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INFORME DE CONFLICTIVIDAD SOCIAL DE ENERO A JUNIO DE 20071

FUNDACIÓN UNIR BOLIVIA

Elaboración: César Rojas Ríos Gerente Área Sociocultural C. Gregor Barié Experto Integrado

Centro Integrado de Migración (CIM) Datos: Oscar Meneses Barrancos

Apoyo: Verónica Pacheco Sanjinés

n DINÁMICA DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

1) Características del ciclo de conflictividad 2000-2005; 2) Especificidad del nuevo ciclo de conflictividad (2006 en adelante); 3) Conflictos de alta intensidad; 4) Conflictos de baja intensidad; 5) Registro de conflictos por mes y su duración total.

Para entender mejor la conflictividad actual es necesario contar con una retrospectiva sobre las características del ciclo anterior y las del nuevo periodo, para situar los conflictos que surgen a partir de enero de 2006 en perspectiva. 1. El ciclo de conflictividad 2000-2005 en su dimensión

macro estuvo marcado por la confrontación entre movimientos sociales/gobierno,2 la construcción paulatina de una demanda social emergente constituida en una agenda política y nacional (nacionalización de los hidrocarburos, Asamblea Constituyente, recuperación estatal de las empresas estratégicas y segunda reforma agraria) y donde la contienda arrojó consecuencias a dos niveles: dieron ganadores y perdedores, y en la medida en que los vencedores fueron los movimientos sociales, se fueron abriendo paso nuevos procesos históricos3 que luego marcarán un antes/después de diciembre de 2005.

n D A T O S - Número de conflictos: 156

conflictos se registraron en los primeros seis meses del año, un promedio de 26 por mes.

- Duración y gravedad: La mayor

parte del 84% de los conflictos (131) tuvo una duración igual o menor de tres días. Muchos de estos conflictos “breves” reflejan demandas sectoriales frente a las instancias de Gobierno. No pusieron en riesgo la gobernabilidad, pero dejaron a veces saldos lamentables, con heridos leves y daños económicos considerables.

- Conflictos prolongados: 16% de

los conflictos (25) tuvieron una duración prolongada de cuatro o más días, lo que en general también implica altos niveles de escalada violenta. Cuatro de estos conflictos prolongados llegaron a niveles graves de violencia, dejando un saldo de tres muertos y más de 250 heridos serios.

1 Los datos disponibles en la base de datos de UNIR incluyen junio de 2007. Si embargo, considerando la coyuntura actual, el presente informe aportará también algunas reflexiones sobre los sucesos de julio de 2007. 2 El anterior vector principal de confrontación va de abajo hacia arriba: los movimientos sociales embaten contra los gobiernos que administran el modelo neoliberal. El actual vector principal de confrontación ahora va de arriba hacia abajo: los sectores privilegiados arremeten contra el gobierno y los movimientos sociales respecto al proceso de cambio social. Lo ilustra esta cita: “Hemos pasado de la conflictividad agraria promovida por los movimientos sociales-campesinos y los sin tierra, dirigidos políticamente por el MAS, a una conflictividad agraria promovida por los grupos de poder regional, en el oriente, y políticamente dirigidos por los movimientos cívicos de los departamentos del oriente del país”. Observatorio de la Revolución Agraria, Fundación Tierra, Nº 1, julio de 2007, p. 28. 3 Estos nuevos y emergentes procesos históricos resitúan a los indígenas, las regiones, el estatus del Estado, el rol de los hidrocarburos y la centralidad de la izquierda.

BOLIVIA

La Paz, 23 de agosto de 2007

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A esto se sumó el escalamiento cada vez más severo de los conflictos con consecuencias fatales de un mayor número de muertos y heridos, especialmente en octubre del 2003 y los efectos sociopolíticos que éstos tuvieron: la caída-renuncia de dos gobiernos sucesivos, y periodos cortos pero intensos de incertidumbre (“síndrome del abismo”) sobre el quiebre/continuidad del régimen democrático. Es útil remarcar que además ocuparon el escenario cinco actores con efectos sistémicos: los cocaleros de El Chapare, los indígenas y campesinos del Altiplano, los alteños y el Comité Cívico de Santa Cruz.

