Poder Judicial de la Nacin

1

US

O O

FIC

IAL

Causa n 857/07 Cantarero, Emilio Marcelo y otros s/ cohecho Jdo. Fed. n 3, Sec. n 6 Registro n 45/13

// la ciudad de Buenos Aires, a los 31 das del mes de marzo

de dos mil catorce, reunidos los seores jueces del Tribunal

Oral en lo Criminal Federal n 3, Dres. Miguel Guillermo

Pons, Guillermo Andrs Gordo y Fernando Ramn Ramrez,

asistidos por los seores secretarios, Dres. Juan Carlos

Bernial y Javier Francisco Scollo, con el objeto de rubricar

y dar lectura a los fundamentos de la sentencia recada en

esta causa n 857/07, cuya parte dispositiva se diera a

conocer el 23 de diciembre de 2013, respecto de FERNANDO DE LA RA, argentino, titular de la L.E. n 6.501.982, nacido el 15 de septiembre de 1937 en la ciudad de Crdoba, provincia

del mismo nombre, hijo de Antonio y Leonor Bruno, casado,

abogado, con domicilio en Av. Alvear 1487, piso 7, depto.

A, de esta ciudad; FERNANDO JORGE DE SANTIBAES, argentino, titular del D.N.I. n 4.519.597, nacido el 11 de marzo de

1945 en la localidad de Berisso, provincia de Buenos Aires,

hijo de Jorge Gregorio y Anglica Ricci, divorciado,

empresario, con domicilio en la calle Misiones, sin nmero,

de Villa Rosa, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires;

AUGUSTO JOS MARA ALASINO, argentino, titular de la L.E. n 5.884.756, nacido el 31 de mayo de 1947 en Gobernador Maci,

2

provincia de Entre Ros, hijo de Oscar Romero Casiro y Mara

Elena Diorio, viudo, abogado, con domicilio en San Carlos 884

de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ros; ALBERTO MXIMO TELL, argentino, titular del D.N.I. n 11.256.922, nacido el 25 de abril de 1955 en la ciudad de San Salvador de

Jujuy, provincia de Jujuy, hijo de Mximo Alberto y Lina

Gmez, casado, abogado, con domicilio en Av. Fascio 782 de la

ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy; REMO JOS COSTANZO, argentino, titular de la L.E. n 7.388.888, nacido el 29 de noviembre de 1933 en la ciudad de Viedma,

provincia de Ro Negro, hijo de Jos Nicols y Clementina

Antognoli, casado, escribano, con domicilio en la calle 25 de

mayo 175 de la ciudad de Viedma, provincia de Ro Negro;

MARIO ALBERTO FLAMARIQUE, argentino, titular del D.N.I. n 7.889.515, nacido el 19 de enero de 1950 en la ciudad de

Mendoza, provincia homnima, hijo de Rufino y de Hayde

Bergui, casado, empresario, con domicilio en Los lamos 1372

de la localidad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza; RICARDO ALBERTO BRANDA, argentino, titular del D.N.I. n 8.373.651, nacido el 1 de julio de 1950 en la ciudad de Formosa,

provincia del mismo nombre, hijo de Ernesto y Lidia Erasma

Bonnet, casado, abogado, con domicilio en Den Funes 1357 de

la ciudad de Formosa, provincia del mismo nombre; y MARIO LUIS PONTAQUARTO, argentino, titular del D.N.I. n 14.965.330, nacido el 15 de mayo de 1962 en la ciudad de

Lujn, provincia de Buenos Aires, hijo de Osvaldo Horacio e

Hilda Beatriz Lizziero, divorciado, empleado, con domicilio

Poder Judicial de la Nacin

3

US

O O

FIC

IAL

en Aguilar 2579, piso 9, depto. A, de esta ciudad; en la

que intervinieron, en representacin del Ministerio Pblico

Fiscal, la seora fiscal general subrogante, Dra. Sabrina

Edith Namer, y el seor fiscal ad hoc, Dr. Miguel Alejandro

Yivoff; como letrados patrocinantes de la Oficina

Anticorrupcin, querellante en autos, los Dres. Jos Miguel

Ipohorski Lenkiewicz, Hernn Matas Rey y Natalia Soledad

Pereyra; ejerciendo la defensa de Fernando de la Ra, los

Dres. Valeria Corbacho y Jorge Kirszenbaum; de Fernando Jorge

de Santibaes, los Dres. Gabriel M. Presa y Diego Pirota; de

Mario Alberto Flamarique, el Dr. Carlos Varela lvarez; de

Augusto Jos Mara Alasino, Alberto Mximo Tell y Remo Jos

Costanzo, el seor defensor pblico oficial, Dr. Santiago

Marino Aguirre y el seor defensor ad hoc, Dr. Diego Corts;

de Ricardo Alberto Branda, los Dres. Prxedes Sagasta y

Prxedes Mateo Sagasta; y de Mario Luis Pontaquarto, los

Dres. Hugo Wortman Jofr y Juan Manuel Alemn.

CAPTULO I

INTRODUCCIN

Que estas actuaciones se iniciaron el 22 de

agosto de 2000, con motivo de la denuncia presentada por el

abogado Juan Carlos Iglesias, quien solicit, hacindose eco

de las cuestiones de privilegio planteadas por los senadores

4

nacionales Antonio Cafiero y Jorge Villaverde, del texto

annimo ledo por el exvicepresidente de la Nacin y de los

artculos publicados por el periodista Joaqun Morales Sol,

que se investigue la posible entrega y recepcin de dinero (cohecho y ddivas),

segn es de pblico y notorio, para permitir la sancin legislativa de la Ley de Flexibilizacin

Laboral.

En el mismo escrito sugiri diversas medidas

de prueba, entre ellas: el requerimiento de la nmina de

senadores presentes en la sesin del 26 de abril de 2000; la

citacin a prestar declaracin indagatoria de los senadores

que hubieren mudado de opinin en el trmite respecto de sus votos; la convocatoria

en los trminos de los arts. 73 y 279 del C.P.P.N. de

aquellos senadores que tras haberse opuesto en sus expresiones en el recinto, a la

postre se hubieran encontrado ausentes en la sesin en la que fue aprobada la ley aludida; la

declaracin testimonial de Roberto Galvn, Remo Costanzo,

Ricardo Mitre y Mario Pontaquarto para que expongan acerca de

los hechos ventilados por la revista Noticias del 19 de

agosto de 2000, de los empleados del Cuerpo que cumplan

funciones de chofer y de Hugo Moyano.

En sintona con dicha presentacin se sumaron

otras cinco realizadas ese mismo da, a saber:

a) La del abogado Eduardo S. Barcesat, quien

reclam la investigacin del caso aclarando lo siguiente:

No tiene la presente denuncia nada que aportar, en cuanto al conocimiento/encubrimiento de los hechos, que ya existe en la opinin pblica y en las

instituciones concernidas. Inversamente, entendemos que la presente denuncia cumple con la

Poder Judicial de la Nacin

5

US

O O

FIC

IAL

funcin esencial de activar el nico mecanismo institucional legtimo para el conocimiento y

decisin de la existencia y responsabilidad por estos hechos, que es el proceso judiciario.

Adems sugiri, entre otras diligencias, que

se requiera al Senado de la Nacin el texto annimo ledo por

el Lic. Carlos lvarez y se le practique un peritaje

scopomtrico para determinar si fue impreso en alguna de las

mquinas del Cuerpo; el allanamiento de la ex SIDE con el

objeto de obtener la informacin relativa a sus movimientos

contables; la convocatoria a prestar declaracin testimonial

de Fernando de Santibaes y Ral R. Alfonsn.

b) La del abogado Ricardo Monner Sans, que

acompa el texto annimo que habra ledo el Lic. Carlos

lvarez en el Senado de la Nacin pocos das antes, donde

reclamaba la inmediata investigacin del caso, toda vez que

vislumbraba dos alternativas:

a) De ser cierto que medi cohecho para captar voluntades en el dictado de una ley, estaramos ante [un] hecho gravsimo que pone riesgo institucional manifiesto.

[y]

b) De no haber sido ello cierto, estaramos igualmente ante hecho gravsimo.

Alguien habra tenido especial inters en conformar un clima de desasosiego que podra no ser

ajeno al reflotamiento de cuestiones gratas a un ncleo econmico (dolarizacin), a un ncleo con

remembranzas golpistas (la invocacin a la anarqua Centro de Oficiales de las Fuerzas Armadas-

fue siempre en la Argentina el preludio no musical de rupturas institucionales). Todo ello, claro, con

el agregado de las sospechas respecto de la SIDE (v. fs. 26/32).

c) La del por entonces diputado nacional

Guillermo Jorge Giles, quien denunci la recepcin de un sobre

6

annimo conteniendo una circular tambin de carcter annimo, que se hiciera pblica con

anterioridad en otros medios, refiriendo a eventuales coimas en el Honorable Senado de la

Nacin, a la que acompa una fotocopia del texto aludido (v.

fs. 38/9).

d) La del abogado Guillermo Francos, para la

poca tambin diputado nacional, en la que, con motivo de

diversos artculos periodsticos vinculados al tema,

publicados en el diario La Nacin y en la revista Noticias,

solicit que se convoque a declarar a todos los mencionados

en el texto annimo ledo por el Lic. Carlos lvarez en el

Senado de la Nacin, como as tambin a Antonio Cafiero,

Jorge Villaverde y Hugo Moyano (v. fs. 145/7).

e) La del abogado Marcelo Parrilli, que

tambin hace referencia a publicaciones periodsticas, al

contenido del annimo y a las declaraciones pblicas de

Antonio Cafiero, Jorge Villaverde y Fernando de la Ra (v.

fs. 154/6).

Por ltimo, al da siguiente, formul denuncia

el Lic. Carlos A. lvarez, mediante el escrito que a

continuacin se transcribe:

Carlos A. ALVAREZ, en mi carcter de Vicepresidente de la Nacin y Presidente del H. Senado de la Nacin, con domicilio en la calle Hiplito Yrigoyen 1849, piso

primero de la Ciudad de Buenos Aires y, constituyendo el procesal conjuntamente con mis letrados

patrocinantes Dres. Marcelo Gustavo ANTUA y Alejandro DIAZ BIALET en Hiplito Yrigoyen

1760, 3er. Piso, oficina 310 (Direccin General de Asuntos Jurdicos) a V.S. me presento y

respetuosamente digo:

Poder Judicial de la Nacin

7

US

O O

FIC

IAL

I.- OBJETO:

Que vengo a poner en conocimiento de V.S. los hechos que ms abajo se

narran, de conformidad con lo dispuesto en el art. 177 del Cdigo Procesal Penal de la Nacin. Ello

as, en virtud que los mismos podran constituir prima facie un delito de accin pblica.

