REVISTA ALASRU Análisis Latinoamericano del Medio Rural … · 2016. 2. 4. · REVISTA ALASRU Análisis Latinoamericano del Medio Rural nueva época no.10, octubre 2014 Dirección

REVISTA ALASRUAnálisis Latinoamericano del Medio Rural

nueva época no.10, octubre 2014

REVISTA ALASRUAnálisis Latinoamericano del Medio Rural

nueva época no.10, octubre 2014

Dirección

Blanca Aurora Rubio VegaUniversidad Nacional Autónoma de México, México

Editor

César Adrián Ramírez MirandaUniversidad Autónoma Chapingo, México

Comité Editorial

Dra. Silvia CloquellUniversidad Nacional de Rosario, Argentina

Dra. Luisa Paré OuelletUniversidad Nacional Autónoma de México, México

Dra. Ana Esther Ceceña MartorellaUniversidad Nacional Autónoma de México, México

Dra. Beatriz de la Tejera HernándezUniversidad Autónoma Chapingo, México

Dra. Cristina Steffen RiedemannUniversidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México

Carlos Cortez RuizUniversidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México

Dr. Miguel Ángel Sámano RenteríaUniversidad Autónoma Chapingo, México

Dr. Hermilo Navarro GarzaColegio de Postgraduados, México

ALASRUAnálisis Latinoamericano del Medio Rural

• Revista de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural• Publicación periódica con arbitraje• Los artículos expresan las opiniones de sus autores y no necesariamente

representan el punto de vista de la asociación o de la uach

Comité Consultivo

Argentina. Gabriela Martínez Dougnac.Bolivia. Ivonne Farah.Brasil. Leonilde Medeiros.Colombia. Darío Fajardo.Chile. José Bengoa.Ecuador. Francisco Hidalgo.México. Armando Bartra.Perú. Fernando Eguren.Uruguay. Diego Piñeiro.Francia. Kostas Vergopoulos, Thierry Linck.

Coordinación del número 10:

Corrección de estilo: César Adrián Ramírez MirandaFormación: Fidel Romero PoncePortada:

CONTENIDO

Editorial. Blanca Rubio Vega y César Adrián Ramírez Miranda 7

Campesinos del tercer milenio: aproximaciones a una quimeraArmando Bartra

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La crisis alimentaria y financiera mundialKostas Vergopoulos

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A reapropriação social da natureza e a reinvenção dos territó-rios: uma perspectiva latinoamericanaCarlos Walter Porto-Goncalves

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¿Fin del desarrollo rural?José Bengoa

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Corredores migratorios y cambios en los medios de vida rurales en América Central Abelardo Morales

107

¿Resurge la renta de la tierra? La revalorización de los bienes agropecuarios y su impacto en América Latina.Blanca Rubio

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La tenencia de la tierra y sus problemas en América Latina y el CaribeSergio Gómez

147

Estructura agraria, pequeña producción y gobiernos progre-sistas en Uruguay Alberto Riella

169

Producción familiar y agronegocios: dos modelos en conflicto Diego Piñeiro y Joaquín Cardellaic

187

Ampliación de fronteras agrícolas en Argentina: Interrela-ciones entre el capital concentrado y la producción familiarMónica Bendini

207

Disputas, acaparamiento y despojo de tierras en la Argentina: “no es la soja, es el capitalismo…”Gabriela Martínez Dougnac

231

La transición hacia la producción de agrocombustibles en dos regiones de Colombia: el sur occidente del Caribe y la Orinoquia Darío Fajardo

257

Patrones migratorios en contextos de ruralidad y margina-ción en el campo mexicano, 2000-2010: Cambios y conti-nuidades Xóchitl Bada y Jonathan Fox

277

Las disputas por la apropiación del agua. ¿En el umbral de una globalidad excluyente?Luisa Paré

297

El reto de la sociología rural latinoamericana hoy: produ-cir conocimiento situado Isaías Tobasura

317

Los estudios rurales en Cuba. Reflexiones sobre la estruc-tura social y los cambios en la agenda de investigaciónMaría Arias y Arisbel Leyva

339

Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural en América Latina Armando Sánchez

359

La consulta: práctica ancestral de participación de los pueblos y toma de decisiónRamona Margarita Domingo Díaz

381

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Editorial

IX Congreso de ALASRU: América Latina nuevamente a debate

A la memoria de Arturo León Lópezinfatigable educador y estudioso

del campo y sus complejidades

Este décimo número de la Revista ALASRU incluye un conjunto impor-tante de las conferencias magistrales y las ponencias de las mesas redondas correspondientes al IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, rea-lizado en la Ciudad de México del 6 al 10 de octubre de 2014 bajo la temáti-ca: Sociedades rurales latinoamericanas, diversidades, contrastes y alternati-vas. Como ha constituido una tradición desde el VII Congreso celebrado en Quito Ecuador, la Asociación presenta a sus socios y a la comunidad cientí-fica en general, al inicio del Congreso, en un número especial de la revista, las ponencias de los conferencistas magistrales y los panelistas invitados.

El IX Congreso de ALASRU confirma la vitalidad de la Asociación y el dinamismo de la academia vinculada a los acuciantes problemas del campo latinoamericano. Ello se refleja en la afluencia masiva a los veintidós grupos de trabajo en los que discurrirá la actividad del congreso, así como en la gran diversidad de ángulos desde los que se intenta documentar y explicar las vertiginosas transformaciones del espacio rural latinoamericano.

Con el objeto de establecer referentes comunes para enriquecer la discu-sión en los grupos de trabajo, los organizadores del congreso convocaron a reconocidos especialistas a dialogar en seis mesas redondas que constituyen el núcleo duro de la reflexión de este congreso, misma que estuvo apuntalada por la contribución de cuatro conferencistas magistrales de señalada trayec-toria en los estudios rurales.

Las mesas redondas se enfocaron a bordar sobre preocupaciones comu-nes al amplio espacio rural latinoamericano: Ambiente y sociedad: la disputa por los recursos naturales, es una mesa que da cuenta de la centralidad del problema ambiental a escala planetaria y de las diversas manifestaciones de la lucha por la apropiación de los recursos naturales ya no sólo por el agro-negocio monocultivador, sino por el gran capital volcado a los usos más ren-tables del espacio rural. Frente a ello, la mesa Las alternativas al desarrollo. Desigualdad, pobreza y migración en el agro latinoamericano, indica que las

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viejas asignaturas que lastran a la sociedad rural siguen sin resolverse y. más aún asumen nuevas expresiones que obligan al reconocimiento de su diná-mica y sus causas profundas. Y como ALASRU se asume como un espacio que se debe a los hombres y mujeres del campo, un componente central de su reflexión está dado en la mesa Los movimientos sociales y las alternativas desde el campo latinoamericano, en la que la voz corresponde justo a las organizaciones que resisten y buscan transformar su realidad.

La centralidad de la cuestión alimentaria y la persistencia de la agri-cultura familiar y campesina, explican el interés por convocar a dos mesas estrechamente relacionadas: Agricultura familiar frente a los agronegocios, da cuenta de una disputa no sólo por los recursos y las políticas públicas, sino por la hegemonía de la visión sobre el campo que se requiere en América Latina. Por otra parte, Crisis y soberanía alimentaria, implica subrayar la economía política de las transformaciones que tienen lugar desde la Pata-gonia hasta el Río Bravo atendiendo a la necesidad de nuestros países de resolver la elevada dependencia alimentaria en que han caído en las décadas recientes.

La mesa redonda Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural latinoamericana, busca alimentar la búsqueda de los encuadres más perti-nentes para reconocer una problemática tan compleja, diversa y dinámica como la abordada en los grupos de trabajo, mesas redondas y conferencias magistrales de este IX Congreso.

En suma, los artículos de este número dan cuenta claramente de la com-pleja situación que atraviesa el mundo rural latinoamericano. En el contexto de la crisis capitalista y alimentaria se destacan temas como el neocampesi-nismo oficial impulsado por la FAO y el Banco Mundial; la apabullante pre-sión del capital sobre la tierra y los recursos naturales de los campesinos; la complejización de las migraciones rurales; el achicamiento de la agricultura familiar, pero también su resistencia y persistencia. También se destacan los movimientos surgidos a lo largo y ancho de la región en contra del despojo y por la integración productiva de los campesinos, así como los debates y discusiones que han florecido en esta época de cambios. Desde esta pers-pectiva, este número de la revista es reflejo fiel de la convulsa época en que vivimos. De manera que un lector que la revise veinte años después podrá contar con un testimonio analítico de la transición capitalista en el mundo rural latinoamericano. Y con ello, del enorme sufrimiento de los despojados y la lucha y el coraje con que defienden su apego ancestral al terruño y a su modo de vida.

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La estructura de este número responde a un orden expositivo que dis-curre de lo general a lo particular y remata sobre aspectos generales de or-den teórico y metodológico. De entrada se presentan tres conferencias ma-gistrales, seguidas de un conjunto de ponencias de las mesas redondas que abordan temas generales latinoamericanos; a continuación se presentan las contribuciones que analizan problemáticas referidas a los distintos países, y finalmente se presentan tres ponencias en las que se discute sobre las orien-taciones y métodos de los estudios agrarios y sociales sobre el mundo rural.

La voz colectiva de ALASRU se expresa en este número mediante las aportaciones de reconocidos colegas de Brasil, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Costa Rica y México. Polifonía que se enriquece con las contribuciones de académicos de Francia y Estados Unidos para configurar un texto de gran interés y trascendencia.

En la conferencia inaugural del IX Congreso, intitulada Campesinos del tercer milenio: aproximaciones a una quimera, Armando Bartra analiza la crisis alimentaria desde un punto de vista crítico, como parte de la crisis capitalista y civilizatoria que atraviesa el mundo. Señala que, a diferencia de enfoques a los que caracteriza como circulacionistas, la crisis es esencial-mente productiva y expresa el agotamiento del modo capitalista de producir, dañando los recursos naturales y el ambiente, y que el declive de los rendi-mientos y una demanda al alza han llevado a una crisis epocal de enormes dimensiones. Aborda también el neocampesinismo oficial que ocurre en el entorno de la expansión del capital sobre los recursos naturales la cual ha desatado una lucha abigarrada, amplia y plural por la defensa del territorio. Bartra destaca la necesidad de unir la lucha defensiva contra el despojo del capital con la lucha de los labriegos por integrarse como productores y cul-mina el artículo con una visión esperanzadora, expresada en el acercamiento que tuvo lugar entre estos movimientos en la reunión celebrada en Atenco, Estado de México, en agosto del 2014, como respuesta a la reforma ener-gética de Enrique Peña Nieto que amenaza la propiedad social de la tierra.

La conferencia magistral de Kostas Vergopoulos, titulada La crisis finan-ciera y alimentaria mundial, aborda el vínculo entre la crisis alimentaria y la crisis capitalista y financiera actual. Señala que el sistema alimentario mun-dial está agotado y por ello, el capitalismo requiere de la presencia de sectores no capitalistas como los campesinos que producen generando el ahorro de la ganancia y la renta de la tierra. Señala que la razón por la cual el Banco Mundial y la FAO están impulsando programas de seguridad alimentaria centrados en la economía campesina, radica en la necesidad de superar la

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contracción de los mercados alimentarios, ocasionada por la mundialización y la financiarización, con el fin de reducir los costos y los precios. Los cam-pesinos, dice Vergopoulos, son hoy necesarios al capitalismo y la pobreza campesina lejos de ser una rémora del pasado es hoy una ventaja competitiva para el capital, aunque esto no necesariamente beneficie a los campesinos.

Carlos Walter Porto-Goncalves, contribuye con la conferencia magis-tral, A reapropiacao social da natureza e a reinvecao dos territorios: una perspectiva latinoamericana, en la que parte de una crítica a la racionali-dad eurocéntrica y al desarrollo sostenible para abordar el nexo sociedad-naturaleza como un vínculo político y no técnico, donde lo importante es la reapropiación social de la naturaleza. Señala que el tránsito de la lucha por la tierra a la lucha por el territorio implica un concepto más amplio, que incluye la cuestión ambiental, en donde la tríada territorio-territorialidades-territorialización constituye una cuestión política de primer orden. Subraya la necesidad de construir una agenda política con un rico patrimonio natural y cultural, nutrido por los movimientos de los campesindios por la defensa y recuperación de sus territorios para reinventar nuestra existencia.

Jose Bengoa en su contribución intitulada ¿Fin del desarrollo rural? ana-liza, con su bella prosa, las transformaciones ocurridas en América Latina en los últimos doce años. El predominio de lo indígena sobre lo campesino, manifiesto en la lucha por la defensa de los territorios; la separación entre vida rural y producción agrícola que ha llevado a la formación de un amplio contingente del mercado laboral formado de manera predominante por mu-jeres temporeras; los cambios en la migración definitiva hacia una de ida y vuelta; transformaciones que en su conjunto muestran el fin del desarrollo rural. A través de un panorama de imágenes rurales -por las cuales constata que los campesinos se han convertido en indígenas, que lo agrícola corres-ponde a las grandes empresas y que el imaginario apunta ahora hacia el buen vivir, el bienestar y la preservación del mundo ancestral sobre los cantos de sirena del progreso- Bengoa llama a abandonar el concepto de desarrollo ru-ral, en tanto ha dejado de ser útil para entender la realidad latinoamericana.

En el artículo de Abelardo Morales Gamboa titulado Corredores migra-torios y cambios en los medios de vida rurales en América Central, el autor vincula la migración con las transformaciones estructurales que han ocurrido en Centroamérica, principalmente en la etapa neoliberal y en el período de la crisis actual. Señala que las comunidades dejaron de ser rentables al capital por lo que ahora la posesión de la tierra constituye un obstáculo para el avan-ce de las empresas en su necesidad de tierra y recursos naturales. Asimismo,

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analiza los efectos de la crisis cafetalera ocurrida a fines de los noventa y principios de los dos mil, la cual, al coincidir con la crisis capitalista ha ge-nerado fuertes procesos de pauperización en el campo centroamericano que han llevado en algunos lugares a la desciudadanización de la población, en tanto “la pérdida de un estado de integración del individuo”. Sin embargo, la población rural no ha desaparecido, sino que ha generado procesos de resistencia para persistir en el campo, entre ellos la utilización de las remesas para alentar la producción de alimentos básicos.

En su artículo ¿Resurge la renta de la tierra? La revalorización de los bie-nes agropecuarios y su impacto en América Latina, Blanca Rubio propone retomar el concepto de renta de la tierra para analizar las transformaciones ocurridas en América Latina a raíz del aumento estructural en los precios de los bienes agropecuarios. Señala que la renta de la tierra ha estado ligada a la presencia de los campesinos, pues ésta ha constituido una vía para erradicar la renta al abaratar los alimentos básicos. Sin embargo, en la actual transi-ción, el aumento en los costos de los insumos y el dominio de las empresas transnacionales que imponen precios internos devaluados, ha impedido que la renta de la tierra se imponga en la producción de bienes básicos, por lo que los campesinos no constituyen una vía para atemperar la renta de la tierra. Esta, en cambio ha florecido en los bienes para exportación como la soya o los comodines para agrocombustibles, por lo que el capital de diversos ramos se ha orientado a comprar tierras y sembrar cultivos con el fin de captar la renta de la tierra y la renta financiera. Este proceso ha generado el despojo de la tierra y los recursos naturales de las unidades campesinas a la vez que ha golpeado la soberanía alimentaria en la región.

Sergio Gómez en su artículo La tenencia de la tierra y sus problemas en América Latina y el Caribe, presenta los resultados obtenidos en dos investigaciones de la FAO en las que participó, sobre el problema del acapa-ramiento de tierras y la concentración y extranjerización de la tierra. Vincula los procesos mencionados de manera causal a las crisis capitalista, energética y alimentaria y propone una tipología para clasificar el nivel de la concentra-ción en los distintos países de la región. Concluye que el proceso de acapa-ramiento de tierras presenta, en relación a los años sesenta, niveles más altos y formas distintas, además de su impacto en la exclusión social y el deterioro del ambiente; y que en América Latina ocurre un mayor dinamismo en el acaparamiento de tierras en relación a otras regiones del mundo; una porosi-dad interregional de capitales y una menor presencia de estados extranjeros como inversionistas.

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En Estructura agraria, pequeña producción y gobiernos progresistas en Uruguay, Alberto Riella relata con gran claridad las transformaciones que han ocurrido en el agro uruguayo en los años recientes, tomando como refe-rencia la estructura agraria del país desde principios del siglo XX. Va siguien-do las transformaciones en la tenencia de la tierra y el lugar que ha ocupado la agricultura familiar, que en ese país es aquella menor a 100 hectáreas. Señala que durante el neoliberalismo se impulsaron cambios legislativos en la Ley Agraria, que tuvieron poco efecto en la estructura agraria debido a los bajos precios que imperaban, pero llevaron a un empobrecimiento de la producción familiar. A partir del aumento de los precios en el presente siglo, en cambio, se ha desatado un fuerte proceso de concentración y extranjeri-zación de la tierra, que ha traído consigo la disminución de la unidad fami-liar, la cual alcanza los mismos números que a principios del siglo XX. Sin embargo, aunque se ha reducido su participación en la estructura agraria no se ha profundizado la pobreza, debido a las políticas que han impulsado los gobiernos de izquierda. Dichos gobiernos en cambio, no han podido detener la concentración y extranjerización de la tierra, debido al poder que detentan las organizaciones empresariales en el país. El mérito del artículo consiste en desentrañar los matices de las transformaciones, lo cual proporciona una visión muy rica sobre el agro uruguayo.

Diego Piñeiro y Joaquín Cardeillac, en Producción familiar y agronego-cios: dos modelos en conflicto, abordan la interrelación entre la producción familiar y los agronegocios que ocurre en el siglo actual. Definen con preci-sión los conceptos de agricultura familiar (distinto de campesinos) y agrone-gocios. A partir de ahí constatan que, mientras de 1908 a 1960 la agricultura familiar tendió a crecer, de 1960 al 2000 se reduce de manera moderada pero del 2000 al 2011 cae fuertemente. Este proceso se encuentra estrechamente relacionado con el desempeño de los agronegocios, que han incidido en la reducción de la agricultura familiar, el aumento en el precio de la tierra y la concentración de la propiedad; también en las presiones ambientales con bienes como la soya y la producción forestal y el crecimiento del merca-do de trabajo que ha encarecido el salario. Asimismo influyen procesos que responden al funcionamiento interno de la agricultura familiar como los problemas sucesorios “que inducen al reparto de la herencia antes que a la preservación del patrimonio” y la insatisfacción de las necesidades básicas.

En Ampliación de fronteras agrícolas en Argentina. Interrelaciones en-tre el capital concentrado y la producción familiar, Mónica Bendini muestra el impacto de los agronegocios sobre la producción familiar en zonas mar-

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ginales de frontera. Analiza formas de presión territorial del capital sobre la agricultura familiar, procesos de control de las cadenas agrícolas sobre la producción y el trabajo, así como procesos de acumulación por despojo con expulsión de campesinos e indígenas. El resultado –propone- es un mundo agrario que se achica pero a la vez resiste y se reproduce. Se trata de fenóme-nos de expansión y profundización del dominio del capital con campesini-zación y asalarización, inclusión y persistencia. Procesos que no desarraigan totalmente a los campesinos pero a la vez no logran una plena subsunción del capital sobre el trabajo.

Disputas, acaparamiento y despojo de tierras en la Argentina: “no es la soja, es el capitalismo…” lleva por título el artículo de Gabriela Martínez Dougnac, en el que aborda desde una perspectiva histórica el proceso de acaparamiento y extranjerización de la tierra, así como las consecuencias en el despojo y la descampesinización en el agro argentino. Señala cómo el cultivo de la soja ha encarnado y comandado las tendencias capitalis-tas en la región a partir de los años noventa, y documenta que la respuesta del gobierno a la crisis del 2001, mediante la devaluación de la moneda, profundizó claramente el proceso de centralización capitalista, el impulso de los agronegocios y la entrada de capital extranjero en la inversión tanto productiva como especulativa, con lo cual el despojo y la desestructuración de la agricultura familiar y aún de los pequeños y medianos empresarios se vio fortalecido. La autora ilustra también los procesos de despojo y con ellos los conflictos por la tierra más representativos y concluye que este fenómeno profundiza la desigualdad, la injusticia y frena la construcción de una trama social solidaria y democrática.

Darío Fajardo en La transición hacia la producción de agrocombustibles en la Orinoquia: el piedemonte y la altillanura, analiza las transformaciones de los sistemas agrícolas en Colombia a partir de 1950, tomando como eje los efectos de las políticas y del dominio territorial de las grandes empresas sobre las comunidades indígenas, en el contexto de la siembra de estupefacientes. Como resultado de estos procesos, aborda los conflictos por la tierra y el des-plazamiento, marginación y explotación de las poblaciones indígenas. Ana-liza los casos de las regiones representativas de la agricultura de plantación para la exportación: Urabá y la Orinoquia colombiana, así como los vínculos entre el narcotráfico, los latifundios aceiteros y el Gobierno, cuya asociación ha convertido la tierra y los recursos de las comunidades en un puro negocio.

En Patrones migratorios en contextos de ruralidad y marginación en el campo mexicano, 2000-2010. Cambios y continuidades, Xóchtil Bada y

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Jonathan Fox realizan un análisis exhaustivo que relaciona los índices de in-tensidad migratoria con la marginalidad en el campo mexicano en el ámbito municipal que les permite alcanzar conclusiones novedosas. Por un lado, los índices de intensidad migratoria han crecido en una tercera parte de los municipios rurales, pero por otro, más de la mitad de la población rural aún vive con bajos grados de dependencia de la migración internacional. Ello desmistifica la idea de que la migración ha sido la salida principal para la mayoría de la población rural más pobre. Concluyen también que, a pesar del aumento en la migración, la población rural ha crecido en términos ab-solutos. Estas y otras conclusiones, constituyen elementos muy valiosos para repensar la cuestión migratoria en el campo mexicano.

Luisa Paré en La disputas por la apropiación del agua. ¿En el umbral de una globalidad excluyente? analiza los conflictos que surgen del proyecto de construcción de una represa e hidroeléctrica en la Cuenca del río Antigua para resolver el problema de “escasez” de agua en la ciudad de Jalapa, México. Señala en primer término, que el problema de la carencia de agua corres-ponde en mayor medida a problemas de orden administrativo y de gestión que a escasez del recurso. En este contexto, señala que el impulso de este proyecto apoyado por los gobiernos estatal y municipal, apunta más hacia favorecer a determinado grupo de inversionistas que a resolver un problema real. Aborda la emergencia de un movimiento y organización que se opone a la construcción de la represa, Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres, que inició como una lucha de resistencia local y que ha logrado sumar distintos actores, hasta lograr que la empresa brasileña encargada de la obra se retire, pero, como dice la autora, el campamento sigue. Analiza de donde viene la fuerza de este movimiento como parte de una lucha amplia contra el embate del capital sobre los recursos naturales.

La contribución de Isaías Tobasura Acuña lleva por título El reto de la sociología rural latinoamericana hoy: producir conocimiento situado. Plan-tea que la sociología rural ha estado influenciada por un conocimiento ajeno a la realidad de América Latina, con un sesgo eurocéntrico y señala que es necesario que se impulse conocimiento situado, logrando marcos de refe-rencia propios que superen el colonialismo intelectual. Aborda las visiones literarias sobre el campo con el fin de proponer nuevas miradas y formas de conocimiento de la realidad rural, y propone conceptos tomados de las ciencias naturales o de otras disciplinas, tales como metabolismo social. Su-braya que de nuevo los movimientos campesinos están en la cresta de la ola, pero ya no luchan por la tierra sino por los derechos humanos, la defensa del

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territorio, los recursos naturales y el medio ambiente. Concluye con un lla-mado a construir categorías propias que den cuenta de nuestros problemas, para lograr una identidad propia de la sociología de la región.

María de los Ángeles Arias y Arisbel Leyva contribuyen con Los estu-dios rurales en Cuba: Reflexiones sobre la estructura social y los cambios en la agenda de investigación, artículo en el que abordan las transformaciones en los estudios rurales en Cuba, en su relación con los cambios en las políti-cas estatales hacia el campo y sus efectos en el medio rural. Inician el estudio en la etapa anterior a la revolución, para abordar después la primera etapa posrevolucionaria, cuyos estudios estuvieron centrados en la evaluación de la Reforma Agraria. A partir de los años ochenta, los efectos del bloqueo y el derrumbe del socialismo este-europeo, trajeron cambios significativos en la política estatal como la apertura del mercado libre agropecuario en 1994, lo cual llevó a estudios empíricos para conocer el impacto de esta reforma. En la etapa actual han emergido nuevos ejes temáticos con problemas referidos a sí los nuevos actores son o no campesinos, si existen o no procesos de recampesinización, y la pluriactividad como estrategia familiar o individual. Cobran importancia temas como la agroecología, la revalorización del terri-torio, el enfoque de género, las desigualdades socioespaciales, la pobreza, la juventud y el envejecimiento.

Finalmente, Armando Sánchez, en Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural en América Latina, cuestiona la influencia eurocentrista en los estudios sociales en América Latina y resalta la necesidad de emplear un paradigma alternativo que se aleje de las interpretaciones dualistas y sea capaz de interpretar desde una perspectiva crítica la realidad de la región. Bajo este marco realiza una revisión de las principales orientaciones teóricas y metodológicas sobre los problemas rurales en los ámbitos de la política, la cultura, la sociedad y la economía. Discute los conceptos de democracia y ciudadanía en el campo, así como el debate entre homogeneidad global y diferencia pluricultural. Asimismo somete el concepto de desarrollo a una fuerte crítica y propone un paradigma alternativo que no desecha el cono-cimiento científico sino su utilización hegemónica. Propone el desarrollo li-mitado y sus versiones: desarrollo sustentable, agroecología, economía verde y ecosociología. Realiza una crítica al concepto de Nueva Ruralidad, a la vez que retoma la discusión sobre las nuevas tecnologías como los transgénicos y el papel de los movimientos sociales en dicho debate.

Al concluir estas líneas, a pocos días de iniciar los trabajos del IX Con-greso de ALASRU, en una Ciudad de México pletórica de expresiones cul-

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turales y centro neurálgico de un país que ve más amenazada que nunca su soberanía, estamos seguros que las reflexiones y aportaciones aquí com-pendiadas alimentarán el pensamiento y la acción de quienes mantienen su compromiso con los hombres y las mujeres del campo latinoamericano.

Blanca Rubio VegaCésar Adrián Ramírez Miranda

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Campesinos del tercer milenio: aproximaciones a una quimera1

Armando Bartra2

ResumenLa vigencia práctica, teórica y utópica de los campesinos se argumenta a la luz de la crisis agrícola que demanda su aporte alimentario así como de los movimientos que protagonizan, concluyendo que tanto en términos econó-micos como sociales los pequeños productores rurales y sus comunidades son un paradigma alternativo.

Palabras clave: campesinos, capitalismo, crisis, movimiento social

Peasants in the third millennium: approximations to a chimera

AbstractThis article argues the practical, theoretical and utopian force of peasants in the light of the agricultural crisis that demands their food contribution and the movements they represent, concluding in both economic and social terms, small farmers and their communities constitutes an alternative para-digm.

Keywords: peasants, capitalism, crisis, social movement.

Al alba del tercer milenio…Son cerca de tres mil millones de personas ocupadas directamente en la agricultura que con su trabajo familiar producen más del 70% de lo que comemos. Son las sociedades rurales nucleadas en torno a estos agricultores. Son los campesinos.

Contra el olvido, la subestimación y el desprecio, y pese los reiterados pronósticos que sobre su desvanecimiento hicieron los voceros de la mo-dernidad, los campesinos están de vuelta. De hecho no se habían ido, pero

1 Conferencia Inaugural del IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU). Ciudad de México, octubre de 2014.2 Universidad Autónoma Metropolitana–Xochimilco, México. [email protected]

Armando Bartra

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su presencia es hoy más patente y estentórea que nunca. Y están de regreso tanto en el terreno de las ideas como de bulto. Hay, pues, sólidas razones para reanimar el debate sobre la naturaleza y perspectivas del campesinado en el capitalismo y el poscapitalismo. La primera es que, al alba del tercer milenio nos desayunamos con una Gran Crisis y para tratar de remediarla necesi-tamos de los labriegos. Así, las más diversas voces han señalado que sin los pequeños y medianos productores rurales no será posible superar los retos ambientales, alimentarios y energéticos, sociales y culturales que enfrenta la humanidad. La segunda es que en el mismo lapso los campesinos están reapareciendo como protagonistas de movimientos multitudinarios y como impulsores de mudanzas económicas y sociales de gran envergadura. Una razón es económica, la otra política. Empezaré por la primera.

Crisis alimentaria: los campesinos como actor económicoEl llamado a repensar el papel de la pequeña y mediana producción agro-pecuaria no proviene sólo de los campesinistas, que nunca dejamos de ma-chacar sobre el tema. Inesperadamente, después de la crisis alimentaria que tuvo su cúspide en 2007-2008 y aun no remite, lo retoma uno de los mayores promotores globales de la descampesinización: el Banco Mundial (BM), que en su multicitado reporte de 2008 sostiene:

“El ajuste estructural desmanteló un elaborado sistema de agencias públicas que proveía a los campesinos con acceso a la tierra, al crédito, a los seguros, a los insumos y a las formas cooperativas de producción. La expectativa de que estas funciones serían retomadas por agentes privados no ocurrió. Mercados incompletos y vacíos institucionales impusieron costos enormes, un crecimiento que se frustró y pérdidas en bienestar para los pequeños productores, amenazando su compe-titividad y en muchos casos su sobrevivencia (...) Es necesario volver a colocar a este sector (la agricultura) en el centro del programa de desarrollo” (Banco Mundial, 2008).

Y hay que hacerlo, dice el Banco, entre otras cosas porque de los 5 500 mi-llones de habitantes de los países en desarrollo, 3 mil millones viven en el campo, es decir media humanidad es rural. “De modo que se requiere una revolución de la productividad de los pequeños establecimientos agrícolas” (Banco Mundial, 2008). De inmediato se definen en el mismo sentido el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su reunión de primavera de 2008; la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimenta-

Campesinos del tercer milenio: aproximaciones a una quimera

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ción (FAO), en su informe de septiembre de 2008 y en su estrategia global denominada Hambre Cero; y, para nuestro subcontinente, la Comisión Eco-nómica para América Latina (CEPAL), en su informe de abril de 2008.

En esta coyuntura muchos países que atenidos a las importaciones dis-ponibles y baratas habían debilitado premeditadamente la agricultura de mercado interno, reorientan su política rural en la perspectiva de reactivar la pequeña y mediana producción alimentaria. Entre ellos economías socialis-tas, como la cubana, que por el camino del monocultivo cañero-azucarero y el estatismo agropecuario, había caído en una severa dependencia.

A la apuesta por la economía campesina se adhieren también redes y asociaciones como La Vía Campesina y la Federación Internacional de Mo-vimientos de Agricultura Orgánica, así como numerosas agrupaciones de productores familiares, todos los cuales convergieron durante 2014 en impul-sar el Año Internacional de la Agricultura Familiar. Francois Thabuis, pre-sidente de una organización francesa de Jóvenes Agricultores, formula con claridad la idea fuerza que los une: “La agricultura familiar es la agricultura del futuro, la elección de los hombres y las mujeres que trabajan la tierra y contribuyen a la recuperación productiva del medio rural” (AIAF, 2014: 20).

Sin embargo pronto se hace evidente que el neocampesinismo de los organismos multilaterales era sólo proclama y que la respuesta dominante a la crisis alimentaria no es tanto el reforzamiento consistente de la pequeña y mediana producción agropecuaria, como la expansión aun mayor del modelo rural empresarial. Expansión que en un primer momento toma la forma de una inédita ofensiva del gran dinero y algunos gobiernos sobre las tierras potencialmente rentables para el capital y por tanto sobre las comunidades que las habitan.

Así en el arranque del tercer milenio presenciamos un acrecentado pro-ceso global de acaparamiento, concentración, financiarización y extranjeri-zación del suelo que está asociado con la expansión de la minería, las urba-nizaciones, las represas, las carreteras, el gran turismo y otros negocios pero donde el hambre de tierras para siembra es el apetito más voraz.

Desde 2007 la crisis agrícola hizo evidente que -en un contexto de cose-chas erráticas por el cambio climático- la expansión de la demanda alimen-taria, forrajera y de biocombustibles no podía ser satisfecha por el modelo agroalimentario prevaleciente. Y así, un ámbito que por décadas había sido comparativamente poco atractivo para el capital, devino promisoria fuente de ganancias y sobre todo de rentas. Arrancó entonces una rebatiña planeta-ria por la tierra; carrera de ratas alentada por organismos multilaterales como

Armando Bartra

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el Banco Mundial, en la que participan con igual entusiasmo gobiernos, em-presas y fondos de inversión. Entre 2006 y 2010 la extensión de tierras com-pradas cada año se triplicó hasta llegar a 10 millones de hectáreas3, pero para Oxfam (2013) el trasiego es aún mayor, pues dicha agencia calcula que entre 2001 y 2010 fueron adquiridas o rentadas por los grandes compradores nada menos que 227 millones de hectáreas.

Una parte de los grandes compradores son gobiernos a los que mueven urgencias territoriales de diferente orden. A unos los motiva la insuficiente disponibilidad nacional de tierra y agua respecto de la demanda alimentaria de su población, tal es el caso de los gobiernos de Corea del Sur, India, Egip-to, Emiratos Árabes y Arabia Saudita; este último país es un inmejorable ejemplo de este tipo de incentivo pues importa el 96 % de sus alimentos. Otros encabezan países con economías expansivas y abundancia de recursos financieros de inversión, que buscan extender su influencia económica, sus redes de abasto de materias primas y sus mercados. Tal es el caso de China, que es básicamente autosuficiente en alimentos pero incursiona territorial-mente en África, Asia y América Latina, continentes donde ha comprado grandes extensiones de tierra, aunque también adquiere petróleo y materias primas varias; además de que canaliza créditos, financia y realiza obras de in-fraestructura, establece agroindustrias, vende maquinaria y equipo, trasfiere conocimiento tecnológico… Por si fuera poco, el país más poblado del mun-do exporta contingentes de sus propios ciudadanos (Chouquer, 2012: 16-19).

Lo he argumentado en otras partes (Bartra 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2013, 2014): la Gran Crisis no es un problema de sobreproducción, como sí lo es su dimensión económica, la cuestión de fondo en la debacle epocal que nos agobia es la insuficiencia de los bienes y recursos disponibles respecto de necesidades y demandas crecientes. Astringencia resultado de la expansión económica a toda costa que caracteriza al capitalismo y del carácter destruc-tivo de muchas de las presuntas fuerzas productivas que este sistema incubó.

El cambio climático ocasiona pérdidas agrícolas, reducción de las cose-chas, especulación con el hambre y acaparamiento global de tierras, aguas y climas adecuados para expandir la agricultura. El progresivo agotamiento de los combustibles fósiles aumenta su costo económico, el impacto ambiental de su extracción -dramatizado por el fracking- y la carrera por energías al-ternativas frecuentemente insostenibles como los agrocombustibles. La cre-

3 Ver The Race for Land. Afrikagrupperna, Forum Syd, Swedish Cooperative Centre, Estocolmo, 2012, p. 12.


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ciente demanda de minerales favorece prácticas excepcionalmente destruc-toras como la minería tóxica a tajo abierto. La expansión de las ciudades y de los desarrollos turísticos se expresa en batallas por los terrenos susceptibles de urbanización y en expropiación de sus poseedores originales…

Entre otros apetitos destructivos, el hambre de tierras ha hecho de nue-vo presa del gran dinero. Cerrado el capítulo del colonialismo clásico, el capital fue perdiendo interés en una agricultura cuya operación contrastaba con la del resto de la economía; un sector de la producción perverso donde el agronegocio -aún si expansivo y concentrador- coexistía con la pequeña y mediana producción campesina, y donde el mercado de tierras, crédito, insumos, y productos era más o menos intervenido por algunos gobiernos. Hoy esto ha cambiado: el gran capital trasnacional se está volcando en el campo y muchos gobiernos pasaron de regular la producción a promover la venta de tierras a los inversionistas extranjeros. Un indicador: entre 1989 y 1991 la inversión extranjera directa en agricultura fue de apenas 600 millones de dólares, mientras que entre 2005 y 2007 fue de 3 mil millones (UNCTAD, 2009).

“La compra de tierras es claramente uno de los mayores negocios de la economía global”, sostiene Charlotte Castan (citada por Chouquer, 2012: 30). Y la misma autora menciona que entre 2001 y 2011 se firmaron 2012 contratos de compraventa de tierra por un total de 228 millones de hectáreas. La nueva ofensiva territorial sólo encuentra paralelo en la que acompañó la expansión inicial del comercio sobre todo el planeta. Si en los orígenes del mercantilismo se formaban sociedades por acciones para incursionar en los territorios de ultramar, como la que llevó el descriptivo nombre de Misterio y Compañía de los Comerciantes Aventureros, para el descubrimiento de re-giones, dominios, islas y lugares desconocidos (Huberman, s.f.:90), y años después corporaciones como la Compagnie Francaise du Congo tenía 4 millo-nes 300 mil hectáreas en las colonias y la Caoutchoucs el Produits de la Lobac, contaba con más de 3 millones, hoy la norcoreana Daewo Logistics tiene un millón 300 mil en Madagascar, la Global Green Energy, casi un millón en ese mismo país además de en Mali y Guinea, mientras que China, compró dos millones 800 mil en la República Democrática del Congo (Chouquer, 2012:12). Y todavía “algunos dicen que el colonialismo es cosa del pasado”, escribe en un reporte de 2008 el grupo GRAIN, que ha estudiado bien estos asuntos.

Muchos factores la condicionan pero el disparador de la renovada avidez capitalista por las tierras de la periferia es el alza fluctuante pero tendencial-

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mente sostenida de los alimentos -encarecimiento que se hace evidente a partir 2007- y la crisis agrícola que hay detrás. Fenómenos que señalan el fin del prolongado espejismo de la Revolución Verde, un modelo tecnológico que por unos años y acompañado de fuertes subsidios, había incrementado los rendimientos y la producción de granos. Saldo de esta renovación técnica y económica fue que -salvo algunos ciclos de escasez y alza de precios en la década de los setenta- los precios de los cereales y las leguminosas disminu-yeron de manera sostenida hasta el arranque del nuevo milenio, cuando el agotamiento de los suelos, el cambio climático que la agricultura intensiva ayudó a generar y la dependencia de los hidrocarburos causada por el abuso en el empleo de energía y agroquímicos, frenaron y finalmente revirtieron la anterior tendencia a la elevación de los rendimientos. Esto se combinó explosivamente con una demanda ascendente de alimentos resultante del incremento de la población mundial pero también de los crecientes reque-rimientos de los países que en nombre de las “ventajas comparativas” había desalentado la producción interna y renunciado a la autosuficiencia, por la demanda de forrajes ocasionada por el cambio de dieta de pueblos como los de China, India e Indonesia, que incrementaron su ingesta de carne y leche, y finalmente por la demanda de agrocombustibles derivada del agotamien-to del petróleo fácil y barato. Procesos que condujeron a circunstanciales coyunturas de escasez de ciertos granos, real astringencia que el oligopolio de las graneleras y los fondos de inversión que especulan en bolsa con los alimentos, tornaron explosiva.

El resultado fue que un sector que ya era sistemáticamente saqueado desde el segundo piso por corporaciones productoras de insumos como Monsanto, por graneleras como Cargill y por agroindustrializadoras como Nestlé, devino enormemente atractivo para las inversiones directas en la producción primaria y en las tierras y aguas que son su sustento.

El mundo económico se ha dado cuenta de las altas ganancias que pueden obtenerse en la agricultura -sostiene Castan- y las compañías están explorando nuevos métodos económicos y financieros, inspira-dos en los de otros sectores de la economía global. El resultado es que la agricultura se ha incorporado al modelo liberal dominante (Cho-queur, 2012:30).

El neoxpansionismo territorial capitalista del tercer milenio es distinto del de otros tiempos. Hoy lo que importa es el control de la producción, y los procedimientos para lograrlo incluyen -aunque no siempre- la adquisición


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de tierras pero también la financiarización de la agricultura. El fenómeno coincide con el estallido de la burbuja especulativa en 2008 y el ulterior des-pliegue de una crisis recesiva global, que hizo más atractivo para el capital fi-nanciero un sector como el agropecuario que, pese a la volubilidad del clima del que depende, resulta comparativamente estable dado que se sostiene en una demanda poco flexible a la baja, como lo es la de los alimentos, y buena parte del ingreso que genera son rentas seguras pues están fincadas en la pro-piedad territorial. Ejemplos de control financiero del negocio agrícola son los pools de siembra imperantes en Argentina y otros países sudamericanos, en los que el inversionista trabaja con un socio encargado de la producción, que a veces tampoco es dueño de las tierras sino que las renta. De manera semejante operan Adecoagro -de Georges Soros-, Los Grobo, El Tejar, y otros.

La escasez relativa de recursos y productos aumenta sus precios y con ellos las utilidades de quienes los poseen monopólicamente y, en el caso de los segundos, de quienes los cosechan, procesan, comercializan o especulan con su rareza. Y cuando se trata de recursos naturales no renovables y de sus derivados inmediatos, estas utilidades extraordinarias se fijan en forma de renta.

Hay que reiterar aquí que, a diferencia de las ganancias que provienen de la inversión, las rentas se originan en la apropiación de bienes natura-les escasos que por el sólo hecho de serlo generan ingresos de monopolio. Bienes privatizados que, además, son de diversas calidades y rendimientos económicos, por lo que generan rentas diferenciales. Estas rentas no salen de la tierra, de la mina o del espectro electromagnético, salen del fondo co-mún del capital global y son un sobrelucro obtenido a costa del resto de los empresarios. Utilidad extraordinaria que permite a los rentistas contrarrestar la tendencia decreciente de las ganancias y, sobre todo, la volatilidad de los mercados, factores que afectan negativamente a los capitales marginados del monopolio sobre los recursos naturales -o financieros- y por tanto obligados a competir.

Así las cosas, rentista, especulativo, parasitario y predador son los términos que definen al capitalismo de la Gran Crisis.

En el campo progresista uno de los saldos de la escasez y revalorización de los recursos naturales es la regresión de una parte del pensamiento eco-nómico antisistémico a posturas que asemejan las de los fisiócratas franceses del siglo XVIII, pues así como aquellos consideraban que sólo la agricultura crea riqueza y que esa plusvalía es un don que mana de la fertilidad natural

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de la tierra, así los neofisiócratas del XXI explican la acumulación de capital por el saqueo de los recursos y la explotación de las potencialidades intrínse-cas de la naturaleza. Madre natura produce, el hombre sólo extrae y transfor-ma, parecen decir siguiendo a Quesnay y sobre todo a Turgot:

Lo que (la naturaleza) da es el resultado físico de la fertilidad del suelo (…) El trabajo del agricultor produce más allá de sus necesidades (…), sobrante que la naturaleza le ofrece como puro regalo por encima del salario de su esfuerzo (…) El labrador recoge, además de su sustento, una riqueza independiente y disponible (Turgot, 1977: 331, 332).

No el valor trabajo sino el valor fertilidad, es la clave de la moderna eco-nomía, sostienen los franceses seguidores de Quesnay, por oposición a los ingleses encabezados por Smith y Ricardo. Y algo parecido sugieren los con-ceptos usuales de algunos de los críticos contemporáneos del capitalismo. La fórmula acumulación por desposesión da a entender que se forma capital al apropiarse de los bienes naturales; la palabra extractivismo remite a un modelo de acumulación sostenido en el saqueo de recursos dados; los térmi-nos primario exportadora empleados para calificar a las economías periféricas, supone que en ellas la acumulación proviene principalmente de actividades como la minería y la agricultura sustentadas en la fertilidad de la tierra y las riquezas del subsuelo.

El sesgo neofisiocrático de este discurso lo confirma la casi total ausencia de referencias a la teoría de valor-trabajo y a la explotación laboral como clave última de la acumulación de capital. Y de la misma manera el pachama-mismo -explícito o subyacente- se emparenta con el culto a un orden natural que los fisiócratas consideraban eterno, inmutable y de origen divino. “Hay, entonces, un orden natural y esencial al cual están sujetas las convenciones sociales (…) La sumisión exacta y general a este orden es la condición única (…) de todas las ventajas que la sociedad puede procurarse”, escribe Pierre Samuel Dupont de Nemours (Dupont, 1977: 318).

Sin duda la subestimación de la naturaleza, reducida por el capitalismo urbano industrial y sus apologistas a un reservorio de recursos incondicio-nalmente disponibles, explica la regresión del discurso anticapitalista a un pensamiento económico como el de los fisiócratas, ciertamente moderno pero que representaba a los agricultores y absolutizaba al cultivo de la tierra como actividad productiva. El riesgo que hay en esto es que el ambienta-lismo devenga un puro naturalismo, cuando a mi entender debiera ser un nuevo humanismo.


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Al criticar a Thomas Pikertty y su libro Capital in the Twenty first Cen-tury, por atender más a la distribución que a la producción, como fuentes de desigualdad, Waciek Kismewski cuestiona la “misteriosa desaparición del trabajo en la formación del capital del siglo XXI” (Kismewski, 2014), sesgo que aplica para las teorías de los circulacionistas, pero también para las de los neofisiócratas extractivistas.

Otra regresión circulacionista en el pensamiento crítico es la de quienes absolutizan la dimensión financiero especulativa de la debacle agrícola y, sin negar del todo la convergencia de otros factores, los reducen a la condición de escenografía. El problema con estos enfoques es que ubican las raíces del estrangulamiento alimentario en un rasgo propio de la fase del capitalismo llamada neoliberal, lapso definido por el dominio distorsionante de un capi-tal financiero que ciertamente es especulativo. Y ahí está quizá su disparador inmediato pero, siendo indudable que la bursatilización de los granos, la ma-nipulación del mercado por las grandes graneleras y las compras de futuros de los fondos de inversión enconaron la crisis alimentaria, a mi juicio la clave del asunto no se ubica en la distribución de las cosechas y la circulación del capital que lucra con ellas, sino en la naturaleza capitalista de la producción y el consumo alimentarios. Lo que incluye la predadora racionalidad empresa-rial del sector dominante de los agricultores pero también, y de manera muy destacada, el modelo tecnológico con el que se cultiva la tierra y las perversas dinámicas del consumo, tanto el final como el productivo.

Debemos agradecerle a la crisis de escasez, especulación y precios altos, y a su cauda de hambrunas, que hayan puesto en evidencia la insostenibilidad de la agricultura industrial. Como insostenible en el ámbito del consumo es el uso crecientemente no alimentario de una gran parte de las cosechas. Y, sí –nadie lo niega– sobre estas irracionalidades estructurales básicas lucran los monopolios agroalimentarios y los capitales especulativos, añadiendo irra-cionalidad a la irracionalidad.

Pero es, eso: un añadido. La crisis alimentaria forma parte de la debacle civilizatoria porque el antagonismo sistémico que en ella se manifiesta remi-te no solo a los monopolios y la especulación dominantes en los ámbitos de la distribución y la circulación y agudizados en los últimos treinta años, sino también y sobre todo a los seculares y a la larga insostenibles paradigmas de producción y consumo propios de la modernidad capitalista; un orden preda-dor de la sociedad y la naturaleza cuyas contradicciones son estructurales pero se agudizan por el predominio de la especulación financiera propio de la fase neoliberal. Así lo veo yo y así lo ven la mayor parte de los ecologistas

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radicales y anticapitalistas que, sin dejar de criticar al sistema por la injusta distribución de la riqueza le cuestionan ante todo el modelo productivo y la forma de consumir.

Algunos no están de acuerdo. En El dominio del hambre. Crisis de hegemonía y de alimentos, un libro de Blanca Rubio publicado en 2014, la autora identifica tres interpretaciones de la crisis alimentaria cuyos sostenedores se ubican den-tro del campo progresista: la multicausal que encuentra los factores explicati-vos en la producción, el consumo y el sistema financiero (Olivier De Schutter, relator de la ONU para el derecho a la alimentación); la que sitúa sus raíces en el monopolio agroalimentario (la red global llamada La Vía Campesina); y la que ella sostiene, que ubica las causas en “la estrategia financiera que impulsó Estados Unidos a partir de los años noventa” (Rubio, 2014: 195). Le recuerdo a Blanca que, si se trata de clasificar posturas, hay una cuarta posición que yo sostuve por primera vez en un foro de 2008 sobre la crisis alimentaria –en el que, por cierto, compartí mesa con ella–t y que después he desarrollado en diversas publicaciones (Bartra, 2008, 2009a, 2009b, 2010, 2013, 2014), enfoque explicativo cuyo argumento es que el fondo de la debacle multidimensional está en el modo de producir y de consumir propio del capitalismo, infausta práctica que nos ha llevado a una generalizada crisis de escasez manifiesta en el enrarecimiento de los factores naturales y sociales que hacen posible la vida.

Postura, esta, sin duda diferente de la que sostiene Blanca, quién en el libro mencionado afirma expresamente que “La crisis alimentaria no cons-tituye el resultado del funcionamiento económico del sistema, sino que es producto de una estrategia de dominio” (Rubio, 2014:195).

Y la autora va más lejos al argumentar que “la crisis alimentaria no es una crisis capitalista propiamente dicha (pues) no alude a una caída en la cuota de ganancia”, de modo que sólo transige en llamarla “crisis alimentaria” porque la fórmula es de uso común y para “no generar confusiones”. Lo que indica que la divergencia que tengo con Blanca es mayor, pues aquí la economista identifica “crisis capitalista” con recesión, un estrangulamiento por sobrepro-ducción que ciertamente reduce las ganancias del capital, mientras quienes sostenemos que la crisis alimentaria es parte de la “crisis general del capita-lismo” nos referimos no sólo a una cíclica y transitoria contracción econó-mica sino al progresivo y terminal estrangulamiento del sistema en todas sus dimensiones. Contra lo que piensa Blanca de que “no se trata por tanto de una crisis productiva” (p. 194), sostenemos que se trata de la mayor crisis pro-ductiva posible: aquella por la que un sistema se muestra tendencialmente incapaz de alimentar, arropar y cobijar a las personas que lo padecen.


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Ubicar las causas últimas de las crisis del hambre en el monopolio agroa-limentario, como lo hace La Vía Campesina, o en la estrategia financiera estadounidense, como lo hace Blanca Rubio, es parcial, impreciso y a mi juicio configura una desviación circulacionista. El verdadero quid del asunto es otro y lo formulé en un texto de 2013 que ahora cito:

“La diferencia de fondo entre quienes enfatizan la especulación como núcleo de la crisis alimentaria y quienes para explicarla subrayamos la tendencia al deterioro de las premisas agroecológicas de la producción y a la escasez, está en que ellos siguen el razonamiento canónico según el cual en el capitalismo las fuerzas productivas encarnan la virtud y el pecado radica nada más en las relaciones de producción y distribu-ción, mientras que para nosotros el sistema ha pervertido también a las fuerzas productivas que se volvieron destructivas” (Bartra, 2013: 26).

En un predicamento global que no se agota en los infames monopolios agroalimentarios y las nefastas estrategias financieras estadounidenses sino que incumbe a las irracionalidades básicas del sistema mundo, se multiplican las reflexiones colectivas sobre los campesinos y su posible papel en el mane-jo de la crisis alimentaria. Daré aquí cuenta de una que tuvo lugar hace muy poco en el marco de un debate iniciado por el Foro Mundial de Alternativas (FMA) que impulsan entre otros Samir Amin y Francois Houtart, respecto del destino de las agriculturas y las poblaciones del campo en Asia, América Latina y África, encuentro cuyo primer episodio tuvo lugar en Beijing, Chi-na, en octubre de 2010, y el segundo en La Paz, Bolivia, los días 22 al 24 de octubre de 2013. Los participantes, representantes de organizaciones socia-les y productivas, miembros de organismos civiles, académicos, funcionarios públicos y legisladores, formulamos el siguiente llamamiento a los pueblos y gobiernos de nuestro continente, que me parece pertinente transcribir en extenso pues expone ideas con las que comulgo desde hace mucho y que en el mencionado Foro ayudé, con otros muchos, a formular:

Carta de La Paz a los pueblos de América Latina América Latina, el Caribe y el mundo enfrentan un reto de enormes proporciones, una crisis que incluye entre otras dos dimensiones fun-damentales: el dramático deterioro ambiental y la profunda debacle alimentaria. Estamos en una encrucijada de orden civilizatorio ante la que sólo se abren dos caminos: el de un acaparamiento, concentración y extranjerización de las tierras de los campesinos, de los indígenas originarios y de los afrodescendientes sólo comparable con la que se

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dio durante la Colonia, para operar en los nuevos latifundios minería tóxica con tajos a cielo abierto, grandes presas que destruyen cuencas y una agricultura extractiva, rentista y especulativa, vía que profundiza la crisis; y el que mediante el fortalecimiento del mundo campesino-in-dígena y de la agricultura que practican sus hombres y mujeres, tanto la comunitaria de los ayllus y otras figuras ancestrales, como la familiar y la cooperativa, detiene el deterioro ambiental y la crisis alimentaria a través de aprovechamientos sostenibles, diversificados y respetuosos de la naturaleza.La disyuntiva es civilizatoria y supone definiciones globales y estraté-gicas. Al respecto nuestra opción es clara: entre el agro-negocio y la agri-cultura nos adherimos al paradigma que inspira a las comunida-des indígenas originarias, afrodescendientes y campesinas; El problema del hambre, que agravia a más de 800 millones de perso-nas, nos concierne a todos: quienes producen y consumen alimentos y quienes sólo los consumen, razón por la cual demanda estrategias integrales de planeación rural y urbana. Pero ante todo es necesario que las comunidades, las regiones, los países y la humanidad entera recuperen la soberanía alimentaria cedida a las trasnacionales. Y para recuperarla no podemos apostar por un agronegocio al que sólo mue-ven las ganancias que reportan la agroexportación y el monocultivo; un modelo tecnológicamente predador, socialmente injusto y ambien-talmente insostenible que con su abuso de los agrotóxicos envenena a la naturaleza, a los productores y a los consumidores; una economía especulativa que lucra con el hambre. Sin ser excluyente, pues cuando se trata de los alimentos nadie está de más, la opción más promisoria y estratégica es la pequeña y mediana producción; una agricultura que pese al abandono, desgaste y agresiones a los que ha sido sometida, sigue alimentando a gran parte del mundo con productos no sólo sa-nos sino también identitarios, es decir representativos de la diversidad sociocultural. Pero la pequeña y mediana agricultura no podrá potenciarse y alimen-tar a una población mundial creciente si se le siguen quitando tierras y aguas a los campesinos, las comunidades indígenas originarias y los afrodescendientes. Despojo que se intensificó en las últimas décadas y que en los años recientes devino carrera vertiginosa por repartirse el mundo, barriendo con quienes lo habitan y lo mantienen vivo. Es necesario, es urgente, detener y revertir este proceso restituyendo las


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tierras y territorios que les fueron arrebatados a los indígenas, cam-pesinos y afrodescendientes, incluyendo especialmente en este acto de justicia a las mujeres, cuyos derechos generales y agrarios han sido históricamente ignorados por el patriarcalismo ancestral aun impe-rante. Y este rediseño de la tenencia de la tierra habrá que lograrlo no mediante bancos de tierras o entrega condicionada y a cuentagotas de parcelas familiares, sino a través de verdaderas reformas agrarias: mudanzas profundas que permitan restaurar la relación originaria de las comunidades con sus ámbitos territoriales, rota de antiguo por un sistema privatizador y anti campesino. Defender y potenciar la buena agricultura que practican las mujeres y los hombres del campo pasa por cambiar los patrones actuales de te-nencia de la tierra y por reconocer los sistemas políticos de los pueblos indígenas originarios. Pero no puede quedarse en esto, pues está visto que en un entorno económico desfavorable y sin recursos para culti-varlas y vivir dignamente de ellas, los campesinos abandonan o ena-jenan sus parcelas. Es necesario entonces que los gobiernos se com-prometan con políticas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer al agronegocio y hacer dependientes a los campesinos fomentando el uso de agrotóxicos y de semillas transgéni-cas, sino adecuadas a sus necesidades, usos, y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, inves-tigación tecnológica, entre otros bienes y servicios Políticas y acciones que no deben diseñarse e implementarse desde arriba sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan. (Foro Mundial de Alternativas, 2013).

Las resistencias: los campesinos como sujeto socialLa segunda razón para recalar de nuevo en el debate sobre la condición campesina tiene que ver con la antigua y a la vez renovada presencia política y social de los hombres y mujeres del campo, los que en tiempos de una nueva ruralidad que presuntamente los diluye como actor social, se hacen sin embargo presentes, tanto en procesos nacionales como los latinoamericanos de Brasil, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Colombia, Honduras y México donde las organizaciones campesinas e indígenas son protagonistas signifi-cativos; como en el escenario global, donde destacan algunas convergencias multitudinarias como La Vía Campesina; red fundada en 1992 y que hoy

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agrupa alrededor de 150 organizaciones, en 160 países y con millones de afi-liados (La Vía Campesina, 2009), y también redes multinacionales de agri-cultura familiar como la Coordinadora de Productores de Agricultura Fami-liar del Mercosur, en nuestro continente, y en Asía y África la Asociación de Agricultores de Asia y la Organización Pan-africana de Agricultores.

Con banderas inéditas que tienen que ver ya no sólo con la tierra y la producción agropecuaria, sino también con los llamados territorios, con la naturaleza y con el género, e impulsando un sorprendente internacionalismo que los pone al día en la mundialización, la ancestral resistencia de los rús-ticos se renueva y actualiza sugiriendo que los campesinos no son cosa del pasado sino también del presente y del futuro.

Aun si discrepamos en el diagnóstico, todos los críticos progresistas coin-cidimos en que en el marco de la crisis alimentaria se disparó la expoliación capitalista. Por fortuna del mismo tamaño que el despojo es la oposición que despierta. La resistencia a la rapiña territorial capitalista es hoy un fenóme-no global, transclasista y multiétnico que se intensifica entre los pobres de la periferia y en particular entre las poblaciones originarias con quienes los saqueadores se ensañan. Según el Atlas de Justicia Ambiental, que para fines de 2014 había capturado información sobre cerca de 2000 conflictos territo-riales en todo el mundo, alrededor del 40% de estos involucran poblaciones indígenas y entre el 15 y el 20% han tenido éxito en interrumpir los proyectos agresivos, lo que constituye un porcentaje alentador.4 Sin embargo el costo ha sido alto: un informe de la organización Global Witness, que se ocupa únicamente de acciones en defensa de la naturaleza, obtuvo datos verifica-bles sobre cerca de un millar de ambientalistas muertos por causa de su lucha de mediados de 2013 a mediados de 2014.5

En el continente americano las resistencias a la neoterritorialización del capital se han multiplicado en los últimos tres lustros haciendo de la defen-sa de bienes comunes: naturales, socioeconómicos y culturales una de las vertientes más concurridas del conflicto social del siglo XXI. En Chile la etnia mapuche mantiene su ancestral lucha por el territorio ahora mordi-do también por grandes empresas mineras; en Argentina los pobladores de Neuquén se oponen a la técnica del fracking que emplea ahí la Chevron; en Tolima, Colombia, se batalla contra la Anglo Gould Ashanti; fracasado el pro-yecto de que se compensara a Ecuador por no extraer petróleo en el bloque

4 Ver www.ejatlas.org.5 Ver http://www.globalwitness.org/deadlyenvironment/


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ITT del Parque Nacional Yasuní, el gobierno ha decidido autorizar su ex-plotación, medida a la que se oponen organizaciones indígenas y ambienta-listas; en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), en la amazonia boliviana, comunidades y ecologistas rechazan la carretera Villa Turani-San Ignacio de Moxos; en Cajamarca, Perú, se combate contra la empresa Yanacocha; en Nicaragua, se resiste al proyecto de un nuevo canal transístmico; en el estado brasileño de Pará los ecologistas y defensores de derechos humanos se oponen a la construcción de la presa Belo Monte sobre el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo y pondría en riesgo la existencia de pueblos indígenas de la zona como los kayapó, arara, jurtu-na, araweté, xikrin, ariní y parakañá; en Brasil, Argentina y otros países del Cono Sur, hay un movimiento contra el proyecto de interconexión del Ama-zonas, el Orinoco, el La Plata y otra docena de ríos, y así (Martínez Alier, 2013ª y 2013b). Atendiendo a una sola amenaza, la que representa la minería, a fines de 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, hizo un recuento de los conflictos que genera, según el cual los países con mayor incidencia son Perú y Chile, cada uno con 33 confrontaciones de la población con las empresas del ramo, y Argentina y México, con 26 casos cada uno (González, 2013).

Es este un trajín contestatario continental que por su composición ma-yormente rústica da fe de que en nuestra América colonizada y clasista uno de los sujetos sociales más tenaces y persistentes es el que resulta de la fusión de lo indígena y lo campesino; una bifronte entidad societaria en que se entreveran el derecho a la tierra que se gana con el trabajo y el derecho a la tierra que otorga la ocupación ancestral.

En México ocurre lo mismo, aunque acrecentado por ser uno de los po-cos países del subcontinente cuyos gobiernos siguen aferrados al integrismo neoliberal. La última vuelta de tuerca de las políticas expropiatorias, que en este país como en otros se desataron hace poco más de treinta años, es el despojo generalizado del patrimonio social, comunitario y familiar de los mexicanos.

En lo tocante al campo el ciclo neoliberal empezó con la reforma de 1992 al artículo 27 de la Constitución, y por esos mismos años se reformó la Ley minera, que desde entonces concede a la actividad extractiva prioridad sobre cualquier otra. Dos décadas después, el ciclo está culminando con la reforma energética por la que las actividades asociadas con el petróleo y la electrici-dad tienen prioridad sobre cualesquiera otras. Lo que falta ahora es incorpo-rar a las leyes y procedimientos agrarios los cambios necesarios para que se

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facilite aún más el tránsito de la propiedad ejidal colectiva al pleno dominio individual privado. Porque la reforma constitucional de 1991, orientada a que las tierras de propiedad social pudieran titularse y venderse, no provocó ni con mucho la privatización masiva de ejidos y comunidades que unos temía-mos y otros esperaban. Al contrario en 2013 existen 31 893 núcleos agrarios, 1 910 más de los registrados en 1991, y entre los censos disponibles, que son los de 1991 y 2007, el número de ejidatarios y comuneros no disminuyó sino que aumentó, de modo que después de treinta años de neoliberalismo hay en México 5 millones de campesinos: 3.8 millones de ejidatarios, 600 mil comuneros y 1.6 millones de pequeños propietarios (Gordillo, 2014). Y esto es lo que la “reforma estructural” faltante, que es la dirigida a desamortizar el campo, tratará de corregir.

En el campo la expoliación tiene muchos filos. El territorial cuando se arrebata a las comunidades la posesión sobre los lugares donde habitan y trabajan para franquearle el paso a minas, presas, carreteras, ductos, urba-nizaciones, desarrollos turísticos... El hídrico cuando se les roba el agua y su manejo. El biológico cuando se las excluye de áreas de valor ambiental y de su cuidado. El genómico cuando se les quita el control de sus simientes y se las contamina con transgénicos. El productivo cuando se desposee a los cam-pesinos de sus recursos y capacidades agrícolas para entregárselas al agro-negocio. El mercantil cuando las trasnacionales y los grandes comerciantes dominan e imponen sus términos en todos los ámbitos. El cultural cuando se mercantiliza su identidad usurpando significados y valores. El comunicativo cuando se les impide acceder a los medios electrónicos. El político cuando se les niega el derecho a gobernar en sus jurisdicciones. El delincuencial cuando los carteles del narco ocupan y mandan en los ámbitos rurales.

Estas vertientes del despojo tienen historia pero ahora todo indica que la anunciada reforma del campo es la cereza del pastel, pues se presume que busca arrebatar a ejidos y comunidades la propiedad social de la tierra, derecho ancestral por el que hace un siglo dieron la vida un millón de mexicanos.

La multiforme expoliación a la que están sometidos los campesinos es alarmante. Sin embargo la amenaza mayor, la más siniestra, es que pretenden despojarlos del futuro, quitarles a las nuevas generaciones rurales toda espe-ranza de encontrar en el agro una vida mejor.

Tierra, agua, vida, simiente, producción, mercado, voz, identidad, auto-nomía, seguridad, propiedad social, esperanza… Van por todo. Por fortuna muchos pueblos se alzan frente al despojo. En los últimos lustros se han ido tejiendo redes de resistencia en las diferentes vertientes de la agresión:


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contra la minería tóxica, contra las grandes represas, contra las afectaciones ambientales, contra el fracking, contra la privatización del agua, contra los transgénicos, contra los megaproyectos…

Veamos algunos ejemplos emblemáticos de resistencia territorial, ante tres tipos distintos de amenaza: minas, represas y narcotráfico.

Wirikuta, en San Luís Potosí, es un territorio de enorme valor simbólico para los huicholes que está amenazado desde 2009 por empresas mineras trasnacionales. “Queremos defender este lugar sagrado -manifestó uno de sus chamanes que había peregrinado al Cerro del Quemado- que no se sa-que el corazón y la sangre de Wirikuta, porque está vivo. Si lo hicieran, el pueblo wixárika desaparecería” (citado en Barett, 2012).

Todos preservamos el orden cósmico de a poquito con los pequeños ri-tos privados y sociales de los que está empedrada la cotidianidad, pero los wixárica asumen la compartida responsabilidad cósmica de manera excep-cionalmente entusiasta, generosa y colectiva, además de periódica, ritual y estetizada. Así, las peregrinaciones que treinta maraákate o jicareros reali-zan todos los años al cerro sagrado de Wirikuta, donde a través de visiones propiciadas por el largo viaje, el ayuno y el hicuri o peyote, recrean el mundo de la luz, son eventos que de algún modo nos incumben a todos, por muy agnósticos que algunos seamos.

Pero la peregrinación anual de los chamanes huicholes está en riesgo y por ende también peligra la armonía cósmica. Grandes partes del Desierto del Amanecer, que por decreto estatal es Área Natural Protegida, que se lo considera Área de Importancia para la Preservación de las Aves, que desde 1988 fue incorporado por la Unesco a la Red Mundial de Lugares Sagrados Naturales y que desde 2004 está en lista de espera para ser reconocido como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, fueron cedidas en 2009 por el presidente Felipe Calderón a la minera First Majestic Silver, que tiene 22 concesiones que abarcan 6 327 hectáreas, y a la Revolution Resources, cuyo Proyecto Universo, está previsto para ocupar 60 mil hectáreas, la quinta parte de la reserva.

Aunque divididos por un siglo de disputas territoriales, representantes de los 45 mil wixárica que habitan partes de Jalisco, Nayarit, Zacatecas y Du-rango, se congregan año tras año para cumplir el compromiso que tienen con ellos mismos, con nosotros y con el universo. Y en 2013 lo hicieron también para defender sus territorios sagrados. El Frente Tamatsima Wahaa puso en acción a los indígenas, pero movilizó igualmente a un amplio segmento de la opinión pública integrado por quienes sabemos que permitir la destrucción

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de la base territorial del imaginario wixárica y con ella la destrucción de los huicholes como pueblo, es aceptar que se violente el orden cósmico: un delicado equilibrio sostenido sobre la pluralidad dialogante de las culturas. Primero se fueron sobre el Desierto del Amanecer y si los dejamos después se irán sobre los territorios significativos de todos los demás (Neurath, 2012). Por fortuna de momento los detuvimos gracias a un amparo judicial inter-puesto por la comunidad en 2013.

A Capulalpan, Oaxaca, la explotación del oro y la plata llegó en el siglo XVIII, y pronto los indios que trabajaban en el socavón descubrieron que el nuevo dios del inframundo era El Catrín, quién a cambio de bonanza exi-gía sacrificios humanos en forma de accidentes fatales. Sin embargo, escribe Salvador Aquino que recogió la historia, la mudanza de representaciones no fue completa pues

mientras que en el imaginario de los obreros el subsuelo pertenecía a El Catrín, el territorio, el lugar donde llevaban a cabo su vida cotidia-na, pertenecía a otra dimensión. A lo largo del territorio de Capulal-pan existen sitios sagrados, lugares de peticiones de lluvia, sitios donde generaciones de comuneros han trabajado dando tequios, lugares de cultivo, sitios antiguos de la memoria de la fundación de la comunidad (Aquino, 2013).

En los últimos años, exploraciones de Asarco, Continuum Resources Sundance y otras mineras concluyeron que, empleando procedimientos novedosos, en Capulalpan aún hay oro y plata que extraer. Pero los comuneros ya lo pensa-ron mejor y en noviembre de 2012 decidieron en asamblea que no aceptaban la explotación de minerales en su territorio. Después de 200 años de domi-nio, los tiempos del El Catrín terminaron: Salvador Aquino escuchó decir a los vecinos que en el subsuelo ya no reina más el dios de los mineros sino San Mateo patrón de los capulquenses. Rectificación con la que quizá no se restaura del todo pero si se remienda un poco el desgarrado imaginario que dejaron en los indios formas particularmente cruentas de sometimiento colonial como fue, y es, la minería.

En abril de 2011, los comuneros purépechas de Cherán, Michoacán, em-prendieron la defensa de sus bosques y de sus vidas contra organizaciones criminales que combinan el negocio del narcotráfico con el de la extracción de la madera.

Eran entre 150 y 200 camionetas -cuenta Jesús Silva Tomás, del Con-sejo de Bienes Comunales- Alcanzaban a sacar dos viajes diarios, pues


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está relativamente cerca la carretera, como dos mil árboles verdes cada día. Y pues veíamos como se devastaba nuestro monte, sobre todo el que le llamamos “El San Miguel”. Me tocó ver que esos, los talamon-tes, pasaban por el centro del pueblo aun cuando la calle era de sentido contrario. Pasaban y nadie decía nada. Al contrario, creo que hasta nos agachábamos para no tener problemas. Hasta que la gente se fue hartando. Y más cuando empezaron a derribar cerca del ojón de agua que nosotros conocemos como La Cofradía. Eso fue lo que hizo que nos levantáramos.6

Y “nadie decía nada” porque los rapamontes eran parte de “los malos”, “los armados”, “los mañosos”, grupos criminales fuertemente pertrechados que además del tráfico de drogas se apropian de recursos mineros y forestales sobornando y aterrorizando a la población. A la postre, los de Cherán no se dejaron. Hartos de esperar que la intervención de la fuerza pública les devolviera la seguridad, pusieron retenes armados a las puertas del pueblo y en las noches encendían fogatas donde los vigilantes velaban. Hoy Cherán es Municipio Autónomo y referente de todos los que resisten desde los territo-rios y, en mayo de 2014, se anotó un tanto de gran importancia para todas las comunidades indígenas que exigen que se haga valer su derecho a la consul-ta, cuando la Suprema Corte decidió que la reforma constitucional aprobada por el Congreso de Michoacán en marzo de 2012, debía ser anulada pues no se había recabado el punto de vista de Cherán.

La defensa del territorio define una época del movimiento campesindio mexicano. La reivindicación de la tierra es ancestral y sin embargo en los últi-mos tres lustros los despojos asociados a la neoterritorialización del capital han multiplicado las resistencias. No estamos ante una simple continuidad, sino ante un salto de calidad; una etapa nueva del activismo campesino e indígena.

En pocos años el movimiento en defensa del territorio devino nacional. Las concesiones mineras cubren todo el país, los proyectos hidroeléctricos se multiplican, pese a algunos descalabros financieros las inmobiliarias si-guen en marcha, los cárteles del narco extienden su dominio… así las cosas también la resistencia se extiende por todo México. No hay estado de la República en que estén ausentes los movimientos en defensa del territorio y sus recursos.

6 Entrevista realizada por Mayra Terrones, para proyecto de Tesis de posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

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El movimiento está en ascenso. Lo que se juega es -literalmente- el ne-gocio del siglo, de modo que las empresas y sus personeros en el gobierno recurren a la represión y si hace falta al asesinato, además de que numerosas comunidades están debilitadas y divididas. Aun así, la defensa de los territo-rios es una lucha en expansión que el tamaño del reto y la beligerancia de los enemigos no han logrado poner a la defensiva.

Las convergencias se van imponiendo a la dispersión inicial. Siendo te-rritorial y respondiendo a diferentes clases de amenazas, la defensa del patri-monio es de arranque una lucha dispersa en la que, sin embargo, comienzan a evidenciarse confluencias regionales y temáticas. Frentes estatales, redes nacionales como el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la Red Mexicana de Acción por el Agua y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Foros como el Encuentro y jornadas nacionales en defensa de la tierra, el agua y la vida, que arrancó en la emblemática comunidad de San Salvador Atenco, Estado de México, donde el 16 y 17 de agosto de 2014, 400 personas en representación de cerca de 100 organizaciones, debatieron las acciones a realizar en los tres meses siguientes. Y mantienen abundantes ne-xos internacionales, entre ellos el que tienen con El Tribunal Permanente de los Pueblos, que ha documentado 300 luchas contra afectaciones del territo-rio y otros bienes comunes, que dan fe de las tendencias confluentes de una lucha aun parcelada, pero sin duda en proceso de unificación. El mismo sig-nificado tienen iniciativas como el Movimiento por la Soberanía Alimenta-ria, la Defensa de la Tierra y el Agua, los Recursos Naturales y el Territorio, nacido en 2014 en un variopinto encuentro nacional, y compuesto por unas 40 organizaciones rurales. El movimiento emitió un elocuente manifiesto en el que se dice “No al despojo de ejidos y comunidades. No a la devastación de los recursos naturales. Salvemos el agua, el aire, la tierra y el territorio de todos. Derogación total de las servidumbres legales de hidrocarburos”.

La defensa del territorio se politiza. En un país donde el Estado, que por años se presentaba como heredero de “La Revolución”, extendió sus atribu-ciones a todos los ámbitos de la producción y la reproducción; en el país del Ogro filantrópico los movimientos sociales se tornan políticos rápidamente, pues a las primeras de cambio se topan con el poder gubernamental. Más aun los campesinos, que por décadas dependieron de papá gobierno para acceder a sus parcelas y a los recursos para cultivarlas. La defensa del te-rritorio también se topa con el gobierno que proyecta presas, carreteras y ductos, y que otorga los permisos para otros emprendimientos, sin embargo


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en muchos casos tiene como contrapartes directas y mayores a las grandes corporaciones silvícolas, mineras, turísticas, comerciales, inmobiliarias, de-lincuenciales… y a veces el gobierno aparece como árbitro. No hay tal, la lucha es contra los capitales predadores y contra el modelo privatizador que se impulsa desde el poder, la lucha es a todas luces política y los movimientos más estructurados y participantes en redes lo tienen cada vez más claro.