- Ubicación: El área urbana fue el más afectada, con un 61.7% de días conflictivas (22.1 días registrados), seguido por el área rural (29.1%, 104 días) y el área urbano-rural (9.2%, 33 días).

- Concentración: El mayor

porcentaje de conflictos se presentó en los departamentos de La Paz (44.7%, 160 días afectados), Cochabamba (15.1%, 54 días) y Santa Cruz (12%, 43 días). Igualmente afectados fueron Sucre (8.7%), Potosí (7.8) y Tarija (7%). * Los datos presentados corresponden al primer semestre de 2007 (enero a junio).

2. El nuevo ciclo de conflictividad (enero de 2006 – junio de 2007), en primer lugar,

puede ser caracterizado por la instalación de un conflicto político4 entre el gobierno y la oposición política, cívica y prefectural, generando una situación de polarización ondulante (altas/bajas, pasiva/activa), y que ha encontrado dos momentos de tensión, uno, cuando, sobre todo el Comité Cívico Cruceño, trata de romper la ecuación de 5/4 (cinco departamentos en contra de las autonomías y cuatro a favor) en Cochabamba, encontrando en el prefecto Reyes Villa un aliado para convocar a un nuevo referéndum autonómico (tomando en cuenta la votación de paridad obtenida en la ciudad y la intención de revertir los guarismos) y recientemente en Sucre, una confrontación entre representantes de La Paz y Chuquisaca, a raíz del pedido de los últimos de trasladar la sede del poder ejecutivo y legislativo de la ciudad de La Paz a Sucre, respaldando un viejo sentimiento colectivo de recuperar la capitalidad plena. Observando la dinámica de este conflicto, constatamos que éste se traslada de una turbulencia territorializada a un asunto de controversia en la Asamblea Constituyente.

En segundo lugar, el conflicto sobre la capitalidad plena y otros (Huanuni, Cochabamba, Tarija) tienden a escalar, pero no hasta un punto tan severo (crisis resolutiva) como en el ciclo anterior.

En tercer lugar, hoy se tiene un actor (los comités cívicos de la “media luna”) recargado (en convivencia con sus prefectos) en capacidad de generar estas turbulencias territorializadas, como la registrada con la disputa entre mayoría absoluta/dos tercios en el marco de la Asamblea Constituyente; sin poner en riesgo la continuidad del gobierno.

4 El conflicto político se distribuye en estos cuatro niveles: a) distribución de poder: pugna por consolidar la supremacía propia y disminuir la ajena; b) orientación ideológica: diferencias en cuanto a valores, normas y metas estatales; c) intereses: pugna por los recursos y beneficios; d) identidad: la percepción del otro como una alteridad hostil que cuestiona y amenaza; y e) legitimidad: discrepancia en cuanto a qué está autorizado de hacer cada uno de los actores.

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En cuarto lugar, los tres actores anteriores (indígenas del Altiplano, alteños y cocaleros) están integrados a través de sus representantes en la esfera de gobierno.

En quinto lugar, una novedad del actual periodo respecto del anterior ciclo es el enfrentamiento directo entre sectores sociales (Huanuni: cooperativistas/sindicalizados; Cochabamba: sectores populares e indígenas afines al MAS/sectores de clase media y alta afines a Reyes Villa) en situaciones de vacío o parálisis de las fuerzas del orden. En sexto lugar, el gobierno se enfrenta con un doble formato de la conflictividad: están los conflictos del orden heredado, que no son de responsabilidad del actual gobierno pero le toca gestionarlos (caso Huanuni, Lloyd) y están los conflictos del orden producido, que son resultado de la nueva dinámica sociopolítica y de responsabilidad compartida (caso Cochabamba, Asamblea Constituyente). Y en séptimo lugar, otro eje de conflictividad intenso se da alrededor de la Asamblea Constituyente, con potenciales explosivos más agudos y capacidad de transformar un antagonismo profundo (MAS/Podemos, con amplias distancias ideológicas y enclaves de clase y étnicos diferenciados) en una confrontación abierta. Podríamos catalogarlo en todo el sentido de la palabra como un conflicto de poder (y donde se aplican recursos de poder para resolverlo), el que cada contendiente se asemeja a una locomotora (por su peso social, recursos organizativos y capacidad de generar alianzas) y en caso de acelerarse el conflicto puede derivar precisamente en un “choque de locomotoras” (si bien no de igual dimensión) con consecuencias imprevisibles; aunque lo que suele suceder en el país (y ya casi como un patrón recurrente o un guión aprendido) es que los contendientes ponen a prueba sus fuerzas en el conflicto y el arreglo sólo es posible cuando cada uno de ellos toma conciencia de su fuerza relativa y de no poder asegurar los resultados deseados, precisamente en la medición de fuerzas que significó la contienda.

