinente destacar que las organizaciones políticas continuaron protagonizando

conflictos, aunque muchos menos que el mes pasado. Así, el Movimiento Nacionalista

Revolucionario (MNR), Unidad Nacional (UN), el Movimiento Sin Miedo (MSM), la

Alianza por Chuquisaca, la Alianza Patriótica Social y Convergencia Nacional (CN)

llevaron adelante medidas de presión contra la distribución de escaños en diferentes

asambleas legislativas departamentales. Por otra parte, los militantes de la agrupación

ciudadana Unidad Nueva Esperanza (UNE) de Quillacollo protestaron contra los intentos

de suspensión del alcalde electo. Finalmente, los miembros de Todos por Santa Cruz, en

el municipio de Pailón (Santa Cruz, provincia Chiquitos), exigieron a la Corte Nacional

Electoral (CNE) pronunciarse respecto a los resultados de la votación para alcalde, y

dicha entidad falló a su favor.

Por otra parte, en mayo los medios de comunicación visibilizaron el papel de la mujer en

varios de los conflictos registrados. En primera instancia, se conoce la marcha de

mujeres del municipio de Guanay, quienes protestaron por los bloqueos de Caranavi (los

efectuados en demanda de una planta procesadora de cítricos). Asimismo, las esposas de

policías reclamaron para sus maridos un incremento salarial mayor al ofrecido por el

gobierno. Además, mujeres vendedoras de mercados de El Alto exigieron la destitución

del Director de Asentamientos de la Alcaldía por no haber intervenido en el desalojo de

comerciantes llevado adelante por vecinos de la urbe. Finalmente, maestras de una

guardería exigieron el pago de salarios retrasados. El denominador común de estos

conflictos es su trasfondo económico, el cual condujo a diferentes grupos de mujeres a

manifestarse en reivindicación de sus derechos e intereses y los de sus familias.

En mayo también destacó la participación política de las mujeres, quienes intervinieron

en dos conflictos de proyección nacional: el de las regiones contra el gobierno central

por la Ley de Autonomías (intervinieron los comités cívicos femeninos de Santa Cruz y

Tarija); y el de mujeres en La Paz reclamando por la distribución de escaños en las

asambleas departamentales.


17

Es importante puntualizar que la participación de las mujeres en estos conflictos no se

efectuó en demanda de equidad de género, sino en defensa de intereses económicos y

políticos más generales.

3.2. Sectores y actores demandados

En mayo, el 87% de los conflictos estuvo dirigido hacia el Estado en alguno de sus

niveles y órganos. Como es frecuente, las entidades del gobierno central fueron las más

interpeladas (44,7%), seguidas por las entidades de los gobiernos municipales (25,9%),

y juntas concentraron el 70% de la conflictividad nacional. En tercer lugar y muy por

debajo, con el 6% del total de conflictos, se encuentran las demandas dirigidas a

entidades de los gobiernos departamentales.

CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS

SECTOR DEMANDADO Nº DE CONFLICTOS

%

Entidad del gobierno central 38 44,7%

Entidad del gobierno municipal 22 25,9%

Entidad del gobierno departamental 5 5,9%

Empresarial 3 3,5%

Gremial 2 2,4%

Entidad del legislativo nacional 2 2,4%

Poder Judicial 2 2,4%

Educación 2 2,4%


Órgano Electoral Nacional 2 2,4%

Entidad del legislativo municipal 1 1,2%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 1 1,2%

Policía 1 1,2%

Cívico 1 1,2%

Otro3 1 1,2%

TOTAL 854 100%


3 Se trata del Defensor del Pueblo. 4 Ver nota 1.


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GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS


En mayo, los conflictos planteados hacia el gobierno central fueron iniciados por

diversos actores provenientes de los nueve departamentos, tanto de ciudades capitales

como de provincias. La mayoría de estas demandas (aproximadamente el 60%) tuvieron

un trasfondo económico, el mismo que fue la causa de los conflictos más importantes del

mes, antes descritos. Tanto en las situaciones contenciosas generadas por el aumento

salarial propuesto por el gobierno, como en el conflicto de Caranavi, se interpeló

simultáneamente a distintas reparticiones del Poder Ejecutivo central, y las demandas

derivaron incluso en pedidos de renuncia de altas autoridades, situación que no se había

presentado en los meses anteriores. Resulta pertinente señalar que la mayoría de los

conflictos dirigidos hacia el gobierno central continúan, o alcanzaron acuerdos parciales,

por lo que podrían reactivarse en el futuro.