La defensa del patrimonio es un movimiento esencialmente plebeyo. La reivindicación de territorios y recursos es transclasista y multisectorial: una lucha societal que con frecuencia moviliza a todos –o casi todos– los miem-bros de una sociedad regional, un ejemplo práctico de unidad en la diversidad. Los peligros que se ciernen sobre una región y que amenazan de diferentes maneras a todos sus habitantes, generan respuestas incluyentes pues el riesgo compartido destaca los intereses comunes de quienes viven en un mismo te-rritorio, aun si lo hacen de manera divergente y a veces antagónica. Es sabido que los territorios son ámbitos de enconos, conflictos y rencillas entre quienes tienen intereses y pensamientos encontrados. Pero los territorios amenazados pueden ser también espacios de reconciliación y unidad, donde la pluralidad de saberes y capacidades enriquece y fortalece la convergencia en torno a los intereses de la mayoría. Las luchas territoriales realmente potentes son inclu-yentes al tiempo que plebeyas y en esto radica su fuerza.

Donde hay cohesión y organizaciones preexistentes el movimiento es más fuerte. Las amenazas graves de por sí movilizan, pero lo hacen más fácilmente donde los afectados disponen de previas experiencias organiza-tivas, como las de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni) y otras que impulsan en el Istmo de Tehuantepec la resistencia a las eoloeléctricas; la Cooperativa Tosepan Titataniske, de la sie-rra de Puebla, que anima la resistencia a minas e hidroeléctricas invasivas; el Frente Democrático Campesino y El Barzón que se movilizan en Chi-huahua contra los pozos clandestinos y el acaparamiento de agua por los menonitas, etc. Y es que la defensa del territorio puede ser explosiva, pero por si misma no genera prácticas y estructuras que le den continuidad a los movimientos. Más allá de los sabidos e inevitables flujos y reflujos de la participación popular, la permanencia de los núcleos básicos depende de que se vaya creando patrimonio organizativo y densificando el entramado social, lo que habitualmente se logra pasando de las emergencias coyunturales a la atención de problemas estructurales.

La resistencia en los territorios es campesindia. Tanto los indígenas como los mestizos defienden su patrimonio, pero no es la coincidencia de unos y

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otros en ciertas luchas lo que hace de ésta una resistencia campesindia. El concepto que propongo no remite a una mezcla de etnias, a una hibridación, sino a la coherente y unitaria identidad política de un sujeto social que, al defender tanto la tierra del que la trabaja como el territorio del que lo ocupa, resiste a la vez la opresión de clase y la opresión de etnia, el capitalismo y el colonialismo. Al reconocerse parte de un actor social de larga duración, gran calado y presencia continental, quienes asumen que al racismo y a la explo-tación se les resiste en una y la misma lucha, son campesindios, no importan el color de su piel ni su genealogía. Y por la naturaleza de la contradicción estructural que lo genera, el movimiento territorial de un continente coloni-zado y sometido al capital será campesindio o no será.

Sin dejar de apelar a sus raíces el movimiento va mirando al futuro. La preservación del territorio es un combate al comienzo reactivo y defensivo. Por lo general y en su arranque, los movimientos que buscan proteger el terruño y los recursos locales responden a amenazas nuevas que introdu-cen o actualizan contradicciones antes ausentes o sólo latentes. Es por ello que al desatarse generan alineamientos sociales inéditos: convergencias de diversos que antes de la agresión marchaban separados o aun enfrentados. En esta capacidad de unir a los que estaban desunidos está su fuerza, pero para potenciarse los movimientos necesitan hacerse propositivos: generar un proyecto compartido, una modesta utopía. Tal fue el caso de la forestería comunitaria que le dio perspectiva a las comunidades de la Sierra Juárez de Oaxaca que luchaban contra Fapatux; del Plan de Desarrollo Regional que fortaleció a los nahuas de La Montaña de Guerrero que resistían a la presa San Juan Tetelcingo; del concepto de Policía Comunitaria que permitió a las comunidades de la Costa Chica y La Montaña guerrerense recuperar los territorios perdidos por la acción de la delincuencia y las arbitrariedades de la fuerza pública; del proyecto de Turismo con identidad que por un tiempo cohesionó a la Cordesi en la Sierra norte de Puebla. Y en el plano nacional, tal es el caso de propuestas legislativas como la nueva Ley General de Aguas, que promueve la campaña Agua para Todos. Agua para la Vida; las iniciati-vas para preservar nuestro territorio genómico, que impulsa la campaña Sin Maíz no hay País; la Ley Minera Ciudadana; la Ley de Consulta Popular…

Aun sin proclamarlo el movimiento es anticapitalista. Oponerse al des-pojo y la depredación, es decir a la violencia expropiatoria con que el gran dinero se hace de las premisas de la acumulación, y resistir su forma destruc-tiva de consumir esos recursos, es poner en entredicho uno de los dos pilares del sistema capitalista. El otro es la conversión de nuestra fuerza vital en


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mercancía y la explotación del trabajo, cuestiones canónicas que algún día recuperarán la centralidad en el combate libertario que tuvieron durante los siglos XIX y XX.

El grado de participación en las luchas por el territorio depende del arrai-go. La fuerza y profundidad de los lazos que unen a la gente con los lugares en que habita es lo que le da identidad y razones para luchar. Muchos crecen y hasta florecen en un territorio, pero no todos tienen en él raíces profundas que les permitan resistir el vendaval. Al defender un lugar y sus recursos se defienden muchas cosas: propiedades, intereses económicos, derechos… Pero los movimientos invencibles, los movimientos capaces de sobreponerse a los golpes y las derrotas, son los que defienden al terruño porque ahí tienen fincada su identidad. Y sin identidad nada somos. Por eso la lucha indígena por sus ámbitos ancestrales es tan potente.

Arraigo es un concepto denso y complejo en el que identifico tres dimen-siones temporales complementarias: pasado, presente y futuro. Profundidad histórica, densidad organizativa y capacidad de convocatoria del proyecto son factores que se combinan en el arraigo; el recurso más poderoso de los movimientos territoriales. El pasado remite a las raíces mítico-culturales de un poblamiento; el presente a la intensidad, solidez y calidad de las relacio-nes sociales vivas, es decir al grado y tipo de organización de la que disponen los que se movilizan; el futuro a las expectativas que tengan los participantes de poder edificar un mejor porvenir en su territorio, el futuro es la esperanza. Y sin raíces, organización y esperanza, es decir sin arraigo, no hay mucho que hacer.

Para defender los territorios es bueno tener los pies sobre la tierra. En muchos casos se defienden los patrimonios localizados sin poner énfasis en los espacios agrícolas, no porque la cuestión de la tierra ya pasó y ahora lo que cuenta es el territorio, sino porque a causa del hostil entorno socioeco-nómico y las políticas públicas desalentadoras, el proyecto campesino para el agro está desfondado. Y esto es alarmante pues la pequeña producción familiar es el sustento más sólido de la ocupación territorial. No todos los pobladores son campesinos que cultivan, pero sin labriegos no hay territo-rios rurales. Ciertamente los lugares se ocupan, se nombran, se significan, se gobiernan pero si no se cultivan son lugares sin alma.

Al respecto, un activista me informa que en una reunión en la Sierra Norte de Puebla, donde se planeaba la defensa del territorio amenazado por hidroeléctricas y minas, alguien comentó que hacía tres años que no se paraba por su parcela, pero que ahora si la iba a cultivar para que no se la

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quitaran. La misma idea expresa Ignacio del Valle, principal dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco (FPDT). Nacho, doña Trini y su familia no viven exclusivamente de la agricultura y el pozo que tenían fue clausurado por las autoridades, por lo que ahora depen-den del temporal para hacer milpa, pero aun así a principios junio siembran algo de maíz y poco después cebada. “Sembramos -dice- para que la gente que ha caído en el desánimo vea que defender la tierra, defender nuestra identidad como campesinos sí tiene sentido”.

El movimiento se organiza inicialmente en redes temáticas que son su fuerza y su debilidad. Las organizaciones rurales nacionales que fueron prota-gónicas en las oleadas de lucha por la tierra, por la producción o por los dere-chos autonómicos, más allá de algunas declaraciones, hasta ahora han tenido una escasa participación en los combates contra el despojo. Por su parte, las redes que las mismas resistencias locales han construido con apoyo de grupos de la sociedad civil, son convergencias estrechamente temáticas y aunque a veces buscan englobarse como oposiciones a los “megaproyectos”, el hecho es que por el momento han servido para visibilizar y procurar solidaridad pero no para mucho más. El movimiento recurre a las movilizaciones, pero estas son casi siempre locales, focalizadas en el problema específico que las provoca y protagonizadas por los agraviados directos y sus acompañantes solidarios. Sin duda la lucha contra las presas, contra las minas, en defensa del agua y contra los daños ambientales mira más allá de sus regiones y hasta se globaliza, pero por lo general lo hace a través de convergencias en red y encuentros temáticos, de modo que su presencia nacional es menos visible que la de otros sectores, como los campesinos organizados, que tienen entre sus usos políticos grandes marchas conjuntas y movilizaciones en la capital de la República. Un ejemplo dramatiza lo que quiero decir: el 22 de julio de 2014, día internacional contra la minería tóxica, algunas decenas de activistas se citaron en el monumento a la Independencia, en la ciudad de México, para denunciar la afectaciones terri-toriales que ocasionan los tajos a cielo abierto; al día siguiente 30 mil campe-sinos de diferentes organizaciones sobre todo los agrupados en coordinadoras nacionales, marcharon hasta el Zócalo en defensa de la propiedad social de la tierra amenazada por las leyes reglamentarias de la reforma energética Cons-titucional… Sin ignorar que en las organizaciones grandes hay caudillismo y clientelismo, el contraste entre un puñado de clasemedieros en el Ángel y decenas de miles de agricultores en la plaza mayor, da que pensar.

Las organizaciones civiles son los intelectuales orgánicos del movimien-to. En la lucha por la tierra de los setenta del pasado siglo y en los combates


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por la producción de los ochenta, fue importante la participación de estu-diantes y maestros neonarodnikis catapultados por el movimiento de 1968. En la insurgencia de los pueblos originarios a fines de los ochenta y en los noventa tuvieron un papel destacado las ONGs, muchas de ellas vinculadas a la iglesia católica, que para esos años ya proliferaban. Desde entonces el discurso calificado de la “sociedad civil” ha sido inseparable de las resisten-cias. Acompañamiento en el que encuentro las virtudes de la profesionaliza-ción y las limitaciones de su tendencia al patrimonialismo y su propensión a especializarse, impuesta en parte por la lógica de la “cooperación” interna-cional. Y es que si hay razones para que las asociaciones civiles se enfoquen en un solo tema, no es deseable en cambio la excesiva compartimentación de las diferentes vertientes del movimiento: presas, minas, agua, transgénicos, radios comunitarias... Todas ellas enfocadas contrarrestar amenazas impor-tantes. Pero también definidas todas ellas por la particularidad de los temas de que se ocupan. Sin embargo en la base de las diversas resistencias está la voluntad que comparten innumerables pueblos y comunidades de seguir usufructuando colectivamente espacios y bienes comunes. Y en términos de derecho, el trasfondo es la propiedad social de la tierra; conquista que resultó de una revolución que por un siglo hizo de México una nación excepcional.

Cuando escribo esto, las innumerables resistencias locales de quienes sienten peligrar sus territorios y el activismo nacional de las agrupaciones de campesinos que se saben amenazados como sector de la economía, marchan en México por cauces distintos. En Colombia, por ejemplo, el Paro Agrario Nacional de 2013, expresó la convergencia de una gran diversidad de destaca-mentos rurales rebeldes, incluyendo tanto a quienes demandan y defienden la tierra como a quienes reivindican la producción. En México no existe aún esa convergencia, en parte por la desconfianza de los territorialistas en el presunto corporativismo clientelar de los sectoriales, que se complementa con la crítica de estos últimos al supuesto localismo e inmediatismo de quie-nes defienden su terruño.

Además de la desconfianza, hay razones históricas, sociales y políticas que explican el desencuentro, sin embargo cada vez es más claro que se trata de las dos caras de una misma moneda. Porque es evidente que el derecho a la tierra es el derecho a vivir dignamente cultivándola y sólo la unión de quienes defienden los territorios que habitan con quienes reivindican la pro-ducción y el modo de vida campesino, podrá quizá revertir el agrocidio.

La desposesión de los pueblos por la minería, las presas, las carreteras, las urbanizaciones y otros megaproyectos agudizada en los tres últimos lustros

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es gravísima. Pero el gran despojo empezó hace más de treinta años con el progresivo desmantelamiento de la pequeña y mediana producción rural y el impulso a una excluyente agricultura empresarial que desalentó a las nue-vas generaciones. Y si los jóvenes se distancian física o espiritualmente del campo pues no quieren repetir el nefasto periplo de sus padres y abuelos, la defensa de la tierra contra otras amenazas se ahueca y debilita. Defender la tierra es defender al mismo tiempo la economía y el modo de vida campe-sino.

San Andrés Totoltepec, México, agosto, 2014

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La crisis financiera y alimentaria mundial1

Kostas Vergopoulos2

ResumenDurante los últimos seis años (2008-2014), la persistente crisis financiera ha estado asociada a una creciente crisis alimentaria que no ha amortiguado la primera. Al contrario, la financiarización de los precios alimentarios ha soca-vado ambos sectores y ha mostrado ser un remedio peor que la enfermedad. Acabó instalando incluso mayor inestabilidad en ambos niveles: los sistemas alimentarios y la rentabilidad general del capital. Para las poblaciones, el actual sistema alimentario mundial está agotado. Desde el punto de vista del capital, la rentabilidad de los sectores productivos permanece insuficiente e insostenible. Al incorporar al sector alimentario, el capitalismo inclusivo ha llevado a una disminución de la rentabilidad del capital en los sectores no agrícolas. Los organismos internacionales (Banco Mundial, FAO) y el gobierno norteamericano también dan prioridad a formas familiares de pro-ducción alimentaria, que elevan la rentabilidad de los sectores no-agrícolas. El capitalismo requiere por cierto de sectores sin goce de la ganancia ni de la renta para concentrar las ganancias en sus sectores más avanzados.

Palabras clave: Crisis alimentaria, financiarización de los precios alimen-tarios, mercados de futuros alimentarios, burbuja alimentaria, agricultura familiar.

Global financial and food crisis

AbstractDuring the last six years (2008/2014), the persisting financial crisis has been coupled with a growing food crisis, which hasn’t cushioned the former. Ins-tead, since 2008, the financialization of food prices has undermined both and proved to be a remedy much worst than the disease. It ended up ins-talling even more instability at both levels: food systems as well as general profitability of capital. For populations, the current world food system is

1 Ponencia Magistral al IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014. Traducción al castellano de Francis Mestries.2 Universidad de Paris VIII, Francia. E-mail: [email protected].

Kostas Vergopoulos

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already exhausted. From the capital´s point of view, profitability in produc-tive sectors remains insufficient and unsustainable. By incorporating food sectors, inclusive capitalism has led to capital profitability decrease in non-food sectors. International organizations (World Bank, FAO), and the US government as well, give priority to family forms of food production, which enhance nonfood sectors profitability. Indeed, Capitalism needs sectors without profit nor rent to concentrate profits in its more advanced sectors.

Keywords: Food crisis, financialization of food prices, food futures, food bubble, family farming.

Fracaso de la mundializaciónDesde la crisis de las subprimes en EUA, en septiembre de 2008, la inestabi-lidad internacional no deja de desplazarse por el mundo, de extenderse y de reincidir. Aun cuando al principio el foco de esta crisis se ubicó en Estados Unidos, las otras partes del mundo siguen hasta hoy, 2014, sufriendo las con-secuencias de ésta, a niveles mucho más graves y con dificultades cada vez más insuperables. La gestión norteamericana de la crisis logró transferir el mayor fardo de su marasmo económico a otras partes del mundo, en especial a Europa, pero también a Asia y América Latina. El resto del mundo paga hoy un tributo elevado y sin visos de mejoría, aunque no estaba implicado en esta crisis típicamente norteamericana.

La extensión de esta crisis, su desplazamiento y profundización en otras partes del mundo son consecuencias tanto de la mundialización como de la financiarización del capital. Las esperanzas de un rápido regreso a la estabili-zación de la economía mundial se demoran de nuevo en este año de 2014, y al contrario por todas partes en el mundo aparecen nuevos focos de volatilidad e inestabilidad. Quedó sin respuesta convincente el dilema que enfrentan las otras partes del mundo: mientras persisten en la vía del pasado, corren el riesgo de ir siempre a remolque de sus modelos de “export-led growth”, los que hoy están sufriendo de frente las consecuencias de la desacelera-ción de los mercados norteamericano y occidental. Pero si en cambio optan por revertir su modelo económico en aras de desarrollar su propio mercado interno, corren el riesgo de encontrarse a la vera de todo financiamiento externo. En tales condiciones, cuando la economía occidental se bloquea, esto implica inevitablemente la desaceleración de todas las otras partes del mundo que hasta la fecha siguen dependiendo principalmente de los mer-cados occidentales. Se ha dicho y escrito mucho sobre la supuesta nueva

La crisis financiera y alimentaria mundial

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dinámica procedente de los países emergentes, y más cosas se han expresado sobre la supuesta desconexión entre las economías emergentes de la periferia y el centro occidental. Sin embargo, tenemos que constatar que hasta hoy esta no ha ocurrido: no hay tal desconexión, y los países emergentes continúan a remolque del ciclo de las economías occidentales, que siguen siendo sus principales mercados. Hasta hoy, no tenemos nada nuevo que notar en la historia económica: el agotamiento del consumismo en los países occiden-tales arrastra tras de sí, como siempre en historia económica, el agotamiento de los modelos de crecimiento jalados por las exportaciones en los países emergentes. El fracaso de la mundialización de las últimas décadas está ex-tendiendo sus efectos negativos a los países emergentes, la financiarización está agravando sus equilibrios inestables y provocando nuevas distorsiones en los sectores económicos de los países emergentes como en los de los paí-ses occidentales.

Las deslocalizaciones industriales de la fase anterior hacia los países emergentes produjeron excedentes externos en éstos, con la consecuencia de amplios déficits comerciales de los países occidentales, que se endeudaron fuertemente con aquellos. Hoy, los países más endeudados son los que han tenido las mayores pérdidas de sus sectores productivos debido a las desloca-lizaciones industriales, y los países acreedores son los que se han beneficiado con estas relocalizaciones. Fuertes desequilibrios internacionales, déficits es-tructurales muy elevados, así como excedentes acumulados demasiado altos, propician hoy una volatilidad creciente en las relaciones internacionales. La falta de confianza internacional se deriva sobre todo de las distorsiones es-tructurales más profundas de ambos lados del sistema mundial.

La mayor paradoja actual radica en el hecho de que quienes con sus prác-ticas fueron responsables de la crisis de 2008, están de regreso a la dirección de los negocios y de las economías, para administrar su propia crisis con las mismas políticas y herramientas que la provocaron hace seis años. Una vez más, tal como lo había recalcado el político francés Talleyrand respecto de la dinastía real francesa de los Borbones durante la restauración monárqui-ca de 1815, nuestros financieros, banqueros y especuladores “no sólo no han aprendido nada, sino que no han olvidado nada”. Hoy el sistema mundial está funcionando en condiciones de profunda escasez de financiamiento y de liquidez, una escasez incluso más grave que en 2008. El editorialista Martin Wolf del Financial Times señala que a pesar de la inyección constante de enormes cantidades de liquidez por el Banco Federal norteamericano FED, en el marco de su programa de Quantitative Easing, la liquidez global en

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el mercado norteamericano en 2014 no rebasa el nivel de 2008. Lo mismo ocurre en la zona Euro de Europa, no obstante las cantidades de liquidez regularmente provistas por la Banca Central Europea. Los líderes políti-cos internacionales reanudaron sus comportamientos de antes de la crisis y recurren a las mismas prácticas que la provocaron en 2008. Sólo que ahora actúan de manera más determinada, pero menos visible, y sin la supuesta circunstancia atenuante de argüir que no tenían conciencia de las conse-cuencias de sus actos.

Hoy en día, la falta de visibilidad del futuro es tan grave que varios eco-nomistas se conforman con la idea de que las crisis son inevitables en el capitalismo, pero no son exentas, no obstante, de ciertos beneficios en con-traparte, en especial la extensión de las “reformas” institucionales en pos de la flexibilidad del mercado laboral y de la competencia “pura y perfecta”, siem-pre con el pretexto de asegurar la “viabilidad” de los sistemas económicos. Desde 2008, los responsables de la formación de burbujas financieras espe-culativas intentan por todos los medios seguir su huida hacia el futuro: para evitar el estallido de burbujas provocadas por ellos mismos, tratan de susti-tuirlas por otras cada vez más grandes, como si estas pudieran hacer olvidar las anteriores. Desde 2008, las nuevas burbujas se concentran precisamente en la financiarización de los precios agrícolas y alimentarios. Luego de la crisis de 2008, una enorme “burbuja financiera alimentaria” emergió, con la pretensión de servir como amortiguador de las consecuencias del estallido de las burbujas anteriores en la esfera financiera y de la vivienda. El valor de los productos agrícolas y alimentarios pareció así ser un valor “seguro” y “sano” en un contexto de inestabilidad general y de caída de todos los otros valores. Los únicos que hasta hoy persisten en no reconocer la emergencia reciente de la burbuja alimentaria son precisamente los que se benefician de ella, como lo nota irónicamente el Washington Post, o sea los traders de Wall Street que juegan con los valores alimentarios. Sería preciso incluir también en este grupo de “beneficiarios inocentes” a las instituciones regu-ladoras como la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), que persisten en declarar que faltaría todavía la evidencia estadística del impacto de las inversiones sobre las variaciones brutales y la volatilidad de los precios alimentarios. Como siempre, todo el mundo sabe lo que ocurre, salvo los que se aprovechan de ello, y desde luego también los que están encargados supuestamente de regular y supervisar este campo.


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El choque alimentarioYa durante los trabajos del Foro Económico Mundial de Davos de enero 2012, varios participantes se sorprendieron del hecho que “estaban ocurrien-do cambios mayores de modo tan rápido”. Sin embargo, a menudo en la historia, enormes cambios acontecen rápidamente y de manera tan incon-tenible como irreversible. La historia económica permite confirmar que es en medio de las crisis, cuando muchos acontecimientos mayores ocurren. El acontecimiento fundamental durante los últimos seis años desde la crisis de 2008 ha sido la rápida alza de los precios alimentarios combinada con las caídas de la producción y el declive de la productividad en la economía alimentaria mundial. Esta alza irresistible de los precios alimentarios, a pe-sar de su desaceleración desde 2012, está manifestándose de nuevo desde el principio del 2014, como lo destaca para mayo de 2014 el Observatorio de los Precios Alimentarios del Banco Mundial (World Bank, 2014). Una vez más, estos fenómenos inquietantes son consecuencia directa de la financiari-zación brutal de las economías alimentarias. La mayoría de los participantes en la Conferencia de Davos habían notado que “la toma de participaciones financieras en el campo alimentario constituía un importante y creciente componente en las carteras tanto individuales como institucionales de los especuladores internacionales (Curwin, 2012).

Así mismo, resaltaban también y en varias ocasiones el carácter disfun-cional de la agricultura actual, incluso la de E.U.A, donde el Departamento de Agricultura reconoce el actual callejón sin salida, en particular en cuanto a la economía agroalimentaria. El alza incontenible de los precios alimen-tarios alcanzó en Estados unidos niveles sin precedente, y se acompaña de un doble declive: tanto el de la productividad agraria por acre cultivada, como el de los inventarios americanos de granos, que han disminuido hoy a niveles inferiores a los de 1996. Así pues, una nueva guerra mundial por la seguridad alimentaria, además de la de la seguridad energética, se vislumbra ya en los conflictos internacionales que se divisan en el horizonte. Incluso los acontecimientos de la Primavera Árabe y sus prolongaciones en los países de Medio Oriente y en Ucrania, podrán ser interpretados por los historia-dores del futuro como antagonismos entre poblaciones en fuerte crecimiento y producciones alimentarias inadecuadas o en declive3. Además, los anta-gonismos internacionales en torno a la recuperación de las aguas y contra la amenaza de desertificación creciente del planeta representan un “factor

3 La fórmula es de Curwin (2012).

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limitante” inexorable para varios proyectos agroalimentarios de muchas na-ciones, incluyendo los países occidentales desarrollados.

En su más reciente libro de mayo 2014, Blanca Rubio investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México, constata el papel estratégico de los alimentos en los antagonismos actuales en pos de la hegemonía mundial (Rubio, 2014). Si la noción de hegemonía mundial se reduce forzosamente a un modo de estabilización de la economía mundial bajo la dirección de una potencia mundial, resulta que la crisis actual de los sistemas alimentarios mundiales no es más que el reflejo de la crisis de hegemonía mundial y de la creciente inestabilidad económica internacional. La incapacidad de asegurar la seguridad alimentaria en el mundo bloquea todo proyecto de estabiliza-ción y de hegemonía mundial.

El escenario pesimista del economista inglés David Ricardo (1772-1823) a principios del siglo XIX está cobrando una nueva vigencia: la intensificación de la producción alimentaria, consecuencia del crecimiento de la demanda alimentaria, está llegando hoy a sus límites. La intensificación de los cultivos no ha dejado de reactivar la ley ricardiana de los rendimientos decrecientes, ya sea debido a la presión de la demanda, sea debido a los límites de la oferta alimentaria en las estructuras actuales. Hoy esta situación coexiste no solo con la financiarización de la producción agrícola y alimentaria, sino con el alza de los precios respectivos y con la degradación de las condiciones de la producción. Se observa no solo el declive de la productividad agrícola por superficie cultivada, sino también el alza permanente de los precios alimen-tarios, acompañada de la inflación estructural de los costos de producción alimentaria. A corto plazo, las alzas de precios dependen de la especulación financiera sobre los productos alimentarios (especulación sobre los futuros de alimentos), pero a la vez son consecuencia de la penetración estructural del capitalismo en la producción agraria, lo que resulta ser un factor pro-fundamente desestabilizador no solo de los sistemas agroalimentarios, sino también del conjunto del sistema de rentabilidad y de reproducción del ca-pital.

Si los alimentos se producen según el modo capitalista de producción, como las demás mercancías, su precio no solo debe incluir el costo del tra-bajo necesario a su producción, sino además también el costo de la ganancia remuneradora para los empresarios capitalistas que proveen esta producción, y por añadidura el costo de la renta para los terratenientes que permiten el uso de sus tierras agrícolas. En otras palabras, antes de la inflación especula-tiva de los precios alimentarios, cualquier otro tipo de ingreso en los sectores


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no agrícolas debe ser constreñido con el fin de remunerar los factores de la producción capitalista en la agricultura: el trabajo agrícola, la ganancia de los empresarios agrícolas y las rentas de los terratenientes. La valorización general del capital debería así estar fuertemente gravada por causa de estas alzas estructurales y permanentes de los precios agrícolas. Esto podría pasar incluso si el ingreso de los productores directos fuera constreñido y reducido, hoy aún más que en el pasado.

En Davos, los participantes plantearon una pregunta inaudita, pero fundamental: “¿Y si la mundialización iniciada por los países occidentales estuviera desestabilizando a sus propios promotores, o sea los países desa-rrollados, los Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón?” (De Schut-ter, 2012). Con las deslocalizaciones de las actividades productivas hacia los países emergentes, los países desarrollados se vieron finalmente obligados a replegarse en la esfera financiera, lo que implica fatalmente la emergen-cia inevitable de burbujas especulativas, que tarde o temprano estallan. Es así como Olivier de Schutter, relator especial de Naciones Unidas sobre la situación alimentaria mundial, llamaba la atención sobre el hecho de que el panorama alimentario contenía “gérmenes de distopía”, conllevando el riesgo de desandar el proceso de la mundialización. En otras palabras, la quiebra de la mundialización y de la financiarización a ultranza implicaría el riesgo de “desmundialización”, así como de desfinanciarización, o sea el riesgo de fragmentación y del regreso a economías encerradas en sus marcos nacionales y regionales tradicionales. Esta “regresión” se está instalando hoy en la agenda actual.

En el reporte final de su misión (De Schutter, 2014) el relator especial vuelve a reiterar de manera más firme que en el pasado sus recomendacio-nes. El sistema agroalimentario mundial de 2014 “se encuentra agonizando”, recalca. O sea el sistema de alza e inestabilidad de precios alimentarios, con sus antagonismos por la recuperación de los biocarburantes y la lucha en consecuencia por el acaparamiento de las tierras agrícolas, comandada por la especulación financiera. A la vez, este sistema implica el uso intensivo de insumos, la industrialización de la producción de los alimentos y el modelo productivista. El alza permanente de la demanda de proteínas animales para el consumo como para el uso de bio carburantes ejercen presiones desas-trosas sobre el precio y el uso de las tierras, enlazando además los precios alimentarios con los precios energéticos. Todo esto ya no funciona, advierte por última vez el relator. Se observan “efectos dominó” en estos campos des-de 2008.

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El mismo relator denuncia la “gran esquizofrenia”, persistente aún, que consiste en creer en el siglo XXI que la población agrícola está “condenada a desaparecer” Actualmente, la ganadería capitalista industrial es responsable del 18% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, o sea que la ganadería provoca tantos daños como el transporte. Hay una sola salida funcional a este callejón sin salida, advierte el relator: ayudar a cada país a alimentarse a sí mismo, democratizar la cadena agroalimentaria, encargando la producción a las familias campesinas, garantizar el derecho a la alimen-tación y la seguridad alimentaria para todos. Esta alternativa de apoyar las formas campesinas de producción y las iniciativas de seguridad alimentaria ha sido también reafirmada enfáticamente por la Agencia Gubernamental Americana para la Iniciativa contra el Hambre y por la Seguridad Alimen-taria, en su informe de 2014 titulado Feed the future (US Goverment, 2014). Dentro de la campaña internacional que denuncia las tomas de participa-ciones de los fondos especulativos en el campo alimentario, es de notar tam-bién la violenta diatriba del Papa Francisco. El 16 de junio de 2014, el santo pontífice, en una conferencia en el Vaticano, increpó a los inversionistas de valores financieros en las materias primas de origen alimentario, en especial a los que hacen apuestas especulativas sobre las fluctuaciones de los precios alimentarios. El Papa denunció a este tipo de inversores porque “reducen la accesibilidad de las familias más pobres a la comida”. No vaciló en calificar a estas prácticas como “escandalosas” y estableció que “se vuelve cada vez más intolerable que los mercados financieros moldeen el destino de los pueblos en lugar de servir sus necesidades”; concluyó que “ya no se puede tolerar que algunos cuantos saquen inmensas riquezas de la especulación financiera sobre los alimentos, mientras que las grandes mayorías están gravemente perjudicadas por sus consecuencias.” Sin embargo, si la especulación alimen-taria es intolerable en el plano moral y humanitario, lo es aún más en el plano económico, porque resulta siempre en la causa de crisis y desastres. Y cuando el Papa del Vaticano interviene, es porque la situación llegó al límite.

Con el boom de los fondos especulativos sobre los valores agroalimen-tarios, los promotores del proceso de mundialización sufren hoy los “efectos boomerang” desestabilizadores de la financiarización de los precios agríco-las y alimentarios. Los más adelantados en este proceso son también los primeros en padecer sus consecuencias. El economista americano de Har-vard Kenneth Rogoff compara las disfunciones y el desconcierto actual en la cadena agroalimentaria con una suerte de “crisis cardiaca del capitalismo” (Rogoff, 2012). El ataque al corazón del circuito capitalista, señala, proven-


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dría tanto de la financiarización como de las transformaciones recientes de la economía alimentaria. Ambas transformaciones pueden erosionar, vola-tilizar y desestabilizar la rentabilidad general del capital y por consiguiente el sistema de su propia valorización. Los persistentes desequilibrios en el comercio internacional propician la formación de enormes excedentes mo-netarios que no se reciclan para consolidar la estabilidad mundial, sino que, al contrario son sustraídos de ella, inflando los sectores financieros y especu-lativos y desestabilizando así la economía mundial. La financiarización de la economía alimentaria, si bien al principio pudo parecer un “amortiguador” capaz de moderar los efectos violentos de la crisis financiera, resulta hoy un remedio aún más temible que el choque financiero inicial. Con las desregu-laciones excesivas y desmedidas, inversionistas e inversiones de nuevo tipo se instalan en la dirección de la economía mundial, reforzando aún más la fiebre financiera fuera de toda supervisión institucional. La financiarización agro-alimentaria acaba provocando hoy problemas mucho más graves e in-superables que los que estaba destinada supuestamente a aliviar.

La burbuja financiera y la crisis alimentariaComo ya lo subrayaba Frederick Kaufman (2001), los instrumentos de finan-ciarización de la economía alimentaria fueron implementados mucho tiempo atrás, durante los dos mandatos sucesivos de Bill Clinton (1993-2000), pre-cisamente por el temible grupo internacional de Goldman Sachs. El grupo financiero introdujo primero su propia “innovación financiera” en el campo agroalimentario, sus propios productos agro-financieros “derivados”: el ín-dice GSCI (Goldman Sachs Commodities Index) durante los años noven-tas. Este índice compuesto incluye los precios de 24 productos primarios: metales preciosos, productos energéticos, café, carnes, maíz, puerco, soya y cereales. Posteriormente, en 1999, la Commodity Futures Trade Commis-sion (CFTC), cediendo a las presiones de este grupo, abrió los instrumentos financieros a los “operadores de negocios” externos, así como a los contratos tipo “futuros”. Estas innovaciones ya habían redituado 13 000 millones de dólares de ganancias en 2003, y hoy reditúan todavía varios cientos de millo-nes de dólares al año. Según el mismo investigador, el ingreso de los traders y de los bancos internacionales en el campo agroalimentario fue equivalente a una invasión de “verdaderos carnívoros”. Las consecuencias de esta mutación han sido no sólo inestabilidad y volatilidad de los precios alimentarios, sino también una rápida extensión del hambre en el mundo. Se estima que más de mil millones de personas de la población del planeta viven hoy en situación

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de inseguridad alimentaria. Además el hambre y la inseguridad alimenta-ria, síntomas de subdesarrollo, se están extendiendo rápidamente de manera inaudita no sólo en los países subdesarrollados, sino también dentro de los países occidentales desarrollados.

La FAO (2011) no vacila en calificar la actual situación alimentaria mundial como un “verdadero tsunami agro-alimentario”. Este tsunami que domina ahora el estado alimentario del mundo, se explica, según la FAO, debido a dos causas:

a) La financiarización de los valores agroalimentarios.b) La penetración del modo capitalista de producción en la esfera

agraria.

Estos dos procesos, en lugar de permitir la estabilización de la economía mundial después del choque de 2008, contribuyen al contrario a la extensión y agudización de este choque. Crean más inestabilidad y tensiones sociales en la economía mundial, en particular en el plano de las condiciones de la oferta y de los precios agro-alimentarios. Si la especulación sobre los precios agro-alimentarios es sólo la parte visible del iceberg, las mutaciones estruc-turales para expandir el capitalismo en la esfera agro-alimentaria no hacen más que abrir la vía a esta agravación. La volatilidad e imprevisibilidad de la especulación están hoy degradando la vida de millones de personas ham-brientas, sin asegurar tampoco la estabilidad de los negocios de los especula-dores e inversionistas en esta área.

El retorno de la economía campesinaDurante las últimas tres décadas, la economía alimentaria mundial experi-mentó la mundialización, acompañada de financiarización, con consecuen-cias desestabilizadoras no sólo sobre la oferta y la seguridad alimentaria, sino también sobre el sistema general de reproducción y valorización del capital. La inestabilidad y las presiones crecientes sobre los mercados agro-alimen-tarios están estrechamente vinculadas a las presiones también crecientes en los mercados financieros. Lo que está en juego finalmente en estas mutacio-nes agro-financieras, se resume siempre, en última instancia, a la cuestión de la penetración del modo de producción capitalista en la economía campesina y familiar. Resulta que el capitalismo agrario y la financiarización alimen-taria se encaminan a dar un golpe fatal a la capacidad de reproducción del sistema del capital en su conjunto.


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¿Por qué organismos internacionales, como el Banco Mundial y la FAO, así como el gobierno norteamericano, alientan en los últimos años políticas de seguridad alimentaria, así como formas de producción familiar en los pla-nos nacional y regional? ¿en qué medida la noción de seguridad alimentaria es compatible con las de mundialización y financiarización?

En años recientes, el Banco Mundial con su presidente Robert Zoellick hasta 2012, y con su sucesor Jim Yong Kim, así como la FAO, con sus di-rectores generales Jacques Diouf y su sucesor brasileño Graziano da Silva han estimulado y financiado con los medios disponibles los programas de seguridad alimentaria con base en la consolidación de formas familiares de producción agro-alimentaria. Estas medidas fueron motivadas no sólo por el objetivo de combatir con gran urgencia el estado alimentario del mundo, sino también por el de romper el círculo vicioso de las últimas tres décadas (1980-2010) marcadas por las tendencias contrarias de la mundialización y financiarización que acaban siempre por contraer la oferta en los mercados alimentarios del mundo. Los cambios en curso en las políticas de los or-ganismos internacionales tienen sobre todo el fin de combatir este “tope” contra-productivo legado por las opciones contrarias de la fase precedente (FAO, 2009; Fresco y Rabbinge, 2011).

La forma familiar de producciónLa respuesta inmediata a estas preguntas remite directamente a los bene-ficios que asegura la agricultura familiar al sistema capitalista, al contrario de las desventajas que implicaría en su lugar el predominio absoluto del modo de producción capitalista de producción en la agricultura. Hace ya un siglo que el economista ruso A. Chayanov (1888-1937), especialista en econo-mía agrícola, enunció que la forma familiar de producción de los alimentos permite la maximización de la oferta de productos alimentarios, así como la minimización de sus costos de producción y de sus precios (Chayanov, 1930). La elevada competitividad de este tipo de agricultura proviene de la abundante mano de obra familiar no remunerada. Por otro lado, las formas capitalistas de producción son extremadamente volátiles por ser demasiado dependientes de la versatilidad y contingencias de los mercados. Además empujan sistemáticamente los precios agrícolas al alza, debido a sus gastos estructurales adicionales, porque deben remunerar no sólo los salarios de sus trabajadores agrícolas, sino también las ganancias de los empresarios y las rentas de los terratenientes para asegurarse el acceso al suelo productivo. Al contrario, las formas familiares de producción no tienen que financiar ni

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ganancia ni renta de la tierra, sino solamente el trabajo familiar a un nivel inferior al del asalariado urbano. El trabajo de los miembros de la familia campesina es aportado en cantidades ilimitadas, o en todo caso, muy supe-riores a las que podría asegurar un contrato de trabajo. En las condiciones de la economía familiar, el plustrabajo de los miembros de la familia es maxi-mizado sin costo adicional, lo que sería imposible en condiciones capitalistas de producción. Si en las condiciones de un contrato de trabajo, el asalariado trabaja para su patrón, en cambio el campesino y su familia pueden ofrecer su propio plustrabajo de forma ilimitada y sin condición alguna, pues están trabajando supuestamente por su cuenta. Aun siendo dueños de su tierra y a pesar del carácter familiar de su “empresa”, los campesinos son capaces de movilizar todo su potencial de trabajo al mismo tiempo que se conforman de un ingreso muy inferior al del asalariado urbano. En este contexto teórico, la pobreza de la familia campesina constituye la condición de su persistencia, de su incorporación social y de su perennidad como forma de producción en la esfera agrícola. Más pobres son los campesinos, y más “competitivos” son respecto a otras formas de producción agro-alimentaria. Los ciclos financie-ros y económicos son siempre volátiles y recurrentes, mientras que las formas campesinas de producción permanecen siempre estables y previsibles.

Sin embargo, las ganancias y las pérdidas de cada una de las formas de producción se valoran de manera distinta según el momento y la situación de la coyuntura económica. Durante la fase ascendente de la prosperidad, todo estimula la extensión de formas capitalistas en los espacios aún no ca-pitalizados, como por ejemplo la agricultura, pero también en los campos de la salud, de la educación, de las jubilaciones y pensiones, de los bienes y sectores públicos, de los servicios del estado de bienestar. En cambio, du-rante la fase descendente, el capitalismo voltea hacia el Estado y reclama su protección y la socialización de las pérdidas. “Menos Estado y más liber-tad (privatización)” es la bandera del capitalismo triunfante e integrador. Al contrario, “rescate de parte del Estado, de los servicios sociales y también de los modos no capitalistas de producción” es la bandera del capitalismo en periodo de crisis y de dificultades. Durante la fase ascendente del ciclo económico, el capital busca siempre expandirse e incorporar cualquier sector fuera de su propio campo. Durante esta fase, el capitalismo es extensivo e inclusivo. Empero, la incorporación completa de las esferas no formalmente capitalistas implica inevitablemente el agotamiento de estos espacios que son necesarios de hecho a su propia reproducción y rentabilidad. Al revés, cuando el capitalismo se instala en la fase declinante del ciclo y se encuentra


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a la defensiva, todas las “banalidades” olvidadas regresan a la superficie con urgencia: la solidaridad de las redes sociales que permite redistribuir hacia abajo los gastos de la nueva estabilización y amortiguar los choques provo-cados por el capitalismo integrador. El capitalismo triunfante de los años 50 y 60, después de la segunda Guerra Mundial, incluyente de los nuevos campos, tales como la reproducción de la fuerza de trabajo y del tiempo libre de los trabajadores por medio de la estandarización de las series productivas y del consumo de masas, había inducido la caída de la tasa de ganancia para el conjunto del sistema del capital, como se pudo constatar desde el princi-pio de los años 70. Este declive de la rentabilidad se explica por la extensión del capitalismo hacia nuevos campos, al reducir así la cantidad de bienes no mercantiles que debían ser convertidos en mercancías. Con la nueva ola de la mundialización que siguió desde los años 80, el problema del agotamiento de las fuentes de la rentabilidad se planteó de nuevo. Y desde la financiari-zación de la producción agro-alimentaria, o sea desde el fin de los años 90, el mismo problema resurgió de manera más aguda y urgente. El boom del capital hacia los valores agro-alimentarios, después de la crisis de 2008, agra-vó todavía más el problema inicial de la escasez creciente de los espacios no-mercantiles. Hoy, seis años más tarde, el problema real del sistema capitalista ya no es cómo incorporar cada vez más espacios no capitalistas, sino todo lo contrario: cómo excluir de la esfera capitalista de producción sectores de menor rentabilidad, espacios y bienes menos redituables y cómo rechazarlos hacia formas no capitalistas, justo para evitar pagar la ganancia, la renta y los salarios fuera de los sectores dominantes y provechosos.

En la historia del pensamiento económico, el padre fundador Adam Smith se equivocó al identificar los precios del trabajo, el salario, con sus costos de producción y de reproducción. Hoy, si la fuerza de trabajo de los trabajadores asalariados fuera remunerada a su justo valor, como una mercancía cualquiera, el capitalismo sería simplemente imposible, tal como Marx (1968) lo había demostrado. Si todas las mercancías fueran ofertadas y compradas al precio de su costo de producción, no habría posibilidad de generar ganancias en el plano macroeconómico, a menos que se admi-ta irónicamente, como lo subrayaba Rosa Luxemburgo (1913) al llevar el razonamiento hasta lo absurdo, que los capitalistas se robaran unos a los otros. Para mantener la posibilidad estructural de realización de las ganan-cias capitalistas, es preciso que al menos una mercancía pudiera ser vendida y comprada por debajo de su valor, o sea a un precio inferior a su costo de producción.

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En el modo capitalista de producción, el trabajo debe necesariamente ser pagado a un precio inferior a su supuesto costo de producción y ciertamente inferior a su precio teórico en tanto que “mercancía”. Para que el capitalista pueda generar ganancias, se requiere que el trabajo no sea una mercancía como cualquiera, tiene que ser remunerado por debajo de su precio “natural”, o sea de su costo de producción y de reproducción. En otras palabras, para la rentabilidad del capital, se requiere que el salario no remunere las ganancias correspondientes a la producción de esta mercancía, el trabajo, para evitar justamente pagar ganancia, renta y salarios que acompañan necesariamente la producción de las mercancías “normales”. Esta mercancía peculiar, que de hecho no es una mercancía como cualquier otra, es en efecto el trabajo, en especial la fuerza de trabajo, o sea la capacidad de trabajo del proletario. Los capitalistas compran esta “mercancía” según su estricto costo de producción y reproducción, o sea sin incluir en su precio (el salario) los márgenes corres-pondientes a las ganancias y rentas de la tierra, y ni siquiera los salarios de los trabajadores laborando en la producción y reproducción de esta “mercancía”. Si la oferta de esta mercancía muy especial, cuyo precio incluye los gastos de alimentación así como los costos de reproducción de la familia obrera, fuera asegurada por un modo capitalista de producción, su precio, o sea el salario obrero, debería cubrir tanto la ganancia del empresario como la renta por el acceso al uso de las tierras respectivas, lo que debilitaría considerablemente la rentabilidad del sistema del capital en su conjunto. La agricultura familiar resulta así como un “ángel guardián” del capitalismo, asegurando que esta “mercancía” peculiar se ofrezca en los mercados a un precio que excluya toda ganancia y renta de la tierra, que normalmente deben ser incluidas en el precio de cualquier mercancía capitalista “normal”.

En el modo de producción capitalista, la oferta de esta mercancía espe-cial, la fuerza de trabajo, debe ser asegurada forzosamente por un modo de producción no capitalista, en particular el modo familiar de producción , que permite mantener su precio a niveles inferiores de modo permanente. La pobreza campesina, lejos de ser una simple “paradoja”, constituye de hecho la cara oculta, necesaria y complementaria, de la “luna” capitalista. No es más, en realidad, que una condición necesaria para restaurar la rentabilidad general del sistema capitalista. Karl Marx ya había resaltado varias veces que el capitalismo no es solo un sistema de producción de mercancías, sino también y fundamentalmente, un inacabable proceso de transformación de los bienes no mercantiles en mercancías. Las ganancias del capital provie-nen sobre todo de esta transformación perpetua. El aire que respiramos,


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explicaba Friedrich Engels, es libre, pero es el capitalismo el que se bene-ficia de esta libertad, dándole forma de ganancia. Si tuviéramos que pagar impuestos sobre el aire que respiramos, si tuviéramos que pagarle a alguien por tener el derecho de respirar, sería mucho más difícil al capital mantener su nivel de rentabilidad. No es cierto que cada extensión capitalista hacia nuevos espacios implica necesariamente posibilidades de ganancias adicio-nales, mejorando así las condiciones generales de rentabilidad. Al contrario, en varias ocasiones, esta extensión puede implicar simplemente “ganancias de transferencia” generadas en otros sectores, y por consiguiente una dismi-nución del nivel general de ganancia. La extensión hacia espacios nuevos y la innovación pueden resultar realmente benéficas para el nivel general de rentabilidad con una sola y estricta condición: sólo si una productividad su-perior se acompaña de costos decrecientes de producción y de un descenso de los precios finales. Al contrario, si la extensión e inclusión implica la dis-minución de la productividad y el alza de los costos de producción, así como de los precios finales, como es el caso en los sectores agrícola y alimentario, la rentabilidad no será fortalecida, sino obviamente deteriorada. El orden capitalista actual puede mantener su rentabilidad elevada porque la oferta de ciertos bienes es asegurada por formas no capitalistas de producción.

Por lo general, el capitalismo “todo-inclusivo” no es más que una ilusión que, además, puede resultar en una causa de inestabilidad e incluso de regre-sión para el sistema global del capital. Hoy, la “retrogradación” hacia formas familiares en la producción agro-alimentaria es reconocida cada vez más como un remedio posible al callejón sin salida actual del capitalismo, causa-do sobre todo por la mundialización y la financiarización. Ahora parece tarea urgente la necesidad de “desmundializar” y “desfinanciarizar”, en particular en los sectores de producción y distribución de alimentos, en aras de estabi-lizar una rentabilidad suficiente para los sectores formalmente capitalistas. Esto explica por qué la pobreza campesina no es tanto un resabio del pasado, sino más bien una condición de la nueva incorporación de los campesinos y sus familias en la economía contemporánea. La pobreza campesina, en lugar de ser una rémora, constituye de hecho una ventaja competitiva a favor de este tipo de producción, así como una cuestión clave para sacar al sistema de su callejón sin salida.

Se entiende así por qué los campesinos no sólo persisten en su pobreza, sino por qué, lejos de ser destinados a la extinción, siguen siendo útiles en tanto que tales, por su pobreza, al sistema del capital que trata ahora de de-volver las tierras a sus utilizadores y trabajadores tradicionales. En relación al

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primer punto, hay que remarcar que si la cuestión de la seguridad alimenta-ria recobra hoy nueva vigencia, se debe a los desastres provocados en la fase precedente, la del capitalismo financiero y de la finaciarización integral y sin regla alguna de los sectores agro-alimentarios. El boom financiero hacia estos sectores no sólo perjudicó la rentabilidad general del sistema, sino que propició tensiones crecientes en los países tanto en desarrollo como desa-rrollados. El nuevo cambio de política hacia la agricultura es alentado sobre todo por la necesidad de maximizar la oferta de productos alimentarios, re-duciendo a la vez sus costos de producción y sus precios. Sin embargo, dadas las condiciones actuales de los sistemas de distribución alimentaria, los pro-blemas iniciales de inestabilidad y volatilidad de los precios pueden seguir persistiendo, no sólo por causa de la financiarización, sino por la prevalencia de las cadenas comerciales en los campos de la transformación y de la distri-bución de alimentos y productos primarios. Este peligro puede ser evitado si la transformación y la distribución son dejadas a las asociaciones campesinas como complemento de sus finanzas familiares, con el apoyo político, moral y económico de los gobiernos.

Si pese a todo, la extensión del capitalismo en las esferas no capitalistas sigue adelante, esto provocará sin duda problemas cada vez más insupera-bles e incontrolables para el funcionamiento del sistema capitalista. Si el capitalismo contemporáneo se beneficia de la economía familiar en la agri-cultura, esto no implica necesariamente que la segunda se beneficie también del primero. La relación entre los dos mundos, el capitalista y el campesino, no es siempre funcional, puede ser también antagónica, como lo ha sido a menudo en el pasado. En la historia económica, las dos versiones de esta re-lación contradictoria, a la vez funcional y contradictoria, persisten. En todo caso, si hoy se encarga una parte creciente de la producción alimentaria a la economía familiar, no será la primera vez en la historia que se da una “recaída” (switch) en las técnicas de producción, aun cuando puede parecer como algo que va en sentido contrario de lo que algunos consideran siempre como “progresista” e “inevitable”. Varias veces en la historia, el “retraso” e incluso la “retrogradación” en ciertas esferas fueron la condición del avance en otras. Ciertamente, el capitalismo sigue siendo un sistema “global”, pero esto no implica forzosamente que todos los ámbitos, sectores y esferas deben conformarse según el mismo modelo productivo. La coexistencia de formas productivas variadas, algunas más capitalistas que otras, algunas familiares o comunitarias, no será una novedad en la historia económica y social, puesto que esta diversidad permite perennizar siempre los procesos de transforma-


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ción en mercancías de bienes no mercantiles, y a la vez concentrar las ganan-cias en ciertos sectores más capitalistas en detrimento de la rentabilidad de los menos capitalistas o incluso de los sectores no capitalistas.

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A reapropriação social da natureza e a reinvenção dos territórios: uma perspectiva latinoamericana1

Carlos Walter Porto-Gonçalves2

ResumoUma abordagem da ecologia política desde a perspectiva latino-americana exige repensar os fundamentos da matriz de racionalidade eurocêntrica, cuja geopolítica atual tem a globalização e o desenvolvimento sustentável como novas formas de colonização/exploração. A ela, criativamente, corresponde uma série de respostas críticas com o novo protagonismo, a partir das lutas locais/regionais, dos camponeses, dos povos indígenas e dos afroamericanos, que passam a ter condições de se expressar à escala internacional, inclusive se apropriando do vetor ecológico. Surge um novo léxico teórico-político em que se fala de descolonização, de interculturalidade, de transmoderni-dade; pluralismo jurídico, os direitos das gentes, consuetudinários, não mais somente o direito fundado nos princípios liberais do indivíduo e da proprie-dade privada. Nesse contexto, os conceitos de território, de territorialidades e territorialização possibilitam compreender as relações da sociedade com a natureza, cerne da problemática ambiental, explicitando que o que está em jogo é a luta pela reapropriação social da natureza (Enrique Leff ). Não há defesa da floresta sem os povos da floresta (Chico Mendes).

Palavras-chave: Ecologia política, América Latina, Descolonização, Terri-tório, Buen Vivir.

ResumenUn abordaje de la ecología política desde la perspectiva latinoamericana exi-ge repensar los fundamentos de la matriz de racionalidad eurocéntrica, cuya geopolítica actual tiene a la globalización y al desarrollo sostenible como nuevas formas de colonización/exploración. A esa matriz, creativamente, corresponde una serie de respuestas críticas con el nuevo protagonismo, a

1 Ponencia Magistral al IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Doutor em Ciências pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor adjunto da Universidade Federal Fluminense (UFF), pesquisador do CNPq e do Conselho Latinoame-ricano de Ciências Sociais – CLACSO.

Carlos Walter Porto-Gonçalves

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partir de las luchas locales/regionales de los campesinos, de los pueblos indí-genas y de los afroamericanos, que pasan a tener condiciones para expresarse a escala internacional, inclusive apropiándose del vector ecológico. Surge un nuevo léxico teórico-político en el cual se habla de descolonización, de interculturalidad, de transmodernidad; pluralismo jurídico, los derechos de las gentes, consuetudinarios, no más solamente el derecho fundado en los principios liberales del individuo y de la propiedad privada. En este contexto, los conceptos de territorio, de territorialidades y territorialización posibili-tan comprender las relaciones de la sociedad con la naturaleza, cierne de la problemática ambiental, explicitando que lo que está en juego es la lucha por la reapropiación social de la naturaleza (Enrique Leff ). No hay defensa de la floresta sin los pueblos de la floresta (Chico Mendes).

Palabras clave: Ecología Política, América Latina, Descolonización, Terri-torio, Buen Vivir.

AbstractAn approach to the political ecology in a Latin American perspective requi-res the rethinking about the fundamentals from the Eurocentric rationality matrix, whose present geopolitics have the globalization and the sustainable development as their new colonization/exploration forms. A creative and criti-cal series of answers corresponds to this matrix, with the peasants, indigenous peoples and African Americans new international role, that includes the eco-logical vector, besides their local/regional struggles. In their new political/the-oretical lexicon they speak about decolonization, interculturality, transmoder-nity; juristic pluralism, peoples rights, consuetudinary, not more only the law based on individual liberal principles or the private property. Accordingly, the Territory, Territorialities and Territorialization concepts allow to understand the relationship between nature and society, the kernel of the environmental problematic, revealing that it is the Nature’s social reapropriation that is at stake (Enrique Leff). There’s no forest defense without the forest people (Chico Mendes).

Keywords: Political ecology. Latin America. Decolonization. Territory. Buen Vivir.

IntroduçãoOs anos 1960 constituem um momento de grandes transformações político--culturais. Novas questões foram trazidas ao debate público e novos grupos

A reapropriação social da natureza e a reinvenção dos territórios: uma perspectiva latinoamericana

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sociais se constituíram com elas: a questão de gênero começa a ganhar desta-que com o movimento das mulheres; a questão étnico-racial passa a afirmar--se, seja em função da descolonização dos povos asiáticos e africanos, seja através do movimento negro (EEUU) e indígena; o movimento ecológico começa a trazer ao debate a questão ambiental, através da crítica à corri-da armamentista e da “sociedade do desperdício” (Packard, 1965). Também do ponto de vista do conhecimento os anos 1960 abriram novos horizontes epistêmicos, em grande parte relacionados a esse intenso debate político--cultural.

Desde então a ideia de que há limites para a intervenção humana na natureza ganha força. A ciência, sobretudo depois da invenção pelos físicos da bomba atômica e de seu uso em Hiroshima e Nagasaki, perdia definiti-vamente sua inocência e mostrava que não necessariamente está a serviço da vida ou da emancipação humana, conforme a promessa iluminista. Em 1951, na baía de Minamata, no Japão, toda uma comunidade de pescadores se viu contaminada por mercúrio lançado na água, enfim, o homem não escapava das cadeias tróficas, como acreditara o antropocentrismo. A crise da ciência não só ética, mas de seus próprios fundamentos abria espaço para outras matrizes de racionalidade até então desqualificadas pelo eurocentrismo e sua colonialidade.

Foi nesse contexto que a ONU, em 1972, convocou a 1ª Conferência mundial sobre meio ambiente, em Estocolmo. Definitivamente a problemá-tica ambiental entrava na agenda geopolítica internacional.

A questão ambiental coloca em xeque o desdobramento produtivista (tanto na sua vertente liberal como socialista) de um projeto civilizatório de origem europeia que tem na ideia antropocêntrica de dominação da na-tureza um dos seus pilares. Com a emergência da questão ambiental a di-mensão epistêmica, técnica e política se imbricam (Leff, 2006). A separação entre as ciências humanas e as ciências naturais, além das especializações no interior de cada um desses campos, corresponde à separação (expulsão) dos camponeses e dos povos originários da natureza, além da destruição das suas comunidades, dos seus territórios e suas territorialidades tornando-os indivíduos. A busca da unidade indivisível será objeto de uma verdadeira obsessão epistêmica na Biologia, com a célula ou a molécula; na Física, com o átomo e nas Ciências Sociais, com o indivíduo que, no período neoliberal, será levado ao paroxismo (individualismo).

A naturalidade com que se crê, no mundo científico, que os mistérios da natureza se revelam em linguagem matemática encontra seu correspondente


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no mundo mundano onde cada vez mais a vida de cada um está mediada pela quantificação mercantil. A quantificação da vida cotidiana pela mercan-tilização generalizada da vida torna-a banal e, assim, a quantificação parece natural. Como se vê, os paradigmas não caem dos céus. Ao contrário, são instituídos no mundo mundano de nossas vidas.

São profundas as implicações do debate contemporâneo sobre a natureza, o que nos insta a por em questão a própria tradição de pensamento que for-jamos e que nos forjou. Trata-se de um debate epistêmico e político a uma só vez. A ideia de dominação da natureza subjaz ao desenvolvimento científico e tecnológico contemporâneo, sobretudo depois que, tal como Prometeu, do-minamos o fogo - ou melhor, os combustíveis fósseis - que produziria o calor que moveria as máquinas. Com isso deixamos escapar um princípio que os fisiocratas haviam percebido ao dizerem que só a natureza criava riqueza lí-quida e que eles mesmos não foram capazes de projetar para fora do mundo da agricultura. Afinal, a descoberta do carvão como fonte de energia ratifica o princípio fisiocrático de que a natureza participa do processo de criação da riqueza também no mundo da indústria. A energia contida numa molécula de carbono potencializa o trabalho, ou seja, a capacidade de transformar a matéria. E a molécula de carbono, como tal, não foi e não é produzida pelo homem. Nenhuma sociedade produz petróleo, ou carvão ou mesmo água, ao contrário do que crê o antropocentrismo e a ideologia produtivista que dele deriva e grassa entre liberais e certas correntes marxistas. Somos extratores porque não os produzimos. Essa distinção entre extrator e produtor é es-sencial. Ao nos considerarmos como produtores acreditamos que podemos produzir tudo o que usamos: é o antropocentrismo. Ao nos considerarmos como extratores implica acreditar que extraímos algo que não fazemos e, assim, que devemos estabelecer limites à nossa relação com tudo que não fa-zemos. É o que nos ensina o racionalismo de Espinoza (1632-1677), afinal, devemos nos relacionar com as coisas de acordo com a natureza das coisas.

E, acautelemo-nos, antes que algum tecnocrata queira dizer quais são os limites para a relação com a natureza, esclareçamos que limite é uma palavra cuja origem remonta a polis que, para os gregos, significava primariamente o limite que separa a cidade do campo. Limite é o cerne da política e só tem sentido na pluralidade dos homens/mulheres e na condição livre de cada qual gozar da prerrogativa de iniciar a ação política (Hannah Arendt). Enfim, a política só tem sentido na democracia não cabendo mais somente ao Príncipe a prerrogativa de principiar a ação. O Príncipe, já nos ensinou Gramsci, não está mais nos palácios e, sim, no mundo mundano. O limite


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da relação da sociedade com a natureza, portanto, não é técnico, mas sim político, ainda que qualquer que seja a solução política haverá que se fazer operacional enquanto técnica. Há, todavia, uma perspectiva teórico-política que se quer não-política e, por isso, se vê como meramente técnica. Talvez tenhamos que recuperar Maquiavel (1469-1527) que, melhor que qualquer outro pensador, explicitou as técnicas que são próprias da política.

Enfim, a matriz de racionalidade hegemônica no mundo ocidental, so-bretudo a partir do iluminismo e da revolução (nas-relações-sociais-e-de--poder) industrial, foi desenvolvida para dominar a natureza, fundamento de seu “magma de significações imaginário” (Castoriadis, 1982). E, como é da natureza das relações de dominação, todo ser dominado não é respeitado em suas múltiplas virtualidades e potencialidades, sendo considerado somente nas suas qualidades que podem servir ao dominador. Dominação é, sempre, em algum grau, a negação do outro, o que é válido tanto para povos, para etnias, para grupos e/ou classes sociais como para a natureza. O aquecimento global é um efeito, ainda que não desejado, dessa relação de dominação ao ignorar o ciclo da matéria, enfim, no caso os rejeitos acumulados na atmos-fera (efeito estufa). O mesmo pode ser dito da desagregação da matéria e do lixo até aqui tratados como externalidades, conceito que só tem sentido numa episteme que considera o homem – res cogitans - fora da natureza – res extensa.

Mesmo quando a economia tenta se mostrar ecológica, o faz nos marcos de um logocentrismo que atribui valores monetários à natureza e, assim, confunde as coisas da lógica com a lógica das coisas (Polanyi, 1980). Não estamos diante de questões filosóficas, como vemos no debate sobre a crise de 2008 em que se manejam conceitos como os de “economia financeira e/ou fictícia”, de “economia real”, “capital especulativo” ao “capital produtivo”, olvidando-se do que Joan Martinez Alier chama de “economia real-real” (Martínez Alier, 2009) que vê a inserção dos processos produtivos na natu-reza, em sua inscrição territorial, haja vista que a “retomada do crescimento” desejada pelos ideólogos do mainstream e até por muitos dos seus críticos, ignora essa inscrição. Como assinalou Max-Neef “a economia é um subsis-tema de um sistema maior que é finito, a biosfera, portanto, o crescimento permanente é impossível”.

A falácia da desmaterizalização da produção Há uma crença acrítica no poder da tecnociência, quase uma religião, que chega até mesmo a falar em milagres da tecnologia. Embora se registre que,


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em 2012, cada unidade de dólar ou euro é produzida com 30% menos de materiais que há 30 anos, houve, nesse mesmo período, um aumento de 50% na demanda desses materiais. “Ora, uma vez que o consumo de re-cursos dos norte-americanos é, em média, de 88 quilos diários por ha-bitante e o dos africanos ao Sul do Sahara de apenas dez quilos diários (Friends of Earth et al., 2009), a generalização dos padrões de consumo que marcam os modos de vida dos mais ricos conduziria certamente a um grau de pressão sobre os ecossistemas incompatível com a manutenção dos serviços básicos que eles prestam à espécie humana (sic). Claro que o progresso técnico e o avanço no sentido de produzir com cada vez menos materiais e energia são decisivos. Mas é perigosamente ilusório imaginar que a redução da desigualdade pode ser compatível com a generalização dos padrões de consumo que hoje marca a vida destes 7% da população mundial responsáveis por metade das emissões de gases de efeito estufa” (Abramovay, 2010).

A Conferência da ONU de Estocolmo (1972) que marca o início da institucionalização da problemática ambiental, não pode ignorar o papel instituinte dos movimentos sociais dos anos 1960 que pautaram o debate acerca dos limites da intervenção humana na natureza. As transformações que o mundo experimentará a partir dos anos 1970 tem a questão ambiental como uma das questões mais debatidas. A natureza passa a ser resignificada também pelas transformações nas relações-sociais-e-de-poder por meio da tecnologia que conformam um novo ciclo longo de acumulação e cresci-mento econômico (biotecnologia, química fina, microeletrônica, informáti-ca, engenharia genética, nanotecnologia, robótica) (Porto-Gonçalves, 2006). O germoplasma, por exemplo, passa a ser também uma fonte de acumulação de capital, ensejando que grandes corporações transnacionais comecem a disputar o sentido a ser dado à natureza. A etno-biopirataria se aprofunda com o capital procurando legitimar-se através de novas leis de patentes es-tendendo o princípio da propriedade privada não só às plantas e aos animais, mas também ao mundo nanoscópico3 do gene. Não são pequenas as impli-cações políticas desse fato. Afinal, até aqui todos os povos inventaram sua

3 Nano é uma unidade de medida equivalente ao diâmetro de um fio de cabelo dividido 60 mil vezes. Observemos, mais uma vez, que com o “fio de cabelo” estamos procurando traduzir para o campo da vida mundana, onde até muito recentemente todos participávamos da invenção e construção de sentidos, o significado de “nano”, uma unidade de medida comum nos labora-tórios técnico-científicos do capital industrial. A ciência, a técnica e a cultura estão, definitiva-mente, politizadas.


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relação com a natureza a partir dos organismos e não com o gene. O gene só é observável através de instrumentos laboratoriais e não a olho nu, como até aqui estávamos acostumados todos. Não é qualquer um que vê o gene ou tem condições materiais para vê-lo. Assim, há um deslocamento do locus de produção do conhecimento do “espaço banal” (Milton Santos) da vida, onde todos podem ver/significar o mundo, para os laboratórios dos novos centros industriais, as novas fábricas do capital. E o “espaço banal”, e não os laboratórios, é onde cada povo desenvolve seu “magma de significações” (Castoriadis, 1982), sua cultura. Eis uma das razões da politização da cultura (e do território).

Até mesmo o clima é financeirizado (Cornetta, 2011), com a recente conversão do capital à causa do aquecimento global, o que vem contribuin-do para promover um perigoso consenso em torno do aquecimento global. As relações sociais e de poder que conformam o sistema mundo moderno--colonial que vivemos estão subordinadas a uma lógica quantitativa que se acredita sem limites, como a racionalidade imanente ao capital. No debate acerca das mudanças climáticas, a expressão aquecimento global vem ganhan-do destaque. Nessa expressão temos prestado mais atenção ao aquecimento do que a escala (global) privilegiada para a análise. Desde o campo da ge-ografia, há uma crítica à ênfase que vem sendo dada à escala global, com o que se deixa de lado outras escalas onde as mudanças climáticas têm agentes e processos mais claramente identificáveis. Não se pode responsabilizar o aquecimento global pelas mudanças que vem se dando na Amazônia oriental onde é grande o desmatamento provocado pelo avanço da produção de com-moditties agrícolas e minerais.

A captura da ciência pela lógica financeira tem sido importante na con-formação da opinião pública – até recentemente o aquecimento global era negado pelos grandes meios de comunicação e pelos ideólogos do mainstre-am. A fundamentação científica tem sido usada para criar parâmetros técni-cos (e políticos, pouco se diz) para criar um “mercado de carbono”. Desde as Conferências das Partes de 2009, em Copenhague, e de Cancun, em 2010, que o setor financeiro vem se assenhorando desses fóruns e fazendo com que o Protocolo de Quioto, pouco a pouco, vá perdendo importância. Assim, a atmosfera já não mais é vista como um bem comum da humanidade, mas sim como negócio (MDL e REDDs).

Um dos setores que mais se beneficiam dessas tratativas é o das ONGs, com enormes implicações para os movimentos sociais na medida em que seus espaços de ação passam cada vez mais a ser intermediados por essas organiza-


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ções “neo-governamentais”4 que operam muita mais na lógica da cooperação e do consenso e negam o contraditório e o dissenso. (É sabido que um verdadei-ro consenso só pode ser conseguido a partir do dissenso, como se pode depre-ender de pensadores tão díspares como Hannah Arendt e Jacques Rancière).

Até mesmo um novo tipo de latifúndio vem se constituindo, o latifúndio genético, com a proposta de criar unidades de conservação ambiental que impedem populações de ocupar áreas consideradas de interesse ecológico, muitas das quais habitadas por eles há milhares de anos. A ironia da história, e aqui mais ainda da geografia, é que as regiões que são visadas para serem demarcadas como unidades de conservação de uso restrito, definidas quase sempre pela ciência convencional, são exatamente aquelas que, por terem fi-cado à margem do mercado e ocupadas por populações tradicionais com ou-tras matrizes de conhecimento, são as que abrigam a maior riqueza em água e em biodiversidade do planeta. Não sem razão, o camponês-seringueiro Chico Mendes (1944-1988) se batendo contra a mentalidade hegemônica e as práticas a ela associadas, propôs as reservas extrativistas afirmando ser esta a forma da “reforma agrária” e, assim, se antecipando, contrariamente, a esses latifúndios genéticos (Porto-Gonçalves, 2002 e 2004).

Quando outros personagens entram em cenaAssim, uma nova geopolítica vem se conformando como nova forma de co-lonização/exploração ao que contraditória e criativamente corresponde uma série de iniciativas críticas dos povos da América Latina/Abya Yala.

Entre a conferência de Estocolmo, de 1972, e a do Rio de Janeiro, em 1992, outros protagonistas ganharam a arena política mundial a partir das

4 Nota conceitual: a expressão “neo-governamental” me parece cientificamente mais adequada que “não-governamental” haja vista que no novo regime de regulação que vivemos, que o léxi-co político neoliberal chama governança, cada vez mais as organizações multilaterais, como o Banco Mundial, por exemplo, lançam mão dessas organizações cuja definição pela negativa de governos dá conta de suas implicações com esse ideário. O mundo das ONGs ao profissionali-zar a ação social desloca seu eixo de ação despolitizando-o, papel historicamente exercido pelos movimentos sociais e partidos políticos. O mundo das ONGs não funciona sem financiamento dos Estados, através dos governos (o que por si só desqualifica a expressão não-governamental), das grandes corporações transnacionais através das suas fundações e, já vimos, das organizações multilaterais que são formalmente inter-estatais embora fortemente influenciadas pelos gesto-res financeiros e corporativos em geral (PEREIRA, 2009). Matéria publicada no jornal O Globo de domingo dia 12/01/2011 falava que anualmente 600 bilhões de dólares circulam no mundo da filantropia empresarial através de ONGs, o que dá conta dos enormes desafios que se colocam para os movimentos sociais, sobretudo os anti-sistêmicos que, como se sabe, sempre cumpriram um papel importante nas conquistas sociais mesmo no interior do sistema, conforme a lúcida observação de Eric Hobsbawn quando afirmou que “nós, socialistas, somos responsáveis por algo que não queríamos: civilizamos o capitalismo, quando queríamos transformá-lo”.


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lutas locais/regionais: os camponeses e os povos indígenas. O esvaziamento da escala nacional pela hegemonia do capital financeiro e o uso das novas tecnologias de comunicação, também proporcionou que grupos sociais su-balternizados, sobretudo os povos indígenas, os camponeses e os afroame-ricanos (quilombolas, cimarrones, marroons), marginalizados no interior das fronteiras nacionais (colonialismo interno), passassem a ter condições de se expressar à escala internacional, inclusive se apropriando do vetor ecológico.

É o que nos oferece uma abordagem da ecologia política vista desde a América Latina/Abya Yala. Há uma contribuição específica da nossa região a esse debate teórico-político. Não se pode negar que desde o primeiro mo-mento em que o debate ambiental começa a ganhar as ruas, a polis, ainda em finais dos anos sessenta, a clivagem Norte-Sul que atravessa o sistema mundo moderno-colonial esteve presente. A crítica à sociedade do desperdí-cio (consumismo/produtivismo), por exemplo, foi acompanhada pelo respeito aos povos, países e regiões cujas populações viviam em condições subumanas e sequer consumiam o mínimo necessário a uma vida digna. O debate crítico acerca da natureza do desenvolvimento foi acionado (Celso Furtado). Josué de Castro, desde a primeira hora, esteve atento a essa problemática e nos ofereceu um artigo seminal sob o título Subdesenvolvimento: causa primeira da poluição, escrito em 1972, às vésperas da Conferência de Estocolmo (Castro, 2003).

Muito embora correntes hegemônicas da esquerda marxista tivessem, de início, criticado o ecologismo, o fato é que diferentes movimentos sociais, sobretudo na América Latina/Abya Yala, começaram a assimilar a ques-tão ambiental à sua agenda política. Junto com esses movimentos se de-senvolveram correntes teórico-políticas de destaque no campo ambiental, como a “ecologia popular”, o “ecologismo dos pobres” e o eco-socialismo onde se destacaram intelectuais como Chico Mendes, Enrique Leff, Artu-ro Escobar, Victor Toledo e Michel Löwy, entre tantos. Essa contribuição teórica-política é tão importante para compreender os complexos processos sócio-históricos que estão curso como são, ainda hoje, as contribuições de José Carlos Mariátegui, a Teoria da Dependência, a Pedagogia do Oprimido (Paulo Freire), a Teologia da Libertação (Frei Beto, Leonardo Boff, Enrique Dussel), a Investigação Ação Participativa de Fals Borda, e o Pensamento Descolonial (desde Franz Fanon e Aimé Cesaire, Pablo González Casanova, Silvia Rivera Cusicanqui, Aníbal Quijano, Walter Mignolo e a estaduniden-se radicada no Equador, Catherine Walsh). A essas contribuições devemos acrescentar a dos negros estadunidenses que nos deram os princípios do movimento pela justiça ambiental.