En el periodo comprendido de enero hasta abril de 2007 el país experimentó una serie de conflictos que pueden ser agrupados en dos niveles: conflictos de alta y baja intensidad. Esto tiene que ver con el peso de los actores involucrados, el objeto de disputa contenciosa y sus consecuencias. Los conflictos de alta intensidad suelen tener una duración más prolongada, mientras los de baja intensidad tienden a desinflarse rápidamente, lo que no es igual a resolverse (ver punto 5 y 6). 3. Conflictos de alta intensidad: El enfrentamiento entre sectores rurales populares y

seguidores urbanos del prefecto en Cochabamba, la crisis en Camiri por la reinstalación de las oficinas gerenciales de YPFB y el conflicto entre las provincias tarijeñas Gran Chaco y O´Connor marcaron el primer cuatrimestre del año 2007. A esto se sumó el conflicto de los campesinos de Apolo en mayo que reclamaron al Gobierno la anulación de la Tierra Comunicativa de Origen (TCO) Leco y un forcejeo entre las universidades y el Gobierno en junio por la autonomía universitaria y el control social. Estos sucesos violentos en su conjunto dejaron un saldo de tres muertos y más de 250 heridos. Evidencian además dos ejes globales de conflictividad: el poder (su control, extensión, mantenimiento o expansión) y los recursos gasíferos: pasamos de la querella por el excedente a la querella por la redistribución del excedente gasífero (además de los conflictos por la redistribución de tierras y por el control de los recursos generados por la minería).

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Curiosamente pese a que al gobierno central solo se quedó con el 49% del presupuesto y el 51% es distribuido en los niveles descentralizados (prefecturas y municipios), los conflictos siguen manteniendo como contraparte al gobierno nacional y no a las regiones.

El conflicto en Cochabamba surgió cuando el prefecto Manfred Reyes Villa trató de alterar la ecuación de los resultados arrojados por el referéndum de las autonomías: cuatro departamentos a favor del Sí y cinco departamentos a favor del No. Por su posición geográfica intermedia y su rol de puente de comunicación entre las regiones de tierras bajas y el Altiplano, Cochabamba puede ser considerado un factor estratégico y decisivo en la disputa por las autonomías departamentales, una especie de “quinto elemento” capaz de inclinar la balanza de poderes en los nueve departamentos a favor o en contra de uno de los ejes regionales. Esto llevó a la colisión entre los seguidores de clase media y alta del prefecto Reyes Villa contra sectores campesinos y populares (más de 40 organizaciones) del MAS, evidenciando no sólo la pugna entre el poder prefectural y gubernamental, sino y fundamentalmente, las fracturas de clase y étnicas en el departamento de Cochabamba, considerado uno de los más mestizos del país. Allí se destaparon “violencias encubiertas” que focalizaron al “otro” como una amenaza, peligro y enemigo, y donde la realidad fue reducida a construcciones polares del tipo campesinos/citadinos, indígenas/blancos, cambas/collas. 5 Luego de la etapa de confrontación violenta el conflicto derivó en un irregular proceso de retorno al status quo ex ante.

Diversos sectores rurales -campesinos, regantes, cocaleros- se movilizaron hasta la ciudad de Cochabamba para pedir durante diciembre y enero la renuncia del prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa en rechazo a su propuesta de realizar un nuevo referéndum autonómico y para castigar lo que Reyes Villa calificó como un lapsus linguae de apoyar la independencia de Santa Cruz. La resistencia de la Central Obrera Departamental a la propuesta del prefecto ya se había hecho manifiesta el 22 de diciembre pasado y la adhesión de diferentes sectores, entre ellos los cocaleros y el Comité Cívico, derivó en un conflicto persistente de casi dos semanas y dejó como resultado dos manifestantes muertos, más de 100 heridos y la quema parcial de la Prefectura. Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto fue su tendencia a concadenarse con movilizaciones en El Alto y La Paz (contra el prefecto José Luís Paredes) y en Santa Cruz (contra la actuación del Gobierno).