Reafirmando una tendencia presente desde varios meses atrás, las entidades de los

gobiernos municipales se colocan en el segundo lugar de la lista de principales

demandados. En mayo este sector concentró una mayor cantidad de conflictos que los

anteriores meses del año, y aumentó su peso relativo en relación al total de los conflictos

del mes. Resulta significativo que esto ocurra precisamente en el último mes de gestión

de los gobiernos municipales del país, antes de ser posesionadas las autoridades electas

el 4 de abril. Una de las causas puede ser la presión sobre las autoridades salientes para


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resolver temas administrativos urgentes desde el punto de vista de los demandantes,

quienes temen no ser atendidos por los nuevos burgomaestres. Así, se identificaron

varias demandas de pagos de salarios, bonos y deudas contractuales con actores

privados.

Otro tema central, que este mes puso en vilo a los gobiernos locales, fue el de la gestión

del espacio urbano. De los diez conflictos sobre este tema que involucraron a diferentes

alcaldías, nueve se refieren a la problemática de los asentamientos comerciales en las

vías públicas. Los gobiernos municipales interpelados por este motivo (El Alto, Santa

Cruz, Cochabamba y Oruro) lidiaron en varias oportunidades con intereses

contrapuestos de al menos dos sectores: los comerciantes, quienes solicitan ubicarse en

la vía pública para vender sus productos y los vecinos, quienes señalan que dichos

asentamientos generan problemas de intransitabilidad, higiene e inseguridad, entre

otros. Estos conflictos tuvieron ciertas improntas de violencia y, en algunos casos,

derivaron en pedidos de renuncia de funcionarios municipales. La multidimensionalidad

de esta problemática –que involucra temas económicos, sociales, culturales y políticos–

ocasiona que su tratamiento sea altamente complejo. Además, al implicar intereses

divergentes, encierra un elevado potencial de conflictividad que debe ser gestionado

adecuadamente para evitar la apertura de un foco de conflicto violento al interior de la

sociedad.

Por debajo de los gobiernos municipales se encuentran las entidades de los gobiernos

departamentales, las cuales concentraron solamente el 6% de la demanda social

generadora de conflicto. Tres de los cinco conflictos estuvieron vinculados con el

cuestionamiento a autoridades de servicios departamentales (SEDUCA y SEDES), tema

que se presenta frecuentemente en diferentes puntos del país.

Las interpelaciones dirigidas a la Corte Nacional Electoral se redujeron visiblemente en

mayo, aunque durante los primeros días del mes se mantenía la elevada conflictividad

que caracterizó la coyuntura política post electoral en abril. Al no obtener resultados

favorables mediante la presión social, gran parte de los actores anunciaron el traslado

del conflicto al campo judicial.

Finalmente, los sectores vecinal/comunal, educación, gremial, cívico y otras

organizaciones y grupos de la sociedad civil aparecen en mayo también en la lista de

demandados, sumando ocho conflictos (8,4%). Esto indica que en ocho oportunidades

un sector de la sociedad entró en conflicto con otro, llegándose incluso al

enfrentamiento violento en determinadas situaciones: pobladores de Caranavi y de Alto

Beni, padres de familia y maestros en La Paz, comerciantes de dos mercados en El Alto,

vecinos y comerciantes en Cochabamba. Si bien el peso cuantitativo de estos conflictos

en relación al total no es significativo, se puede señalar que en meses anteriores estas


20

situaciones se presentaron de manera muy aislada y sin derivar en confrontaciones

abiertas. Esto significa que es necesario prestar atención a este tipo de conflictos que

pueden erosionar la convivencia pacífica y derivar incluso en serios enfrentamientos de

consecuencias lamentables.