II.- HECHOS:

En los ltimos das han proliferado versiones cada vez ms alarmantes

relacionadas con la supuesta existencia de compra de favores que se habran efectuado en el H.

Senado de la Nacin, respecto a la aprobacin de la llamada ley de reforma laboral.

Las mismas se manifestaron a travs de acusaciones cruzadas que

involucraran no slo a legisladores sino tambin a funcionarios del gobierno, con una amplia

cobertura periodstica en los principales diarios y medios radiales y televisivos.

Las denuncias, variadas en su alcance, pero unvocas y generalizadas

respecto a la eventual existencia de hechos que quienes los exteriorizan coinciden en calificar,

definir o describir como delictivos, dan cuenta de la existencia, al menos, de una situacin que

afecta gravemente a la propia institucin legislativa y como correlato, a todos sus miembros.

No resultara apropiado que la Comisin de Asuntos Constitucionales de

este H. Senado sea la nica instancia investigativa, ya que los hechos denunciados de ser

veraces- es posible colegir que podran encontrarse involucrados miembros de este alto Cuerpo.

No obstante, resulta indispensable avanzar en la dilucidacin y

esclarecimiento de las denuncias mencionadas para preservar la salud y la integridad de las

instituciones constitucionales, y de tal manera, lograr que las mismas no sean afectadas por el

desprestigio y la falta de credibilidad de la sociedad.

En este marco, en que las versiones adquieren carcter institucional,

entiendo que, en mi condicin de Vicepresidente de la Nacin y Presidente del H. Senado, debo

arbitrar todas las medidas que permitan deslindar clara e indubitablemente la existencia o no de los

hechos que muchos denuncian pero ninguno sustenta en pruebas.

Este proceder permitir demostrar que existe una voluntad cierta e

irreversible de sus dirigentes de alcanzar la verdad y, de ser necesario, de producir los cambios

que transparenten definitivamente la vida institucional.

Por eso entiendo necesario asumir la responsabilidad de reclamar de V.S.

quiera disponer las medidas e investigaciones correspondientes a fin de establecer de forma

concluyente la verdad objetiva.

[...] IV.- PETITORIO:

Por todo lo expuesto a V.S. solicito:

1.- Me tenga por presentado y por constituido el domicilio legal.

2.- Se instruya el correspondiente sumario criminal [...] (v. fs. 231/2). Las denuncias reseadas fueron acumuladas y

quedaron radicadas, en definitiva, ante el Juzgado Nacional

en lo Criminal y Correccional Federal n 3, Secretara n 6,

8

bajo el sumario n 9900/2000; en la instruccin del caso

intervinieron los Dres. Carlos D. Liporaci, Gabriel R.

Cavallo, Norberto Oyarbide, Rodolfo Canicoba Corral, Julin

Ercolini y Daniel R. Rafecas.

CAPTULO II

Aclaracin preliminar

Es preciso distinguir que este proceso fue

remitido a esta sede en dos momentos; en el primero, los

acusadores requirieron la elevacin a juicio respecto de los

imputados Emilio Marcelo Cantarero, Fernando de Santibaes,

Mario Alberto Flamarique, Alberto Mximo Tell, Augusto Jos

Mara Alasino, Rem Jos Costanzo, Ricardo Alberto Branda y

Mario Luis Pontaquarto y, en el segundo, por el expresidente

de la Nacin, Fernando de la Ra; en consecuencia, tanto el

Ministerio Pblico Fiscal como la querella, ejercida por la

Oficina Anticorrupcin, presentaron, respectivamente, dos

requerimientos de elevacin a juicio.

En el caso de Fernando de la Ra, el juez de

instruccin no ha emitido auto de elevacin a juicio en

virtud de que no hubo oposicin del imputado respecto de los

requerimientos formulados por los acusadores (cfr. 349 ltimo

prrafo del C.P.P.).

Poder Judicial de la Nacin

9

US

O O

FIC

IAL

Finalmente, es necesario aclarar que Emilio

Marcelo Cantarero no fue parte imputada en el juicio, toda

vez que, a su respecto, el proceso se encuentra suspendido en

los trminos del art. 77 del Cdigo Procesal Penal (cfr. fs.

22/3 del incidente respectivo).

A) Requerimiento fiscal de elevacin a juicio presentado a fs. 20.903/29.

En dicha requisitoria, en un modo que podra definirse como original, el seor agente fiscal, Dr. Federico

Delgado, present el relato de los hechos que hacen al objeto

de este proceso desde dos perspectivas, distinguiendo los

hechos concretos que deben ser juzgados, a partir de los

cuales se configurara el delito reprochado -descripcin

material de los mismos-, de aquellos que se mostraron a la

opinin pblica, los que ubic en un plano simblico.

As, el acusador pblico tuvo por acreditado

que el 4 de abril de 2000, en horas de la maana, o al

medioda, se realiz una reunin en el despacho presidencial

de la Casa de Gobierno de la Repblica Argentina, con el

objeto de facilitar la aprobacin del proyecto de ley de

reforma laboral, luego convertido en ley 25.250, de la que

participaron el entonces presidente de la Nacin, Fernando de

la Ra, el ex senador nacional por la Unin Cvica Radical y

presidente provisional del Senado, Jos Genoud, los senadores

nacionales del Partido Justicialista por Entre Ros y Jujuy,

10

respectivamente, Augusto Jos Mara Alasino y Mximo Alberto

Tell, siendo el primero, adems, presidente de su bloque y el

ex secretario parlamentario de la Cmara de Senadores, Mario

Luis Pontaquarto; encuentro al que, sobre el final, se sum

el entonces ministro de trabajo, Mario Alberto Flamarique.

En ese contexto, afirm el acusador, Jos

Genoud le hizo saber a Fernando de la Ra que el Partido

Justicialista reclamaba otras cosas para apoyar la sancin del

proyecto de ley, dando a entender que esas otras cosas eran el

pago de un soborno, a lo que el expresidente le contest que

ese tema -el dinero para comprar la voluntad de los senadores

de la oposicin- deba tratarlo con Fernando de Santibaes,

quien, por entonces, titular de la ex Secretara de

Inteligencia.

El fiscal sostuvo que la sancin de la ley de

reforma laboral, impulsada desde el Poder Ejecutivo, revesta

una importancia tal que pona en juego la existencia misma del

gobierno. Y que ello era as porque haba que satisfacer un

requerimiento expreso del Fondo Monetario Internacional, a la

vez de demostrar que se estaba en condiciones de gobernar,

incluso con un poderoso bloque opositor en la cmara alta.

Detall que, para sacar adelante el proyecto de

ley, se conform, por un lado, un frente oficialista, constituido

por Fernando de la Ra, su ntimo colaborador Fernando de

Santibaes, y Mario Alberto Flamarique, el nico investido

con la autoridad poltica suficiente como para negociar la

sancin de la ley, y una pata parlamentaria, conformada por Jos

Poder Judicial de la Nacin

11

US

O O

FIC

IAL

Genoud, jefe real de los senadores radicales, y Mario Luis

Pontaquarto, un funcionario parlamentario que tena excelente

dilogo con los legisladores de la oposicin; mientras que,

por otro, se constituy el frente opositor, integrado por algunos

senadores justicialistas, entre ellos Augusto Alasino y Remo

Costanzo, que conducan el bloque, Ricardo Branda, que

presida la Comisin de Legislacin General, Alberto Tell, en

ese entonces presidente de la Comisin de Legislacin

Laboral, y Emilio Marcelo Cantarero.

Seal, adems, que Pontaquarto, persona de

extrema confianza de Jos Genoud, fue elegido para participar

de dicha reunin porque era un hombre que, si bien perteneca

al oficialismo, mantena cierta cercana con la oposicin, ya

que oficiaba de nexo entre ambos bloques; y porque era una.

El agente fiscal afirm que el 4 de abril de

2000 Jos Genoud se comunic, previa autorizacin

presidencial, con Fernando de Santibaes y, luego, con Mario

Pontaquarto; en este caso, para indicarle que deba

presentarse en la ex Secretara de Inteligencia con el objeto

de ultimar los detalles relativos a la entrega del dinero a

los senadores del justicialismo.

Explic que el 18 de abril, fecha en que se iba

a tratar el proyecto de reforma laboral en el Senado,

Pontaquarto acord en el despacho de De Santibaes, ubicado

en el 5 piso del edificio de la Secretara de Inteligencia,

sito en 25 de Mayo 11 de esta ciudad, que durante el fin de

la tarde y el comienzo de la noche, retornara a dicha sede a

12

recoger cinco millones de pesos de los aproximadamente seis

que ese da haba en el tesoro.

Detall, en ese sentido, que el ex secretario

parlamentario regres a la ex Secretara de Inteligencia a la

hora acordada, ingresando por la puerta del garaje, ubicado

sobre la calle Leandro N. Alem, donde fue recibido por Gladys

Mota y Alberto Ruida, secretaria privada y chofer del

secretario de inteligencia, respectivamente, quienes lo

acompaaron hasta el 8 piso, donde funcionaba la Direccin

de Finanzas, y le entregaron la suma de dinero antes referida

debidamente embalada.

Asimismo, que ambos asistentes acompaaron a

Pontaquarto de regreso hasta su automvil y Ruida lo

escolt, conduciendo un automotor marca Renault, modelo

Laguna, color blanco, en el camino de vuelta hasta el

Congreso.

El fiscal de grado sostuvo que, con motivo de

la movilizacin sindical ocurrida ese da en rechazo de la

reforma legislativa que se pretenda llevar adelante, la

sesin debi suspenderse y, en consecuencia, Jos Genoud le

indic a Pontaquarto que guardase el dinero en un lugar

seguro. De tal modo, el ex secretario parlamentario ocult el

dinero destinado a los sobornos en su domicilio de la

localidad de General Rodrguez hasta el da 26 de abril

siguiente, cuando definitivamente se trat el proyecto de

reforma de la ley laboral.

Poder Judicial de la Nacin

13

US

O O

FIC

IAL

Agreg, que aquella movilizacin sindical

pretenda demostrar el descontento del sector con aquellos

senadores peronistas que histricamente haban apoyado sus demandas

y que, hasta pocos das antes, se haban manifestado en

contra de la ley.