Las fisuras regionales sin embargo persisten. Un estudio del Centro Cuarto Intermedio, con auspicio de la Fundación Unir, publicado en la revista “Intercambio” sobre el 11 de enero en Cochabamba, recoge algunos

5 “Las movilizaciones estuvieron cargadas de estigmatizaciones y racismo que se plasmaron en la polarización campo/ciudad. La ocupación de la plaza y la quema de la prefectura fueron interpretadas por los citadinos como una ofensa a la ‘cochabambinidad’, como si los campesinos no fueran pobladores del departamento de Cochabamba; mientras los campesinos y cocaleros estigmatizaron a los vecinos de la zona norte como “cambas”, para connotar precisamente su no-cochabambinidad. El 11 de enero marca una inflexión en la configuración socio/política pero sobre todo socio/cultural en la región, ya que aquellos supuestos que antes formaban parte de la identidad kochala mencionados, hoy por hoy, se encuentran seriamente interpelados”, En “11 de enero: ¿Cochabamba a la deriva?”, Intercambio, Nº 12 (segunda época, Año V), pp. 17 y 30.

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aspectos y facetas desconocidas de este conflicto. La investigación destaca, por ejemplo, como antecedente directo y expresión embrionaria del conflicto una huelga de hambre de los concejeros departamentales para protestar contra la distribución poco equitativa de los recursos. La pugna política por el uso, la fiscalización y la distribución de los crecientes flujos financieros, resultado del Ingreso Directo a los Hidrocarburos (IDH) y de las regalías, ya estaba trazada. Como apunte aparte, que demuestra que las tensiones regionales están generando nuevos focos de conflictividad, cabe mencionar la reciente inclinación de actores de Chuquisaca hacía las autonomías departamentales, pese a que el “No” alcanzó más de 62% de los votos en el referéndum vinculante para la autonomías departamentales. ¿Chuquisaca se dejó “atraer” por la Junta Autonómica de la “media luna” a favor de la autonomía a cambio del apoyo a su demanda de capitalidad plena?

3.2. En enero, se agudizó el conflicto en Camiri, cuando el Comité Cívico local

asumió medidas de presión para lograr el cumplimiento de la Ley de Hidrocarburos 3058 (sobre la instalación de la Gerencia de Exploración y Explotación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB), la recuperación de los campos marginales y el diseño de un plan de industrialización del gas. El Comité Cívico, respaldado por ex empleados de YPFB que quieren retornar a sus puestos y algunos intelectuales afincados en La Paz, con amplia llegada en algunos medios masivos, marcan una tendencia hacia la inflexibilidad e intransigencia que ya estaba trazada en el (casi ya usual) anuncio de mantener una huelga general “hasta las últimas consecuencias” del 29 de enero y el paro de la carretera Camiri - Santa Cruz.

La comunicación entre las partes iba subiendo de tono y la violencia se instaló el tres de febrero con un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de orden, dejando diez heridos. Finalmente después de 12 días de paros y manifestaciones, el Ministerio de Hidrocarburos, dirigido por Carlos Villegas, cedió en casi todos los puntos. Camiri podría conformar en el futuro un nuevo polo político capaz de contrarrestar la hegemonía cruceña en la región, lo que también incluye la posibilidad de la creación de un décimo departamento del Chaco.

3.3 El tercer conflicto importante que desencadenó una escalada grave sucedió

entre las provincias tarijeñas Gran Chaco y O´Connor por la propiedad del cantón Chimeo, en cuyo territorio se encuentra el campo Margarita, rico en gas natural y petróleo. Esta disputa causó momentos de inestabilidad institucional y evidenció además tensiones institucionales entre la Prefectura de Tarija y el Gobierno nacional. Según la Ley de Hidrocarburos, la provincia que incorpore formalmente al cantón Chimeo recibirá 45% de las regalías petroleras. Este conflicto de carácter cívico reivindicativo tuvo una duración de 12 días. Las protestas desbordadas se llevaron la vida de una persona y dejaron una veintena de

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personas heridas, además de los daños en el equipo y las instalaciones de la empresa transportadora Transredes, los que según información de YPFB dejaron pérdidas de casi un millón de dólares por día.