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Essas lutas e essas abordagens nos obrigaram a incorporar à análise um tempo ancestral e, assim, a romper com um tempo histórico que nos vê a partir de 1492. E, com isso, ignorava-se que há 12000 anos o desenho dos domínios clímato-botânicos de nosso continente ainda apresentava uma Amazônia em grande parte coberta por savanas, onde as florestas estavam reduzidas a algumas ilhas, conforme a “teoria dos refúgios” (Ab´Saber, 1970). E, mais, a essa época já havia presença humana na região. John Murra (Mur-ra, 1975), com sua teoria do “máximo controle de pisos ecológicos”, fala da organização do espaço geográfico dos povos originários do Tawantinsuyu (quéchuas e aymaras, entre outros) que interligava os pisos ecológicos desde o litoral do Pacífico a oeste, até a região do Chaco-Pantanal e o Planalto Central Brasileiro a leste, atravessando os Andes5, com base nos princípios de complementaridade e de reciprocidade (Esterman, 2006).

Há implicações políticas que derivam dessa constatação científica, pois ao mesmo tempo em que os domínios clímato-botânicos foram natural-mente se desenhando e nos oferecendo as geografias que hoje conhecemos, várias populações foram desenvolvendo um rico acervo de conhecimentos que, tal como a megadiversidade biológica, é também um patrimônio que nossa região abriga. E trata-se de um patrimônio de conhecimento constru-ído em grande parte numa relação com e não contra a natureza, o que abre perspectivas de diálogo, sobretudo num momento onde o acervo de conhe-cimento científico e tecnológico produzido sob o primado da dominação da natureza está sendo colocado em questão. Aqui, mais uma vez, é preciso superar a colonialidade do saber e do poder que ao ver o outro, o diferente, como inferior, nos deixou como uma das suas piores heranças o “desperdício de experiência humana” (Santos, 2005).

De territórios, de territorialidades e de territorialização O contexto histórico específico da América Latina e Caribe nesse perío-do de globalização sob hegemonia neoliberal ensejou um debate teórico--político próprio no campo ambiental em que o conceito de território e de seus correlatos territorialidades e territorialização, ganham destaque (Porto--Gonçalves, 2001; Haesbaert, 2011).

5 O politólogo boliviano Luis Tapia retomou recentemente esse tema no debate do país acerca da nova constituição do país. Temos aqui um bom exemplo das novas questões teórico-políticas que esses movimentos sociais vêm proporcionando, sobretudo o movimento dos povos origi-nários (TAPIA, 2009).


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Desde a Declaração de Barbados (1971) até a Convenção 169 da OIT (1989) e a Declaração dos Direitos dos Povos Indígenas da ONU (2007), que um longo caminho foi percorrido para que se reconhecesse formalmente os direitos ao território das populações originárias, dos camponeses e dos afro-americanos que conformaram outras formas de apropriação do espaço. As lutas históricas desses grupos, povos e etnias acabaram ensejando um novo léxico teórico-político. A nova configuração geopolítica que se dese-nha com as políticas neoliberais pós-anos 1970 ensejou reformas políticas em vários países, sobretudo no campo ambiental com o reconhecimento dos direitos dos povos originários e de populações quilombolas/cimarrones com efeitos contraditórios. Essas reformas políticas acabaram por sofrer os efeitos do seu próprio conhecimento, melhor seria dizer desconhecimento, acerca desses povos e grupos sociais, sobretudo das relações de poder que conformam as relações entre grupos sociais e etnias em nossa região. Na verdade, esse conhecimento/desconhecimento levou a que subestimassem a importância dessas populações na formação dos estados territoriais de nossa região. Talvez a ênfase dada ao direito à diferença com as políticas de iden-tidade nessas reformas, sua ideologia pós-moderna e seu afã de derrotar as grandes narrativas e as teorias que enfatizavam as classes sociais e as lutas de classes, acabaram por não considerar devidamente as imbricações clas-se/etnia, tão bem assinaladas por José Carlos Mariátegui, e raça/classe por Aníbal Quijano e Florestan Fernandes. Todavia, é preciso ver que o debate teórico que acompanha essas reformas que, em grande parte silenciava o lado crítico, dava forma jurídico-política a um processo expropriatório de populações camponesas, de povos originários e de cimarrones/quilombolas jamais visto em toda a história da humanidade6 com a desterritorialização

6 Para que se tenha ideia da magnitude desse processo, segundo o PNUMA (http://www.pnu- Para que se tenha ideia da magnitude desse processo, segundo o PNUMA (http://www.pnu-ma.org/geodatos/) entre 1970 e 2010, a população urbana mundial aumentou em 2.177.000.000 de habitantes, ou seja, a cada ano, nos últimos 40 anos, uma cidade de 54 milhões de habitantes acrescentada ao mundo! A população urbana do mundo, em 1990, era maior que a população total do planeta 30 anos antes, em 1960! Na América Latina/Abya Yala, a população urbana, em 2010, era maior que a população total da região 20 anos antes: 475 milhões de habitantes nas cidades em 2010 contra 441 milhões de população total em 1990! Em outros termos, entre 1970 e 2010 tivemos na América Latina/Abya Yala uma nova cidade de oito milhões de habitantes a cada ano! O fenômeno urbano deixa, assim, de ser um fenômeno dos países ditos desenvolvi-dos e, hoje, 70% da população urbana mundial está na Ásia, na África e na América Latina. A urbanização realmente existente não corresponde à superioridade atribuída à vida urbana e, não raro, as populações sub-urbanizadas das periferias estão mais suscetíveis às intempéries do que quando estavam no campo, para não falarmos da violência a que estão submetidas e da busca por um “consolo ideal para um mundo que concretamente não tem consolo” (Marx) com o uso das drogas, o verdadeiro “ópio do povo”, que cresce juntamente com a presença de igrejas cujas religiões, se acreditava, seriam um fenômeno da tradição e do mundo rural.


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promovida com o cercamento das suas áreas comuns para instaurar o pri-mado da propriedade privada de cunho capitalista. Essa combinação de pro-priedade familiar individual e comunitária é muito mais comum do mundo do que temos admitido (ver no Brasil, as terras chamadas de “gerais”; os ayllus quéchua/aymara; o mir russo (Shanin, /Marx); a territorialidade serin-gueira (Porto-Gonçalves, 2004), dos retireiros do Araguaia e seus “varjões” comuns; os faxinais do sul do Brasil, os fundos de pasto do nordeste brasilei-ro (Campos, 2000). Esclareça-se que a propriedade camponesa, também na Europa, comportava essa combinação de propriedade individual (familiar) e uso comum de terras de campos, bosques, águas.

O debate em torno do território se dá, portanto, imerso em um tenso e intenso processo expropriatório, desterritorializador, num contexto onde a questão ambiental abria um questionamento acerca da relação sociedade--natureza que, embora pautado inicialmente a partir dos países urbano-in-dustrializados e sua matriz epistêmica eurocêntrica, ganha outros contornos com outros protagonistas na América Latina/Abya Yala. Aqui, na América Latina/Abya Yala a natureza e a cultura são politizadas com o deslocamen-to da luta pela terra para a luta pelo território, onde esse conceito adquire outras significações ao apontar que, dentro de um mesmo estado-territorial, habitam múltiplas territorialidades. O conceito de estado-nação abriga em seu seio um “colonialismo interno” (González Casanova, 2005) ignorando as múltiplas territorialidades que o território do estado abarca.

Assim, o conceito de território deixa de ser pensado como a base física, natural, da soberania do Estado, tal como consagrado no direito internacio-nal e sua ciência jurídica e política, e passa a ser visto como o processo de apropriação e controle do espaço geográfico com seus recursos e suas gentes, revelando as tensas relações de poder que lhes são constitutivas. E como não há apropriação material que não seja ao mesmo tempo simbólica, o proces-so de apropriação da natureza é acompanhado, ao mesmo tempo, por uma tensa e intensa luta pelos sentidos a ela atribuídos. Desse modo, natureza e cultura são politizadas. Enfim, território é igual à natureza mais cultura através das relações de poder, e essa é uma das principais contribuições da América Latina/Abya Yala para a ecologia política. A partir dessa perspec-tiva, o debate ambiental requer a explicitação das relações sociais e de poder que lhes são constitutivas.

Enfim, não há território que não comporte um sentido de controle do espaço – seus recursos e suas gentes - que, sempre, é conformado por uma ter-ritorialidade e que é objeto de um processo histórico-político de apropriação


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protagonizado por grupos e/ou classes sociais, povos e etnias. O território se mostra, assim, um conceito que possibilita compreender as relações da socie-dade com a natureza, cerne da problemática ambiental, explicitando as rela-ções de poder que a atravessam. Enfim, o conceito de território é desnatura-lizado (Porto-Gonçalves, 2004; Raffestin, 1985, Haesbaert, 2011, Sack, 1985, Harvey, 2005) e, para isso, muito contribuiu luta dos camponeses, dos povos originários, dos quilombolas/cimarrones - e, cada vez mais, esse conceito é visto a partir dessa tríade constitutiva território-territorialidade-territorialização.

O conceito de território, e tudo que nele está implicado, ajuda-nos a compreender o que está em jogo com a questão ambiental, ou seja, a luta pela reapropriação social da natureza, conforme a feliz expressão de Enrique Leff (Leff, 2006). Afinal, a condição da reprodução das relações de produção capitalistas é a permanente separação dos povos e etnias das condições ma-teriais de existência - natureza incluída - e, com homens e mulheres indivi-dualizados, de um lado, e com a natureza sem gente de outro, uns e outros se tornam mercadorias. Em suma, a questão ambiental, quase sempre reduzida a uma genérica relação sociedade-natureza se mostra, no fundo, enquanto questão que implica a reapropriação social da natureza. Com isso, a tríade teórica território-territorialidade-territorialização se torna uma questão po-lítica de primeira ordem.

Desde finais dos anos 1980 que a questão ambiental começa a ganhar nova qualidade com a emergência dos movimentos populares, sobretudo camponeses como o dos seringueiros da Amazônia brasileira e dos afro--colombianos das florestas do Pacífico Sul colombiano, para o que o affair sandinista-miskitos na Nicarágua jogou um papel importante. É que na Ni-carágua sandinista (1979-1989), o conflito entre matrizes de racionalida-des distintas envolveu, mais uma vez7, uma das tradições que se reivindicam marxista, de um lado, os sandinistas e, de outro, os indígenas miskitos que recusavam o desenvolvimento das forças produtivas tal qual proposto por aqueles, mostrando a colonialidade do saber que também se impunha pela esquerda. O mesmo seria visto mais tarde no caso TIPNIS – Terra Indígena do Parque Nacional Isiboro Secure - na Bolívia, ou no affair envolvendo os povos indígenas yukpa da Sierra de Perija, sobretudo no lado venezuelano.

Destaquemos, aqui, que vários movimentos sociais com suas diferentes agendas, começam a se unificar em torno de lutas contra as políticas do

7 A Revolução boliviana de 1952 foi capaz de ignorar as terras comunitárias dos ayllus e fazer uma reforma agrária com base em pequenas propriedades de corte camponês, ignorando, inclu-sive os comentários de Marx a respeito das comunidades camponesas russas.


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Consenso de Washington desde o Caracazzo, de 27 de fevereiro de 1989; das Marchas pela Dignidade e pelo Território, de 1990, (Bolívia e do Equador); do Fórum do Aterro do Flamengo, paralelo à Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD, a Rio 1992, que reuniu milhares de ativistas de todo o mundo (na verdade, o 1º Fórum Social Mun-dial). No dia 1º de janeiro de 1994, novamente as políticas neoliberais seriam confrontadas pelos povos originários, justamente no dia em que os EEUU, o México e o Canadá firmavam o NAFTA realizando um ajuste regional de integração capitalista com vistas a um melhor posicionamento no sistema global. Nesse dia, indígenas/camponeses, através do Exército Zapatista de Libertação Nacional, vêm novamente a público denunciar/anunciar o Mé-xico Profundo, a América Profunda. E o faziam demonstrando, mais uma vez, a habilidade dos povos originários de assimilar formas da sociedade global ao utilizarem amplamente a rede mundial de computadores. São os zapatis-tas que convocam, em 1996, o primeiro grande encontro mundial contra o neoliberalismo, demonstrando o caráter local-regional-nacional e global de sua luta. O ano 2000 assistirá, na Bolívia, a primeira empresa transnacional implicada em negociatas de privatização de água, a Bechtel, ser expulsa de um país por mobilizações de rua no episódio que ficaria conhecido como Guerra del Água, em Cochabamba. Esse evento é reconhecido por vários analistas como abrindo um novo ciclo de lutas naquele país que levaria à deposição de vários presidentes, à Guerra do Gás (2003) e, finalmente, à eleição do primeiro presidente nascido no seio do movimento indígena/camponês, em 2005. Se o ano de 1492 pode ser tomado como marco inicial da conformação do sistema mundo moderno-colonial que habitamos, que se iniciou com a desterrritorialização dos povos originários de Abya Yala, as lutas por eles hoje empreendidas atualizam essa história de larga duração e, deste modo, devemos entender a enorme significação do investimento po-lítico desses povos originários na Conferência Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU no Rio de Janeiro em 1992. Os povos origi-nários, os camponeses e os descendentes da diáspora africana (cimarrones, quilombolas, marroons) associaram o ano de 1992 a 1492 e, deste modo, sinalizaram que vivemos uma crise que é, além de histórica, civilizatória. Em 1992, no Rio de Janeiro, os líderes de todos os Estados que conformam a comunidade internacional estavam reunidos para debater temas como a terra, a água, o ar, a vida. E, como ali assinalaram as lideranças desses grupos sociais/etnias, seus conhecimentos acerca esses mesmos temas não podem ser ignorados, como o fez/faz a colonialidade do saber e do poder que ainda


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reina no sistema mundo moderno colonial que nos governa. A eleição de um líder camponês-indígena na Bolívia, em 2005 (e sua reeleição em 2010), é sinal de que estamos diante de uma nova agenda teórico-política.

Para uma nova agenda teórico-política A crise da hegemonia ibérica, no final do século XVIII/início do XIX, teve como um dos principais efeitos, ainda que não únicos, as primeiras revolu-ções libertadoras que ensejaram, inclusive, a afirmação da América para além de Índias Ocidentais. A intensificação das relações entre os países que se industrializavam celeremente desde então levou à reafirmação do Atlântico Norte como centro geopolítico do sistema mundo moderno-colonial, agora em sua segunda fase já não mais sob hegemonia ibérica, mas britânica e, depois, estadunidense. Essa centralidade geopolítica marca a segunda mo-dernidade (e sua colonialidade própria) que, nos últimos 200 anos, se fez impondo uma matriz energética fossilista com uma presunção universalista tecnocêntrica que olvidou outras matrizes epistêmicas que ensejam modos de fazer (técnicas) próprios8.

A elites criollas da América Latina e o Caribe se adaptaram a essa nova geografia política da segunda moderno-colonialidade subordinando a nossa região à divisão internacional do trabalho como região exportadora de maté-rias primas agrícolas e minerais, reproduzindo internamente a colonialidade com relação às populações originárias e às de origem africanas. “O fim do colonialismo não significou o fim da colonialidade” (Quijano, 2005).

À medida que, hoje, a Ásia passa a ter grande dinamismo econômico a ponto de afirmar-se como pólo na nova geopolítica multipolar, se abrem para os países latino-americanos, sul-americanos particularmente, novos ho-rizontes que proporcionam condições de romper com a dependência histó-rica com relação aos EEUU.

Todavia, há uma tensão territorial de novo tipo em curso e já não se trata mais do territorial confundido com a escala do estado (mono)nacional. O aprofundamento da mundialização do capital e as novas oportunidades abertas por novos meios de comunicação, como a internet, assim como a popularização dos telefones móveis, proporcionaram as condições materiais

8 Afinal, não há sociedade sem técnicas, ao contrário do pensamento hegemônico que acredita ser a sociedade ocidental a única fundada na técnica. Na verdade, a sociedade ocidental tem um modo específico de se relacionar com a técnica onde, quase sempre, ignora que a técnica, sendo do âmbito do fazer é, sempre, um fazer com sentido e, portanto, impregnada de intencionalida-de, como tão bem destacara Milton Santos (Santos, 1996).


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para que outros protagonistas adentrassem a arena política e colocassem em xeque o estado (mono)nacional e seu colonialismo interno. Enfim, os mo-vimentos sociais quebraram o monopólio estatal e empresarial nas relações internacionais e contribuíram para complexificar a cena política ao se tor-narem protagonistas também à escala global. O slogan “proletários de todo o mundo, uni-vos!”, do Manifesto Comunista, ganha uma dimensão jamais vista e com uma diversidade de sujeitos políticos inimaginável, conforme se pode ver nas diversas versões do Fórum Social Mundial ou na Via Campe-sina.

O poder de convocação desses movimentos pode ser visto em abril de 2010 quando foi realizada a 1ª Cumbre de los Pueblos sobre Cambio Climático e Derechos de la Madre Tierra logo após o fracasso da Conferência de Cope-nhague de dezembro de 2009, quando o mundo financeiro começou a atuar de modo mais intenso sobre o tema do aquecimento global. Com apenas três meses de convocação, cerca de 35.000 ativistas de 142 países se reuni-ram em Cochabamba, cidade emblemática na luta pela reapropriação social da natureza, pano de fundo do debate ambiental (Leff, 2006), haja vista ter sido ali que, no ano 2000, um conflito em torno da água – A Guerra da Água - envolveu camponeses, indígenas, ambientalistas e movimentos urbanos e logrou expulsar, pela primeira vez, uma empresa multinacional implicada na privatização desse bem. Observemos que os movimentos camponeses e indígenas, os campesíndios (Bartra, 2008), passam a ter um papel relevante, sobretudo a partir de 1990, de 1992, de 1994, de 2000, de 2006, atualizando uma história de longa duração e colocando outras questões para o debate contemporâneo. Não é sem sentido que politizam o conceito de território, haja vista que o momento primeiro do sistema mundo moderno-colonial foi justamente a invasão de seus territórios, sua desterritorialização. Para esses povos, a separação entre natureza e cultura se mostra mais que uma questão de paradigma, embora também o seja. Atualizam a história de longa duração e enriquecem o pensamento contemporâneo, sobretudo o debate no campo crítico ao capitalismo ao ampliarem o debate sobre a terra, como a ques-tão camponesa vinha sendo pensada, ao colocarem a questão dos territórios. Nas palavras de um líder indígena boliviano: “não queremos terra, queremos território”, o mesmo que diria Humberto Cholango9. Assim, a luta que os camponeses e os povos originários vêm travando adquire um sentido mais

9 Aqui é interessante considerar que o slogan Tierra y Libertad da Revolução Mexicana de 1910 ensejou a forma comunitária dos ejidos. Portanto, a terra e território.


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amplo e diz respeito a toda a humanidade e aos destinos da vida no planeta, não só por suas lutas históricas contra a desterritorialização/expropriação, mas também pela defesa das culturas em sua diversidade, posto que suas lutas implicam a defesa das condições naturais de existência com as quais desenvolveram valores que emprestam sentidos a suas práticas (cultura), daí a tríade território-territorialidade-territorialização adquirir centralidade teórico-política.

É que no bojo das contradições do sistema mundo moderno-colonial, acima esboçadas, em que os protagonistas eram os gestores dos organismos (que deveriam ser) multilaterais, as ONGs e as corporações do grande ca-pital transnacional, surgiram grupos sociais, etnias e classes que reinventam sua resistência histórica à tomada de seus territórios, de suas terras e demais condições naturais de existência desde a invasão/conquista e que, sobretudo nos últimos 40 anos, se viram em grande parte forçadas a viverem como populações pobres das periferias urbanas em habitações subumanas parado-xalmente mais suscetíveis a situação de riscos ambientais do que quando es-tavam nas áreas rurais, nos campos e nas florestas. Não olvidemos que a crise ambiental seja, na perspectiva dessas populações, também crise civilizatória, reconfigurando deste modo o debate epistêmico-político.

Com isso, definem outra agenda política onde a questão ambiental ga-nha outro contorno. Dessa forma, o debate acerca da integração regional ora em curso (IIRSA, Plano Mesoamérica) haverá que levar em conta esses processos de fundo a partir do que vem sendo construída outra agenda po-lítica. O avanço do capital, com apoio dos Estados, sobre novas áreas vem engendrando tensões de territorialidades e, em seu bojo, novas questões vêm sendo formuladas a partir de outros lugares.

Os movimentos sociais introduziram a questão social e cultural no de-bate acerca da natureza. “Não há defesa da floresta sem os povos da floresta” (Chico Mendes), sintetiza bem um conjunto de lutas sociais travado em diferentes lugares do mundo: Movimento Chipko, na Índia, luta dos Chi-malapas, nas selvas do sul do México (Chiapas e Oaxaca), entre os afro--colombianos do Pacífico, na Articulação dos Povos do Cerrado (Brasil), nos “acordos de pesca”, nas reservas marinhas, no “salário defeso” e outras formas de configuração territorial propostas a partir dos movimentos sociais. Enfim, em diferentes contextos geográficos politizava-se a cultura, e como a cultura não é algo abstrato, essa politização trouxe o debate sobre a apropriação da natureza e, com isso, a questão territorial adquire centralidade no debate teórico-político (Porto-Gonçalves, 2004).


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Mesmo nos países onde essas populações são pouco numerosas do ponto de vista demográfico, não o são do ponto de vista cultural e linguístico, como no caso do Brasil onde essas populações embora não ultrapassem 0,4% da população, falam 180 línguas distintas, cinco vezes mais que na Bolívia, onde são faladas 32 línguas e a população corresponde a 62% da população total. Há, aqui, um dilema ético-político de novo tipo, além do direito à existência de qualquer povo e sua cultura. Essas populações ocupam, em geral, áreas de alta relevância no que diz respeito à diversidade biológica e que, agora, se tornam objeto da expansão através de projetos de integração (como a IIRSA, ou o Plano Mesoamérica, antigo Plano Puebla Panamá) que abrem essas áreas aos interesses de grandes empresas de mineração e outras ávidas de terras/águas e minérios para ampliarem seus negócios de exportação de commodities.

Essas questões estão longe de serem rurais ou outro nome que o va-lha, pois são cada vez mais associadas à problemática urbana, seja (1) pelas mudanças climáticas com chuvas torrenciais (cada vez mais concentradas no tempo), as secas rigorosas e incêndios grandiosos que se propagam, os rigores dos verões e dos invernos, as temperaturas máximas e mínimas cada vez mais extremadas que, localmente, tornam a vida mais difícil de ser vivida, sobretudo para as populações oprimidas/exploradas que se veem obrigadas a viver nos ambientes mais íngremes, no fundo de vales alagáveis ou ainda nos mangues; (2) seja pela qualidade dos alimentos com implicações para a saúde humana que merecem ser melhor investigadas (orgânicos ou transgê-nicos, eis a questão?); (3) seja pela qualidade das águas; (4) seja pelo cresci-mento exponencial das cidades. Enfim, a questão (da reforma) agrária se vê associada à questão técnica, politizando-a.

O indígena e o camponês já não são mais o local, embora continuem sendo. Hoje, essas populações se colocam no debate político à escala na-cional reconfigurando o debate com questões próprias, mas não exclusivas. Colocam explicitamente a questão das relações de poder à escala nacional. Procuram escapar das armadilhas políticas que lhes são postas pelo pós--modernismo e seu multiculturalismo, que separa cada qual em seu canto, o que estimula o essencialismo e a xenofobia, como na Europa. Falam, ao con-trário, de descolonização (Silvia Rivera Cusicanqui, Aníbal Quijano, Edgar Lander, José Angel Quintero Weyr) de interculturalidade (Walsh, 2002), de transmodernidade (Dussel, 2006).

Essa ampliação do debate teórico-político enseja que o Estado não seja mais (uni)nacional, como a Bolívia e no Equador explicitam ao se refunda-


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rem como Estado Plurinacional. O Equador, por seu turno, foi o primeiro país do mundo a introduzir os direitos da natureza numa constituição, no que foi seguido pela Bolívia.

Enfim, começam a ganhar sentido ideias como pluralismo jurídico, não mais recusando os direitos das gentes, os chamados direitos consuetudi-nários, já não mais somente o direito hegemônico fundado nos princípios liberais do indivíduo e da propriedade privada. Afinal, o conhecimento ori-ginário e tradicional não é um direito individualizável, mas um patrimônio comum, coletivo e comunitário que demanda uma outra sistematização. A maior parte das grandes corporações da área de biotecnologia sabe que não basta sair de nossos países carregando espécies botânicas e faunísticas para, a posteriori, identificar o princípio ativo em seus laboratórios. O custo disso seria incalculável! Daí seu interesse em buscar conhecimento junto a gru-pos sociais, povos e etnias dos seus usos originários, seja como alimento, seja como remédio. É com base nesse conhecimento originário e tradicional que recolhem as espécies de interesse para, depois, em laboratório, isolarem o princípio ativo e o patentearem, ignorando a elaboração intelectual des-ses povos, muitos dos quais ágrafos. Portanto, o que carregam não é o que se convencionou chamar biopirataria, mas sim etno-biopirataria, pois é da cultura e do conhecimento desses povos que se apropriam. Só reconhecer o direito de propriedade a partir do isolamento do princípio ativo nos labora-tórios é se apropriar indevidamente de um acervo de conhecimento ancestral que é comunitário e coletivo. Direitos de propriedade intelectual de outra ordem, enfim, novas questões teórico-políticas. Afinal, herdamos uma enor-me riqueza cultural enquanto conhecimento originário e tradicional cuja origem remonta à ocupação do continente e à própria formação dos domí-nios clímato-botânicos (Ab´Saber, 1971) abrigada no patrimônio natural de nossas florestas tropicais e equatoriais, nossas savanas, nossas estepes, nossas punas, nossos páramos e nossos mangues/humedales, enfim, a riqueza em diversidade biológica de nosso continente.

Há uma agenda positiva surgindo no interior dessas lutas sociais, muitas das quais já foram incorporadas enquanto leis ou enquanto políticas públi-cas. Há, muitas vezes, avanços formais com enormes dificuldades concretas de implementação, como a Lei Orgânica dos Povos Indígenas da Venezue-la, uma das mais sensíveis a esse pensamento originário, mas que encontra enormes dificuldades para ser assimilada pelo próprio governo bolivariano de cujo processo revolucionário, no fundo, emergiu essa Venezuela Profunda que foi capaz de admitir essa lei. Isso se deve a uma contradição que ainda


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está presente entre, de um lado, uma perspectiva nacionalista, importante enquanto resistência face aos poderes imperialistas globais e, de outro lado, a persistente dificuldade de entender a resistência histórica dos povos origi-nários a esses mesmos poderes globais e, ainda, à colonialidade do saber e do poder que sobreviveu ao fim do colonialismo, que ignora as formas próprias de apropriação da natureza desses povos, muitas das quais não se assentam na propriedade privada.

Ao colocaram a natureza como sujeito de direito, como no Equador, ao politizarem a cultura dando-lhe um sentido prático não separando corpo e mente, natureza e cultura, espírito e matéria, ensejam um debate que vai além do desenvolvimento/subdesenvolvimento, a que o mundo intelectual ficou preso nos marcos epistêmicos eurocêntricos até recentemente. Esses movimentos sociais e seus intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1968) ofe-recem ao debate teórico-político o Suma Kawsay, o Suma Qamaña, o Buen Vivir, não como modelo, mas como outro horizonte de sentido para a vida. Afinal, não se trata de romper com o mundo onde prevalece a lógica do valor de troca sobre o valor de uso, e se pautar pela lógica do valor de uso, posto que pensar a organização da sociedade em torno da produção de valor de uso é continuar sendo pautado pela lógica da produção. O par valor de uso--valor de troca é parte dessa lógica que reduz tudo à economia, ou melhor, à crematística como chamava Aristóteles. Não se trata de construir um modo de produção superior porque isso implica se manter prisioneiro da lógica burguesa da produção.

Todo esse patrimônio teórico-político forjado no terreno movediço da história, a geografia, recente de nuestra América se fez enfrentando um dos mais violentos processos expropriatórios de que se tem notícia na história da humanidade. Regimes autoritários desenvolvimentistas comandaram nos últimos 40 anos a construção de estradas, barragens, hidrelétricas, linhas de transmissão que, contraditoriamente, produziram populações sem terras e sem teto, mas nesse bojo e apesar de tudo surgiu uma nova agenda teórico--política que aqui, ainda que sucintamente, explicitamos. O que passamos a assistir, sobretudo após o ano 2000 com a IIRSA – Iniciativa de Integração Regional Sul Americana – e com o Plano Mesoamérica é a busca de inte-gração física do continente tendo em vista as perspectivas que se abrem com a demanda por commodities pela Ásia, em particular pela China. Um novo cenário de conflitos tende a se estender, muito parecido com aquele que se estabeleceu após 1970 com a expansão da “revolução (nas relações sociais e de poder) verde”, pela abertura de estradas e construção de represas e hi-


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drelétricas, à época patrocinada por governos ditatoriais na maior parte dos países da região. Visto da perspectiva dos povos originários, camponeses e afro-americanos, entre estes, sobretudo os que vivem em pallenques, cumbes e/ou quilombos, a atual expansão vem se fazendo sobre/contra seus territórios e, assim, recolocam o debate sobre os territórios e as fronteiras internas do colonialismo, relembrando que as fronteiras se constituem a partir de fronts, expressão que tem sua origem no campo militar, justamente para designar o espaço onde dois exércitos se defrontam e ainda não há a definição de quem o controla. Definido o controle no front, o front se torna fronteira, quase sempre se usando um rio ou uma montanha como que para indicar que a fronteira é natural, olvidando, assim, seu caráter político de origem.

Recentemente assistimos ao emblemático conflito envolvendo as popu-lações indígenas do TIPNIS – Terra Indígena do Parque Nacional Isiboro Securé – que se mobilizaram contra uma estrada que cortaria ao meio seus territórios. A estrada em questão faz parte de um dos “eixos de integração e desenvolvimento” que constituem a IIRSA. Diga-se de passagem, que os maiores beneficiários desses eixos são as oligarquias latifundiárias ligadas à exportação de commodities como os grandes latifúndios exportadores de grãos e carnes, assim como as grandes mineradoras, sobretudo do Brasil. Secundariamente, se beneficiariam também os cocaleros, com grande poder de pressão junto ao governo de Evo Morales, ele mesmo cocalero. Enfim, para se integrar mais efetivamente aos mercados asiáticos essa integração física regional se torna imperiosa e, para isso, o Brasil dispõe de um pode-roso banco de fomento, o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o maior banco de fomento do mundo fora da China. No Peru, um dos movimentos sociais mais expressivos do país - a CONA-CAMI – Confederación Nacional de los Afectados por la Minería - se viu, em 2009, implicado num dos mais violentos conflitos dos últimos anos, em Bágua, nos contrafortes andino-amazônicos, além do caso Cajamarca, em 2011. No Brasil, são tensas as relações com movimentos indígenas e cam-poneses acerca da construção das barragens de Belo Monte no Rio Xingu, na obra de transposição do rio São Francisco, nos complexos portuários de Suape, em Pernambuco, e os do Comperj e de Açu, ambos no Rio de Janeiro.

Assim, vemos ao lado desses conflitos a emergência de uma série de ex-periências ricas e originais de sustentabilidade: as Reservas Extrativistas, o Parque Nacional de Yasuny; os Direitos da Natureza constitucionalizados na Bolívia e no Equador; o Estado Plurinacional; o Buen Vivir, o Suma Qamaña e o Suma Kausay.


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Há um cenário complexo se abrindo que coloca enormes desafios, sobre-tudo para aqueles que buscam uma integração com justiça territorial (social e ambiental ao mesmo tempo), que abrigue a diversidade de nossa região para que se logrem outros horizontes de sentido, novos ou não. Há um acer-vo enorme tanto de ideias para constituir uma agenda política nesse sentido, como um rico patrimônio cultural e natural que nos servem de condição para reinventar a nossa existência.

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¿Fin del desarrollo rural?1

José Bengoa2

ResumenEn esta contribución el autor muestra varias imágenes contradictorias de lo que ocurre en el ámbito rural de América Latina. Las dos tendencias de ma-yor fuerza parecieran ser la transformación de los campesinos en indígenas y los relatos que lo acompañan, la transformación también de los “aborígenes” y habitantes de las zonas calientes, en indígenas y las consecuencias que ello tiene en los conflictos ambientales, por una parte y la separación entre vida rural y producción agrícola por otra parte. Esta última tendencia tiene como consecuencia que se haya formado un gigantesco mercado de traba-jo temporal, en el cual participan miles de mujeres. Todas estas tendencias contribuyen a cuestionar el concepto de “desarrollo rural”. El autor considera que ha llegado el momento de abandonar este concepto.

Palabras clave: Desarrollo Rural, Indígenas, Temporeras, campesinos, mi-graciones.

AbstractThis paper shows a lot of different “pictures” about the current situation in the Latin America rural world. The first change is from “campesinos” nomi-nation, to indigenous people’s identity. The rural social movement is now an indigenous movement and there are many conflicts related with investments and environmental issues. The second change is the gap between rural life and agricultural and food production. The consequence of this gap is the existence of a very big labour market. Women migrant workers are the se-cond most important rural actor. The consequence of those “pictures” is the question about the validity of the concept of Rural development.

Keywords: Rural development, indigenous peoples, peasants, migrants, food.

1 Ponencia a la Mesa Redonda: Las alternativas al desarrollo. Desigualdad, pobreza y migración en el agro latinoamericano. IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU), Ciu-dad de México, octubre de 2014.2 Profesor de la Escuela de Antropología de la Universidad Academia de Humanismo Cristia-no y Rector de la misma. Miembro del Programa ICIIS, Centro Interdisciplinario de Estudios Interculturales /Fondap/ Conicyt. [email protected]

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IntroducciónHace doce años fui invitado por Alasru a dar una Conferencia Inaugural en la reunión celebrada en Porto Alegre. Allí presenté la hipótesis de los cambios que habían venido ocurriendo en el mundo rural en los últimos 25 años, y cómo a nuestra vista los campesinos se habían transformado por una parte en indígenas, y por otra parte en campesinas, aunque quizá una gran mayoría se transformaron en migrantes, y lamentablemente en algunos países en desplazados.3

Doce años después las tendencias se han agudizado de tal forma que po-demos levantar la hipótesis que el campesinado casi ha desaparecido como actor relevante y ha surgido con potencia inaudita el movimiento indígena. Por su parte las campesinas han dejado de serlo al nivel predial transformán-dose directamente en la mayor fuerza de trabajo, normalmente temporal y migratoria, existente en nuestros países.

La histórica lucha por la tierra, se desplazó radicalmente desde el mundo campesino al indígena. Podríamos decir que el desarrollo in situ, esto es, la búsqueda de desarrollo rural en el mismo territorio ya no es una cuestión cam-pesina sino que se ubica en el centro de la demanda de los indígenas, sean estos campesinos, esto es agricultores, o no. Por su lado las mujeres traba-jadoras rurales se han transformado en la gran masa laboral que levanta las cosechas de las empresas agrícolas que dominan la agricultura latinoameri-cana sin contrapeso; el desplazamiento de la demanda desde las luchas por la tierra a la búsqueda de mejores condiciones de trabajo, salariales, de vivienda y comunicación es lo que predomina en este sector masivo de lo que queda hoy del campo tradicional latinoamericano.

En los últimos seis años tuve la oportunidad de ser miembro del Grupo de Trabajo de Comunicaciones de las Naciones Unidas, que es el organis-mo de quejas producto de la resolución 1503, que funciona en Ginebra. Allí llegan decenas sino centenas de quejas de personas, grupos, y movimientos organizados de todas partes del mundo y por razones obvias tuve que reali-zar las relatorías de la mayor parte de los casos de conflicto rural en América Latina. Los casos en sí mismos son confidenciales pero las consecuencias y el carácter público de la mayoría de ellos permite hacer un análisis.

La totalidad de los conflictos son de carácter indígena. La mayor parte de ellos tiene que ver con disputas en torno a recursos naturales, empresas

3 El artículo “25 años de estudios rurales en América Latina” da cuenta de esa conferencia y fue gentilmente publicado por Sociologias, (Bengoa, 2003).

¿Fin del desarrollo rural?

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que se instalan para explotarlos, depredación ambiental, etc… En estos con-flictos el concepto de territorio es determinante. Ese concepto no aparece en cambio en situaciones no indígenas o es mucho más débil.

Estos conflictos han escalado en estos últimos años a un nivel que quizá no lo pudimos imaginar siquiera. Constituyen en muchos países sino el pri-mer problema, uno de los principales que debe manejar el Estado, y no pocas veces son la piedra en el zapato de coaliciones de centro izquierda.

Llama la atención además que la población, esto es, las personas co-munes, la llamada opinión pública se muestra altamente identificada con estos movimientos, cuyas demandas son vistas de modo positivo. Una gran adscripción a las causas indígenas se percibe en las poblaciones urbanas, en los sectores juveniles, en las clases medias, tanto que algunos consideran que se trata de un nuevo fenómeno que se podría denominar como etnofilia. Por cierto esto es muy poco grato para los dirigentes y líderes políticos.

El fenómeno del trabajo rural migratorio, de las asalariadas temporales o temporeras, de las y los jornaleros que se desplazan kilómetros a levantar co-sechas, es en cambio silencioso. No he visto en los últimos seis años ninguna queja ni individual, ni colectiva, referida a este fenómeno masivo. No cabe duda que este tipo de trabajo es agobiante, muchas veces altamente explota-do, no pocas veces en condiciones indignas, pero esos conflictos son o silen-ciados o suceden en la escala local y allí se disuelven en arreglos específicos.4

Desde una mirada quizá más compleja, podríamos decir que el primer tipo de situación posee un fuerte relato situacional, referido a imágenes y símbolos de alta significación popular; el segundo caso no ha podido salir del ámbito de los intereses individuales que llevan a esas personas a buscar ocupaciones en lejanos lugares. No hay una épica construida que posibilite la expansión del discurso colectivo. Los estudios muestran que las motiva-ciones, en especial de las mujeres, por “salir a trabajar”, son variadas y múl-tiples. No es difícil encontrar casos en que la autoexplotación se relaciona con las necesidades escolares de sus hijos y no pocas veces hemos visto que el trabajo temporero está destinado a obtener recursos para que un hijo o varios alcancen la universidad. En muchas partes se puede observar que se reproducen las antiguas relaciones latifundio-minifundio, entre áreas de pe-queña propiedad deteriorada y las nuevas regiones de expansión del capi-

4 El Censo Agropecuario del año 2007 en Chile señala que en los meses de Mayo, Junio y Julio hay 34,654 mujeres que trabajan en la agricultura y sube a 146,000 en los meses de noviembre, diciembre y enero que es el de las cosechas en la zona central de Chile. Es evidentemente el “frente de trabajo” más grande que hay en el país.

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talismo agrario y la gran empresa. Territorios rezagados, les denominamos. Los dormideros de la pequeña propiedad durante los inviernos o períodos sin cosechas, se combinan al paso lento del tiempo, con aquellos en que román-ticamente se cantaba “vamos mi amor a la zafra”. No son pocos, en especial etnógrafas jóvenes, que han visto en sus experiencias compartidas de terreno, elementos de alegría femenina, compañerismo y muchas veces de liberación de los yugos patriarcales.

Estas contradicciones del trabajo temporal femenino, conllevan consigo dificultades evidentes en la organización de este tipo de actor. Son perso-nas que se desplazan de región en región, que vuelven por períodos a sus casas, que las mejoran, que consumen y buscan educar a sus hijos. El tra-bajo adquiere un perfil instrumental lo cual es difícil compatibilizar con la organización social permanente. Aparece el trabajo como una oportunidad, lo cual erosiona un discurso de mayor densidad social y entibia la evidente explotación a la que son sometidas las mujeres.

En cambio, la transformación de los campesinos en indígenas conlleva una épica evidente: el pueblo está en peligro de muerte. Eso implica la muer-te de la cultura ancestral, del entorno medio ambiental, de valores que nunca más podrán ser recuperados por la humanidad.

No quisiera en este artículo y ponencia a la Conferencia de Alasru en México decir que la agricultura campesina ha muerto o que incluso es irre-levante, aunque la tendencia es muy marcada en ese sentido. Lo que digo es que sobre todo en estos últimos años ha perdido toda épica y ésta se ha trasladado a quienes defienden la tierra y sus recursos desde posiciones sim-bólico culturales que hoy en día se las conoce como indígenas y que apelan a una ancestralidad construida y relatada.

Es por ello que la pregunta por el “desarrollo rural” como concepto, pro-puesta y política, materia para lo cual se me ha invitado a este Congreso de Alasru en México (2014) es absolutamente relevante. ¿Se puede seguir hablan-do de desarrollo rural? O por el contrario, que es nuestra posición, se debería olvidar ese concepto ya que lo único que ofrece es un cúmulo de confusiones.

ImágenesA veces las imágenes dicen mucho más que un cuadro estadístico. Trataré de relatar brevemente algunas imágenes que juegan como datos empíricos contradictorios y que nos obligan a repensar muchas de las cosas que están ocurriendo en el mundo rural actual de América Latina. Probablemente el lector o quienes asistan a la reunión próxima de Alasru, tendrán experiencias


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mucho más ricas, y quizá mucho más complejas que obligarán a sofisticar más aún el análisis.

Rafael Correa en la CepalPregunté al Presidente Rafael Correa del Ecuador en su última visita a Chi-le, en la Cepal, por la cuestión indígena. Dije que era uno de los asuntos políticos de más alta complejidad en América Latina, y dado que en su país existe una población indígena muy grande, le preguntaba cómo él observaba este asunto. Respondió señalando que efectivamente es el tema más compli-cado que tiene en su país y que lo considera el de mayor relevancia política también en América Latina. Luego agregó que según su punto de vista, no podía haber un trato especial a los indígenas aunque fuese bien reconocido el carácter de víctima que han tenido los pueblos indígenas a lo largo de la historia; y sobre todo señaló su oposición absoluta a cualquier camino que fuera en la línea de las autonomías ya que ello significaría instaurar “un Estado dentro del Estado”. Quizá animado por la audiencia cepalina, en la que estaba a su lado el Canciller de Chile, la Secretaria General Alicia Bárcena de México, ex presidentes, políticos muy conocidos, intelectuales progresistas y de izquierdas, de todas partes de América Latina, argumen-tó con pasión en contra de las posiciones indigenistas contemporáneas que reclaman particularidades y derechos más allá de la ciudadanía nacional común a todas y todos los habitantes de la Nación. Agregó que en varias circunscripciones netamente indígenas había ganado las elecciones en forma contundente frente a sus adversarios indígenas, probablemente agrupados en el movimiento Pachacutec, como prueba de la debilidad de esas posiciones.5

Pocas dudas caben que el Presidente Correa se ubica en el espectro polí-tico latinoamericano más cargado a la izquierda que a la derecha. Es por ello que traigo esta anécdota para enmarcar esta ponencia; la cuestión o cuestio-nes indígenas, o campesino/ indígenas, como se la quiera denominar, asunto no fácil tampoco, se ha transformado en uno de los asuntos políticos más

5 “No es exagerado afirmar que el fenómeno socio político más importante en el Ecuador en la década de los noventa es la irrupción y la fuerza que adquiere el movimiento indígena” Carlos de la Torre, “Movimientos étnicos, democracia y ciudadanía en el Ecuador”. Flacso Ecuador. Publicado por Política, número 42. Revista del Departamento de Ciencia Política de la Univer-sidad Católica de Chile. Santiago 2004, pp. 319-325, contiene una buena bibliografía entre ella el conocido artículo de León Zamosc “Agrarian protest and the indian movement in the Ecua-dorian highlands” publicado originalmente por Latin American Research Review, 1994, Vol. 29, pp. 37-69. Pablo Ospina ha preparado un largo y comprensivo trabajo titulado “El movimiento indígena en el Ecuador” (Ospina, 2009).

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complejos, valga la redundancia del uso de ese término inocuo y ambiguo, en todos los países latinoamericanos.

El indígena durante largo tiempo fue visto como campesino y se sintió como tal. La cuestión del Estado pasaba primero por el reparto de la tierra y luego por el desarrollo rural, o por ambos. Al desaparecer el actor campesino y transformarse en indígena tanto una como otra política quedan sin sujeto. Hablan los indígenas de territorios y no de tierras, por lo que el concepto mismo de Reforma Agraria es obsoleto; hablan de no desarrollo, de mante-ner costumbres, de “buena vida” y por tanto el concepto de desarrollo rural queda también obsoleto. Es por ello que en este artículo y ponencia en que me convocaron a hablar sobre desarrollo rural trataré de sostener que ya no se puede utilizar más ese concepto y que debe ser abolido o reemplazado profundamente.6

Traigo a colación al Presidente Correa, con mucho respeto y admiración, pero habría que decir que considero que las izquierdas latinoamericanas no han captado aún estos cambios en los sujetos rurales, en las ciudadanías compartidas y diferenciadas.

Dilma atacada por flechas amazónicasEn medio de los preparativos del Mundial de futbol en Brasil, miles de in-dígenas se enfrentaron con la policía en varias ciudades, y la cifra de presos de las diferentes etnias es enorme en medio de la fiesta de goles. Las fotos en que grupos amazónicos lanzaban flechas a la policía rodeada de tanquetas ha recorrido el mundo. Vestidos con sus pocas ropas, ataviados con muchas plumas (de papagayos se podría imaginar) y con arcos con flechas (espera-mos que no emponzoñadas), iban al asalto del Palacio de Planalto en una combinación relativamente surrealista de imágenes, entre el símbolo de la modernidad de Niemeyer y las profundidades de la América amazónica.7

6 Roberto Santana en un artículo reciente sobre Guatemala y México señala también, y coincidi-mos, que “para enfrentar las posibilidades de progreso de las sociedades agrarias, habría que ale-jarse de las concepciones campesinistas que fueron útiles o funcionales en el modelo de desarrollo anterior…lo mismo en México que en Guatemala, me parece que sigue en boga en los círculos institucionales y a veces en la propia percepción indígena, esta ideología….” (Santana, s.f.). 7 “A 12 días del mundial se enfrentan indígenas y la policía”, señalan los medios de prensa. “Una flecha hirió a un caballo de la policía”, agrega O Globo, de modo surrealista. Y agrega: “La OIT afirma además que el hecho de no haber consultado a los indígenas en la construcción de la mega represa de Belo Monte, Brasil viola de esta manera el Convenio 169 sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribus, que Brasil había ratificado con su firma. Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo. El gobierno brasileño ha autorizado la construcción de la misma a pesar de la condena unánime de los pueblos indígenas, las comunidades ribereñas, los científicos, los fiscales de Brasil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El


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Las represas del Xingú se han transformado en una causa para miles de brasileros que apoyan a los indígenas. Dilma en estos días futbolizados en que se ha revivido aquello que Pierre Clastres denominaba “La sociedad contra el estado”, ha culpado a las ONGs de ser las causantes de estos movi-mientos. Desde una postura obrerista, propia de los orígenes del PT (Partido de los Trabajadores) arremetió en contra de sectores “ingenuos de clase me-dia” que no quieren el desarrollo pero quieren vivir bien y tener electricidad a destajo. ¿Qué quieren? Se preguntaba en voz alta y airada.

Aquí no ha habido transformación de campesinos en indígenas, sino de “nativos”, “aborígenes” u otras denominaciones despectivas, en indígenas, su-jetos de derecho internacional y ciudadanos de primera clase en América Latina. Ser indígena es hoy por hoy una adscripción prestigiosa.

La ruralidad de este sector combativo tiene muy poco que ver con el concepto de mundo rural que elaboramos históricamente, en particular los ruralistas. Acá no estamos frente a una hermosa y apacible villa, sembradíos ordenados a su alrededor, granjas bien cultivadas, fuego en la chimenea, teji-dos y artesanías que se intercambian en el mercado dominical, etc… Acá es el llamado con desprecio mundo primitivo el que se ha transformado en suje-to. Acá tampoco se puede hablar de desarrollo rural. Probablemente si ganan los indígenas y sus aliados y no se hace la o las represas, la vida de esas comu-nidades continuará siendo tan pobre como antes, tan aislada y premoderna como lo ha sido hasta ahora. Claramente hay un cambio de paradigma.

Son enormes los territorios de América Latina dónde el denominado progreso, esto es, muchas veces los planes de desarrollo rural, se enfrentan a una suerte de negativa radical; los progresistas y desarrollistas, la perciben como una locura, un “salto hacia atrás”, una pérfida e irreal obsesión. La-mentablemente está allí y las autoridades deberán o acostumbrarse a ellas o buscar su comprensión.8

proyecto de mega-represa fue iniciada por el ex presidente Lula Da Silva, y es su sucesora, Dilma Rousseff, ex ministro de Energía y actual presidente de Brasil, que ha dado luz verde al inicio de los trabajos en enero 2012 pese a la oposición multitudinaria”.8 La mayor parte de estos movimientos prefiere el “desarrollo cero” a aventuras en las que de forma evidente observan que saldrán perjudicados. Las experiencias son muchas. En Chile las represas del Alto Bio Bio son una demostración palmaria. Las comunidades Pehuenches fueron desalojadas y trasladadas. Se construyó la represa Ralco y las comunidades fueron despojadas de sus tierras y trasladadas forzosamente al Fundo El Barco y a varios campos del Valle. Las familias pasaron de la autosubsistencia tradicional a la miseria pura y dura. Se le construyeron casas, empastadas con riego automático y tecnologizado, en fin, ideas peregrinas de lo que debía ser. Una fundación de la empresa eléctrica realizó programas enmarcados en el concepto acá cri-ticado de desarrollo rural. Ver Namuncura (2006); también el video documental de mi autoría: Despues de Ralco. En: www.identidades.cl

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Cajamarca camina hacia LimaEl Presidente Ollanta Humala quien subió al gobierno del Perú con la im-pronta de sus orígenes étnicos, se ha debido enfrentar sin solución aparente con el movimiento de Cajamarca que se expande por todo el Perú.

Estuvimos en Cajamarca el día en que se iniciaba la Marcha sobre Lima. Eran miles de hombres y mujeres ataviadas ellas con esos altos sombreros blancos y ellos con sus oscuros ponchos. Caminaron días y días, bajaron por el hermoso valle del Jequetepeque, en que las terrazas andinas se han com-binado con las tecnologías chinas del cultivo del arroz y llegaron a la costa. Las refriegas con la policía no se hicieron esperar.

El Proyecto Conga trata infructuosamente de instalar una planta de extracción de metales preciosos en plena tierra cajamarqueña, secando en-tre otras cosas una laguna. Muy rápidamente esa laguna adquirió carácter sagrado. El gobernador y todas las autoridades participan de este enorme movimiento que se ha ido agrupando a lo largo y ancho del país en la Con-federación Andina de Comunidades amenazadas por la Minería, hoy por hoy, la principal organización indígena del Perú (Bebbington et al., 2008).

De mucho interés es conocer lo que ocurrió en esa región. Quizá Caja-marca es de los pocos lugares de América Latina en que se podría hablar de un éxito relativo de los programas de desarrollo rural. Allí se aplicaron todos los modelos habidos y por haber, desde los proyectos DRI, Desarrollo Rural Integral, famosos en los años sesenta y setenta. No es por casualidad que en ese espacio no ingresó Sendero Luminoso y los campesinos se organizaron en las rondas campesinas.

En un estudio acerca de los efectos de las transnacionales en la agricultura realizado en la mayor parte de los países de América Latina en los ochentas, Cajamarca se mostró como un modelo de articulación e integración vertical entre una planta lechera transnacional de nombre Perulac, (Nestlé) y los pe-queños productores lecheros (Lajo, 1979). Se analizaban dos cuencas lecheras una en el sur (Leche Gloria de la empresa Carnation) y una en el norte del país, justamente en Cajamarca. Se veía en la producción de leche para una planta un camino virtuoso. Efectivamente se mejoraron las empastadas, las vacas fueron de mejor calidad, los sistemas de acopio, los pagos de la planta, en fin, muchas teorías se organizaron en torno a estos ejemplos.

La contradicción actual es en este caso del mayor interés ya que muestra las limitaciones del mismo concepto de desarrollo rural. Los campesinos in-dígenas de Cajamarca durante estas décadas se mantuvieron en condiciones relativamente pobres, pero mejor que sus similares de otras regiones andinas.


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Una capa de agricultores prósperos se fue creando, que en el lenguaje de la época se los catalogó incluso como farmers. Producían leche, quesos de muy buena calidad, y tienen empastadas ricas para el ganado local. La expansión del capital minero de modo implacable tiende a terminar con este espacio, pobre aunque de dignidad. Por cierto que las consecuencias sobre el rico valle del Jequetepeque, son enormes también. Convengamos que el concepto de desarrollo rural ha quedado desfasado.9

En este como en muchos otros casos, la conversión de los campesinos en indígenas, es y ha sido el único camino de solución. Es curioso, pero en su calidad de campesinos los productores habrían sido barridos; debieron transformar el discurso en un relato étnico, sagrado, ligado a una épica de la sobrevivencia de las culturas ancestrales del mundo andino. Cajamarca, el lugar emblemático dónde Pizarro apresó al Inca y dónde se inició el saqueo del Imperio, es hoy el espacio simbólico de defensa y resistencia. La comple-jidad del asunto es evidente.

Papas en el desiertoDesde la ciudad de Trujillo, Perú, se toma la carretera panamericana rumbo al norte, hacia Chiclayo, por medio del desierto. A lado y lado del camino sólo se ven arenales que terminan en los cerros por un lado, el derecho, y en el mar, por el lado izquierdo. En un momento el lado derecho del camino se pone verde intenso. Veinte y cinco kilómetros de papas, por uno o dos kilómetros de ancho. Una sola empresa, también de capitales chilenos. No hay un alma. En la entrada solamente guardias. Todo está enrejado y cuida-dosamente irrigado con riego por goteo y otros sistemas altamente tecnolo-gizados. No podemos calcular cuántos miles de toneladas se producirán en esa inmensa fábrica de papas. ¿Es eso agricultura? ¿Es lo que entendíamos por agricultura?

En este caso también, y desde otro punto de vista, estaríamos en un nivel de “desarrollo rural cero”. Es una suerte de maquila agrícola, que si bajan los precios por ejemplo, se cierra y vuelve ese lugar a ser un desierto, como al otro lado de la carretera lo sigue siendo.

9 Bebbington en su estudio acerca de la minería y las comunidades campesino indígenas de Ecuador (Cotacachi) y Perú (Cajamarca) concluye que las comunidades tienen más relaciones internacionales que nacionales y que el eje “global/local” es más importante que el “local/nacio-nal”, en los conflictos ambientales (Bebbington et al., 2008).

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Hay varios de esos “emprendimientos” en la costa del Perú. Una suerte de Land grabbing.10 Son tierras concesionadas la mayor parte de las veces, por un número de años. Tierras desérticas transformadas en vergeles. Tecnolo-gías masivas y de muy poca exigencia de mano de obra. Sin embargo, unos kilómetros más lejos se ve cómo surgen los pueblos también en medio de las arenas. Me informo que el packing absorbe mano de obra.

Más al sur de Lima en las antiguas CAPS, Cooperativas Campesinas de Producción Social, creadas por la Reforma Agraria y luego privatizadas, se pueden ver las grandes extensiones de espárragos de exportación y otros productos de esa naturaleza11. En los ricos suelos del valle no vive nadie, ni un campesino. En cambio en las lomas de arena desérticas, se ven miles de viviendas precarias sin urbanización alguna. Nos dicen que son gente de la sierra, que migra temporalmente a las cosechas y trabajos de la costa. Chin-cha, Cañete, y esas ciudades y pueblos de la Costa se llenan los sábados de muchachos y muchachas que terminan la semana bailando, en fiestas inter-minables. Me dicen que hay muchos lugares así en muchos países.

Siempre, desde siempre, entendimos al mundo rural como el mundo agra-rio y por tanto, el mundo productor de alimentos. Me temo que no es tan fácil mantener esta imagen. Por cierto que hay ruralidad en nuestros países y hay allí productores de alimentos, campesinos esforzados a la usanza de Chayanov. No voy a negar aquello, ya que los ejemplos que se pueden sacar, sobre todo en un Congreso de Alasru, pueden ser infinitos. Pero el asunto es saber si la tendencia es esa o por el contrario, esto es, la separación cada vez más fuerte entre agroproducción de alimentos y vida rural. Me temo que esa es la tendencia.

10 El término acaparamiento de tierra o land grabbing se utiliza para describir la compra o apropiación mediante leasing de grandes extensiones de terreno fértil por parte de entidades públicas o privadas; se trata de un fenómeno que creció de forma significativa a partir de la crisis mundial económico-alimentaria de los años 2007 y 2008. Hoy día la superficie total de terreno acaparado asciende a millones de hectáreas.11 Perú ha llegado a ser el primer exportador de espárragos del mundo. “Las principales zonas de producción se ubican en la costa, en La Libertad, Ica, Lima y Ancash. La mayor exten-sión sembrada (60%) se encuentra en la región de La Libertad con aproximadamente 8 200 hectáreas ubicadas en los valles de Chao, Virú y Moche en la irrigación del proyecto especial CHAVIMOCHIC (BCRP, 2011). La Libertad, cuenta con las condiciones edáficas y climáticas ideales para la producción de espárragos, lo cual permite obtener hasta 2.3 cosechas al año, y los mayores rendimientos en este cultivo a nivel mundial (12.2 t/ha)” (Cedano y Cubas, 2012).


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Cofqueche, la gente del trigoEl último Censo Agropecuario en Chile se realizó el año 2007 y es de muy buena factura. Nos ha permitido ver con cifras lo que observamos en las experiencias de terreno.

Las propiedades o explotaciones mapuche del sur de Chile, sin ese, son 42.893. Casi todas siembran trigos lo que da un total de 20.892 ha de trigo sembradas a un promedio de 21.9 quintales por hectárea. Los mapuche tie-nen en el trigo uno de sus componentes básicos de su dieta, lo que llevó a al-guno a denominarlos “Cofqueche”, esto es “Gente del Pan”. En los estudios que hicimos en los ochenta vimos que cada familia destinaba 1.8 hectárea a la siembra de trigo. Dado los bajos rendimientos de aquella época, 12.8 qq/ha, esta superficie alcanzaba de modo justo, y apenas, para el pan de la familia. Los rendimientos han aumentado en estos últimos veinte años como conse-cuencia de mejores semillas, fertilizantes, en fin, “el chorreo” de los avances tecnológicos, la acción de los organismos del Estado. Esto ha llevado a que en el Censo del 2007, el promedio sea de 0.9 hectáreas de siembra de trigo por explotación, alrededor de unos veinte quintales de trigo. Por una parte se mantiene el patrón de consumo de pan y por otra parte se disminuye la superficie.

El mismo Censo muestra que existe un conjunto de explotaciones sobre las 500 hectáreas de siembras de trigo. Los rendimientos del trigo en el sur de Chile se han disparado en las empresas a un promedio de 84 quintales por hectárea y en esos sembradíos especializados alcanzan cifras cercanas a los cien quintales por hectárea. Hay empresarios que “mueven” cientos de hectáreas, muchas veces desplazándose por la región de norte a sur, de modo de aprovechar diversos tiempos de cosecha y utilizar la maquinaria de modo más eficiente; los servicios por cierto son externos, maquinarias alquiladas a empresas especializadas, convenios con molinos, crédito bancario amarrado, etc… Hemos asistido a los momentos en que una enorme fila de camiones de alto tonelaje es cargada con las cosechas. Estamos hablando que un puña-do de agricultores hiperespecializados reemplaza la producción de miles de pequeños productores campesinos – mapuche. No es difícil pensar que estos productores están por definición fuera del mercado y que su producción de trigo solamente se afirma en razones extra económicas, tradicionales, simbó-licas, o de pobreza y autosubsistencia. Los programas estatales de desarrollo rural dan crédito, promueven y finalmente se afirman fundamentalmente en los cereales y la ganadería, que son las actividades siempre solicitadas por los campesinos. Se trata por cierto de una profecía autocumplida. El circuito

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normal consiste en ofrecer crédito estatal para la siembra de trigo (semillas y fertilizantes), salir a trabajar a las cosechas de fruta de la zona central de Chile, obtener recursos monetarios, pagar el crédito con el fruto del traba-jo asalariado temporal, y, utilizar el producto para el consumo domiciliario. Para no ser injusto, habría que decir que existen beneficios secundarios im-portantes; la asistencia técnica ha logrado casi disminuir a la mitad la super-ficie sembrada de trigo en las explotaciones indígenas, lo que mirado desde el punto de vista de la utilización de los recursos es duplicar la superficie bajo cultivo y por tanto poderla dedicar a la ganadería u otras actividades productivas.

Mi Buenos Aires queridoUna excepción evidente a esta tendencia a la descampesinización de la pro-ducción agrícola es la producción de hortalizas y verduras frescas. El fenó-meno es relevante en muchas partes del mundo y de nuestro continente. La literatura lo señala claramente desde los famosos círculos concéntricos de Johann Heinrich Von Tünen, padre o más bien abuelo de la geografía rural, hasta cualquier manual actual. Por ahora, hay que decirlo, no se puede traer lechugas frescas desde otro continente; hace unos años se decía algo similar de los tomates, pero hoy día no se lo puede decir. Las papas del desierto an-dino van a parar a la mesa de vaya a saber qué cocina. Las paltas o aguacates en mexicano, que parecían tan frágiles hoy por hoy dan la vuelta al mundo. Así que es preciso ser muy cuidadoso con estas afirmaciones.

Pero hoy por hoy el abastecimiento de los mercados locales de produc-tos frescos suele provenir de un cordón hortícola cercano a las ciudades. En Buenos Aires la historia es muy particular y significativa. Los chacareros europeos se fueron instalando alrededor de la gran ciudad a medida que esta crecía. Allí surgió una cultura gauchesca italiana muy rica y particular. Era una agricultura familiar clara y definida. Se asentó en la tierra: “no venga a medirme el campo con ojos de forastero, que no es lo que aparienta, sino como yo lo siento”, cantaba Traful Alvarez, uno de los grandes ruralistas argentinos y conocedor de esos pagos (Le Gall y García, 2009).

Las generaciones fueron cambiando y los hijos, y los hijos de los hijos, estudiaron y se fueron del campo; no se agacharon más para agarrar con la mano las zanahorias, lechugas escarolas, radichetas, alcauciles, berenjenas, en fin, lo que abastece los mercaditos de la ciudad de Buenos Aires. Fueron primero a trabajar bolivianos y paraguayos. Se fueron quedando, arrendaron las tierras y luego algunos las compraron. Hoy día la producción hortalicera


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de esa gran ciudad está totalmente en manos de bolivianos, en su mayor par-te indígenas de las regiones pauperizadas de Potosí y Sucre. Muchas viejas familias de los antiguos italianos, también portugueses y algunos japoneses, han mantenido sus casas para descanso o veraneo. Es un fenómeno muy masivo e interesante. Se nos señala que regiones enteras de Bolivia dependen de las remesas enviadas desde el cinturón hortícola de la ciudad de Buenos Aires.

Los Valles de Arica en la intersección de Chile, Bolivia y Perú es otro caso en que la etnicidad ha sido un factor determinante para la campesini-zación hortalicera. De igual manera que en el caso anterior, los aymara, en este caso, del altiplano fueron bajando a los valles de Lluta y Azapa. Allí se había realizado la Reforma Agraria en los años setentas, lo que implicó una subdivisión de las tierras. Los campesinos beneficiarios de esas reformas, requerían mano de obra y la obtuvieron de Bolivia, Perú, en fin, del mundo aymara. Pronto el trabajo asalariado pasó al arriendo y de este se pasó a la compra de las tierras. Junto a ello los aymara o aymaraes, fueron organizando las comunicaciones, y enormes camiones surtieron de verduras y hortalizas, a La Paz, Arica, Tacna Arequipa y ciudades regionales. Un enorme mercado, denominado el Agro, se construyó en Arica. La producción hortalicera ya abastece en contra estación incluso a Santiago, a donde se llega en una larga noche en camiones de alta tecnología. En pleno invierno los santiaguinos comemos tomates del norte (Solís y Guzmán, 2009).

En el sur de Chile, Temuco es la capital regional de La Araucanía. Ha crecido enormemente en los últimos cuarenta años, es la ciudad de Chile que más crece. Las comunidades mapuche de la zona de Chol Chol, comenzaron con planes de producción de hortalizas hace décadas. Muchas ONGs reali-zaron proyectos por años y años en esa zona12. Hoy es un emporio de produc-ción hortalicera que abastece a las ciudades del sur e incluso poco a poco va dirigiendo sus productos a la ciudad de Santiago, a una noche de distancia, lo que permite cosechar en la tarde, preparar los camiones y amanecer en la feria mayorista más grande del país. Es el producto que rompe la tendencia que antes señalamos respecto al trigo. Se une con una fuerte performan-

12 Un asunto no tratado en este trabajo y que bien merece un comentario es el lento, persistente, y duro trabajo de cientos o miles de ONGs en América Latina que han tenido como resultado buena parte de lo que acá estamos analizando. En este caso se puede señalar al Instituto Indí-gena, Trafquin, Capide, Lonko Kilapan, Newen, y técnicos como Roberto “chilote” Mansilla, y tantos otros, que han llevado a cabo programas de regadío, de cultivos bajo plástico, en fin, tecnologías que después de muchas décadas han sido incorporadas como parte de la cultura productiva por las comunidades.

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ce de la identidad, en este caso autodenominada Wenteche. Hay programas de turismo, visitas a los predios productores, y una creciente circulación de compradores.

Las temporeras levantan cosechas y algo más…La imagen es impactante para quienes somos solamente observadores del mundo rural. Pueblos vacíos en el invierno que comienzan a moverse a me-dida que la primavera despierta los árboles frutales, las parras, y se inician las actividades destinadas a amarrar, a regar, a ordenar las cajas y todo tipo de materiales para las cosechas. Cuando ya estas comienzan llegan los buses cargados de mujeres. En el norte de Chile, llegan buses del Perú, Ecuador, mujeres de muy lejos, cargadas de cansancio y ánimo para hacer unos pesos en la temporada. Duermen como pueden en barracones, campamentos de todo tipo, se ríen también, cantan muchas veces sus melodías lejanas.

Se repite el modelo en la mayor parte de los países latinoamericanos volcados a la exportación de productos primarios.13 Hay mucho que decir de este fenómeno masivo. Uno, que el despliegue de esta mano de obra tempo-ral y femenina principalmente, pero obviamente no exclusiva, se realiza en enormes distancias y muchas veces es de carácter internacional; lo segundo, es que se disuelven las distancias urbano rurales, ya que muchas de estas mujeres provienen de las ciudades.14

13 En el estudio de FAO (2012) Empleo y condiciones de trabajo de mujeres temporeras agrícolas, se estudian los casos de Brasil, Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y Perú. No cabe duda que es uno de los fenómenos más masivos del mundo rural latinoamericano.14 Los territorios de agricultura de exportación, dinámicos desde el punto de vista económico, utilizan casi siempre mano de obra temporera, en condiciones de alta precariedad. Frente a las áreas rezagadas con muy bajo nivel de monetarización, aparecen muy atractivas para los y las trabajadoras. La maquila por ejemplo, tiene las mismas características. Visitamos en Honduras San Pedro de Zulia un “polo de crecimiento” donde las trabajadoras principalmente mujeres, reciben un salario extremadamente bajo pero gozan de un alto nivel de satisfacción, ya que la alternativa es inexistente. Lo mismo pasa en muchas áreas de exportación agropecuaria. Ver los estudios sobre el trabajo de temporada, de Rosa María Flores Lara del Instituto Nacional de Antropología e Historia INEH, México. “A partir de la década de los ochenta, los productos tropicales latinoamericanos que constituían materias primas para el sector industrial de los países desarrollados, pierden importancia. En el nuevo contexto, los países latinoamericanos se insertan en el mercado internacional como proveedores de productos suntuarios, p.e.: kiwis y uvas de mesa (Chile); flores (Colombia, Costa Rica, Ecuador, México); y hortalizas (México, Costa Rica, Guatemala)” (Flores, 1995).


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La migración va acompañada de las remesas (BID/Fomin, 2003)15. No se trata en este momento de migraciones de ida sin regreso, como fueron las de la década del cuarenta y cincuenta. Quienes se trasladaron en esos años a la ciudad rompieron sus lazos rurales y se integraron a las clases obreras y trabajadores industriales. Hoy día, quienes se van a la ciudad o incluso al extranjero16, no cortan los lazos ya que la “densidad” del ambiente laboral en-contrado, no es ni la misma que antes, ni las formas de inserción son deter-minantes y estables. Las migraciones de hoy en día se caracterizan como de ida y regreso. La mayor parte de los estudios que hemos realizado muestran que se mantiene presente el imaginario de retorno al campo. Ese imaginario piensa en la migración como un proceso de “acumulación originaria”, que permitiría instalar en el campo ya sea una granja moderna, un negocio turís-tico, o una actividad comercial.17

La consecuencia de este fenómeno, asociado a los dos anteriores, es que en los pueblos rurales se ve “progreso” a pesar de que no existan cambios deter-minantes en el o los sistemas productivos.18 Se ven por ejemplo, mejorías en las casas, en calles y plazas, normalmente en los comercios. Si uno toma cual-quier pueblo de la sierra andina o del sur de Chile, lugares que hemos visitado desde décadas y los compara con veinte años atrás, podrá ver la diferencia. En muchos de ellos lo único que se conserva parecido es el casco central del pue-

15 Este estudio y uno realizado el 2004 por Cepal estiman el nivel de remesas, que sin duda es muy alto en América latina. Este estudio además señala los destinos de las remesas y además del evidente destino familiar, muestra que la inversión en vivienda es muy importante y en infraestructura comunitaria, construcción de Plazas, espacios deportivos etc... realizadas por los migrantes.16 Ver, Asunción Merino H. “Relaciones entre gente, cultura y lugar en el fenómeno migratorio contemporáneo: los peruanos en España”. En: Revista de Indias. Número 229, Año 2003, pp. 737 a 756. En este artículo se muestra la reconstrucción de ritos religiosos, cofradías en Madrid y la precariedad de la integración de los peruanos en ese país. Su deseo de regresar una vez que se haya progresado, es muy grande a pesar de que se dan cuenta de que si no hay cambios sustantivos en el país eso no se podrá realizar. Ver también, Carolina Stefoni, “Inmigración y ciudadanía, la formación de comunidades peruanas en Santiago y la emergencia de nuevos ciu-dadanos”, en; Política. Revista del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile. Volumen 43, Primavera del 2004, páginas 319 y ss. La migración femenina casi dobla a la masculina y el 75% es de menos de 44 años. El 80% tiene a sus hijos en el Perú.17 Es también la característica de muchas de las migraciones internacionales. Muchas personas no buscan oficializar su situación de trabajador migrante por este motivo, ya que no quieren enraizarse en el país de acogida. No quieren por ejemplo que se les descuente los impuestos de la seguridad social ya que prefieren ganar el dinero directamente pensando que lo podrán enviar como remesa o les servirá para volverse a su tierra.18 Cristóbal Kay (2009) considera que las remesas de los migrantes son la manifestación del “ro-tundo fracaso de los planes de desarrollo rural” y que los campesinos se han tenido que arreglar con sus propios métodos. Kay discute el concepto de “nueva ruralidad” y lo critica. Desde otro punto de vista y temas ligeramente diferentes coincidimos con los planteamientos de este autor.

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blo, la Plaza de Armas, la Iglesia y dos o tres callejuelas. En la mayor parte de estos pueblos, por lo general a su salida, hay una discoteca donde los fines de semana se escucha música de “alto wataje”, y se bebe y se baila hasta el amane-cer. Uno se pregunta, ¿Qué tienen que ver estas culturas rurales actuales con las antiguas culturas campesinas latinoamericanas? No es difícil encontrar en esos lugares y actividades a los dirigentes jóvenes indígenas y campesinos que reivindican con razón, sus fueros y tradiciones, pero que al mismo tiempo participan de estas modernizaciones fragmentadas o parciales.

¿Qué desarrollo rural?Estas imágenes nos muestran tendencias cruzadas que ponen en definitiva en cuestión conceptos tales como el de desarrollo rural, que ha sido el tema para el cual nos han convocado a esta Mesa de ALASRU.

De una u otra manera siempre se ha entendido que el desarrollo rural consistía en mejorar la vida del campo mediante por un lado procesos pro-ductivos efectivos y sustentables y por otro, un crecimiento de los servicios que se pareciese lo más posible a los urbanos: electricidad, agua, comunica-ciones, conectividad, salud, hospitales, escuelas, etc… Lo que vemos en este momento es que por una parte los campesinos se transformaron en indíge-nas adoptando un relato contrario o ajeno al desarrollismo y por la otra parte se produce una separación cada vez más profunda entre producción agrícola y pecuaria y vida rural.19

La transformación de los campesinos en indígenas, según lo vemos en los casos analizados, muestra que no va por ahí el camino, ni la demanda. Por el contrario, la fuerza del movimiento indígena está en su renuencia a seguir el “camino del progreso”, tal como los acusa la Presidenta del Brasil haciendo gala del lema que está grabado en el escudo y bandera de ese enorme país de clara tendencia y orientación desarrollista.

La defensa de la ruralidad, esto es, las posibilidades de vivir en un espacio no netamente urbano, pasan en este tiempo por el proceso de “acumulación

19 El caso de mayor separación se produce entre la vida rural y la producción forestal. No lo analizamos acá por razones de espacio y tiempo. Las plantaciones de eucaliptus en Uruguay presagiaron la necesaria construcción de enormes fábricas de celulosa, por razones obvias. Na-die podría haber pensado que esas miles de hectáreas anteriormente dedicadas a la ganadería y parcialmente a la agricultura iban a ser destinadas a otros fines. Las fábricas después de una larga controversia entre Uruguay y Argentina, han comenzado a operar de la mano de una firma finlandesa y una chilena (Angelini). Se dice que en su plena operación aumentará el PIB de ese país en dos puntos (sic). Por cierto que aquello no modificará en nada la vida rural de la República Oriental.


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de capital simbólico”. Esto es, constitución de un relato, a veces de carácter épico, en que se dinamicen procesos culturales de dignificación y valoración del mundo rural y de su gente, de “respeto por la vida rural”, aumento de la autoestima campesina, indígena. La toma de conciencia, también, de la dis-criminación y la aplicación de medidas antidiscriminatorias, por ejemplo en poblaciones afrodescendientes, indígenas, campesino mestizas, desarrollo de procesos de auto gobierno, capacidad de gestión en poderes locales, etc... La revalorización de fiestas y ritos locales, de productos locales, son otro aspecto.