4. ÁMBITO DE LOS CONFLICTOS

4.1. Ámbito geográfico de los conflictos

En mayo el departamento de La Paz concentró nuevamente la mayor cantidad de

conflictos (más de un tercio del total), seguido por Cochabamba (17%), Santa Cruz

(11%), Potosí (10%) y Oruro (cerca del 9%). Los conflictos que involucraron a todo el

país sobrepasan el 7% del total, manifestándose también en Pando. De esta manera, en

el período todos los departamentos del país registraron episodios conflictivos.

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO Nº %

La Paz 28 34,6%

Cochabamba 14 17,3%

Santa Cruz 9 11,1%

Potosí 8 9,9%

Oruro 7 8,6%

Todo el país 6 7,4%

Beni 5 6,2%

Tarija 2 2,5%

Chuquisaca 1 1,2%

Más de uno 1 1,2%

TOTAL 81 100%



21

La siguiente figura muestra esa distribución territorial:


En lo que respecta al departamento de La Paz, la mitad de los conflictos (catorce) se

registraron en El Alto, siete en la sede de gobierno y otros siete en provincias. La

mayoría de los conflictos relevantes que abarcaron a todo el país tuvieron un enclave

fundamental en la ciudad de La Paz. El principal tema que movilizó al departamento en

mayo fue el económico, aunque dichas movilizaciones, de modo significativo, se

efectuaron fuera de las ciudades de La Paz y El Alto.

Al igual que en abril, el departamento de Cochabamba ocupa en mayo el segundo lugar

en la lista, registrándose diez conflictos en la ciudad capital y cuatro fuera de ésta. Los

principales temas de conflicto en el municipio de Cochabamba estuvieron

estrechamente ligados con la gestión del gobierno local (pago de salarios, asentamientos

comerciales, gestión ambiental relacionada con el manejo de desechos sólidos, entre

otros), aunque también se formularon reclamos al gobierno central. Una importante

demanda de actores movilizados fuera de la ciudad capital fue la prestación de servicios

públicos, destacándose los pedidos de acceso a agua potable, problema crónico en el

departamento.

Santa Cruz concentró 11% de los conflictos; la mitad de éstos se registró en Santa Cruz

de la Sierra y la otra mitad, en otros municipios del departamento. Las demandas hacia

el gobierno municipal fueron de carácter fundamentalmente administrativo; en otras

localidades primaron temas estructurales (tierras, desarrollo económico y prestación de

servicios públicos) y coyunturales (revisión de resultados electorales). Santa Cruz fue

asimismo uno de los puntos geográficos clave en el principal conflicto político del mes,


22

originado a partir de la aprobación de la Ley Transitoria para el Funcionamiento de

Entidades Territoriales Autónomas; dicha aprobación articuló nuevamente el conflicto

interregional, en pausa durante los meses anteriores.

Potosí nuevamente se ubica en los primeros lugares de la lista, por debajo de los

departamentos del eje. La mayoría de los conflictos en este departamento se suscitaron

fuera de la ciudad capital, predominando las problemáticas ligadas con la actividad

minera. Es oportuno destacar la controversia entre Coroma y Quillacas por el control de

yacimientos de piedra caliza, que es parte de un conflicto mayor de límites entre Potosí y

Oruro; sus complejas características encierran un potencial de conflictividad muy

elevado, por lo que debe atenderse oportunamente a fin de evitar serias consecuencias.

Por otra parte resulta pertinente referirse al departamento del Beni, donde la cantidad

de conflictos se ha incrementado notablemente en el mes de mayo. Cuatro de las cinco

situaciones contenciosas se suscitaron fuera de la ciudad de Trinidad; entre éstas

destacan las que tienen en pie de movilización a pueblos indígenas que reivindican

derechos sociales, políticos, económicos y culturales.

