La sanción de la Ley de Educación Superior (LES) en 1995 se enmarca en un proceso a nivel mundial caracterizado por la adaptación y orientación de las instituciones y políticas universitarias a las nuevas demandas del sector productivo, y su actualización según las necesidades dinámicas del capital. Permaneciendo invariable la función social de la Universidad en la reproducción del sistema de dominación capitalista, la sanción de la LES introduce un cambio profundo en la concepción del rol de la educación superior en un contexto de transformaciones del capitalismo global1, según las cuales el conocimiento que producen las universidades tiende a convertirse en saberes mercantilizados, calculados y medidos con el lenguaje de las finanzas.1

La Ley de Educación Superior responde a los lineamientos estratégicos del Banco Mundial

(BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la región. Es a instancias de estos organismos financieros internacionales que se sanciona en Argentina y otros países de América Latina nuevos marcos regulatorios para el sistema educativo en general2 y para la Educación Superior en particular. En su primer artículo, la LES sostiene que la educación superior es un servicio. El Estado, participa en la “prestación del servicio” (Art.1), y el estudiante es concebido como un cliente que tiene derecho a hacer “adecuado uso de la oferta de servicios de Educación Superior” (Art.13).

Entre los objetivos perseguidos con la sanción de esta nueva ley se destacan el ahogo

presupuestario del Estado hacia la Educación Superior; la generación de recursos propios por parte de las Universidades (autofinanciamiento); la participación del sector privado en la financiación del grado y la investigación; y el arancelamiento parcial o total del acceso a la educación superior. De esta manera, se reduce la matricula estudiantil y el gasto estatal, al tiempo que la producción y reproducción de conocimiento en las Universidades comienza a orientarse de modo más directo y explícito a los intereses de las grandes empresas y los organismos internacionales de crédito, de quienes depende su financiamiento. En palabras del Banco Mundial “controlar el acceso a la educación superior a cargo del estado en función de criterios de selección eficientes y equitativos (…). Crear un ambiente propicio para las instituciones privadas (…). Establecer o aumentar la participación de los estudiantes en el costo de su educación y otras medidas de diversificación financiera.”3

A la par, la LES se caracteriza por promover una mayor centralización de la educación superior

en el Poder Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio de Educación y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)4, con la potestad de abrir y cerrar carreras, modificar los planes de estudio y aprobar los estatutos universitarios, todo lo cual va en el sentido de violar el principio constitucional de la autonomía universitaria, esto es, el derecho de las universidades a darse sus propios reglamentos, formas de gobierno y contenidos de la enseñanza y la investigación. Por último, la LES regimenta el gobierno de la Universidad, estableciendo la mayoría docente en los órganos de co-gobierno, en detrimento de la representación estudiantil en particular, y del resto de los claustros en general.

1 Ajustes estructurales, reducción de la intervención del Estado en la economía, revolución tecnológica, libre

circulación de las fuerzas productivas en el mercado internacional, etc.

2 La Organización Mundial de Comercio integra a los "servicios de enseñanza" en la lista de servicios comerciales

junto a los servicios financieros o de turismo, entre otros.

3 Banco Mundial, “La Enseñanza Superior: las lecciones derivadas de la experiencia” 1995. Pág. 97

4La Ley Federal de Educación (LFE) sancionada en 1993, que transformó severamente el sistema educativo

argentino, desfinanciando y fragmentando la escuela pública, anticipaba la orientación mercantilista y privatizadora que tendría una nueva ley para la educación superior.

1La propia justicia federal, a través del Fallo Marinelli (1996), declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la LES,

principalmente los que establecen la función de la CONEAU, por violar la autonomía universitaria.

2Lxs miembrxs de la CONEAU son designadxs por el Poder Ejecutivo a propuesta de los siguientes organismos: 3 por Rectores

de Universidades Públicas; 1 por Rectores de Universidades Privadas; 1 por la Academia Nacional de Educación; 3 por el senado; 3 por la cámara de diputados; 1 por el Ministerio de Educación.