Los discursos acerca de la identidad local, la reconstrucción de memorias e historias locales, son el aspecto central de la acumulación de capital sim-bólico. Finalmente, un aspecto importante de estos procesos de acumula-ción son los de carácter educativo, por ejemplo, la existencia de profesionales jóvenes letrados que participan en las comunidades y gobiernos locales, la capacidad de estos jóvenes de conectividad y contactos globales, en fin, fe-nómenos de apertura cultural.20

En el caso de las temporeras que levantan las cosechas, sus intereses no están en el lugar del trabajo; más bien no hay ningún compromiso con el lugar en que trabajan, con el producto que “levantan”, ni mucho menos con la empresa que allí opera. Sus intereses son extra territoriales. Podría suge-rirse de los estudios que hemos citado que residen fuera del ámbito rural. Es por ello que se trata de educar a los hijos, justamente para que se vayan del campo21. Junto con la educación el orgullo consiste en “la casa”, que se ha construido en la ciudad. Ya lo hemos dicho, el relato del trabajo de tempora-da tiene que ver con la explotación, el sufrimiento y la necesidad de hacerlo para darle un mejor porvenir a los hijos.22

Poco queda de la mirada del desarrollo rural, desde esta perspectiva que estamos tratando el asunto. Difícil saber el camino y el autor no es nadie para señalarlo. Lo que no funciona, modestamente, es que las autoridades crean en el progreso y el desarrollo y no comprendan los motivos de los ex campesinos, hoy indígenas que se oponen a que se les destruya sus terri-torios, aunque eso signifique mantener los niveles de auto subsistencia y pobreza tradicionales.

20 Uno de los aspectos del capital simbólico sería el patrimonio Intangible (George, 2001). 21 24 En las entrevistas de los trabajos que hemos citado, es recurrente la frase que señala: “quie-ro que mis hijos se eduquen para que no sufran lo que yo he sufrido”.22 Los casos de mujeres que se apegan a su tierra, por lo general van de la mano de un in-cremento del capital simbólico, ya sea por el lado de la adscripción indígena o de producción dignificada por la adquisición de denominaciones de origen, turismo rural, y otros relatos dig-nificantes.

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Por cierto que en nuestras mentes ruralistas, un poco románticas quizá, seguimos con las imágenes de una hermosa y equilibrada villa, su Iglesia y el mercado en la Plaza, las casas apretadas en torno a las huertas, los campos de cultivo como jardines. Quizá no nos damos cuenta del aburrimiento de la vida rural, de esa vida rural, de la histórica violencia que implica, del machis-mo que hace insoportable la vida de las mujeres jóvenes, del tedio del trabajo obligado y no remunerado de los niños yunteros, en fin, del lado oscuro de la ruralidad que quienes no viven en el campo comúnmente olvidan.

¿Cómo enfrentar esas ideologías que se oponen a todo lo que huele como “progreso” o que olía a ello hasta hace años atrás? ¿Cómo aceptar que en vez de una producción minera que aumentará varios puntos el PIB, o un con-junto de represas hidroeléctricas que iluminará las noches de Rio de Janeiro y sus turistas, un grupo de “aborígenes” “apoyados por gringos y ongs”, obli-guen al estado a mantener esos territorios casi como Dios los crió? ¿Cómo es posible fundar el crecimiento agroexportador de nuestro continente en los hombros de miles y miles de mujeres? ¿Qué tiene que ver todo eso con el desarrollo rural? ¿No es más bien la expresión nítida del fracaso de esas ideologías desarrollistas?

Dejo estas preguntas abiertas a la discusión, estando muy agradecido de esta invitación.

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Corredores migratorios y cambios en los medios de vida rurales en América Central1

Abelardo Morales Gamboa2

ResumenLas transformaciones rurales en Centroamérica se originan en una serie de cambios en los patrones de acumulación de capital y, como consecuen-cia de ello, de la integración de los modos de vida rurales a las lógicas de producción de valor y mercantilización del espacio. La movilidad laboral también es resultado de estos reacomodos y se caracteriza por un sistema migratorio complejo. En esta fase, la devastación de la agricultura y sobre todo, la crisis del café aceleraron las transformaciones del mundo rural; el efecto del neoliberalismo sobre el campo indujo a una reasignación de la mano de obra en sistemas diversificados de producción; la migración ha propiciado también una reasignación de recursos económicos, socia-les y culturales en el campo. La dilatación espacial de los modos de vida debidos a la migración incrementa sus ámbitos y dimensiones, inclusive diferenciaciones, contradicciones, conflictos y exclusiones, bajo las cuales se manifiesta la recomposición de las estructuras sociales en el campo. Esa transformación y su vínculo con la migración recrea una serie de escenarios para el conflicto sociopolítico, pero también para la resiliencia, el ejercicio de los derechos, sobre todo de una nueva ciudadanía en el nuevo contexto de interacciones territoriales.

Palabras clave: Migraciones, mercados de trabajo, producción campesina, territorio social y ciudadanía.

1 Ponencia a la Mesa redonda Las alternativas al desarrollo. Desigualdad, pobreza y migración en el agro latinoamericano. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica e investigador de FLACSO Costa Rica. Correo-e: [email protected]

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Migratory runways and changes in the rural livelihoods in Central America

AbstractRural transformations in Central America are originated in a number of changes in the patterns of capital accumulation and the integration of ru-ral livelihoods to the capitalist production and marketing of space. Labor mobility is a result of these rearrangements and is also characterized by a complex immigration system. At this stage, the devastation of agriculture and especially the coffee production crisis accelerated the transformation of rural societies; the effect of neoliberal policies led to a reallocation of labor in the production systems; migration has also led to a reallocation of economic, social and cultural resources in rural communities. The spatial expansion of livelihoods due to migration increases their areas and dimensions, includ-ing differentiation, contradictions, conflicts and exclusions, under which the restructuring of social structures on the rural societies is manifested. This transformation and the migration recreate scenarios for the socio-political conflict, but also to the resilience, the exercise of rights, especially for the citizenship in the new context of territorial interactions.

Keywords: Migration, labor markets, farm production, social territory and citizenship

IntroducciónEl propósito de este trabajo es ofrecer una interpretación sobre la movilidad humana en Centroamérica, y sobre su relación con algunas de las trans-formaciones de las sociedades rurales del istmo. Una serie de cambios te-rritoriales y regionales explican la evolución de un sistema migratorio, que destaca en el contexto de una intensa movilidad de estrategias, factores de producción, ideas y saberes. Entre las manifestaciones de los cambios des-tacan reconfiguraciones de los paisajes, reacomodos de los elementos del espacio socio-ambiental, así como de los patrones de uso y distribución de los recursos, en particular de los factores de la producción, especialmente de la fuerza de trabajo y de los medios de vida. En esa vinculación se muestra la esencia social del espacio (Santos, 1996); y en su configuración geográfica quedan plasmados los anclajes de la transición local con la globalización (Robinson, 2003): el paisaje regional, los modos de vida y la característica sencillez rural, dependiente de la obtención de bienes directos de la tierra,

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fueron interceptados por las nuevas formas de acumulación y el consumo transnacionalizado de masas. El trabajo también se consume transnacional-mente: la migración laboral es una de esas expresiones. El trasfondo de la sustitución de modos de vida es la nueva geografía y geocultura de la acumu-lación que enfatiza que para ser moderno se debe ser occidental (Wallerstein 1991), bajo macro-políticas neoliberales, acuerdos de libre comercio que fo-mentan la expansión de meganegocios y una estética global de los espacios de interacción y reproducción de la vida social. Los regímenes de la acu-mulación por desposesión (Harvey, 2007) privilegian el control privado y el aprovechamiento especulativo de la tierra, el quebrantamiento de antiguas instituciones, controles externos sobre recursos y oportunidades; en fin, una desestructuración de tejidos, prácticas sociales, saberes y formas de identifi-cación social y sociocultural de las sociedades rurales.

La movilidad de personas corresponde a esa reconfiguración; al exten-derse por sobre los límites territoriales del Estado-nación, constituye una de las principales formas de inserción de las sociedades del istmo en las diná-micas globales, mediante la oferta de mano de obra barata y dentro de un sistema migratorio regional heterogéneo y cambiante, y bajo el que se pone de manifiesto la condición subordinada y periférica de la región a la geoeco-nomía/cultural hemisférica, hegemonizada por Estados Unidos, principal destino de esa mano de obra migrante; pero además se evidencian las fractu-ras sociales y espaciales profundizadas en su dimensión transnacional.

Las transformaciones observadas en la territorialidad rural se originan de cambios en los patrones de acumulación de capital en Centroamérica y, como consecuencia, de la integración de los modos de vida rurales a las lógicas de producción de valor y mercantilización del espacioEn un círculo de violencias y desigualdades, las economías de la región se transformaron, se diversificaron y dejaron de depender de la agroexportación de café, bananos y otras materias primas agrícolas. La incorporación de te-rritorios a las lógicas de la acumulación, inclusive su mercantilización por la vía del cambio de régimen en la renta de la tierra, propiciaron ajustes en las macropolíticas rurales para la liberalización y privatización de activos para la producción e, inclusive, la formación de excedentes de mano de obra que permitieran la redistribución de la fuerza de trabajo en los mercados labora-les urbanos y rurales, locales y externos. Un par de décadas atrás, la macropo-lítica regida por las estrategias de alimentos baratos, incentivos para masivas inversiones y la explotación de los recursos energéticos, minerales y materias


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primas más rentables, socavaron anteriores regímenes de producción exis-tentes y, con ello, a las formas de producción de subsistencia y sus intercam-bios, y alteraron los tejidos sociales y modos de vida rurales. La fractura de la guerra ya había hecho lo propio de los años setenta a los noventa del siglo XX, posteriormente las catástrofes climáticas culminaron el socavón. Más recientemente, la violencia social y el crimen organizado sumaron nuevas amenazas al riesgo sistémico (Luhmann, 2006) y a la precariedad estructural de los habitantes rurales. Junto a otros reacomodos demográficos, los del mercado de trabajo convirtieron a unos territorios en plataformas de migra-ción por diversos corredores internos y extrarregionales; otras localidades, por el contrario, reconfiguradas por el efecto de inversiones en actividaes agrícolas y no agrícolas se convirtieron en receptores de corredores de mano de obra barata.

Los patrones de la inversión en las zonas rurales se relacionan cada vez más con actividades distintas a la agricultura tradicional campesina y de ex-portación; la maquila industrial y agrícola, minería, turismo, servicios logísti-cos y otros servicios financieros y de exportación, han cambiado los patrones de producción de valor y han distorsionado los mercados del suelo y la renta de la tierra. El alcance de tales transformaciones considerado a partir de las principales fuentes de atracción de divisas externas de los países, muestra a las remesas y a las nuevas actividades como sustitutos de las ganancias antes logradas con las exportaciones agropecuarias (Rosa, 2009). La emigración convirtió a las remesas en una de las principales fuentes de divisas en toda la región, inclusive en ciertas localidades en Costa Rica.

Entre esos cambios, se ha gestado una serie de actividades económi-cas en torno al desarrollo de enclaves agroindustriales y la producción de maquila, plataformas de servicios logísticos, proyectos inmobiliarios, des-tinos turísticos, concesiones mineras y autorizaciones para la exploración petrolera, la expansión de los agro-combustibles y la construcción de repre-sas hidroeléctricas, nuevas carreteras, puertos y aeropuertos, como soporte logístico-energético para las actividades económicas en expansión. Resalta eso sí, el hecho de que el contraste entre indicadores evidencia una diferen-ciación en la estructura de recepción de las divisas entre los cinco países que han compartido una serie de rasgos históricos.3 Si bien en todos se registra una caída del ingreso de divisas por concepto de la exportación tradicional,

3 Hablamos en particular de los cinco países que conformaron hasta mediados de los 1800 la República Federal de Centroamérica.


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en cuatro de ellos esa caída ha sido compensada por el crecimiento de las remesas familiares, vía la migración de la mano de obra; la excepción en ese grupo de países es Costa Rica. Mientras las divisas que recibe El Salvador dependían en un 55% de las remesas familiares, en Costa Rica ese porcentaje era sólo de 7%. Ello lo explica que este segundo país tenga una estructura más diversificada de fuentes de divisas; Costa Rica recibe por concepto de turismo y exportaciones, tanto tradicionales como no tradicionales fuera de Centroamérica, poco más del equivalente al valor de las remesas que obtiene El Salvador. Mientras este segundo país dependía de las remesas para la captación de un 55% de las divisas externas, Costa Rica lograba el 58% con nuevas exportaciones, maquila e ingresos por turismo (Rosa, op.cit).

La movilidad laboral en la región centroamericana está caracterizada por un sistema migratorio espacialmente complejo y regido por una reconfi-guración de los mercados de trabajo, de los tejidos sociales y de los modos de vidaVarios corredores de migración laboral han adquirido forma como parte de la organización de un sistema de oferta de mano de obra barata para merca-dos de trabajo fuera y dentro de la misma región. Esas migraciones laborales constituyen en sentido estricto la extensión al plano externo de las distorsio-


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nes históricas de los mercados de trabajo, de los regímenes de regulación y protección social del empleo y de las relaciones laborales de sus países. Los mercados laborales estuvieron fuertemente marcados por el peso de las ac-tividades agrícolas en las economías locales, en cuyo contexto las relaciones laborales se mantuvieron sometidas al empleo informal y, prácticamente, a la casi nulidad de las legislaciones laborales, sobre todo bajo los regímenes autoritarios. En el periodo inmediato a la transnacionalización de los flujos de la migración laboral, los regímenes laborales de estos países arrastraban una elevada informalización. Esas economías en este nuevo periodo fueron susceptibles a una serie de tendencias de autoempleo, desempleo, salarios reales decrecientes y salarios nominales por debajo de las necesidades básicas de las familias trabajadoras, sobre todo porque dichas economías se basaban en una serie de inversiones en sectores que no generaban crecimiento y de-mandaban empleos de baja calidad; todo ello, a su vez, en un contexto de debilitamiento de la capacidad organizativa y negociadora de trabajadores y trabajadoras, y de la imposición de normas flexibilizadoras que debilitaban la protección de derechos laborales.

Centroamérica es una de las regiones con mayor porcentaje de emigran-tes respecto a su población total, con aproximadamente un 12,1%, según es-timaciones bastante reservadas, pues la falta de datos es uno de los mayores problemas para mejorar el conocimiento de esta temática; sobresalen El Sal-vador, con más del 20% de su población, y Nicaragua con cerca del 13%. De hecho, la subregión del hemisferio compuesta por México, América Central y el Caribe, constituye en términos geográficos una de las áreas con el mayor porcentaje de emigrantes a nivel global, en proporción con el total de sus habitantes. Pero también los países de la región comparten la condición de ser receptores de inmigrantes; fundamentalmente de flujos intrarregionales, que con mayor frecuencia no son otra cosa que migraciones transfronterizas. Como las migraciones desde Perú hacia Chile, y de Paraguay y Bolivia hacia Argentina, existen marcados flujos desde Haití a República Dominicana, Guatemala a México y de Nicaragua a Costa Rica. Si a esto añadimos, las migraciones entre países de la misma región que no comparten frontera, se puede decir que la movilidad es un fenómeno clave en las dinámicas regio-nales y subregionales, y que dicho fenómeno es propio de la formación de mercados regionales de trabajo (Cuadro 1).El principal destino de los flujos de emigración está fuera de la región. La principal característica de esta era ha sido la aparición de Estados Unidos como destino de las emigraciones. México, principal proveedor de emigran-


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tes latinoamericanos es a su vez origen del mayor porcentaje de extranjeros en Estados Unidos. En términos absolutos han sido El Salvador y Guate-mala los principales expulsores de emigrantes hacia el Norte, seguidos por Honduras y Nicaragua. Costa Rica no es un origen importante de emigra-ción, pero si el principal receptor de inmigraciones intrarregionales, proce-dentes de Nicaragua.

La progresiva desintegración de los modos de vida, entre ellos los que estuvieron basados en las actividades de subsistencia en los espacios rura-les, la creciente penetración de meganegocios, el desarrollo de actividades especulativas y de nuevas zonas industriales en los países periféricos, esti-mularon la expansión de los flujos de la migración en distintas direcciones y la formación de una reserva de mano de obra barata dispuesta para ser movilizada hacia nuevos nichos geográficos del mercado laboral (Sassen, 1997: 33).

En las fases de acumulación primaria de capital, se consolidó un sistema de migración forzada –esclavitud y semiesclavitud y expulsiones de pobla-ción indígena y campesina- para incorporar sus territorios a las plantacio-nes de agroexportación, como occurriera en Guatemala con la plantación de café (Castellanos, 1996); posteriormente, dicha movilidad se mantuvo entre áreas periféricas de cada país o a través de las fronteras internacionales entre países vecinos. Al movilizar colectivos de población, las migraciones se explicaban más por la presencia de causas estructurales que por decisio-nes voluntarias o individuales; la pérdida de medios de vida en los lugares de origen era la consecuencia de la operación de las estrategias de acumu-lación primaria.


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La formación de diversos sistemas de movilidad de personas ha sido uno de los resultados de los reacomodos estructurales de mercados de trabajo y los modos de vida, cuya expresión son diversas reconfiguraciones de los paisajes, desde el inicio de la vida republicana hasta la reciente transna-cionalización de las sociedades centroamericanasA través del campo social migratorio y de su conexión con las sociedades rurales intentamos interpretar los resultados de un cambio histórico, cuyos referentes son variadas fracturas sociales y políticas desde la formación de estas sociedades como naciones independientes. La movilidad ha tenido la constante de movimientos desde el paisaje rural, y tuvo inicialmente una do-ble expresión: por una parte, una intensa movilidad interna, en cuyos orígenes hubo causas diversas; pero principalmente, fueron la aplicación de las estrate-gias de acumulación por despojo de las tierras de indígenas y campesinos por parte de terratenientes que se dedicarían a la plantación del café, así como a otros cultivos de exportación. De esa forma se crearon frentes migratorios ha-cia diversas zonas de frontera agrícola, pero también se establecieron algunos patrones de movilidad laboral para atender las necesidades de mano de obra en la siembra y cultivo de café; posteriormente, en la construcción de infraes-tructuras ferroviarias y carreteras y en la expansión de plantaciones de banano que implantaron mercados de trabajo transfronterizos en casi toda la región.


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Esa incipiente y luego creciente movilidad tuvo también, desde finales del siglo XIX y primera mitad del XX, un carácter regional y transfronteri-zo, como la segunda expresión de la movilidad poblacional. Estos flujos no regulados por los Estados constituyeron esencialmente frentes de mano de obra agrícola, proletarizada, desplazada y empobrecida, de origen rural, con bajos niveles de instrucción, mayoritariamente masculina, dentro de un sis-tema de migración rural – rural entre localidades fronterizas. Desde territo-rios recompuestos por la plantación capitalista o protocapitalista, se crearon excedentes de fuerza de trabajo para la formación de esos diversos sistemas de movilidad laboral temporal o permanente.

Esos flujos de mano de obra internos y transfronterizos se concentraban, hasta la década de los setenta, en los corredores fronterizos de El Salvador con Honduras y con Nicaragua; en el primero se registraba una movilidad permanente y en el segundo un patrón más bien circular de atracción de mano de obra hacia el algodón y el café. También se formó desde entonces un corredor en la frontera de Nicaragua con Costa Rica, hacia las planta-ciones de banano principalmente, y en la de Guatemala con México con el tránsito de braceros guatemaltecos hacia diversas localidades del sur de México. Muchos de esos movimientos no escaparon a las diversas vicisitudes políticas y económicas que impactaron tanto a las zonas de origen como a las de destino: levantamientos armados, golpes de estado o sus recurren-tes azonadas militares, dictaduras, crisis económicas y diversos factores que erosionaron la estabilidad local, aumentaron la subordinación externa y la condición periférica de las sociedades centroamericanas.

En la segunda mitad del siglo XX los flujos transfronterizos fueron reorientados por cuatro fenómenos: (1) la intensificación de los flujos inter-nos, especialmente su aparición en los corredores rural – urbano, estimulados por los crecientes procesos de urbanización y producción manufacturera de las principales ciudades capitales; (2) los conflictos entre países, el primero, la guerra de 1969 entre Honduras y El Salvador, que produjo la expatriación de más de un cuarto de millón de salvadoreños; (3) posteriormente, el periodo insurreccional y de guerras civiles de la segunda mitad de los años setenta hasta comienzos de los noventa; (4) más recientemente, los efectos de las políticas fiscales, la desestructuración del campo y reconversión externa de las economías, así como los ajustes sobre los mercados de trabajo originados por las nuevas estrategias de acumulación y de control social.

A partir de este último momento, surge una nueva fase en el vínculo en-tre movilidad y dinámicas de las sociedades rurales. En esa conexión influyó


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la transición sociopolítica que aunque derribó autoritarismos oligárquicos no exentó a la población rural de los estragos que sobre ellas tuvieran las precarias democracias, la violencia sistémica, nuevas conflictividades y otras amenazas a su seguridad y supervivencia. La reforma económica diversificó las fuentes productivas y de acumulación de ganancias en el campo, fortale-ció economías de mercado, el régimen de propiedad privada, pero incremen-tó las desigualdades en áreas donde continuaba concentrándose alrededor de la mitad de la población centroamericana, buena parte de ella obligada a reconstruir sus modos de vida a partir de la migración. Se reconfiguraron los escenarios políticos, nuevas formas de socialidad, exclusiones y contradiccio-nes, provocadas por la reforma económica, y los espacios de representación y participación sociopolítica derivaron en nuevas arenas para el debate de las ciudadanías (en plural), ya sea por factores sistémicos que contribuyeran a su negación o por la resiliencia emergente que propiciaran nuevas formas de resistencia y de acción política en el campo. Más recientemente se produce una simbiosis entre exclusión y violencia debido a la creciente penetración del crimen organizado en los tejidos sociales de los deprimidos espacios ru-rales, lo que ha abierto una nueva avenida para el desplazamiento forzado como causa de la migración en Centroamérica (Cidehum, 2012).

La devastación de la agricultura y sobre todo la crisis del café aceleraron las transformaciones del mundo rural centroamericano; el efecto del neolibe-ralismo sobre el campo forzó una reasignación de la mano de obra en siste-mas diversificados de producción, pero la migración ha propiciado a su vez una reasignación de recursos económicos, sociales y culturales en el campoLa dependencia de los modos de vida rurales fue cediendo a la apertura a los regímenes de la propiedad privada, las normas de los mercados y las lógicas de la acumulación. Los territorios rurales y las dinámicas sociales vinculadas al agro volvieron a ser escenarios para el ensayo de las estrategias de acumulación por desposesión. Si en la segunda mitad del XIX, lo fueron para el desarrollo de procesos de acumulación nacional y el enganche de los mercados nacionales a la economía mundial por la vía de la agroexportación, en las últimas déca-das del XX las estrategias de acumulación primitiva del capital transnacional marcaron parte de las dinámicas rurales. Eso fue particularmente sensible para Nicaragua que a mediados del decenio de 2000 era un país altamente depen-diente del sector agropecuario; alrededor de la mitad de su población habitaba o cuya suerte estaba atada a las zonas rurales y cuyas estrategias frente al riesgo de la pobreza dependían de las modos de vida del campo (Acevedo, 2005).


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Bajo el dictamen neoliberal se había iniciado desde los años ochenta una intervención del campo, sobre todo en Costa Rica, se afectó por ineficiente la producción de granos básicos que, como el maíz y el frijol, no sólo eran una base fundamental para la dieta cotidiana de las familias, sino elementos muy importantes en las culturas campesinas y locales. Se distorsionaron los tejidos sociales de la producción agrícola y campesina, pero en el caso de los granos básicos se fomentó la dependencia de los alimentos importados, situación que puso en riesgo la seguridad alimentaria de los países y que, in-clusive, en algunos de ellos ha sido una de las posibles explicaciones de varias hambrunas, del empobrecimiento de las familias rurales, el deterioro de la dieta alimentaria e, inclusive, del desplazamiento forzado por la migración.

Otro rubro en la reconfiguración del mundo rural fue la crisis y la pérdida de importancia de las principales actividades de plantación para aprovisionar empleos para la mano de obra rural tanto asalariada como campesina, en particular la producción de café y bananos, el algodón, los granos básicos y la ganadería. Durante más de un siglo el café fue uno de los principales rubros de las economías centroamericanas. Su importancia trascendía su dimensión estrictamente económica, pues en torno a esta producción se estructuraron muchas de las instituciones sobre las que se fundaron las sociedades en su constitución como repúblicas nacionales; contribuyó a la formación de teji-dos económicos y sociales y, en torno suyo, también se definieron identida-des y formaciones culturales que amalgamaron un sentido de nación en cada una de esas colectividades.

No obstante, desde finales de la década de los noventa la economía del café experimentó una severa crisis provocada por el exceso en la producción mundial, pues la entrada al mercado de tres grandes nuevos productores: Vietnam, Costa de Marfil y la India, repercutió severamente sobre la caída de los precios del grano en el mercado internacional. Pese a una serie de esfuerzos, el sector cafetalero centroamericano no logró recuperar los niveles de producción, ni de comercialización, y menos aún de precios del periodo anterior. Se estimaba que a finales del siglo anterior, antes de la crisis, la producción cafetalera absorbía a una cuarta parte de la Población Económi-camente Activa rural, lo que equivalía a un contingente de unos 1.6 millones de personas, en actividades tanto permanentes como estacionales. Entre ese conjunto se encontraban aproximadamente unos 300 mil productores, de los cuales alrededor de 200 mil eran considerados pequeños o micro-producto-res de subsistencia. Sólo en los primeros cuatro años de la crisis del café, en-tre 1999 y 2002, se estimaba una pérdida de 170 mil empleos directos (Flores


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y otros, 2002). La profundización de la crisis y la irrecuperable estructura de precios a lo largo de las dos décadas posteriores, determinaron la pérdida de importancia del café para la provisión de empleos; su poca rentabilidad pro-vocó el abandono del cultivo, el traslado de la fuerza de trabajo hacia otras actividades, incluyendo la migración; en tanto que para el abastecimiento de mano de obra, sobre todo temporal, para la recolección de las áreas de cultivo que se conservaron o fueran recuperadas después del primer periodo de la crisis, se establecieron nuevos patrones de movilidad laboral de corte trans-fronterizo o de migraciones internas, cuyas manifestaciones difieren entre cada uno de los territorios y países de la región. Si bien, no se puede desligar a la actividad cafetalera de otros episodios como crisis políticas o amenazas ambientales, inclusive de la violencia social, también esta actividad desem-peñó una función estructurante de tejidos sociales, económicos y políticos, en cuya ausencia se avizoraron una serie de nuevas fracturas tanto en los ámbitos comunitarios, como nacionales y regionales.

Contribuyó a acelerar los impactos de la crisis del café en la región, el que dicha situación coincidiera con la crisis de la economía capitalista, principal-mente en Estados Unidos, a partir del año 2000. Esta afectó la demanda ex-terna del grano así como de otros productos de los países centroamericanos, lo que contribuyó a una severa contracción de las balanzas de pagos, la am-pliación de los desbalances fiscales y a un mayor incremento del desempleo y de la pobreza rural. Ello también afectó las posibilidades de acceso a créditos por parte de una gran cantidad de productores que no tuvieron posibilidades de reconvertir sus fincas y acabaron siendo despojados de sus propiedades. Antes se habían experimentados los efectos del Huracán Mitch en toda la región, pero este tuvo especial severidad en Honduras, Nicaragua y El Sal-vador; posteriormente se notaron los efectos del cambio climático y varios terremotos en El Salvador a mediados de la década de 2000. A la crisis del café y sus impactos económicos se sumaron los efectos de una crisis global cuyas primeras manifestaciones fueron financieras, pero luego se sumaron a la crisis energética, de alimentos y ambiental.

Una nueva faceta de la acumulación por desposesión produjo la sustitu-ción de dinámicas que fueran características del mundo rural clásico cen-troamericano por las de una globalización espuria. Al no resultar rentables para la acumulación de capital, las formas colectivas de propiedad, las tierras comunales y la tenencia campesina de la tierra constituyen un obstáculo para el desarrollo de los mercados de la tierra. Del mismo modo, las formas de producción no capitalistas, tanto como la persistencia de mecanismos de in-


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tercambio de bienes, servicios, favores y saberes, incluyendo la mano de obra campesina y familiar, fueron incorporados a la apropiación privada de valor, reproduciendo formas extremas de sobre-explotación de la fuerza de trabajo. Y de igual forma, las unidades dedicadas a la producción de subsistencia con excedentes marginales parcialmente o no del todo mercantilizables, bajo modalidades tradicionales, con baja inversión en tecnologías industriales y dependientes casi exclusivamente del esfuerzo familiar, no constituyeron factores de crecimiento de las economías rurales, pero fueron incorporados en las estrategias de abaratamiento de la mano de obra y el abaratamiento de los precios de producción en mercados desregulados. La aplicación de una serie de macropolíticas de reconversión del agro, no acabó con la pequeña producción, el campesinado y las tradicionales formas de producción no ca-pitalistas, pero el dualismo estructural se profundizó.

A partir de 2008, se evidenció el agotamiento del modelo reciente de acumulación transnacional, basado en las ganancias del sector inmobiliario y financiero. El panorama complejo de la agricultura en Centroamérica se agudizó debido a los efectos de los fenómenos de El Niño. El agro cen-troamericano, el caso de Honduras es uno de los más dramáticos, se con-virtió en fuente de expulsión de población dentro de flujos de migración laboral tanto interna como internacional. Al constituir la migración una opción frente a la inseguridad en el campo, tanto por el riesgo de exclusión como por la violencia, esta ha repercutido en la reconfiguración misma de los paisajes rurales y de sus tejidos. Si bien no se ha llegado al despobla-miento rural, los hábitats se han tornado vulnerables a los factores del riesgo sistémico; se han vuelto muy dependientes de procesos laborales, sociales y culturales subordinados a una serie de factores y sus lógicas externas, con lo cual el campo sigue cumpliendo ahora con una función de reserva de recur-sos, incluyendo mano de obra barata para los procesos de acumulación que se desarrollan allí mismo o en el exterior. La agricultura de subsistencia no ha desaparecido, pero sobrevive muchas veces de su complementación con la migración y con actividades agrícolas o extra-agrícolas.

La reconversión o la especialización de los cafetales, la producción de variedades finas y su combinación con la arboricultura, han producido la sustitución de mano de obra, alentando nuevos flujos de migración interna o internacional, que en muchos casos asume las características de una migra-ción de reemplazo. Avenidas semejantes se organizan en torno a la siembra de bananos y/o las grandes plantaciones agroindustriales. Pero la migración rural al exterior también ha estimulado la adopción de nuevas estrategias


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por parte de los habitantes del campo, tanto para la inversión de las remesas en actividades relacionadas con la finca, cambios en los usos de la tierra para nuevas actividades agrícolas o no agrícolas, como los desarrollos inmobi-liarios que han alterado drásticamente los mercados del suelo volviéndolos inaccesibles para las familias pobres, o el fomento de nuevos hábitos de con-sumo, supeditados a los nuevos modos de vida transnacional.

Evidencias recogidas en diversos estudios (Hecht y otros, 2012) apuntan a una importante transformación de los paisajes y modos de vida rurales. Entre muchos factores, el campo sigue operando como un espacio propicio para el desarrollo de nuevos ejes de acumulación; pese a la pérdida de im-portancia relativa del agro, un significativo porcentaje de la población cen-troamericana continúa habitando en el campo, también a pesar de que las políticas y prioridades institucionales del desarrollo neoliberal, la va arrin-conando a los nichos de supervivencia y/o resistencia. La expropiación de tierras y desplazamientos semiforzados, el incremento de la criminalidad transnacional, el cambio climático y la alteración de los tejidos sociales por la violencia estructural y sistémica de la globalización, no han logrado desgas-tar la resiliencia campesina y sus modos de vida. Sin embargo, las estrategias de la población rural han tenido que incorporar muchos de los elementos que hoy en día caracterizan a los paisajes rurales: (a) el trabajo asalariado fuera de los fundos familiares, (b) la combinación con empleos no agrícolas; (c) la diversificación de las parcelas; (d) la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo asalariado; (e) la migración, tanto interna como inter-nacional y (f ) la dependencia de mercados de tierras distorsionados por la especulación inmobiliaria. Por lo tanto, la migración se ha convertido en una estrategia mediante la cual las familias rurales se han adaptado a las nuevas condiciones de sus hábitats rurales y han desarrollado una serie de mecanis-mos de ajuste de sus prácticas tanto productivas como reproductivas, tejidos sociales, representaciones, cosmovisiones e interacciones simbólicas.

La ampliación espacial de los modos de vida debidos a la movilidad, en la medida en que esta esté conectada a distintas formas de circularidad y reticularidad, incrementa sus ámbitos y dimensiones, inclusive diferen-ciaciones, contradicciones, conflictos y exclusiones, bajo las cuales se ma-nifiesta la recomposición de las estructuras sociales en el campoLa movilidad espacial de las personas en la región se rige bajo sistemas de migración de una mayor complejidad que la que hemos representado muchas veces en la literatura que hemos producido sobre la misma (Morales, 2007).


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Las migraciones internas están contribuyendo sustantivamente a una serie de reacomodos demográficos nacionales, como resultado de la situación eco-nómica, calamidades socioambientales y la amenaza del crimen organizado que inclusive está desestructurando los tejidos sociales y el capital social en las comunidades no sólo en las rurales. La movilidad interna, como las mi-graciones transfronterizas, también puede ser circular y regirse por medio de los ciclos de las cosechas agrícolas; muchas veces los dos sistemas confluyen bajo similares dinámicas. En ese sentido, ambas expresiones de la movilidad están contribuyendo a la formación de mercados transfronterizos de fuerza de trabajo, que aunque no sean del todo una novedad en la región, se han revitalizado con el desarrollo de grandes plantaciones agroindustriales para la exportación de frutas, en Costa Rica y Belice, así como otras explotaciones ganaderas, de café y agricultura de mediana escala en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua.

En la medida en que los migrantes extrarregionales permanezcan co-nectados a sus tierras de origen, es posible una afluencia de remesas que está contribuyendo a la recuperación de cafetales, predios para la ganadería y el cultivo de alimentos, aparte de inversiones inmobiliarias y comercio. Par-ticularmente han sido la agricultura y la construcción inmobiliaria las que más han contribuido a la formación de flujos de migración de relevo, de tra-bajadores transfronterizos. También muchos de los poblados aledaños a las fronteras experimentan el cambio demográfico derivado de la presencia de inmigrantes desde los países vecinos quienes, en muchos casos, despliegan en la informalidad sus estrategias de sobrevivencia.

La movilidad en toda su extensión geográfica, así como las diversas ac-tividades económicas, culturales y políticas con las que se conecta, está pro-piciando complejos cambios en los paisajes rurales. A través de ella ocurre una reasignación de la mano de obra, tanto en la estructura del mercado, por actividades, ocupaciones y divisiones técnicas, como un serio reacomo-do de la fuerza de trabajo al interior de las unidades familiares, estrujando fuertemente a las mujeres y las niñas y niños, que no solamente participan como mano de obra no remunerada, sino bajo formas de contratación laboral precarias, no salariales y elevadamente precarias. Su participación en los mer-cados laborales de la migración, sobre todo internacional, no ha trastocado favorablemente las estructuras patriarcales y, por ende, el desempoderamiento de las mujeres sigue marcando una brutal asimetría de género. No sólo por la migración, sino por otros factores que se han implantado desde afuera, se han incrementado las desigualdades de ingresos, acceso a los recursos, así como en


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la reproducción del conocimiento y de los saberes, y sistemas culturales que han regido la organización del paisaje, de los tejidos sociales y de los modos de vida rural, afectando en particular a mujeres y poblaciones indígenas, afro-descendientes y otras bajo condiciones de mayor vulnerabililidad.

Mientras que las políticas de alimentos baratos propiciaron la importa-ción y dependencia externa, estudios muestran que alrededor de un 20% del ingreso por remesas de los hogares centroamericanos se invierten en la com-pra de alimentos (Hecht, Kandel y Morales, 2012); aún así muchas familias vinculadas a la migración mantienen prácticas de siembra de cultivos anua-les, por lo que no existe un patrón claro en el impacto que tiene la migración sobre la supervivencia de los pequeños productores, pues mientras en unos contextos la agricultura se contrajo, en otros, mediante los recursos obteni-dos con la migración se ha estado financiando y expandiendo la agricultura, como sucede en Olancho y en Nicaragua (ídem).

Si merece atención la relación entre la movilidad y las reconfiguración de la estructura social del campo, a las viejas separaciones propias de los dualis-mos rurales se agrega ahora el dualismo transnacional, en particular, expre-sado bajo las contradicciones entre familias y comunidades receptoras y no receptoras de remesas. A pesar de la precariedad y de las condiciones que amenazan a los migrantes y a sus familias -inseguridad, explotación labo-ral, discriminación y xenofobia, así como extorsión y crimen- el acceso a la migración representa un recurso que no siempre es accesible para todas las familias y grupos sociales; pese a que remite a formas de desempoderamiento estructural de los sujetos migrantes, en otra dimensión la migración constitu-ye una fuente de re-empoderamiento; sobre todo, cuando la migración resulta exitosa, aporta ingresos y permite solventar necesidades básicas y acumular algún, aunque pequeño, excedente. Esas posibilidades no están al alcance de familias pobres, pues no sólo se requiere de recursos financieros para financiar el viaje, sino redes sociales, saberes, escolaridad y un conjunto de dispositivos de capital cultural, cuya distribución es asimétrica. Su inaccesibilidad consti-tuye para esas familias pobres una fuente más de desempoderamiento.

La transformación de las sociedades rurales y su vínculo con la migración recrea una serie de escenarios para el conflicto sociopolítico y el ejercicio de los derechos, sobre todo del ejercicio de la ciudadanía en el nuevo con-texto de interacciones territoriales que produce la migraciónEntre los principales resultados de las nuevas dinámicas rurales, el desbor-damiento de los territorios dentro de los cuales tradicionalmente se orga-


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nizaban los modos de vida, los mercados de trabajo y sistemas de recursos, reconfigura los campos de acción de los sujetos sociales. En la fase de globa-lización, los flujos de capital y mano de obra han modificado las condiciones para la reasignación de la mano de obra en los sistemas productivos y para la formación de sistemas sociales de características regionales y transnacio-nales. En esa función se han reinsertado, en el periodo reciente, los flujos transfronterizos de mano de obra.

Las migraciones han constituido un eje central de las transformaciones económicas, sociales y culturales experimentadas por América Central du-rante su posguerra. Sus efectos se muestran sobre dos nuevas rupturas: una territorial y otra social. Si bien es un fenómeno que tiene alcances regiona-les, la primera ruptura se manifiesta sobre una fragmentada territorialidad centroamericana, con los efectos ya señalados sobre la territorialidad rural, la pérdida de importancia del agro y la ampliación de contradicciones sociales bajo la dimensión transnacional. Aunque las migraciones se han adoptado como una estrategia social para contener la pauperización, su impacto real se expresa, bajo una nueva ruptura, en la ampliación y la aparición de viejas y nuevas desigualdades, pues su sentido no es exclusivamente el de una es-trategia construida voluntariamente por los sujetos, sino forzada en muchos escenarios por factores extralaborales, pero subordinada por prioridades de la macropolítica y las lógicas de la acumulación.

Aunque sus rasgos aparecen en etapas tempranas, las migraciones, en su fase más reciente, han sido el producto combinado de los cambios po-líticos iniciados en las décadas de los ochenta y noventa y de los ajustes en los procesos económicos, de apertura y liberalización frente a las corrientes del cambio global. El ajuste de los mercados de trabajo, expresado en la flexibilización de los regímenes laborales y en el declive del empleo formal, se tradujo en la adopción de un conjunto de estrategias de sobrevivencia de muchos sectores y, simultáneamente, en la transnacionalización de las lógi-cas de la reproducción social.

A pesar de su función central en el mantenimiento del orden económi-co y social, las migraciones plantean una ruptura con el orden normativo y con las formas de regulación de la vida social. Constituyen una muestra de los límites del ejercicio de la ciudadanía, tanto de la ciudadanía civil dentro de cada Estado-nación como de la ciudadanía social dentro del regionalis-mo neoliberal emergente. La gestión gubernamental de las migraciones se caracteriza por una contradicción: fueron las políticas de reasignación de ventajas para el capital las que propiciaron la migración, posteriormente, la


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apropiación política y económica de las remesas se vuelve política de Esta-do; en tanto que la securitización y criminalización, lleva a la adopción de políticas sustentadas en la seguridad nacional y distanciadas de las normas internacionales de protección a las personas migrantes.

En ese marco de inhabilitación institucional de las personas migrantes como ciudadanas, operan otras tantas prácticas de exclusión de las oportu-nidades de una vida socialmente digna, debido a la falta de acceso al tra-bajo, a la salud, a la educación y a la vivienda, así como al crecimiento de la xenofobia. Como consecuencia de eso, la desciudadanización es tanto la pérdida de un estado de integración del individuo dentro del sistema como la imposibilidad del acceso a un estado de justicia y de pertenencia, como dimensiones centrales de una nueva ciudadanía. En ese eje, las personas mi-grantes se mueven entre la condición de una ciudadanía precaria y los riesgos de su muerte civil.

Si bien la migración produce una nueva interdependencia territorial a partir de la orientación de los distintos flujos, entre territorios de origen y de destino o entre espacios de diferente escala, o entre territorios con diferentes niveles de desarrollo, también es cierto que genera nuevas fragmentaciones sociales, culturales y políticas entre territorios sometidos a otras tantas divi-siones. La contradicción territorial más importante produce una separación en las funciones territoriales de espacios que concentran relativamente un acceso mayor a inversiones, servicios, tecnología y otros recursos, respecto de otros espacios que tienden a constituirse en simples enclaves de fuerza de trabajo. Esas separaciones pueden corresponder o no a las divisiones entre Estados, como también a procesos sociales contradictorios dentro de algunos espacios en los que se cruzan ambas dinámicas, como las regiones transfron-terizas o las ciudades en donde sobresalen las nuevas fronteras de la exclusión. Esas fronteras territoriales podrían corresponder a la separación de diferentes espacios de la ciudadanía, por ejemplo, entre territorios de ciudadanos re-lativamente integrados, territorios propios bajo expresiones de ciudadanías precarias, hasta el extremo de los territorios de la desciudadanización.

Así las cosas, si bien la región ha cambiado mucho a lo largo de casi tres decenios y las personas migrantes no han sido ajenas a tales cambios, la estructura social de las migraciones muestra la gran paradoja existente para el establecimiento de la democracia, la consolidación de la ciudadanía, y el logro de la justicia social y la integración bajo un proyecto común de región centroamericana. Hoy, las migraciones tienen una función central en el or-den económico y sociopolítico de América Central. Sin embargo, queda el


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reto de encarar los desafíos que este proceso entraña para el fortalecimiento de la ciudadanía en sociedades polarizadas y democracias precarias.

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¿Resurge la renta de la tierra? La revalorización de los bienes agropecuarios y su impacto en América Latina1

Blanca Rubio2

ResumenEl objetivo de esta contribución es analizar la emergencia de la renta de la tierra, como producto de la revalorización de los bienes agropecuarios en la fase de transición capitalista en América Latina. Asimismo, se analizan las vías de erradicación de dicha renta, impulsadas por los países no alineados al poder norteamericano, así como el efecto de este proceso sobre la concen-tración de la tierra y el despojo de los recursos naturales de las comunidades indígenas y campesinas. Se aborda también el impacto de la renta de la tierra en la soberanía alimentaria de la región y en la integración productiva o exclusión de los campesinos.

Palabras clave: renta de la tierra, dislocación, concentración de la tierra, desvalorización y revalorización de los granos básicos.

Resurfaces land rent? Revaluation of agricultural goods and its impact in Latin America

AbstractThis paper aims to analyze the emergence of land rent as a result of the revaluation of agricultural goods in the phase of capitalist transition in La-tin America. The analysis also includes the way to eradicate such income driven by non-aligned American power and the effect of this process on land concentration and natural resources plunder of indigenous and peasant communities. The impact of land rent in the region´s food sovereignty and in the productive inclusion or exclusion of peasants is also addressed.

Keywords: land rent, dislocation, land concentration, devaluation and reva-luation of basic grains.

1 Ponencia a la Mesa redonda: Crisis y Soberanía Alimentaria, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Correo electrónico [email protected] Agradezco el apoyo brindado por Jorge Tripp en la recopilación y sistema-tización de la información estadística utilizada.

Blanca Rubio

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IntroducciónDurante mucho tiempo se abandonó el estudio de la renta de la tierra en América Latina. Nuevas preocupaciones orientaron los análisis rurales ha-cia la exclusión de los campesinos, la migración, el desdibujamiento de los espacios rurales, la marginalidad del mundo agrario y los derechos humanos de los pobladores del campo. Parecía en este mundo rural postmoderno, ca-racterizado por bienes desvalorizados, que el problema de la renta de la tierra había quedado atrás. Pero no fue así.

A partir del aumento en los precios internacionales de los granos y las materias primas iniciado en el 2003, como resultado del ascenso en el precio del petróleo, y más aún a partir de la crisis alimentaria ocurrida en el 2008, resurgió el problema del encarecimiento de los alimentos y con ello la apa-rición de un valor de más sobre la ganancia media: la perversión de la renta de la tierra se enseñoreó de nuevo en el mundo rural.

Los tiempos han cambiado y en la transición por la que atraviesa el capi-talismo, resulta necesario cambiar la mirada y utilizar herramientas que nos ayuden a entender un panorama con bienes revalorizados.

¿Por qué la renta de la tierra? Porque este excedente de valor trastoca to-das las relaciones tanto de la agricultura como de su vínculo con la industria y conviene saber, a estas alturas de la crisis capitalista y alimentaria, quien se apropia de la renta, quien la paga, cuáles son los sectores que la disputan y sobre todo, cómo afecta el resurgimiento de la renta a los campesinos y sus modos de vida.

Armando Bartra dice: “Si hay renta, hay campesinos”. (Bartra, 2006). Podemos preguntar entonces, si el resurgimiento de la renta de la tierra está generando una tendencia hacia la integración productiva de los campesinos, como el mecanismo para abaratar los alimentos y erradicar la renta de la tierra, o ¿cuál es la opción impulsada por el capital para evitar que el encare-cimiento de los alimentos aumente los salarios y afecte la cuota de plusvalía y de ganancia?

También podemos preguntar, ¿Cómo se expresa el resurgimiento de la renta en la concentración de la tierra y los recursos naturales? La expansión espacial del capital, observada recientemente en América Latina, tiene que ver esencialmente con la renta de la tierra y la renta financiera, y por ello resulta fundamental desentrañar los procesos económicos que desatan su aparición.

¿Cuáles mecanismos están impulsando los países no alineados, o en dis-puta por la hegemonía como China, India y los países petroleros, para eva-

¿Resurge la renta de la tierra? La revalorización de los bienes agropecuarios y su impacto en América Latina

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dirse del aumento en los precios internacionales y con ello evitar desangrarse pagando la renta de la tierra? ¿Qué papel juega la dislocación en la cuestión de la renta de la tierra?

Asimismo se trata de indagar, ¿cómo el resurgimiento de la renta de la tierra está afectando la lucha por la soberanía alimentaria, impulsada por los campesinos así como los países postneoliberales en la región?

El rasgo central de la transición capitalista en el ámbito rural lo consti-tuye, desde la visión económica, el aumento en los precios de los alimentos. En este contexto, nuestro objetivo es analizar los cambios ocurridos en el mundo rural latinoamericano durante la transición, desde la mirada de la renta de la tierra.

En el primer punto se aborda el papel de la renta de la tierra en los mo-delos de sustitución de importaciones y neoliberal. En el segundo punto se analiza la fase de transición y la renta de la tierra, mientras que en el tercer apartado se aborda el modo en que afecta el incremento de la renta a la so-beranía alimentaria y a los productores rurales en América Latina. Al final se proponen algunas conclusiones.

El papel de la renta de la tierra en los modelos de desarrollo y su impacto sobre la soberanía alimentariaLa renta de la tierra surge del funcionamiento estructural del capitalismo. El hecho de que existan distintas calidades de tierra y el suelo sea susceptible de monopolizarse, genera las condiciones para que emerja la renta de la tierra. Cuando se inicia la producción capitalista, se siembran las tierras mejores o en buena ubicación, de tal manera que los bienes se venden por su costo más la ganancia media, es decir el precio de producción. Pero cuando crece la población y demanda mayor volumen de producto, es necesario recurrir a tierras de menor calidad o más alejadas. Los productores capitalistas de dichas tierras reclaman un precio que incluya el costo más la ganancia media, pero el costo es mayor porque los rendimientos son más bajos o se incre-mentan los gastos del transporte. Entonces el precio sube e inmediatamente, aquellos productores que poseen tierras mejores, obtienen un remanente de valor sobre la ganancia media que es la renta diferencial. De igual forma, quienes poseen monopolios de tierras sustraen sus tierras hasta que el precio suba, con lo cual aparece la renta absoluta, que se llama así porque todos se apropian de ella, inclusive aquellos productores ubicados en la tierras peores.

La emergencia de la renta de la tierra distorsiona la relación industria agricultura, toda vez que en la industria, por no estar sujeta a ningún medio

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de producción natural, los precios se fijan en condiciones medias de produc-ción, mientras que en la agricultura se fijan, como vimos, en las condiciones peores. Cuando se hace el intercambio, la industria se ve compelida a pa-gar un valor de más al comprar bienes agrícolas. Toda vez que la industria constituye el corazón del capitalismo, impone mecanismos para erradicar la renta de la tierra y con ello someter a la agricultura, colocándola en un lugar subordinado.

La primera vía para erradicar la renta de la tierra fue la llamada america-na, desarrollada en el siglo XIX. En Inglaterra, la industria se veía obligada a pagar elevados salarios debido al alto precio del trigo, el cual contenía la renta de la tierra. Esto se resolvió importando trigo procedente de Estados Unidos, país que tenía tierras muy fértiles y no había recurrido aún a las tie-rras de mala calidad, por lo que el precio, incluyendo el transporte, era más bajo que en Inglaterra. (Vergopoulos, 1975).

La segunda vía para erradicar la renta de la tierra ocurrió en la postgue-rra. La presencia de la economía campesina en América Latina, permitió producir bienes abaratados que reducían la renta de la tierra, con lo cual la industria en general tuvo la oportunidad de mantener bajos los salarios y aquellas industrias que utilizaban las materias primas agropecuarias pudie-ron bajar sus costos. En este contexto, la existencia de la renta constituyó un factor esencial para el impulso de la producción y reproducción campesina y por ende, para la búsqueda de la soberanía alimentaria, aún cuando en esa época se hablaba en términos de autosuficiencia.

Con el ascenso del neoliberalismo se impulsó una nueva vía para erradi-car la renta de la tierra. La forma de dominio agroalimentario centrada en la desvalorización de los productos. Estados Unidos impuso precios internos por debajo del costo de producción, 46% para el trigo y 20% para el maíz, los cuáles, debido a la importancia de las exportaciones cerealeras de dicha nación, se convirtieron en referentes mundiales de los pecios de los granos básicos. (Mittal y Rosset, 2003:21) Los bajos precios fueron compensados a los productores de los países desarrollados mediante elevados subsidios, que fueron pagados por los ciudadanos a través de los impuestos. De esta suerte, la situación de la renta de la tierra cambió radicalmente. Por un lado los bajos precios eliminaron la renta, toda vez que no redituaban la ganancia media y ni siquiera parte del costo, mucho menos proveerían la renta de la tierra. Por otro lado, el ingreso de compensación para los bajos precios de los productores, los subsidios, fue pagado por los ciudadanos y no por la indus-tria, con lo cual en el neoliberalismo se alcanzó una vía de erradicación de la


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renta muy favorable al capitalismo. Esta vía, sin embargo, fue desastrosa para los campesinos. Estados Unidos impuso su producción desvalorizada sobre la producción nativa de los países, lo cual provocó la exclusión de los cam-pesinos y la pérdida de la soberanía alimentaria. En consecuencia, de 1980 al 2000, el 72% de los países en el mundo se convirtieron en dependientes de alimentos. (Holt et al., 2010).

La fase de la transición y la renta de la tierraEn 2002-2003 se inició una fase de transición en el capitalismo mundial, en tanto ocurrieron procesos que detonaron la crisis de hegemonía norteame-ricana y fueron el preludio de la crisis capitalista. Nos referimos a la crisis de la industria electrónica en Asia, la llamada punto.com, que llevó a la de-valuación del dólar y con ella al incremento en los precios del petróleo. La fallida guerra de Irak colocó a Estados Unidos en una crisis de hegemonía que trastocó la geopolítica mundial. En el 2007 estalló la crisis hipotecaria, seguida por las crisis alimentaria y financiera en el 2008, mientras que en el 2009 sobrevino la crisis productiva con el declive de la industria automotriz en Estados Unidos. Hasta la fecha, la crisis capitalista mundial no se ha remontado como lo demuestra el declive del PIB de Estados Unidos en 2.9% en el primer trimestre del 20143 y el crecimiento cero de Alemania en el segundo trimestre del 2014.4

La renta y la producción básica de alimentosEn el ámbito agroalimentario, la transición se caracteriza por el incremento en los precios de los bienes agropecuarios. Como puede observarse en la siguiente gráfica, los precios de los cereales empezaron a subir en el 2003, debido al incremento en el precio del petróleo; registran dos picos, uno en la primera fase de la crisis alimentaria en el 2008 y otro en la segunda fase a fines del 2011 y principios del 2012. A partir del 2013 caen pero se mantienen en un rango alto, pues no han regresado a los niveles anteriores a la fase de transición (Figura 1).

3 Datos de: www.lanación.com.ar 25 de junio del 2014.4 Datos de: www.jornada.unam.mx 3 de agosto del 2014.

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El aumento en los precios internacionales abrió la posibilidad para los productores de obtener una renta de la tierra, es decir un sobreprecio sobre la ganancia media. Sin embargo, vale tomar en cuenta varios procesos.

En primer término, el aumento en los precios del petróleo elevó los cos-tos de los fertilizantes y el combustible con los cual se elevó el precio de costo.5 Lo esencial lo constituye el hecho de que el aumento de los costos fue mayor que el de los precios de los granos, con lo cual se anuló en algunos casos este incremento.

Mientras el índice de precios de los alimentos (cereales, aceites, carnes, azúcar y leche) fue de 52% de abril del 2007 a abril del 2008, el índice de precios de los insumos alcanzó 99% (Soto Baquero, 2008:5).

En segundo término, el hecho de que el mercado agroalimentario se en-cuentre altamente concentrado en un reducido grupo de empresas, implicó que, a pesar del aumento en el precio internacional, las empresas comerciali-zadoras como Cargill, ADM, Bunge, y otras, siguieran imponiendo precios internos desvalorizados.

En México, en el caso del trigo, mientras en marzo del 2008 el precio inter-nacional ascendía a 4, 720 pesos la tonelada, las empresas pagaban a 3, 400 pesos.

5 Según la FAO los precios de algunos fertilizantes, como el superfosfato triple y el muriato de potasa subieron más de 160% en los primeros meses del 2008, en relación al aumento registrado en 2007.


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En el caso del maíz, en el 2008, 10 mil productores de 12 estados no po-dían colocar 150 mil toneladas del grano. Mientras se pagaba a 3,200 pesos la tonelada de maíz blanco importado, en el interior del país les ofrecían en junio 2,450 pesos; para agosto ya nada más podían venderlo en 2 mil pesos (Imagen Agropecuaria, 2008: 1).

En Estados Unidos se fortaleció la política del incremento de los subsi-dios, a pesar de que el aumento de los precios internacionales permitía una mejor recuperación de los gastos. En la Nueva Ley Agrícola del 2008:

“(…) se elevó el monto del presupuesto a 289 mil millones de dólares para un período de cinco años. Además, esta nueva ley cubre las pérdi-das del agricultor no sólo por las variaciones de precios sino también por variaciones en los rendimientos de sus cosechas. Con ello, aún en el escenario de etapas como la actual, en la que los precios son altos, el gobierno puede conceder ayudas a través del Programa ACRE, cuan-do los rendimientos sean suficientemente más bajos que los niveles de referencia de la ley” (Rubio, 2014 a: 182).

De esta suerte, se siguió con la política centrada en la desvalorización de los precios internos compensada con subsidios a pesar de que el panorama mundial había cambiado. Esto puede verse claramente en el caso del arroz para México donde el precio internacional se dispara sobre el nacional a partir del 2008 o del trigo para Argentina (Figuras 2 y 3).

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El resultado de estos procesos fue que en una etapa de revalorización de los precios se impuso sobre los productores rurales de América Latina, el dominio por la desvalorización, lo que hemos llamado la desvalorización en la revalorización.

En consecuencia, los productores enfrentaron altos costos y precios in-ternos más bajos que los internacionales, con lo cual, sólo aquellos ubicados en tierras muy fértiles o cercanas a los mercados pudieron beneficiarse de la renta de la tierra. En cambio, quienes captaron claramente este remanente de valor fueron las grandes empresas comercializadoras, las cuáles pagaron internamente precios bajos y vendieron a los elevados precios internacio-nales. Cargill incrementó sus ganancias en 69% en 2008 respecto a 2007, mientras que Bunge registró un incremento del 13% (Grain.2009:2).

Los elevados precios internacionales impactaron los precios de los bienes alimentarios en todo el planeta. Como señalamos, el índice de precios de los alimentos fue de 52% en 2008 en relación al 2007 (Soto Baquero, 2008:4). Sin embargo, no han tenido hasta ahora un efecto importante en el aumento de los salarios, debido fundamentalmente a la crisis capitalista y al desempleo, que han permitido al capital mantener los bajos salarios establecidos durante el neoliberalismo e incluso reducirlos, como en el caso de México, país en el cual el salario real cayó en 0.20% del 2008 al 2013. El resto de los países de América Latina muestran crecimientos del salario, pero, excepto en Argen-tina, fueron menores al índice inflacionario.6

6 Datos elaborados con base en: Banco Interamericano de Desarrollo. 12 de agosto del 2014.


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Esta es la razón por la cual la renta no ha afectado la acumulación de ca-pital y no se ha hecho necesario impulsar mecanismos de erradicación como ocurrió en la postguerra.

Debido al encarecimiento de los alimentos y su impacto sobre la de-pendencia alimentaria, la FAO, CEPAL, e incluso el Banco Mundial, han proclamado la necesidad de impulsar a la unidad campesina como depo-sitaria de la producción alimentaria básica, cuya más clara expresión es la declaración del 2014 como Año Internacional de la Agricultura Familiar. No obstante, a pesar de lo que llamamos campesinismo oficial, no se obser-van tendencias claras de reintegración de los campesinos como productores principales de bienes básicos, ni siquiera en los países postneoliberales7 que tienen un claro objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria (Rubio, 2014 b).

Podemos concluir, que así como en el siglo XIX los terratenientes se apropiaban de la renta, hoy son las empresas transnacionales quienes se be-nefician de ella. Mientras en el siglo XIX la renta era pagada por la industria en el intercambio con la agricultura, como señalamos antes, ahora la pagan los consumidores al comprar los productos o bien, los ciudadanos de los países desarrollados al pagar los impuestos que sostienen los subsidios a los productores. El hecho de que el aumento en los precios de los bienes de consumo no impacte los salarios, revela que el vínculo de dominio industria-agricultura no se ha visto aún afectado por la renta de la tierra.

Por tanto, la renta en la transición no constituye un obstáculo para la acumulación industrial, pero en la agricultura ha potenciado el poder de las grandes empresas comercializadoras.

Podemos concluir que persiste el mismo mecanismo para erradicar la renta que existía en el neoliberalismo a través de la desvalorización de los bienes básicos en los mercados nativos, lo que llamamos desvalorización en la revalorización.

La renta y el dominio espacial capitalistaMientras el impacto de la renta de la tierra se ha visto disminuido en el ám-bito alimentario, en cambio ha florecido ampliamente en el impulso de los cultivos para agrocombustibles, en los llamados cultivos comodines (como maíz, caña de azúcar y palma aceitera), así como en aquellos monocultivos como la soya, que constituyen la base principal para el alimento de animales.

7 Siguiendo a Sader (2009), llamamos postneoliberales a aquellos países como Venezuela, Boli-via y Ecuador que han impulsado políticas alternativas al modelo neoliberal.

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Tal situación ocurre en primer término debido a que los precios de di-chos cultivos tienden a crecer más que los precios de los cultivos básicos para la alimentación, con lo cual no resienten en la misma medida el aumento de los costos.

Como puede verse en el siguiente cuadro, del 2006 al 2012, el precio del maíz subió 14% y el de la soya 14.1%, mientras que el del arroz y el trigo subieron menos. Del 2008 al 2012, una vez superado el pico de la crisis ali-mentaria, el precio del maíz subió 7.2% y el de la soya 4.3% mientras que los precios del arroz y el trigo decrecieron (CUADRO 1).

La revalorización tiene efecto en mayor medida en los cultivos de exporta-ción que sobre los básicos para la alimentación, por lo que dichos productos se han convertido en una atracción para la inversión del capital.

En este contexto, el aumento del precio de los cultivos, conjuntamente con una fuerte y creciente demanda ha generado el surgimiento de la renta de la tierra en aquellos países que cuentan con tierras fértiles y de buena calidad, así como con ubicaciones cercanas a los mercados. Se calcula que las inversiones en tierras agrícolas ofrecen retornos anuales de entre 10 y 20% (Grain, 2012.b).

La emergencia de la renta de la tierra ha llevado además a que se incre-mente el precio de la tierra, como siempre ocurre. En Argentina, el precio de la tierra pasó de seis mil dólares por hectárea en 2006, a 12 mil dólares en 2008, mientras que en Brasil el precio de la tierra subió 18% en 2007 debido a la expansión de la caña (Mendoca, 2009:124).

Tal situación está generando una estrategia espacial de dominio del ca-pital, lo cual ha provocado un intenso proceso de concentración de la tierra en el ámbito mundial.

Lo inédito del fenómeno es que se trata fundamentalmente de capital que se invierte en tierras lejanas al país de origen con el fin de valorizarse.


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Mientras en los períodos anteriores el capital era reacio a comprar e invertir en tierras de los países del sur, y tendía más a rentar o alquilar las tierras, ahora se inclina por la compra directa así como el proceso de cultivo por capitales foráneos.

“(…) sólo en los últimos tres años, según datos del International Food Policy Research Institute, 20 millones de hectáreas de tierras agrarias han sido objeto de transacciones que implican a compradores extran-jeros, es decir, una superficie similar al área agrícola de toda Francia” (Duch, 2010:26).

Por su parte GRAIN ha denunciado 400 casos de acaparamiento de tierras sobre una superficie de casi 35 millones de hectáreas en 66 países del mundo (Grain, 2012a: 3).

La emergencia de la renta ha convertido al cultivo de la tierra en un negocio altamente redituable, por lo que constituye una salida a la inversión productiva y financiera.

En primer término, la crisis capitalista y con ella el declive de la tasa de ganancia en el norte, así como el incremento en los costos que ha traído consigo el aumento del precio del petróleo, han llevado al capital en general a buscar nuevas fuentes de inversión más rentables. El norte pierde compe-titividad y busca soluciones espaciales a su decadencia en el sur.

Asimismo, el declive ocurrido en los fondos financieros ha llevado a que administradoras de fondos de pensiones, fondos de capitales privados que buscan ganancias rápidas, fondos de cobertura que huyen del mercado de derivados y diversos tipos de capital especulativo, se orienten hacia la com-pra de tierra con fines especulativos.

Se trata también, como señalamos, de los agronegocios que están im-pulsando la siembra de agrocombustibles ante la enorme demanda que se ha generado, al constituir una estrategia para reducir el precio del petróleo.

Tanto el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional e in-cluso la FAO, han promovido la inversión foránea en la compra de tierras aduciendo que beneficia a los países y a los gobiernos por la atracción de capitales (Grain, 2012b: 6).

Aún cuando la mayoría de las transacciones de tierras se llevan a cabo en África, se estima que cerca de 6.5 millones de hectáreas en América Latina se encuentran dentro del proceso global de adquisición de tierras, lo cual representa el 13% del total registrado en el ámbito mundial en 2012 (CEPAL. 2012:101).

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Los diez países donde está ocurriendo el acaparamiento de tierras en la agricultura son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Gua-temala, Paraguay, Perú y Uruguay, mientras que el proceso de expansión es más lento en Panamá, México y Nicaragua debido a que en ellos la estruc-tura agraria es más fragmentada y con restricciones legales a la entrada de capital extranjero (Borras et al. 2011:101).

El 30% de los inversores son de capital extranjero y provienen principal-mente de Estados Unidos, China, países del Golfo Pérsico, Corea del Sur, Japón y países europeos.

La renta de la tierra y la dislocaciónEl aumento en los precios de los bienes alimentarios y materias primas ha impactado en la lucha por la hegemonía mundial. Aquellos países como China e India que se han convertido en un polo opositor al poder de Es-tados Unidos y sus aliados, o bien los países petroleros que han sido tradi-cionalmente importadores de alimentos básicos, constituyen hoy un grupo de países que han descartado el mercado agroalimentario mundial como el mecanismo para abastecerse de bienes agropecuarios.

Ante los problemas que conciernen a la geopolítica mundial y el enca-recimiento por la renta de los bienes agropecuarios, estos países han optado por producir sus bienes alimentarios comprando tierras en otros países.

Se conoce como dislocación al proceso a través del cual los gobiernos que tienen dificultades para abastecer a su población con bienes alimentarios, es-tán comprando tierras, como un asunto de Estado, para sembrar sus propios cultivos, con fuerza de trabajo de su país.

India está comprando tierras en Uruguay, Paraguay y Brasil para sembrar lentejas y soya, mientras países como los petroleros, Bahréin, Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes, están comprando tierras en Birmania, Uganda, Camboya, Sudán y Paquistán (Grain, 2008:2).

La dislocación constituye el mecanismo utilizado por los países en dis-puta por la hegemonía con Estados Unidos, para evitar pagar la renta de la tierra a las empresas comercializadoras de los países desarrollados. Asimis-mo, constituye una medida precautoria ante el surgimiento de un conflicto bélico y los posibles embargos cerealeros por parte de Estados Unidos.

La dislocación no elimina por sí misma la renta de la tierra, pues las diferencias en la calidad de la tierra persisten; pero puede ser apropiada por los gobiernos si se respeta el precio internacional o bien puede constituir un ahorro, al fijar precios internos debajo de los internacionales.


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Podemos concluir que la renta de la tierra emerge claramente en los cultivos de exportación y los cultivos comodines, por lo que ha generado un intenso proceso de concentración y compra de tierras a la vez que los países involucrados en la lucha por la hegemonía se han defendido impulsando la dislocación como un mecanismo para evitar pagar la renta de la tierra a las empresas comercializadoras de los países desarrollados.

La disputa por la renta de la tierraLa emergencia de la renta de la tierra ha generado disputas importantes en al-gunos países, como ha sido el caso de Argentina, donde el gobierno de Cristi-na Fernández de Kirchner decidió incrementar las retenciones a la exportación de soya y girasol, con el fin de apropiarse la renta de la tierra que surgió con el incremento de los precios. Esta política generó un movimiento de resistencia, comandado por los grandes productores que inició en el 2008, en tanto no es-taban dispuestos a perder este remanente de valor (Teubal y Palmisano, 2011).

De igual forma, ha emergido un amplio espectro de movimientos en contra de las empresas productoras de soya, mineras, productoras de palma africana, etc., en donde los campesinos e indígenas afectados se oponen al despojo de sus tierras y recursos naturales, mientras las empresas capitalistas apoyadas en la mayoría de los casos por los gobiernos, reprimen, coptan y criminalizan los movimientos en su afán por obtener los sobreprecios que dejan esas explotaciones en forma de renta de la tierra. Aun cuando la lucha es por la tierra y los recursos naturales, en las condiciones de precios eleva-dos, esos medios de producción entrañan la posibilidad de obtener la renta de la tierra y es lo que está disputando el capital.

La renta de la tierra y la soberanía alimentaria en América LatinaEl aumento en los precios de los bienes agropecuarios y la emergencia de la renta de la tierra han profundizado la dependencia alimentaria en América Latina. Por un lado, el mecanismo de la desvalorización en la revalorización impulsado por las empresas agroalimentarias ha fortalecido la exclusión de los productores familiares en la región.

Se estima que 15 millones de explotaciones agropecuarias forman parte de la agricultura familiar en la región. Sin embargo, 8 de cada 10 productores se encuentran excluidos de los recursos públicos y de los beneficios econó-micos (OXFAM. 2013:1).

El debilitamiento de la producción familiar en la región es uno de los causales importantes del declive de la soberanía alimentaria, en tanto son

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esencialmente los productores de granos básicos, principalmente del maíz, los frijoles secos y el arroz.

En este contexto, el acaparamiento de la renta de la tierra por parte de las grandes empresas comercializadoras y el pago de los bienes por debajo de su valor ha minado la capacidad productiva alimentaria en la región.

La producción cerealera en América Latina no presenta una clara recu-peración a pesar del incremento de los precios. Mientras la producción de arroz había crecido al 2.94% de 1990 al 2003, de esta fecha al 2012 solo creció en la región al 1.20%. En el caso del maíz se observa una desaceleración pues de 1990 al 2003 creció al 4.90% anual mientras que del 2003 al 2012 creció 4.51%. En el caso del trigo se pasó de un crecimiento del 1.95% en el primer período a un declive del -1.43%. También en la superficie cosechada de arroz y trigo se observa un decrecimiento como puede observarse en la gráfica siguiente.8 Sólo los cultivos que se utilizan para agrocombustibles o la exportación como la soya presentan crecimientos en este período, como puede verse en la siguiente gráfica.

Por otra parte, el impulso de los cultivos comodines ha traído consigo un cambio en la estructura superficial de América Latina, pues tienden a con-

8 Datos elaborados con base en FAOSTAT. www.fao.org Actualizado el 20 de marzo del 2014.


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vertirse en cultivos dinámicos que ocupan la mayor parte de la superficie cosechada de la región en detrimento de los cultivos básicos para la alimen-tación. El boom de los agrocombustibles está, por tanto afectando la sobera-nía alimentaria en la región.

Como puede verse en las siguientes gráficas, mientras en 1990 el maíz comandaba la estructura de la superficie cosechada de América Latina y el trigo y los frijoles secos ocupaban el tercero y cuarto lugar, para el 2012, tres cultivos comodines comandaban la estructura superficial: la soya, el maíz y la caña de azúcar, mientras el trigo y los frijoles fueron desplazados.

Estos elementos han contribuido a que, en lugar de que se haya fortalecido la soberanía alimentaria de la región, esta se ha debilitado. Como puede observarse en la siguiente gráfica las importaciones de trigo y maíz han cre-cido claramente en la región, sobre todo a partir del 2005 y 2006, cuando empezaron a subir los precios de los alimentos en el ámbito internacional.

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Esta tendencia importadora ha golpeado fuertemente a América Latina de-bido al incremento de los precios ocurrido por la crisis alimentaria. Como puede observarse en la siguiente gráfica, las importaciones en valor del trigo y el maíz se disparan a partir del 2005 alcanzando un pico en el 2008.

Los países más afectados, son justamente aquellos que tienen amplias po-blaciones campesinas, en los cuales la exclusión de la agricultura familiar ha minado la soberanía alimentaria. En la siguiente gráfica se observa un claro aumento de las importaciones de cereales en países como Perú, Colombia,


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Guatemala, El Salvador, Ecuador y Honduras. Pero ninguno es tan crítico como el de México, país que comanda las importaciones en la región en el período reciente.

ConclusionesPodemos concluir que la revalorización de los bienes agropecuarios ha traído consigo el resurgimiento de la renta de la tierra, la cual sin embargo ocurre con modalidades diferentes para los distintos cultivos y productores. En el caso de los granos básicos para la alimentación, el incremento en el costo de los insumos como el combustible y los fertilizantes atenuó el efecto de la renta, por lo cual sólo los grandes productores con elevada fertilidad del suelo y grandes volúmenes de producción pudieron verse beneficiados. Ade-más, continuó la estrategia de dominio de las empresas comercializadoras transnacionales al imponer precios internos por debajo del precio interna-cional, con lo cual los pequeños productores fueron despojados del valor de su producto. Quienes se apropiaron de la renta de la tierra fueron las grandes comercializadoras como Cargill, ADM, Bunge, etc.

En cambio, en el caso de los cultivos para la exportación como la soya y los cultivos comodines como el maíz, la caña de azúcar y la palma africana, los precios subieron en mayor proporción, por lo que fue posible reducir el impacto de los costos y por tanto el efecto de la renta de la tierra fue más claro. El surgimiento de este remanente de valor atrajo una fuerte inversión de capital, tanto productivo como financiero, para exportar productos o es-pecular con la tierra. Este fenómeno ha generado una fuerte concentración de la tierra así como el despojo de la tierra y los recursos naturales a los pequeños productores rurales.

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Los países no alineados a la zona de influencia de Estados Unidos así como los petroleros, impulsaron la dislocación para evadirse del pago de la renta a las grandes empresas comercializadoras, por lo que han impulsado la compra de tierras con fines de Estado.

El dominio fincado en la desvalorización en la revalorización y la concen-tración de tierras para cultivos comodines y de exportación han agudizado la dependencia alimentaria en la región, sobre todo en aquellos países con amplias poblaciones campesinas, de tal modo que los elevados precios y la emergencia de la renta de la tierra, han resultado contraproducentes en la lucha rural por la soberanía alimentaria.

A diferencia de la fase de postguerra, las vías para erradicar la renta de la tierra no han fortalecido la presencia campesina y en cambio tienden a desestructurarla; por ello, la fase de transición capitalista que impera ha re-sultado funesta para los campesinos.

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La tenencia de la tierra y sus problemas en América Latina y el Caribe1

Sergio Gómez E.2

ResumenPara abordar el tema del acaparamiento de tierras en la región, el artículo se ha dividido en cinco secciones. La primera entrega antecedentes sobre la base empírica de un proyecto de investigación desarrollado en los últimos años en la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, a cargo del autor. En la segunda, se entregan antecedentes históricos sobre el origen de los problemas sobre tenencia de la tierra en el mundo y en la región y también se ubica el marco conceptual en el cual se analizan los an-tecedentes que se presentan en las siguientes partes. La tercera, presenta una tipología para establecer órdenes de magnitud del fenómeno analizado. En la cuarta - que puede ser considerada medular -se presenta un análisis de un conjunto de temas relevantes que tienen una especial vigencia en esta región. Finalmente, se entregan algunas reflexiones sobre los temas analizados.