Sobre ese punto, afirm que, a partir del 6 de

abril, los senadores que conformaban la oposicin comenzaron

a flexibilizar su postura de cara a la reforma en cuestin, y

an ms entre el 13 y el 18 del mismo mes, casualmente cuando

Norberto Ferreiro y Luis Marchi retiraron de la cuenta

corriente de la ex-SIDE en el Banco Nacin la suma de seis

millones quinientos mil pesos y la entregaron al director de

finanzas del organismo. Asimismo, destac que para ese

entonces Pontaquarto ya tena bajo su esfera de custodia el dinero

para pagar la contraprestacin.

Continu diciendo que el 26 de abril, al

trmino de la sesin, a las 21:33, una vez aprobado el

proyecto de ley de reforma laboral, Pontaquarto parti hacia

el hotel Howard Johnson, donde estaba hospedado junto con su

esposa, con motivo del viaje que al da siguiente

emprenderan al exterior; una vez all, tom el dinero

destinado a los sobornos, apart setecientos mil pesos para

Genoud, quien supo anticiparle que los compartira con

Flamarique, y se dirigi hacia el domicilio de Emilio Marcelo

Cantarero, ubicado en Callao 1983, piso 7, de esta ciudad,

anuncindole de su arribo por telfono.

14

Una vez all, el nombrado ingres con su

automvil en el garaje del edificio, donde se encontr con el

exsenador, y ambos subieron por el ascensor de servicio hasta

el departamento; al ingresar al inmueble, le entreg cuatro

millones trescientos mil pesos a Cantarero y ste le extendi

una especie de recibo, dicindole Ponta... para tu control.

El seor fiscal relat que, una vez cumplida la

entrega, Pontaquarto regres al Congreso para terminar con

sus tareas laborales y, una vez concluidas, se comunic con

Nelson Reynoso, colaborador de Genoud, para luego dirigirse

al restaurante Happening, ubicado en la zona de Puerto

Madero, donde cen con el exsenador radical y otras personas

de su entorno; al mismo tiempo, Silvana Costalonga y Rosa

Genoud, esposas del secretario parlamentario y del senador

mendocino respectivamente, hacan lo propio en el restaurante

Prosciutto.

Asimismo, precis que, simultneamente, los

senadores justicialistas Augusto Jos Mara Alasino, Alberto

Mximo Tell, Ricardo Alberto Branda y Remo Jos Costanzo

concurrieron al departamento de Emilio Marcelo Cantarero en

busca de su parte del soborno.

Puntualmente, el acusador afirm que Pontaquarto

entreg el dinero entre las 21.52 y las 22.05 del 26 de abril de 2000 a Cantarero. Seguidamente,

pasadas las 21.30 hs. recibi el dinero Remo Costanzo. Luego, cerca de las 23.00 hs., Augusto

Alasino. Sucesivamente, y a partir de las 23.30 hs., Ricardo Branda. Y, entre las 23.15 y la 01.40

del da 27 de abril de 2000, lo hizo Alberto Tell.

Esa noche del 26/7 de abril de 2000, entonces, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda, sancionaron la ley 25.250 a cambio de

Poder Judicial de la Nacin

15

US

O O

FIC

IAL

($4.700.000) cuatro millones setecientos mil pesos, o sea que recibieron dinero en las condiciones

precedentemente individualizadas para hacer algo relativo a sus funciones, legislar. Tal el hecho

que, concretamente, se les imputa (fs. 20.911/12).

El representante del Ministerio Pblico Fiscal

prosigui el relato afirmando que, al da siguiente,

alrededor de las 10:00, Mario Luis Pontaquarto se dirigi al

Congreso de la Nacin y le entreg a Jos Genoud, en su

despacho, setecientos mil pesos; asimismo, que luego

concurri Flamarique con el objeto de retirar su parte,

conforme lo haban acordado, alrededor de las 9:30, por

telfono.

En resumen, sostuvo que [e]l hecho que se imputa a De

Santibaes, Flamarique, Genoud y Pontaquarto, es haber ofrecido una suma de dinero para que

funcionarios pblicos hagan algo relativo a sus funciones; en este caso, legislar. (...) [Y que, tal]

acuerdo se agot en los das posteriores con la entrega del dinero (el 18 de abril) y el reparto (el 26

y 27 de abril) efectuado, al menos en parte, en la vivienda particular del, en ese tiempo, Senador

Emilio Cantarero (fs. 20.908 vta.).

Finalmente, consider que las conductas

atribuidas a Fernando Jorge de Santibaes, Jos Genoud,

Alberto Flamarique y Mario Luis Pontaquarto encuentran

adecuacin tpica en la figura de cohecho activo, por la que

deban responder en calidad de coautores (arts. 45 y 258 del

Cdigo Penal); mientras que las endilgadas a Augusto Jos

Mara Alasino, Remo Jos Costanzo, Ricardo Alberto Branda y

Alberto Mximo Tell constituyen el delito de cohecho pasivo,

en calidad de coautores (arts. 45 y 256 del Cdigo Penal).

16

B) Requerimiento de elevacin a juicio presentado por la Oficina Anticorrupcin, en calidad de querellante, a fs. 20.969/21.065.

Por su parte, la querella relat que el 19 de

enero de 2000, el Poder Ejecutivo Nacional remiti al Poder

Legislativo, a travs del mensaje n 71, un anteproyecto de

ley conocido como Ley de Reforma Laboral, que estaba

destinado a modificar los alcances de la ley 20.774 y de las

leyes referidas a convenciones colectivas de trabajo 14.250,

23.545 y 23.546; que el 24 de febrero siguiente aqul

proyecto obtuvo media sancin en la Cmara de Diputados,

habida cuenta de la mayora de votos con que contaba la

coalicin gobernante.

Seal que, desde el Poder Ejecutivo, este

proyecto se impulsaba como un elemento sustancial para llevar

adelante su poltica laboral, a tal punto que el 1 de marzo

de 2000, el presidente de la Nacin, Fernando de la Ra, en

su discurso de apertura del 118 Perodo de Sesiones

Ordinarias de la Asamblea Legislativa, sostuvo: Este proyecto de ley

ya tiene la sancin de la Cmara de Diputados. Confo en que los seores senadores -con muchos

de los cuales he hablado personalmente sobre el tema- sabrn entender que necesita un

tratamiento urgente.

En ese sentido, la querella destac que, adems

de la promocin de su poltica laboral a travs de este

proyecto, el gobierno pretenda conseguir el consenso de parte de los

organismos multilaterales de crdito con la nueva administracin del pas, circunstancia

Poder Judicial de la Nacin

17

US

O O

FIC

IAL

que, a su entender, pona en juego su capacidad para mostrarse ante el

mundo como un interlocutor afirmado y con consenso interno.

Continu diciendo que, a partir de all, se le

planteaba al oficialismo una dura instancia de negociacin,

desde que el Partido Justicialista concentraba la mayora de

los integrantes de la Cmara de Senadores y que la reforma

era resistida por el sector sindical, a tal punto, que la

discusin en su seno motiv una escisin en la Confederacin

General del Trabajo.

Asimismo, sostuvo que, con el objeto de

promover el dilogo con el frente opositor, Fernando de la Ra

celebr una reunin en la Casa Rosada con senadores

nacionales que integraban el bloque del Partido

Justicialista, los ministros de economa y de trabajo

concurrieron al Senado de la Nacin para convencer a sus

integrantes de las virtudes del proyecto y se enfrent,

incluso, a travs de un spot publicitario, a los sectores

sindicales crticos del proyecto de reforma.

Continu relatando que, sin perjuicio de que

las iniciativas comentadas no parecan eficaces para torcer

la postura de la oposicin, el 26 de abril de 2000 se aprob

en el Senado de la Nacin, con una mayora superior a las dos

terceras partes, el proyecto de ley de reforma laboral, con

ligeras reformas al texto sancionado en la Cmara de

Diputados, que no alcanzaban a modificar el corazn de la ley.

Luego, puntualiz que durante aquella sesin

los senadores Maya, Romero Feris, Sergnese y Rodrguez Sa,

18

todos del Partido Justicialista, criticaron al miembro

informante de la Comisin de Trabajo y Legislacin Laboral,

Alberto Mximo Tell, por no contar con el dictamen de

Comisin correspondiente, precisando, en particular, que el

mencionado en ltimo lugar calific de escandaloso el

tratamiento del tema sin siquiera saber de qu se trata y

destac la falta de transparencia del procedimiento; mientras que, por

su parte, Sergnese expres sus dudas respecto de los motivos

que impulsaban la reforma.

En la misma direccin, el representante de la

Oficina Anticorrupcin sostuvo que la ley tuvo un trmite

desprolijo en su paso por la Cmara de Senadores y que la

versin que se pretenda aprobar no estuvo a disposicin de

los legisladores sino hasta que stos, luego de iniciada la

sesin, la exigieron; sobre el punto, cit la exposicin del

senador Maya, cuando dijo: Pero esta ley (...) que es promovida por este Gobierno,

se trata sobre tablas, con presiones, sin dictamen y pasando por el costado el Reglamento. Quiero

saber por qu estamos tratando este proyecto ya que parece que nadie lo quiere....

En cuanto al resultado de la votacin, destac

que slo cuatro senadores del Partido Justicialista votaron

en contra del proyecto, y que algunos de los legisladores que

votaron a favor precisaron que lo hacan por disciplina

partidaria o a modo de contribucin a la gobernabilidad.

En base a ello, y luego de efectuar un breve

relato acerca del contexto histrico, el acusador tuvo por

acreditado que, de manera concertada, Fernando de Santibaes

ex secretario de inteligencia, Mario Alberto Flamarique, ex

Poder Judicial de la Nacin

19

US

O O

FIC

IAL

ministro de trabajo y seguridad social, y Jos Genoud,

exsenador por el radicalismo y presidente provisional del

Senado, propiciaron el pago de sumas de dinero a los

senadores justicialistas Emilio Cantarero, Alberto Tell,

Augusto Alasino, Remo Costanzo y Ricardo Branda, con el

objeto de obtener el voto favorable de los nombrados al

momento de tratar en el recinto la ley de reforma laboral.

Tambin, que dicho pago se realiz con fondos pblicos

pertenecientes a la ex Secretara de Inteligencia de Estado,

desviados ilcitamente para sobornar a los senadores, como

as tambin para retribuir a Jos Genoud por la gestin.

Afirm, que la operacin concerniente al pago

de los sobornos fue realizada por Mario Luis Pontaquarto,

persona de confianza del ex presidente provisional del

Senado, quien retir de la ex Secretara de Inteligencia la

suma de cinco millones de pesos, para luego entregar cuatro

millones trescientos mil pesos a Cantarero y setecientos mil

a Genoud.