En cuanto a los conflictos de alcance nacional, tres fueron los temas centrales de la

agenda: el incremento salarial demandado por varios sectores sociales, la distribución

de escaños en las asambleas legislativas departamentales y el reclamo universitario de

reformas legislativas e incrementos presupuestarios.

4.2. Ámbito de surgimiento de los conflictos

Más de un cuarto de los conflictos de abril surgió en el ámbito vecinal/comunal, y otro

cuarto se originó en espacios institucionales. Los conflictos que nacieron en el seno de lo

municipal alcanzaron al 14%; mientras que los surgidos en los departamentos y las

regiones no superaron el 11%.

CUADRO Nº 6 ÁMBITO DE SURGIMIENTO DE LOS CONFLICTOS

ÁMBITO Nº %

Institucional 21 25,9%


Municipal 14 17,3%

Departamental 9 11,1%

Regional 9 11,1%

Nacional 7 8,6%

TOTAL 81 100%



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GRÁFICO Nº 4 ÁMBITO DE SURGIMIENTO DE LOS CONFLICTOS


5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA

5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos

Durante el mes de mayo se registraron situaciones de violencia que no habían estado

presentes en meses anteriores, que por sus características socio políticas generaron un

mayor riesgo para la gobernabilidad y estabilidad del país (entre ellos, el conflicto

generado por los fabriles del país por un aumento salarial mayor al 5%, y el de los

pobladores de Caranavi por la instalación de una planta de cítricos). Todo esto ocasionó

una escalada en la cantidad de medidas de presión (alrededor de 40% más registros que

el mes pasado). Un ejemplo de esto es la cantidad de enfrentamientos violentos5 en las

ciudades de La Paz, Cochabamba y Potosí, con el resultado de seis personas fallecidas y

más de cuarenta heridas.6.

Desde una perspectiva agregada, se puede señalar que el 63% de las medidas de

presión utilizadas implicó un uso reducido de violencia, y sólo en el 26% de los casos se

llegó a niveles de violencia media. A diferencia de los meses anteriores, la medida de

presión más utilizada por los diversos actores en conflicto fue la marcha; esta situación

guarda relación con que en un 39% de los conflictos las medidas de presión hayan

afectado a terceros de manera directa. Por otro lado, tanto el anuncio y/o declaratoria

de estado de emergencia y el bloqueo fueron también medidas bastante utilizadas (cerca

5 Hubo un total de 8 enfrentamientos violentos: 4 en La Paz, 3 en Cochabamba y 1 en Potosí. 6 Dos personas fallecieron y cuarenta resultaron heridas en el conflicto de los comunarios de Caranavi, cuando fuerzas policiales desbloquearon la ruta Nor Yungas-La Paz. Otros cuatro fallecidos se registraron en el desarrollo del conflicto de los ayllus del Norte de Potosí. A pesar de que este último caso no presenta las características típicas de los conflictos considerados en este informe, se vio conveniente incluirlo por sus connotaciones socio políticas.


24

del 40% de los registros). Todo esto indica que, a diferencia de lo ocurrido en meses

anteriores, los diversos actores en conflicto optaron por el uso de medidas más

contundentes para la resolución de sus demandas, hecho que podría atribuirse a una

desatención o tardía atención de los diversos niveles de gobierno a los conflictos

suscitados en sus ámbitos de jurisdicción.

CUADRO Nº 7 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO

Violencia baja

violencia media

Violencia contundente Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010.

5.2. Alcance de las medidas de presión

Durante el mes de mayo, en contraste con lo ocurrido en los anteriores meses del año,

más de un tercio (39%) de las medidas de presión a las que recurrieron los actores

demandantes no excedieron el ámbito vecinal/comunal en cuanto a la afectación que

ocasionaron. Por otra parte se produjo un aumento en la cantidad de medidas de

presión que tuvieron alcance nacional (8%), y una disminución de las medidas que

quedaron dentro del ámbito intrainstitucional (28%) respecto al mes anterior.