Palabras clave: tenencia de la tierra, acaparamiento, concentración y trans-nacionalización de la tierra, América Latina y el Caribe

AbstractFor the analysis of land grabbing in Latin America this paper has been di-vided into five sections. The first section gives background on the basis of an empirical research project developed in recent years at the Regional Office for Latin America and the Caribbean, FAO, conducted by the author. Se-cond section focuses on the historical background of problems concerning land tenure around the world and on the region, and also covers the con-ceptual framework used in the analysis. Third section presents a typology to establish orders of magnitude of the analyzed phenomenon. Fourth section- which can be considered core - presents an analysis of relevant issues that

1 Ponencia a la Mesa redonda: Ambiente y Sociedad: La Disputa por los Recursos Naturales, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014. Una parte importante de estos argumentos se encuentran en Borras et al., (2012), del cual soy coautor.2 Sociólogo chileno, Consultor de la Oficina Regional de FAO en América Latina y el Caribe y coordinador del Proyecto sobre la dinámica del mercado de tierras. E-mail: [email protected]

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have a special effect in this region. Finally, some reflections on the discussed issues are delivered.

Keywords: Land tenure, land grabbing, concentration and “foreignization”, Latin America and the Caribbean

Antecedentes generalesEste trabajo ofrece una síntesis de los principales resultados del Proyecto sobre la dinámica del mercado de tierras en la región, recientemente fina-lizado. El objetivo fue recoger y analizar antecedentes sobre la dinámica del mercado de la tierra y que conduce, en determinados casos, a procesos de concentración y de extranjerización, de manera de identificar situaciones que pueden ser consideradas como una manifestación del fenómeno de aca-paramiento de tierras o “Land Grabbing” que había sido registrada en África y Asia. Se basa en dos textos que contienen publicaciones del Proyecto ya señalado que se realiza en FAO / RLC desde 2010. El primero, corresponde al capítulo final contenido en el libro Dinámicas del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización, publicado en ju-nio de 2012. El segundo, corresponde al libro Reflexiones sobre concentración y extranjerización en América Latina y el Caribe, publicado en 2013.

El primero tiene un carácter descriptivo y está compuesto por un con-junto de estudios nacionales sobre la concentración de tierras, durante el úl-timo quinquenio, en diecisiete países de la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Nica-ragua, Paraguay, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Trinidad y Tobago. Cada una de las monografías fue encargada a especialistas con una reconocida experiencia y reflejan la realidad que ellos registran. Los estudios dieron cuenta de un importante proceso de concentración y de extranjeri-zación de la tierra en toda la región, a través de las más diversas formas y procedimientos, muchos de ellos nunca antes vistos.

El segundo, con un fuerte contenido interpretativo, analiza los antece-dentes descritos en el primero, desde una perspectiva global y de agrupacio-nes regionales.

Antecedentes históricos y conceptualesEn términos globales, el origen de los conflictos por la tierra, data de 8.500 años A.C. cuando el hombre se vuelve sedentario. Entonces deja de ser re-colector y cazador y pasa a vivir del cultivo de la tierra y de la cría de sus

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animales. Entonces, comienzan la disputa con sus vecinos: primero por el agua y los pastos; luego por los cultivos y los animales.

En el período neolítico los conflictos se centran en los ricos valles donde se desarrolla la agricultura en Mesopotamia (entre los ríos Éufrates y Tigris), en el Antiguo Egipto (Nilo), en China (Rio Amarillo), e India (Rio Ganges).

Después se pueden mencionar los conflictos en torno a las Guerras Campesinas Alemanas de 1524–1525, cuando 300,000 campesinos insurgen-tes dejan 130,000 víctimas. Luego, durante el feudalismo la propiedad de la tierra era adquirida, consolidada y defendida mediante guerras que libraban los señores feudales para perpetuar y ampliar sus dominios de poder econó-mico y político.

En una realidad más cercana, hay que dejar registrados los conflictos por la tierra que ocurren en la América prehispánica: Aztecas – Mayas; Incas- y sus vecinos. Por último, las derivadas de las grandes migraciones intercon-tinentales: la conquista y colonización europea hacia América Latina y el Caribe que comienzan en 1492.

Finalmente, si uno considera el estudio clásico de Eric Wolf: Luchas cam-pesinas del Siglo XX se puede concluir que en todos los conflictos que analiza, la lucha por la tierra siempre fue un tema central: México 1910, Rusia 1917, China 1949, Vietnam 1955–1975, Argelia 1954–1962 y Cuba 1959.

Para abordar el estado actual en que se encuentra la discusión conceptual sobre el acaparamiento de tierras, se hace referencia a dos temas: (a) la Ini-ciativa sobre Políticas de Tratos (o Negociaciones) de Tierra, en inglés Land Deal Politics Initiative (LDPI) y b) el marco utilizado en la investigación que da origen a este trabajo.

El LDPI es una entidad académica de coordinación, especializada en la investigación social del tema del acaparamiento de tierras, integrada por cuatro reconocidas instituciones académicas y por cerca de un centenar de miembros individuales. Las instituciones: Instituto de Estudios Sociales (ISS), La Haya, Holanda; Instituto para la Pobreza, la Tierra y los Estu-dios Agrarios (PLAAS) en la Universidad de Western Cape en África del Sur; Instituto de Estudios sobre el Desarrollo en la Universidad de Sussex (IDS), Reino Unido; y el Instituto Polson para el Desarrollo Global de la Universidad de Cornell, Nueva York, USA. Los miembros individuales son reconocidos académicos que realizan docencia e investigación vinculadas al tema del acaparamiento de tierras.

El marco de referencia que propone LDPI, se nutre de la respuesta de su quehacer académico a las siguientes preguntas claves: (i) quién es propietario

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de qué; (ii), qué hace cada cual; (iii); qué obtiene cada uno; (iv) qué es lo que hacen con el excedente (v) cómo las clases sociales y grupos en la sociedad interactúan entre ellos; y (vi) cómo los cambios en las políticas afectan la dinámica ecológica y viceversa.

Dentro de este marco se presentan algunas preguntas más específicas que deberían guiar las futuras investigaciones.

¿Cuáles son los cambios que están emergiendo en la nueva estructura agraria? ¿Se trata de nuevas formas del capitalismo agrario o se repiten las del pasado?

¿Cuál es la naturaleza y la extensión de la diferenciación social rural en términos de clase, género, etnias que siguen a los cambios en el uso y en la propiedad de la tierra, así como en la organización de la producción y en el intercambio?

¿Hasta que punto existe una relación entre los actuales conflictos rurales como consecuencia de la dinámica de estas nuevas inversiones?

Por último, las alternativas que se manejan a nivel de políticas públicas y de discursos que tratan sobre las crisis alimentaria, energética, climática y financiera deberían considerar: la inversión, el crecimiento y la moderniza-ción de la actividad silvoagropecuaria; versus la marginalización, los despla-zamientos y el empobrecimiento de grupos rurales significativos.

Por otra parte, vale la pena señalar la realización de tres eventos masi-vos académicos recientes, donde se trató específicamente el tema que nos ocupa: En 2011 se realizó la primera Conferencia Internacional donde se discutieron 120 trabajos sobre el tema en el Instituto de Estudios del Desa-rrollo (IDS) en la Universidad de Sussex, en Inglaterra; en 2012 tuvo lugar la segunda conferencia en la Universidad de Cornell, Ithaca en el estado de Nueva York; la tercera conferencia se realizó en 2013 en Yale University. Sobre estas reuniones, que expresan el funcionamiento del LDPI, interesa destacar dos aspectos.

El primero se refiere a la variedad de temas considerados en las dis-cusiones conceptuales, donde se dio importancia a la universalización del concepto, los aspectos metodológicos, sobre todo aquellos relacionados con la confiabilidad y la validez de la información. Sobre esto último, se dieron importantes discusiones sobre el valor de las informaciones de prensa – dada la cobertura periodística que tiene el tema - , el acceso a la información sobre procesos que no siempre son transparentes, etc.

En segundo lugar, en ellos, predomina la presencia de académicos rela-tivamente jóvenes con orientados o tutoreados que en su calidad de tesistas,


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presentan avances de sus disertaciones de posgrado – todas sobre el mismo tema – donde junto con la búsqueda de la excelencia académica, también pretenden que sus trabajos tengan utilidad para las comunidades que resul-tan afectadas por los procesos que estudian. Y entonces también se discuten cuestiones de métodos que permitan armonizar la objetividad propia de la práctica científica con los compromisos de los investigadores.

En cuanto al marco utilizado en la investigación que da origen a este trabajo, como ya se ha señalado, es necesario reiterar que este se encontró influido por el interés en el tema, que nace junto a las primeras grandes compras de tierras que se realizaron en Asia y África, a finales de la década pasada, vinculada a la crisis de precios de los alimentos. En consecuencia, los primeros esfuerzos conceptuales corresponden a tratar de entender y expli-car lo que allí ocurría, vale decir la compra de grandes extensiones de tierras, donde el comprador es un gobierno extranjero o una empresa vinculada a él, y lo que se busca es que el destino de las tierras fuera finalmente la pro-ducción de alimentos. A este cuadro se deben agregar los mecanismos de negociación no del todo transparentes y una institucionalidad pública rela-tivamente débil por parte de los países donde se vendían las tierras. Por esa razón, cuando comenzó el estudio en América Latina y el Caribe se hizo la distinción entre este tipo de situaciones y el de la concentración de la tierra en una perspectiva más amplia. A la primera situación la denominamos aca-paramiento de tierra en sentido estricto, mientras que el segundo fenómeno fue entendido como concentración y extranjerización de la tierra.

Respecto al tema acaparamiento de tierras, en el último tiempo se ha rediscutido su alcance y se han revisado otros temas que requieren un de-bate más profundo. El concepto debe incluir las operaciones comerciales de tierras en torno a la producción y venta de alimentos y de otros productos, y debe abrirse hacia los actores económicos nacionales y transnacionales de distintos sectores empresariales ligados al petróleo y la industria automo-triz, la minería y las actividades forestales, la alimentación, la química y la bioenergía, entre otros, los cuales están adquiriendo –o han declarado sus intenciones de adquirir– vastas extensiones de tierra para cultivarlas o para construir, mantener o ampliar sus industrias extractivas y agroindustriales a gran escala. Además, una vez que se hizo un análisis comparativo, se consta-tó que la dinámica del mercado de la tierra en América Latina y el Caribe es más intenso del que se observa en otras regiones del mundo.

En resumen, un concepto que comenzó referido a una realidad restrin-gida, considerando sólo algunos tipos de actores (un gobierno extranjero, al

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menos) y un tipo de producto (alimentos básicos) se ha ampliado hacia otras situaciones con actores y productos diversos, que siguen la lógica de la acu-mulación del capital. Posteriormente, con Borras, Kay y Wilkinson (Borras et al., 2013), propusimos que la definición debería considerar las relaciones de poder que se manifiestan bajo diversas formas, que incluyen la acumula-ción de tierras (es decir, la captación de vastas extensiones de territorio), de aguas, a través de la captación de recursos acuíferos y acaparamiento verde (naturaleza).

Por otro lado, la noción de acaparamiento de tierras debe precisar la no-ción de qué se considera como “escala.” Esta no debería limitarse a aquella centrada en la superficie de las propiedades territoriales adquiridas, que suele definir como grandes las operaciones que superan el límite de las 1000 has (como fue el caso de los estudios FAO). La acumulación de tierras supone transacciones de gran escala en dos sentidos, como son la escala de las ad-quisiciones de tierra y la escala de los capitales involucrados en el proceso. Ese marco lleva a considerar, necesariamente, las diversas modalidades bajo las cuales tienen lugar la adquisición del control: ya sea la compra, arrenda-miento, agricultura de contrato, conservación de bosques, etc. Finalmente, un rasgo distintivo de los actuales procesos de acumulación de tierras es que ocurren principalmente a raíz y como parte de la dinámica de acumulación capitalista, en respuesta a la convergencia de una multiplicidad de crisis (ali-mentaria, energética/combustible, ambiental y financiera), en el marco de la cual los capitales financieros han buscado nuevas y más seguras oportunida-des de inversión

En síntesis, el acaparamiento de tierras debe ser entendido como las ac-ciones de captación del control sobre vastas extensiones de suelo y otros recursos, a través de una variedad de mecanismos y modalidades que involu-cran al capital de gran escala que, actuando bajo modalidades extractivas, sea respondiendo a propósitos nacionales o internacionales, busca dar respuesta a la convergencia de las crisis alimentaria, energética y financiera, a los impe-rativos de la mitigación de los cambios climáticos y a la demanda de recursos por parte de los nuevos núcleos del capital global.

La difusión de la evidencia empírica que ha entregado el estudio de la FAO realizado en América Latina y el Caribe ha contribuido en el proceso de la ampliación de la reflexión conceptual, incorporando las diferentes ma-nifestaciones de acaparamiento de tierras que se observan en la actualidad en el mundo.


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TipologíaSobre la base de los antecedentes de los estudios nacionales, y con las limi-taciones que estos tienen, proponemos una aproximación para ponderar los diferentes casos, de acuerdo al grado en que los fenómenos analizados se encuentran presentes.

Para establecer un orden relativo de ubicación en que se encuentran los diferentes países, desde la presencia mayor hasta la menor de concentración/extranjerización de la tierra, se observaron las siguientes variables: nivel de concentración; nivel de presencia de capital extranjero; presencia de empre-sas del país en otros países; y presencia de países inversionistas en él.

Tomando en cuenta estos indicadores, con las limitaciones que se han seña-lado, resulta claro que los casos extremos son los que corresponden a los Tipos I y V, en la medida que resultan relativamente fáciles de diferenciar, debido a que se trata de situaciones polares. Es el caso de Argentina y Brasil (Tipo I), paí-ses de grandes dimensiones, con niveles de concentración y de extranjerización evidentes, inclusive con Estados inversionistas en sus fronteras, y con empresas/empresarios de sus países de origen, con fuerte presencia en otros países vecinos.

Por el contrario, en el otro extremo, se ubican Guyana y Trinidad Tobago (Tipo V), países relativamente pequeños; con limitados procesos de concen-tración y extranjerización y sin que sus empresas ni sus empresarios tengan presencia más allá de la frontera de sus respectivos países.

Luego se entra en los países donde se encuentran situaciones interme-dias, que son los incluidos en el Tipo III, pues comparten situaciones inter-medias entre las dos situaciones extremas ya descritas. Los países incluidos en el Tipo II, son países de dimensiones medianas, con interesantes procesos de concentración/ extranjerización y con altos niveles de porosidad de inver-siones en el sector silvoagropecuario intrarregional. Aquellos que se ubican en el Tipo IV, son países más pequeños, en los que se observan procesos de concentración y extranjerización más tradicionales y otros más recientes, con medianos procesos de porosidad de inversiones interregionales.

Junto con apreciar una ordenación de presencia de los fenómenos, vale la pena relativizar la validez que tienen los indicadores utilizados, especialmen-te en los casos de niveles de concentración, donde se utiliza la cantidad de rubros afectados y en presencia del capital extranjero, donde se utilizó el nú-mero de países inversionistas. Estos son los datos disponibles en los trabajos de los países. Pero, no cabe duda que un indicador más sensible para captar este tema, como ya se señaló, debería considerar valores relativos en función de las dimensiones de cada uno de los países. En el caso de la presencia del

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capital extranjero sería interesante verificar el grado de dominación que ejer-ce el capital extranjero sobre las principales cadenas de valor.

Tipo I.- Concentración y Extranjerización Muy Alta. Tienen puntajes altos en niveles de concentración y extranjerización y presencia de los dos fenómenos considerados. Países grandes: Argentina y Brasil (2).

Tipo II.- Concentración y Extranjerización Alta. Tienen puntajes altos en ni-veles de concentración y extranjerización y la mitad tiene inversiones en la región. México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay (6).

Tipo III.- Concentración y Extranjerización Media Alta. No obstante tener altos puntajes en niveles de concentración y extranjerización, no sobresalen por el número de rubros y no registran inversiones en otros países de la re-gión. Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú (4).

Tipo IV.- Concentración y Extranjerización Media. Países de Centro América: Costa Rica, Guatemala y Panamá (3).

Tipo V.- Concentración y Extranjerización Baja. A pesar de tener algunos va-lores altos en niveles de concentración y extranjerización, el funcionamiento del mercado de la tierra no es fluido. Corresponden al Caribe anglófono e incluye a los países de Guyana y Trinidad & Tobago (2).

Finalmente, vale la pena reiterar que el objetivo central de este trabajo es captar la dinámica que muestra el mercado de la tierra y los principales procesos ligados a él en la región, y que el intento por acercarnos a una or-denación cuantitativa de los fenómenos forma parte del contexto de lo que se trata a continuación.

Por ello es interesante señalar la nueva forma en la que se van materiali-zando estos fenómenos que parecen transformarse para adecuarse a nuevos contextos y épocas. Para analizarlos se torna necesario abrir la óptica del análisis. De acuerdo a ello, esto emerge claramente en el caso de Argentina. Por ejemplo, los países protagonistas de LandGrabbing en África, buscan ahora arreglos contractuales en los que no se hacen de la propiedad de la tie-rra sino de sus productos; por otro lado, buscan destinos con experiencias de producción existentes que pueden satisfacer sus demandas sin grandes cam-


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bios en cultura productiva. Desde la visión de la propiedad de la tierra nacio-nal como valor central esto podría parecer ser más aceptable, pero por otro lado: ¿es verdaderamente menos preocupante para la seguridad alimentaria comprometer el producto de la tierra? Otro ejemplo de fenómenos nuevos que nos permitimos ver si abrimos la óptica del análisis, es la constitución de grandes operaciones agrícolas mediante concentración de la tenencia tem-poraria de la tierra (arrendamiento y contratos), no de la propiedad.

Análisis de algunos temas relevantesComo ya se ha señalado, con los antecedentes presentados se avanza hacia una descripción del panorama regional al ofrecer una visión sistemática so-bre diversos temas, que surgen de los antecedentes de los estudios de caso y que, de alguna manera, señalan algunas tendencias. Para ello se abordan los siguientes temas: Las dimensiones de la concentración/ extranjerización; los inversores y los productos concentrados; las modalidades de expansión regional de las cadenas de valor.

Dimensiones del fenómenoLos antecedentes presentados sugieren que los niveles de concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra son sustancialmente mayores a los que existían con anterioridad y que las características de ella son diferen-tes a las observadas en el pasado.

Como se ha planteado, para intentar establecer las dimensiones del fenó-meno, parece útil recurrir a una comparación que pueda ubicar un parámetro que sirva como referencia. En este sentido, la comparación con la misma realidad, pero en otro período de tiempo, resulta una buena opción. Además, si se valora el hecho de encontrar un momento en el tiempo donde se dis-ponga de una información confiable y amplia para la mayoría de los países de América Latina, la situación de comienzos de la década de los 60 del siglo pasado, parece la más adecuada, sobre todo porque la información se refiere a las mismas variables.

Si comparamos la realidad de entonces, en cuanto al proceso de con-centración/ extranjerización con la situación actual, se puede afirmar que es mayor y distinta a la que se denunciaba en aquella época.

Para argumentar que es mayor, se presentan antecedentes sobre varios países entre ellos, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala y Perú.3

3 Son los países contemplados en el texto de los Informes CIDA ya señalados.

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En Argentina, de acuerdo a los datos del Informe CIDA, el tamaño promedio de las propiedades multifamiliares grandes (PMG) era de 9,639 ha para el conjunto del país. Las variaciones de los promedios van desde los 3,269 ha en la región del Chaco; 9,102 ha en la Pampa; hasta 32,388 en la Patagonia. En Brasil, se muestra un proceso de mayor concentración cuando se comparan los antecedentes del tamaño promedio de los predios de más de 5,000 ha que en 1950 era de 15,115 ha y que sube a 16,695 ha en 1960. En Colombia, la superficie promedio de las PMG el año 1960 era de 10,908 ha mientras que en Chile era de 2,178 ha. Por su parte en Ecuador, las propieda-des mayores de 1,000 ha era de 7,313 ha, y las PMG 1,977 ha; en Guatemala era de 896 ha y finalmente en Perú de 13,995 ha.

Si bien las diferencias regionales son importantes, las dimensiones que tenía la concentración de la tierra hace 60 años, según las cifras de los estu-dios del CIDA, tienen poco que ver con los antecedentes que se encuentran en los estudios de caso de los países presentados.

Esta evidencia muestra que los niveles de concentración de la tenencia de la tierra han crecido notablemente en la región, si se compara con la situa-ción que prevalecía hace 60 años.

La concentración/extranjerización actual se inserta en la perspectiva de una modernización productiva de la economía rural de América Latina. Se reconoce un uso más eficiente de los recursos productivos, aun cuando se plantean críticas en cuanto a procesos de exclusión social y a no considerar adecuadamente los temas ambientales.

Los inversoresSe pueden identificar cuatro grandes categorías de inversores: (i) Estados in-versionistas; (ii) fondos de inversión; (iii) inversionistas dentro de la región; y (iv) inversionistas tradicionales, pero con nuevas características.

Presencia de Estados inversionistasEste fenómeno se encuentra en sus fases iniciales y restringidas sólo a los países grandes de la región. Conviene recordar que la definición más ortodoxa considera: transacciones de extensiones considerables de tierras; participación de un gobierno distinto al del país donde se efectúa la tran-sacción; y destino de la transacción: producción de alimentos de consumo masivo.

La definición estricta sobre este fenómeno, en los términos planteados, da cuenta de un fenómeno importante, aunque incipiente, que se expresa en


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diversos niveles de formalización y que se encuentra presente en dos de los países más grandes de América Latina: Argentina y Brasil.

En Argentina se detectaron intensiones pero no se ha concretado ningún caso. Se identificaron varias negociaciones para arreglos contractuales que no involucraban la compra y por lo tanto no se enmarcarían estrictamen-te dentro de esta definición del fenómeno. Se encontraron negociaciones en curso en cuatro casos donde intervenían Arabia Saudita, Corea del Sur, China y Qatar. En Brasil se encontraron antecedentes sobre transacciones donde participan también entidades de Arabia Saudita y China, además de una empresa de Corea del Sur.

Fondos de inversiónLa alta rentabilidad de algunos cultivos, especialmente los flexi de posibles múltiples usos como alimento, forraje o combustible (Borras et al., 2010, 2013), ha llevado a que diversos fondos de inversión se orientan a la compra de tierras en la región. Dentro de los compradores de tierras a gran escala, se encuentran fondos de inversión, con fondos de ahorristas privados, así como fondos de inversión institucionales, como pueden ser fondos de pensiones de profesores (de Estados Unidos y de Canadá) o fondos de pensiones más genéricos (de Suecia), e incluye fondos soberanos. La presencia de este tipo de inversionistas no es fácil de identificar.

Dentro de la regiónUna característica interesante de resaltar en el proceso de concentración/extranjerización, que resulta más bien propia de América Latina y el Caribe, son varias vías a través de las cuales se observa una porosidad en la expansión de la tenencia de la tierra dentro de los países de la región.

Se han identificado tres vías de expansión intrarregional, de acuerdo a los recursos que son movilizados. En todos los casos se moviliza, además del ca-pital, una experiencia acumulada en el país de origen que alcanza a un cierto techo: (a) vía empresas “Translatinas”; (b) vía combinación de propiedad y arrendamiento de tierras; y (c) vía migraciones, el caso de Brasil en Bolivia y Paraguay.

(a) Vía translatinas: empresas forestales chilenasDe acuerdo a la CEPAL, las grandes empresas de América Latina han in-crementado sus procesos de internacionalización, especialmente a partir de la década del los años noventa, motivadas por factores como las reformas

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económicas, mercados locales saturados, oportunidades en países vecinos y la necesidad de diversificar el riesgo.

Veamos algunos ejemplos, en el caso de Chile, las grandes empresas fo-restales son las más concentradas y con expansión dentro de la región.

Por un lado se encuentra la empresa Forestal Arauco (CELCO), empre-sa formada por el Estado chileno a fines de los años 60, con más de 40 años de trayectoria y comprada por el empresario Anacleto Angelini como filial de la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), uno de los tres grupos económicos más grandes del país, sociedad anónima de capitales nacionales y controlada por el grupo señalado. Tuvo ventas en el 2010 por 3,788 millones de USD y sus utilidades ascendieron a 694 millones de USD. Sus inversio-nes en el 2009 totalizaron 670 millones de USD, entre las cuales sobresale la compra de TAFISA en Brasil, para producir tableros y la formación de un joint venture con la escandinava Stora Ensa, para compra de tierras y el establecimiento de una planta industrial en Uruguay.

Para tener una idea más precisa sobre las dimensiones de las propiedades controladas por estas empresas, es necesario profundizar en los antecedentes para llegar a sus dimensiones reales. En el caso de esta empresa en Uruguay, a las propiedades que tiene directamente bajo su dominio, hay que agregar unas 138,000 ha que posee en una sociedad conformada por la propia empre-sa Arauco junto a la finlandesa Stora Ensa, que crearon la empresa Montes del Plata. Esta resulta ser una empresa nacional de Uruguay que se originó de las tierras que esta empresa chilena compró al grupo de España ENCE. Por lo tanto, a las 126,786 ha que figuran en el cuadro en Uruguay, habría que sumar las 138,000 que aporta StoraEnsa a Montes del Plata. Sus activos en tierras ascienden a 1,6 millón de ha con la siguiente distribución geográfica (Cuadro 1):

Por su parte, el otro grupo forestal chileno CMPC, creado en Chile por una familia tradicional hace 90 años, que aún lo controla, tuvo ventas el 2010 por 4,219 millones de USD de sus productos derivados de la madera.


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A través de su filial la Forestal MININCO, garantiza el abastecimiento de materia prima de las plantaciones propias, repartidas en Chile, Argentina y Brasil; países donde posee el patrimonio en tierras que se presenta a con-tinuación (Cuadro 2):

MININCO cosechó 17,800 ha de plantaciones el 2009 entre Chile y Ar-gentina, plantando en paralelo 27,000 ha. A partir de 1991 la CMPC inició sus compras e inversiones industriales en Argentina, continuó en Uruguay en 1994, se amplió en Argentina con tres plantas nuevas entre 1994 y 1996, se expandió a Perú en 1996, a México el 2006, a Colombia el 2007 y a Brasil y Ecuador el 2009. En Brasil compró al grupo brasilero Aracruz la planta de celulosa en Guaiba (RS) con 212, 000 ha. En 2012 inicia la expansión de la planta para duplicar su capacidad de procesamiento con una inversión de US $ 2,000 millones.

(b) Vía combinación de propiedad y arrendamiento de tierras: los pools agrí-colas de ArgentinaSe denomina pool de siembra en Argentina, a un sistema de producción agropecuaria que se caracteriza por el rol fundamental que juega el capital financiero y la gestión de un sistema empresarial que asume el control de la producción agropecuaria mediante tierras propias y el arrendamiento de grandes extensiones de tierra en el país de origen y en países vecinos, y la contratación de equipos de siembra, fumigación, cosecha y transporte, con el fin de generar economías de escala y altos rendimientos. Al finalizar la cosecha, las ganancias son distribuidas entre el pool que realiza la siembra y los propietarios de la tierra. La expansión de este tipo de inversiones puede mostrar cómo los arreglos, originalmente basados en el funciona-miento de redes de productores, van siendo ampliados con la integración financiera y comercial nacionales e internacionales, unidas a la compra y arrendamiento de tierra en países limítrofes como Brasil, Paraguay, Boli-via y Uruguay.

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A continuación se presentarán antecedentes de la expansión de algunas de las principales empresas que se han desarrollado bajo esta modalidad de pool de siembras: Grobo, El Tejar y CRESUD.

GROBO: Empresa familiar con larga tradición en la agricultura, en los años 90 son pioneros en el modelo de pools de siembras y llegan a culti-var 250,000 ha; en Argentina (90,000 ha) Paraguay (16,000 ha), Uruguay (89,000 ha) y Brasil (55,000 ha). La empresa no sólo maneja la producción agrícola (básicamente trigo y soja) sino que provee de insumos, maneja gra-nos y ofrece servicios logísticos. Primero se expandieron con soja a Uruguay, luego a Paraguay y después a Brasil.

EL TEJAR: surgió en 1987 como una asociación de productores vincula-dos con la ganadería en la Cuenca del Salado. Actualmente cuentan con 1,1 millón de ha entre campos arrendados y propios. Siembran soja, trigo, maíz, cebada, arroz y girasol en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, re-cientemente han ingresado a Colombia, y hacen ganadería en Argentina y Uruguay. Los ingresos de la compañía se generan por partes iguales en Argentina y las que se realizan en el extranjero.

CRESUD: Empresa formada en 1936 como subsidiaria de una empresa financiera de Bélgica. Durante los años 90, George Soros fue uno de sus principales accionistas, retirándose en el año 2000. Sus acciones se cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y de Nueva York. Produce cerea-les y oleaginosas (trigo, maíz, soja y girasol), ganado vacuno, producción de leche, adquisición y venta de tierras. Controla más de 900,000 ha en Argen-tina, Brasil (Brasil Agro), Paraguay y Bolivia.

Como se puede apreciar, se trata de empresas de gran envergadura, con fuerte presencia de empresas familiares, aunque no exclusivamente, con una experiencia acumulada inicialmente en el propio país, que luego se expanden hacia los países vecinos implementando una estrategia ya probada. El fuerte crecimiento del paquete tecnológico de siembra directa -soja transgénica- en Argentina y la creciente demanda desde Asia, también resultan factores importantes que explican su expansión más allá de sus fronteras.

Los pools de siembra constituyen relaciones novedosas para combinar tie-rra, capital y recursos humanos; arrendamiento (u otros arreglos contractuales de acceso a la tierra) y/o propiedad aportada en fideicomisos donde se puede observar: (i) un paquete tecnológico basado en maquinaria moderna; (ii) un uso intensivo de biotecnología e insumos agroquímicos; y (iii) un complejo sistema de gestión con una sofisticada base computacional y personal espe-cializado en la selección de campos, producción, gestión y comercialización.


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Esta combinación permite alcanzar los tamaños demandados para op-timizar el nuevo paquete tecnológico, especialmente basados en el arren-damiento u otras formas de contratación de tierras, combinadas o no con la propiedad. Asimismo, permite la utilización de parcelas que, sin la com-binación con otras, no serían rentables debido a las nuevas demandas de inversión por hectárea. A la vez, frente a las situaciones de desplazamiento, el sistema permitió a una parte de los pequeños y medianos propietarios mantener la propiedad de sus campos como rentistas.

La gran escala no es una característica necesaria de los pools, pero sí lo son los nuevos paquetes tecnológicos intensivos en capital, las ventajas para obtener mejores precios en insumos, comercialización y financiamiento, la capacidad para diversificar riesgo climático, entre otros factores, favorecieron el crecimiento de grandes empresas agropecuarias. (c) Vía expansión migración vecinal: Brasil en Paraguay y BoliviaLa tercera vía, es la expansión de la actividad empresarial que muestra Brasil, acompañada por la migración de los empresarios a los países vecinos: Para-guay y Bolivia.

ParaguayComo brasiguayos llaman en Paraguay a los agricultores brasileños y sus des-cendientes que, desde fines de la década del 60, se encuentran localizados en la región Oriental, en los Departamentos de Alto Paraná, Canindeyú, Amambay y Caaguazú, que comparten frontera seca con los estados brasile-ños de Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. Una alta proporción de aquellos primeros migrantes logró instalar explotaciones agrícolas peque-ñas y medianas, dedicadas a la producción de la soja, preferentemente, y del trigo y maíz, en menor proporción. Muchos agricultores brasileños aprove-charon la oportunidad, dada la diferencia en el precio de la tierra de vender sus de tierras en Brasil y comprar el doble, o más, en Paraguay. Esta primera fase de intensiva incorporación de los agricultores y empresarios duró hasta mediados de la década del ochenta.

Desde ese momento y hasta fines de la década del 90, se verificó una segunda fase. En esos años, el proceso consistió en la difusión de la mediana y gran empresa agropecuaria. Además de los rubros agrícolas, comenzó, si-multáneamente, la producción del ganado bovino.

Y, finalmente, una tercera fase, comenzó a verificarse desde los prime-ros años de la década pasada, y que, por un lado, se manifiesta en la ma-yor difusión de la gran empresa agropecuaria, tanto en los departamentos

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fronterizos nombrados previamente como en otros localizados en áreas más al interior de la región Oriental (Departamentos de San Pedro y Ca-azapá). Por otro lado, la nueva modalidad de inserción del gran empresario brasilero consiste en la compra de grandes extensiones de tierra en la re-gión Occidental (Chaco), en el departamento de Alto Paraguay, fronterizo con Bolivia y Brasil, dedicadas exclusivamente a la producción ganadera. Uno de los incentivos, para la localización de estas inversiones es el bajo precio de la tierra.

BoliviaBrasil y Bolivia comparten dos mil kilómetros de frontera común, de las

cuales la mitad se encuentra en el departamento de Santa Cruz. Se pueden distinguir tres etapas en la expansión de los agricultores desde Brasil.

La primera etapa de inmigración brasilera tuvo lugar durante los años 80 y fue relativamente reducida, si se le compara con las que se desarrollan más adelante. Desde entones se comenzó a experimentar con la soya y otras oleaginosas en tierras alquiladas o en asociación con algunos productores bolivianos; los menonitas ya antes habían logrado experiencia y resultados satisfactorios con este cultivo y continúan haciéndolo hasta ahora.

La segunda etapa de inmigración brasilera va desde el año 1993 aproxi-madamente, hasta el 1999 en la región del este de Santa Cruz. Sin embar-go, a los pocos años del inicio de esta migración se produjeron tres años continuos de condiciones climáticas adversas que hicieron que muchos inversionistas nacionales y extranjeros abandonaran el negocio. La tercera etapa comienza en el año 2005, con una nueva oleada de inversionistas bra-sileros, pero esta vez además en busca de tierras de uso ganadero. El cultivo de la soja en Bolivia no se habría desarrollado a los niveles actuales, sin la presencia de agricultores inversionistas brasileros y de otros extranjeros que compraron tierras en Santa Cruz y trajeron recursos, conocimientos y tecnología.

Inversionistas tradicionales, con nuevas características

(a) Inversionistas nacionalesHan existido desde siempre, pero antes eran básicamente especializados y se les conocía con diferentes denominaciones: latifundistas, hacendados, burguesía agraria o empresarios agrícolas. Lo novedoso de estos nuevos in-versionistas nacionales, es que tienen intereses en una amplia cartera diver-


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sificada que incluye las finanzas, el comercio, la industria, los servicios y las inversiones en la agricultura.

(b) Empresas transnacionalesEstas también siempre han existido en la región y han estado vinculadas a las frutas (DOLE, Chiquita Brand, etc.), a lácteos (NESTLE y otras), a actividades forestales (STORE-ENSO), etc. Lo nuevo, es que ahora no son los únicos inversores foráneos.

Los productos y actividades concentradosDe acuerdo a los bienes que se busca producir en las tierras que se concen-tran, estas pueden ser destinadas para:1.-Bio combustible. Se trata de cultivos que son insumos sustitutorios a la energía fósil. Su demanda y precio depende en gran medida de políticas pú-blicas en que ciertos Estados han establecido como obligatoria, la inclusión de un porcentaje de estos productos en el combustible. 2.- Alimentos de consumo básico. Los precios de los principales productos alimentarios básicos aumentaron de manera drástica desde 2007 por distin-tas razones, incluyendo el crecimiento de los biocombustibles, los problemas climáticos en años anteriores, la reducción en los inventarios y un aumento en la demanda de algunos países emergentes.3.- Recursos forestales. Se debe distinguir entre dos tipos de bienes de dis-tinta naturaleza: (1) madera y productos forestales no maderables; (2) servi-cios ambientales, con el establecimiento de mercados de derechos de polu-ción, créditos por carbono, o a través de mecanismos que hasta el momento son voluntarios, basados en las promesas de no cortar los bosques4

4.- Turismo. Su desarrollo ya ha generado un creciente interés en las zonas costeras y otras áreas debido a la belleza del paisaje, la riqueza de la flora y la fauna, y/o la posibilidad de participar en actividades de diversión que mues-tran una alta demanda, coincide con regiones con clima tropical, con turismo de playa y muchas veces se encuentra en manos de inversionistas extranjeros.5.- Recursos mineros y energéticos. Este no es un fenómeno nuevo, pero el fuerte aumento en la demanda de los países emergentes ha aumentado la presión sobre las regiones y países que tienen riqueza en forma de minerales o petróleo y que presionan sobre tierras agropecuarias.

4 Mecanismos [REDD] Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques.

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6.- Frutas, verduras y vinos. A los productos tradicionales que exportaban países de la región, básicamente tropicales (banano, piña, azúcar), se han agregado rubros que se han denominado como “no tradicionales” que con-sisten en la producción que son propios de clima templado y que tienen demanda de contra estación climática en el hemisferio Norte.7.- Conservación. En este punto nos extenderemos como consecuencia de la particularidad del fenómeno. A continuación, se entregan antecedentes sobre los casos más emblemáticos que se encuentran en la Patagonia.

Uno de ellos es el caso de Benetton Group S.A., una marca de ropa italiana, fundada en Ponzano, Veneto. La historia de este grupo comenzó en 1955 y su negocio principal es la ropa con la línea casual “United Colors of Benetton”. Los hermanos Benetton cuentan con 930,000 ha en total en tres provincias del Sur (Río Negro, Chubut y Santa Cruz). También hay que mencionar a Douglas Tompkins, empresario anteriormente ligado a la industria de vestuario (marcas como Esprit, The North Face, etc.) que tiene bajo su dominio unas 350,000 hectáreas distribuidas en Corrientes, Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego que compra tierras para dedicarlas a la conservación de la naturaleza. A los anteriores habría que agregar a Joseph Lewis, tiene 14,000 ha en Río Negro; Joe Turner, Ted Turner, fundador de la CNN, tiene 55,000 ha en Neuquén y Tierra del Fuego.

También en Chile, existen grandes proyectos privados cuyo objetivo declarado es la conservación del bosque nativo y del resto de los recursos naturales, aunque también comparten su uso en ecoturismo. Entre estos pro-yectos, por su magnitud, se destacan cuatro por sus dimensiones.

El primero y más importante es Pumalín, de propiedad de Douglas Tompkins, ya mencionado como propietario en la Patagonia Argentina. Se trata de un parque privado en la Provincia de Palena con 300 mil ha.

Otro proyecto es la Estancia Valle Chacabuco, en la Región de Aysén, que se dedicaba a la cría de ovejas hasta el 2004, fue comprada por Conser-vación Patagónica, institución con sede en California, también vinculada a Douglas Tompkins. Esta posee 186,000 ha entre Chile y Argentina, postu-lando crear a futuro el Parque Nacional de la Patagonia.

El Parque Tantauco, se encuentra en el extremo austral de la Isla Grande de Chiloé, Región de Los Lagos. Fue adquirido en el 2005 por la Fundación Futuro (propiedad de Sebastián Piñera), con el fin de preservar los ecosiste-mas y especies presentes.Su extensión es de 118,000 ha.

La empresa Trillium es una forestal de capital estadounidense, comprada en 1993 al Ministerio de Bienes Nacionales y a particulares, con una exten-


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sión total de 275,000 ha para la explotación de lenga, en la Isla Tierra del Fuego, Magallanes. En paralelo, la misma empresa conocida como Lenga Patagónica S.A., compra con el mismo fin en Argentina 75,000 ha.

En cuanto a las inversiones en tierras con un objetivo de “conservación”, es interesante de registrar, es la declaración formal y específica que se hace sobre el particular: el objetivo declarado es la conservación de los recursos. Esto requiere de un análisis mayor.

Nota final1.- Nivel de la concentración. La concentración que se observa actualmente en América Latina es muy superior a la que se observó en el pasado y tiene otro significado. En cuanto a la dimensión, la actual es significativamente superior a la que existía cuando se planteó la necesidad de realizar reformas agrarias durante el Siglo XX.2.- Aspectos propios de América Latina y el Caribe. Comparando los procesos de concentración que se observan en la región, con los que ocurren en otras latitudes, como África, Asia y Eurasia ex soviética, se pueden destacar: (i) el mayor dinamismo que se observa en este mercado en relación a ellos; (ii) una porosidad interregional de capitales, tecnologías, de empresarios, de modelos de gestión, etc. que se observa entre los países de la región y (iii) una menor presencia de Estados extranjeros como inversionistas. 3.- Presencia de “cultivos comodín”. Si bien este fenómeno no es exclusivo de América Latina, vale la pena resaltarlo por la importancia que ha alcanzado en esta región. Se trata de cultivos que tienen múltiples y/o flexibles usos en la triada “3-en-1”: alimento-forraje-combustible, la cual ha sido denominada como “flexcrops” Esto también ocurre en los sectores no alimentarios, espe-cíficamente en la producción forestal industrial y la conservación en gran escala. 4.- Necesidad de evaluar impactos. Es urgente avanzar en conocer el impacto de estos procesos sobre la agricultura campesina, la producción de alimentos, el medio ambiente y el empleo. En efecto, es necesario avanzar en dimen-sionar cuanta tierra de la que se concentra proviene de tierras ocupada por agricultura campesina y cuál fue el destino de los productores.5.- Sustentabilidad y las directrices voluntarias sobre tenencia. Finalmente vale la pena reflexionar sobre la sustentabilidad de la situación descrita acerca del funcionamiento del mercado de la tierra y el desarrollo y, sobre todo como ella afecta, la seguridad alimentaria. Se puede argumentar que caben serias dudas al respecto. Por ello, el documento Directrices voluntarias sobre

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la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional elaborado por la iniciativa de FAO, puede ser una eficaz herramienta para canalizar esta dinámica que muestra el mercado de la tierra en una energía que favorezca un desarrollo sustentable y contribuya a la seguridad alimentaria.

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Estructura agraria, pequeña producción y gobiernos progresistas en Uruguay1

Alberto Riella2

ResumenEn el primer lustro del siglo XXI el escenario rural del Uruguay cambia radicalmente si se lo compara con el último cuarto de siglo anterior. Por un lado comienza un acelerado crecimiento de la producción agraria y agroin-dustrial, por otro se producirá una de las mayores reducciones del numero los pequeños establecimientos y por último llegará al gobierno el Frente Am-plio con la intención de implementar políticas públicas dirigidas al sector de cuño pos-neoliberal. En este artículo intentaremos describir este escenario y sus principales tendencias, para luego analizar los efectos que se han pro-ducido en la estructura agraria y en particular en la producción familiar. Por último, nos detendremos a describir las principales políticas públicas imple-mentadas por los gobiernos de izquierda para mitigar los efectos sociales negativos que se han manifestado a lo largo de este proceso de expansión y crecimiento agrario.

Palabras clave: Acaparamiento de tierras, Producción familiar, Políticas Pú-blicas, Desarrollo Rural.

Agrarian Structure, small production and progresist governments in Uruguay

AbstractDuring the first five years of the 21 century the Uruguayan rural scenes chan-ges dramatically if compared with the last quarter of the previous century. On one hand, an accelerated growth of agricultural and agro industrial pro-duction begins, on the other hand there will be one of the largest reductions on small farms, and finally the Frente Amplio party reaches the government

1 Ponencia a la Mesa redonda Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural latinoamerica-na. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Re-pública. Uruguay. Doctor en Sociología por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, Brasil. E-mail: [email protected].

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with the aim of implementing post neoliberal public policies for the sector. In this article we will try to describe this scenario to analyze the effects that have occurred in the agrarian structure, and particularly on family farmers. Finally, we will also describe the public policies implemented by the left government to mitigate most negative effects that have ocurred through this process of agricultural expansion and growth.

Keywords: Land Grabbing, Family farmers, Public policy, Rural develop-ment

IntroducciónEl Uruguay rural del siglo XXI presenta profundas transformaciones pro-ductivas y un acelerado crecimiento en sus principales rubros retomando su histórica importancia económica y política en el país. Pero estos procesos han sido acompañados por una disminución muy importante de pequeños productores mostrando que dichas transformaciones presentan una fuerte tendencias a la concentración y la exclusión de productores. En este escena-rio asumirá el gobierno por primera vez en el país una coalición de partidos de izquierda y centro izquierda (Frente Amplio- Encuentro Progresista) con la intención de implementar políticas públicas dirigidas al sector para tratar de mitigar o revertir estas tendencias a la exclusión y concentración. En el primer apartado trataremos de describir las principales trasformaciones y tendencias que muestra el agro uruguayo en la última década; en el segundo analizaremos la evolución de la estructura agraria y sus cambios más recien-te, centrándonos en los estratos de pequeños productores familiares; en el tercer aparato realizaremos una breve reseña general sobre los principales intentos de los gobiernos progresistas para mitigar los efectos sociales más negativos que se han manifestado a lo largo de este nuevo proceso de expan-sión capitalista.

Expansión y crecimiento agrícola en Uruguay El aumento de los precios de las materias primas a nivel internacional a raíz de la fuerte demanda de energía y alimentos que se produce a inicios de la primera década de este siglo (Rubio, 2008) generará un fuerte ciclo de ex-pansión productiva en el sector agropecuario nacional. Este nuevo contexto tiene cuatro factores fundamentales vinculados al uso y tenencia de la tierra que permiten caracterizar el actual escenario socioeconómico del agro y los cuales deben ser tenidos muy en cuenta para analizar la estructura agraria

Estructura agraria, pequeña producción y gobiernos progresistas en Uruguay

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contemporánea. Ellos son: las alteraciones en el uso del suelo, los cambios legales para la tenencia de la tierra, la extranjerización y el dinamismo del mercado de tierras. La conjugación de estos factores dará como resultado el mayor y más acelerado proceso de concentración de la estructura agraria desde que se llevan registros estadísticos agropecuarios (Riella y Romero, 2014).

El primer factor está vinculado a los cambios producidos en el uso del suelo en el país en los últimos diez años. En esta década se produce una expansión exponencial de la superficie dedicada a la producción agrícola y a la forestación. En materia de agricultura la producción de la soja estuvo al frente del crecimiento del área productiva, pasando de 10,000 ha en la zafra 2000 a 859,000 ha en la zafra 2010. De la misma magnitud fue el incremento en las exportaciones de dicho grano que en el 2001 era de tan sólo un millón y medio de dólares y en el 2010 ascendían a 705 millones, transformándose así en el principal rubro de exportación del país (DIEA, 2012).

Este crecimiento fue acompañado por un cambio en el paquete tecnoló-gico a partir de la introducción de la siembra directa y la utilización de va-riedades transgénicas. Pero territorialmente este proceso está muy focalizado sobre la región litoral suroeste del país limítrofe con Argentina, donde apa-rece una fuerte presencia de inversión extranjera en el cultivo de soja espe-cialmente de este país vecino. Dicho proceso se dio mediante un incremento notorio de los rendimientos por hectárea y con una fuerte concentración de la producción que llevó a que las chacras mayores a 1000 hectáreas pasaran de representar un 20% a mediados de la década a un 50% en el 2010 (Gon-salves, 2010). Esta misma tendencia se advierte en el acopio y distribución del grano, donde cinco firmas exportadoras concentran el 77 % del volumen comercializado.

También otros sectores agrícolas han mostrado un gran dinamismo en la última década, como el trigo, el arroz, la cebada y el girasol, lo que ha llevado conjuntamente con la soja a que el área agrícola total del país pase de 400,000 ha en el año 2000 a 1.200.000 en el año 2011 (Anuario MGAP; 2012).

El segundo sector que implicó un cambio en el uso del suelo fue la ex-pansión de la producción forestal, que a partir de una legislación que fo-mentó su desarrollo en el país en los años noventa y la instalación de una planta procesadora de pasta de celulosa en el 2005 impulsó un aumento de la superficie dedicada a este rubro de casi un millón y medio de hectáreas en el 2012. Esta expansión se dio en base a empresas transnacionales que se

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transforman en grandes propietarias de tierra, llevando la concentración de la propiedad de la tierra a niveles impensados para la escala uruguaya. Las tres principales empresas forestales tienen en conjunto más de medio millón de hectáreas de posesión directa (Uruguay XXI, 2013).

La presión que ejerce la expansión de estos dos rubros sobre la tierra disponible en el país obliga a la reestructuración del resto de los sectores productivos. En este sentido, la forestación comienza a competir por la tierra con la ganadería extensiva y la soja con la lechería. Pero la suba de precios internacionales de los alimentos llevará a que en la producción de carne y de leche también se produzca una fuerte inversión tecnológica y de gestión elevando su eficiencia y productividad, generando aún más presiones en el mercado de tierras.

En este sentido la lechería es un ejemplo ya que presenta una reducción de su área del 15% pasando de 1 millón en 2000 a 850 mil ha en el 2011 al tiempo que su producción aumenta aproximadamente un 55% en el mismo período. En la ganadería también se produce una fuerte intensificación de la producción por hectárea: el nivel de extracción del ganado sobre el rodeo pasa de un promedio de 15% en el período 1990-2000 a un 20% en esta última década que se ha caracterizado por mantener este coeficiente de ex-tracción en forma constante3 (Murguía, J. 2006). Esto es producto de nuevas tecnologías de cría y engorde del ganado y la aparición de la alimentación a corral y una creciente articulación vertical de los frigoríficos que buscan tener cada vez más sus propios engordes.

El segundo factor que debe ser considerado para analizar la estructura agraria actual son las modificaciones legales que se introdujeron a finales de los noventa que permitieron la compra de tierras por parte de las Sociedades Anónimas. Esta medida que buscaba fomentar la inversión en un sector deprimido resultó un incentivo muy importante en el ciclo económico de crecimiento, cambiando radicalmente las características de la tenencia, ya que las personas físicas, propietarios tradicionales de los establecimientos, perdieron importancia relativa frente a los inversores nacionales pero funda-mentalmente frente a los extranjeros que mediante esta nueva forma jurídica de tenencia ingresaron masivamente al mercado de tierras del país. El último censo, indica que el 43% de la superficie productiva del país está en manos de estas sociedades anónimas, lo que señala la profundidad de las transforma-ciones en el sistema de tenencia de la tierra y la complejidad para el análisis

3 Anuario Estadístico – MGAP, 2000.


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de la estructura agraria contemporánea del país.El tercer factor asociado a estos cambios que ya se ha indicado con an-

terioridad, es la extranjerización de la propiedad de la tierra por diferentes vías. La presencia de empresas trasnacionales europeas y chilenas compran-do grandes superficies de tierra para la forestación, la inversión brasileña en el arroz, la industria cárnica y en los campos ganaderos así como la presencia directa de empresas e inversionistas argentinos en la soja marcan los prin-cipales rasgos de la extranjerización. También es de destacar la aparición de inversiones directas en grandes establecimientos en el sector en otros rubros como la lechería y la fruticultura. La importancia cuantitativa de esta extran-jerización es difícil de estimar, dado que la mayoría de estas inversiones se realizan en forma de Sociedades Anónimas, lo que no permite registrar por tanto nacionalidad de los accionistas. Pero sin duda estos son agentes cada vez más determinantes en la estructura agraria del país.

El cuarto factor es el dinamismo que adquirió en este periodo el mercado de tierras en el país. Los fenómenos ya analizados trajeron aparejado un fuer-te aumento de la presión sobre la tierra que provocó un ascenso vertiginoso del número de compra y venta de campos y de la cantidad de hectáreas in-volucradas en estas transacciones. Entre los años 2000 y 2011 se comercializó casi el 41% del total de la superficie agraria del país.4 En ese periodo el número de operaciones de compra-venta llegaron a 25,000, significando la comercia-lización de 6.780,000 hectáreas (DIEA, 2012). Es decir que casi la mitad de la tierra fértil cambió de dueño en menos de una década. Si se analizan las ventas por escala de superficie, se aprecia que las hectáreas correspondientes al estrato de productores familiares fueron las que tienen mayor nivel de tran-sacciones, lo que indicaría que este dinamismo en la compra de tierras tiende a afectar a los predios menores y fomentar el aumento promedio del tamaño de los predios.5 También una característica de estas compra-ventas es que el 54% del total de las hectáreas vendidas han sido adquiridas por Sociedades Anónimas.6 Este dinamismo provocado por la fuerte demanda de tierra tam-bién se observa en el mercado de arrendamientos. En el período analizado la superficie arrendada va creciendo año con año. En el censo del 2011 se

4 La superficie que cambió de propietario, descontando las transacciones repetidas, fue el 84 % del área comercializada en el periodo 2000-2007, o sea 4.3 millones de ha sobre 5.1 millones.5 36 % de la superficie vendida corresponde a predios de menos de 500 ha (Gonsalves, 2010).6 En el período 2000 – 2008 los uruguayos compraron 1,75 millones de ha menos que las que vendieron en el mismo periodo, pasando éstas a manos de extranjeros y especialmente a Socie-dades Anónimas.

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registraron bajo esta forma de tenencia 2.500,000 ha, de las cuales 900,000 se habían arrendado ese mismo año (DIEA, 2012).7 El comportamiento de ambos mercados -venta y arrendamiento- muestra de manera elocuente la profundidad de las transformaciones productivas y la fuerte presión que ejer-cen los sectores agroexportadores sobre la estructura agraria actual.

El corolario de estos cuatro factores ha sido el espectacular aumento del precio de la tierra que se ha dado en estos años, multiplicando su valor casi 8 veces en este periodo (Gráfico 1). En el año 2000 el valor promedio por hec-tárea ascendía a 448 dólares (USD), pasando en el 2011 a un valor promedio de 3,196 USD. En las regiones con mayor aptitud agrícola el precio prome-dio superó los 7,000 USD a fines del período. Los precios de los arriendos también mostraron un aumento importante en el período, pasando de 28 USD promedio en el año base a 152 USD la hectárea en el 2011, y en los predios agrícolas el precio de arriendo promedio se ubicó por encima de los 300 USD para ese año.

En estas circunstancias el acceso a la tierra pasó a ser un problema determinante para poder desarrollar las actividades productivas y se transformó en un gran escollo para las formas familiares y de pequeña escala de producción, lo que se verá reflejado en la evolución reciente de la estructura agraria.

7 El plazo de arriendo más común es de entre uno y dos años por contrato, aunque también existe un 20% de arriendos con plazos mayores a 3 años vinculados a la ganadería.


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La evolución de la estructura agraria y sus cambios recientesLa estructura agraria en Uruguay se consolida de forma muy temprana me-diante el alambramiento de los campos a fines del siglo XIX. Esta demarca-ción de la propiedad de la tierra implico en primer lugar la casi desaparición de la frontera agrícola con el pasaje a manos de privados de la casi totalidad de la superficie productiva del país y también implicó otorgar los derechos de propiedad a los grandes latifundistas consolidando una distribución de la tierra muy concentrada Así lo indica el primer censo agropecuario, realizado en el año 1908, donde se puede observar que el 6% de las explotaciones ma-yores de 1,000 hectáreas controlaban ya el 65% de la superficie agropecuaria disponible (Cuadros 1 y 2). Esa medición censal muestra además que en la época los pequeños productores representaban el 55,7% del total de estable-cimientos y controlaban tan solo el 5% de la tierra.

En las tablas 1 y 2 se puede apreciar que durante la primera mitad del siglo XX la cantidad de pequeños establecimientos va creciendo de manera sos-tenida y el peso de las grades explotaciones se va reduciendo a pasos muy lentos.

Como vemos en el grafico 2 esa estructura agraria inicial se mantuvo re-lativamente estable. Los cambios más significativos que se pueden observar están vinculados básicamente a las variaciones que han tenido los estableci-mientos de menor tamaño y las que parecen estar asociadas a los avatares de los ciclos económicos que el país ha tenido a los largo de su historia.

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Al inicio del siglo la pequeña producción de carácter familiar, que se origina con la fundación de Montevideo, conformada por emigrantes espa-ñoles se va asentando en los alrededores de la ciudad creando el sistema de abastecimiento de alimentos. Entrados los años 30 el sector ya se consolida e inicia una fase de modernización, impulsada por el crecimiento interno de la economía y la expansión de la ciudad. En estos años con la llegada de una segunda ola de emigrantes italianos y españoles de origen campesino, se sientan las bases de la actual red de abastecimiento de alimentos frescos y se consolida la producción agrícola y de granja con base en la agricultura familiar (Piñeiro, 1985). Para esa fecha representaban el 61% de los produc-tores total del país. A partir de la década del cincuenta, cuando se comien-zan a generar políticas de orientación desarrollista enfocadas a la protección arancelaria, subsidios a los insumos agrícolas y al crédito para disminuir los costos de alimentación de la mano de obra, su importancia económica y social llegará a su máxima expresión alcanzando en 1961 a representar al 75% del total de los productores rurales del país y controlar casi el 9% de la superficie agropecuaria.

Pero desde la década de los 60 el modelo económico empieza a agotarse y aparecen señales de estancamiento e inestabilidad económica8. A partir del Golpe de Estado de 1973 se comienzan a dar los primeros pasos para

8 Se da un cambio de gobierno en 1958 derrotando al partido de gobierno que por más de tres décadas impulsó el modelo económico. En estas circunstancias comienzan a firmarse los pri-meros acuerdos con el FMI, dando un viraje importante en el rumbo de las políticas públicas.


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un viraje neoliberal a través de una serie de medidas tendientes a reducir la intervención del Estado y a fomentar la “auto” regulación del mercado. Estas medidas llegaron al sector agrario en 1978, donde mediante un decreto se establece la desregulación de los mercados internos del sector y la reducción abrupta de los aranceles, lo que provoca una crisis de la agricultura familiar (Notaro, 1984; Buxedas y Pérez Arrarte, 1988; Alonso, 1984).9 A raíz de estos procesos se inicia la reducción de las unidades familiares en las décadas si-guientes.

En toda la década de los noventa los agricultores familiares tuvieron que enfrentar la situación adversa internacional junto con el desmantelamiento de las políticas de desarrollo rural y protección arancelaria en el país. Sin embargo, el bajo dinamismo del sector y la falta de atractivos para la gran in-versión productiva,10 permitió al sector de productores familiares mantenerse en el predio en una situación de reproducción simple o de semi-asalarización durante todo el período, en especial en la ganadería (Riella 2010). Estos años se caracterizan por un continuo despoblamiento de las áreas rurales y una nueva caída de los ingresos que origina un aumento significativo de la po-breza rural que alcanza a casi la mitad de los agricultores familiares (FIDA, 1992). Esta situación se mantendrá estable por dos décadas, entrado de esta forma al siglo XXI con una pequeña producción que con muchas dificulta-des logra mantener su importancia, representando el 60% del total de pro-ductores y controlando el 6% de la tierra.

En esta circunstancia, la pequeña producción familiar deberá enfrentar a inicios de la década del 2000 una de las crisis económicas y financieras más profundas que vivió el país en su historia. Se produce un cierre de la activi-dad bancaria, una ruptura en la cadena de pagos, la desocupación supera el 15% y se genera un endeudamiento generalizado. Como consecuencia de esta situación, en el año 2002 se produce una caída abrupta de un 22% del PBI. Los efectos de la crisis en la agricultura familiar son devastadores y se pro-duce un fuerte abandono de la actividad y venta de establecimientos, prin-cipalmente entre los productores vinculados a los rubros de la fruticultura, la horticultura y la granja, los que venían más castigados por la competencia de productos importados y la falta de apoyo, viéndose por tanto obligados a liquidar sus activos (Riella y Angulo, 2104).

9 Se desregularizaron y liberalizaron aquellos sectores que habían estado históricamente regla-mentados por el Estado y que eran desarrollados principalmente por agricultores de pequeña escala, como la producción de la granja, trigos y harina (Vasallo, 2010).10 Sí se realizaron inversiones especulativas y rentistas por los bajos valores de la tierra.

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Pero a partir de los años 2003 y 2004 se comienza a dar rápidamente un cambio en los mercados internacionales, como ya analizamos en el primer apartado, lo que producirá una acelerada valoración de los precios de las exportaciones agrícolas del país iniciando un nuevo ciclo económico de cre-cimiento. Como se observa en el Grafico 3, las exportaciones del sector se multiplican casi por 20 y su importancia en las exportaciones totales crece de manera constante desde 2002.

Ante estas circunstancias, la agricultura familiar se verá favorecida en tanto participa del aumento de los precios de muchos de sus principales productos, como la carne, la leche, las frutas frescas, etc. Pero deberá también enfrentar la presión que ejercerán las grandes empresas en el mercado de tierras que la dejará sin posibilidades de expandir su superficie para lograr mayor escala de producción y muchos productores se verán tentados a vender sus tierras ante los altos precios por hectárea en estos años.

La conjunción de estos dos factores, una fuerte crisis y un acelerado pro-ceso de crecimiento del sector, agudizarán las tendencias regresivas que mos-traba la estructura agraria de las últimas décadas. Cuando observamos los datos del Censo Agropecuario del 2011 vemos que el estrato de explotaciones pequeñas alcanza su valor más bajo en todo el siglo. Concomitantemente en esta última década se destaca el acelerado incremento de las explotaciones de mayor tamaño, las que registran el mayor aumento intercensal de todo el siglo.


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Algo similar sucede cuando analizamos la variación de la superficie que es controlada por cada estrato. El estrato mayor recoge un crecimiento de casi un 4% en tanto el peso del estrato medio se reduce por primera vez en cuarenta años a la superficie que tenía en 1970, y la superficie de los estable-cimientos menores cae abruptamente, pasando solo al 4,5% de la superficie total. Este valor es casi similar al incremento de superficie que tuvieron los grandes predios sólo en el último decenio. El análisis de largo plazo evi-dencia un proceso de más de 40 años de aumento de la concentración de la tierra, agudizado en la última década, donde se combina la reducción de predios pequeños y ahora medianos con un aumento de la superficie bajo posesión del estrato mayor.

Finalmente, habiendo pasado un siglo desde el primer Censo Agrope-cuario y un conjunto de transformaciones a nivel económico, político y so-cial, es posible distinguir la similitud de la estructura agraria contemporánea de Uruguay con la de principios de 1900: actualmente hay unas 24,931 ex-plotaciones menores a 100 hectáreas mientras que en 1908 se contabilizaban unas 24,433.

En síntesis si comparamos en términos relativos el año 2011 con las dos décadas anteriores, encontramos un aumento de los predios mayores a mil hectáreas y una fuerte reducción de los pequeños. Por tanto la combinación de los procesos descritos anteriormente mostraría que en la última década ha operado una fuerte tendencia a la concentración de la tierra aún más fuerte que la verificada durante la etapa de liberalización de los años ’90. Una diferencia importante en la actual concentración radicaría en que si bien también se ha reducido drásticamente la pequeña producción, la mis-ma no ha sido acompañada del empobrecimiento de la población rural ni el crecimiento del desempleo y ha habido una reducción significativa de la formalización del empleo. Esto puede en parte ser el resultado conjunto del crecimiento general que ha tenido la economía del país en esta década y de las políticas públicas desarrolladas a partir del 2005 por el gobierno del Frente Amplio-Encuentro Progresista, las que han atacado directamente es-tos problemas sociales, que si bien son de carácter universal, han tenido una fuerte incidencia en las áreas rurales y en los pequeños poblados.

En el apartado siguiente describiremos cuáles han sido las principa-les iniciativas que llevaron adelante los dos gobiernos el Frente Amplio-Encuentro Progresista para poner en práctica su programa de apoyo a la agricultura familiar y revitalización del desarrollo rural y la posición de las principales organizaciones del agro sobre ellas.

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Estructura agraria y las políticas públicas del gobierno progresistaEn este marco de transformaciones productivas, crecimiento económico y una fuerte expansión del gran capital en el agro, asumirá por primera vez en el país un gobierno de izquierda y con mayoría parlamentaria. La agenda de este nuevo gobierno tenía entre sus bases programáticas la defensa de la producción familiar, mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el medio rural y medidas tendientes a reducir la concentración y extranjerización de la tierra. Estos principios programáticos, representan una larga tradición en la izquierda uruguaya y tienen un fuerte apoyo en sus bases sociales.

Las principales políticas elaboradas por los gobiernos progresistas dirigi-das a mitigar los efectos negativos del crecimiento del sector en la estructura agraria fueron básicamente: la reforma laboral que buscó otorgar derechos laborales a los asalariados del agro11; la creación de la Dirección General de Desarrollo Rural en la órbita del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que tiene a su cargo el Registro de Agricultores Familiares y la im-plementación de medidas específicas de promoción de los mismos (Riella y Mascheroni, 2012); y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Coloniza-ción (Toledo, 2014). Estas tres políticas buscaron compensar a los sectores más relegados del proceso de crecimiento y expansión agrícola.

Por otro lado, las políticas dirigidas directamente a desestimular la ex-tranjerización y concentración de la tierra fueron: el cambio en la política tributaria que aumentó la carga impositiva a las grandes empresas, incluidas las del sector agrícola; el intento de imponer un impuesto a la concentración de la tierra (Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales); la aplica-ción de la prohibición de Sociedades Anónimas Innominadas como titulares de explotaciones agropecuarias; y la ley de Conservación, uso y manejo del suelo. Todas estas políticas y regulaciones fueron ampliamente discutidas, algunas de ellas lograron ser aprobadas y reglamentadas y otras quedaron como proyectos sin lograr su aplicación (Riella, Mascheroni, Marques y An-gulo, 2014).

Una vez comenzada la gestión se fueron constatando serias dificultades para implementar varias de las medidas programáticas dadas la relaciones de fuerza en la sociedad y principalmente el enorme peso de las corporaciones ruralistas para la defensa de sus intereses y también la necesidad de construir alianzas con los sectores agroexportadores para fortalecer el crecimiento del

11 A través de esta política se logró elevar el salario real de los trabajadores rurales, regular la jor-nada de trabajo, dar un impulso a la formalización del empleo, legitimar los sindicatos rurales, entre otros avances (ver Riella y Mascheroni, 2013).


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país y el aumento de las exportaciones para obtener los recursos necesarios para llevar adelante diversas políticas públicas y sociales consideradas estra-tégicas por la nueva administración.

Como política específica de apoyo a la agricultura familiar, la mencio-nada creación de la Dirección de Desarrollo Rural permitió unificar y po-tenciar mediante una política territorial los diferentes programas dirigidos a esta población, logrando una fuerte política de reconocimiento de sus de-rechos pero con menguados alcances en el ámbito de la redistribución. Por su parte, la revitalización del Instituto Nacional de Colonización que es el encargado de fomentar el acceso a la tierra de los pequeños productores y que estuvo casi desmantelado en los últimos cuarenta años, fue la acción más directa que ha llevado adelante el gobierno relacionada a la estructura agra-ria y acceso a la tierra para los productores familiares. Sólo en el período del primer gobierno progresista, se otorgaron más hectáreas promedio que en los cincuenta años anteriores (Toledo, 2014). Si bien se dinamizó y se innovó en términos de gestión de tierras y se incrementó sustantivamente su pre-supuesto, su acción sigue siendo aún muy marginal en la estructura agraria nacional, y sus acciones no llegan a compensar los procesos de exclusión a los que están sujetos los agricultores familiares en este período.

Estas iniciativas del gobierno contaron en varias ocasiones con el res-paldo de la organización nacional de productores familiares (Comisión Na-cional de Fomento Rural - CNFR) a la que se le otorgó representación en varios organismos que antes estaban reservados a las grandes organizaciones ganaderas y se le ampliaron los espacios de participación en los distintos institutos y organismos estatales para dar representación a los delegados de esta organización (Riella, Mascheroni y Silveria, 2013). Este apoyo fue muy importante para las acciones del gobierno ya que uno de los temas centrales para la agenda de la gremial de productores familiares es la denuncia a la extranjerización y concentración de la tierra12.

Pero también las organizaciones de grandes empresas rurales hicieron sentir su voz sobre las políticas impulsadas por el gobierno, principalmente a través de la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FRU). Estos históricos representantes de los ganaderos mostraron su fuer-

12 La gremial fundamentará sus demandas resaltando la función social de la Tierra: “Acceso a la tierra y soberanía de los recursos naturales se conciben como asunto social y cultural que contribuye a la definición como nación” (CNFR. 2010. Revista Noticiero N°18. pág. 3). Reclaman un modelo de desarrollo y redistribución de la tierra conjuntamente con una política de Estado clara y explícita para reordenar el territorio y acompasar la velocidad de las políticas públicas con la del modelo concentrador y excluyente.

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te discrepancia con el conjunto de leyes laborales, las reformas tributarias que implicaron un aumento de los impuestos al sector, y posteriormente en el 2011 con el intento de imposición del Impuesto a la Concentración de Inmuebles rurales (ICIR) que atacaba directamente las grandes empresas13.

Durante todo el periodo estas organizaciones intentaron con todo su po-der vetar, detener o modificar varias políticas públicas que afectaban su legi-timidad, la rentabilidad de sus representados o que podía poner en riesgo sus intereses a mediano plazo. Sin duda, la política pública que más oposición de las gremiales tuvo fue la vinculada a las relaciones laborales, aspecto en el cual se produce el cambio más significativo en estos años. Por su parte la reforma tributaria también significó un retroceso en los privilegios de los ganaderos y el gobierno logró aumentar la carga tributaria del sector, aunque partiendo de un piso muy bajo. En el segundo gobierno, la iniciativa más importante fue el restablecimiento del impuesto a la tierra, pero esta política sí logró ser revertida por el poder de las gremiales ganaderas y ha significado la mayor victoria política de la ARU frente a las políticas reformistas. En este sentido también la iniciativa vinculada a esta misma temática que de alguna manera condiciona el derecho a la propiedad privada está referida a la regulación del uso del suelo, también muy criticada por la ARU, pero que aún sigue vigente aunque su efectividad y capacidad de control por parte del Estado aún está en disputa. Estas han sido las medidas que en estos años han puesto en tela de juicio el derecho irrestricto a la propiedad privada de la tierra, basada en asuntos principalmente ambientales sobre la preservación de los suelos.

Todo el esfuerzo legislativo y político llevado adelante estos años por el go-bierno y sus aliados para tratar de mitigar los problemas sociales de la concentra-ción de la tierra y la extranjerización, ha comenzado a poner estos problemas en debate público cada vez con más energía. Sin duda esto es un logro importante en un país en que el poder simbólico de las organizaciones de grandes produc-tores es de una magnitud poco frecuente. Un ejemplo de este poder es que la propia Constitución de la República prohíbe expresamente la posibilidad de poner impuestos directos a la propiedad de la tierra, lo que ha dado lugar a la declaración de inconstitucionalidad del ICIR, una de las medidas legislativas más importantes de este gobierno para atacar la concentración de la tierra.

13 La ley determinaba una impuesto relativamente bajo (entre 8 y 16 dólares por hectárea por año) y gravaba la propiedad de inmuebles rurales que combinaran una determinada extensión con una determinada productividad media. Pagarían el impuesto los inmuebles rurales que excedieran las 2,000 hectáreas con una productividad media. Por su definición, el ICIR sólo se aplicaría a unos 3,000 establecimientos los que representan el 2% del total de los productores.


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En síntesis, si bien el gobierno realizó una reforma profunda en el mer-cado de empleo rural protegiendo y dando derechos a los asalariados rurales que habían sido históricamente postergados, no logró impulsar una política tan vigorosa en los aspectos vinculados a la estructura agraria y defensa de la producción familiar. Durante los años de gobierno hicieron diferentes esfuerzos legislativos y se impulsaron políticas para desestimular la concen-tración de la tierra, controlar los usos del suelo y regular las Sociedades Anó-nimas, medidas que tuvieron un efecto más simbólico que real.

En este sentido, podemos afirmar que el conjunto de las leyes, decretos y políticas implementadas por las dos administraciones de gobiernos progre-sistas, no han podido revertir ninguno de los factores que están provocando la concentración de la tierra en el país. Esto se debe a la imposibilidad actual del Estado de contar con poder suficiente para regular los procesos econó-micos y de mercado que producen el crecimiento del sector, sin poner en riesgo el necesario aumento constante del ingreso de divisas al país.

Por último, esto debe ser visto como una demostración efectiva del poder de las organizaciones de los grandes empresarios rurales, que con sus alianzas políticas han ido minando todo intento del gobierno en esta dirección. Sin embargo, dada la clara opulencia del sector y de sus empresarios en los últimos años, en cada batalla simbólica frente a las medidas del gobierno, las gremiales y sus aliados han visto debilitada su legitimidad ante la opinión pública. Por ello estas discusiones y conflictos para regular y actuar sobre las formas de te-nencia y la distribución de la tierra, siguen muy vigentes y están comenzado a formar parte de los principales temas en la agenda política del país. En esta di-rección, el fortaleciendo de las organizaciones colectivas de los pequeños pro-ductores familiares, en especial a través de su organización nacional (CNFR), permitió dar mayor visibilidad a sus reclamos y de esta forma amplificar sus denuncias sobre los efectos negativos tanto sociales como ambientales de este proceso de expansión y crecimiento que vive actualmente el sector.

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Producción familiar y agronegocios: dos modelos en conflicto1

Diego E. Piñeiro2 y Joaquín Cardeillac3

ResumenEn este artículo se analiza el conflicto que existe en el campo uruguayo entre la producción familiar y los agronegocios. Para ello se discute conceptual-mente las características generales del productor familiar y de los agrone-gocios y luego se pasa revista al desarrollo de ambos en el Uruguay. De esta manera se llega a la conclusión de que si bien hay una tendencia a la gradual desaparición de los productores familiares durante la última mitad del siglo XX, ésta se acelera en años recientes como consecuencia del avance de los agronegocios. Se identifican y se analizan seis causas directas e indirectas que inciden en el descenso abrupto de los productores familiares y la respon-sabilidad que en ello le cupo a los agronegocios.

Palabras clave: productor familiar, agronegocios, conflictos rurales.

Family farming production and agribusiness: two models in conflict

AbstractIn this paper we discuss the conflict between family farming and agribusiness at Uruguay. We first define both terms and then we describe their develop-ment in recent years. We conclude that in the last half of the twentieth century there has been a decline of family farming. However this decline has been much larger in the last decade as a consequence of agribusiness pressure. We identify six intertwined reasons (direct and indirect) that explain this tendency.

Keywords: family farming, agribusiness, rural conflicts.

1 Ponencia a la Mesa redonda Agricultura familiar frente a los agronegocios. IX Congreso de la Aso-ciación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay. Responsable del Núcleo de Estudios Sociales Agrarios (NESA) del Departamento de Sociología. E-mail: [email protected] Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República. Integrante del NESA del Depar-tamento de Sociología.