Destac que, luego del fracaso de la

negociacin poltica, desde las altas esferas gubernamentales de la

Alianza, se concibi una operacin ilcita para lograr el

objetivo deseado, esto es, la entrega de una ddiva a

diversos legisladores justicialistas para que no estorbaran

la aprobacin de la ley pretendida por el gobierno. A tal

efecto, Jos Genoud tom a su cargo la negociacin y, una vez

conseguida la conformidad de los senadores opositores, le

encarg a Mario Luis Pontaquarto la recepcin, guarda y

20

posterior reparto del dinero destinado al cohecho. Por su

parte, Fernando de Santibaes obtuvo el dinero destinado al

pago de los sobornos de los fondos asignados a la ex

Secretara de Inteligencia de Estado, y luego propici el

ocultamiento de la operacin imputando la erogacin de los

fondos a una serie de rubros no auditables. Finalmente, Mario

Alberto Flamarique brind una ptina de legalidad a este

proceso, encubriendo su carcter ilcito e impostando una negociacin poltica de aparente

correccin.

Respecto del desarrollo de la maniobra, la

querella indic que el 18 de abril de 2000, alrededor de las

14, Mario Luis Pontaquarto se constituy en la ex Secretara

de Inteligencia por indicacin de Jos Genoud, para reunirse

con Fernando de Santibaes, y all acordaron que el ex

secretario parlamentario regresara ms tarde para retirar el

dinero que se pretenda utilizar para el pago de los

sobornos.

Pontaquarto regres a la ex-SIDE al anochecer e

ingres por el garaje que su ubica en la Av. Alem 33, donde

fue recibido por Gladys Mota y Alberto Ruida, secretaria y

chofer de Fernando de Santibaes, respectivamente, que lo

acompaaron hasta la Direccin de Finanzas, ubicada en el 8

piso del edifico, y le entregaron cinco millones de pesos en

efectivo; tras ello, regres al Congreso de la Nacin

custodiado desde otro vehculo por Ruida.

La querella sostuvo que el dinero que retir

Pontaquarto de la ex-SIDE se encontraba incorporado al Tesoro

Poder Judicial de la Nacin

21

US

O O

FIC

IAL

del organismo desde el 13 de abril de 2000, fecha en que los

agentes Norberto Ferreiro y Luis Marchi extrajeron una suma

semejante de la cuenta corriente n 1581/11 del Banco de la

Nacin Argentina, por orden del secretario de inteligencia,

mediante cheque de la entidad n G13028378.

Luego afirm que, con motivo de los disturbios

ocurridos la noche del 18 de abril en la zona del Congreso,

se suspendi el debate parlamentario que estaba previsto para

el da siguiente y, entonces, Jos Genoud le indic a

Pontaquarto que deba guardar el dinero en un lugar seguro,

al menos hasta el da 19. A raz de ello, el ex secretario

parlamentario traslad el dinero a su domicilio y lo ocult

en un altillo, en el que permaneci hasta el 26 de abril,

toda vez que el mismo 19 de abril Genoud le inform que el

dinero no poda ser devuelto a la ex-SIDE.

El representante de la querella continu el

relato afirmando que, el 26 de abril, el ex secretario

parlamentario traslad el dinero que guardaba al hotel Howard

Jonson, sito en Mitre 2241 de esta ciudad, junto con el

equipaje que haba preparado para viajar al da siguiente al

Reino de Jordania, y all lo dej hasta finalizada la sesin

parlamentaria en la que se trat el proyecto de ley en

cuestin.

Agreg que, durante el debate en el Senado,

Rem Jos Costanzo le indic a Pontaquarto que, una vez

finalizado, deba llevar el dinero al departamento de Emilio

22

Marcelo Cantarero, sito en Callao 1983, piso 7, de esta

ciudad.

De tal modo, sostuvo que la sesin concluy alrededor de las

21 hs., y Pontaquarto se retir aproximadamente media hora ms tarde, no sin antes recibir sendos

llamados telefnicos de Constanzo [sic] y Cantarero en los que se lo urga a que se apersonara a

hacer la entrega del dinero.

Pontaquarto entonces retir la mayor parte del dinero en el hotel (...) y se

dirigi al domicilio de Cantarero. Tal como le haba sido requerido, realiz un llamado telefnico

desde su celular, anticipando su inminente arribo. Al llegar, una persona que lo estaba esperando

en la puerta del edificio lo hizo ingresar al garaje, donde lo esperaba Cantarero, con quien subi

hasta su departamento por la escalera de servicio. Ya en el interior, Pontaquarto dej sobre una

mesa (...) la suma de cuatro millones trescientos mil pesos ($ 4.300.000), que ste procedi a

contar delante de Pontaquarto, para luego informarle que estaba correcto (fs. 20.974).

Agreg que, seguidamente, el ex secretario

parlamentario se retir del departamento y se dirigi al

restaurante Happening, ubicado en la zona de Puerto Madero,

donde Genoud cenaba junto a otros senadores y dirigentes

polticos. All, el legislador mendocino le comunic que en

el transcurso de la maana siguiente deba entregarle los

setecientos mil pesos ($ 700.000) en su despacho del Senado.

Al mismo tiempo, precis el acusador, los

senadores Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Constanzo [sic]

y Ricardo Branda concurrieron al domicilio de Cantarero para

retirar su parte del dinero del soborno.

Finalmente aadi que, al da siguiente, entre

las 9:45 y las 10:45, Pontaquarto le entreg a Genoud, en su

despacho, los setecientos mil pesos conforme haban acordado

el da anterior.

Poder Judicial de la Nacin

23

US

O O

FIC

IAL

A partir de lo antedicho, el representante de

la Oficina Anticorrupcin consider que la conducta atribuida

a Fernando Jorge de Santibaes encuadraba en los delitos de

malversacin de caudales pblicos, en calidad de autor, en

concurso ideal con el de cohecho activo agravado por su

condicin de funcionario pblico, en calidad de coautor

(arts. 45, 54, 258 y 261 del Cdigo Penal).

Por otra parte, concluy que las conductas de

Jos Genoud, Mario Alberto Flamarique y Mario Luis

Pontaquarto constituyen el delito de cohecho activo agravado

por su calidad de funcionarios pblicos, en calidad de

coautores, pero adems, en el caso de Genoud existira un

concurso ideal entre ese delito y el de encubrimiento, en

calidad de autor (arts. 54, 258 y 277, inc. 3, segn ley

23.468, del Cdigo Penal).

Por ltimo, en relacin a los hechos atribuidos

a Emilio Marcelo Cantarero, Remo Jos Costanzo, Augusto Jos

Mara Alasino, Alberto Mximo Tell y Ricardo Alberto Branda,

la querella sostuvo que los nombrados deben responder por el

delito de cohecho pasivo, en concurso ideal con

encubrimiento, en calidad de autores (arts. 54, 256 y 277,

inc. 3, segn ley 23.468, del Cdigo Penal).

C) Auto de elevacin a juicio de fs. 22.294/22.336.

Mediante dicho auto el juez de la etapa

preparatoria declar clausurada la instruccin, a la vez que

24

dispuso elevar la causa a juicio respecto de Emilio Marcelo

Cantarero, Jos Genoud, Fernando Jorge de Santibaes, Mario

Alberto Flamarique, Alberto Mximo Tell, Augusto Jos Mara

Alasino, Remo Jos Costanzo, Ricardo Alberto Branda y Mario

Luis Pontaquarto, por considerar acreditados los hechos

materia de imputacin en los requerimientos de elevacin a

juicio, como as tambin la intervencin que en ellos le

habra cabido a cada uno de los nombrados, discrepando, en

algunos casos, con la significacin jurdica que les asign

el representante del Ministerio Pblico Fiscal.

As, en la pieza citada en este pargrafo, el

seor juez de instruccin calific las conductas de Fernando

de Santibaes, Jos Genoud, Mario Alberto Flamarique y Mario

Luis Pontaquarto, como constitutivas del delito de cohecho

activo (art. 258 del C.P.), agravado por haber sido cometido

en el ejercicio de la funcin pblica. A su vez, las acciones

de quienes habran aceptado el soborno, los exsenadores

Emilio Marcelo Cantarero, Remo Jos Costanzo, Augusto Jos

Mara Alasino, Alberto Mximo Tell y Ricardo Branda, seran

-segn el juez de la investigacin- constitutivas del delito

de cohecho pasivo.

A su vez, el magistrado instructor entendi

pertinente que se consideren las calificaciones legales

propuestas por la querella que ejerce la Oficina

Anticorrupcin, en tanto Fernando de Santibaes habra

cometido tambin el delito previsto en el art. 261 del C.P.;

y Jos Genoud, Mario Luis Pontaquarto, Mario Alberto

Poder Judicial de la Nacin

25

US

O O

FIC

IAL

Flamarique, Emilio Marcelo Cantarero, Remo Jos Costanzo,

Augusto Jos Mara Alasino, Alberto Mximo Tell y Ricardo

Branda, habran cometido tambin el delito de encubrimiento

agravado (art. 277 inc. 3 del C.P.).

D) Requerimiento fiscal de elevacin a juicio, presentado a fs. 24.466/24.495.

En el requerimiento de elevacin a juicio

presentado por el seor fiscal de la etapa de instruccin con

relacin a Fernando de la Ra, se tuvo por cierto el mismo

hecho que fue descripto precedentemente, aunque se present

una nica variante, respecto de la fecha en que habra tenido

lugar la reunin en Casa de Gobierno.

En ese sentido, el seor fiscal aclar que si

bien en la requisitoria anterior se haba establecido que la

reunin en la Casa Rosada tuvo lugar el 4 de abril de 2000,

las nuevas medidas de prueba producidas en la secuela de la

investigacin convencieron al juez de instruccin que aqul

encuentro haba tenido lugar el 30 de abril de ese ao, y

que, por respeto al principio de congruencia, era sa la

fecha que deba tenerse en cuenta.

Luego de aclarar lo antedicho, el agente fiscal

relat que el 30 de marzo de 2000, en el despacho

presidencial de la Casa de Gobierno de la Repblica

Argentina, al trmino de la maana o al medioda, el entonces

presidente de la Nacin, Fernando de la Ra, se reuni con el

26

ex senador nacional de Mendoza por la UCR y en ese momento

presidente provisional del Senado, Jos Genoud; el exsenador

del PJ por Entre Ros y presidente de ese bloque partidario,

Augusto Alasino; el exsenador justicialista, Alberto Tell; y

el ex secretario parlamentario del Senado, Mario Pontaquarto,

afiliado a la UCR y fiel colaborador de Genoud; asimismo

-afirm el fiscal- sobre el final del encuentro se sum el

ministro de trabajo, en ese momento, Mario Flamarique.