Finalmente, las medidas de alcance departamental y municipal alcanzaron cerca del 6%

y el 2% de los registros, respectivamente.


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CUADRO Nº 8 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

ALCANCE Nº %


Intrainstitucional 28 34,6%

Nacional 7 8,6%

Regional 7 8,6%

Municipal 6 7,4%

Departamental 1 1,2%

TOTAL 81 100%


GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, mayo de 2010

6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS

En mayo, cerca de la mitad de los conflictos (46,9%) quedó sin solución. Los acuerdos

(totales y parciales) alcanzados representaron algo más de un cuarto del total. Dentro de

esa porción, por las implicaciones y saldos que dejaron los enfrentamientos suscitados,

sobresalen los acuerdos establecidos entre los pobladores de Caranavi y el gobierno

central a propósito de la instalación de una planta procesadora de cítricos, entre la COB

y el gobierno sobre el incremento salarial, y entre la APG y las autoridades nacionales en

torno a las temáticas hidrocarburífera y de tierras.

En 5% de los casos se declaró cuarto intermedio, mientras que el retroceso de uno de los

actores, así como otras formas de salida, fueron las características en 4%. En relación al

primer aspecto, si se consideran sus implicaciones directas, el cuarto intermedio de

mayor interés para una convivencia pacífica fue el declarado por los vecinos de la OTB

Oroncota (en Cochabamba): luego de una semana de movilizaciones, abrió un paréntesis

en un conflicto caracterizado por enfrentamientos graves, toma violenta de instalaciones

y bloqueos demandando la regularización en la provisión de agua potable. En relación al


26

retroceso de uno de los actores, éste implicó, en todos los casos, el repliegue de la parte

demandante y se produjo, en el caso de los pobladores y mineros auríferos del norte de

La Paz, principalmente como resultado del levantamiento de bloqueos en Caranavi.

Por lo demás, sólo en el caso de un conflicto (el protagonizado por propietarios de

terrenos en Sacaba por el desalojo de sus propiedades, ilegalmente ocupadas desde

enero) se llegó a fin de mes con un proceso de negociación en curso. El panorama

descrito se completa con el 12% de los conflictos cuyas salidas se desconocen debido a

falta de información en las fuentes monitoreadas.

De los 38 conflictos que continúan vigentes, entre los principales demandados se

encuentra el Gobierno central con 13 casos (34%) y los gobiernos locales o municipales

con 9 (24%). Las entidades dependientes del gobierno central concentran un 13% (8%

Administradora Boliviana de Carreteras y 5% Aduana Nacional de Bolivia), los

gobiernos departamentales, 5%, y la Asamblea Legislativa Plurinacional, otro 5%. El

18% restante se distribuye entre otros actores demandados.

CUADRO Nº 9 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

SITUACIÓN Nº %

Continúa 38 46,9%

Acuerdo total 13 16,0%

Se desconoce 10 12,3%

Acuerdo parcial 9 11,1%

Cuarto intermedio 4 4,9%

Otra 3 3,7%

Retroceso de uno de los actores 3 3,7%

En negociación 1 1,2%

TOTAL 81 100%


GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS



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7. CONCLUSIONES

- El mes de mayo presentó un acentuado incremento en el número de conflictos, pues se registraron 17 más que abril, mes que ya había representado una seria agudización de la conflictividad en el país.

- La conflictividad de mayo fue, en gran medida, resultado de la dilatación de problemáticas originadas en abril: la disconformidad social respecto al incremento salarial del 5% ofrecido por el gobierno y la expansión del conflicto de Caranavi. Asimismo, el conjunto de conflictos vinculados al nuevo sistema jurídico que acompañará a la Constitución Política del Estado (proceso iniciado en enero) jugó un papel trascendental.