Diego E. Piñeiro y Joaquín Cardeillac

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IntroducciónA principios de la primera década del siglo XXI una serie de procesos in-ternos que se habían iniciado durante la década anterior sumado a procesos que ocurren a escala global, eclosionan en una radical transformación en la estructura agraria del Uruguay y en la estructura de su sociedad. El avance de los agronegocios y su inserción en las cadenas globales de valor provocan un acelerado proceso de concentración y extranjerización de la tierra con im-portante presencia de sociedades anónimas, muchas de ellas multinacionales, que expanden las cadenas de granos, forestal-maderera-celulósica, cárnica, láctea, etc. doblando las exportaciones y modificando la organización de los negocios.

Así, el avance de los agronegocios entra en conflicto con la producción familiar, ya que al sextuplicar el precio de la tierra impide su crecimiento, ahoga a los que son arrendatarios, y favorece los procesos de arrendamiento o venta de sus tierras (entre otros procesos).

Este artículo intenta explicar estos procesos deslindando los nuevos cambios de aquellos que con más de cincuenta años de acción ya habían inducido la declinación de la producción familiar. Para ello en el segundo apartado se define a este sujeto social y se caracteriza la producción familiar en el Uruguay. En el tercero se hace lo mismo con el modelo de los agrone-gocios. En el cuarto se esbozan los conflictos entre ambos para concluir en el quinto sintetizando los resultados del estudio.

La producción familiarDiscusión conceptual sobre la producción familiarEn este apartado se procurará aclarar a qué tipo social se refiere la categoría de productor familiar. Para ello comenzaremos por retomar las definiciones que se manejan sobre este actor en la academia. Luego, se avanzará en deli-mitar qué aspectos son los que distinguen a la producción familiar de otros tipos sociales, en particular, del campesino.

En la bibliografía existe un amplio acuerdo en relación a los principales criterios para delimitar qué es un productor familiar. Estos son: (i) la forma en la que moviliza el trabajo (mayoritariamente por vínculos familiares), y (ii) el hecho de que dependen sobre todo de sus propios medios de producción, incluyendo la tierra, más que de la venta de fuerza de trabajo (Oya, 2004).

Así también, Mann y Dickinson (1978), remarcaban que los pequeños productores de bienes primarios son similares al capitalista por dos aspectos básicos: (i) porque son una forma de producción destinada al intercambio,

Producción familiar y agronegocios: dos modelos en conflicto

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y segundo, porque proveen la base de una acumulación privada. Ahora bien, también son distintos en la medida en que en la producción familiar hay una unidad de capital y trabajo. En consecuencia, la diferencia central radica en que mientras en la producción capitalista el trabajo es una mercancía más, en la producción familiar las relaciones sociales de producción no son salariales.

Djurfeldt (1996), por su parte, propone avanzar en la clarificación ana-lítica y conceptual de lo que denomina notional family farm. Según él, la misma está caracterizada por la superposición de tres unidades funcionales: (i) la unidad de producción (explotación); (ii) la unidad de consumo (hogar); y (iii) la unidad de parentesco (familia). La producción familiar, entonces, requiere trabajo de los miembros de la familia pero no sólo trabajo gerencial, sino más bien trabajo directo en la generación de bienes primarios

Las características de este tipo social para el caso de Uruguay, han sido discutida en varios trabajos (Astori, 1982; Piñeiro, 1985, 1991, 1998, 2004 y 2008; Rossi, et al., 2008; Fernández, 2002). De esos trabajos los de Piñeiro (1991) y Fernández (2002) resultan de particular interés en la medida que clarifican porqué para el caso de Uruguay no corresponde la utilización del término campesinado y sí el de productor familiar. Esto se debe a que entre ambos tipos de actor social es posible identificar varias diferencias relevantes:

i. En relación al vínculo con la tierra, en el campesinado se observa la existencia de una multiplicidad de formas de tenencia, ya sea comunitaria como individual o ejidataria. En cambio, en la producción familiar la posesión de la tierra es individual.

ii. En relación al destino de la producción el campesinado se caracteriza por producir para el autoconsumo, mientras que en la producción familiar el fin de la generación de bienes es su comercialización en el mercado.

iii. Vinculado al punto anterior se da otra diferencia relevante ya que mientras el campesinado se suele concebir en el marco de un proceso de reproducción simple, la producción familiar supone la posibilidad de un proceso de acumulación.

iv. La última diferencia relevante está vinculada al uso de la mano de obra. En este aspecto el campesinado se caracteriza por el uso exclusivo de trabajo familiar. En la producción familiar, en cambio, es muy frecuente el empleo de mano de obra asalariada adicional a la de la familia.


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En síntesis, retomando la conceptualización de Lamarche (1993), el cam-pesinado se encontraría en uno de los extremos del continuo definido por el grado de integración con la economía capitalista, mientras que la produc-ción familiar se encontraría en el extremo opuesto, constituyendo un tipo de producción fuertemente vinculado con los mercados de tierra, productos, dinero y trabajo.

Una vez delimitada conceptualmente la producción familiar y sus carac-terísticas en el caso uruguayo, se dedicará un segundo componente de este apartado a presentar algunos datos que sitúen al lector en la realidad de este tipo social hacia comienzos del siglo XXI.

Caracterización de la producción familiar en el UruguayDurante todo el siglo XX las explotaciones agropecuarias pueden agruparse en dos grandes categorías: aquellas en manos de productores familiares y las explotaciones empresariales dedicadas a la producción extensiva. Estas últi-mas se dedican principalmente a la producción de carne, leche, lana, granos cereales y oleaginosos, citrus (y recientemente madera) productos y deriva-dos que en su mayoría se exportan.

En el Censo General Agropecuario (CGA, 2000), se podía identificar un conjunto de 25,344 explotaciones de un total de 57,131 que satisfacían simul-táneamente los criterios que se manejan en la bibliografía para definir a la producción familiar4. Si se analizan los rubros principales de la producción familiar, surge que un 45,1% se dedica a la producción de vacunos de carne, un 15,4% a las hortalizas, un 15% a vacunos de leche y un 8,6% a la produc-ción de ovinos. Luego, un 3,4% a la producción de cerdos y un 3,1% a la de aves. Los otros tres rubros que acumulan más de un 1% de explotaciones son fruticultura y viticultura con un 2,4% cada una, y cereales y oleaginosos (sin arroz) con un 2%.

Si bien en el año 2011 se ha realizado un nuevo Censo General Agro-pecuario, al momento de realizar este trabajo los datos resultantes de ese estudio aun no han sido liberados, por lo que no resulta posible actualizar esa cifra. De todos modos, informaciones preliminares que sí han sido publi-cadas advierten sobre la disminución a 44.890 del número de explotaciones

4 Se seleccionaron a las explotaciones en las que el productor es una persona física, que reside en el predio y que pudiendo contratar mano de obra asalariada, siempre debe emplear al menos un número igual de trabajadores familiares. Esta definición es más restrictiva que la manejada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ya que la segunda no exige residencia en el predio.


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en general, y en particular sobre la disminución entre las explotaciones de menos de 100 hectáreas, que en la mayoría de los casos corresponden a pro-ductores familiares.

Dada la restricción recién comentada, sumada a la necesidad de lograr alguna evidencia empírica sobre la suerte de este tipo social en el contexto de los cambios que ha vivido el campo uruguayo, se ha optado por articular un repaso de algunos indicadores de las principales problemáticas sociales que enfrenta la producción familiar uruguaya. Para ello se ha trabajado con base en las Encuestas Continuas de Hogares de 2006, 2009 y 2011, identificando en ella a los hogares que poseen características compatibles con la definición conceptual de producción familiar realizada aquí5.

La distribución de la tierra entre estos estratos sociales, ha variado a lo largo del siglo XX apreciándose dos períodos muy claros. El primero que abarca desde 1908 (fecha del primer Censo Agropecuario) hasta 1960, en el cual la cantidad total de establecimientos agropecuarios creció de 44,000 a 87,000. Un segundo período que abarca el resto del siglo en que la cantidad de establecimientos agropecuarios disminuye desde aquella cifra, a 57,000 en el Censo del año 2000. Si se analiza la distribución de la tierra por estrato de tamaño se puede suponer que aquellos que tienen menos de 100 ha son productores familiares, los que poseen más de 1,000 ha son empresariales y los que poseen entre 100 y 1,000 ha son posiblemente una mezcla de pro-ductores familiares (por ejemplo ganaderos) y empresariales. La cantidad de establecimientos empresariales (alrededor de 4,000) tuvieron pocos cambios pero con una tendencia a crecer, los medianos tuvieron pequeñas variaciones alrededor de los 16,000 establecimientos y los productores familiares son los que crecieron hasta 1960 y decrecieron en la segunda mitad del siglo XX explicando la mayor parte de la variación secular.6

Las grandes transformaciones que ocurren en la propiedad y tenencia de la tierra en la primera década del siglo XXI provocaron un nuevo punto de inflexión. Como muestra el cuadro siguiente la cantidad total de estableci-

5 Son los hogares con individuos que en su ocupación principal declaran ser “Miembro de cooperativa”, “Patrón”, “Cuenta propia con local o inversión” o “Miembro del hogar no remu-nerado” y que adicionalmente, declaran trabajar en empresas que producen bienes agropecua-rios habiendo retirado productos para consumo propio y/o recibiendo ingresos por medianería, aparcería, pastoreo o ganado a capitalización. También declararon realizar su trabajo “En un establecimiento fijo”, “En su vivienda”, “A domicilio” o “En un predio agropecuario o marítimo” sin necesidad de trasladarse.6 Recuérdese que la cantidad de tierra en uso agropecuario no varía (alrededor de 16.000.000 de has.) a lo largo del siglo ya que la frontera agrícola en Uruguay se termina en 1880


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mientos agropecuarios se reduce en un 21%. De los 12,241 establecimientos que desaparecen el 91% tiene menos de 100 hectáreas, mientras que los es-tablecimientos medianos decrecen 10% (aunque representan una proporción mayor en el total) y los establecimientos grandes crecen en 2,57%.

Cuando se analiza la variación en la superficie de tierra se aprecia que el es-trato de establecimientos de menos de 100 hectáreas que detentaba el 7,43% de la superficie agropecuaria, once años más tarde tiene sólo el 4,54%, mien-tras que los establecimientos medianos apenas retroceden un punto porcen-tual y los grandes ganan dos puntos porcentuales.

El cuadro también permite reflexionar sobre la distribución de la tierra entre los estratos en términos absolutos: para el año 2011 los productores familiares representando el 55% de los establecimientos poseen sólo el 4,54% de la tierra, mientras que las grandes empresas siendo sólo el 9,21 % de los establecimientos poseen el 61% de la tierra.

Agronegocios y Cadenas Globales de ValorEn las últimas décadas, la agricultura en los países más desarrollados se ha organizado en torno a Cadenas Globales de Valor (Gereffi,1994) en que la etapa agrícola se encadena hacia adelante con las etapas de transformación de los productos cada vez más elaborados, mientras se encadena hacia atrás a las industrias de maquinaria, de agroquímicos y de biotecnología.

La particularidad de la etapa actual de globalización del comercio, de la economía y de las finanzas es que las distintas etapas de una cadena se pueden llevar a cabo en distintos países, no siendo contenidas (ni menos aún reguladas) por los estados nacionales. Las empresas que tienen control sobre toda la cadena o sobre partes de ella, se han dado formas organizativas (en red) y nuevos marcos institucionales que facilitan su control a través de procesos normalizados respaldados por contratos escritos y verbales (Car-deillac, 2013).

Las CGV en la agricultura han adquirido...” una lógica de manufactura, comercialización y distribución fuertemente industrial, con mayores volúmenes de


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compra y venta, estándares de calidad y empaque, y posibilidad de diferenciar pro-ductos segmentando mercados para demandas específicas” (Bisang et al., 2008:5). En estas cadenas las corporaciones multinacionales han entrado “bajo una dinámica de concentración económica y expansión geográfica” (íbid:6) orga-nizándose como redes globales y en base a contratos entre las distintas partes de la cadena y dentro de los eslabones entre empresas.

La existencia de las CGV es una condición necesaria para que prosperen los agronegocios. Recientemente Gras y Hernández (2013) han realizado una elaborada caracterización de lo que llaman el Modelo de los Agronegocios cuyas características principales se pueden resumir de la siguiente manera:

1.- La transectorialidad, que no sólo liga más fuertemente las distintas etapas por medio de procesos organizativos controlados por una o más empresas que actúan como nodos de la cadena, sino también una mayor articulación horizontal hacia otros negocios derivados de la cadena principal.

2.- Los agronegocios constituyen cadenas buyer driven es decir guiadas por la demanda de consumidores globales antes que locales.

3.- La penetración más amplia e intensa del capital en los procesos produc-tivos con fuerte presencia del capital financiero, ya como insumo o como cobertura de riesgos a través de las bolsas de valores.

4.-Un uso cada vez mayor de insumos industriales con fuerte presencia de paquetes tecnológicos basados en transgénicos, que tienden a la estandariza-ción de los procesos y a aumentar la escala para mantener las rentas.

5.-El acaparamiento de tierras a nivel global, en arrendamiento para captar las ganancias derivadas del modelo o en compra para captar la valorización de la tierra como ganancia especulativa. Esto conduce a un fuerte conflicto con otros actores (productores grandes y medianos que no adhieren al mo-delo, productores familiares, comunidades indígenas y campesinas) por la apropiación de las tierras a través del mercado o por medios coactivos.

6.-La transformación del mercado de trabajo rural con pocos trabajadores calificados y muchos no calificados, zafrales y sin protección. La aparición de una capa de profesionales e intermediarios que desempeñan variado tipos de servicios (legales, informáticos, financieros, etc.). El crecimiento de empre-


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sas contratistas de mano de obra (que arman cuadrillas de trabajadores (p.ej. para la forestación) o empresas contratistas de maquinarias que prestan ser-vicios variados de siembra, cosecha, fumigación, transporte, almacenaje, etc.

7.-El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la infor-mación para agilizar las transacciones y acelerar los procesos de rotación del capital.

8.-El control del conocimiento y de las innovaciones tecnológicas por unas pocas compañías globales con apropiación privada de las rentas. Las insti-tuciones estatales de investigación quedan generalmente relegadas a la fun-ción de adaptadores de las tecnologías impulsadas por las multinacionales tecnológicas.

9.-La reorganización de las empresas agropecuarias separando la propiedad del capital de la dirección del negocio. La empresa típica es una sociedad anó-nima cuyo directorio designa a un director ejecutivo de quien depende el ma-nejo diario de la empresa, secundado por un grupo de profesionales y técnicos altamente capacitados en sus distintas especialidades. Lo que importa es la rentabilidad financiera de la empresa y el pago de dividendos anuales a los accionistas. Se subcontratan los servicios a empresas especializadas en dichas funciones. Se asegura toda la operativa a través de los mercados de futuro.

El modelo de los agronegocios ha sido objeto de una fuerte disputa en años recientes en torno a su significado y consecuencias. Para algunos los agronegocios aumentan el valor de la producción, la productividad de la tierra, duplican las exportaciones, etc. y a nivel individual incrementan las ganancias, permitiendo una mejora general en los niveles de vida de la po-blación rural y de los pueblos circundantes. (Errea, et al., 2008)7. Para otros los agronegocios concentran los ingresos, acaparan las tierras fértiles, despla-zando a productores familiares y campesinos, deterioran los recursos natura-les porque erosionan los suelos, alteran los ciclos del agua y de los nutrientes, modifican el tapiz vegetal de las praderas naturales, deterioran la vida rural porque proporcionan empleos precarios, de baja calificación y remuneración,

7 Este punto de vista tiene sus voceros en los medios de comunicación (suplementos agropecua-rios de los principales diarios, programas de radio y televisión con periodistas especializados), en algunas organizaciones técnicas supranacionales vinculada al sector, etc., algunas institucio-nes de enseñanza para mencionar los principales.


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vacían las áreas rurales destruyendo el tejido social rural, causan la pérdida de soberanía alimentaria del país, etc. Así, los agronegocios son calificados como una de las variantes de un modelo neo-extractivista que está siendo ampliamente aplicado por gobiernos progresistas y neoliberales de América Latina (Gudynas, 2010).

Quienes son críticos tienen menos presencia en los medios de comuni-cación: y generalmente están en organizaciones ambientalistas, otras Orga-nizaciones no Gubernamentales, algunos sectores de la academia (otros lo defienden), algunas revistas especializadas, etc.

Agronegocios en el campo uruguayoEn el campo uruguayo es posible discernir con claridad al menos dos Cade-nas Globales de Valor cuya versión local se comporta como agronegocios: la CGV de los granos y la CGV forestal-maderera-celulósica.

La cadena de los granos, liderada por la soja, se inicia en los primeros años de este siglo, a partir de empresarios argentinos que llegan a Uruguay atraídos por una menor presión impositiva y precios de la tierra más bajos con condiciones ecológicas parecidas a las de su lugar de origen. Traen un paquete tecnológico y un modelo organizacional (descrito antes) que se ex-pande rápidamente impulsado por altas tasas de ganancia, en un contexto de precios crecientes para los granos. No pasan muchos años para que los em-presarios uruguayos adopten el modelo, con la ventaja que les proporciona un mejor conocimiento de los ecosistemas que manejan.

Como consecuencia, comprando o arrendando tierras, el agronegocio de los granos de secano pasa de cultivar 600,000 hectáreas al inicio, a dos mi-llones de hectáreas en el año 2013. La soja pasa a ser en dicho año el principal producto de exportación agropecuario, prácticamente sin agregado de valor. Cambia notablemente el paisaje de las áreas agrícolas del país con grandes extensiones de cultivos uniformes, escasa ganadería y depósitos de granos por doquier. Aunque la ausencia de datos estadísticos impide aseverarlo con certeza, posiblemente no haya productores familiares que realicen estos cul-tivos aunque sí puedan arriendar tierras propias a empresarios de granos. Sobre esta cadena ya se ha hecho en otro lugar una descripción detallada en la que no abundaremos aquí por razones de espacio (Cardeillac y Menéndez, 2013; Piñeiro y Menéndez, 2014).

La CGV forestal se inicia a partir de una ley de 1987. En ella se estipulaba el subsidio a las inversiones en plantaciones forestales de “rendimiento” (por la mitad del valor de la inversión), la exención de impuestos patrimoniales y


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a las importaciones de maquinarias, insumos, etc. a las empresas que invirtie-sen. Como consecuencia, en pocos años se pasó de algunos miles de hectá-reas forestadas a cerca de un millón hoy. Si bien en el inicio hubo inversores grandes, medianos y pequeños, a medida que las plantaciones crecían y se llegaba al momento de comenzar el corte y la industrialización, empresas de mayor envergadura fueron comprando las tierras de tal manera que en el momento actual siete empresas extranjeras controlan el 70% de la superficie forestada (Florit, 2013).

Tres grandes empresas han avanzado en la cadena de valor invirtiendo en procesos industriales para obtener pulpa de celulosa y tableros de madera contrachapada. UPM Kymene (finlandesa) construyó una planta de pulpa de celulosa en Fray Bentos y Montes del Plata (que es la asociación entre Stora Enso sueco-finlandesa y Arauco, chilena) en Punta Pereyra, ambas sobre el río Uruguay. La empresa norteamericana Weyerhauser invirtió en una planta de tableros de madera en el área de Tacuarembó-Rivera al norte del país. Las tres poseen vastas superficies forestales en las proximidades de sus plantas y todas tienen fuerte presencia de capital financiero entre sus accionistas, ya sea como capital propio o por medio de Fondos de Inversión. Es de notar que la incorporación de procesos industriales en la Cadena de Valor local es sólo parcial, ya que la pulpa de celulosa es sólo el primer paso en cadenas mucho más largas (que terminan en papel, cartón, etiquetas, etc.) que se llevan a cabo en otras plantas que estas empresas tienen en distintas partes del mundo, pero generalmente más cerca del mercado consumidor (Europa, China, etc.) y donde se lleva a cabo la mayor generación de valor (Gatreau, 2013; Lagaxio, 2014).

Estas empresas desdoblan el proceso productivo en dos cadenas parcia-les: una dedicada a la producción de madera y otra que tomando la madera la transforma en pulpa de celulosa o en paneles. Un subproducto importante es la producción de energía para uso propio y para inyectar a la red nacio-nal de electricidad. La organización de la cadena responde a un modelo de integración vertical, de modelo jerárquico (Gereffi, 1994). La propiedad del capital está separada de la gestión que tiene en su vértice a ejecutivos de origen extranjero. Las tareas en los viveros, plantaciones y cosecha son sub-contratadas a empresas tercerizadas de origen nacional. La fuerza de trabajo consta de un grupo muy pequeño de trabajadores altamente calificados que manejan las operaciones industriales y las operaciones de campo, otro grupo calificado que maneja operaciones en campo e industria (por ejemplo los que conducen las maquinas cosechadoras forestales) y finalmente un contin-


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gente de trabajadores no calificados tercerizados que trabajan en la industria (mantenimiento y limpieza, atención de los comedores) y en campo (en los viveros y en la plantación).

Desde el punto de vista tecnológico en esta cadena no se emplea trans-génesis (por ahora) pero sí se lleva a cabo en laboratorios propios la clona-ción de los ejemplares que presentan características favorables (por ejemplo precocidad) para ser reproducidos en los viveros. También se hace amplio y creciente uso de tecnologías ahorradoras de mano de obra. Las cosechadoras mecánicas (harvesters) han reemplazado casi totalmente la cosecha manual eliminando cientos de puestos de trabajo pero mejorando la seguridad. Tam-bién hay un amplio uso de las tecnologías de la información y la comunica-ción en las distintas etapas del proceso productivo.

En síntesis, las dos descripciones breves que se han realizado de las ex-presiones locales de la CGV de los granos y de la CGV forestal-celulósica-maderera muestran que en ambas hay agronegocios. Una exploración rápida de otras CGV muestra que varias comparten algunas de las características de los agronegocios pero ninguna llega a completar todas. La cadena de producción de la malta a partir de la cebada para la producción de cerveza cumple casi todos los requisitos (propiedad y control extranjero de la in-dustria que es monopólica, sujeción de los productores mediante contratos de producción, paquete tecnológico digitado por la empresa industrial, pro-ducción principalmente para mercados externos, etc.) pero no cumplen o cumplen en menor medida con otros criterios: no hay transgénesis, no hay contratismo, etc. Un razonamiento parecido se puede hacer para la CGV del arroz. La principal cadena de producción del país que es la cárnica no puede ser identificada como un agronegocio. Sin embargo, en años recientes ha crecido el número de empresas que practican el engorde a corral (feed lots) que participan de algunas de las características definidas para los agronego-cios. En los lácteos, la cadena de producción, industrialización y comerciali-zación en el mercado interno y externo está controlada por una cooperativa de productores. Sin embargo, han aparecido dos grandes empresas que se localizan en la etapa de producción agropecuaria que cumplen con varias de las características de los agronegocios.

Agronegocios y Producción Familiar: una relación conflictivaAsí como entre 1908 y 1961 hubo un crecimiento notable de los estableci-mientos ocupados por productores familiares (debido a políticas estatales dirigidas a estimularlos y a protegerlos (Astori et al., 1982; Piñeiro, 1985),


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a partir de dicho máximo comienza un lento proceso de disminución que se agudiza en la primera década del siglo XXI. ¿Cuáles son las razones de este aceleramiento de la tendencia? En el apartado siguiente se presenta un análisis de las algunas razones que la explicarían.

Land grabbing y el precio de la tierra. El precio en promedio de la tierra os-ciló en el entorno de los 500 dólares (USD) durante la década del 90. A partir del 2002 por razones que hemos explicado largamente en otro lado (Piñeiro, 2012 FAO) el precio comienza a subir por la demanda combinada de las grandes empresas forestadoras y de los empresarios agrícolas argen-tinos que se desplazan hacia el Uruguay. La demanda por tierra empuja los precios hacia arriba y hacia finales de la primera década del siglo XXI el valor promedio se había multiplicado por seis. Además, el incremento de los precios es mayor cuanto más grande es el establecimiento transado, siendo que para establecimientos de más de 2, 000 ha los precios se multiplicaron por 12. Esto muestra que los compradores buscaban grandes superficies y no establecimientos pequeños de productores familiares. Sin embargo, la fiebre compradora y el precio elevado de la tierra impactan sobre los productores familiares de dos maneras: (a) por compra de productores empresariales que habiendo vendido sus predios en las zonas núcleo para la agricultura de se-cano (granos) se desplazaron hacia otros ecosistemas buscando tierras para la ganadería, y (b) el incremento en el precio de la tierra elevó el precio de los arrendamientos y como muchos productores familiares arrendaban cam-pos vecinos a su propiedad como una forma de lograr mayores escalas de producción, tuvieron que abandonar esa práctica y algunos fueron llevados a tener que vender sus tierras por esta razón. Esta situación se ha corroborado en estudios hechos en las zonas ganaderas del noreste del país (González, 2014) y en el área lechera.

Presiones ambientales. En las áreas forestales con vastas extensiones de árbo-les cultivados de eucaliptus y pinos, los pequeños establecimientos que que-dan encerrados en grandes extensiones plantadas se ven forzados a vender por la acción de animales como los chanchos salvajes o los loros que se refu-gian en las forestaciones atacando sus cultivos para alimentarse. Asimismo, se han hecho y comprobado denuncias de que las plantaciones de eucaliptus secan las napas superficiales de las cuales los vecinos extraen el agua potable.Numerosas denuncias son publicadas por los medios de prensa por la in-cidencia de agroquímicos fumigados por maquinas terrestres o por aviones


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sobre los cultivos de soja. Directa o indirectamente estas razones impulsan a productores familiares a vender sus parcelas y a comprar en otros lugares o emigrar a los pueblos.

Crecimiento del mercado de trabajo. El crecimiento del sector agropecuario ha generado una mayor demanda de trabajo asalariado. Por otro lado, la política pública en materia laboral ha permitido aumentar los salarios rurales (aun-que siguen siendo deprimidos en comparación con los urbanos). Esto tiene dos efectos: por un lado, muchos productores familiares también contratan asalariados permanentes o zafrales (por ej. en cultivos intensivos hortícolas , frutícolas y otros) pero ahora sus costos laborales se han incrementado. Por otro lado, productores familiares y en especial los jóvenes se ven tentados de asalariarse ya sea en forma complementaria al trabajo en su establecimiento o en forma definitiva. El resultado refuerza la tendencia a abandonar los es-tablecimientos pequeños donde la retribución de la fuerza de trabajo puede ser aún menor que la de un salario.

Problemas sucesorios. Un tema central en la discusión sobre la producción fa-miliar es el estudio de sus posibilidades de reproducción. En este sentido, es relevante analizar el proceso de envejecimiento de los productores familiares.


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Como resulta del gráfico anterior, ya al inicio de la serie los hogares de la producción familiar estaban encabezados por individuos más añosos que los hogares de los asalariados rurales vinculados al sector agropecuario u otros sectores. Adicionalmente, la tendencia que resulta de analizar más de un año de la encuesta de hogares es a que la diferencia se amplíe. Si bien por un problema de espacio no podrá presentarse aquí un gráfico similar para los cónyuges la tendencia es convergente, ya que la edad promedio de los cónyuges en 2006 es de 49 años y alcanza los 52 años en 2011, mientras que los cónyuges de hogares de asalariados rurales agropecuarios o de otros sectores son 7 años más jóvenes en 2006 y llegan a ser 10 años más jóvenes en 2011. Lo mismo sucede con los miembros del hogar que son hijos del jefe.

Como ya se ha hecho notar (Dirven, 2002, Brumer, 2007) los procesos de herencia y sucesión son de suma importancia al considerar tanto la desaparición de establecimientos familiares en años recientes como su fu-turo. Los estudios hechos en Uruguay (Gallo y Peluso, 2013, Malán, 2008) muestran que dichos procesos sufren bloqueos por varias razones: dificul-tades de las familias para verbalizar el tema y buscar una solución; exclu-sión de las hijas mujeres como sucesoras; longevidad paterna que hace que al momento en que los padres deben abandonar los establecimientos los hijos ya han formado hogares y buscado otras profesiones y no quieren retornar al campo; incomprensiones del sistema de jubilaciones que impi-de que un productor se pueda jubilar a la edad apropiada para dar paso a los sucesores. El resultado de este conjunto de fuerzas internas y externas (entre las cuales se incluye la presión de los agronegocios sobre la tierra y el ambiente) es un bloqueo que está afectando la reproducción de los establecimientos familiares.

Necesidades BásicasOtra dimensión de análisis relevante para el estudio de las posibilidades de permanencia y reproducción de la producción familiar puede evaluarse a partir de los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)8. La in-cidencia de insatisfacción en este tipo de necesidades puede analizarse como otro mecanismo que impacta en la motivación a permanecer en este tipo de vida, ya que al impacto objetivo que tiene experimentar situaciones de priva-

8 Para este trabajo se han tomado las definiciones propuestas en el Atlas Sociodemográfico y de la Desigualdad en Uruguay (Calvo, et al., 2013), excepto por el indicador de educación que no se trabaja aquí.


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ción, se agrega la ampliación de posibilidades de comunicación que hace más probable conocer las diferencias relativas de acceso al bienestar entre hogares de la producción familiar y hogares rurales de otro tipo.

Destaca el hecho de que las carencias en las dimensiones básicas seleccio-nadas son bastantes frecuentes en general entre la población rural, es decir, la que reside dispersa en el territorio o en localidades de menos de 5,000 habitantes. Adicionalmente, resulta que más de la mitad de los hogares de asalariados de la rama 1 con tareas agropecuarias sufre al menos una nece-sidad básica insatisfecha. Por otro lado, el siguiente tipo social con mayor incidencia de NBI lo constituye la producción familiar.

De tal suerte, resulta que el acceso a bienes y servicios básicos se en-cuentra muy comprometido. Si además se consideran las posibilidades de comunicación e información que están hoy disponibles y permiten conocer los niveles de vida que se obtienen en otros sectores de población, resulta razonable considerar la existencia de una elevada presión a la que la produc-ción familiar se ve sometida por su situación de privación relativa en estas dimensiones.

En síntesis, en este capítulo se ha tratado de mostrar como la presión que ejercen los agronegocios sobre los precios de la tierra y los arrendamientos, los impactos ambientales y los mercados de trabajo rural afectan directamente


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la reproducción de la producción familiar. Pero también hay consecuencias indirectas: las dificultades internas que ya tiene la producción familiar para viabilizar los procesos sucesorios y para retener a sus integrantes ante la pre-sencia de necesidades básicas insatisfechas, estimula la venta o arrendamiento de sus propiedades y la ruptura de la reproducción de la producción familiar.

ConclusionesComo síntesis de lo presentado hasta aquí, es posible destacar seis grandes tendencias que ayudan a comprender el conflicto entablado entre la produc-ción familiar y los agronegocios. En primer lugar, los datos preliminares que se han divulgado a partir de los Censos Generales Agropecuarios, estarían mostrando una reducción relativa de la producción familiar frente a otro tipo de explotaciones de carácter capitalista y empresarial, con superficies mayores y una racionalidad que responde al modelo de los agronegocios. En segundo lugar, se despliegan varias hipótesis que arrojan luz acerca de los complejos procesos que confluyen para explicar dicha reducción. La variable principal es el rápido incremento en el valor de la tierra y los arrendamientos impulsada por los agronegocios. Por un lado estimula a los productores fa-miliares a la venta de la tierra o la cesión en arrendamiento y por otro coarta la posibilidad de tomar tierra en arrendamiento para aumentar la escala. Otras cuatro variables intervienen coadyuvando a ese proceso: las presiones ambientales que ejercen los agronegocios, los cambios en los mercados de trabajo rurales que aumentan la demanda y los salarios de los trabajadores, la edad promedio elevada de los actuales productores familiares y las dificulta-des en la sucesión de los predios que inducen al reparto de la herencia antes que a la preservación del patrimonio, y por último la situación de privación relativa en relación a los indicadores de NBI a la que están expuestos los ho-gares de la producción familiar, aspecto que manifiesta sus dificultades para acceder a mayor bienestar, a pesar del muy buen desempeño económico del sector primario en Uruguay en los últimos 15 años.

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Ampliación de fronteras agrícolas en Argentina: Interrelaciones entre el capital concentrado

y la producción familiar1

Mónica Isabel Bendini2

ResumenLos estudios sociales agrarios indagan en los últimos años procesos emer-gentes relacionados con la movilidad del capital y del trabajo, como también con la reestructuración de la relación entre ambos. Caracterizaciones de esos estudios en Argentina, sitúan en el campo de debate, la relación entre la producción familiar y el capital concentrado. Una opción para analizarla es penetrando en los modos de ampliación de las fronteras agrarias, donde el gran capital se moviliza a distintas velocidades y de múltiples formas, gene-rando transformaciones territoriales y prácticas socioeconómicas diversas de campesinos y chacareros. La interpretación analítica da cuenta de procesos sociales emergentes: presión-adaptación; intermediación-subordinación; desposesión-subsunción; según sea el tipo empírico de interrelación.

Palabras clave: frontera agraria, gran capital, campesinos, chacareros, pro-cesos sociales

Expanding agricultural frontiers in Argentina:Interrelationships between concentrated

capital and family production

AbstractAgrarian social studies research, nowadays, emerging processes related to the mobility of capital and labor, as well as the restructuring of the rela-tionship between both of them, Recent characterizations of these studies in Argentina, locate, in the field of debate, the relationship between family

1 Ponencia a la Mesa redonda Agricultura familiar frente a los agronegocios. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014. Esta ponencia presenta resultados del Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA), Universidad Nacional del Comahue. 2 Doctora en Sociología. Directora del Grupo de Estudios Sociales Agrarios, Facultad de De- Doctora en Sociología. Directora del Grupo de Estudios Sociales Agrarios, Facultad de De-recho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Comahue

Mónica Isabel Bendini

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production and big capital. One option is to analyze it penetrating the dif-ferent ways of expanding agricultural frontiers where the concentrated capi-tal is mobilized at different speeds and in multiple forms, generating ter-ritorial transformations and diverse socioeconomic practices of peasants and farmers. Analytic interpretation brings about emerging social processes of pressure-adaptation; mediation-subordination; dispossession-subsumption; depending on the empirical type of interrelationship.

Keywords: agricultural frontier, big capital, peasants, farmers, social pro-cesses

IntroducciónAbordar la interrelación de la producción familiar y el agronegocio, remite en su definición y alcance a conceptualizaciones polisémicas y polémicas, por las consecuencias económicas y políticas que implican. Ambos términos expresan la naturaleza política de su construcción, devienen de la conjun-ción: producción intelectual e instrumentación política. Se trabajan en con-traste para su definición y para la implementación de acciones diferenciales. Desarrollos académicos y debates técnicos permiten deconstruir los concep-tos y la subjetivización de ambos términos.

La categoría empírica agricultura familiar está asociada a la creación de un espacio de negociación entre el Estado y las organizaciones sociales y gremiales que representan a los pequeños productores. En tanto actor po-lítico y económico, se consolidó en las agendas de las políticas publicas de Argentina desde el denominado conflicto del campo en 2008. Ese hecho social que develó modelos de desarrollo en disputa, dio también visibilización al heterogéneo sector de la agricultura familiar en el país. (Arzeno y Ponce, 2013). Schiavoni (2010) pone de manifiesto, por un lado, esa diversidad de actores y problemáticas que convoca la categoría, y, por otro, la vinculación con la renovada cuestión agraria, ya que, mayormente, es promovida por las organizaciones de lucha por la tierra en el marco de políticas diferenciadas. Por otro lado, es menor la participación de organizaciones que nuclean a chacareros o colonos, las que en momentos de crisis se identifican con las de otros subgrupos de productores familiares e integran alianzas.

El alcance amplio de su definición se condice con el carácter que el Es-tado reconoce a la agricultura familiar, la de ser un concepto heterogéneo y genérico, que “…incluye a los pequeños productores minifundista, así como a los emprendedores, empresarios pequeños rurales, y personas que trabajan

Ampliación de fronteras agrícolas en Argentina: Interrelaciones entre el capital concentrado y la producción familiar

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fuera de las explotaciones, pero cuyos ingresos contribuyen a la economía doméstica” (Lattuada, Márquez y Neme, 2012: 174).

Su registro institucional se creó, en un contexto de crisis de las formas generales del Estado, y, como afirma Schiavoni (2013), los criterios de inclu-sión en la categoría se basan en ejemplos y en lazos personalizados. Al poco tiempo, se convierte en un instrumento de conocimiento para la iniciativa y ejecución de políticas sectoriales diferenciadas, en una forma de represen-tación. En el año 2004, se crea la comisión de agricultura familiar, con 29 organizaciones, en diciembre del año 2005 se amplía a Foro de agricultura familiar, con un casi centenar de participantes. (Lattuada, Márquez y Neme, 2012)

El término agronegocio contiene imágenes naturalizadas que funcionan como modos inconscientes de percepción del mundo social de los grupos dominantes del medio rural, visión que los articula como grupo de interés (Lerrer, 2013). Además de legitimar la lógica del negocio agrario y dotarlo de un espacio de visibilización, con efectos económicos y políticos; también el término permite la puesta en el escenario social de un estanciero o terra-teniente ya no relacionado con la oligarquía tradicional sino instalado en el campo democrático, teñido de lógica de eficiencia y de competitividad. Tanto en América Latina como en países del Norte, el agribusiness o agro-negocio en su articulación política (Fold y Pritchard, 2005), se apropia de los intereses del país en el discurso, por ende, estaría reflejando los del propio país (Lerrer, 2013).

Este trabajo se centra en la penetración del gran capital en áreas de ampliación de la frontera agraria en Argentina, con persistencia y, a la vez, subalternización de formas preexistentes, menos capitalizadas; con escasa o baja participación en los mercados, y también en áreas de expansión de una línea de producción con matriz productiva basada en pequeños y mediano productores.

La subordinación creciente de colonos o chacareros no integrados y la precariedad e incertidumbre dominial de campesinos criollos e indígenas, constituyen el campo de control y subordinación del gran capital. En estos contextos, tiene vigencia la imagen de territorios sacrificables y vaciables (Ca-mardelli y Salazar, 2013) con sustitución de actividades y desposesión, y la de territorios controlados, con ampliación de actividades e inclusión subordina-da, o con presión territorial del capital concentrado y prácticas adaptativas a las lógicas socio productivas del mercado, sin un claro criterio maximizador.

Siguiendo a Entrena (2014) el concepto de prácticas o estrategias activas


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expresan más claramente esta situación en lugar de referirse a una única estrategia familiar, pues no necesariamente hay consenso pleno en las de-cisiones y acciones del grupo familiar. Por otro lado, dichas prácticas son diversas y mutan.

La forma de ampliación de las áreas de frontera agraria está también unida a la naturaleza de los territorios (comunitarios, campesinos, “de nego-cios”) y a distintos procesos de territorialización del capital, desde la coexis-tencia de la pequeña producción y el gran capital, integrando esas formas a los mecanismos de acumulación; hasta la sustitución de formas menos mo-dernas por actividades dinámicas con exclusión social vía desplazamientos “forzados” (Akram Lodhi y Kay, 2008).

Se analizan procesos emergentes en la interrelación de la acción del ca-pital y las prácticas del productor familiar; tales como los procesos de con-tractualización e intermediación; de despojo pero también de persistencia; de asalarización y campesinización; de resistencias y controles. En este texto, esos procesos se analizan en zonas extrapampeanas de Argentina donde esa interrelación se expresa en su mayor diversidad. El desarrollo empírico da cuenta de dos casos de pequeña producción campesina y un caso con matriz productiva familiar chacarera. En ellos, la penetración del capital concentra-do se acelera a fines del siglo pasado.

En primer lugar, se analiza la forma de presión territorial del capital y la capacidad de reproducción social de unidades familiares. Corresponde a regiones marginales predominantemente campesinas de pasturas extensi-vas, con situación dominial incierta, históricamente marginadas. El caso de crianceros de ganado menor del norte de la Patagonia es un ejemplo de pre-sión por los recursos y de disputa por la tierra. Desde la apropiación inicial selectiva, con expulsión social de fines del siglo XIX, coexistieron grandes es-tancias y pequeñas explotaciones de producción familiar. Pasado un siglo, ese círculo comienza a cerrarse, no sin contradicciones. Otra lectura da cuenta que, al mismo tiempo, emergen prácticas productivas y laborales adaptativas para la persistencia como una forma de resistencia campesina (Bendini y Steimbreger, 2013). Se ponen en tensión, de esta manera, procesos de cam-pesinización y de asalarización.

En segundo lugar, se presentan procesos de control absoluto en las cade-nas agrícolas por el sector integrado del capital agroindustrial, con subordi-nación creciente de sectores de la producción y el trabajo. Se realiza a través de procesos de ampliación territorial de la línea de producción vigente por el capital concentrado. Da lugar a formas de inclusión subordinada y puede


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tratarse de productores familiares capitalizados que el proceso de moderni-zación margina cuando la adopción tecnológica deja de ser generalizada y se torna selectiva, o cuando la calidad pasa a convertirse en factor de diferen-ciación y marginación (Cavalcanti, 1999). Esa inclusión subordinada incluye a pequeños productores de tipo campesino que se asalarizan parcialmente en esas cadenas agroindustriales y se emplean estacionalmente. De la mis-ma manera lo hacen trabajadores migrantes, ex campesinos productores de materias primas que en momento de crisis regional y desindustrialización abandonaron o fueron forzados a abandonar sus campos, y se constituyen en fuerza de trabajo disponible en barrios satelizados de las ciudades y recluta-dos como trabajadores ocasionales o transitorios extrarregionales en gran-des empresas integradas. Se ejemplifica con la expansión territorial a nuevas áreas de frontera agraria de una cadena agrícola tradicional modernizada en el Valle Medio del río Negro.

Finalmente, caracterizaciones recientes de zonas campesinas extrapam-peanas (Cáceres et al, 2008; Bendini, 2011, Comerci, 2011; Preda, 2013), plan-tean procesos de acumulación por despojo o desposesión con expulsión de campesinos e indígenas; en un contexto de corrimiento de la frontera agraria por expansión agrícola excluyente (principalmente por expansión del mono-cultivo de soja) en áreas antes marginales, fenómeno que se caracteriza como pampeanización (Ortega, 2011; Martínez Dougnac, 2013). Esta forma de ex-pansión sustituye actividades con desplazamiento de productores familiares de tipo campesino por “cerco neoliberal” (Akram Lodhi y Kay, 2010) que fuerza a los sectores excluidos a asalariarse y/o migrar, no sin resistencias. Se presenta acá el caso del noreste de Salta, en la región del noroeste del país, de alta vulnerabilidad social y ambiental, donde se acumulan procesos de despojo pero también de resistencia.

En el primero y en el último caso, se generan tensiones entre procesos emergentes de disputas por la tierra, por los recursos naturales; como tam-bién el desarrollo de prácticas productivas y laborales, junto a movimientos espaciales múltiples. No se trata acá del clásico éxodo rural sino de movilida-des laborales cortas como prácticas adaptativas, de resistencia.

Respecto del acceso y uso de los recursos, la imagen de territorios vacia-bles o sacrificables (Camardelli y Salazar, 2013) aparece o reaparece en las úl-timas décadas con nuevos rasgos, si se compara con la imagen de territorios vacíos, desérticos, de las colonizaciones iniciales de frontera. Corresponde a territorios considerados de bajo valor social, donde la población campesina e indígena ha quedado sistemáticamente invisibilizada, tal como en años


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recientes sucede con las campesinas recolectoras de coco babasú en el norte de Brasil (Moraes, 2010); o en las provincias del sur de Colombia, con los grupos indígenas y el incentivo a inversores para la incorporación de terri-torios a los mecanismos de acumulación (Estrada y Consuegra, 2013). Estos procesos van unidos a la sustitución de actividades e invisibilización de pe-queños productores.

En los tres casos, la imagen consolidada del territorio habilita la presión y la expansión territorial del capital concentrado y excluyente.

Presión territorial y control de recursos naturales en áreas de pasturas ex-tensivasEn regiones de pasturas extensivas persisten formas campesinas y rasgos menos modernos en actividades ganaderas. En las últimas décadas aparecen signos crecientes de presión territorial del capital concentrado y de control de los recursos naturales. A su vez también se incrementan los procesos de asalarización, en distinta velocidad y forma, de la fuerza de trabajo familiar.

Se observan dos fuentes de subsunción formal del trabajo al capital: por un lado, la asalarización plena de algún miembro de la familia en el lugar; o migrando y en algunos casos, enviando remesas a la unidad. Por otro lado, cuando miembros de la familia se asalarizan temporariamente, de modo os-cilante sin cambiar de residencia. Una de las formas típicas de asalarización parcial en estas regiones es la aparcería precaria vinculada a formas de con-trol de las grandes explotaciones o a formas más horizontales de aparcería de campesinos “socios” cuando crían o arrean ganado ajeno (de familiares, vecinos) “en propio”.

A partir de la presión creciente del capital, de la acción del Estado y de las microdinámicas familiares, se modifica la organización y la división social del trabajo en las unidades domésticas de producción; se intensifica la movi-lidad laboral y productiva con la ruptura de la monoactividad. Se compleji-zan, asimismo, las formas de trabajo predial y no predial, y la pluriinserción de las familias campesinas. En un sentido general, se condice con caracte-rizaciones recientes de la población residente en el medio rural que señalan una creciente diversificación del perfil ocupacional y una transformación de la estructura de ingresos rurales (Cartón de Grammont y Martínez Valle, 2009; Álvaro, 2012). Sin embargo, los cambios en las prácticas labórales y productivas no son sólo las consecuencias de ese condicionamiento sino que pueden interpretarse también como formas adaptativas para la persistencia campesina, como manera de garantizar la reproducción de esa forma social.


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El empleo extrapredial responde a necesidades materiales de reproduc-ción y simbólicas en la subjetivización de las mismas. “…al pueblo, nuestros hijos van a sufrir… pero tienen que ir”.

Este ámbito que se define de territorialidad campesina, no excluye las fuentes de heterogeneidad social que dan lugar a procesos de descomposición social. Tal como describen Akram Lodhi y Kay (2008), aumentan los procesos de asalarización tanto en el campo, como en los parajes y pueblos rurales a tra-vés de una subsunción formal del trabajo al capital. Por otro lado, se intensifica la inserción en los mercados de productos, insumos y de trabajo con aumento del consumo de bienes y servicios. Los cambios en el modelo de acumulación provocan una mayor movilidad de trabajadores entre el campo y los núcleos de vida rural (De Ferranti et al., 2003) en un contexto de complejización de la actividad agraria y del empleo extrapredial. A su vez, nuevos actores (inverso-res, grandes empresas integradas, sociedades mixtas, corporaciones) del sector agrícola, ganadero y forestal, de turismo, minería e hidrocarburos, compiten por los recursos y ejercen presión sobre las formas sociales campesinas.

Estas transformaciones tienen lugar en regiones con condiciones climá-ticas adversas y situación dominial incierta. Allí, la expansión territorial del gran capital es de carácter excluyente pero no acabada, de tipo más especu-lativa por competencia y control de los recursos y, no sólo diferencial, como lo fuera en las colonizaciones iniciales. Si bien puede haber expulsiones, no se generalizan aún y coexisten formas campesinas con formas capitalizadas plenas. Ese círculo comienza a cerrarse y aparecen signos amenazantes, a la vez que se generan nuevas formas de resistencia.

La construcción de poder político en organizaciones sociales según con-dición de clase, étnica, campesina, modifica los posicionamientos, las rela-ciones sociales, de poder, en un contexto de tensiones y negociaciones, sin poder aún definirse los resultados de este campo de fuerzas.

Por otro lado, pueden interpretarse las prácticas adaptativas como una forma de persistencia, para no abandonar el campo, “la” tierra, en su histórica cosmovisión y práctica de pastoreo, se la representa sin límites definidos, abierta, desde las rastreadas indígenas o travesías. Ese apego o terruño con-fiere identidad agraria y a su vez congrega en la resistencia a los productores crianceros. Es decir, en aumento, las familias desarrollan estrategias produc-tivas y laborales de reproducción social, favoreciendo su capacidad de resis-tencia (Bendini y Steimbreger, 2013).

Los rasgos y procesos descriptos son similares a otras regiones campesi-nas de pasturas extensivas, en tierras áridas y de altura.


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Disputas por la tierra y prácticas de resistenciaLa referencia empírica de este tipo de interrelación entre el capital concen-trado y la producción familiar, se instala en un mundo rural tradicional, del sur de Argentina; una región de ganadería menor extensiva del norte de la Patagonia, caracterizada por su territorialidad campesina y por la presencia de comunidades indígenas. Corresponde a una región aislada de meseta y cordillera, que abarca la línea sur rionegrina y la zona neuquina centro nor-te, con adversas condiciones climáticas; y por modalidad de colonización y apropiación inicial, con zonas de manejo ganadero trashumante y otras de pastoreo continuo.

La estructura agraria se caracteriza por la presencia mayoritaria de pe-queños productores que crían ganado menor (crianceros, puesteros, fiscale-ros, chiveros, arrieros). Su vinculación con la tierra y con la actividad pro-ductiva queda expresada en la propia denominación de estos sujetos agrarios. Coexisten con estancias que concentran grandes extensiones de tierra y cuyo origen se remonta al proceso de expansión de la frontera sur a fines del siglo XIX con desplazamientos de la población originaria hacia zonas áridas y/o ambientalmente frágiles. Hacia fines del siglo XX, este ciclo comienza a cerrarse con signos amenazantes para los pequeños productores.

La presión por el acceso y tenencia a los recursos naturales está vinculada a otros usos del suelo (paisajístico, energía, forestación), no sin efectos en la estructura y en el ambiente (contaminación del agua, aumento de predado-res, sustracción de recursos culturales, disminución de flora y fauna autóc-tona, pérdida de mallines y de aguadas; obstaculización de arreos por cerra-miento de campos o cierre de rutas pecuarias de trashumancia, entre otros). Asimismo irrumpen otros actores agrarios y no agrarios en una situación fundiaria incierta, de inseguridad jurídica para los crianceros, quienes en su mayoría son ocupantes de tierras fiscales (70 por ciento en zona de trashu-mancia y 40 por ciento en zona de pastoreo continuo)3. Asimismo, las tierras comunitarias representan el 4 por ciento de la superficie total de la región.

En las últimas décadas, la presión territorial del capital concentrado sobre los recursos; los cambios en las microdinámicas sociales, y la acción del Estado, no sin contradicciones, modifican la forma de actividad de los pequeños productores crianceros campesinos o con rasgos predominante-mente campesinos, transforman la estructura ocupacional en los pueblos y la organización social del trabajo en el campo.

3 Censo Nacional Agropecuário 2008 y Anuário Estadístico 2004, Neuquén. INDEC.


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La imagen socio-institucional asociada a estos crianceros ha estado his-tóricamente vinculada a una situación generalizada de pobreza y a un pro-ceso de descampesinización latente. Hacia fines del siglo XX muta a una imagen de naturaleza ambiental asociada a la desertificación, al carácter pre-datorio de la actividad y extractivo del trabajo. Esa percepción y su discurso devienen en respaldo ideológico a nuevos procesos de apropiación que comple-tan la ocupación selectiva inicial. Imagen que ha habilitado desplazamientos y cambios en la subsunción del trabajo.

En este nuevo siglo, se plantea una imagen asociada al carácter familiar de la producción, en conexión con la orientación de las políticas sectoriales y con la participación de organizaciones sociales que emergieron y se fortalecieron durante el modelo neoliberal, y posteriormente, en programas de desarrollo rural4 y otras experiencias como la cogestión en unidades ejecutoras provincia-les de las Leyes Ovina y Caprina, los Comités locales de Emergencia Agro-pecuaria, los programas de Co-manejo en áreas del Parque Nacional Lanín.

En estas vastas zonas el Estado ha tenido una presencia clave desde la provincialización de los territorios nacionales, a mediados del siglo XX. Muestra de ello es que algo más de dos terceras partes de las familias rura-les reciben ingresos por seguridad social contributiva y no contributiva y/o ingresos indirectos y, algo menos de la mitad de los activos rurales se inserta en empleos públicos.

Si bien hay una ruptura de la ocupación única y diversificación de acti-vidades, siguen siendo ocupaciones extraprediales tradicionales y de varia-ción limitada (en forestación, en turismo, esquila, aparcerías ganaderas, en el campo; comercio y servicios en los pueblos).

El empleo es de carácter fragmentado y discontinuo, predominando, en la ocupación extrapredial, la categoría todo el año (65 por ciento)5. Resulta significativa en los pueblos la distribución del empleo agrario y no agrario (45 y 55%, respectivamente) y la combinación de fuentes de ingresos (plu-riinserción) relacionada con el rol activo del Estado. Nuevas necesidades ampliadas de acceso a servicios e infraestructura social, la generación de empleos públicos, las políticas de seguridad social y los ingresos indirectos, completan esta situación de transformación inacabada.

Podría pensarse también que los cambios de actividad y de residencia tienen consecuencias en el vínculo de la población rural con la tierra, e in-

4 Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios (PROINDER); Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia (PRODERPA).5 Con base en procesamientos del Censo Nacional Agropecuario 2008


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terpretarse como formas de descompresión de la disputa territorial y de des-movilización de la cuestión agraria. Una vez más, emergen contradicciones que son inherentes al propio desarrollo del capitalismo. Por otro lado, esa persistencia campesina, está acompañada de signos elocuentes de aumento de consumo no productivo.

La movilidad espacial, la reconfiguración de las unidades domésticas de producción, las microdinámicas familiares, en conjunto dan cuenta de que no se trata del clásico éxodo rural. Hay direccionalidad de ingresos no prediales a la unidad doméstica y cambios en las prácticas laborales como formas de resistencia a la migración definitiva y a la pérdida de rasgos cam-pesinos. Algunos autores definen estas situaciones como de desagrarización del empleo rural (Radonich, 2003; Escalante et al., 2007); otros, más recien-temente, hablan del surgimiento de familias rurales post-agrícolas (C. de Grammont, 2009). Por lo expuesto, no se podría así definirlos en este caso, ni reducir la diversidad de formas al clásico éxodo rural. Se trata, más bien, de situaciones de transición, inacabadas.

El caso presentado no muestra procesos cabales de asalarización ni de descampesinización, la dinámica presentada estaría viabilizando condiciones para la subsunción formal del trabajo al capital, sin llegar a una subsunción real plena. Muestra, también, mecanismos de resistencia a abandonar la tie-rra, el trabajo familiar y la unidad doméstica de producción.

Los cambios en los ámbitos de trabajo y de residencia dan cuenta de al-gunos rasgos novedosos, un 20 % de las familias trabaja en la unidad agraria pero reside en el pueblo. Lo puede hacer porque contrata un puestero “chi-vero” (aparcero semiasalariado) o un peón rural para el control del puesto y de la majada / piño, siendo esta otra fuente de heterogeneidad social y otro tipo de práctica socio-económica adaptativa para persistir y resistir a la des-posesión (Bendini y Steimbreger, 2013; Cáceres, 2014).

Algunos cuantos de estos rasgos se replican en otras regiones de pas-turas extensivas y de territorialidad campesina. Con especificaciones pro-pias regionales, la situación es similar en vastas regiones del mundo, como en Mongolia, Uzbekistán, noroeste de China, Kenya, Etiopía, el altiplano potosino en México; en otras regiones de Argentina como el oeste de La Pampa, noroeste de Córdoba, altiplano del norte de Salta (Mora Ledes-ma, 2009; Cáceres et al., 2004; Comerci, 2011; Hocsman, 2012; Preda, 2013; INTA-DAAD, 2013).


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Control absoluto de la producción y del trabajoMás allá de que con el neoliberalismo se fortalecieron las cadenas agrícolas, continuamente se reformulan las estrategias de acumulación y valorización del capital de grandes empresas agroalimentarias, con dominio en el proceso de acumulación del segmento de distribución6 respecto del de producción.

En la búsqueda del control absoluto hacia adentro, y de la plena libertad hacia fuera, las cadenas agroindustriales se expanden con transformaciones en la estructura y en las relaciones intersectoriales de poder (Flora y Bendini, 2003). Así, el gran capital avanza sobre la producción primaria mediante compra de tierras en producción o en áreas marginales que se sistematizan y se instalan los sistemas de riego, o por ocupación de campos abandonados, o arriendo de explotaciones. También avanza mediante la extensión de formas contractuales con productores locales, condicionados por los requerimientos crecientes de calidad desde la comercialización y el consumo.

La movilidad del capital y la forma de su expansión no debe entenderse en términos absolutos ni unívocos. Se trata de una dinámica desigual entre grandes empresas integradas y productores familiares, en la que el Estado y las organizaciones locales pueden llegar a movilizar poder y condicionar los efectos (Steimbreger, 2009).

Los nuevos patrones de acumulación ponen en desventaja a los pequeños productores de materias primas. Es en estos contextos que aumentan las asociaciones con el capital trasnacional y la subordinación de los productores primarios. Esta situación se replica en otras regiones de producción inten-siva, o de producción en fresco y/o para la exportación, tal como señalan Cavalcanti (1999) en Brasil, Carton de Grammont (1994) en México; Flora y Bendini (2003) en Estados Unidos y Argentina. Sin embargo, la fuerza de la dinámica social, el condicionamiento de los estados y el accionar de las organizaciones sociales diversifican los efectos sociales aunque el impacto sobre la acumulación sea el mismo.

Por otro lado, como registran, Tsakoumagkos (2004) y Moraes (2008), los cambios en las cadenas agrícolas expresan no sólo procesos de moderni-zación creciente, sino que combinan formas modernas y menos moderniza-das en la producción y en el trabajo; pudiendo deducirse que se debe a que el capital se encuentra con límites para su expansión pero también que esas formas “no modernas” pueden integrarse a los senderos de acumulación.

6 A los efectos de este texto, se utiliza el término distribución para incluir los segmentos de empaque, acondicionamiento, industria y comercialización general de los productos agro-alimentarios.


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Reardon y Berdegué (2002) y Gutman y Lavarello (2002) destacan el po-der que las cadenas de supermercados ejercen en las producciones en fresco (frutas, verduras, lácteos), a la vez que Hedrickson y Heffernan afirman que “en el sistema alimentario global, el poder queda en manos de quienes son capaces de estructurar este sistema cubriendo distancias y disminuyendo el tiempo entre producción y consumo” (2002:349).

Al respecto, en el caso que acá se presenta, la cadena frutícola en las nue-vas áreas de expansión del Valle Medio del río Negro, el control general del sistema de distribución (más que los grandes supermercados por sí mismos) dirige la cadena de valor.

El sector frutihortícola es desde hace algunas décadas uno de los sectores más dinámicos de la agricultura. Empresas modernas han logrado insertarse en el mercado mundial, entre otras razones, por el control de los segmentos de distribución y de comercialización, la subordinación contractual de pro-ductores primarios para el abastecimiento de calidad, y la movilización del trabajo y formas de intermediación laboral para disponer de mano de obra barata y abundante, dócil y con resistencia para tareas con alta exigencia física.

Intermediación y contractualizaciónEn las nuevas áreas de expansión (Valle Medio del río Negro, en la provincia de Río Negro) de una cadena frutícola de casi un siglo de desarrollo, tienen lugar procesos de control de la producción y del trabajo, que se intensifican a partir de la actual fase de transnacionalización y modernización excluyente. Se producen cambios en el modelo de acumulación, en la movilidad del capital y en los mecanismos de subalternización; en un contexto de trans-formación de la organización social de la agricultura: de una producción familiar de tipo capitalizada, hacia otra con fuerte predominio de la organi-zación empresarial (grandes empresas integradas trasnacionales y nacionales transnacionalizadas).

Por un lado, la subordinación creciente de estos productores familiares a los sectores hegemónicos (distribuidores) tiene que ver con el proceso de modernización que los ha marginado al quedar fuera de la adopción tecno-lógica que se torna selectiva y no generalizada como en la fase anterior.

Otro proceso vinculado, es la intensificación y control del trabajo a través de la incorporación tecnológica y del reclutamiento y gestión del trabajo temporario. A través del tiempo, la presencia de intermediarios no fue sólo una respuesta económica a los desequilibrios regionales; su permanencia ha


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estado asociada con formas de control y coerción social que buscan discipli-nar y reducir la capacidad de negociación de los trabajadores rurales, con-virtiéndose en otro mecanismo de acumulación del capital (Sánchez, 2009; Steimbreger, 2009).

Las grandes empresas integradas comienzan a limitar la contratación di-recta de trabajadores y con ello, externalizar las responsabilidades legales de la contratación formal; de este modo se desdibuja la relación laboral y los posibles conflictos derivados de la misma (Benencia y Quaranta, 2003).

El sistema de reclutamiento/acceso al trabajo deja entrever la existencia de elementos extraeconómicos y extralegales, que restringen la libertad de los trabajadores tanto para establecer la relación laboral como para inte-rrumpirla. En este sentido, Neiman (2010) destaca la multiplicidad de fun-ciones que puede cumplir la intermediación: el reclutamiento de mano de obra; la organización de las tareas, el control y la supervisión del trabajo, como también últimamente se incrementa, la externalización de los aspectos formales de la relación laboral (pseudo cooperativas de trabajo, ilegales de-claradas a comienzo de siglo, y empresas de recursos humanos vinculadas a grandes compañías de provisión de insumos).

En esos casos, se observa la continuidad de prácticas de reclutamiento basadas en el disciplinamiento laboral demostrado en temporadas previas, y sustentadas frecuentemente en lazos de parentesco y paisanaje que lo garan-ticen (C. de Grammont, 1992; Lara, 1996; Sánchez, 2009). Favorece además la reducción de los costos laborales al asumir los intermediarios o los traba-jadores sus propios costos de reproducción social. Por otro lado, parecería que la tendencia empresarial no es consolidar una sola forma de contratación de trabajadores estacionales, sino organizar una red amplia y flexible que le permita cubrir en tiempo y forma las necesidades laborales de carácter transitorio.

Pasamos al otro proceso emergente, la contractualización. En la agri-cultura contractual, el principal objetivo es controlar y coordinar un amplio rango de tareas y labores: control de la producción agrícola, técnica, organi-zacional socioeconómico y político.

En el comienzo de la agricultura contractual, las empresas integradas asumían la comercialización, el control de calidad y el financiamiento de los productores proveedores. Posteriormente las grandes empresas decidieron intervenir en la gestión del trabajo y en la introducción de tecnologías a escala. En la búsqueda de una integración flexible esas empresas fueron de-sarrollando nuevas formas de vinculación y de intermediación.


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La agricultura de contrato permitió desde fines de los años ochenta, una articulación entre productores primarios y empresas agroindustriales sin bo-rrar la independencia jurídica de esos actores. Mediante este mecanismo las grandes empresas controlan el proceso productivo y el de trabajo, sin asumir directamente los riesgos de la producción (Bendini y Palomares, 1993). Por otro lado, asegura cantidad y reducción de costos y de riesgos en la medi-da en que los mismos se descarguen sobre las unidades agrícolas familiares (Reardon y Berdegué, 2002); pero no alcanza para asegurar la calidad uni-forme. De ahí, la importancia que en esta modalidad tiene la provisión de insumos y de asistencia técnica por parte de la empresa integrada.

El capital internacional se vincula a compañías locales integradas me-diante alianzas estratégicas y fusiones, en franca tendencia a la concentra-ción productiva y comercial. Los tradicionales chacareros responden a los controles del sector de distribución y a su precaria situación financiera a través de prácticas productivas y comerciales diversas: arriendan sus tierras, venden fruta de descarte a la industria, intensifican los contratos agrícolas, toman créditos, y/o venden su producción directamente en ferias. También, en demandas sectoriales en materia de políticas crediticias, impositivas y co-merciales, negociaciones entre el Estado y las organizaciones gremiales. La resistencia de estos productores adopta, también, la modalidad de acciones directas y alianzas tácticas coyunturales.

La agricultura de contrato, en tanto forma de control e integración verti-cal (Wellema, 1999) se constituye también como una modalidad de relación comercial con subordinación al núcleo de la cadena (Rubio, 2004). Se inte-gra a los mecanismos de expansión, en términos de acumulación centraliza-da y riesgo descentralizado.

Surgen interpretaciones de apariencia contradictoria. Por un lado, se trata de un mecanismo de la gran empresa para presionar la baja de los costos de la fruta comprada a terceros, incorporando calidad y evitando caer en sobreproducciones propias; por otro, da cuenta de prácticas productivas comerciales de productores no integrados para no quedar excluidos en esta fase del desarrollo del capitalismo, a la manera de lo que Entrena y Jimenez (2014) definen como estrategias activas; o, se trata incluso, de una política estatal que, en respuesta a la relación de fuerzas locales, tiende a legislar el intercambio sin llegar a cuestionar las dinámicas oligopólicas de acumula-ción en la cadena (Steimbreger y Álvaro, 2010).

El heterogéneo conjunto de prácticas en la contractualización comercial, expresa la gama de situaciones por las que los productores primarios acceden


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a mercados de calidad. Desde productores independientes subordinados, a si-tuaciones donde los productores-proveedores quedan subsumidos al capital más allá de la ausencia de una relación de dependencia formal, considerados trabajadores dependientes informales (Tsakoumagkos, 2006). En el medio, se ubican múltiples formas de producción y comercialización subordinadas al gran capital, a las decisiones de las grandes empresas integradas, que consti-tuyen el núcleo de la cadena.

Sustitución de actividades y acumulación por despojoLa expansión del capital genera, como se analizó, presión territorial cuando formas menos modernas o menos capitalizadas se integran parcialmente a los mecanismos de acumulación; pero cuando esas formas no le convienen al capital, entonces las destruye, expulsa esas otras formas, a manera de acumu-lación por despojo y explotación de la fuerza de trabajo disponible (Rubio, 2001; Moraes, 2008). Es cuando el capital se expande, sustituyendo activi-dades, incorporando territorios sacrificables a la valorización del capital y desplazando unidades y sujetos agrarios.

La acumulación por desposesión da cuenta de prácticas predatorias que constituyen un rasgo de la fase actual del capitalismo. Desposesión es un concepto que permite comprender las relaciones de poder entre los des-pojantes y los despojados (Harvey, 2008; Cáceres, 2014). La apertura de nuevos territorios para la acumulación supone no sólo nuevas relaciones sociales sino también movimientos forzados de pequeños productores, de comunidades indígenas. Es allí donde los actores se enfrentan y prevalece el conflicto en las relaciones sociales por encima del consenso (Manzanal, 2013).

La imagen empresarial de esos territorios en disputa es la de territo-rios sacrificables dando inicio a la construcción social de un nuevo territorio. Aquellos que son desplazados generan resistencias y nuevas estrategias para mantener o recuperar su acceso y uso. Es decir, la expansión del capital inclu-so provoca en los pequeños productores la pérdida de sus propios recursos, como la de sus tierras. Campesinos desplazados dan cuenta de situaciones de desposesión. Esa expansión excluyente provoca, a su vez, impactos en el uso del suelo y en la división social del trabajo.

Estos escenarios se sitúan principalmente en zonas no pampeanas de Argentina. (Cáceres, 2014) y en áreas de frontera agraria. Ámbitos de trans-formaciones, de los que Tsakoumagkos (2005) daba cuenta hace una década señalando el incremento de la dinámica territorial.


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Expansión, desposesión y resistencias Las localidades de Tartagal y Aguaray, sus barrios satelizados y las áreas rurales circundantes del departamento San Martín, en el noreste de la pro-vincia de Salta corresponden a un área de reciente expansión agrícola por monocultivo de soja, sometida a altos índices de deforestación y a reiteradas inundaciones y aluviones.

Avanza la frontera agraria con la consolidación de la producción cereale-ra y de oleaginosas; se conforman grandes superficies orientadas a la mono-producción de commodities para exportación, con incorporación de paquetes tecnológicos de capital intensivos (porotos y mas reciente, soja). En este caso, la expansión del capital se realiza sustituyendo la actividad recolectora-extractiva, la horticultura y la ganadería menor extensiva.

Este nuevo uso del suelo se produce en área de bosques con alto grado de deforestación por desmonte, ámbitos que representan espacios de vida y de trabajo de población originaria y campesinos criollos. Una consecuencia directa es la reestructuración del acceso, dominio y uso del espacio, y junto a ello, una nueva dinámica social. En estos escenarios, surgen nuevas formas de organización social de la agricultura,

El proceso actual de expulsión de comunidades indígenas y campesinos se acentúa en zonas de pobreza extrema y de fragmentación social, como es la llanura del chaco salteño. Afecta principalmente a comunidades reco-lectoras extractivas localizadas originariamente en áreas revalorizadas ac-tualmente por el capital, con otros usos del suelo y actividades de capital intensivo, ahorradoras de mano de obra.

Sin embargo, esas familias desplazadas, principalmente indígenas del monte, no se movilizan más allá de los pueblos cercanos y replican sociabili-dades rurales en barrios periféricos manteniendo sus luchas por la tierra. Se-gún un estudio de la Universidad Nacional de Salta, la desocupación alcanza en esa región el 67%, y un 72% de la población no posee obra social (http://tartagalsaltaarg.blogspot.com.ar, 2010). Su reproducción social se basa prin-cipalmente en mecanismos de seguridad social, prestaciones sociales e in-gresos indirectos.

Los cambios en la estructura ocupacional y en la forma social del trabajo están vinculados a la movilidad del capital, a la tenencia de la tierra y a las formas de inserción en los mercados. Esos mundos de trabajo se presentan fragmentados y no incluyentes, coexistiendo rasgos modernos con prácticas y formas menos modernizadas. A su vez, la sustitución de actividades genera expulsiones y grados elevados de desocupación, dando lugar a condiciones


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para una subsunción formal del trabajo al capital, sin llegar a una plena sub-sunción real.

En el norte de Salta, la contradicción se plantea por ser un territorio campesino marginal y estancado y a la vez revalorizado por el gran capital; con actividades dinámicas en expansión, acompañadas de exclusión social (Shejtman y Berdegué, 2004). Cabales desplazamientos de campesinos e in-dígenas, por otro lado, no son movimientos unívocos y definitivos.

Estos procesos como los analizados en los casos anteriores ocurren en un ciclo de expansión territorial del capital a nivel global y local, en áreas de territorialidad familiar de la producción, que, en etapas anteriores, resultaban marginales. Por otro lado, dan cuenta de una tensión territorial y social aún indefinida.

Reflexiones finales y nuevos interrogantesEn ámbitos rurales de frontera agraria, de transformaciones inacabadas, sur-ge renovada la cuestión agraria y, a su vez, se abren nuevos interrogantes teóricos y políticos acerca de las consecuencias en la unidad familiar de pro-ducción, en la estructura agraria en su conjunto; y en la dinámica social; de la asalarización parcial y movilidad de pequeños productores campesinos y de los pequeños y medianos productores familiares capitalizados no integrados.

La vieja imagen de territorios vaciables en áreas de frontera habilita la penetración del capital modificando la forma de actividad, el trabajo familiar y asalariado y las unidades de producción. Sin embargo, como se señaló, no aparece totalmente definida la forma que adopta la subsunción del trabajo al capital, la inclusión subordinada de productores familiares no integrados en las cadenas modernas; la descampesinización por expulsión; en la incorporación de áreas marginales a los mecanismos de acumula-ción. Los territorios comunitarios y menos capitalizados se transforman en territorios sacrificables para la valorización del capital (Manzanal, 2013); como afirma Moraes (2010) si no le convienen, el capital también puede destruir formas de producción y de trabajo. Sin embargo, no son procesos totalmente definidos. Hay fuerzas contradictorias de descomposición so-cial y de adaptación.

Asimismo, la acción del Estado en estos espacios de ampliación de fron-tera agraria, resulta clave y a la vez, controversial. Puede contribuir a la re-producción social de los pequeños productores a través de empleos públicos, prestaciones sociales, seguridad social, infraestructura de base, y al mismo tiempo facilitar la desagrarización del trabajo y del empleo, el desarraigo


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del campo, habilitando nuevos senderos para la valorización del capital y la apropiación de los recursos.

La fuerza del proceso de asalarización no es unívoca y se contrarresta con el sentido de práctica adaptativa para la persistencia; la asalarización de trabajadores varía de acuerdo a la movilidad del capital y a sus formas de penetración, a las limitaciones en la maximización del ingreso familiar; a pautas culturales de apego a la tierra; también a la participación en colectivos sociales de naturaleza sectorial, étnica, de construcción política, que fortale-cen la identidad y la unidad doméstica de producción.

Resumiendo, un mundo agrario de trabajo familiar que se achica y, a su vez “al campo no se lo abandona”. Se conforman situaciones complejas, de transformaciones múltiples, de transición; donde se conjugan procesos de campesinización y asalarización (Akram Lodhi y Kay, 2010), de control y subordinación con inclusión y persistencia; sin llegar a plasmarse cabales procesos de abandono del campo, ni una plena subsunción real del trabajo. Parafraseando a Martínez Valle (2013), las familias rurales constituyen una importante fuerza de fusión que, aún hoy, contrarresta a las fuerzas de fisión que provienen del mercado.

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Disputas, acaparamiento y despojo de tierras en la Argentina: “no es la soja, es el capitalismo…”1

Gabriela Martínez Dougnac2

ResumenSe analizan desde una perspectiva histórica los recientes procesos de aca-paramiento de tierras y los despojos que de estos resultan, considerando las tendencias de larga duración propias del desarrollo del capitalismo en el agro argentino y explicando las condiciones actuales, tanto macroeconómi-cas como del sector agrario.

Los procesos económicos nacionales que enmarcan las presentes dispu-tas por los recursos naturales y en particular por la tierra agraria, y que influ-yen en sus modalidades específicas son, por un lado la notable concentración y desnacionalización de la economía, y por otro la acelerada sojización de la agricultura. Atendiendo a dichos procesos se explica cómo las tendencias de la acumulación capitalista global influyen en las características que adopta la monopolización del uso del suelo en la región.

El estudio de algunos casos particulares que ilustran dichos procesos nos permite aportar elementos para una tipología que de cuenta de los rasgos relevantes del fenómeno.

Palabras clave: agro argentino, acaparamiento de tierras, sojización, concen-tración económica, desposesión, capitalismo agrario.