Detall que el ncleo de aqul encuentro era

lograr que la oposicin cambie de postura y apoye la

iniciativa oficial de reformar las leyes laborales, y que, en

ese contexto, Genoud le explic a De la Ra que el

justicialismo reclamaba otras cosas -el pago de una suma de

dinero- para apoyar la sancin de la ley, y que De la Ra le

respondi que ese tema lo deba tratar con Fernando de

Santibaes.

En sntesis, el representante del Ministerio

Pblico Fiscal sostuvo que [e]l hecho que se imputa a Fernando de la Ra (...) es

haber ofrecido -autorizado- a travs de De Santibaes, Flamarique, Genoud y Pontaquarto, el pago

de una suma de dinero para que funcionarios pblicos hagan algo relativo a sus funciones; en este

caso, legislar conservando en todo momento el dominio sobre el desarrollo del acontecimiento.

A continuacin, el agente fiscal relat el

hecho que ya se ha precisado -en base a la trascripcin de

las partes pertinentes de los requerimientos de elevacin a

juicio antes tratados- y destac que la implementacin y

desarrollo del pago de los sobornos estuvieron bajo el

dominio pleno del entonces presidente de la Nacin, que haba

Poder Judicial de la Nacin

27

US

O O

FIC

IAL

concretado aquella reunin en su despacho para aceptar,

permitir y auspiciar el pacto espurio.

Finalmente, requiri la elevacin a juicio del

proceso respecto de Fernando de la Ra por considerarlo, en

principio, coautor del delito previsto en el artculo 258 del

Cdigo Penal.

E) Requerimiento de elevacin a juicio de la querella, obrante a fs. 24.542/24.645.

Por su parte, la querella que representa la

Oficina Anticorrupcin formul requerimiento de elevacin a

juicio respecto de Fernando de la Ra, ya que el trmite de

la causa a su respecto haba quedado relegado respecto de los

dems imputados. En trminos generales la pieza que aqu

estamos tratando reprodujo los trminos de la que se

presentara en su oportunidad en cuanto a la situacin de

Fernando Jorge de Santibaes, Jos Genoud, Mario Alberto

Flamarique, Mario Luis Pontaquarto, Emilio Marcelo Cantarero,

Remo Jos Costanzo, Augusto Jos Mara Alasino, Alberto

Mximo Tell y Ricardo Branda.

En lo que se ha advertido una diferencia con el

requerimiento anterior -al igual que en el caso del agente

fiscal-, es en lo que hace a la fecha de la reunin que

habra tenido lugar en la Casa Rosada con el objeto de

destrabar las negociaciones entre el partido gobernante y la

oposicin.

28

En ese sentido la querella relat que: ...el 30 de

marzo de 2000 al medioda, el titular de la bancada del Partido Justicialista, el senador Augusto

Alasino, el presidente de la Comisin de Asuntos Laborales del Senado, Alberto Tell, el titular de la

banca radical, Jos Genoud, junto a Mario Pontaquarto y Mario Flamarique, se reunieron en la

Casa Rosada con el propsito de obtener garantas de que el propio presidente de la Nacin, el Dr.

Fernando de la Ra, estaba al tanto y aprobaba la iniciativa ilegal. Esta reunin destrab la dura

negociacin que pesaba sobre el proyecto de ley acordndose, al mximo nivel poltico, el pago de

sobornos a los conductores del bloque de senadores del Partido Justicialista. En dicha oportunidad

el senador Genoud se dirigi al expresidente Fernando de la Ra, sealndole que los senadores

justicialistas presentes en la reunin requeran otras cosas, a lo que l respondi que eso lo

arreglan con De Santibaes.

Es que das antes de esta reunin no se avizoraba un trmite gil para el

tratamiento de esta legislacin en el recinto. No obstante, luego de la reunin mantenida en la

Casa de Gobierno, se allan el camino para la pronta sancin de esta ley.

La operacin concerniente al pago de sobornos fue realizada merced a la

intermediacin de una persona de la confianza del presidente provisional del Senado, Mario Luis

Pontaquarto, quien se desempeaba en la poca de los sucesos delictivos como secretario

parlamentario del Senado de la Nacin (cfr. fs. 24.544 vta./45).

Para concluir, la querella imput a Fernando de

la Ra la comisin del delito de cohecho activo agravado por

haber sido cometido por un funcionario pblico en el

ejercicio de sus funciones, en calidad de coautor (arts. 45 y

258 del C.P.); a su vez, la querella le imput participacin

necesaria en la comisin del delito de peculado, figura que

concurrira idealmente con la anterior (arts. 45, 54 y 261

del C.P.).

CAPTULO III

Poder Judicial de la Nacin

29

US

O O

FIC

IAL

Alegatos

A) Alegato de la querella.

En oportunidad de formular su alegato, los

representantes de la Oficina Anticorrupcin sostuvieron:

Tambin para facilitar un poco, antes de iniciar el alegato, es mi intencin

explicar un poco cul va a ser la estructura de la presentacin que vamos a hacer. En un primer

momento, en primer lugar, describir los hechos que para esta querella tenemos por probados.

Luego, analizar o tratar de dar alguna justificacin de por qu entendemos que es vlido fundar una

eventual sentencia de condena en los dichos de un coimputado.

Luego pasaremos a analizar la versin que dio quien confesara los hechos,

el seor Mario Pontaquarto, los das 30 de marzo y 18 de abril, para despus volver y analizar

ciertos elementos que corroboran anticipadamente su confesin. Es decir, analizar el trmite de la

ley y la intervencin de la prensa, concretamente, la intervencin de los periodistas Joaqun

Morales Sol y Mara Fernanda Villosio, para luego pasar a analizar elementos de corroboracin

posterior de los dichos de Pontaquarto, en lo que tiene que ver con un detalle de la visita en la

Casa Rosada, con lo cual usaremos el proyector para analizar distintas vistas fotogrficas tomadas

durante la inspeccin ocular que hicimos con el Tribunal.

Luego hablaremos de la existencia de los fondos de la Secretara de

Inteligencia del Estado en ese momento y, lo que entendemos, la falta de justificacin del uso de

estos fondos, para luego analizar la presencia de Pontaquarto los das 18 de abril y 22 de agosto

del ao 2000; analizar el sumario 664/03 y el descargo concretamente del seor De Santibaes.

Acto seguido, pasaremos a hacer una introduccin acerca de lo que

entendemos es una prueba de corroboracin posterior tambin, que es el uso de las llamadas

telefnicas, para luego, tambin a travs de un power point, hacerlo visualmente, grficamente,

analizar el trayecto que tuvo Mario Pontaquarto el da 18 de abril al medioda, para despus

analizar su desplazamiento el 18 de abril por la tarde y noche.

Nuestra intencin sera cortar el alegato de esta querella hasta ese

momento, para despus, al da siguiente, analizar qu pas el da 26 de abril, es decir, el da de la

sesin y la entrega del dinero en la casa del seor Pontaquarto, analizar -esto nos va a llevar un

tiempo- los distintos cargos de los imputados y las crticas que nosotros que hacer y los elementos

que vamos a valorar.

Por ltimo, ya finalizando, analizar los motivos de la confesin del seor

Pontaquarto, la libertad y la ausencia de coercin, que fue algo tambin discutido en la audiencia.

Luego hacer una suerte de valoracin final de todo lo que hemos dicho, la calificacin legal de los

hechos y los pedidos correspondientes.

Entonces, esa sera la estructura del alegato. Vamos a empezar por la

primera parte, que sera los hechos que, a juicio de esta querella, estn probados.

30

Por juicio de esta querella, el da 10 de diciembre de 1999 asumi al Poder

Ejecutivo Nacional el doctor Fernando de la Ra, integrante de la fuerza poltica denominada

Alianza, constituida por una coalicin entre la Unin Cvica Radical y la fuerza poltica Frepaso.

El 19 de enero del ao 2000, el gobierno nacional envi, mediante un

mensaje nmero 71 al Poder Legislativo, un anteproyecto de ley conocido como la Ley de Reforma

Laboral. Dicho anteproyecto tena por objeto la modificacin de la Ley de Contrato de Trabajo, la

ley 20.774, y las leyes de convenciones colectivas de trabajo, nmeros 14250, 23545, 23546, entre

otras.

Habida cuenta de la mayora de la que gozaba la coalicin gobernante en la

Cmara baja, el proyecto obtuvo media sancin el 24 de febrero de 2000. Votaron oponindose al

proyecto la totalidad de la bancada justicialista, con excepcin de un nico representante de esa

fuerza, el diputado Osvaldo Rial, y algunos diputados pertenecientes al Frepaso, entre otros

diputados.

Con este panorama, desde el gobierno se avizoraba que el paso en la

Cmara alta no iba a ser sencillo. El principal partido opositor se mostraba crtico con el proyecto.

Como ya se ha sealado, el bloque justicialista haba votado en contra de la iniciativa en la Cmara

baja y era de esperar el mismo temperamento en el Senado de la Nacin, donde el justicialismo,

adems, gozaba de mayora propia. A esto hay que sumar que la reforma tambin era resistida por

sectores sindicales, en la CGT, cuyo secretario general era Rodolfo Daer, y en el sector escindido,

que estaba liderado por el dirigente camionero Hugo Moyano, quien llevaba adelante las crticas

ms intensas.

En consecuencia, se le planteaba al oficialismo una dura instancia de

negociacin con la oposicin. Se encontraba frente a una postura de resistencia poltica e

ideolgica por parte del sector que controlaba la mayora en la Cmara alta. As, el gobierno

procuraba el pronto tratamiento del tema, pero el justicialismo se mostraba remiso a la discusin

del proyecto que tena media sancin y se avizoraba un escenario de rechazo a la iniciativa de

reforma.

En este marco, el gobierno estaba colocado frente a una situacin de

significativa tensin. La reforma en juego era una exigencia de los organismos internacionales de

crdito, y en su puja por convertirla en ley, se enfrentaba frente al primer test verdaderamente serio

sobre su capacidad para imponer reformas legislativas y para mostrarse ante el pas y el mundo

como un interlocutor afirmado y con consenso interno. Dicho en otras palabras, lo que estaba en

danza no era solo una reforma del rgimen de empleo; era tambin un examen de su poder de

gestin.

En este contexto, el Poder Ejecutivo no ahorr esfuerzos en negociacin con

el frente opositor tratando de convencer a los senadores justicialistas mediante una ferviente

actividad de los ministros de economa y trabajo, a fin de convencerlos de las virtudes del proyecto,

mientras que en la Comisin de Trabajo se llevaban adelante audiencias pblicas con sectores

interesados que lo nico que hacan era dilatar el tratamiento de la ley.