3.4 Más de 600 pobladores de Apolo invadieron en mayo el parque Nacional

Madidi a la búsqueda de nuevas tierras. Sus demandas -anulación y fragmentación de la TCO Leco establecida, apertura de caminos y exploración de petróleo- contradicen la legislación boliviana y el espíritu de conservación de uno de los más grandes resguardos naturales del mundo. Después de un largo tira y afloje y varios sucesos violentos, las fuerzas militares y policiales intervinieron el parque. El conflicto dejó un cuadro desolador con más de 13 heridos uniformados y civiles, carros destrozados e instalaciones destruidas. Los sucesos de Apolo muestran toda la complejidad de actores que incluye a medioambientalistas, defensores de derechos indígenas, colonos, súbditos peruanos y empresas internacionales, entre otros. La temática de tierra y territorio, especialmente en la región amazónica, contiene un alto potencial de conflictividad violenta.

3.5 El planteamiento de ejercer control social sobre las universidades públicas

–propuesta de la bancada oficialista en la Asamblea Constituyente– provocó en junio el inmediato rechazo de sectores estudiantiles, profesores y administrativos. Durante más de ocho días se registraron marchas y bloqueos en todo el país, con enfrentamientos marcadamente violentos. Finalmente, el presidente Evo Morales se vio obligado a afirmar la vigencia de la autonomía universitaria y a sugerir a los asambleístas desechar su propuesta. Un acuerdo entre representantes del MAS y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) sella la continuación de la autonomía universitaria en su modalidad actual, pese a las numerosas observaciones sobre el uso de los fondos públicos

3.6 En el conflicto más importante de julio de 2007, los campesinos de Tarija,

con nutridos bloqueos de caminos desde y hacia Tarija, exigieron que la Prefectura de ese departamento autorizara el desembolso de los fondos del Plan de Emergencia, que ascienden a 43 millones de bolivianos, para los 11 municipios tarijeños afectados por el fenómeno de El Niño. Las otras demandas de los campesinos fueron el tratamiento de la ley para el Programa Solidario (Prosol) y el funcionamiento del radar antigranizo instalado hace tres años en la localidad de Uriondo.

En relación con las últimas dos demandas, el gobierno departamental, encabezado por el prefecto Mario Cossío, descargó durante buena parte del conflicto competencias en el Congreso Nacional y el municipio en cuestión, respectivamente.

Luego de varios días de enfrentamiento entre los campesinos y el prefecto Cossío respaldado por el Comité Cívico de Tarija, los campesinos levantaron el bloqueo que mantenían en las vías de acceso y salida de la capital, una vez que verificaron que los municipios recibieron en sus cuentas los 43 millones de bolivianos del Fondo de Emergencia. Esa

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transferencia, viabilizada por un decreto que el Gobierno emitió el 26 de julio para que la Prefectura de Tarija, de manera excepcional, transfiriese dicho monto sin que los municipios presenten sus proyectos tal como exige la ley, fue el principio de un convenio entre campesinos y Prefectura que, entre otros puntos, contempla un plazo de 30 y 60 días para atender los pedidos vinculados al Prosol, sistema antigranizo y otras exigencias.

3.7 Otro eje de conflictividad intenso se da alrededor de la Asamblea Constituyente, con potenciales explosivos más agudos y capacidad de transformar un antagonismo profundo (MAS/Podemos, con amplias distancias ideológicas y enclaves de clase y étnicos diferenciados) en una confrontación abierta, un hecho que exacerba la dinámica de la “confrontación”, y el proceso de escalada del conflicto.