Las acciones del Movimiento Estudiantil se radicalizaron desde Abril de 1995, sosteniendo tomas en facultades de todo el país contra la aprobación de la LES. El proceso de movilización contrasta por su magnitud y nivel de adhesión social, en un contexto de fuerte hegemonía neoliberal y apoyo al gobierno de Menem. Aún así, las masivas movilizaciones no logran detener la aprobación de la nueva Ley. Posteriormente, la lucha estudiantil se concentra dentro de las Universidades, resistiendo la adecuación de los estatutos universitarios, pero ahora sin el apoyo de las autoridades universitarias, que terminan pactando con las fuerzas policiales para reprimir a lxs estudiantes cuando intentan impedir las Asambleas Universitarias llamadas en cada Universidad para reformar los estatutos. La lucha del Movimiento Estudiantil en contra de la LES puede ser caracterizada entorno a tres reivindicaciones que tuvieron momentos de despliegue sucesivos:

Contra el arancelamiento La pretensión de arancelar las Universidades en Argentina es uno de los elementos centrales por los

cuales se impuso una nueva ley de educación superior. Sin embargo, los planes iniciales de los organismos internacionales de crédito y el gobierno argentino no pudieron aplicarse totalmente, por el fuerte rechazo social a una medida que atentaba contra la histórica masividad de la Universidades en nuestro país. No es despreciable en ese sentido la lucha y las tareas de concientización desarrolladas por el movimiento estudiantil bajo la reivindicación “No al arancel”. Finalmente, la LES no establece el arancelamiento directo, pero sí da libertad a las universidades para cobrar aranceles de distintos tipo, como “contribuciones voluntarias”, e impone una tendencia que no ha dejado de profundizarse desde entonces: el debilitamiento de las carreras de grado, a favor de las especializaciones de postgrado, en su mayor parte aranceladas.

En defensa de la Autonomía La autonomía universitaria es una conquista de la Reforma Universitaria de 1918, y se refiere

principalmente a la potestad de las instituciones universitarias de definir sus planes de estudio, sus propias formas de gobierno y funcionamiento, como así también a la garantía de que las fuerzas represivas estatales no pueden intervenir en su territorio. La LES violenta los principios constitucionales de Autonomía y Autarquía Universitaria, otorgando al Poder Ejecutivo potestades sobre los reglamentos internos y los planes de estudio (1). Respecto de los contenidos de la enseñanza, el art. 24 de la LES establece que el Ministerio de Educación verificará los planes de estudio dictados por las universidades para garantizar su adecuación a la ley. Este mecanismo lleva el nombre de acreditación. Las acreditaciones son llevadas adelante por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). En dicha comisión, las universidades públicas se encuentran sub-representadas, contando con sólo 3 representantes sobre 12. (2)

Por la Democratización Posteriormente a su implementación, lxs estudiantes profundizan su lucha haciendo más énfasis en el

problema de la democratización, un cuestionamiento general del sistema de gobierno universitario. De aquí en adelante la LES no será cuestionada únicamente por su avance sobre la autonomía universitaria, sino también por garantizar la toma de decisiones antidemocráticas (mayoría automática para una minoría de profesores).

Esta lucha por la democratización del gobierno universitario se extendió rápidamente, generando un nuevo proceso de lucha con tomas en gran número de facultades (Comahue, Universidad de Patagonia, La Plata, Rosario) durante la última década. El conflicto se cerró en general con promesas luego incumplidas o de bajo impacto, siendo la Universidad de Patagonia la única en donde se conquistó efectivamente la representación paritaria docente-estudiantil (igual cantidad de representantes).

La política educativa del gobierno nacional sólo se puede comprender en relación con su proyecto político y económico global. El kirchnerismo representa la recomposición de la legitimidad del sistema político y económico, puesta en entredicho durante los levantamientos populares de diciembre de 2001. Esas jornadas representaron el cierre de la etapa de gobiernos declaradamente neoliberales, a partir de masivas movilizaciones populares que expresaron en las calles un repudio a la miseria económica en la que estaba sumido el país, y al régimen institucional democrático que nos legó la dictadura y fue garante de esa miseria.