Se adopt tambin una actitud de confrontacin con los sectores sindicales y

aquellos que se oponan a la ley, incluso a travs de un spot publicitario que circul en los medios

Poder Judicial de la Nacin

31

US

O O

FIC

IAL

televisivos. Ninguna de estas iniciativas pareca viable para lograr que los opositores al proyecto

revisaran su posicin sobre el tema.

Tal como se seala en la crnica periodstica de aquellos das, el gobierno

se mostr, incluso, dispuesto a aumentar las partidas presupuestarias de los llamados planes

Trabajar, contraprestacin poltica destinada a que los gobernadores justicialistas de diversas

provincias intercedieran sobre sus representantes en la Cmara alta. Sin embargo, tal ofrecimiento,

pese a ser tratado en el recinto antes de votarse la ley laboral, nunca se materializ. Razn por la

cual cabe descartarlo como un posible mvil, merced al cual los senadores justicialistas hayan

podido revisar su postura frente al proyecto de reforma.

Pese a la referida resistencia de la bancada justicialista, el 26 de abril de

2000, el proyecto de Ley de Reforma Laboral fue aprobado por el Senado de la Nacin con ms de

dos tercios del cuerpo y con reformas que, sin embargo, no alteraban el corazn de la ley y que

eran resistidas, principalmente, por el sindicalismo de extraccin justicialista.

El trmite de la sesin deja en claro que la versin final del proyecto y su

dictamen fueron puestos en conocimiento de los senadores a ltimo momento de iniciar la sesin.

Finalmente, al momento de la votacin, solo cuatro senadores del bloque del

Partido Justicialista votaron en contra del proyecto. Y entre quienes votaron a favor, varios

destacaron que lo hacan por disciplina partidaria o como contribucin a la gobernabilidad.

Finalmente, el 12 de mayo de 2000, el proyecto fue aprobado por la Cmara

de Diputados con las modificaciones introducidas por el Senado, convirtindose as en la ley

25.250.

Es as que, con el fin de obtener el voto favorable a la Ley de Reforma

Laboral por parte de los legisladores que componan la bancada justicialista en el Senado de la

Nacin, en una maniobra concertada, el entonces secretario de inteligencia Fernando de

Santibaes, el entonces presidente provisional del Senado, el senador Jos Genoud, propiciaron el

pago de sumas de dinero a los senadores justicialistas Emilio Cantarero, Alberto Tell, Augusto

Alasino y Remo Jos Costanzo. Este pago fue realizado con fondos estatales pertenecientes a la

entonces Secretara de Inteligencia del Estado, desviados ilcitamente de los fines a los que

estaban destinados y enviados para sobornar a los senadores hoy en juicio, sin descartar que

hubiera habido otros que hoy no estn individualizados.

Para este rol fue seleccionado Mario Pontaquarto, entonces secretario

parlamentario de la Cmara alta, hombre de confianza del entonces senador Genoud y, adems,

con el aval de las autoridades del bloque del Partido Justicialista.

As las cosas, el 30 de marzo de 2000 al medioda, el titular de la bancada

del Partido Justicialista, el senador Augusto Alasino; el presidente de la Comisin de Trabajo y

Seguridad Social del Senado, Alberto Tell; el titular de la bancada radical, Jos Genoud; junto a

Mario Pontaquarto, se reunieron en la Casa Rosada con el propsito de obtener garantas de que

el propio presidente de la Nacin, el doctor Fernando de la Ra, estaba al tanto del plan en curso y

aprobaba la iniciativa ilegal.

Esta reunin destrab la dura negociacin que pesaba sobre el proyecto de

ley, acordndose al mximo nivel poltico el pago de sobornos a los conductores del bloque de

senadores del Partido Justicialista.

32

En dicha oportunidad, el senador Genoud se dirigi al expresidente

Fernando de la Ra sealndole que los senadores justicialistas presentes en la reunin requeran

otras cosas, a lo que l respondi: eso lo arreglan con De Santibaes. Se retir el presidente e

inmediatamente ingresa el seor Mario Flamarique, entonces ministro de trabajo, y se queda

conversando con los senadores.

Es que das antes de esa reunin no se avizoraba un trmite gil para el

trmite de esta legislacin en el recinto. No obstante, luego de la reunin mantenida en la Casa de

Gobierno, se allan el camino para la pronta sancin de la ley, que se ira a definir en los das por

venir.

As fue Pontaquarto, quien el da 18 de abril, en horas del medioda, retir de

la Secretara de Inteligencia del Estado la suma de 5 millones de pesos, para luego entregar

4.300.000 a uno de los senadores cohechados, quien posteriormente distribuy el dinero a los

dems legisladores involucrados, y los 700 mil restantes, al senador Jos Genoud, presuntamente

en calidad de retribucin por las diligencias realizadas como operador de la maniobra.

Como ya se mencionara en el punto anterior, la llamada reforma laboral era

un objetivo buscado por el gobierno, cuya consecucin apareca seriamente dificultada por la

renuencia que mostraba la bancada de legisladores justicialistas en el Senado de la Nacin, bloque

que contaba con mayora en esa Cmara, a votar favorablemente el proyecto de ley promovido por

el Poder Ejecutivo.

Visto el fracaso de la negociacin poltica con el sector opositor, desde las

ms altas esferas gubernamentales se concibi una operacin ilcita para obtener el objetivo

deseado: la entrega de dinero a legisladores de la bancada justicialista con capacidad de incidir en

el voto del resto de sus compaeros de bloque. Y la maniobra fue llevada adelante por un

funcionario del gobierno, De Santibaes, y un senador nacional perteneciente a la fuerza poltica

gobernante, Jos Genoud, quienes se repartieron las tareas en pos de la consecucin de la

maniobra, contando adems como brazo ejecutor al entonces secretario parlamentario del Senado,

Mario Pontaquarto.

De acuerdo a esa distribucin de tareas, Jos Genoud tom a su cargo la

negociacin con diversos senadores del bloque justicialista, obtuvo de estos un compromiso de

voto favorable al proyecto en el recinto a cambio de una contraprestacin dineraria, y comision a

un hombre de su confianza, Mario Pontaquarto, la recepcin, guarda y posterior reparto de la suma

destinada al cohecho.

Fernando de Santibaes, por su parte, puso a disposicin el dinero con que

seran pagados los sobornos con fondos de la Secretara de Inteligencia del Estado; asegur la

entrega de ese dinero a Pontaquarto a travs de personas de su confianza y propici el

ocultamiento de los fondos faltantes imputndole erogacin a una serie de rubros no auditables por

medio de simples actas rubricadas por l mismo.

Una vez cerrado el pacto espurio con los senadores, el 18 de abril de 2000,

da anterior a aquel en el que se esperaba el tratamiento del proyecto de ley en el Senado, Jos

Genoud le indic a Mario Pontaquarto que se dirigiera solo a la Secretara de Inteligencia y se

reuniera all con Fernando de Santibaes a fin de acordar el momento en que debera concurrir a

Poder Judicial de la Nacin

33

US

O O

FIC

IAL

las oficinas de la SIDE a retirar la suma de dinero que iba a ser destinada a cohechar a los

senadores, presumiblemente al da siguiente, luego de aprobada la ley.

La reunin entre Pontaquarto y De Santibaes se realiz en el despacho de

este ltimo entre las 13 y 14 horas. All se acord que Pontaquarto regresara a la SIDE esa misma

jornada en horas de la tarde-noche a retirar el dinero. En efecto, Pontaquarto regres al organismo

al anochecer, fue recibido por la secretaria de confianza de De Santibaes, Gladys Mota, y por

Alberto Ruida, chofer y custodio del secretario, en el garaje de la SIDE, en la calle Alem 33.

Luego, los tres se dirigieron a la Direccin de Finanzas de la SIDE, ubicada

en el octavo piso del edificio, y all se le hizo entrega a Pontaquarto de la suma de 5 millones de

pesos en efectivo. Esta suma se encontraba incorporada al tesoro de la SIDE, luego de haber sido

extrada el 13 de abril de 2000 de la cuenta corriente 1581/11, mediante cheque librado contra

dicha cuenta del Banco de la Nacin Argentina, nmero G13028378.

Ese retiro del dinero lo efectuaron los agentes Norberto Ferreiro y Luis De

Marchi, luego de una orden impartida por Fernando de Santibaes a travs del director de finanzas

del organismo, Juan Jos Gallea.

Marchi y Ferreiro entregaron el dinero a Gallea, quien, a su vez, lo puso

luego a disposicin del secretario de inteligencia, mbito de custodia bajo el cual finalmente se

encontraba al momento de su entrega al emisario de Genoud, a travs de su secretaria Gladys

Mota.

Munido de este dinero, Pontaquarto se traslad hasta el Congreso de la

Nacin, seguido desde otro vehculo por Alfredo Ruida, chofer de De Santibaes, quin ofici

como custodia.

El plan delictivo no prevea la posibilidad de que la sesin que se iba a

celebrar al da siguiente al retiro del dinero fuera pospuesta, lo que sin embargo ocurri por los

disturbios que comenzaron en la zona del Congreso durante esa misma jornada.

Por tal razn, Genoud le indic a Pontaquarto que por esa noche guardara el

dinero en un lugar seguro. Y es por ello que este ltimo lo llev a su domicilio y lo ocult en un

vestidor de su dormitorio, lugar en el que este permaneci finalmente hasta el 26 de abril, puesto

que en la noche del 18 de abril Genoud le indic a Pontaquarto que el dinero no sera devuelto a la

SIDE, sino que debera permanecer en su poder hasta la semana siguiente, cuando habra de ser

tratado el proyecto de ley de reforma laboral en la Cmara alta.

As, el 26 de abril, Pontaquarto traslad junto con su propio equipaje para un

viaje que emprendera al Reino de Jordania al da siguiente, el maletn y la valija y la caja que

contenan el dinero destinado al cohecho, al hotel Howard Johnson, sito en la calle Mitre 2241 de

esta Ciudad, donde estos bultos permanecieron hasta despus de finalizada la sesin

parlamentaria en que se aprob la Ley de Reforma Laboral.

Durante el transcurso de la sesin, el senador Costanzo le indic a

Pontaquarto que una vez terminada dicha sesin, el dinero deba ser llevado al departamento del

senador Cantarero, sito en la calle Callao 1983, sptimo piso, de esta ciudad.

As, la sesin concluy alrededor de las 21:30 horas y Pontaquarto se retir

cuando estaba finalizando la sesin. Luego recibi llamados telefnicos de Costanzo y Cantarero

en los que se le urga que se apersonara a hacer entrega del dinero. Pontaquarto, entonces, sac

34

la mayor parte del dinero del hotel Howard Johnson y se dirigi al domicilio de Cantarero. Tal como

le haba sido requerido, realiz un llamado telefnico desde su celular, anticipando su eminente

arribo.