Disputes, land grabbing and dispossession in Argentina: “problem is not the soybeans, is capitalism…”

AbstractThis paper analyzes, from a historical perspective, the recent processes of land grabbing in the Argentinian agricultural field, and the effects related to typical long-term trends of the capitalist system. It explains ongoing condi-

1 Ponencia a la Mesa redonda: Ambiente y Sociedad: La Disputa por los Recursos Naturales, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de Mé-xico, octubre de 2014.2 Investigadora del Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios, Facultad de Ciencias Eco-nómicas, Universidad de Buenos Aires. E-mail: [email protected]

Gabriela Martínez Dougnac

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tions existing both in the macroeconomic scenario and in the agricultural sector.

The national economic processes that frame the present dispute over nat-ural resources, agricultural land in particular, have an influence in its specific areas, and take the form of a remarkable concentration and denationaliza-tion of the economy, and an accelerated sojization of agriculture. According to these processes, explanations are offered on how trends of global capitalist accumulation affect the characteristics adopted by the monopolization of regional land use.

Finally, some particular cases that illustrate the above mentioned pro-cesses provide elements to define a typology showing the relevant features of the phenomenon.

Key words: Argentinian agricultural field, land grabbing, sojization, eco-nomic concentration, dispossession, agrarian capitalism.

Introducción al problema de la tierra desde la historiaEn los últimos años se ha observado la aparición de numerosa bibliografía y artículos periodísticos acerca del problema agrario y de la tierra en la Ar-gentina, en los que ha tendido a identificarse como una de sus causas prin-cipales –y en algunos casos exclusiva- el proceso de acelerada sojización de la agricultura, ocurrida a partir sobre todo de mediados de la década de 1990 en virtud de la aplicación de un nuevo paquete tecnológico, cuya innovación principal es el uso de semillas genéticamente modificadas combinada con la siembra directa.

Sin embargo, si bien el avance del monocultivo sojero se asocia en gran medida a la intensificación de los conflictos en torno a la apropiación y uso del suelo -y al modo como se ha concentrado la explotación de este recur-so natural-, la soja no deja de ser más que una expresión de época, la más paradigmática, emergente de los procesos y las tendencias “naturales” inhe-rentes al funcionamiento del régimen del capital y su fuerte avance sobre la agricultura argentina. No es la soja pues, sino el capitalismo y las relaciones y condiciones de producción que este impone, las que permiten explicar la presente concentración de la tierra en pocas manos y el creciente despojo al que son sometidos los campesinos y pequeños productores que son despla-zados de sus antiguas condiciones de vida y de trabajo.

Desde sus orígenes, vale decir desde los tiempos de la llamada acumu-lación originaria, el desarrollo del capital está asociado a la expropiación

Disputas, acaparamiento y despojo de tierras en la Argentina: “no es la soja, es el capitalismo…”

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de los productores directos, y a través de este camino ha avanzado históri-camente sobre los territorios rurales. En la prehistoria del capital aparece como condición necesaria para su instalación el arrebato, el desapodera-miento, de la tierra, instrumentos de trabajo y medios de vida de quienes se verán violentamente lanzados al mercado de trabajo “como proletarios libres y desheredados”, convirtiendo, como señalara Marx, “la propiedad minúscula de muchos en propiedad gigantesca de unos pocos” (Marx, 1984: 952).

En los territorios campesinos de América Latina, cuando estos son in-corporados a los procesos de valorización del capital, tal cual sucede en las provincias del norte argentino –por ejemplo en campos ocupados por pas-tores que han dispuesto por siglos del monte nativo para la reproducción de su existencia-, las formas de explotación que se imponen exigen la expropia-ción y el despojo de los antiguos ocupantes, desarrollándose un proceso en cierta forma similar, aunque con rasgos específicos que lo distinguen, al que caracterizara los orígenes de la acumulación capitalista, y sus improntas de desposeer, acaparar, desplazar, expoliar3.

Efectivamente, también en la versión moderna de la expansión capi-talista en territorios donde hasta el momento no hallaba las condiciones económicas y tecnológicas apropiadas para la valoración de las inversio-nes a una tasa normal de ganancia, la violencia –burguesa y terratenien-te- juega un rol destacado, desestructurando comunidades campesinas, avasallando su antigua ocupación del suelo, desconociendo derechos tanto legales como adquiridos en virtud de un uso prolongado, prole-tarizando a una parte de los productores familiares y forzando al resto a acomodarse a una nueva vida de aún mayor pobreza y precariedad. En este sentido a menudo se confunde –operación grata a los nuevos concentradores- la marginalidad de ciertos espacios rurales respecto del capital con la infravaloración de las formas de producción y sociabilidad instaladas en ellos, que aunque diferentes no resultan, por decir poco, menos legítimas. Por otra parte, no debe olvidarse que en estos casos el avance del capital igualmente lo es sobre ecosistemas frágiles, para los cuales las nuevas formas de producción también implican un ataque a la naturaleza y la biodiversidad, como puede observarse en el caso de la depredación de los bosques nativos.

3 Para el debate acerca de la denominada “acumulación originaria reiterada” y la “acumulación por expropiación” puede verse, además de Harvey (2005), el artículo de Grijera y Alvarez (2013).


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Pero no solamente en las tierras nuevas para el gran capital se manifies-tan los fenómenos socioeconómicos de expropiación y despojo, ya que los mismos se presentan regularmente –aunque bajo apariencias tan “mercanti-les y naturales” que con frecuencia los tornan, sino imperceptibles, al menos “normales”- en las regiones agrarias donde el predominio de las relaciones de producción capitalistas resulta de antigua data, como es el caso de la pampa húmeda. Allí, los agricultores familiares capitalizados y la pequeña burguesía agraria han ido perdiendo de un modo creciente durante el último medio siglo, y especialmente desde comienzos de los noventa (Azcuy Ameghino, 2005), buena parte de su influencia en la producción, cediendo tierras y espa-cios sociales bajo el influjo del proceso de concentración económica del cual resultan menos y más extensas explotaciones, organizadas bajo las diferentes modalidades en que se presenta el gran capital concentrador (terratenientes capitalistas, grandes arrendatarios, pools de siembra, etc.).

Obviamente, estos movimientos no forman parte de la instalación y el dominio del modo de producción capitalista, sino que resultan de las leyes que este impone en el desarrollo de su reproducción ampliada, donde un nuevo tipo de expropiación cobra forma: “Ahora ya no es el trabajador que gobierna su economía el que debe ser expropiado, sino el capitalista ... Esta expropiación se lleva a cabo por el juego de leyes inmanentes de la propia producción capitalista, por la centralización de los capitales. Un capitalista devora a muchos otros…” (Marx, 1984: 953).

Uno de los aspectos del problema actual de la tierra en la Argentina, el que se expresa en un movimiento creciente de acaparamiento de la propie-dad y, sobre todo, del uso del suelo -con el consecuente despojo de aquellos que hasta el momento disponían de de uno y/u otro derecho-, puede aso-ciarse en gran medida a las dos vías de expropiación capitalista que hemos señalado, las cuales por cierto tienen su historia.

A lo largo de ella se observa un doble movimiento en relación con la con-centración de la tierra. Por un lado la impronta del origen, vale decir la exis-tencia de una estructura de la propiedad fundiaria altamente monopolizada que la Argentina recibió como herencia de su pasado colonial, cuando la tierra –por mercedes reales, remates y composiciones- comenzara a ser apropiada en grandes extensiones por una clase terrateniente precapitalista en vías de afirmación, que consolidó la vigencia del latifundio en los campos virreinales (Azcuy Ameghino, 1995). Este proceso histórico reviste un significado actual ya que, como ha sido señalado por numerosos investigadores, luego de la in-dependencia, con hitos como la “ley de enfiteusis” y la conquista del “desierto”,


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aun cuando la titularidad nominal cambiara de manos –sin perjuicio de que todavía subsisten familias terratenientes de origen patricio-4 , el dominio de los campos mantuvo y acrecentó su matriz basada en la gran propiedad.

El posterior aburguesamiento de los mencionados terratenientes, en lí-nea con el desarrollo y consolidación de las relaciones de producción capi-talistas en el agro, se realizó predominantemente bajo formas “prusianas”, es decir manteniendo el régimen de propiedad e incorporando trabajo asa-lariado y medios de producción modernos en las grandes estancias y otras unidades de producción. Sin perjuicio de ello, el progreso de la agricultura y la presencia de numerosos campesinos inmigrantes potenciaron, especial-mente en la región pampeana, el desarrollo de un sistema de arrendamien-tos donde se confundieron la conflictividad terrateniente-campesina, con la generada por la incipiente contradicción entre la propiedad territorial y el capital, parcialmente oculta –sobre todo en el parteaguas de los siglos XIX y XX- detrás de la anterior.

Puesta en producción agrícola la región pampeana –principalmente con trigo, maíz y lino-, y con una fuerte presencia de la ganadería vacuna, ya a partir de la década de 1930, asociada a una serie de transformaciones poten-ciadas en gran medida por la gran crisis económica mundial, comenzarían a hacerse visibles las señales que indicaban una mayor presencia de capitales de origen extra-agrario enfocados hacia la propiedad y la producción rural, lo cual se expresó en la temprana preocupación que comenzaron a mostrar algunos integrantes y voceros de la antigua clase terrateniente frente al for-talecimiento de un rival cada vez más activo en la disputa por el control de las condiciones de producción. El cual aparecía encarnado, como señalara un diputado conservador en 1942, por las nuevas fracciones capitalistas que “invierten grandes sumas de dinero en la adquisición de nuestras tierras me-jores” (Weill, 1944).5

Con estos antecedentes, madurado el capitalismo agrario pampeano ha-cia mediados del siglo XX, comenzarían -luego de una breve transición que

4 Puede mencionarse el caso de familias tradicionales como los Alzaga, Unzué, Ortiz Basualdo, Anchorena, Pueyrredón, Balcarce, todavía hoy poseedoras cada una de mas de 2.500 hectáreas en la provincia de Buenos Aires (Basualdo y Khavisse, 1994).5 Este representante de una de las corporaciones tradicionales de terratenientes (CARBAP), que se quejaba al observar la amenazante presencia económica de una “nueva clase … los capi-talistas …los propietarios anónimos”, impulsó una nueva ley de colonización con, entre otros objetivos, el de “evitar la formación de verdaderos latifundios por parte de fondos inversores anónimos y capitales extranjeros … ese capital extranjero, el cual sin alma ni dios, actualmente se ha infiltrado en nuestra pampa…” Diputado Mujica Garmendia, Cámara de Diputados, 1942. (Citado en Weill, 1944: 291).


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se estiró hasta fines de los sesenta- a manifestarse los signos de un proceso de concentración del capital, consistente con el peso creciente de una agri-cultura que incrementaba su rentabilidad, que alcanzaría picos de extrema agudeza durante los últimos veinte años, haciendo recrudecer la disputa por el control de los territorios con superficies aptas para la expansión de los cultivos.

Esta situación, asociada tanto con las políticas neoliberales clásicas de los años noventa como con las actualmente en curso, se manifestó con sus corres-pondientes especificidades tanto en las zonas tradicionalmente orientadas a la producción de cereales y oleaginosas como en territorios que habían perma-necido en lo fundamental ajenos a la expansión de dicho tipo de agricultura.

En este contexto, el creciente acaparamiento de la tierra agrícola –y mi-nera- se integra, aunque con rasgos particulares que lo distinguen de procesos parecidos ocurridos en otros países, a un movimiento internacional, más ge-neral, que deviene de las condiciones actuales de acumulación capitalista en el ámbito global (Mc Michael, 2012; Borrás, Kay Gómez y Wilkinson, 2013).

Acumulación capitalista en la Argentina y papel del agronegocio: concen-tración y extranjerización del capital agrarioEl problema de la tierra y la cuestión agraria en la Argentina sólo puede ser comprendido atendiendo al contexto histórico y las modulaciones actuales de la acumulación capitalista en la agricultura y en la economía nacional en general. Luego de producirse en 2001 -tras un gran estallido popular- la caída del programa neoliberal, finalizó una década de tipo de cambio sobre-valuado mediante la convertibilidad de un peso por un dólar, instrumen-tándose entonces una macrodevaluación del peso que estimuló la aparición de nuevas condiciones de competitividad y rentabilidad para los productos agrarios orientados a la exportación.

Sin embargo, la nueva política cambiaria y las medidas económicas que la acompañaron, incluido un papel más activo del Estado, no modificaron el curso de algunas de las principales tendencias vigentes en Argentina durante el predominio del neoliberalismo y la llamada “valorización financiera”. La abrupta depreciación de la moneda nacional implicó, tal cual venía ocurrien-do en los noventa aunque bajo otras circunstancias, por un lado una notoria transferencia de recursos del trabajo hacia el capital, registrándose un agudo descenso del salario real. Por otro lado determinó, en un escenario de relativa expansión productiva y aumento en los niveles de facturación de las mayo-res empresas, no sólo la continuidad sino la aceleración de los procesos de


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extranjerización, concentración y centralización del capital, sobre todo en las ramas productivas vinculadas a la explotación de recursos naturales y al agronegocio, especialmente en las orientadas al mercado externo.

El estudio de los cambios operados en las últimas dos décadas entre las empresas de mayor facturación de Argentina permite detectar estos fenó-menos6, dando cuenta del peso creciente que adquiere dicha cúpula en la economía (Schorr et al., 2012)7. Así, en el año 2010 entre las 50 empresas mayores, que son asimismo aquellas que muestran tasas más elevadas de crecimiento durante los últimos diez años y que constituyen el 17% del valor total del producto nacional y el 60% del valor de las exportaciones, se en-cuentran algunas de las más importantes firmas vinculadas al agronegocio. Estas, si bien crecieron en el contexto de los años noventa, encontrarían en el escenario posterior a 2001 las mejores condiciones para aumentar sus ganan-cias extraordinarias, tal como se verifica en los casos de firmas como Cargill, Aceitera General Deheza, Bunge Argentina, Louis Dreyfus, Molinos Río de la Plata, Vicentín, Asociación de Cooperativas Argentinas y Nidera, todas ellas vinculadas, al menos en parte, a la cadena de la soja.

De esta manera la consolidación en la cúpula empresaria de las firmas dedicadas al negocio de los comodities y a la explotación de recursos naturales -de creciente rentabilidad luego de devaluación- significó el desplazamiento del liderazgo que en los noventa ejercía un conjunto de firmas más orienta-das al mercado local, asociadas “con la prestación de servicios (sobre todo los públicos privatizados) y con diferentes modalidades de especulación finan-ciera” (Schorr et al., 2012; 15).

Tras la crisis de las políticas neoliberales, al igual que las tendencias hacia la concentración y centralización del capital, tampoco se desaceleró sino que por el contrario se profundizó, la extranjerización de la economía argentina, proceso en el que también se destacaron los grupos empresarios dedicados al negocio agropecuario y agroindustrial.8

6 Por ejemplo entre 1990 y 2010 las 200 empresas más grandes de la Argentina acrecentaron su predominio económico aumentando considerablemente el peso de su facturación total en el va-lor de la producción nacional (del 16,4% al 27,1%). Asimismo si en 1991 las 50 mayores empresas de la cúpula explicaban el 27,0% de las exportaciones totales, en 2001 su participación aumentó al 41,4%, y en el año 2010 al 59,1% (Schorr et al., 2012).7 Además de las fuentes que se señalan en el texto la mayor parte de la información que se reproduce en este punto acerca de la denominada cúpula empresarial se ha sintetizado de Shorr, Manzinelli y Basualdo (2012).8 Pueden mencionarse entre otras a Agroservicios Pampeanos, Molfino Hermanos, Noble, Pro-ductos de Maíz, Quickfood y Tabacal Agroindustria, JohnDeere y Macrosa del Plata, Glencore Grain, Finexcorp.


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El 66% de las 50 empresas líderes de la Argentina es de capital extranjero. Por otro lado, mientras que en 1995 el 26,5% de la facturación de las 200 fir-mas con mayor peso económico dependía de grupos foráneos, en 2010 dicha participación se elevó al 57,5%.

En este contexto, el capital de origen externo se ha consolidado como el agente principal de los procesos de concentración y centralización capi-talista, debido en gran medida a su significativa participación en las ramas más rentables, donde tiende a constituir oligopolios favorecido por el gran tamaño de las escalas productivas que opera, captando elevados dividendos en virtud de sus ventajas competitivas.9

Entre las firmas concentradas, el posicionamiento de las dedicadas al ne-gocio agrícola y agroindustrial se vio también potenciado, además de por las políticas locales que determinaron precios relativos favorables, por un contexto internacional en el cual se amplió notablemente la demanda de alimentos, lo cual determinó -junto con otros factores- que, como en el caso de los hidrocar-buros y otras materias primas, se afirmara una tendencia al alza de los precios de los cereales y oleaginosas. Esta situación, acompañada por la progresiva orientación de fondos especulativos hacia la producción de comodities, estimuló el estallido de una nueva y profunda crisis alimentaria en el año 2008. Y si bien el posterior descalabro financiero disparado en Estados Unidos detuvo tem-poralmente la tendencia alcista, la misma se consolidaría a partir de una nueva ola de flujos de capitales hacia el sector agroalimentario (Rubio y Peña, 2013).10 En el caso de la soja –semilla y derivados-, por ejemplo, durante la primera década del siglo XXI se produjo un alza casi constante hasta el 2013 de aproxi-madamente el 200% en el precio del grano y 230% en el aceite.11

Los procesos de acumulación capitalista en el agro: la sojización y la in-corporación de territorios a la valorización del capitalDurante las últimas décadas el creciente dominio del capital sobre la agri-cultura se ha manifestado en la expansión y presencia casi excluyente, en gran parte de los territorios rurales de América Latina, de un modelo de

9 Posiblemente sea al caso de la empresa minera de origen canadiense Barrick Gold Company, cuya subsidiaria Minera Argentina Gold se ubica entre las 50 firmas de la elite empresarial más concentrada, uno de los ejemplos paradigmáticos de este proceso. La empresa anuncia en medios periodísticos de la Argentina que hoy, el 34% del PBI de San Juan, provincia en la cual opera desde hace años, depende de sus actividades económicas en ese territorio provincial.10 En este último año 2014, sobre todo para la soja, esta tendencia alcista se ha revertido.11 Para la semilla de soja se ha tomado la evolución de precios promedio anuales FOB Golfo de México 2000-2013, y para los aceites precios FOB Argentina


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desarrollo agrario que ha subordinado o marginado todas aquellas formas de producción que no responden a la lógica de la rentabilidad y la acumu-lación capitalista. Esta situación, acompañada de aumentos constantes de la producción y la productividad por hectárea –incluida una mayor explotación del trabajo asalariado- se procesó a expensas de una creciente degradación de los recursos naturales, los cuales, al igual que los beneficios resultantes de la expansión productiva, han sido apropiados de modo excluyente por una elite privilegiada de burgueses y terratenientes.

En Argentina, con la creciente sojización de la agricultura iniciada en la década del noventa, se fue manifestando con toda su contundencia el mode-lo del agronegocio, el cual se presentó estrechamente vinculado a algunos de los procesos socioeconómicos que le son paradigmáticos, como la concentra-ción de la producción, la desaparición de explotaciones y la descomposición de la agricultura de base familiar, todos impuestos por el avance creciente del capital (Martínez Dougnac, 2013a).12

El uso de semillas genéticamente modificadas13, la utilización del sistema de siembra directa, la creciente aplicación de agroquímicos y de la inversión en insumos y maquinarias hicieron del cultivo de soja el signo de la agri-cultura capitalista moderna. La expansión del cultivo de soja en la Argen-tina es un proceso relativamente reciente y breve: partiendo de principios de los años setenta del siglo pasado -cuando se superaron por primera vez las 100,000 hectáreas cultivadas-, ya hacia 1998 la superficie ocupada por la oleaginosa superó los 7 millones de hectáreas, llegando a ocupar en la campaña 2012-2013 más de 20 millones. La serie de mapas siguiente permite visualizar la dimensión del fenómeno.

12 En la historia del cultivo de soja en Argentina hasta su acelerada expansión actual (soji-zación), hemos distinguido tres etapas: (1) desde los inicios irregulares del cultivo hasta su adopción parcial; (2) adopción relativamente generalizada y expansión creciente en la pampa húmeda (1970-1990); (3) la sojización, asociada al modelo de avance del capital en la agricultura instalado a partir de los años noventa (Martínez Dougnac, 2013a).13 A diferencia por ejemplo de Brasil, en la Argentina, según datos de la FAO (FAOSTAD, 2011), desde hace años y hasta la última campaña agrícola, prácticamente la totalidad de la soja sembrada proviene de la semilla RR, genéticamente modificada y resistente al glifosato (MAGyP-IICA, 2012).


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Desde su expansión inicial en la década del setenta el desarrollo de este cul-tivo estuvo asociado tanto a condiciones favorables en el mercado mundial como a la articulación creciente entre la producción primaria y los complejos agroindustriales

Por un lado el mercado europeo, debido a la necesidad de suplantar la provisión de harinas de pescado destinadas a la fabricación de alimentos ba-lanceados con alto contenido de proteínas para la alimentación de animales –sobre todo porcinos y aves-, impulsó la demanda mundial de derivados de soja. Por otro, la instalación de firmas productoras de aceite en la cercanía de algunos de los puertos más importantes de la pampa húmeda determinó que muchos productores de la zona, valorando la posibilidad de una demanda asegurada, se inclinaran progresivamente hacia la siembra de soja.

El desplazamiento de la hasta entonces dominante producción de maíz en las tierras de mayor aptitud agrícola de la Argentina, así como el aban-dono creciente de planteos mixtos agrícola-ganaderos fueron una respuesta evidente a las ventajas que en términos de rentabilidad implicaba el doble cultivo anual trigo–soja, el cual estimuló durante los setenta un proceso de agriculturización en la pampa húmeda en cuyo marco se verificaría el avance, sin prisa pero sin pausa, del cultivo de soja.


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En estos albores de la expansión es posible percibir un fenómeno relati-vamente nuevo en términos del grado de generalización que fue alcanzando, consistente en la toma de tierras mediante contratos cortos, generalmente “de palabra”: los llamados “contratos accidentales”14, destinados en muchos casos a incrementar la escala productiva de diversos tamaños de propietarios. Junto a otros factores15, este modo de arrendamiento contribuiría a generar una mayor presión sobre la tierra, con el consiguiente aumento –tendencial-mente constante y progresivo- de los valores de la tierra y la renta.

Esta primera etapa de expansión, concentrada en los territorios pam-peanos, se desarrolló a partir del aprovechamiento de la infraestructura ya instalada (sobre todo en acopio y comercialización de semillas y cercanía a puertos) de modo extensivo y con una orientación casi exclusiva hacia la exportación.

El proceso de agriculturización referido se consolidaría durante los años noventa desarrollándose de manera ininterrumpida hasta el presente, con una fuerte tendencia al monocultivo o sojización. Así, entre 1990 y 2013 la superficie sembrada con soja se cuadruplicó, al pasar su participación por-centual en el total de granos cosechados del 28% a más del 60%.

Además del desplazamiento parcial de la ganadería vacuna y el avan-ce del doble cultivo, dicho aumento se sustentó en la incorporación de te-rritorios fuera de la región pampeana, en otras zonas agroecológicas, sobre suelos más frágiles y desplazando tanto producciones tradicionales (cabras, algodón, etc.), como poblaciones predominantemente campesinas que fue-ron siendo desposeídas de sus ancestrales medios y espacios de subsistencia, instalándose una disputa por los territorios que derivó en una creciente mo-nopolización del uso del suelo en grandes extensiones, reproduciéndose el modelo productivo pampeano –la pampeanización- y el predominio de las economías de escala.

La lectura comparada de los mapas que dan cuenta del aumento del uso agrícola de los suelos a escala nacional permite observar la magnitud del proceso de reconversión del uso productivo de extensos territorios.

14 El derecho agrario distingue los contratos de arrendamiento, que se extienden al menos por tres años, tanto de los llamados contratos accidentales, que implican la toma de tierras por un ciclo agrícola, como de diferentes tipos de aparcerías que pueden implicar un vínculo contrac-tual menor a tres años.15 Por ejemplo el inicio de una etapa de aumentos crecientes de inversión de capital por hec-tárea.


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Durante los últimos años el fenómeno que hemos descripto resultó re-forzado –vía precios- por el papel creciente de la demanda proveniente de países como China e India que fueron incrementando sus importaciones de alimentos y materias primas. En particular el papel de China resultó parti-cularmente relevante, ya no sólo como mercado principal de la cadena de la oleaginosa, sino también por convertirse en uno de los principales socios comerciales de la Argentina. Asimismo, la expansión económica china pro-movió una ola creciente de inversiones hacia nuestro país, orientadas sobre todo a los mercados financieros y a la producción de minerales y alimentos. En la actualidad, dichas inversiones se ubican en el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y España, destacándose en el caso del negocio agroalimen-tario la compra del 51% de la tradicional firma Nidera por parte del grupo de capitales chinos China Grains and Oils Group Corp (Boyadjian, 2014).

Cabe señalar que la relevancia del proceso de sojización se expresa tam-bién en la participación del complejo oleaginoso –granos, aceite, harina, biodiesel- en el total de las exportaciones,16 donde da cuenta del 25% de las mismas. Así, según datos del USDA Argentina es actualmente el primer

16 Otro indicador de la importancia del complejo para la economía nacional es que aporta al Estado alrededor de un 4% del PBI en concepto de gravámenes a la exportación.


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exportador mundial de aceite y harina de soja y el tercero de granos, partici-pando respectivamente los productos referidos durante el período 2010-2012 con el 15%, 60% y entre el 44% del total de las exportaciones mundiales. Del poroto sin procesar -que constituye alrededor del 25% del total cosechado- se exporta casi un 75%, fundamentalmente a China, país que junto con la India son los principales compradores de aceite, mientras que la Unión Europea es el primer demandante de harina y biodiesel.

En síntesis, la expansión de una agricultura vinculada a las cadenas agroindustriales (representada de modo “ideal” en el complejo sojero), la apropiación por parte del capital de los territorios en disputa, y la extensión de la frontera agropecuaria, resultan la expresión de los procesos de acumula-ción locales en estrecha combinación con los mecanismos de la reproducción ampliada del capital en escala global.

El problema de la tierra: acaparamiento y despojoDurante los últimos veinte años, acompañando la expansión del monoculti-vo y las sucesivas cosechas récord, se ha verificado una persistente tendencia hacia el incremento del precio de la tierra y de la renta percibida por sus pro-pietarios (Azcuy Ameghino, 2007). Lo cual no sólo ha sucedido en las tierras más fértiles del corazón de la pampa húmeda, sino también en las demás regiones que, aunque de menor aptitud agroecológica, se han incorporado al proceso de expansión de la frontera agropecuaria.

El progresivo aumento del precio de la tierra en suelos de diferentes con-diciones de fertilidad y ubicación dentro de la región pampeana,17 se puede observar en el siguiente gráfico que contempla su evolución tanto en las tierras de mayor capacidad agrícola como en aquellas que fueran tradicional-mente de aptitud mixta agrícola-ganadera, donde durante los últimos años los cultivos han desplazado en gran medida al engorde de ganado (inverna-da).

17 Solo es posible acceder a series de larga duración relativamente confiables para las provincias que conforman esta región.


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En efecto, hacia 1990 la hectárea de la mejor tierra agrícola (zona núcleo de la pampa húmeda, tradicionalmente maicera y hoy sojero-maicera)18 valía 2, 058 dólares, mientras que en el área de invernada rondaba los 770. Luego de algo más de dos décadas, los valores fueron respectivamente 17,300 y 8,960 dólares; tendencia que se trasladó también a los campos de cría –en general poco aptos para la agricultura- donde para el mismo período el valor de la hectárea ascendió de 270 a 3,200 dólares.

Igualmente, en las provincias del norte argentino -principalmente en Salta, Santiago del Estero y Chaco- donde se fueron extendiendo las producciones pampeanas, también se registró un alza constante de la renta del suelo y los precios de la tierra, estimulados por las nuevas posibilidades de valorización del capital, los montos crecientes de inversión, los acelerados desmontes, la incorporación de mejoras, y el consecuente aumento de la producción. Así, en las tierras agrícolas del noroeste de Santiago del Estero (gran escenario de la sojización) y de la provincia de Salta (soja, agricultura de secano, ganadería)19,

18 Suele denominarse todavía maicera a la zona núcleo de la pampa húmeda, donde se encuen-tran las tierras agrícolas más fértiles, ya que hasta fines de los setenta este fue el cultivo domi-nante. A partir de esos años la soja desplazó casi por completo a este y otros cultivos.19 Por ejemplo la tierra en el departamento de las Lajitas, donde se concentra más del 65% de toda la superficie sembrada con soja en Salta.


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como reflejo del alza de la renta,20 el precio por hectárea aumentó -entre el 2000 y el 2012- de 300 a casi 2,000 dólares, y de 1,000 a 6,000 dólares respec-tivamente.21

De esta manera, la extraordinaria renta agraria, así como la minera, y los crecientes dividendos provenientes de la inversión de capital en dichos sectores, potenciaron a una escala desconocida hasta entonces en Argentina la competencia por la apropiación y el uso de la tierra en particular, y de los recursos naturales en general.

Este fenómeno se ha expresado de un modo más solapado en el medio pampeano que en las tierras que se incorporaron a la expansión sojera en las regiones extrapampeanas, como ocurriera –y ocurre- en el norte de la provincia de Córdoba, Santiago del Estero y demás sitios donde aún existen territorios con población campesina de tipo tradicional (Hocsman, 2013), la que sufre con frecuencia de modo violento el despojo que les impone la creciente expansión del capital.

Habiendo presentado en líneas generales el modo en el que el capital se viene expandiendo territorialmente -acaparando recursos naturales y des-plazando agregados sociales que anteriormente le resultaban relativamente ajenos-, y señaladas las condiciones que han generado dicho movimiento y sus tendencias más relevantes, a continuación se expondrán algunos casos paradigmáticos que nos permitirán ilustrar algunos de los rasgos puntuales de los fenómenos considerados.

En el caso de las provincias pampeanas se han generado procesos dife-renciados de acuerdo a su locación, sea esta el corazón de la pampa húmeda o las tierras relativamente más marginales de menores condiciones agroeco-lógicas.

En los partidos cerealeros mas ricos, aquellos ubicados al norte de Bue-nos Aires, sur de la provincia de Santa Fe y este de Córdoba, la concentra-ción del uso del suelo se ha dado mediante el alquiler de tierras –arrenda-miento y contrato accidental- tanto por parte de propietarios que buscan ampliar la escala de sus operaciones como por grandes pools, fondos de in-versión y fideicomisos, debiéndose hacer notar la participación dentro de

20 Entre las campañas 2001/2002 y 2011/2012 en la zona núcleo sojera el precio del arrenda-miento por hectárea se elevó de 11 a 19 quintales de soja, y en dólares de 161 a 613. En las pro-vincias del noroeste se estarían pagando en la actualidad -considerando rindes promedio por provincia- entre unos 7 qq en Santiago del Estero y 10 qq en Salta. (Márgenes Agropecuarios, Reseña Estadística, 2012)21 En los dos casos considerados, hasta el 2000 los valores de la tierra se habían mantenido en rangos relativamente bajos y sin variaciones significativas (Compañía Argentina de Tierras).


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este conjunto de algunas de las principales firmas que operan en el mercado de agroalimentos (Aceitera General Deheza, Cargill, Dreyfus, Nidera, Los Grobo Agropecuaria, etc).

Como consecuencia de este avance sobre campos previamente ocupados por otros agentes económicos, se ha producido un constante desplazamiento fuera de la producción de una masa creciente de pequeños y medianos agri-cultores –en muchos casos de tipo familiar capitalizado- que, especialmente durante los noventa han vendido su tierra imposibilitados de competir ante las mayores exigencias de capital impuestas por los nuevos paquetes tecno-lógicos O que, sin desprenderse de la tierra, por falta de capital de trabajo y un fuerte endeudamiento debieron cederla a terceros (los concentradores) para su cultivo, resultando también privados de su carácter de productores por su imposibilidad de permanecer operando en un mercado cada vez mas competitivo (Cloquell et al., 2007).

También en la zona núcleo resulta interesante considerar un caso que, aunque diferente a las referencias más habituales mencionadas en el párrafo anterior, da cuenta de la continuidad de situaciones generadas en épocas anteriores que todavía hoy permanecen sin resolver, involucrando el accionar de varios de los tipos de actores que ocupan el escenario agrícola del siglo XXI.

En la localidad de Bigand (Santa Fe), ubicada en la zona de más tem-prana expansión del cultivo de soja en el núcleo de la pampa “chacarera”22, el proceso acelerado de aumento del precio de la tierra devino en un prolon-gado conflicto en torno a su utilización productiva. En el 2004, luego de la muerte sin herederos de María Mercedes Bigand, descendiente del fundador del pueblo, la estancia de 3,800 hectáreas que poseía en esa localidad pasó, junto con el resto de su patrimonio, a engrosar la lista de bienes que entraron en trámite judicial de sucesión. En su testamento la propietaria terratenien-te había establecido que aquellas hectáreas, asiento hasta la actualidad de numerosas pequeñas y medianas explotaciones, integrarían el patrimonio de la fundación que llevaba el nombre de su abuelo, estableciendo asimismo que las 32 familias de “colonos” que las ocupaban en arriendo desde hacía décadas en unidades de aproximadamente 50 hectáreas, podrían renovar sus contratos -sin ser expulsados- al menos durante los siguientes 10 años (hasta

22 Fue a pocos kilómetros de esta localidad, en Alcorta, donde en 1912, luego de una prolongada lucha, se fundó la Federación Agraria Argentina, corporación que bajo la consigna “la tierra para el que la trabaja”, representó durante décadas a los agricultores familiares arrendatarios de la pampa húmeda, los chacareros.


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2015), o tener prioridad en la opción de compra en caso que estas parcelas se enajenasen. Sin embargo, a pesar de lo establecido testamentariamente, al momento de la muerte de su antigua propietaria los arrendatarios tuvieron que enfrentar las amenazas de desalojo llevadas adelante por el albacea de la señora Bigand, y sólo a partir de la organización y la lucha -y luego de un dictamen judicial favorable- resultó posible mantener el uso de esos campos y la prórroga de los contratos al menos por los diez años que establecía el testamento23.

Un elemento decisivo a efectos de entender como se fue potenciando este conflicto resulta del aumento generado en el precio de la tierra agrícola a partir de la macro devaluación del peso argentino en 2002. Es así que en la zona, de monocultivo de soja, los pequeños arrendatarios venían ofreciendo unos 18 quintales por hectárea, situación que comenzó a cambiar a medida que comenzaron a operar en la región los pools de siembra, y sobre todo al-gunos de los grupos empresarios más concentrados como Aceitera General Deheza (AGD), que siendo tomadores de tierra a gran escala y en distintas zonas, pueden pagar rentas superiores a las normales, razón por la cual su presencia en Bigand determinó que el precio del alquiler por hectárea se elevara a 20 o 22 quintales.

De este modo, generalizable dentro de una de las formas típicas de aca-paramiento del uso del suelo, la llegada de los nuevos inversores resultó en un renovado conflicto por la tierra. Así, el aumento de la renta determinó que los colonos arrendatarios que ocupaban el campo de Bigand fueran compe-lidos a abandonarlo para que el abogado de la sucesión pudiera alquilárselo, a precios más elevados, a la empresa aceitera. Finalmente, aunque la justicia forzó la renovación parcial de los pequeños arriendos a los colonos, igual se cedieron a la firma AGD unas 800 hectáreas mediante un contrato a tres años que fue pagado por adelantado en su totalidad a razón de 70 quintales por hectárea (Echaguibel, 2012; Diario La Capital, 2006).

Ya fuera de la región pampeana, en suelos hasta hace poco marginales –como los del norte de la provincia de Córdoba, Santiago del Estero, Salta, etc.-, en buena medida cubiertos de monte nativo y ocupados por campesi-nos pastores que los destinaban con frecuencia al uso comunal para el pas-

23 Las demandas de los chacareros fueron también apoyadas por las autoridades del pueblo ya que el mencionado testamento incluía también un fondo que se destinaría, vía una fundación, a mejoras de infraestructura en la localidad, cláusula que tampoco fue cumplida por el albacea, generando así el reclamo conjunto de agricultores y autoridades (Echaguibel, 2012; Diario La Capital, 2006).


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toreo de ganados menores, el avance del capital que impulsa el corrimiento de la frontera agrícola determinó la expropiación de numerosos campesinos ocupantes, y los consecuentes desmontes al modificarse radicalmente el uso del suelo, fenómeno que se ha extendido aceleradamente durante esta última década.

Asimismo, la agriculturización pampeana, extendida como hemos visto sobre terrenos de aptitud mixta, ha empujado los rodeos vacunos hacia cam-pos considerados hasta entonces inadecuados y poco atractivos para la valo-rización del capital ganadero. De este modo, la búsqueda de nuevas tierras por parte de los criadores de bovinos los ha llevado también –al igual que a los sojeros- a cercar y desmontar territorios tradicionalmente ocupados por familias campesinas con sus cabras y sus pequeñas huertas, las cuales resultan crecientemente expropiadas, desplazadas y pauperizadas. Junto con la traumática descampesinización de las zonas referidas se ha impuesto pues la propiedad privada capitalista de los recursos naturales y ambientales, sobre los cuales sus auténticos ocupantes habían ejercido derechos de uso y otras formas de dominio desde tiempos remotos (Cáceres et al., 2009; Preda, 2012; Pais, 2008).

El proceso de acaparamiento de tierras en curso en Argentina no se ha-lla exento de formas abiertas del ejercicio de la violencia, las cuales se han registrado con frecuencia especialmente en territorios extrapampeanos de ocupación campesina. Así, por ejemplo, en 2012 en la provincia de Santiago del Estero –uno de los principales escenarios de la expansión de la frontera agropecuaria y de la agricultura capitalista-, un militante del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) que resistía junto a otros compañeros un desalojo en unos terrenos donde los crecientes desmontes fueron acompañados de una escalada de violencia contra los campesinos y originarios que los ocupaban, fue asesinado -según concluyó la justicia- por el mayordomo de un empresario sojero de la provincia de Santa Fe, con campos propios también en Santiago, donde el año anterior había sembrado unas 3,500 hectáreas.

Otro episodio representativo de la conflictividad generada por la tenden-cia al acaparamiento de tierras al servicio de la expansión del capital que se puede mencionar en esta brevísima ilustración de los argumentos expuestos, es el que se iniciara en 2006 en una zona del sur de Mendoza en la cual comenzaron a operar capitales dirigidos a impulsar proyectos relacionados con la ganadería vacuna, para lo cual el grupo inversor adquirió unas 27,000 hectáreas, ocupando y cercando parte de esa extensa superficie. Asimismo,


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realizó algunas construcciones, alambrados, inicio algunos cultivos de alfalfa e introdujo un lote de ganado vacuno.

Claro que en estos terrenos, ubicados en la localidad de Los Leones, se hallaba establecida una población campesina, predominantemente de pasto-res de cabras, que ocupaba en forma comunitaria desde mucho tiempo atrás parte de lo que se consideraba una superficie sin límites definidos, lo que dio inicio a una dura disputa por el territorio y sus recursos.

Luego de imponer distintos desplazamientos a los antiguos puesteros y acorralarlos con los cercados limitando en forma creciente el espacio disponi-ble para el pastoreo de sus animales, la empresa le impuso a muchos de esos campesinos el pago de un derecho de pastaje que, como bien se ha señala-do, “tiene como objetivo, más que la obtención de dinero o especias, el reco-nocimiento de quien cobra el pastaje como dueño”, puesto que, de acuerdo al uso jurídico generalizado, el pago implicaría el reconocimiento de la propiedad ajena (Liceaga, DÁmico y Martín, 2013: 157). El conflicto, todavía en curso y sin resolución, se profundizó al extenderse aún más los cercos, generando la reacción de los campesinos que ignoraron los alambrados e iniciaron acciones judiciales para recuperar su espacio de vivienda y producción.

Nótese que este espacio territorial en el cual coexiste actualmente la ocu-pación de antiguos poseedores con la irrupción de propietarios validos de novísimos títulos jurídicos reconocidos por el Estado, alberga, al igual que otras zonas campesinas, una de las expresiones sociales más características de la expansión del capital más allá de su frontera agraria tradicional, con el consiguiente despojo, vía desalojo o imposición de tributos, de los produc-tores familiares que sin títulos pero con indudables derechos reproducen allí su existencia.

Más allá del análisis de este tipo de conflictos, los distintos episodios de descampesinización asociados a la expansión del capital en el agro también deben considerarse en su asociación con la proletarización de parte de los miembros de las familias campesinas desplazadas de los campos que hasta entonces habían constituido el laboratorio natural de su vida. Resultando así despojada la unidad doméstica de parte de su fuerza de trabajo mediante la “apropiación” que realiza el capital de los brazos que incorpora al servicio de su valorización, lo cual si bien en algunos casos –ante recursos escasos para el número de personas que deben satisfacer- resulta una válvula de escape, en otros, debilita seriamente la capacidad de reproducción de la unidad familiar, aumentando así la pobreza creciente del resto de los integrantes del grupo doméstico.


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En los casos mencionados hasta aquí la adquisición de tierras en grandes superficies se ha llevado a cabo -vía compra, arrendamiento o arrebatamien-to- fundamentalmente a efectos de valorizar un capital destinándolo a la explotación agrícola y secundariamente ganadera. Pero el acaparamiento de tierras también responde a una voluntad especulativa: valorizar campos in-virtiendo en mejoras, para luego apropiarse de la renta cediendo el uso a ter-ceros o directamente realizándola mediante su venta. Este sería el caso, entre otros, de los negocios inmobiliarios de grandísimos terratenientes como la firma Cresud (con participación mayoritaria en el grupo IRSA), que a favor del movimiento casi ininterrumpido de aumento del precio del suelo regis-trado en todas las regiones agrarias del país desde inicios del siglo XXI, ha potenciado este tipo de negocio atrayendo no sólo inversiones locales sino también, en forma creciente, otras provenientes del exterior. Todo lo cual, además de incrementar la extranjerización de los campos, resulta una de las expresiones del modo en que se van vinculando los procesos globales y lo-cales de valorización del suelo y apropiación y concentración de los recursos naturales.

A partir de la crisis del 2001, en relación con la evolución del dominio de la tierra en manos de las firmas mas concentradas, es posible observar un movimiento similar al detectado en la cúpula empresarial de otras ramas de la economía, ya que los índices de crecimiento resultan más elevados en las empresas de capital extranjero o mixtas –sobre todo en estas últimas-, que en aquellas de origen local (Schorr et al., 2012; Murmis y Murmis, 2011). Esto daría cuenta de una circunstancia relativamente inédita en la historia del agro argentino,24 determinada por un avance sostenido de la extranjerización de la tierra, debiéndose precisar que en gran medida dicha expansión se ha producido vía financiamiento o asociación con grupos de origen local.

Si bien ha habido numerosas compras de tierras -todas ellas de extensas superficies- realizadas directamente por inversores externos, en los últimos años se han generalizado otras modalidades de acceso del capital foráneo a la propiedad territorial, al negocio agropecuario (producción, comerciali-zación, acopio y exportación de granos) y a otros productos derivados de la

24 Sin que exista un relevamiento pormenorizado al respecto, es sabido que en los años de mayor expansión de la red ferroviaria en la zona pampeana durante el siglo XIX las compa-ñías inglesas de ferrocarriles, devenidas en compañías de tierras al otorgárseles varias leguas de tierras fiscales en los contratos firmados con el gobierno nacional, detentaron la propiedad de una superficie importante de campo, y que parte de su rentabilidad empresaria se asociaba a los negocios realizados como compañía de tierras (ventas y arriendo).


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explotación de recursos naturales, pudiendo mencionarse la participación en empresas nacionales de cierta magnitud dedicadas a la explotación agrícola de campos mediante fondos de inversión, adquisición de paquetes acciona-rios, o a través de la provisión de financiamiento.

Como parte de este cuadro se puede mencionar la operatoria de, entre otros, el grupo El Tejar, MSU (Manuel Santos Uribelarrea) y, especialmente, los Grobo Agropecuaria con siembras de 200,000 hectáreas distribuidas en países del MERCOSUR y su vinculación con capitales brasileños. También el caso de la firma Cazenave y su asociación con la tradicional empresa suiza de exportación de semillas Glencore Grain, que desde fines de los 90 ya poseía en el país plantas procesadoras de granos y una red de almacenaje y elevadores a partir del control que ejercía del Grupo Moreno, del cual se había quedado con el 51% del paquete accionario luego de haber comprado la enorme deuda que arrastraba la firma argentina.

Finalmente la referencia a la ya citada Cresud (IRSA) resulta igualmente útil para ilustrar otra de las modalidades que adopta la inversión extranjera en el sector agropecuario: así, esta empresa participó en 2010 de la operación impulsada por el grupo de origen japonés Sojitz para la creación de la firma Sojitz Buenas Tierras del Sur S.A. que arrendaría unas 11,000 hectáreas en la pampa húmeda a efectos de producir soja para el mercado de oriente, además de desarrollar planes para la adquisición de campos en Argentina, Brasil y Uruguay.

Breve conclusión para un final abiertoLa lógica de la acumulación capitalista se ha extendido en las últimas

décadas de modo acelerado y violento sobre los territorios rurales, transfor-mándolos y adaptándolos a las nuevas necesidades económicas que le impo-ne el progreso de su reproducción ampliada.

En ese escenario, el proceso en curso de acaparamiento y concentración del uso y la propiedad del suelo en nuestro país, que como hemos visto in-gresó en una nueva y agresiva etapa a partir de los años noventa para profun-dizarse con posterioridad a la gran devaluación de 2002 (Martínez Dougnac, 2013b), contribuyó a consolidar una estructura económica altamente concen-trada y con fuerte presencia del capital extranjero, cuya dinámica y tenden-cias no han sido ajenas, aún manteniendo los rasgos particulares que resultan de su propia historia, a un movimiento más amplio y de escala global (land grabbing) asociado a las lógicas actuales de la producción mundial de ali-mentos y de bienes primarios.


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En este sentido, en un país como Argentina, con una matriz fundiaria al-tamente concentrada desde sus lejanos orígenes coloniales, las formas actuales que toman los agudos procesos de acaparamiento de tierras coinciden -y se po-tencian- con una época de financiarización del capital, que convierte al suelo, las cadenas agroalimentarias, la producción de comodities y de biocombustibles en un ámbito atractivo de la inversión especulativa de capital (McMichael, 2012).

De este modo, guiados por el interés en indagar la relación que se plantea entre la lógica de la acumulación capitalista y su renovada ambición respecto al control y ocupación del suelo, hemos planteado -incorporando elemen-tos inherentes a una perspectiva histórica- que la desposesión, vale decir la expropiación que resulta no sólo de la apropiación privada de la tierra sino también de la concentración de su uso productivo, es la expresión de las formas actuales de la reproducción ampliada, o sea de la concentración y centralización del capital.

La cual en el caso argentino se expresa tanto en la monopolización de la puesta en producción –corrimiento de la frontera agraria mediante- de territorios considerados otrora marginales respecto a la obtención de una tasa normal de ganancia, como en el acaparamiento de superficies crecientes pertenecientes a espacios rurales donde prevalecen desde hace mas de un siglo las relaciones capitalistas de producción.

En ambos casos las formas del despojo, desde las más violentas hasta las aparentemente cordiales, resultan igualmente traumáticas, marchando en un sentido radicalmente opuesto a la construcción de una trama social más justa, solidaria y democrática.

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La transición hacia la producción de agrocombustibles en dos regiones de Colombia: el sur occidente

del Caribe y la Orinoquia1

Darío Fajardo Montaña2

ResumenComo parte de los cambios ocurridos a nivel mundial, en la economía de la agricultura en Colombia se ha producido una recomposición de la pro-ducción en la cual el cultivo de alimentos para el mercado nacional ha sido remplazado por el de exportables. Estos cambios han ocurrido en medio de conflictos históricos generados en gran parte por la apropiación monopólica de la tierra y su uso inadecuado, así como con la configuración del poder político. Estas condiciones se han ampliado a la extensa frontera agraria que caracteriza al país, en donde el Estado ha delegado en grandes propietarios y en los partidos políticos tradicionales la gestión del territorio a costa de los campesinos sin tierra que se han localizado en ella y que están siendo expropiados para establecer el cultivo de exportables. Ilustran esta tenden-cia los procesos ocurridos en dos regiones en donde se está expandiendo la producción para exportables, con la participación creciente de empresas transnacionales, empresarios nacionales y narcotraficantes. El proceso ocurre apoyado en presiones violentas ejercidas para forzar a pequeños y medianos productores a vender sus tierras de forma irregular, profundizando las con-diciones de marginalidad y exclusión que han caracterizado a estas regiones.

Palabras claves: Alimentos, agroexportaciones, monopolio de la tierra, ex-propiación, narcotráfico, corporaciones transnacionales, frontera agraria.

Transition to biofuel production in two regions of Colombia: the Caribbean south west and the Orinoquia

AbstractAccording to the worldwide changes in agriculture, Colombian food pro-duction for the domestic market has been replaced by agriculture for ex-

1 Ponencia a la Mesa redonda: Crisis y Soberanía Alimentaria, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Universidad Externado de Colombia. Correo electrónico [email protected]

Darío Fajardo Montaña

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port. These changes have occurred in the middle of historic conflicts largely generated by the land´s monopoly ownership and its inappropriate use as well as political power configuration. These conditions have reached a vast agrarian frontier of the country, where the State has delegated to large lan-downers and traditional political parties the land management at the expen-se of landless peasants localized in it that are being expropriated in order to cultivate exportable. Two regions in which agricultural production for export is expanding illustrate this trend. The process goes with the growing participation of transnational corporations, big business and drug dealers, which apply violent pressures to force small and medium-sized producers to irregularly sell their land, deepening the marginalization and exclusion conditions that has characterized these regions.

Keywords: Food, agro, land monopoly, expropriation, drug trafficking, transnational corporations, agricultural frontier

IntroducciónAl finalizar la primera década del siglo XXI y en el marco de notorias va-riaciones climáticas, se inició un período de desestabilización económica y política en buena parte del mundo, acompañado por oscilaciones en los pre-cios del petróleo y desajustes en la oferta alimentaria. El encarecimiento de la oferta de comestibles ha tenido ocurrencia en varios países (Moore, 2010; Rubio, s.f.) en los cuales la producción agrícola alcanza una participación no inferior al 20% de su configuración económica y de su articulación con los mercados internacionales. A partir de 2007 esta situación se ha hecho más crítica en la medida en que el comportamiento mundial de los índices de precios de los alimentos muestra oscilaciones con tendencias hacia el alza, en beneficio de los países que han devenido en exportadores de alimentos (FAO, 2012), tendencia asociada con expresiones de malestar social.

El encarecimiento y variabilidad de los precios de los comestibles in-cluye el incremento sostenido de la producción y la productividad de ce-reales y cárnicos, gracias a desarrollos de las tecnologías en las cuales están sustentados (Holt-Giménez, 2013; Patel, 2012; Estupiñán y Quesada, 2012), alimentos cuya producción y comercialización está controlada de manera creciente por empresas multinacionales, las cuales han avanzado a lo largo de la cadena productiva y comercial, desde las etapas de obtención in situ has-ta su distribución a los consumidores finales (Llambí, 1995; FAO/OCDE, 2010; Ruiz Acosta, 2011; Holt-Giménez, 2013; Bello, 2013).

La transición hacia la producción de agrocombustibles en dos regiones de Colombia: el sur occidente del Caribe y la Orinoquia

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Este proceso, extendido a varios países agro-exportadores, ocurre enton-ces como tendencia, con regularidades y como resultado de políticas sis-temáticas. Dentro de las regularidades se cuentan la presencia y acción de empresas multinacionales, del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial (BM) y de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La tendencia actúa en distintos países, condicionada por las particularidades de cada uno de ellos en la medida en que cada país incorpora estas políticas según sus rasgos históricos propios (Rubio, s.f.).

En Colombia estas transformaciones ocurren en el marco de un elevado nivel de concentración de la propiedad agraria, relación que ofrece un coefi-ciente de Gini del 0.85, solamente superada por Paraguay (0.93%), Venezuela (0.88%), Brasil (0.87%) y Perú (0.86%) en América Latina (PNUD, 2011: 203), característica que ha estado acompañada por el uso inadecuado de bue-na parte de estas tierras. La vigencia de este sistema de relaciones ha incidido de manera negativa en el desenvolvimiento económico y social del país en la medida en que afecta el mejoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población al contribuir a la configuración y profundización de conflictos sociales y armados y estimula el desarraigo y empobrecimiento de las poblaciones rurales y urbanas.

Este sistema, configurado como una de las bases de la economía agroex-portadora, al incidir en el incremento de costos de producción de bienes agrícolas y de la tierra misma, debilita la capacidad del país para enfrentar las presiones de las estructuras internacionales de comercialización de bienes agrícolas.

Esta ponencia ha sido preparada a partir de una investigación sobre las transformaciones de los sistemas agrícolas establecidos en el país a partir de la década de 1950, de los conflictos asociados a estas transformaciones y de algunos de los efectos de los cambios derivados de las políticas de liberaliza-ción de los programas neoliberales; está centrada en indagaciones en curso sobre dos regiones representativas de las agriculturas de plantación para la exportación: Urabá, en el suroccidente del Caribe, frontera con Panamá y, con mayor detalle, la altillanura en la Orinoquia.

Urabá La región de Urabá, compartida por los departamentos de Chocó y Antio-quia, fue conocida por intensas fricciones entre grandes ganaderos y empre-sarios de la extracción de maderas con comunidades locales de indígenas y colonos campesinos, encaminada a despojar a estas últimas del control de


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sus territorios y posteriormente por el conflictivo desarrollo de plantaciones bananeras y de palma aceitera o africana, establecido a costa de las tierras y el trabajo de las comunidades campesinas locales. El proceso se inició en una región en la cual predominaban las tierras baldías parcialmente controladas por grandes haciendas que lucraban de la extracción de maderas y tagua y la ganadería extensiva. Su aislamiento facilitó la presencia de actividades ilegales como han sido el contrabando (practicado desde la época colonial española) y posteriormente la producción y exportación de cultivos prohibi-dos como la marihuana y la coca.

En su margen derecha, en el departamento de Antioquia, tuvo lugar el establecimiento de las plantaciones bananeras y palmeras luego de las di-ficultades de carácter climático que afectaron al primero de estos cultivos asentados hacia el norte, en el departamento de Magdalena, célebre por las historias que narrara el escritor Gabriel García Márquez, entre ellas la “ma-sacre de las bananeras” en 1928; precisamente, fueron episodios ocurridos en el marco de las plantaciones de la United Fruit Company, ocupadas en la producción de la fruta con destino a mercados externos. En 1964 una filial de esta transnacional inició compras en el área de Turbo (Urabá), cercana a la frontera con Panamá, como indicio del potencial productivo de esta zona. A finales de la década de 1970 el área sembrada superaba las 15 mil hectáreas con las cuales Colombia se hizo el cuarto país exportador de la fruta a nivel mundial. La siembra de la palma africana se inició en la región en estos mismos años, con la adquisición por parte de la empresa colombo-holandesa Coldesa de tierras del antiguo consorcio alemán Albingia, alcanzando en pocos años las 2,600 hectáreas sembradas (Parsons, 1967; Botero, 1990).

Desde mediados de los años 1970 el golfo de Urabá se convirtió en una de las principales áreas de salida de los embarque de marihuana y coca hacia México y los Estados Unidos, en conexión con distintas zonas de produc-ción, en particular del suroccidente de Córdoba. La disponibilidad de estos recursos derivados del narcotráfico y de otras fuentes, junto con el potencial productivo de sus suelos y la existencia de mano de obra atrajo a los inver-sionistas del banano, la palma aceitera y las plantaciones forestales, intereses que con el apoyo del estado configuraron un sistema de dominación de las poblaciones locales. Gracias a este sistema usurparon tierras y legalizaron títulos; desplazaron comunidades enteras y repoblaron localidades con per-sonas adeptas, reconfigurando territorios con la relocalización de los cultivos de coca articulados con plantaciones de palma, banano, forestales y ganade-rías.


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La afectación de las poblaciones locales, componente estratégico de este proceso, comenzó a ocurrir tres años después de iniciada la vigencia de la ley 70 de 1993 por la cual se reconoció la territorialidad de las comunidades afrodescendientes: el ejército, con el apoyo de unidades paramilitares, inició su expulsión sistemática sin que hasta el presente haya cesado este tipo de acciones (Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2005).


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El resultado ha sido la destrucción de los asentamientos, muerte, desapa-riciones y el desplazamiento en varias oportunidades de miles de personas. En 2005, una comisión de la Defensoría del Pueblo con el hoy Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural, INCODER, entidad encargada del los programas de tierras y promoción agraria y anteriormente Instituto Co-lombiano de la Reforma Agraria, INCORA3, visitó las tierras de los Conse-jos Comunitarios de afrodescendientes de las localidades de Jiguamiandó y Curvaradó en Urabá. Allí constató cómo, a la sombra de los desplazamientos forzados a los que fueron sometidas las comunidades, los agentes de varias empresas ganaderas y productoras de palma africana ocuparon ilegalmente más de 21 mil ha.

Estos empresarios y sus agentes, mediante compras fraudulentas a su-puestos propietarios, talaron los bosques y construyeron en ellas vías, cana-les de drenaje, tendieron cables y establecieron ganados. Adicionalmente, la denuncia señala como los campesinos afrodescendientes desplazados y desposeídos de sus territorios, han sido obligados a regresar a sus antiguas tierras en calidad de aparceros o como jornaleros de las plantaciones, para convertirse en proveedores para las plantas de procesamiento de propiedad de las empresas palmeras o trabajadores de las mismas.

De acuerdo con el estudio adelantado por Moritz Tenthoff (2008), in-vestigador del Trasnational Institute de Amsterdam, una vez afianzado el dominio paramilitar en la región y en el marco de la aplicación de la ley 975 de 2005 (de Justicia y Paz), se produjo el ingreso de los programas presiden-ciales de control de cultivos ilícitos, Familias Guardabosques, el proyecto de Alternatividad Social y el Sistema Regional de Construcción de Paz4, realizados con mano de obra de los paramilitares “desmovilizados” para la explotación de plantaciones de palma africana, caucho y cacao, reafirmando el signo político que ha dominado esta fase de la agricultura de plantación.

Siguiendo las fuentes oficiales consultadas por Tenthoff, los municipios de Acandí, Unguía y Riosucio en el Urabá chocoano y San Juan, Necoclí, Turbo y Mutatá en la porción antioqueña del golfo han sido los escenarios de la implantación de los proyectos financiados por el Programa de Control de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República, la Agencia para el De-sarrollo de los Estados Unidos, USAID y la Oficina de las Naciones Unidas

3 Resolución Defensorial No. 39, Defensoría del Pueblo, junio 2, 2005.4 De acuerdo con la información analizada por Tenthoff, las fuentes de financiación son el Pro-yecto de Alternatividad Social/ PASO de la Presidencia de la República, el Sistema Regional de Construcción de Paz y el programa de cooperación internacional MIDAS/ USAID/, las embajadas de Italia y Japón y la Comunidad Autónoma de Madrid.


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para el Control de las Drogas, UNODC, parcialmente canalizados a través de la organización CONSTRUPAZ. Por otra parte y como lo evidencia la información cartografiada de esta última agencia de las Naciones Unidas (UNODC, 2010), este proceso ha sido acompañado por la expansión de las plantaciones de coca al oriente del Urabá, occidente de Córdoba, con lo cual la relocalización de estos cultivos asegura la provisión de recursos de narco-tráfico para el proyecto agroindustrial (López, 2010).

OrinoquiaLa Orinoquia ha constituido, aún hasta el presente, una extensa frontera del territorio colombiano. En términos geográficos corresponde a la cuenca en la cual fluyen los ríos que desembocan en el Orinoco, con una extensión de 1.032.524 kilómetros cuadrados, un 37.6% de los cuales, 388.101 kilómetros cuadrados están en Colombia y representan una cuarta parte del territorio nacional (Domínguez, 1998). Dentro de esta porción del país se distinguen cinco grandes paisajes geomorfológicos (Mejía, 1998: 271 y ss.) en los cuales se destacan, en términos de su poblamiento y desarrollos económicos, el pie-demonte y la denominada “Orinoquia bien drenada”. En el proceso de inte-gración de la nación la región ha estado enmarcada dentro de las relaciones generadas desde la gran propiedad, acompañadas por algunos ciclos extrac-tivos de corta duración. Si bien las dos subregiones presentan característica propias, las articulaciones de sus ecosistemas y sus desarrollos históricos las vinculan estrechamente y las hacen interdependientes.

En la subregión del piedemonte, medio Ariari, al noroccidente del de-partamento del Meta, tras las primeras etapas de la guerra civil de 1950, se inició un proceso de colonizaciones campesinas, coincidentes con algunas ti-tulaciones de tierras por parte del entonces INCORA, en el marco de la Ley 135 de 1961, las cuales se extendieron hasta el ahora municipio de El Retorno, departamento de Guaviare. Tras la guerra civil, la configuración política de la región descansó en el poder de grandes hacendados, ejercido a través del clientelismo y de los controles del limitado aparato económico, si bien en-contró resistencia en las comunidades de colonos campesinos localizados en los márgenes de los territorios controlados por las haciendas (Bernal, 2006; Gutiérrez, 2012: 187 y ss.).

Hacia finales de la década de 1960 se inició el establecimiento de los primeros cultivos de marihuana y luego de coca en algunas de las coloni-zaciones de la región. La implantación de estos cultivos fue inducida por agentes del tráfico de esmeraldas y posteriormente de narcóticos, lo cual


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generó en corto tiempo profundos cambios en las condiciones de vida de las poblaciones locales y severos conflictos, inicialmente producidos por el robo de cosechas a manos de algunos de estos agentes, y posteriormente, por el desarrollo del paramilitarismo en la región (Arcila y Salazar, 2007; Gutié-rrez, 2005; Bernal, 2006).

En 1989, mediante el decreto 1989 de octubre de ese año se creó el Área de Manejo Especial de la Macarena, que comprende los territorios de los municipios de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar. Esta figura establece una gama de espacios diferenciados en su uso, desde la reserva natural hasta las áreas de desarrollo, que permiten usos agrícolas y ganade-ros, hacia los bordes exteriores de la antigua reserva. La presión del nuevo latifundio sobre las tierras de los colonos desató su desplazamiento hacia las tierras que habían formado parte del área protegida de La Macarena, ante lo cual el Estado inició la titulación de 500 mil hectáreas sustraídas a la reserva natural (Arcila y Salazar, 2007: 32), con lo cual se estimularon las coloniza-ciones impulsadas por el INCORA como opción ante la inviabilidad de la reforma agraria. A pesar de haber existido una oficina del INCORA en el municipio de El Retorno, Guaviare, no todas las titulaciones se completaron, lo cual debilitó los derechos de propiedad de buena parte de los colonos, circunstancia de la que tomaron ventaja comerciantes y narcotraficantes in-teresados en la apropiación fraudulenta de tierras5.

A comienzos de los años 1980 se iniciaron algunas exploraciones petro-leras en el piedemonte de los departamentos de Arauca, Casanare y Meta cuyos empresarios establecieron acuerdos con militares y ex militares para asegurar la protección de sus actividades. Estos entendimientos llevaron a la ampliación del poder de algunos terratenientes y generaron capitales que se invirtieron posteriormente en la palmicultura. En el nuevo latifundismo conformado de esta manera convergieron entonces las relaciones de poder de los terratenientes tradicionales con las generadas por las economías ilega-les y las empresas transnacionales del petróleo.

Los requerimientos de espacios para la legalización (“lavado”) de activos derivados de las empresas ilícitas, la resistencia política de las comunidades de colonos campesinos a las presiones del nuevo latifundio y la presencia y acciones de la insurgencia condujeron a extendidas manifestaciones de vio-lencia en torno al control de territorios. Estos conflictos han contemplado

5 Entrevista con el señor Arcángel Cadena, presidente de la Asociación de desplazados del Guaviare, Bogotá, 5 de febrero de 2010.


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igualmente confrontaciones armadas entre este latifundismo ligado al nar-cotráfico y al paramilitarismo, evidenciadas en las confesiones de algunos de sus representantes en el marco del proceso iniciado tras la adopción de la Ley 975 de 2005, “de justicia y paz”.6

El desenvolvimiento económico de la región se vio afectado por los alti-bajos propios de la agricultura los cuales se hacen más agudos en las regiones de frontera, dada la precariedad de los sistemas de transporte y los efectos de las economías ilegales. En este contexto, a comienzos de la década de 1990 el gobierno inició la erradicación de los cultivos prohibidos, precisamente en momentos de una caída de precios de la pasta base de la cocaína.

Ante esta medida, que incluyó aspersiones aéreas sobre todos los culti-vos, incluyendo los de pancoger y las restricciones al comercio de productos como la gasolina y el cemento, utilizados en la vida cotidiana pero también empleados como precursores para la elaboración de la pasta de cocaína, los colonos del Guaviare, junto con campesinos de otras áreas en colonización organizaron marchas de protesta durante varios días. A pesar de una intensa represión, que causó muertos, heridos, detenidos y sensibles pérdidas econó-micas, se llegó a algunos acuerdos con el gobierno, el cual se comprometió básicamente a dar cumplimiento a ciertos proyectos de inversión ya previstos en el presupuesto de la nación, y al establecimiento de zonas de reserva cam-pesina, figura prevista en la ley 160 de 1994 de reforma agraria.

Lo anterior implicaba acelerar la titulación de las tierras a medianos y pequeños productores y suministrarles recursos de inversión a través de pro-yectos; este proceso se puso en marcha al tiempo que se iniciaron las con-versaciones entre el gobierno del Presidente Andrés Pastrana (1998-2002) y la guerrilla de las FARC, en un área desmilitarizada conocida como zona de distensión, comprendida por los municipios de La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y El Castillo localizados en el sur del río Ariari, departamento del Meta y San Vicente del Caguán, en el Caquetá. Al mismo tiempo que se desarrollaban estas conversaciones, el gobierno, con el apoyo de los Estados Unidos, comenzó a diseñar y aplicar un amplio programa de contrainsur-gencia denominado Plan Colombia (Beltrán, 2003).

6 Dentro de las confesiones de algunos jefes paramilitares producidas en el marco de la aplica-ción de la Ley de Justicia y Paz, se conoció acerca de las operaciones del llamado “frente Alto Ariari” como resultado de las cuales ocurrieron numerosos asesinatos, desapariciones y despla-zamientos en los municipios de esta región. Al respecto veáse el estudio de A. Isacson y A. Poe (2009) y “Documentos exclusivos: así se fraguó el acuerdo de paz con los ‘paras’” (26 de abril de 2010) en www.verdadabierta.com ; también Gutiérrez (2012: 215 y siguientes).


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Cuando, de manera abrupta, concluyeron las conversaciones, se precipitó la operación de la nueva fase de la estrategia militar a la cual se denominó Plan Patriota, sobre las zonas en donde se habían adelantado las conversa-ciones. La operación militar conllevó una nueva fase de represión contra las comunidades campesinas que empezaban a organizar las reservas (Ortiz et al., 2004). Como resultado, numerosas familias resultaron desplazadas, de-biendo vender sus tierras y mejoras a menor precio a algunos comerciantes de la zona; en varios casos, estos predios se han transferido a personas que han iniciado la organización de “alianzas productivas”, como parte de la ex-pansión de este modelo, a partir de su afianzamiento al sur de los municipios de San Martín y Puerto Rico, en el departamento del Meta.7

De acuerdo con la evaluación de Adam Isacson y Abigail Poe (2009), investigadores del Washington Office on Latin America, del Plan Colom-bia y su sucesor, el Plan de Consolidación”, los resultados obtenidos por estas intervenciones aún distan de los propósitos planteados; por el contrario, los conflictos se agravaron con el afianzamiento de grupos paramilitares sin que la guerrilla hubiera desaparecido (Bernal, 2006). Uno de esos grupos fue el denominado Bloque Centauros, con el cual mantenían estrechos vínculos empresarios vinculados al paramilitarismo como el fallecido comerciante de esmeraldas Víctor Carranza, Héctor Buitrago y Luis A. Arango, este último responsable de las acciones de los paramilitares en la zona del alto Ariari, Meta, desmovilizados en el marco de la Ley 975 de 20058.

Las plantaciones de palma africana¿Cómo han convergido estos procesos en la configuración de la palmicultura en la región? De acuerdo con el Ministerio de Agricultura (2012), en dicho año el departamento del Meta contaba con la mayor superficie dedicada a este cultivo en el país, estimada en 120,402 hectáreas. Su establecimiento se inició en el occidente del departamento, en un área previamente dominada por haciendas ganaderas con colonizaciones campesinas en sus bordes, en particular hacia las cuencas del alto Ariari y el Guaviare e importante pre-sencia de cultivos de coca. Desde mediados de los años 1980 la zona de im-plantación del cultivo (municipios de Acacías, Cubarral, San Martín, Puerto Rico) fue afectada por la presencia de cocales y por el paramilitarismo, im-pulsado por hacendados vinculados al narcotráfico.

7 Entrevista con Arcángel Cadena, presidente de la Asociación de desplazados del Guaviare.8 “Ex jefes del Bloque Centauros apagan el “ventilador” por amenazas, en www.verdadabierta.com (23.02.2010).


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Una organización gremial de los palmicultores, FEDEPALMA, realizó un estudio sobre la figura de las “Alianzas productivas” entre grandes em-presas y pequeños productores y, de acuerdo con el informe referido a esta región, las primeras plantaciones fueron establecidas a finales de los años 60 alrededor de San Martín, habiendo recibido un gran impulso a partir de 2003, con la construcción y pavimentación de la carretera entre Villavicencio y San José del Guaviare, la cual une los Municipios de Puerto Lleras, Puer-to Rico, Puerto Concordia (FEDEPALMA/CECODES/USAID, 2009). El informe citado reportaba poco más de 1,200 hectáreas sembradas en la región, pero según los productores esta superficie supera las 7 mil hectáreas. Las caracteriza contar con suelos bien drenados, levemente ondulados, con un régimen de lluvias de 2.800 mm anuales y una época relativamente seca al final y principios de año (diciembre a febrero) y para la época de la eva-luación, en la región se encontraban en construcción dos plantas extractoras.

Para la gestión y explotación de este cultivo especialmente en la región aledaña al municipio de Puerto Rico, Meta y hacia el sur del mismo, se implantó el sistema de “alianzas productivas”, con el apoyo de fuentes in-ternacionales9 y gubernamentales nacionales, departamental y local, como es el caso del Incentivo a la Capitalización Rural (ICR), creado mediante la ley 101 de 1993. El modelo consiste en el establecimiento de contratos entre pequeños productores y una empresa para el suministro del fruto. Los proveedores se comprometen con la empresa a la provisión en condiciones de exclusividad, a cambio de lo cual esta última ofrece material vegetal, asis-tencia técnica y crédito.

En el caso estudiado dentro de la evaluación de FEDEPALMA, se trató de una empresa localizada en el municipio de Puerto Rico, representativa del desarrollo de la agricultura de plantación en el occidente del departamento del Meta. Inició sus operaciones con poco más de 900 hectáreas en el muni-cipio de San Martín, pero la elevada competencia presente en esa localidad la condujo a trasladar sus actividades en el vecino municipio de Puerto Rico. Allí adquirió 1,600 hectáreas a comienzos de 2000, aprovechando los costos reducidos de la tierra pero bajo el riesgo de problemas de orden público, propios de una zona cuya economía estaba sustentada en buena medida en la producción de hoja de coca y en la comercialización de sus derivados, la pre-sencia de grupos paramilitares y guerrillas. Esta plantación, con más de 2 mil

9 El programa MIDAS de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID)


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hectáreas sembradas y planta de procesamiento de la fruta, tiene “alianza” con 33 pequeños productores; en 2008 la planta procesó 50 mil toneladas de fruta, de las cuales 38 mil fueron provistas por los pequeños productores. Al-gunos de ellos fueron productores cocaleros y firmaron convenios de erradi-cación; se obligan a: aportar capital y mano de obra por un valor equivalente al 30% de la inversión total, estimada en 5.500 millones de pesos; destinar sus tierras al proyecto y vender la producción a la empresa, en una siembra inicial de mil hectáreas.

Al evaluar el desempeño de la “alianza”, tras cerca de nueve años de ope-raciones, se destacaron como ventajas, la experiencia de la empresa ancla, las posibilidades de acceso al crédito institucional, el contar con un mercado asegurado, el bajo costo de la tierra y la “mejora de la seguridad en la región”. Como dificultades se señalaron: la no legalización de los títulos de los pe-queños productores, lo cual dificulta el otorgamiento de créditos, su limitada capacitación técnica, la “cultura de lo ilícito” y los riesgos del “orden público”.

La evaluación económica de la producción palmera señala que la pro-piedad de la tierra entre los pequeños proveedores (30% de los predios) está “en proceso de legalización” (“baldíos con posesiones antiguas”); los grandes productores controlan fincas con más de 300 hectáreas, que corresponden al 70% de los predios. El balance productivo de las “alianzas” indica que el 57% de ellas tiene productividades calificadas como bajas o muy bajas debido a problemas técnicos (fitosanitarios) y financieros. Entre los primeros se des-taca el impacto de la pudrición del cogollo, patología que se está extendiendo prácticamente en todas las áreas plantadas con efectos letales en el Pacífico y de menor impacto en las demás regiones. Según el estudio más del 50% de los productores está afectado por problemas fitosanitarios y el 80% de ellos los percibe como la mayor amenaza.

Las condiciones de los pequeños productores difícilmente podrían dar resultados diferentes. Establecidos en fincas de condiciones agronómicas de-ficientes y con una tenencia de la tierra aún precaria, carecían de capital para invertir en la tecnología requerida para el cultivo (paquete tecnológico), lo cual se traducía en bajos rendimientos; agravan esta desventaja los precios de venta a la empresa, establecidos en condiciones de monopsonio.

Esta relación de dependencia se hacía más profunda en la medida en que la empresa otorga créditos a los productores asociados, destinados a la gestión de los títulos, la supervivencia de las familias y la complementa-ción de sus ingresos, lo cual genera relaciones marcadas por una profunda dependencia con tintes paternalistas como puede advertirse en la siguiente


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observación, recogida en el informe: “las alianzas están contribuyendo al me-joramiento de la calidad de vida, con afiliaciones a servicios de salud del régimen contributivo y mejoras en el acceso a los servicios sociales. Sin embargo las orga-nizaciones no tienen la capacidad ni la vocación de prestar estos servicios y de fortalecer socialmente a las familias para que sepan manejar los mayores ingresos provenientes de la palma sin que se creen fenómenos sociales indeseados”.