En este contexto, el kirchnerismo supo cumplir con el mandato histórico de relegitimar la democracia formal, neutralizar la movilización popular y gestionar la crisis sin discutir su relación con los pilares fundamentales del sistema capitalista. Demostrando ser la mejor expresión política de las clases dominantes para dar respuesta a la crisis en curso, desplegó una retórica anti-neoliberal y una serie de medidas económicas y políticas “progresistas” para legitimar su gestión y neutralizar diversas resistencias sociales sofocándolas en el interior del Estado.

En términos económicos, durante el periodo kirchnerista se produjo un sostenido crecimiento de la economía basado en el enorme ajuste que representó para lxs trabajadorxs la devaluación de 2002, pilar del nuevo modelo de desarrollo. El dólar más caro benefició a los sectores de la burguesía agraria y, en menor medida, a la burguesía industrial, así como al empresariado en general, por la baja en el salario real de lxs trabajadorxs y las ventajas en el mercado externo que ofrece la devaluación. Este modelo de desarrollo se articula con la profundización del modelo extractivista, que consiste fundamentalmente en la extracción y exportación de bienes primarios (minería, agricultura), bajo control de grandes monopolios nacionales y transnacionales, con altos costos socioambientales y fuerte subordinación al mercado internacional.

La “normalización” económica permitió una relativa recuperación de las condiciones materiales del pueblo trabajador post-devaluación, con la recuperación salarial de sectores de trabajadores en blanco y la disminución del desempleo acompañada por la expansión del trabajo en negro y del trabajo precarizado. Al mismo tiempo, políticas de asistencia social como la Asignación Universal por Hijo aumentaron la capacidad de consumo de lxs sectores más empobrecidos.

A la par de esta relativa recuperación económica, el gobierno ha intentado ganar el consenso activo de sectores de la población con una agenda de reformas de corte democrático (juicio a los genocidas, ley de matrimonio igualitario, ley de medios, etc). Sin embargo, la inflación ha degradado gran parte de la recuperación económica, y el gobierno, si bien se ha negado por el momento a una devaluación brusca, tal como exige la oposición de derecha, viene implementando una devaluación a cuentagotas, erosionando paulatinamente las condiciones de vida de la población y su base de apoyo social. La precarización laboral y la fragmentación de la clase trabajadora, y el incremento de la concentración y extranjerización de la economía, nos indica que el gobierno kirchnerista no representa un cambio estructural en el modelo económico y social, ni en las instituciones políticas del periodo anterior. Representa más bien un reacomodamiento ante la nueva coyuntura, intentando reformular el proyecto hegemónico de las clases dominantes. Luego de diez años en el gobierno, la continuidad del kirchnerismo más allá de 2015 es dudosa, por el estancamiento económico, la carencia de un candidato propio para suceder a Cristina y el surgimiento en el peronismo - y dentro del propio kirchnerismo - de un sector con fuerte apoyo de la dirigencia empresarial, sintetizado en la candidatura de Sergio Massa, que pregona y anticipa la reformulación por derecha del actual modelo de las clases dominantes.

Las medidas de mayor impacto tomadas

por el gobierno en relación con la producción

de conocimiento conciernen principalmente al área

de ciencia y tecnología. Entre las medidas tomadas se

destacan “la creación del Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación Productiva para impulsar

empresas de base tecnológica, promover la innovación

científica y abonar a la competitividad de los productos

locales”(1), el aumento del porcentaje del PBI dedicado a

ciencia y tecnología, el aumento de investigadores y

becarios y la repatriación de científicos, etc.

En el terreno de la educación superior, no

obstante, no se manifiesta el mismo tipo de intervención

del gobierno, que se limitó a tomar medidas parciales que

no rompen con las tendencias de las reformas

neoliberales. La principal mejora de la educación superior

en relación a la década neoliberal tiene que ver con el

incremento del presupuesto, debido fundamentalmente

al crecimiento del conjunto del PBI. Este incremento se

manifiesta sobre todo en los incrementos salariales a lxs

trabajadorxs de la universidad y en el aumento de las

becas. Por su parte, el autofinanciamiento de las

universidades para suplir los déficits del financiamiento

estatal no se ha revertido, constituyendo una parte

esencial (cerca del 40%) del financiamiento de las

universidades nacionales, manteniendo entonces la

tendencia del período neoliberal.