Al llegar, una persona que lo estaba esperando en la puerta del edificio, lo

hizo ingresar al garaje, donde lo esperaba Cantarero, con quien subi hasta su departamento con

el dinero.

Ya en el interior del departamento, Pontaquarto dej sobre la mesa de

Cantarero la suma de 4.300.000 pesos, que este procedi a contar delante de Pontaquarto, para

luego informarle que estaba correcto.

Ya cumplida su tarea, Pontaquarto se retir del domicilio de Cantarero y

posteriormente fueron apareciendo los senadores Remo Costanzo, Augusto Alasino y Alberto Tell,

entre otros senadores que no fueron individualizados, a retirar su parte del dinero de los sobornos.

Cuando se retiraba de la casa de Cantarero, Pontaquarto lo llam a Nelson

Reynoso, colaborador de confianza de Jos Genoud, a comunicarle la concrecin de la entrega del

dinero y la culminacin de la operacin.

Durante todo este tiempo, y estando en conocimiento de la maniobra

criminal, el expresidente Fernando de la Ra no evit que se concretara la operacin del pago de

sobornos, contando con los medios a su alcance para hacerlo.

Tiempo despus, mediante decreto reservado n 569/2000, de fecha 14 de

julio de 2000, se increment el presupuesto de la SIDE para el ejercicio de ese ao en 30 millones

de pesos, a modo de cubrir el faltante utilizado por el organismo de inteligencia en el delito

perpetrado.

Excelentsimo Tribunal: como ya haba anticipado, la principal prueba que

vamos a contar en este juicio son los dichos del seor Mario Pontaquarto, quien declarara en un

primer momento en este proceso negando los hechos, pero ya a partir del 12 de diciembre del ao

2003 se presentara nuevamente a los tribunales y confesara su participacin en el delito.

Obviamente, l reconoci su participacin en el hecho implicando a los

dems imputados. Con lo cual, estamos hablando de un coimputado que se hace cargo de su

parte, de su intervencin en el hecho, implicando a los dems. En este sentido, estimamos que es

necesario tratar de justificar por qu pese a que su rol lo coloca en una situacin de imputado que

confiesa el delito, entendemos que debe ser justificado y que hay elementos de juicio y razones

que justifican por qu su testimonio puede ser vlido y admisible como prueba legal. En ese

sentido, en los minutos siguientes tratar de explicar esto.

Como les deca recin, Mario Pontaquarto, ex secretario parlamentario, a

diferencia de los dems imputados, se hizo cargo del hecho, confes su participacin en esta

maniobra de soborno que involucr a dos poderes del Estado: al titular del Poder Ejecutivo, su jefe

de la agencia de inteligencia, el entonces presidente provisional del Senado y otros senadores del

bloque del Partido Justicialista.

Desde que Pontaquarto asumi esta decisin de hacerse cargo de la parte

que le fue ordenada para llevar adelante esta maniobra criminal, los imputados, sus defensores,

dems personas allegadas a los imputados, que fueron muchas e incluso declararon ac, pusieron

el grito en el cielo indignados por lo que dijo, denostndolo de maneras diversas, ya sea por sus

Poder Judicial de la Nacin

35

US

O O

FIC

IAL

supuestos vicios, sus amistades, el delito cometido tras su paso por la funcin pblica; en fin,

trataron de sealar de todas las maneras posibles que su testimonio es sospechoso.

Yo cuando lea esto, que su testimonio es sospechoso, me hizo acordar un

texto que haba ledo hace un tiempo. Mejor dicho, lo vi a partir de un artculo en La Nacin que

sac Eduardo Fidanza hace un par de meses. Y l citaba una obra del historiador Paul Ricoeur. La

obra se llama La memoria, la historia y el olvido. Y l planteaba, Ricoeur plantea que tanto el juez

como el historiador son expertos en esclarecer lo que es falso. Ambos son maestros en el manejo

de la sospecha. Esto est en la pgina 415. l planteaba este paralelo a partir de la asimilacin

que tiene el juez en lo criminal y el historiador en un punto en la reconstruccin de hechos

ocurridos en el pasado.

Yo soy consciente que el Tribunal no es muy afecto a las citas literarias en el

marco de este proceso, pero el paralelo entre la historia y el proceso penal ya lo hizo la Corte

Suprema en el caso Casal, concretamente en el considerando 30) del voto de la mayora. Es

decir, este paralelo, la propia jurisprudencia de la Corte ha entendido que hay una similitud entre la

labor del historiador y la labor del juez. Por eso quera decir y justificar la pertinencia de la cita. Y

adems que no soy original. Yo soy consciente tambin en que gran parte de la literatura legal -que

todos conocemos ac y que no la voy a leer, no la voy a reflotar, probablemente las defensas se

ocupen de esto- pone un alto grado de sospecha sobre el coimputado que presta testimonios

contra otros implicados en el delito por, justamente, esta circunstancia: no tiene obligacin de decir

verdad, no presta juramento y no puede ser penado por falso testimonio en caso de mentir. Lo que

se suele argumentar siempre es que, como tiene este derecho a mentir, entre comillas, se asume

sin posibilidad de argumento en contrario, que es mendaz, y que por ende sus dichos ni siquiera

son sospechosos, son mentirosos. Pero entiendo que en este caso la sospecha est mal orientada.

Por qu? Si tenemos en cuenta la clase de personas involucradas -la mxima autoridad de la

Nacin, el presidente de la Nacin, el encargado de los servicios de Inteligencia-, los lugares

adonde se llevaron a cabo los actos principales de esta causa -la Casa Rosada, el edificio de la

SIDE- y que tambin involucr al crculo ntimo de los senadores -choferes, colaboradores,

asesores-, tambin al crculo ntimo del presidente de la Nacin y del entonces secretario de

inteligencia del Estado, el seoro absoluto que todos ellos tenan sobre los espacios que los

secundaban, sobre los documentos que ellos esgrimieron para justificar los gastos y las personas

que all circunstancialmente se encontraban, todos de alguna manera, de una u otra manera, le

deban a ellos su trabajo o su sustento, o bien el temor a posibles represalias. No lo podemos

descartar: muchos de los testimonios que tuvimos y que escuchamos ac estaban teidos de toda

esta circunstancia. Y esto, a mi juicio, nos tiene que llevar a pensar -eso es lo que vamos a tratar

de reconstruir a lo largo de todo este alegato- que justamente el menos sospechoso en este caso

es Mario Pontaquarto.

Por lo tanto, la sospecha que debe guiar al juez tiene que estar ms

orientada a las explicaciones que brindaron ellos ac en el juicio a partir de la imputacin efectuada

por Pontaquarto, dada la particular configuracin de los hechos de esta causa, sobre todo

considerando el contexto en que se sancion esta ley, la labor del periodismo, que recogi este

contexto, y la existencia de algunos llamados, entre ellos principalmente de telefona celular, ms

que sospechosos.

36

Tambin vamos a tener que analizar los documentos que ellos esgrimieron,

los testigos que han declarado y, sobre todo, la conducta posterior de los senadores aqu

implicados luego de la sancin de la ley en el Senado a partir, y sobre todo, de la intervencin que

le cupo en estos hechos al senador Emilio Cantarero casi inmediatamente luego de la sancin y

que, lamentablemente, por razones de salud no pudo ser juzgado.

Insisto con esta idea: este seoro sobre el espacio y el tiempo y su

registracin que tenan, nos tiene que abrir los ojos y colocar nuestra sospecha sobre los dems

imputados, que contaron una envidiable capacidad de medios y personas a su servicio para borrar

todo rastro del crimen cometido o armar una versin alternativa favorable a ellos, que podra ser

admisible para quien se deje llevar por el aura de respetabilidad que tiene la mayora de ellos, por

trayectoria o por actuacin institucional, que yo no lo voy a negar en otros mbitos que la tengan,

pero que no se traslada sin ms a lo que ha ocurrido en este proceso.

Entonces, yo entiendo que a travs de una mirada atenta que puede tener el

Tribunal, van a tener que focalizar en esta sospecha que nosotros vamos a tratar de poner en

conocimiento del Tribunal y del resto de las partes.

Y una cosa que queremos dejar aclarada: esto no quita ni lo coloca a Mario

Pontaquarto en un lugar de elogio. Todo lo contrario, lo que hizo es totalmente repudiable. l es un

corrupto. Tiene que quedar claro y as lo entendemos en esta Oficina. [] Se manej en su vida

pblica y privada de maneras ms que cuestionables. La irresponsabilidad con que acometi la

tarea y la forma con que llev adelante el plan criminal que le impusieron y fue tratando de resolver

sobre la marcha, tambin nos tiene que llevar, no solamente a condenar firmemente lo que hizo,

sino tambin llamarnos atencin acerca del personaje elegido para la tarea. Este tambin es un

dato central. Era la persona idnea. De hecho, l cumpli la parte de su tarea, l cumpli

adecuadamente lo que tena que hacer. Circunstancias ajenas a este rol hicieron que el tema

saltara a la luz pblica, que saliera el annimo -famoso annimo del cual tanto se ha hablado ac-,

que se filtrara informacin de la SIDE de diversas maneras, y que luego a Pontaquarto lo dejaron

solo, a partir de lo cual l termin confesando el hecho.

A nuestro juicio, la declaracin de Pontaquarto, como se tratar de

argumentar, resulta creble, con sus limitaciones, como l mismo seal al contestar preguntas de

los defensores en su primera declaracin. No estudi ningn libreto; si hubiera estudiado algn

libreto de memoria, no habra contradicciones ni olvidos. Nos vamos a hacer cargo de eso.

Con todo esto, a pesar de los cuestionamientos, a juicio de esta querella no

se puede privar de eficacia probatoria a este testimonio. Y que quede en claro una cosa: no se

trata de alterar las reglas bsicas del proceso penal negando el principio de inocencia y su

corolario, la carga probatoria por parte de la acusacin.

Nuevamente, no se trata de la bsqueda de nuevos paradigmas. Utilizo

adrede esta palabra. Si Thomas Kuhn reviviera, realmente se sentira... pero se suele utilizar de

ms. Yo quiero que se enmarque esta idea: no se trata de buscar nuevos paradigmas para resolver

o para dar respuesta a lo que se llama la criminalidad del poder, sino de situar en la debida

perspectiva que los descargos, sobre todo los descargos encarados por las defensas a partir de los

dichos de Pontaquarto, no resultan vlidos, sino todo lo contrario, estn teidos de parcialidad o de

una notoria ausencia de credibilidad. Con lo cual, no se encuentran en condiciones de privar de

Poder Judicial de la Nacin

37

US

O O

FIC

IAL

eficacia a la prueba de cargo con que esta acusacin va a tratar de fundar su alegato,

principalmente los dichos de Pontaquarto y los dems elementos de juicio que la hacen fiable.