- Entre los conflictos más importantes están el llevado adelante por los pobladores de Caranavi demandando la construcción de una planta procesadora de cítricos, que escaló hasta un enfrentamiento violento con un saldo trágico de dos muertos y varios heridos, y concluyó con la satisfacción parcial de las demandas de los movilizados; y el conjunto de conflictos originados en la insatisfacción de varios sectores sociales ante el incremento salarial del 5%, especialmente los protagonizados por la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB), la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) y la Central Obrera Boliviana (COB).

- La situación económica en que se encuentra la sociedad boliviana marcó de manera clara la conflictividad del mes. Fue el tipo de conflicto más frecuente, el que implicó medidas de presión más violentas y el que concentró los conflictos más importantes del mes.

- La categoría medidas económicas/situación económica fue, con gran diferencia numérica respecto al resto, el principal origen de los conflictos; dentro de éstos, se distinguieron la problemática salarial ya mencionada, la búsqueda de opciones para el desarrollo rural y la situación del comercio informal. También resaltó la categoría gestión administrativa, en la que se inscribieron diversos conflictos, la mayoría cuestionando a entidades del gobierno central (especialmente a autoridades de régimen penitenciario y de la Aduana Nacional Boliviana), y otros cuestionando a autoridades de los gobiernos municipales. Finalmente, el tercer lugar lo ocupó la categoría situación/medidas legales; la mayor parte de estos conflictos surgió por el rechazo al nuevo paquete de leyes que el gobierno busca promulgar en los próximos meses.

- Los sectores vecinal/comunal y educación volvieron a perfilarse como los principales demandantes. De manera excepcional, el sector gremial protagonizó una porción relevante de los conflictos del mes de mayo, caracterizándose además por registrar índices de violencia.


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- La prensa registró la participación de las mujeres en varios de los conflictos del mes de mayo, aunque ninguno estuvo directamente ligado con la representación de intereses específicos de género.

- Las entidades del gobierno nacional fueron las más demandadas, seguidas por los gobiernos municipales que, antes de la posesión de las autoridades recientemente electas, recibieron una gran cantidad de interpelaciones. La alcaldía de El Alto volvió a ser el actor municipal más cuestionado.

- Los conflictos que tuvieron como sector demandado a diferentes grupos de la sociedad civil subrayan un incremento de situaciones contenciosas bajo la lógica sociedad versus sociedad, que será imprescindible atender para evitar escenarios de confrontación abierta entre partes con consecuencias lamentables.

- Al igual que en meses anteriores, los departamentos del eje, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, concentraron la mayor cantidad de conflictos, a los que se sumó Potosí. También se registraron varios conflictos que adquirieron envergadura nacional.

- Durante el mes de mayo se registraron situaciones de violencia contundente que tuvieron un saldo de muertos y heridos.

- De la misma manera que en meses anteriores, más de dos tercios de los conflictos registrados no trascendieron los niveles intrainstitucional y vecinal/comunal como ámbitos de afectación.

- Más de la mitad de los conflictos de mayo quedó sin resolución. Por otra parte, los acuerdos totales o parciales fueron significativos en este mes alcanzando el 28%.


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GUÍA RÁPIDA7

CONFLICTO: Relación contenciosa o antagónica entre dos o más actores en torno a un asunto que es de

mutua competencia o interés, en el marco de un sistema político social dinámico y de contradicciones

profundas, en el que ambas partes se enfrentan ocupando posiciones incompatibles entre sí y

desplegando acciones que buscan imponerlas o conservarlas. Así entendidos, los conflictos pueden ser

tipificados en laborales, ideológico-políticos, de gestión administrativa, etcétera.

ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización

o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece– incompatible

con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser

reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y

otros).

ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o

institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus

particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector

demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera).

DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un

actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la

solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia

necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la

perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de

desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’del

conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda.

MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el

actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son

determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las

mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto.

ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la

demanda.

ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha

dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

7 La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto.


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Misión

La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en

los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la

finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores

que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

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