Al mismo tiempo que la LES menemista sigue vigente, se profundizó la vinculación de las universidades con el sector privado empresarial, la investigación es orientada en función de las necesidades de acumulación del capital a través de políticas focalizadas de evaluación e incentivo, y se ha consolidado la educación privada (uno de cada tres graduados proviene del sector privado).

Una de las razones para esta política podría deberse a que “el modelo político económico gubernamental no implica una calificación universitaria generalizada de la fuerza de trabajo, ni un acceso al nivel educativo superior de buena parte de los trabajadores y el pueblo” (2). La situación de la educación superior sólo mejoró en lo presupuestario, pero el rol de la universidad en la sociedad sigue siendo el mismo, la universidad sigue al servicio del mercado, mejor adaptada a los cambios ocurridos en el modelo de acumulación del capital.

En este sentido, cabe señalar algunos rasgos de esta etapa reciente que posibilitan caracterizarla tentativamente como de “impasse” en las políticas universitarias. En primer lugar, son innegables las huellas que las políticas de reforma han dejado en la configuración actual de la educación superior y que, a nuestro modo de ver, se expresan en cierta “cristalización” de los dispositivos de gobierno implantados por la LES, los cuales no solo ya han sido asumidos por las universidades (programa de incentivos, evaluación institucional y acreditación de postgrados) sino también reapropiados por distintos actores del sistema (investigadores, gestores universitarios y burocracia estatal) con finalidades e intereses no necesariamente coincidentes.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, el grado de naturalización de los “temas” y “cuestiones” que instalaron las reformas del sector, y la consolidación de un verdadero mercado profesional de especialistas, expertos e investigadores devenidos funcionarios o asesores surgido al calor de estas reformas, parece condicionar los márgenes para pensar una nueva agenda de política para el sector. No es casual que buena parte del debate político universitario gire más sobre acciones o medidas “correctivas” de los dispositivos implementados que en la definición de nuevos ejes orientadores de las políticas. (3)

1Sebastian Goméz, 2010.

2Ibid.

3Claudio Suasnabar, 2005.

La LES establece que serán acreditados los títulos de carreras cuyo ejercicio pueda comprometer el interés público. Durante 2010 los profesorados universitarios fueron declarados de interés público por el Ministerio de Educación, por lo cual deben someterse a los procesos de acreditación de la CoNEAU. Desde entonces, han iniciado procesos para acreditar profesorados de humanidades. Sin embargo, la estrategia del Estado para avanzar hacia las acreditaciones de los profesorados con el mayor consenso posible es anterior, y se remonta a la creación de Asociaciones Civiles que reúnen a los Decanos de Facultades según áreas disciplinares, para consensuar los criterios que luego utilizará la CoNEAU para las acreditaciones. En el caso de las Facultades de Humanidades, el organismo a cargo de esta tarea es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades y Enseñanza (ANFHE). Allí participan Decanos de todas las Facultades de Humanidades del país, sin participación ni consulta previa a las comunidades educativas implicadas, ni siquiera a los órganos de co-gobierno de cada Unidad Académica (Consejos Directivos). Desde su creación, el ANFHE ha discutido y construido acuerdos sobre la formación docente de las carreras, y los Decanos han establecido en los últimos años, sin discusión en la Facultades, los criterios con que CoNEAU evaluará y acreditará nuestros profesorados. Simultanea y complementariamente, la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación viene implementando un sistema focalizado de apoyo financiero orientado a los profesorados que serán acreditados. En el caso de los profesorados de humanidades, este programa se denomina “Proyecto de Apoyo a las Ciencias Humanas” (PROHUM). Entre los objetivos fundamentales de estos fondos, se encuentra el financiamiento de procesos de autoevaluación (relevamiento de datos de alumnxs y graduadxs); la discusión de los planes de estudio; proyectos de tutorías y mejoras de cargos docentes. Los procesos de autoevaluación están orientados a construir los informes y las condiciones requeridas para las acreditaciones. El próximo PROHUM, que el ANFHE y la SPU preveen destinar a nuestras carreras, será vinculante a los procesos de acreditación de nuestros profesorados. Este mecanismo de financiamiento direccionado desde el Estado, viola la autarquía universitaria e implica una distribución discrecional del presupuesto a las