4. Conflictos de baja intensidad: Un conflicto circunscrito en procesos de redefinición

del armazón político-administrativo y de responsabilidades sucedió en marzo cuando campesinos de Tarija exigieron en marzo el manejo directo del Programa de Solidaridad Comunal (Prosol) desde las 11 alcaldías de ese departamento, el que originalmente debía ser administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También la demanda de los comunarios de la provincia Aroma a la prefectura paceña y luego al gobierno exigiendo la expulsión de la Empresa de Luz y Fuerza Aroma (ELFA) se inscribe en el proceso de un nuevo balance de poder en las regiones. El conflicto de Aroma fue resuelto después de tres días de bloqueos de carreteras, con el compromiso gubernamental de acelerar la salida de ELFA y considerar a las organizaciones comunitarias en la futura ley de electricidad.

Por otra parte, el tema de la nacionalización del gas, comprendiendo diferentes aspectos que abarcan desde los intereses creados por la renta hasta cuestiones ideológicas sobre la propiedad, también se encuentra en el fondo de toda una serie de problemas. Así también, las movilizaciones de los mineros cooperativistas comenzaron en enero y febrero con una protesta relámpago contra el incremento del Impuesto Complementario y contra la reubicación de ex trabajadores del cerro Posokoni; los trabajadores sindicalizados de Huanuni realizaron incluso vigilias desde abril para que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional un decreto sobre la tuición estatal. Evidentemente, el modelo organizativo y productivo de la extracción de los minerales todavía dará mucho que hablar.

Un breve repaso sobre los momentos y sucesos más relevantes en el mapeo de

conflictividad del semestre demuestra que muchos sectores y gremios continúan reivindicando derechos específicos: en abril los discapacitados exigieron con movilizaciones que el gobierno gestione un bono anual de 5.000 Bolivianos. Pese a las presiones escalonadas, que incluyeron la toma de rehenes, la disputa con el gobierno quedó en un “cuarto intermedio”, mientras el Congreso debate un proyecto de ley que quita financiamiento a los partidos políticos para transferirlos a este sector. Según el Ministerio de Hacienda ésta debería ser la manera de canalizar la demanda de los discapacitados y volver el bono anual económicamente sostenible. Mientras tanto, las propuestas de los comerciantes de ropa usada, que exigieron la ampliación de comercialización de sus mercaderías, implicaron una asombrosa capacidad de anticipación en el tiempo, ya que el plazo para internar ropa se vence recién en marzo de 2008. El conflicto se expresó en diversos tipos de movilizaciones a nivel nacional y después de una larga duración fue finalmente zanjado con un

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compromiso del Gobierno de tramitar créditos a los ropavejeros para promover su reorientación laboral.

Muchos micro-conflictos tienen una aparición breve como preludio de manifestaciones posteriores. Por lo general, las protestas sociales no aparecen de forma totalmente imprevista, sino que los actores acostumbran transmitir señales previas, como puede ser la declaratoria de “estado de emergencia” o la entrega de un pliego petitorio. Los micro-conflictos de duración breve y fugaz pueden transformarse posteriormente en erupciones más sólidas con medidas contundentes. En muchos casos se constata una especie de ritualidad de las partes, que incluye anuncios públicos, pliegos, crucifixiones, negociaciones bajo presión y convenios suscritos en último momento. A diferencia del ciclo de conflictividad anterior este tipo de protestas y manifestaciones de carácter reivindicativo o sectorial pocas veces han confluido en un gran movimiento nacional con demandas de alcance más general y con carácter político. Algunos actores incluso han llegado a enfrentarse públicamente, como los confeccionistas de ropa nacional que se oponen a los importadores de ropa vieja. No existen por el momento elementos determinantes para entender cuáles de los micro-conflictos tienen mayor potencial de explosión, aunque la lectura de los patrones de conflictividad nos deja algunas pistas. Así como el sismógrafo puede anticipar un sismo o terremoto, muchos hechos puntuales o conflictos “relámpagos” pueden ser analizados y entendidos como anticipo de jornadas de crisis: Los conflictos en Huanuni, por ejemplo, han sido recurrentes en marzo de 2006, mucho antes de los enfrentamientos mortales en octubre de 2006. Igualmente, los conflictos laborales en la línea aérea LAB fueron recurrentes durante todo el año 2006, el colapso sucedió en marzo y abril de 2007. En otro plano, numerosos conflictos tienen un carácter marcadamente municipal, y reflejan condiciones de ingobernabilidad local. Los municipios de Cotoca, El Alto, Cochabamba, Ayo-Ayo –para mencionar algunos de una extensa lista a la que la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) hace seguimiento- se vieron envueltos últimamente en situaciones de conflictividad. En junio, por ejemplo, un conflicto por la restitución de un alcalde censurado dejó al municipio Uncía durante una semana en una crisis permanente, que incluyó, paros, cortes de agua y de luz eléctrica como medidas de presión. Este tipo de conflictos muchas veces refleja un complejo entramado de relaciones, caracterizado por apuestas políticas, juegos de poder o actos de encubrimiento o denuncias de corrupción. La ingobernabilidad municipal por causa de parálisis de la ejecución y por cuentas congeladas es un tema pendiente, todavía insuficientemente estudiado. “[En 2006] Uno de cada cuatro municipios, una vez más, tiene sus cuentas congeladas, por lo que no podrán acceder a sus recursos, la población afectada supera las 600 mil