A ver, ms all de todo lo que se diga, que es un arrepentido a sueldo, que

no es confiable, que es un delator, un traidor, no deja de ser alguien Pontaquarto que confes su

propio delito. Es un imputado, pero es, en definitiva, alguien que relata lo que percibi a travs de

sus sentidos, lo que le acerca a juicio de esta querella ms a un testigo, y as va a ser considerado

a lo largo de este alegato. Y esto no lo digo yo por capricho, no es una ocurrencia ma, sino porque

as fue considerado por otros tribunales, tanto de este pas como del extranjero. Y este es el

fundamento que va a ser tenido en cuenta para fundar el pedido de penas que se habr de realizar

el finalizar este acto.

En primer lugar, nuestro ordenamiento procesal reglamentario del derecho

de defensa, conforme lo establecen los artculos 18 y 75, inciso 12, de la Constitucin, no trata en

particular la situacin del coimputado que con sus dichos incrimina a otros imputados o partcipes,

pero tampoco lo descarta como medio de prueba.

Hay mucho escrito sobre este tema. No es intencin agotar al Tribunal con

estos detalles. No hay un rgimen especial del tratamiento de los dichos del arrepentido o

coimputado para un delito como este.

Nada ms para situar al Tribunal, mi idea es hacer referencia a lo que dijo el

doctor Yacobucci en la causa Farrazzano del 4 de junio de 2012. El doctor Yacobucci como

integrante del Tribunal Oral Criminal 6. l, en su voto en esta causa donde se plante tambin el

cuestionamiento de la defensa -creo que la defensa pblica- acerca de la validez de los dichos del

coimputado para fundar una condena, l justamente se hace cargo -y es de donde yo tomo esta

idea- de que nada impide que se utilice como prueba de cargo los dichos del coimputado para

fundar la condena de los sujetos que l haba mencionado, que uno de los coimputados haba

mencionado en ese caso, ms all de la particular situacin en el proceso. Celebrando justamente

esto que estoy diciendo, que con ciertos recaudos es factible tomar en cuenta los dichos de un

coimputado para fundar la condena de los dems implicados en un delito.

l hace referencia ah al derecho italiano. Particularmente, hay normas del

Cdigo Procesal italiano que habla esto de la attendibilit de un testimonio prestado por un

coimputado, siempre en consonancia con otros elementos de juicio. Me remito a lo que expres el

doctor Yacobucci. No quiero hacer una clase de derecho comparado ac.

Pero yendo ya a nuestro derecho, la Corte Suprema entendi que los dichos

de un coimputado pueden resultar una prueba admisible en un juicio criminal. Para ello qu hizo?

Se remiti a decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y por qu? El artculo 8 de

la Convencin Americana de Derechos Humanos, el artculo 14 del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Polticos, que son todas normas con rango constitucional, de acuerdo al artculo

75, inciso 22, de la Constitucin, son muy similares al artculo 6 del Convenio Europeo de

Derechos Humanos.

Por ese motivo es que la Corte Suprema seal que, tanto las decisiones de

la Corte Interamericana como los de la Corte Europea de Derechos Humanos constituyen una

pauta valiosa de hermenutica de los tratados internacionales. El Tribunal ya conoce -y los

abogados de las partes tambin- esto se hizo tambin en el caso Llerena, donde, justamente,

38

para analizar lo que concierne a la imparcialidad del juzgador, se remiti a lo sealado en el fallo

de la Corte Europea, De Couber c/ Blgica.

Pero en el caso que tiene mayor similitud o ms relevancia con lo que

estamos discutiendo ac, me refiero al fallo Bentez, con cita de la coleccin de fallos, Tomo 329,

pgina 5556, a la hora de definir lo que son los alcances del derecho que tienen los imputados de

confrontar a los testigos de cargo, conforme lo establece el artculo 8, apartado segundo, inciso f),

de la Convencin Americana, y el artculo 14, apartado tercero, inciso b), del Pacto Internacional de

Derechos Civiles y Polticos, en su relacin con el artculo 6, inciso e), del Convenio Europeo, la

Corte Suprema se remiti a lo decidido por el Tribunal Europeo en el caso Unterpertinger c/

Austria. Y en este caso -me refiero a Bentez-, a la hora de analizar cul es el contenido del

derecho a confrontar testigos, con cita de diversos precedentes del Tribunal Europeo, se seala

que ese derecho incluye interrogar a testigos o a toda persona que hubiera prestado testimonio

contra una persona, sin distinguir su calidad dentro del proceso; es decir, tanto imputado como

testigo propiamente dichos. Esto est dicho en el considerando 14).

Es decir, la Corte, en Bentez, asumi un criterio amplio a la hora de lo que

debe entenderse como un testigo, no necesariamente a alguien ajeno al hecho delictivo objeto del

proceso, sino tambin a aquellos coprocesados, asumiendo un criterio amplio, siguiendo las pautas

del Tribunal Europeo, lo que incluye a un testigo en sentido estricto, como as tambin a cualquiera

que hubiera hecho declaraciones en contra del imputado.

Lo importante ac es sealar que ms all de las calificaciones o, mejor

dicho, las calificaciones que le hicieron -arrepentido a sueldo, delator y todas las variantes-, de

acuerdo a nuestro derecho, tal como es interpretado por la Corte, sus dichos pueden ser tenidos

como prueba vlida de cargo y as habrn de ser analizados.

Ahora, en cuanto al valor probatorio, es decir, a su credibilidad para fundar

una condena, es cierto, no lo voy a negar, es una cuestin ms que discutible. Y por eso entiendo

que resulta vlido recurrir a la experiencia extranjera sobre estas cuestiones.

Tampoco voy a ser original en esto: la Corte Suprema usualmente recurre a

precedentes y decisiones de tribunales extranjeros para analizar lo que son situaciones novedosas.

Nada ms que para sealar un caso, me voy a referir al caso Halabi, donde se le dio

reconocimiento a las llamadas acciones de clase en nuestro derecho. Y all expresamente se dijo:

No puede pasar desapercibida para resolver en los casos la experiencia de otros sistemas

jurdicos a tono con la evolucin de las instituciones y las exigencias actuales de la sociedad. Esto

fue dicho en el considerando 17). Y all se analiz concretamente la regulacin de esta materia en

diversos pases, como as tambin en Espaa.

Ahora, por razones de similitud de nuestros sistemas legales en materia

criminal -el legado histrico es innegable- y dado que tambin son pases que forman parte

-Argentina y Espaa- de un sistema de proteccin de derechos humanos similar -el de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo-, tambin resulta de utilidad recurrir

a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Espaol. Concretamente, a lo que nos vamos a

referir es al llamado caso Marey. Esto est en la sentencia 68 de 2001, del 17 de marzo de 2001,

y la cita es del Boletn Oficial del Estado espaol del 6 de abril de 2001.

Poder Judicial de la Nacin

39

US

O O

FIC

IAL

Yo tengo ac un libro de uno de los abogados del condenado en este caso,

Manuel Cobo del Rosal, que es de donde obtuve gran parte de la informacin. Lo interesante del

caso, por lo menos del caso Marey, era un componente poltico que tena, que tambin est

presente ac, es indudable. En el caso Marey, diversas autoridades del Estado espaol, en la

lucha contra el grupo separatista armado ETA, se terminaron secuestrando o autorizaron el

secuestro de una persona con la utilizacin de fondos reservados en Francia, luego trayndolo a

Espaa, finalmente lo terminaron liberando. Hubo todo un tema, todo esto fue un gran escndalo

all. Y fue motivo de... Lleg incluso a salpicar al que era entonces el primer ministro espaol, al

doctor Felipe Gonzlez. Tambin haba todo un tema vinculado a la utilizacin de fondos

reservados.

El doctor Cobo del Rosal, defensor de uno de los condenados, tambin

cuestiona toda la utilizacin, la carga probatoria negativa que se hizo de la utilizacin de fondos

reservados. Todo esto estaba presente y por eso es que entiendo que la comparacin resulta

atendible.

Uno de los puntos que planteaba el doctor Cobo del Rosal era la afectacin

del principio de inocencia, toda vez que en ese caso fueron varios -no uno-, fueron varios los

coimputados que permitieron fundar y obtener la condena, entre otros, de Rafael Vera. Los

cuestionamientos principalmente que fueron expuestos ante el Tribunal Supremo espaol, luego

ante el Tribunal Constitucional, variaron alrededor de esto, es decir, no puede fundarse

vlidamente una condena a partir de los dichos de un coimputado, toda vez que no alcanzan a

desvirtuar el estado de inocencia que los ampara en un Estado de Derecho.

Adelanto cul fue la decisin, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal

Constitucional: ambos avalaron la condena de las personas implicadas, incluso a pesar de que los

dichos incriminatorios de los coimputados fueron efectuados mientras se encontraban privados de

su libertad. Esto est concretamente en la pgina 71 de la cita que hago del Boletn Oficial del

Estado. Es decir, ac haba gente presa. En este caso, nadie ha estado privado de su libertad. Se

cuestionaba principalmente la utilizacin extorsiva de la prisin preventiva para obtener un

testimonio incriminatorio. Nada de esto ocurri en este caso.

Otro de los puntos que se tuvo en cuenta es, justamente, que los dichos del

coimputado se hayan prestado en un marco de contradiccin, inmediacin y oralidad. A ver, si hay

algo que me parece que no se va a poder poner en tela de juicio en este proceso es la amplitud

probatoria que hubo y la posibilidad de preguntar y repreguntar cuantas veces quisimos, tanto a

Pontaquarto como a los diversos testigos que han pasado por ac. Incluso, el Tribunal ha admitido

pruebas que esta parte ha considerado que era inconducente, impertinente. El Tribunal, con un

criterio generoso en materia de respeto del derecho de defensa en juicio, lo ha aceptado,

aceptando incluso incorporar documentos en todo momento. Bueno, no ha sido el caso de lo que

sucedi respecto de los dichos de la seora Silvana Costalonga para esta querella, pero sobre eso

nosotros hicimos la correspondiente reserva, que en todo caso lo habremos de valorar al final.

Volviendo al caso Marey, all se termin sealando que exista prueba de

cargo vlida que de modo no arbitrario permita inferir la culpabilidad de la persona acusada. Se

remarc que la veracidad de las declaraciones de coimputados tienen que estar avaladas para

40

resultar vlidas, para