En Marzo de 2009 el kirchnerismo presentó un nuevo proyecto de Ley de Educación Superior, cuya última versión es de Mayo de 2011. Si bien hay algunos aspectos progresivos en esta nueva ley, mantiene el espíritu mercantilista de la vieja LES, el avance sobre la autonomía y un gobierno universitario antidemocrático. Los cambios que pueden considerarse progresivos son:el establecimiento de la gratuidad de la educación pública superior; y la definición del acceso a la educación superior como un derecho que el Estado debe garantizar, en lugar de un servicio.

La LeNES sostiene la misma política de regulación de los títulos por el Estado, estableciendo acreditaciones y evaluaciones periódicas. El organismo que reemplaza a la CONEAU para garantizar dichos procesos es la CENAEES, donde sólo 2 miembros pertenecen a universidades nacionales, 3 responden a sectores privados y la mayoría responden al poder político. A su vez, los criterios para la acreditación y la nómina de las carreras las dicta la CNES, con la potestad de definir las áreas prioritarias del conocimiento y las reformas curriculares en todo el sistema, que sólo tiene un miembro específico de las universidades nacionales, en igualdad de representación con las universidades privadas.

Por otro lado, en lo que refiere al gobierno universitario, la LeNES mantiene “que el claustro docente tenga la mayor representación relativa de la totalidad de sus miembros”, negando la posibilidad de un gobierno realmente democrático entre los distintos claustros. Además, avanza en la reglamentación Centros de Estudiantes y Federaciones, estableciendo un único sistema electoral, la agremiación automática, la unicidad de la FUA y el voto obligatorio, lo cual constituye un avance sobre la autonomía a la organización gremial de lxs estudiantes.

En lo que refiere a las dos reivindicaciones más importantes en la lucha en contra de la LES el texto se mantiene invariable, garantizando un gobierno universitario antidemocrático y las estructuras necesarias para direccionar la producción de conocimiento hacia intereses privados y ajenos a cualquier horizonte emancipatorio.

Universidades; al tiempo que constituye un factor extorsivo para que las Facultades se sometan a las acreditaciones: Ante el déficit presupuestario, las Facultades cubren baches con estos fondos (como la mejora en la dedicación de los cargos docentes), mientras quedan atadas a las acreditaciones a CoNEAU, sin evaluar ni debatir ampliamente sus alcances y consecuencias. El Decanato de la FFyH participa desde 2008 en las reuniones del ANFHE. No existe ningún informe institucional sobre su participación en este organismo, más allá de la que consta en las actas de las reuniones de la Asociación. La mayor parte de la comunidad de nuestra Facultad desconoce su existencia, y nunca hubo consulta acerca de la participación de la Facultad en este organismo, ni sobre las posiciones que el Decanato lleva a estas reuniones. Desde 2008 hay una deliberada política de desinformación (hasta 2010 no publicaron actas de las reuniones), pero la inminencia de estos procesos en nuestras carreras han obligado a transparentar los vínculos existentes entre el ANFHE, los fondos PROHUM y la CONEAU. En palabras de la propia asociación, las facultades que participan de la ANFHE “están abocadas entre otros temas [al] proceso de autoevaluación y futura acreditación de los profesorados”. La ANFHE propone aumentar las horas de formación general, formación pedagógica y práctica docente de los profesorados. El aumento en la formación general y pedagógica va acompañado de una disminución de las horas de formación disciplinar específica. La tendencia general de las carreras a nivel nacional, en particular mediante las acreditaciones, es hacia la reducción de la formación específica, favoreciendo el postgrado, que en su mayoría es arancelado. Así el Estado promueve el autofinanciamiento de las Universidades, y reduce su participación en el financiamiento de la Educación Superior. A este ajuste paulatino y progresivo sobre la Educación, se le superpone, en el caso de nuestros profesorados, el proyecto de carreras altamente pedagogizadas bajo el control burocrático y académico de especialistas en Ciencias de la Educación. No se trata tan sólo de un problema “disciplinar”, de una disputa entre campos de investigación o camarillas docentes. La mirada histórica en la formación pedagógica de nuestros profesorados, a cargo de Escuelas y Departamentos de Ciencias de la Educación en todo el país, es escasa, acrítica y evolutiva: la historia de la Educación vendría a ser un recorrido por las sucesivas “reformas educativas” de los sucesivos gobiernos, empezando por Sarmiento y terminando en las milagrosas leyes educativas del kirchnerismo. Por lo general, la producción teórica de los “módulos pedagógicos” está completamente desligada del campo disciplinar específico - bajo el supuesto de una “didáctica general”. Durante décadas la práctica docente de carreras tan dispares como Letras, Historia, Filosofía, Psicología, Física y Matemática estuvieron bajo la órbita