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personas.”6 La inhabilitación de firmas, conocida popularmente como congelamiento de fondos se puede dar por denuncias del Comité de Vigilancia, conflictos de autoridades o falta de POA.7 Un dato que deja pistas interesantes para los gestores del conflicto sobre la prevención y el manejo de crisis es que casi todos los conflictos registrados en el último cuatrimestre con vigencia mayor de tres días alcanzaron niveles altos de enfrentamiento. Es decir, durante la fase manifiesta del conflicto puede ser una cuestión de vida y muerte evitar su prolongación o escalada encima de los tres días y lograr al menos una tregua. Lo ideal, naturalmente, es evitar cualquier brote abrupto a través de un relacionamiento continuo y técnicas de negociación sostenible. Actualmente la base de datos de UNIR diferencia una escala de 5 grados de gravedad y polarización de conflictos en función a su manifestación violenta, que va desde la amenaza o la declaración de “estado de emergencia” (nivel 1) hasta la irradiación geográfica y la crisis de gobernabilidad (nivel 5), pasando por huelgas y paros (nivel 2 y 3) y enfrentamientos entre bandos (nivel 4). Como tendencia general, en Bolivia los conflictos se van acumulando y sumando a lo largo del año calendario (ver punto 6). Así constatamos por ejemplo que el perfil de conflictividad a comienzos del año 2006 ha sido más moderado que el de noviembre y diciembre de 2006: La base de datos de UNIR registró 13 conflictos en enero de 2006, con pocas situaciones de conflictividad alta; en cambio en noviembre de 2006 se sumaron 40 conflictos, varios de ellos, como el de la demanda por los dos tercios en la Asamblea Constituyente, se mantuvieron en niveles críticos durante semanas. Este fenómeno ascendente se explica por el cambio de mando en enero de 2006 que incidió en una actitud de cautela y espera de la sociedad civil organizada. También los feriados de Navidad y fin de año tienen generalmente un efecto amortiguador sobre la conflictividad. Muchos procesos de planificación en la gestión pública, incluso la discusión y aprobación del presupuesto nacional, siguen un ritmo anual. La cantidad de conflictos también se incrementó entre enero y junio de este año (15 y 29 conflictos, respectivamente). En conclusión el perfil ascendente global del conflicto del de los primeros seis meses del 2007 es parecido al año 2006 en cuanto a cantidad y duración de los conflictos. Por el momento, no hay tendencia hacia la aceleración y el descontrol de los conflictos.

6 Datos y Hechos. Aportes para un Debate Informado sobre Políticas de Lucha Contra la Pobreza, Fundación Pueblo, Boletín Electrónico No. 8 Año 3, 15/3/2006, p. 1. 7 “La deuda de estas administraciones [municipales y departamentales] es manejada con poca transparencia y supervisión, y no hay reglas o mecanismos para alentar el manejo responsable de las finanzas”, Hacia un nuevo contrato social. Opciones para la Asamblea Constituyente, Washington D.C., Banco Mundial, Unidad para Bolivia, Ecuador, Perú y Venezuela, 2007, p. 56.

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5. Conflictos con duración breve y prolongada

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6. Registro de conflictos por mes y su duración total (días sumados)

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enero-06 abril julio octubre enero-07 abril

Núm. Conflictos

Duración total