de una única cátedra. A la par, el rol docente es concebido como el de un técnico de la educación. La mirada no es la del trabajador docente, sino la de la burocracia de la planificación educativa. Esto hace que nuestra formación docente nos ofrezca hoy escasas herramientas críticas y una mirada muy estrecha y adaptacionista sobre el sistema educativo y nuestro rol profesional. La ampliación de la formación general y pedagógica, así orientada, es un intento por subordinar la formación docente a las directivas de la burocracia estatal y el modelo educativo en curso, que tiene en las Escuelas de Ciencias de la Educación su más importante usina ideológica. Ante este escenario, debemos disponernos a dar un debate abierto y genuino sobre la orientación de nuestros profesorados. Debemos imaginar y ensayar modelos alternativos de la formación docente, que integren fuertemente la formación pedagógica a la práctica docente y la especificidad disciplinar, en lugar de fragmentarlo. Hay que incorporar temáticas vedadas en la actual formación pedagógica que son relevantes para el desempeño docente: la formación en prácticas y contextos de educación no formal; el abordaje de la legislación laboral del trabajo docente; las luchas gremiales de lxs trabajadorxs de la educación; entre otras. Es necesario nutrirnos de visiones más abarcativas y críticas sobre el sistema educativo, en su relación con el Estado y la Sociedad Civil, y problematizar las relaciones político-pedagógicas entre docentes y estudiantes. En consonancia con lo demás, es preciso instaurar en los propios claustros universitarios nuevas prácticas de enseñanza e investigación, en las que lxs estudiantes podamos adquirir un rol protagónico y crítico, donde la cooperación y la construcción colectiva de conocimiento, reemplace el mérito, la competencia individual y el academicismo ascéptico, prefigurando otra educación posible para otra sociedad. Para debatir modelos alternativos y avanzar en estas direcciones, es imprescindible el categórico rechazo de las acreditaciones de nuestros profesorados ante CoNEAU. Rechazar las acreditaciones es defender nuestro derecho a ser artífices de nuestra propia educación, debatiendo y construyendo con el resto de la comunidad educativa nuestros planes de estudio. Por último, estamos convencidxs de que, para vincular a la Universidad con los intereses del pueblo trabajador, es necesario que no se cierre sobre sí misma y se abra, pero no a los lineamientos del gobierno de turno, sino a la discusión y la construcción colectiva con los sectores organizados y en lucha del pueblo. Si debemos defender la autonomía universitaria hoy no es para reproducir el alejamiento de la Universidad de los intereses de las mayorías populares, sino para la integración horizontal y por abajo de las diferentes luchas que se libran en el país y la región en defensa de la Educación Pública y Gratuita, y por una sociedad sin explotadxs ni oprimidxs.