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Los bajos precios de venta de la fruta a la empresa por parte de los pro-veedores, inferiores frente a los precios comerciales, reflejan el desequilibrio de estas relaciones: 33 productores (30%), carecen de títulos de propiedad; 13 de ellos firmaron pactos de erradicación de cultivos de coca y dependen de los créditos y la asistencia técnica que les otorga la empresa: la tenencia precaria y su situación frente a las autoridades, ante las cuales reconocieron haber violado la ley como responsables de haber tenido cultivos de hoja de coca, los debilita en una negociación de esta naturaleza y más especialmente bajo la amenaza paramilitar que representara la presencia del Bloque Cen-tauros, el cual según uno de sus jefes, estuvo estrechamente vinculado con empresas palmeras de la región.10

Extensión del sistema de plantación hacia la altillanura orientalAfianzado el sistema de plantación en el piedemonte con el incremento de la demanda internacional de biocombustibles y otros agroexportables y el apoyo gubernamental se inició su expansión hacia el oriente de la región, conocido como la altillanura. Caracteriza a sus condiciones ecosistémicas la importancia de su configuración hídrica y biológica, la primera con una par-ticipación superior al 35% de la disponibilidad del país, al tiempo que presen-ta severas vulnerabilidades por las condiciones climáticas, en particular de su régimen de lluvias y reducida capacidad de recuperación de su ecosistemas como lo registra el Departamento Nacional de Planeación (2012):

“Es un territorio ambientalmente frágil con alta vulnerabilidad eco-lógica, dada principalmente por la alta estacionalidad en la oferta de agua y la susceptibilidad de sus suelos a la degradación por erosión, compactación, desertificación, acidificación y su alto nivel de ende-mismo. Asimismo, la composición de los suelos, su pobre fertilidad y el bajo contenido de materia orgánica, resultan en una escasa dispo-nibilidad de nutrientes para las plantas (Rivas et al., 2004). Adicional-mente, en la región se encuentran ecosistemas que se desarrollan bajo condiciones de estrés hídrico y ambientes edáficos limitados, lo que se traduce en que su resiliencia sea baja (capacidad de un ecosistema de recuperarse luego de haber sufrido una transformación sin alterar significativamente sus características). Dentro de estos ecosistemas se encuentran los morichales, los pantanos en depresiones de llanuras, los

10 Ver referencia anterior sobre las confesiones de jefes paramilitares, operaciones del “frente Alto Ariari” “Documentos exclusivos: así se fraguó el acuerdo de paz con los ‘paras’” (26 de abril de 2010) en www. verdadabierta.com, citado.


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arbustales altos y el bosque bajo denso, entre otros. Lo anterior es muy importante de considerar, pues son condicionantes frente a las posi-bilidades productivas debido a que en el largo plazo los servicios eco-sistémicos soportan dicho desarrollo y el bienestar de la población”.

La ocupación de la región luego de las tensiones y crisis políticas de media-dos del siglo pasado estuvo enmarcada por las formas de apropiación extensiva de los hatos ganaderos y la supervivencia de modalidades campesinas e indí-genas, las primeras en los bosques de galería en las rondas de caños y ríos y las segundas en estos mismos espacios y en formas semi nomádicas en las sabanas. Las demandas de bienes agrícolas y mineros, en particular de hidrocarburos condujeron a la reconfiguración del control del territorio bajo la confluencia de antiguos terratenientes, algunos de ellos ahora asociados con narcotraficantes y empresas transnacionales orientadas hacia la producción de agroexportables y aprovechamientos mineros, al igual que en el área del piedemonte ya comentada. Caracteriza a estas últimas el control de grandes superficies y desde ellas hoy se asocian a los procesos mundiales de acaparamiento y extranjerización de tierras (Borras y Franco, 2010; Borras et al., 2011) por parte de países y conglomerados de capital, con miras en la producción de bienes como agrocombustibles, forrajes y alimentos para la exportación e incluso con propósitos especulativos.


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Esta tendencia genera nocivos y variados efectos en los países en los que se presenta: además de impulsar la concentración de la propiedad agra-ria, sustrae tierras para la producción de alimentos en los países en donde se implanta, genera impactos ambientales derivados de la implantación de monocultivos como son la destrucción de biodiversidad y la erosión de los recursos genéticos, la compactación de suelos por el uso de maquinaria pe-sada, y la contaminación de la atmósfera, suelos y aguas por la aplicación de pesticidas.

Colombia ingresó recientemente en esta tendencia, como lo han do-cumentado varios investigadores, destacando cómo han intervenido en el proceso inversionistas privados y altos funcionarios del Estado como intermediarios de las adquisiciones de tierras por corporaciones trans-nacionales (CTN) (Bermudez, 2013), las cuales han hecho presencia en la altillanura (ver mapa). Como lo denunciaron los parlamentarios Jorge Robledo y Wilson Arias, las CTN adquirieron 120,000 hectáreas discri-minadas así: Cargill, 25,000; Grupo Mónica (Brasil), 13,000; Grupo GPC (Chile), 22,000 y Poligrow 60,000; las adquisiciones de los inversionistas nacionales fueron: Luis C. Sarmiento A. 32,000; Grupo Santodomingo, 9,500; Sindicato Antioqueño, 40,000; Manuelita 40,500; Francisco Santos 14,000 (ver mapa). Según las investigaciones, los intermediarios de los in-versionistas adquirieron cada predio por valores de entre 10 y 12 millones


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de pesos para venderlos al cabo de pocos meses por más de 3 mil millones de pesos11.

La configuración de este modelo de desarrollo agrario, se ha expresado con nitidez en el municipio de Puerto Gaitán, Meta y su “formalización” está contenida en el plan de desarrollo agropecuario del municipio (Herrera, 2009). En esta localidad ocurrió la convergencia de la apropiación de tierras mediante la acción de paramilitares y funcionarios públicos al servicio de intereses terratenientes tradicionales con empresas transnacionales vincula-das a la extracción de hidrocarburos y plantaciones del tipo ya mencionado.

Como pudo observarse a principios de este año 2014 por una combi-nación de efectos de las variaciones climáticas y la destrucción de fuentes hídricas en distintos espacios, desde la cordillera y el piedemonte hasta los caños y humedales del medio Casanare, el afianzamiento creciente de este sistema, planteado por el gobierno dentro de sus estrategias de desarrollo, ha generado la destrucción de comunidades indígenas y el desplazamiento de campesinos presionando aún más los relictos de bosques de galería en el entorno de los “caños” y los bordes amazónicos colindantes hacia el sur.12

Conclusiones La estructura de la propiedad agraria colombiana guarda relación con la de otros países de la región en los cuales la característica central es la apropia-ción monopólica de la misma, asociada al control y el ejercicio del poder y cumplida no pocas veces a través de la violencia. En varios países latinoame-ricanos, sin haber sido erradicada la inequidad de la propiedad han ocurrido cambios en los sistemas productivos junto con algunos procesos de moder-nización en las relaciones sociales. En Colombia ha persistido una extensa frontera agraria hacia la cual se han expulsado poblaciones campesinas del interior y el Estado delegó en grandes propietarios y en los partidos políticos tradicionales la gestión del territorio dando lugar al fortalecimiento de siste-mas clientelares así como al surgimiento de aparatos armados al servicio de estos grandes propietarios para asegurar el control del atierra y de la pobla-ción enmarcada en estos sistemas territoriales. La revalorización de la tierra, de bienes de origen agrícola y minerales para los mercados externos así como el aprovechamiento de las compras de tierra de manera irregular para la

11 Ver página: www.wilsonarias.com, consultada noviembre 11, 2013.12 Ver estudios de Joaquín Molano, Aurelio Suárez, Paula Álvarez R., Wilson Arias C., Yamile Salinas A., publicados en Revista Semillas, números 48-49, Bogotá, julio 2012, “La Orinoquia ¿La última frontera agrícola colombiana?”


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legalización de capitales provenientes del narcotráfico asociados al proyecto neoliberal agudizaron los procesos de expropiación violenta de las tierras en las áreas más alejadas de la frontera agraria profundizando sus condiciones de marginalidad y exclusión.

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Patrones migratorios en contextos de ruralidad y marginación en el campo mexicano, 2000-2010:

Cambios y continuidades1

Xóchitl Bada2 y Jonathan Fox3

ResumenSe comparan los cambios y continuidades en los patrones migratorios en contextos de ruralidad y marginación en el campo mexicano entre el 2000 y el 2010. Por una parte, los índices de intensidad migratoria han crecido en una tercera parte de los municipios rurales, pero por el otro, más de la mitad de la población rural aún vive en municipios con bajos grados de dependen-cia en la migración internacional. Para observar el tamaño y comportamien-to de la población rural a nivel municipal que aún reside en zonas de alta marginación y baja migración, se construyó un índice de ruralidad municipal que incluye todos aquéllos municipios donde al menos 50 por ciento de su población total reside en localidades con menos de 5,000 habitantes. Este ejercicio de comparación muestra que los índices de migración entre el 2000 y el 2010 aumentaron en 879 municipios, los cuales representan el 36 por ciento de los municipios rurales a nivel nacional. Al mismo tiempo, con-trario a muchas de las expectativas, la población rural también aumentó en términos absolutos entre 2000 y 2010 en municipios con diferentes índices de migración. Entre 2000 y 2010, la fracción de la población rural que vivía en municipios que combinaban grados bajos o muy bajos de migración con índices de marginación altos o muy altos disminuyó de 43 a 22 por ciento. En términos absolutos, a pesar de que el 54 por ciento de la población ru-ral nacional aún vive en municipios con bajos grados de dependencia en la migración internacional, el núcleo más duro de población rural con una dependencia todavía limitada en la migración internacional está concentra-do principalmente en los estados de Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca y Puebla - un factor relevante para informar posibles iniciativas a favor del derecho a no migrar.

1 Ponencia a la Mesa Redonda: Las alternativas al desarrollo. Desigualdad, pobreza y migración en el agro latinoamericano. IX Congreso Latinoamericano de Sociología Rural (ALASRU), Ciu-dad de México, octubre de 2014.2 University of Illinois at Chicago3 American University. E-Mail: [email protected]. Los autores agradecen a Carrie Fawcett por su asistencia técnica con la visualización de los datos.

Xóchitl Bada y Jonathan Fox

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Palabras clave: Patrones de migración en México, índice de intensidad mi-gratoria, índice de marginación, población rural mexicana, desarrollo y mi-gración, derecho a no migrar.

Migration patterns in contexts of rurality and marginalization in the Mexican countryside, 2000-2010:

continuities and changes

AbstractThis article compares changes and continuities in migration patterns in the context of rurality and poverty in the Mexican countryside between 2000 and 2010. While the indexes of migratory intensity have increased in a third of rural municipalities, more than half of the rural population still lives in municipalities with low levels of international migration dependency. To observe the size and behavior of the rural population still living in high poverty and low migration municipalities, we created a municipal rurality index including all those municipalities where at least 50 per cent of its total population still lives in localities with less than 5,000 inhabitants. This comparative exercise shows that migration intensity indexes between 2000 and 2010 increased in 879 municipalities, representing 36% of the total rural municipalities in the country. At the same time, contrary to multiple expec-tations, the rural population also increased in absolute terms between 2000 and 2010 in municipalities with different migratory intensity indexes. Bet-ween 2000 and 2010, the fraction of the rural population living in munici-palities combining low and very low levels of migratory intensity with high and very high poverty indexes decreased from 43 to 22 percent. In absolute terms, while 54% of the national rural population still lives in municipalities with low international migration dependency, this hardest rural population core with a limited dependency to international migration is concentrated mainly in the states of Veracruz, Chiapas, Estado de México, Oaxaca and Puebla, an important factor to inform potential initiatives to protect the right not to migrate.

Keywords: Mexican migration patterns, migratory intensity index, mar-ginalization index, Mexican rural population, development and migration, right not to migrate.

Patrones migratorios en contextos de ruralidad y marginación en el campo mexicano, 2000-2010: Cambios y continuidades

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IntroducciónAún no conocemos lo suficiente sobre los cambios en el peso relativo de los diferentes grupos de la población rural a nivel municipal, sobre todo en sus características en materia de marginación y migración. ¿Cuáles son los estados que experimentan los mayores cambios en sus niveles de marginación y migra-ción? ¿Cuáles son los cambios en el peso relativo de las diferentes categorías de municipios según sus combinaciones de índices de pobreza y migración?

Este artículo destaca la importancia de entender la diversidad social y geo-gráfica de los patrones migratorios, tomando en consideración los contextos de marginación y el tamaño de la población rural en el campo mexicano. Los cambios que se observan entre el 2000 y 2010 revelan dos tendencias simultá-neas – el aumento de la intensidad migratoria en 36% de los municipios rurales, y la persistencia de un fuerte porcentaje de la población rural, el cual estimamos en un 46%, que aún habita en municipios con índices medios y altos de margi-nación que aún no se han vuelto muy dependientes de la migración internacio-nal – el núcleo duro de los pobres que se quedan. Es frecuente escuchar que el proceso migratorio ha alcanzado a todos los rincones del país, sobre todo si se considera que 11.5 millones de mexicanos viven temporal o permanentemente en Estados Unidos (Passel y Cohn, 2009). Pero la falta de homogeneidad en la distribución en los orígenes geográficos de este 10% de la población inmigrante obliga a analizar varias características de los contextos de salida.

En este estudio empírico, se aplican dos enfoques comparativos para en-tender mejor la diversidad de las tendencias migratorias en el campo mexi-cano. Primero, se utilizan los datos de CONAPO (Consejo Nacional de Po-blación) para comparar los cambios en los índices de intensidad migratoria y de marginación para la población que vive en municipios rurales entre los años censales 2000 y 2010. Segundo, el análisis desagrega estos cambios en el tiempo con sus patrones geográficos con mapas que señalan tanto los estados con la mayor proporción de la población rural nacional como sus cambios graduales relativos a sus índices respectivos de intensidad migratoria y de marginación. Notablemente, el 74% del total de la población nacional que vive en municipios predominantemente rurales está concentrada en tan solo 10 estados. Si bien algunos de estos estados tienen una larga trayectoria mi-gratoria, otros son de entrada más reciente.

Contexto: Desarrollo y MigraciónLa relación entre desarrollo y migración ha sido un tema de debate desde hace muchos años. De acuerdo con estimaciones del demógrafo Alejandro


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Canales (2008) sólo el 25% de los individuos que reciben remesas en México tienen la posibilidad de incrementar de manera significativa su ingreso y alcanzar la movilidad social. En el 2011, los porcentajes de la población mexicana que vivían en condiciones de pobreza eran más altos en aquéllos municipios con índices de intensidad migratoria altos y muy altos. De acuerdo con los cálculos elaborados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 66% de la población que vive en municipios con grados muy altos de intensidad migratoria estaban clasificados como pobres (SEDESOL, 2012). De ahí que las remesas que reciben los hogares dependientes de la emigración a los Estados Unidos no necesariamente reducen las inequidades en el ingreso e incluso pueden aumentar la brecha económica que experimentan los hogares que no reciben remesas en municipios rurales con índices muy altos de intensidad migratoria.

Como sabemos, la proporción de la población agrícola y la población rural se han desligado y existe un descenso importante en el empleo agrícola nacional en las últimas dos décadas (Scott, 2010). Esta situación propicia que un número cada vez mayor de trabajadores que viven en zonas agrícolas y rurales se vean forzados a emigrar ante la precariedad y escasez de empleos agrícolas bien remunerados y sobre todo, estables. Las políticas públicas del gobierno mexicano continúan ofreciendo subsidios al campo, pero esos sub-sidios no se van necesariamente a la agricultura campesina sino que princi-palmente benefician a medianos y grandes productores (Fox y Haight, 2010).

Por su parte, en el área de la relación entre migración y desarrollo, en el año 2002, México decidió implementar su primera política pública nacional para propiciar el desarrollo local a través del uso productivo de las remesas colectivas de los migrantes mexicanos. Así, en lugar de privilegiar políticas públicas encaminadas a arraigar a la gente a sus lugares de origen y propiciar el pleno empleo entre los grandes sectores poblacionales que aún habitan en el campo mexicano, el gobierno decidió subsidiar a los migrantes para coadyuvar en sus esfuerzos para construir infraestructura y pequeños proyec-tos productivos con remesas colectivas. Esta decisión del gobierno mexicano cuestiona la idea central del derecho a no migrar, que básicamente se reduce a hacer valer los derechos plasmados en el artículo 123 de la Constitución mexicana, la cual estipula que “Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la orga-nización social para el trabajo, conforme a la ley” (Bartra, 2008). De hecho, en el 2014, en el recientemente aprobado Programa Especial de Migración,


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el gobierno mexicano ratifica la idea central que inspira el derecho a no mi-grar y establece que “la mejor alternativa para reducir la migración irregular masiva es combatir sus causas estructurales, por medio de estrategias de de-sarrollo incluyente e inversiones en el capital humano en los países de origen, para que las decisiones migratorias no sean motivadas por las disparidades de ingreso o por situaciones de precariedad y marginación social.” Sin em-bargo, la implementación de estos principios normativos está aún lejos de ser reflejados en las políticas públicas más relevantes para el empleo rural.

Partiendo de la idea del arraigo comunitario y del derecho a no migrar, existe un paradójico contraste entre los conceptos de Migración y desarrollo vs. Desarrollo y migración. En el primero, se privilegia a la migración como el mecanismo principal para alcanzar el desarrollo, vía las remesas. En el segundo esquema, se pone al desarrollo en el centro y la migración es solo un recurso más para alcanzar el desarrollo comunitario (Delgado Wise et al., 2010, García Zamora, 2005). De ahí que es importante destacar que el desa-rrollo comunitario debería ser la meta central de cualquier política pública encaminada a combatir la pobreza y alcanzar la redistribución del ingreso en el México rural. En su lugar, las políticas públicas en materia de desarrollo y migración en México han estado encaminadas a la administración de las remesas y los flujos de mano de obra hacia Estados Unidos.

A más de una década de su creación, el programa 3X1 para migrantes no ha producido los resultados esperados ni ha logrado extender su presupuesto para alcanzar una mayor cobertura geográfica y aumentar su impacto eco-nómico en el desarrollo local (Aparicio y Meseguer, 2012; Bada, 2014; Du-quette-Rury 2014). Además, las políticas locales de desarrollo a nivel estatal y municipal no han logrado influir en la toma de decisiones de las familias que se ven forzadas a elegir entre la alta precariedad laboral en el campo mexicano con trabajos temporales y con baja remuneración y el arriesgar sus vidas cruzando la frontera con la esperanza de obtener una mejor remune-ración salarial.

Metodología para observar ruralidad, migración, y marginaciónEl propósito principal de este análisis es medir cómo se distribuye la po-blación rural, tanto geográficamente como en términos de su tamaño, con relación a dos indicadores: el índice de marginación y el índice de migración en los censos de 2000 y 2010, a fin de comparar su evolución en este período a nivel municipal.


282

En este ejercicio observamos los cambios a nivel municipal en el índice de intensidad migratoria México Estados Unidos de CONAPO, el cual es una medida que incluye cuatro indicadores: ingresos procedentes del exterior, viviendas con emigrantes, migrantes circulares y migrantes de retorno.4 Para entender las diversas relaciones entre migración y marginación, se compara el índice de intensidad migratoria a nivel estatal y municipal con los índices

4 Estas cuatro variables conforman el índice de intensidad migratoria México-Estados Unidos del Consejo Nacional de Población para el 2000 y el 2010; sin embargo, en el año 2010, CONA-PO consideró a la vivienda como unidad de análisis. En el censo del 2010, el INEGI llamó “hogar censal” al conjunto de personas o núcleos familiares que comparten una misma vivienda. Para el índice de intensidad migratoria de 2000 se consideró al hogar como unidad de análisis, definido como el conjunto de personas que además de la vivienda compartían el gasto de ali-mentación. El índice de intensidad migratoria es calculado en un espacio-tiempo determinado y depende del comportamiento de los cuatro indicadores que lo componen. Cualquier cambio en la dinámica migratoria que se produzca en un período tendrá un efecto sobre las variables que conforman el índice, lo cual se verá reflejado en los valores del índice, al ser una medida resumen del comportamiento migratorio en el país. De ahí que los índices de intensidad migra-toria calculados por CONAPO para 2000 y 2010 no son comparables entre sí pero al menos nos ayudan a entender, a grandes rasgos, si las dinámicas migratorias aumentaron o disminuyeron para cada uno de los municipios del país. La ausencia de un índice de intensidad migratoria a nivel localidad imposibilita la desagregación de datos a un nivel más preciso. Para conocer más sobre la construcción de este índice, véanse los apéndices metodológicos en la página de CONAPO en: http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Indices_de_Intensidad_Migrato-ria_Mexico-Estados_Unidos


283

de marginación de CONAPO para observar los cambios ocurridos entre el 2000 y el 2010. Su índice de marginación, a su vez, es una medida compuesta por nueve indicadores para medir pobreza a nivel municipal: analfabetismo absoluto, analfabetismo relativo, viviendas sin drenaje ni servicio sanitario, viviendas sin energía eléctrica, viviendas sin agua entubada, hacinamiento, viviendas con piso de tierra, población en localidades con menos de 5,000 habitantes y población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos.

Con este análisis pretendemos contribuir al debate sobre el futuro del México rural observando quiénes se han quedado y en dónde se han que-dado. Para lograr este objetivo, se comparan los datos entre 2000 y 2010 que indican los índices de marginación y migración producidos por CONAPO y se crea un nuevo índice de ruralidad construido a partir de la inclusión a nuestra base de datos a todos aquéllos municipios en los cuales al menos 50% de su población total reside en localidades con menos de 5,000 habitantes. En este nuevo conteo, se clasifican como municipios predominantemen-te rurales a todos aquéllos en donde al menos 50% de su población total reside en localidades con menos de 5,000 habitantes. Se decide usar esta clasificación de ruralidad por dos motivos. El primero es que es una medida más adecuada que la comúnmente usada por INEGI de 2,500 habitantes en localidades rurales. Además, debido a que aquellas localidades con menos de 5,000 habitantes constituyen un indicador (entre 9) para medir el índice de marginación, consideramos que este corte de ruralidad es apropiado para observar cambios en las dinámicas migratorias de la población predominan-temente rural y marginada.

¿Qué sucedió con el tamaño de la población en los estados que concen-traban la mayoría de la población rural entre el 2000 y el 2010? En este estu-dio se combina este nuevo indicador de lo rural con los indicadores oficiales de intensidad migratoria y de marginación para señalar los cambios en los diez estados con mayor población rural entre 2000 y 2010. Sorprendente-mente, los primeros nueve de estos diez estados aumentaron su población rural en términos absolutos durante esta década. Estos datos, desglosados por estado en las tablas del apéndice, nos dan herramientas para una futura medición del impacto económico, político y social que estos cambios han producido en las distintas franjas de población rural que habita en munici-pios de baja, media o alta dependencia de la migración.

Resulta que si bien la migración se ha extendido ampliamente, estos cambios han seguido diversas tendencias, como indica la variación estatal en la segunda tabla. Si cruzamos estas tendencias con la medición de los índices


284

de marginación, documentadas en la tabla 3 del apéndice, podemos observar cómo ha cambiado la fracción de la población rural que vive en municipios rurales que combinan altos niveles de pobreza con todavía bajos niveles de migración en los estados que concentran al grueso de la población rural nacional. Esta población se puede considerar como el “núcleo más duro” de pobreza rural que aún no depende de la migración internacional como principal salida para su sobrevivencia.

Los antecedentes de este análisis están basados en un estudio previo sobre las características de la migración en el México rural (Fox y Bada, 2008). Hacia fines de la década pasada, se vislumbraba que la relación entre marginación e intensidad migratoria no era tan directa como se asumía am-pliamente. Desde los conteos del año 2000 en los índices de marginación y migración, ya veíamos tres tendencias principales:

1. Solo 9% de la población en municipios predominantemente rurales ex-perimentaban tanto índices altos y muy altos de marginación como de mi-gración. Aquí los impactos tanto de los programas anti-pobreza como de canalización de remesas hacia el desarrollo habían sido muy limitados.

2. Aproximadamente 8% de la población en los municipios predominante-mente rurales combinaban niveles altos y muy altos de marginación con un grado de intensidad migratoria medio y estos estaban en una posición de in-crementar sus tasas de migración en el futuro en la ausencia de incrementos substanciales a las inversiones en la agricultura familiar.

3. Un 10% de la población en municipios predominantemente rurales com-binaban altos niveles de intensidad migratoria con niveles intermedios de marginación. En estos municipios, los impactos potenciales de programas gubernamentales anti-pobreza y de canalización de remesas tenían el más alto potencial de ser significativos. Sin embargo, pocos estudios subsecuen-tes se han enfocado en evaluar si los impactos de las políticas públicas para potencializar remesas han tenido un efecto positivo en esta franja pobla-cional. La mayoría de los estudios cuantitativos sobre los resultados del 3X1 se dedican a compilar bases de datos con metas de proyecto cumplidas o incumplidas sin hacer un análisis geográfico que tome en cuenta tantos los niveles de marginación como los de migración de los municipios donde se llevan a cabo estos proyectos.


285

Resultados y discusiónEl análisis de la población de todos los municipios mexicanos entre 2000 y 2010 indica que si bien el 36% de estos aumentaron su grado de intensidad migratoria, el campo mexicano aún retiene casi la cuarta parte de su pobla-ción en municipios que combinan alta pobreza y bajas tasas de migración (ver figura 2). Desde el punto de vista del reto de cómo dar contenido al derecho de no migrar, este hallazgo tiene fuertes implicaciones para posibles políticas públicas que priorizan la conservación y creación de empleo rural (Fox, 2013).

Este análisis geográfico-demográfico también nos señala los estados donde las estrategias para fomentar el empleo rural tienen mejores posibi-lidades para competir con la decisión migratoria. En este sentido, nuestro análisis indica que a nivel estatal, los estados que han sido tradicionalmente pobres y que pertenecen a regiones más emergentes de la migración a Esta-dos Unidos tales como Oaxaca, Guerrero y Veracruz, no redujeron significa-tivamente sus niveles de pobreza en el mismo período, lo cual cuestiona los beneficios de la exportación masiva de mano de obra durante el período aquí comparado. (Véase figura 3 y tabla 1 del apéndice).


286

En cuanto a la población rural a nivel nacional, la figura 3 muestra que los estados de Chiapas, Estado de México e Hidalgo aumentaron ligera-mente su contribución a la población rural nacional. Tan solo un estado, Michoacán, redujo su contribución a la población rural nacional. Asimismo, se observa que entre los 10 estados que son predominantemente rurales de acuerdo con su población, ningún estado disminuyó su grado de intensidad migratoria en el período 2000-2010. Como indica la figura 4 y se desglosa en la tabla 1, de los diez estados rurales principales, ocho de ellos no mos-traron ningún cambio en su índice de intensidad migratoria a nivel general. Finalmente, los estados de Veracruz y Oaxaca aumentaron su índi ce de intensidad migratoria en este período.


287

Como ya se mencionó, hacia el 2010, tan sólo el 22 % de la población nacional que vivía en municipios predominantemente rurales presenta altos niveles de marginación combinados con tasas de migración baja. Las posi-bilidades de crear nuevos empleos a través de inversiones en programas de fortalecimiento de la economía campesina tendrían mayores posibilidades de éxito en estas regiones. Asimismo, observamos que para el 2010, más de la mitad de la población rural nacional aún vive en municipios que no dependen de la migración como la única alternativa para el empleo; es decir, este segmento de la población vive en municipios con tasas de migración aún muy pequeñas. Este dato es de suma importancia para decidir en cuáles mu-nicipios se deben priorizar las inversiones que fomenten el empleo agrícola.5

Al analizar aquellos municipios con poblaciones predominantemente rurales que en el 2000 aún conservaban índices de migración nulos, hacia el 2010, según datos de CONAPO, estos municipios prácticamente des-aparecen de la geografía en los 10 estados con la mayor población rural. Por ejemplo, la figura 3 muestra los cuatro estados -Oaxaca, Guanajuato, Puebla

5 Para una tipología más extensa sobre las categorías que combinan migración y marginación en municipios predominantemente rurales, véase Fox y Bada (2008) para datos del 2000 y Fox (2013). Para análisis de los sesgos en la distribución social del gasto público en la agricultura, véase Fox y Haight (2010).


288

e Hidalgo- que tuvieron aumentos importantes en el porcentaje de su po-blación que vive en municipios con muy alto grado de intensidad migrato-ria comparado con el 2000. Comenzando con un nivel-base menor, tanto Chiapas como el Estado de México mostraron incrementos notables en la población rural en municipios de intensidad migratoria media. Asimismo, se observa que Michoacán tuvo una reducción en el porcentaje de su población que vive en municipios con intensidad migratoria alta y muy alta, posible-mente como efecto acumulativo del éxodo de sus habitantes.

En los estados de Veracruz, Chiapas y Oaxaca, los municipios con nula intensidad migratoria tuvieron reducciones en su población en más de un 50% y en dos estados, Puebla y Tabasco, desapareció la población que ha-bitaba en municipios con grado de intensidad migratoria nula. Asimismo, el porcentaje de la población rural que vive en municipios con niveles muy bajos de intensidad migratoria disminuyó en más del 50% en los estados de Veracruz, Puebla y Guerrero; sin embargo, el porcentaje de la población rural que vive en municipios con baja intensidad migratoria aumentó en más de 100 por ciento en los estados de Chiapas (613%), Puebla (177%) y el Estado de México (145%). En estos últimos estados, tienen potencial las interven-ciones en política pública para retener a la población que aún no ha decidido usar a la migración internacional como estrategia principal de empleo.6

A nivel nacional, los índices de migración disminuyeron en tan solo 13% de los municipios entre el 2000 y 2010. En este período, la tendencia mayor es la estabilidad del índice de intensidad migratoria ya que este no cambio en el 51% del total de los municipios en el territorio nacional. Ya para el 2010, con respecto a los índices de intensidad migratoria, los resultados de nuestro análisis confirman que prácticamente todos los municipios con migración nula desaparecen y aquellos con nivel muy bajo pasan a nivel bajo y los de nivel bajo pasan a nivel medio, con lo cual se confirma el continuo dinamis-mo del proceso migratorio a nivel municipal que presenta desafíos para las políticas públicas para atacar las raíces de la pobreza rural.

En términos del indicador oficial de pobreza, todos estos diez estados vieron decrecer la población que vive en municipios de alta ó muy alta mar-ginación junto con un aumento correspondiente en su población en munici-pios con niveles medios de marginación. Dado que este indicador da mucho peso al acceso a infraestructura y servicios, esta tendencia es posiblemente un resultado de grandes inversiones públicas en ciertas categorías de infraes-

6 Para datos precisos, véase tabla 3 del apéndice.


289

tructura básica, sobre todo el programa Piso Firme y el efecto de los Fondos de Aportaciones Federales a los Municipios, el llamado Ramo 33. En el año 2000, según el INEGI había 2 millones 900 mil hogares con piso de tierra y la Secretaría de Desarrollo Social instaló 2 millones 306 mil pisos de concre-to en la década subsecuente. A pesar de este gran avance en abatir ese rezago, la creación de nuevas viviendas impide la eliminación de casas con pisos de tierra. Ya para el censo del 2010, el INEGI reportó que habían 1 millón 700 mil casas con pisos de tierra (El Universal, 2012).

Al mismo tiempo que se dieron avances importantes en infraestructura, aparentemente hubo un proceso de mayor polarización porque en 2010 la población que vive en municipios predominantemente rurales con grados muy altos de marginación aumentó en más de 20% en cinco Estados: Oaxa-ca (21%), Puebla (41%), Michoacán (44%), Guerrero (51%) y Chiapas (55%).7 En los casos de Guanajuato, Tabasco y Michoacán, la gran mayoría de la po-blación rural se concentra en municipios con grados de marginación media. Aquí la combinación de remesas con políticas públicas podría haber abatido ciertos rezagos en infraestructura básica. En contraste, solo una minoría de la población rural en los Guerrero, Oaxaca y Chiapas se concentra en muni-cipios de marginación media. (Ver tabla 2 del apéndice)

En cuanto a la variación en el índice de intensidad migratoria, nuestro análisis refleja que cuatro de los 10 estados con la mayor población rural (Oaxaca, Puebla, Guanajuato e Hidalgo) tuvieron incrementos significativos en la población que habita en municipios con muy alto grado de intensidad migratoria. Como se observa en el mapa siguiente, tres estados de migración tradicional, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán continúan sus patrones de intensidad migratoria muy alta a pesar de que sus porcentajes de población rural con alta marginación no son tan altos como en varios estados del sur. A pesar de la marcada proximidad geográfica, ninguno de los estados fron-terizos presenta niveles altos de migración lo cual está muy probablemente correlacionado con los muy bajos porcentajes de población rural que vive en estos estados. Un contraste importante se observa en los estados vecinos de Tabasco y Chiapas, en donde la mayoría de sus poblaciones viven en mu-nicipios predominantemente rurales pero sus niveles de migración son aún muy bajos en el 2010. Un fenómeno similar ocurre en Guerrero y Oaxaca, en donde al menos la mitad de su población vive en municipios rurales pero estos no han alcanzado niveles generalizados altos de migración.

7 Véase figura 4. Para datos precisos, véase tabla 2 del apéndice.


290

ConclusionesEste estudio documenta diversas tendencias simultáneas en términos del análisis de los cambios en los procesos rurales de migración y marginación en México entre 2000 y 2010. Si bien nuestras observaciones abren más preguntas de las que contestan, podemos destacar ciertas tendencias claras:

* La expansión de la migración en zonas rurales que antes no dependían del proceso migratorio como estrategia de empleo, principalmente en los municipios que transitaron de índices nulos o muy bajos hacia la categoría de CONAPO llamada baja intensidad migratoria.

* El aumento de la población rural nacional en términos absolutos – a pesar de la migración y la persistencia de poco más de la mitad de la población rural en zonas de migración baja o muy baja independientemente de los niveles de marginación. Es decir, la mayoría de la población rural mexicana aún no utiliza la migración hacia los Estados Unidos como su principal estrategia para diversificar los ingresos de la economía familiar.

* El cambio de grados de marginación de alto a medio en muchas comu-nidades rurales, posiblemente como resultado de la inversión en infraes-


291

tructura básica con una mezcla de fondos públicos, y remesas familiares y colectivas a través del Programa 3X1 para migrantes.

* El aumento de la población rural en municipios de muy alta marginación a pesar de la disminución de los grados de marginación a nivel estatal en 3 de los 10 estados con la mayor población en municipios predominante-mente rurales. Esto nos indica un aumento en los niveles de polarización de la pobreza.

* Los cambios en el perfil del núcleo duro de la población campesina-indí-gena que vive en comunidades de alta y muy alta marginación. Mientras que el porcentaje de esta población se redujo a la mitad, casi la cuarta parte de la población todavía vive en municipios que combinan altos niveles de pobreza con baja dependencia en la migración.

En el caso de que las políticas públicas pudieran priorizar el fomento o la preservación de alternativas viables ante la opción migratoria, esta población -que con su permanencia y arraigo está optando por el derecho a no migrar- debería ser tomada en cuenta.

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Apéndice

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294

TABLA A2. Variación en el Grado de Marginación por porcentaje de la Población Rural Municipal 2000-2010: Diez Estados Principales

Estado/Año Grado de Marginación

Población que vive en Municipios Predominantemente

Rurales Porcentaje de la Población Rural

a Nivel Nacional Porcentaje de la Población Rural

a Nivel Estatal

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vive en Municipios

Predominantemente Rurales*

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Veracruz Muy Alto 708,961 514,721 2.7 1.8 22 16 -27

Alto 2,026,566 1,156,717 7.6 4.1 62 35 -43

Medio 528,326 1,553,190 2.0 5.5 16 47 194

Bajo - 61,718 0.0 0.2 0 2 100

Chiapas Muy Alto 899,480 1,392,458 3.4 4.9 34 45 55

Alto 1,701,434 1,054,186 6.4 3.7 63 34 -38

Medio 78,438 624,057 0.3 2.2 3 20 696

Edomex Muy Alto 74,043 40,930 0.3 0.1 3 2 -45

Alto 1,235,400 498,380 4.6 1.8 56 21 -60

Medio 461,929 1,585,534 1.7 5.6 21 65 243

Bajo 415,719 169,341 1.6 0.6 19 7 -59

Muy Bajo - 134,799 0.0 0.5 0 6 100

Oaxaca Muy Alto 866,976 1,050,133 3.3 3.7 42 48 21

Alto 974,109 582,226 3.7 2.1 47 27 -40

Medio 166,156 464,460 0.6 1.6 8 21 180

Bajo 59,729 68,009 0.2 0.2 3 3 14

Muy Bajo 754 19,838 0.0 0.1 0 1 2531

Puebla Muy Alto 372,375 523,793 1.4 1.9 20 28 41

Alto 1,138,396 576,890 4.3 2.0 62 31 -49

Medio 334,256 782,119 1.3 2.8 18 41 134

Bajo 5,556 8,170 0.0 0.0 0 0 47

Guanajuato Muy Alto 11,323 11,560 0.0 0.0 1 1 2

Alto 278,042 23,785 1.0 0.1 17 1 -91

Medio 1,201,415 1,788,153 4.5 6.3 72 98 49

Bajo 180,278 0.7 0.0 11 0 -100

Guerrero Muy Alto 716,903 1,080,834 2.7 3.8 45 65 51%

Alto 861,176 366,891 3.2 1.3 54 22 -57%

Medio 15,448 206,734 0.1 0.7 1 12 1238%

Hidalgo Muy Alto 159,633 136,730 0.6 0.5 13 8 -14%

Alto 580,142 282,746 2.2 1.0 46 17 -51

Medio 366,193 796,880 1.4 2.8 29 49 118

Bajo 160,221 294,113 0.6 1.0 13 18 84

Muy Bajo - 127,404 0.0 0.5 0 8 100

Tabasco Alto 315,894 1.2 0.0 25 0 -100

Medio 856,366 1,224,724 3.2 4.3 69 81 43

Bajo 70,764 285,042 0.3 1.0 6 19 303

Michoacán Muy Alto 92,760 133,917 0.3 0.5 6 9 44

Alto 603,209 122,465 2.3 0.4 40 9 -80

Medio 793,162 1,062,616 3.0 3.8 53 75 34

Bajo 7,077 92,181 0.0 0.3 0 7 1203

Total Nacional 26,675,443 28,273,920

* Los porcentajes en negritas representan aquéllas categorías con los mayores cambios entre el 2000 y el 2010.

Note: Estos diez estados representan el 74% del total de la población nacional que vive en municipios predominantemente rurales en 2010.

Fuente: Elaborado por los autores con datos de marginación y migración de CONAPO. Se consideran rurales todos aquellos

municipios en donde al menos el 50% de la población vive en localidades con menos de 5,000 habitantes.


295

TABLA A3. Variación en la Intensidad Migratoria por porcentaje de la Población Rural Municipal, 2000, 2010: Diez Estados Principales

Estado/Año Intensidad Migratoria

Población que vive en Municipios Predominantemente Rurales

Porcentaje de la Población Rural a Nivel Nacional

Porcentaje de la Población Rural a Nivel Estatal

% ∆ en la Población que vive en Municipios Predominantemente

Rurales*

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 a 2010

Veracruz Muy Alta 17,821 11,539 0.1 0.0 1 0 -35

Alta 27,128 367,702 0.1 1.3 1 11 1255

Media 396,255 673,951 1.5 2.4 12 21 70

Baja 1,071,201 1,408,826 4.0 5.0 33 43 32

Muy Baja 1,672,069 821,408 6.3 2.9 51 25 -51

Nula 79,379 2,920 0.3 0.0 2 0 -96

Chiapas Media - 261,179 0.0 0.9 0 9 NA

Baja 107,204 763,919 0.4 2.7 4 25 613

Muy Baja 2,339,148 1,945,000 8.8 6.9 87 63 -17

Nula 236,135 100,603 0.9 0.4 9 3 -57

Edomex Muy Alta 35,068 27,781 0.1 0.1 2 1 -21

Alta 176,857 196,993 0.7 0.7 8 8 11

Media 202,001 444,221 0.8 1.6 9 18 120

Baja 416,627 1,021,150 1.6 3.6 19 42 145

Muy Baja 1,356,538 738,839 5.1 2.6 62 30 -46

Oaxaca Muy Alta 77,949 170,977 0.3 0.6 4 8 119

Alta 119,720 415,587 0.4 1.5 6 19 247

Media 295,875 574,774 1.1 2.0 14 26 94

Baja 631,636 561,301 2.4 2.0 31 26 -11

Muy Baja 831,887 458,800 3.1 1.6 40 21 -45

Nula 110,657 3,227 0.4 0.0 5 0 -97

Puebla Muy Alta 89,073 93,842 0.3 0.3 5 5 5

Alta 227,852 237,751 0.9 0.8 12 13 4

Media 136,488 577,315 0.5 2.0 7 31 323

Baja 204,037 564,354 0.8 2.0 11 30 177

Muy Baja 1,136,261 417,710 4.3 1.5 61 22 -63

Nula 56,872 - 0.2 0.0 3 0 -100

Guanajuato Muy Alta 202,648 587,423 0.8 2.1 12 32 190

Media 726,910 251,045 2.7 0.9 43 14 -65

Alta 741,500 985,030 2.8 3.5 44 54 33

Guerrero Muy Alta 90,261 49,794 0.3 0.2 6 3 -45

Alta 201,283 386,816 0.8 1.4 13 23 92

Media 551,619 731,001 2.1 2.6 35 44 33

Baja 325,487 375,535 1.2 1.3 20 23 15

Muy Baja 424,877 111,313 1.6 0.4 27 7 -74

Hidalgo Muy Alta 135,499 235,990 0.5 0.8 11 14 74

Alta 271,716 264,560 1.0 0.9 21 16 -3

Media 175,308 448,215 0.7 1.6 14 27 156

Baja 250,921 398,418 0.9 1.4 20 24 59

Muy Baja 432,745 290,690 1.6 1.0 34 18 -33

Tabasco Baja - 236,024 0.0 0.8 0 16

Muy Baja 1,215,217 1,273,742 4.6 4.5 98 84 5

Nula 27,807 - 0.1 0.0 2 0 -100

Michoacán Muy Alta 444,560 289,568 1.7 1.0 30 21 -35

Alta 516,598 511,468 1.9 1.8 35 36 -1

Media 395,204 476,334 1.5 1.7 26 34 21

Baja 139,846 133,809 0.5 0.5 9 9 -4

Total Nacional 26,675,443 28,273,920

* Los porcentajes en negritas representan aquellas categorías con los mayores cambios entre el 2000 y el 2010.

Nota: Estos diez estados representan 74% de la población del país que reside en municipios rurales en 2010.

Fuente: Elaborado por los autores con datos de marginación y migración de CONAPO. Se consideran rurales a los

municipios en donde al menos el 50% de la población vive en localidades con menos de 5,000 habitantes.

297

Las disputas por la apropiación del agua ¿En el umbral de una globalidad excluyente?1

Luisa Paré2

El principal problema del suministro de agua en las ciudades no se debe a la escasez de agua sino a la terrible

administración. Por lo tanto es más importante perfeccionar el manejo del agua que construir más represas o nuevos

proyectos de suministro, aunque muchas veces resulte más complejo.

Patrick McCully

ResumenEste trabajo presenta la problemática y conflictos en torno al agua que se suscitan respecto a su gestión en una ciudad del estado de Veracruz, región Golfo de México y la propuesta de construcción de una represa e hidroeléc-trica para ampliar el abastecimiento de la ciudad de Xalapa, capital del esta-do. En un contexto en que el Estado ha iniciado una nueva inserción en la globalización, con una economía extractivista nueva como el fracking y los biocombustibles, dando lugar a la aparición de nuevos conflictos socioam-bientales, la problemática del agua no puede entenderse fuera del entramado de la globalización; la geopolítica del agua debe entenderse en un contexto macroregional y global. Esta globalización provoca a la vez cambios en el rol del Estado, una resistencia más globalizada y los conflictos socioambientales apuntan hacia nuevas agendas por la democratización de la gestión del agua y contra megaproyectos que afectan los territorios de vida y el bien común para satisfacer intereses de lucro de grandes corporaciones multinacionales.

Palabras clave: agua, gestión hídrica, conflictos socioambientales, hidroeléc-ticas, territorio.

1 Ponencia a la Mesa redonda: Ambiente y Sociedad: La Disputa por los Recursos Naturales, IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de Mé-xico, octubre de 2014.2 Instituto de Investigaciones Sociales-Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: [email protected]

Luisa Paré

298

Water appropriation disputes. On the threshold of an exclusionary Globality?

AbstractThis paper presents the problems and conflicts over water management that arises in a city of Veracruz in the Mexican Gulf region, and the proposal for the construction of a dam and hydroelectric plant to expand water supply of the city of Xalapa, the capital of the state. In a context in which the State has begun a new insertion in globalization, with a new extractivistic economy as fracking and production of biofuels, giving rise to new environ-mental conflicts, water issues cannot be understood outside of globalization scheme; geopolitics of water must be understood in much wider framework, macroregional and global. This globalisation also leads to changes in the role of the State, a more glo-balized resistance and socioenvironmental conflicts are aimed toward new agendas for water management democratization and against megaprojects that affect territories of life and common good in order to satisfy multina-tional corporations profit interest.

Keywords: water, water management, socioenvironmental conflicts, hy-droelectric plants, territory.

IntroducciónLa riqueza hídrica de Veracruz ha permitido el desarrollo de varias indus-trias y agroindustrias a lo largo de los importantes ríos del estado (Tuxpan, Pánuco, Antigua, Jamapa, Blanco, Papaloapan, Coatzacoalcos) y por lo mis-mo un importante número de ciudades superiores al cuarto de millón de ha-bitantes. El recurso hídrico abundante ha permitido un desarrollo capitalista ligado a la agricultura, la agroindustria y a la ganadería así como a diversas ramas industriales: la hoy extinta industria textil, la industria cementera, la cervecera, la petroquímica entre otras. Este desarrollo industrial a su vez ha tenido fuertes pasivos ambientales debido a la grave contaminación que sufren por lo menos 14 ríos importantes de la entidad (Agüero, 2010). A tono con el discurso neoliberal prevaleciente en el país, Veracruz inicia un camino de reconversión productiva que no parece priorizar la soberanía alimentaria sino el aprovechamiento de recursos energéticos y minerales y nuevos culti-vos para la producción de bioenergéticos. Por otro lado la falta de inversión para la pequeña agricultura campesina y la inseguridad favorece la emigra-

Las disputas por la apropiación del agua ¿En el umbral de una globalidad excluyente?

299

ción a las ciudades que crecen y demandan cada vez mayores volúmenes de agua. Mientras algunos ven en estas riquezas una oportunidad otros son más cautos.

De los cerca de 600 proyectos de hidroeléctricas en el país, 112 se ubican en seis cuencas de Veracruz ¿Su propósito? Se menciona la necesidad de generación de electricidad pero otros posibles motivos no se dilucidan. Se fundamenta la necesidad de estos proyectos bajo el pretexto de la sustentabi-lidad y de la necesidad de cambiar hacia las energías renovables que además cuentan con financiamiento de organismos internacionales.

En este contexto, el nuevo tipo de actividades extractivas o de agricultura industrial y la demanda de agua para las ciudades crea un nuevo escenario de disputas por el agua. Un escenario contradictorio entre distintos espa-cios territoriales, el rural y el urbano y entre distintos usuarios del agua, la industria y la agricultura y ahora el extractivismo a gran escala. Esta nueva realidad pone en contradicción una región conformada por doce municipios pertenecientes a la Cuenca del río Antigua con la zona metropolitana de la capital del estado: Xalapa y sobre todo con el gobierno estatal que suele imponer sus proyectos al gobierno del municipio que a la vez es sede de la administración estatal. Pone al frente el discurso sobre la escasez de agua en Xalapa como argumento justificativo para un megaproyecto de hidroeléctri-ca para el abasto de agua de la ciudad.

En lo que sigue haré un contrapunteo entre el tema de la gestión hídrica en Xalapa y la supuesta necesidad de aumentar la oferta de agua por un lado y, por otro, un proyecto de trasvase de cuenca con una represa que tendría entre sus múltiples objetivos conducir agua a la ciudad de Xalapa con un desnivel de 1000 msnm, a ser superado por bombeo.

Cada caso da pie a una serie de preguntas y reflexiones sobre el tipo de conflictividad y demandas que se suscitan, sobre las diferencias en el rol que desempeña el gobierno en un caso y otro entre la sociedad local y sobre la reconfiguración de los territorios a partir de la inserción de nuevos capitales multinacionales en la región.

La idea de incluir en estas disputas la agenda de la gestión urbana del agua y la de un megaproyecto estriba en que cada vez más se justifica el establecimiento de ciertos megaproyectos por la necesidad de agua de las ciudades y por el déficit existente y el derecho humano al agua. Es decir en nombre del bien común se introducen formas de gestión que responden a intereses privados. En este sentido se abre una discusión sobre si los proble-mas del agua son problemas de escasez real o se trata más bien de un déficit

Luisa Paré

300

de gestión democrática y transparencia, y si las propuestas de solución como las represas y los trasvases de cuenca son las adecuadas.

No hay que confundir disputas por el agua con demandas reivindicativas en torno a la misma. En este último caso hablaríamos de protestas, hasta de mo-vilizaciones para que quienes carecen del líquido en la calidad o disponibilidad necesaria obliguen a las autoridades en la materia a cumplir con el derecho hu-mano al agua y su saneamiento. En estos casos, una vez satisfecha la demanda, los grupos afectados cesan sus reivindicaciones y su capacidad de movilización no se volverá a manifestar hasta cuando se presente otra necesidad semejante. Otro tipo de movilización involucra demandas que no son de carácter reivin-dicativo para resolver una carencia inmediata y subsanar un derecho afectado. Se trata de luchas contra proyectos o propuestas de gestión que constituyen una amenaza contra el medio ambiente y el bien común además de afectar la economía familiar. Este tipo de protesta que percibe una afectación futura tiene un carácter preventivo y, podríamos decir antisistémico, por lo menos de parte de algunos de los sectores movilizados. En ella subyace una confrontación res-pecto a visiones distintas para el futuro de México y de la entidad en particular; Martinez Allier (2005) habla de conflictos ecológico-distributivos por la nueva ocupación o uso del territorio local en un contexto global.

La gestión del agua en Xalapa Actualmente la ciudad de Xalapa que cuenta con una precipitación de 1800mm se abastece de dos subcuencas que pertenecen a la cuenca del río Antigua.


301

Debido a la deforestación y cambio de uso del suelo en ambas subcuen-cas ha disminuido el aforo de agua a la ciudad lo que ocasionaría un déficit actual de 500 litros por segundo. Esto sin tomar en cuenta la necesidad de mayores volúmenes de agua conforme siga creciendo la ciudad, que de hecho se extiende sobre lo que eran áreas rurales en los municipios vecinos confor-mando una zona metropolitana, lo que explica la caída de crecimiento del municipio de Xalapa.3 Para el futuro, debido al cambio climático se prevé una disminución de la precipitación del 30 y el 50%, respectivamente, para el año 2025 (Barradas, 2005). Todo esto configura un discurso de escasez de agua “que encubre el análisis sobre los patrones vigentes de uso y distribución y sobre las medidas ya impulsadas para –presuntamente- hacerle frente” (Ma-chado A, 2006).

En un análisis hemerográfico sobre los problemas de la región de Xalapa encontramos que de 200 notas, 142 tenían que ver con problemas de gestión y 46 con el tema de la presa proyectada sobre el río Antigua. Al hacer un análisis de los problemas de gestión se observó que en primer lugar apare-cen cuestiones relacionadas con la hidroeléctrica proyectada, así como con la

3 La tasa de crecimiento medio anual de Xalapa disminuyó de 3.1 a 1.6 % en el periodo 2000-2010 respecto al período 1990-2000. En cambio el municipio contiguo de Banderilla la tasa de crecimiento pasó de -2.9 a 2.7 y la de Emiliano Zapata de 2.1 a 3.2. CONAPO.

Luisa Paré

302

gestión del agua. En esta última categoría además de cuestiones de carácter administrativo del organismo operador destacan los problemas de contami-nación que sufre el área, tanto porque los ríos de la ciudad han funcionado como colectores naturales de los drenajes, como por la ausencia de plantas de tratamiento en muchos fraccionamientos en la zona periférica.

Un tema recurrente en esta zona conurbada como en otras del estado es la contradicción entre cuencas abastecedoras y la ciudad en torno a la provisión de agua. Los pobladores de una de las subcuencas que abastece el 60% del agua de la ciudad regularmente interrumpen el suministro para ob-tener recursos económicos para alguna obra o servicio público.4 Esta práctica afecta obviamente a los usuarios y se deriva de una incapacidad inicial de establecer el diálogo adecuado para una retribución equitativa por el recurso del que se benefician las ciudades mientras las zonas rurales languidecen en la marginación (Paré y Gerez, 2012).

Debido a la amplia cobertura de agua potable en la ciudad de Xalapa (92%) los problemas de abasto no aparecen con tanta frecuencia, más que en el período de estiaje cuando se realizan tandeos y entrega a colonias po-pulares mediante camiones cisterna. El riesgo y la vulnerabilidad se asocian a inundaciones y deslaves en zonas inestables por las pendientes, habitual-mente zonas de ocupación irregular.

Resulta sorprendente que pueda faltar agua en una ciudad con una preci-pitación anual de entre 1,500 y 1, 800 mm. y que cuenta todavía con algunos manantiales. La dotación de agua de Xalapa según algunas fuentes es de 375 lhd;5 para la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) es de 250 lhd y para la Conagua es de 120 lhd, lo que representa un volumen más de tres veces inferior.6

Esto se explica, según el propio organismo operador (CMAS) y el IMTA por la baja eficiencia, es decir que se factura 37% de lo que se extrae de las fuentes de agua. Como punto de comparación puede señalarse que Tijuana y Mexicali tienen una eficiencia global de 71%. Esto se debe a pérdi-das físicas por el grave deterioro de la red y de la infraestructura hidráulica, 59% de fugas, así como a pérdidas aparentes, que tienen que ver con el agua suministrada pero no pagada, errores de medición y tomas clandestinas; la

4 Presa los Colibries, municipio Chilchotla, estado de Puebla.5 (www.pigoo.com; IMTA).6 Información proporcionada por el Director de la CMAS y el Dr. Velitchko G. Tzatchkov, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el Coloquio sobre gestión del agua en Xalapa realizado el 20 de mayo de 2014.


303

falta de actualización del catastro también contribuye a la ineficiencia.7 Esto significa que si se recuperara alguna parte del agua que se pierde, lo que se produce actualmente en las fuentes debería ser más que suficiente para la ciudad de Xalapa.8

La situación referida se origina en una administración que se caracteriza por una falta de regulación adecuada a partir de la normatividad existente: el Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada de Xalapa, actualizado al 2004 y con 10 años de retraso para una siguiente actualización. De haberse tomado en cuenta con seriedad y continuidad aspectos de largo plazo que contemplaba este Programa se tendría hoy otra realidad urbana; pero, como ejemplo, la CMAS no cuenta desde hace tiempo con catastro ac-tualizado y se condonan deudas a deudores. El gobierno del estado tampoco cumple con sus obligaciones de regulación efectiva.

Los gobiernos municipales del área metropolitana planean a tres años sin visión metropolitana y sin programas de mediano plazo. El tema del agua y de la ocupación territorial son temas fácilmente politizados. Prevalece la presión que las organizaciones que representan sectores de la población urgidos de vivienda ejercen sobre los funcionarios ya que la satisfacción de sus demandas representa votos para el partido en el poder. De este modo la ciudad crece de manera caótica entre los intereses inmobiliarios de grandes y medianas fortunas, y los intermediarios del régimen clientelar, violando los unos y los otros las normas ambientales y de urbanización.

Estudios realizados en el marco de un proyecto del PNUD (2009) mues-tran la fuerte desigualdad en la distribución del agua entre los barrios pobres (norte) y de clase media y alta de la ciudad (sur), situación también resultado de una gestión con fuerte sesgo de clase y de los intereses económicos del gran capital, ligados a la valorización de grandes propiedades y al establecimiento de plazas comerciales. Así mientras en la zona norte de la ciudad había 3,241 ha-bitantes sin agua potable, en la zona sur eran 247 quienes carecían del líquido.

La falta de impulso al campo, aunado a los problemas de inseguridad ha favorecido la migración del campo a la ciudad y propiciado la proliferación de asentamientos irregulares alrededor de la misma. Estos asentamientos requieren agua y a la vez enfrentan problemas como inundaciones o deslaves.

El acelerado crecimiento de la ciudad de Xalapa ha generado cada vez mayor riesgo de contaminación a los principales manantiales que abastecen

7 Velitchko G. Tzatchkov, comunicación personal.8 Idem.

Luisa Paré

304

de agua potable a los habitantes de localidades periféricas y otras afectadas por obras de infraestructura de vialidad.9 Parte de estos problemas son asun-tos de gestión ya que las competencias municipales muchas veces no están claramente definidas.

A pesar de que Xalapa tiene una alta precipitación pluvial, esta no es aprovechada por falta de tecnologías alternativas para el almacenamiento y uso del agua de lluvia, sea en reservorios naturales, sea en edificios o casas como se acostumbraba antes de la introducción de la red municipal. En una ciudad tan lluviosa existía una política social de acopio de agua de lluvia , misma que la modernización hizo desaparecer.10

Ernesto Isunza (2013) destaca los bajos porcentajes de cobertura de agua sometida a procesos de potabilización (no sólo cloración); las bajas cifras re-portadas de aguas tratadas y la inexistencia de datos sobre el caudal de aguas residuales generadas y colectadas. Señala además la falta de un sistema de indicadores para identificar problemas y evaluar avances, considerando los costos ambientales y sociales relacionados.

En el Coloquio sobre la Gestión del Agua en Xalapa organizado por diversos grupos académicos y de la sociedad civil en mayo de 2014, después de un diagnóstico que coincide con lo planteado hasta ahora, se concluyó que, para solventar los problemas mencionados, antes de pensar en traer más agua a la ciudad de Xalapa, sería más congruente llevar a cabo acciones para una mejor gestión y calidad del agua, tales como:

• Desarrollar mecanismos e instancias de rendición de cuentas a la población para conformar una relación de transparencia entre el organismo operador y la sociedad.

• Realizar un Plan de Ordenamiento Ecológico Territorial de la zona conurbada para guiar el desarrollo urbano.

• Crear una instancia de planeación a nivel metropolitano con participación ciudadana.

9 En el caso de Xalapa se ven afectados 21 manantiales del vecino municipio Emiliano Zapata que, al ubicarse cuenca abajo y en la zona de mayor expansión urbana de fraccionamientos, se vuelve particularmente vulnerable (Ruiz, 2014). Los habitantes del municipio de Jilotepec perdieron sus manantiales en la construcción de un libramiento de la ciudad.10 El Reglamento municipal de Conservación Ecológica y Protección al Ambiente incluye la obligación para nuevos fraccionamientos de instalar sistemas de captación de agua de lluvia.


305

• Impulsar una cultura de almacenamiento del agua (captación de agua de lluvia, reúso, etc.).

• Instituir o fortalecer programas de compensación por servicios ambientales en las cuencas abastecedoras para restaurarlas y conservarlas y así recuperar su aforo o prevenir su disminución.

• Seguir con el plan de sectorización y recomendaciones del IMTA y monitorear los avances para detectar y reparar fugas y tomas clandestinas.

• Renegociar la deuda de la planta de tratamiento que limita las capacidades de inversión en otras necesidades.

Esta breve reseña indica que antes de realizar trasvases de cuenca, existe una agenda para mejorar la gestión del agua.

Hidroeléctricas sobre el río Antigua para el abasto de Xalapa y para pro-pósitos múltiples Otra justificación para este megaproyecto es que permitirá cubrir el déficit de agua de las ciudades. Tal es caso de la Presa de Propósitos múltiples Xalapa, proyecto planeado desde 2007 o 2008 y dado a conocer oficial y superficial-mente apenas en 2014. En marzo de 2013 las Comisiones de la Legislatura de Veracruz aprobaron el proyecto Presa de Propósitos múltiples Xalapa con base en los siguientes argumentos:

…en virtud de que la zona metropolitana de la ciudad de Xalapa en-frenta actualmente un déficit de agua potable de cerca de 500 litros por segundo, lo cual impacta en una baja dotación de agua por ha-bitante, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa tiene que recurrir a tandeos que impactan a la sociedad al no contar con agua de manera continua. Dicha situación se irá agravando con el tiempo, debido al incremento poblacional, el cual provoca una mayor demanda de agua, disminuyéndose así la dotación actual del agua por habitante.11

Para esta decisión no sólo no se tomaron en cuenta de manera seria los fac-tores relativos a la gestión y la posibilidad de mejorar esta, sino que el déficit

11 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140318_141350_572#sthash.NElG4hb1.dpuf

Luisa Paré

306

mismo es un asunto nebuloso. El 59% reconocido de pérdidas (a partir de la macromedición y la muy deficiente micromedición), es apenas un dato indicativo de lo que realmente necesita la ciudad.

El proyecto multiuso anunciado que sería concesionado a la empresa brasileña Odebrecht significaría bombear el agua del río Antigua desde una altitud de 500 msnm hacia la región de Xalapa a 1400 msnm. Aquí queda por desenmarañar cuales son los múltiples propósitos de este proyecto.

La porción de la cuenca del río Antigua donde están proyectadas seis presas es una zona agrícola, con producción de café de altura, de frutales principalmente mangos, de pesca y de actividad turística, particularmente río arriba y río abajo de Jalcomulco con más de 30 empresas de ecoturismo y descenso de ríos.12

Han sido tres generaciones de habitantes las que están generando proce-sos de aprendizaje y apropiación del río, no sólo en su uso turístico, también en actividades agrícolas, de pesca, uso doméstico, recreativos; es decir, se trata de un sitio apropiado por la localidad con una riqueza sociocultural y am-biental importante. Algunos empresarios locales opinan que entre el 80% y el 90% de la población de Jalcomulco vive del turismo. Entre 600 y 700 fa-milias pudieran estar directa o indirectamente involucradas con la actividad turística (Saldaña et al., 2012).

En este caso como en la mayoría de los megaproyectos, la opacidad en la información es la constante. Hasta inicios de 2014, salvo por el anuncio de una presa sobre la confluencia de dos afluentes del río Pescados (Matlacobatl y Tillero)13 todo eran rumores en torno a la construcción de varias presas que iban a generar empleos. El 9 de enero de 2014 más máquinas de perforación y grúas entraron en los márgenes del río. Los cuestionados operadores de los equipos informaron a los pobladores que realizaban estudios de suelo con miras a la construc ción de una hidroeléctrica.

En realidad desde agosto de 2011 la empresa Odebrecht había hecho la propuesta al gobierno del estado de una asociación público-privada para construir la presa.14 Se acordó entonces establecer la sociedad Proyecto de Propósitos Múltiples Xalapa, con una inversión total de 7 mil 500 millones de pesos, en la que el 72% sería de capital privado y el 28% correría por cuen-ta del gobierno veracruzano. Con base en la Ley de Asociaciones Público

12 Durante el año las empresas reciben entre 300 y cinco mil visitantes lo que ha dinamizado y diversificado la economía local, condición que se refleja en la disminución de la migración.13 En 2011 había presentado una MIA que le fue negada por no ajustarse a la Ley.14 Patrón que sigue la empresa en otros países (Perú con la presa Olmos por ejemplo).


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Privadas, el gobierno estatal por decreto creó Odebrecht Participações e Inves-timentos SA (OPI) en asociación con el propio gobierno.

Es hasta febrero de 2014 que la empresa brasileña Odebrecht compare-ció ante legisladores, pobladores y diputa dos locales para explicar los mo-tivos para construir una presa y una hidroeléctrica en el río Los Pescados. Al mes siguiente, con base en una resolución del Consejo de Economía del gobierno del estado en 2011 (y de un decreto firmado por el gobernador)15 los legisladores veracruzanos autorizaron que el Ejecutivo estatal lleve a cabo el proyecto Propósitos Múltiples Xalapa, a través del esquema de Proyecto para la Prestación de Servicios para construir:

1. Una presa de almacenamiento de agua sobre el río La Antigua;

2. Un sistema de bombeo, conducción y entrega en bloque para el abasteci-miento de agua a la zona metropolitana de Xalapa; y

3. Una central hidroeléctrica a fin de aprovechar el embalse de almace-namiento, generando así reducción del costo de inversión con el aprove-chamiento de energía más barata para el transporte de agua, además de la venta de su excedente a grandes consumidores a través del esquema de autoabastecimiento).16

Ciertamente, la venta del excedente de energía a “grandes consumidores” deja en el misterio el destino de la energía. De no ser los pobladores loca-les, los grandes consumidores cercanos son la cercana planta Apazapan de Cementos Moctezuma y el Proyecto Etileno XXI que Odebrecht construye en Coatzacoalcos y, según el patrón de Odebrecht en otros países, empresas ligadas a la producción de biocombustibles.

No se han presentado escenarios alternativos como la Comisión Mun-dial de Represas17 lo indica:

15 La Ley de Fomento Económico, en su artículo 25, fracción II, establece la posibilidad de que el Ejecutivo del Estado pueda integrar todo tipo de asociaciones empresariales para solventar proyectos de infraestructura pública.16 “La actividad autorizada consiste en la generación de energía eléctrica con una capacidad a instalar de hasta 29.59 MW, cuya generación de energía será destinada a su venta a la CFE. re-solución res/1041/2013 CFE para el Desarrollo Energético La Antigua. http://www.forbes.com.mx/sites/odebrech-una-amenaza-que-corre-por-el-rio/ http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140318_141350_572#sthash.NElG4hb1.dpuf ).17 La CMR fue formada por el Banco Mundial en 1998.

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La selección de cualquier represa, proyecto o curso de acción debe basarse en una evaluación exhaustiva y participativa de toda la varie-dad de opciones políticas, institucionales y técnicas…El criterio de selección utilizado en los análisis debe reflejar explícitamente de qué modo cada opción afecta la distribución de los costos, los beneficios y los impactos para cada grupo afectado y cómo responde a los objetivos de desarrollo… (CMR, 2000).

Según declaraciones de diputados y de organizaciones ambientalistas el con-trato contiene varias irregularidades: la obra no fue sometida a licitación y las proporciones de inversiones entre el sector privado y el público no se ajusta-ron a lo señalado por la Ley de Inversiones. En este tipo de megaproyectos es común que el Estado asuma la mayoría de los riesgos y las empresas la parte del león. El documento establece que:

“la CAEV [Comisión de Agua del Estado de Veracruz con la cual se firmó el convenio] deberá adquirir los derechos inmobiliarios del sitio de la presa, los derechos de vía para la construcción del acueducto y para la construcción de los caminos de acceso a las obras y la línea de trasmisión, así como los derechos de vía, de paso o de acceso a cual-quier otro predio que se requiera o resulte necesario, acorde con el an-teproyecto y en su momento con el proyecto ejecutivo” (cláusula 4.2.3 ).

Además la CAEV asume total e íntegramente los riesgos de tipo geológico, aspectos hidrológicos no previsibles y de hallazgos arqueológicos así como los derivados de problemas con derechos inmobiliarios.18

Encima de todas estas condiciones más que favorables para la empresa, la propia Secretaría de Reforma Agraria le allana el camino en lo relativo al trato con dueños de predios, y distintas dependencias del gobierno realizan el trabajo de convencimiento en las comunidades. La Comisión Nacional del Agua, con información insuficiente logró que el Consejo de cuenca en el cual supuestamente están representados los intereses de los actores de la cuenca votara (salvo un voto en contra) que los estudios de disponibilidad de agua eran suficientes para iniciar el proceso de levantamiento de la veda sobre el río, condición para poder otorgar sus permisos a la empresa y su proyecto de hidroeléctrica. En otras palabras el gobierno, sea federal o estatal actúa directamente como promotor del proyecto. De por sí, al ser parte de la

18 http://www.jornadaveracruz.com.mx/Nota.aspx?ID=140318_141350_572#sthash.NElG4hb


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empresa, abandona su posible rol de un actor neutral para dirimir cualquier conflicto entre la empresa y la población local.

Antes de hacer una breve mención a la resistencia a este proyecto que debía de iniciar operaciones en marzo de 2013 es importante destacar que la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales) declaró una y otra vez que no ha expedido permiso alguno para la construcción de alguna presa dentro de las cuencas de los ríos La Antigua, toda vez que el río aún está vedado y al momento no es posible autorizar concesiones.19 Los permisos de la Comisión Nacional del Agua otorgados para realizar estudios no podían haberse dado sin contar la empresa con una Manifestación de Impacto Ambiental, a la fecha no entregada, lo que constituiría otra irregu-laridad más.

Cómo se construye la resistencia y cómo evoluciona el carácter de las de-mandasPara una región con un dinamismo económico centrado alrededor del turis-mo, en particular del descenso de ríos, además de la pesca y la agricultura, el proyecto de la represa suscitó en la población muchas dudas y temores. Entre ellos destaca el temor de los pobladores de perder los beneficios del río, el agua para sus cultivos (400 hectáreas se verían inundadas) y, para las más de 300 personas involucradas en el descenso de ríos la afectación del cauce necesario para esta actividad. Una cortina de 100 metros de alto por 700 de largo para muchos es el riesgo más grave ya que es conocido que esta cuenca presenta una vulnerabilidad particularmente alta ante fenómenos climatoló-gicos extremos como fue el caso con el huracán Karl en 1910.20

El geólogo Sergio Rodriguez Elizarrarás plantea que:“al evaluar la conveniencia de un proyecto como este debe tomarse en cuenta la inestabilidad de las estructuras geológicas en la vertiente volcánica entre el Pico de Orizaba y el Cofre de Perote, que a lo largo de la historia, al ocurrir eventos disparadores como sismos o fuertes precipitaciones, ha provocado el desprendimiento de importantes vo-lúmenes de rocas y tierra.21

19 En efecto estos ríos están vedados para nuevas concesiones por decretos que datan de 1935 para el rio Antigua y de 1955 para algunos de sus afluentes ( Pixquiac, Xuchiapan y Huehueya-pan, en Coatepec, Ver.)20 Para algunos científicos, geólogos, ingenieros civiles, podría haber riesgos en cuanto la zona se ubica sobre una falla geológica (Zacamboxo) y podría provocar una sedimentación conside-rable en caso de terremotos por el tipo de materiales geológicos en la cuenca alta21 Presentación en sesión del Coloquio sobre la gestión del Agua en Xalapa, mayo 2014.

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La falta de información, de consulta, de trato directo con particulares y no sólo con las asambleas ejidales o comunitarias, o la manipulación de éstas, y el inicio de estudios sin los permisos correspondientes fue perfilando un escenario de descontento y de movilización al que no pudieron parar el regalo de pintura para las fachadas de casas ni otras acciones semejantes para lograr la aceptación social. Todo ello fue conduciendo a un movimiento regional (11 municipios, 42 comunidades) que conformaron lo que es ahora Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL). Las ac-ciones de resistencia han incluido foros informativos, asambleas, consultas, bloqueos de caminos y carreteras, mesa de trabajo con el gobierno y un foro legislativo que, al fracasar por manipuleo de la parte oficial llevó a la insta-lación de un campamento permanente denominado “Centinelas del Rio”, el cual se sostiene hasta el momento y custodió por un tiempo la maquinaria de la empresa que realizaba labores de exploración sin contar con los permisos necesarios.

El movimiento expresa sus demandas y anhelos en los siguientes términos:

• Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por un Río Libre defiende nuestros derechos a la vida, al territorio, al agua, a la libertad y a la alimentación.

• Lucrar con un recurso vital como el agua demuestra la falta de ética ambiental y de compromiso social por parte de nuestros representantes, que no protegen el bienestar de sus ciudadanos y su territorio, sino que muy por el contrario afecta y margina a sus pueblos.

A finales de 2013 lo que se pedía era información precisa a la opinión pública sobre los detalles técnicos de la obra, consulta pública formulada de manera objetiva, incluyente y participativa revisada por profesionales y clausura de las obras de análisis de suelos de parte de Profepa. Tampoco fue cumplida la demanda al gobierno del estado de presentar la versión pública del contrato que realizó con la Sociedad Propósitos Múltiples Xalapa, como se com-prometieron y a las autoridades ambientales la entrega de los estudios de factibilidad. Ya para el segundo semestre de 2014 la demanda es el retiro de Odebrecht y la interdicción de presas sobre el río.

Poco a poco el problema trasciende el primer bastión de la resistencia, Jalcomulco, y se extiende a distintos puntos de la cuenca. Poco a poco se logra que algunos sectores de la ciudadanía de Xalapa empiecen a ver el pro-


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blema más allá del ámbito local. Al ser las necesidades de la ciudad utilizadas como la justificación para un proyecto que implicaría un impacto en distin-tos ámbitos en la cuenca se logra captar la atención de algunos académicos, estudiantes, funcionarios públicos y público en general.22

Convocamos a pueblos, comunidades, organizaciones y movimientos veracruzanos a sumarse a la Mega Marcha-Carnaval por el agua y los ríos libres, que se realizará el próximo 14 de marzo, día mundial de acción con-tra las presas, en Xalapa, Veracruz. Invitamos a luchar con alegría y jubilo, gestando un Frente Estatal en Defensa del Agua y la Vida. Detengamos los proyectos hidroeléctricos, mineros, de fractura hidráulica y otros proyec-tos trasnacionales que atentan contra la seguridad del pueblo veracruzano. ¡Agua, vida, energía y alegría no son mercancías!

En el Foro en la Legislatura donde participaron además de los pobla-dores, académicos y la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Am-biental (LAVIDA) se propusieron las siguientes acciones y principios que muestran que el movimiento ha escalado de una demanda local a un plan-teamiento más amplio que refleja la necesidad de una democratización de la gestión del agua:

1. Crear comités en cada microcuenca o subcuenca para la defensa territo-rial y para garantizar el abastecimiento de agua local.

2. Un manejo integral de la cuenca donde se prioricen áreas forestales de recarga de acuíferos.

3. Mecanismos de vigilancia ciudadana para la gestión y el acceso al agua, priorizando el agua para consumo humano y no para empresas.

4. Fortalecer la organización estatal por la defensa de los ríos.

La organización Pueblos Unidos (PUCARL) interpuso una demanda colectiva firmada por 180 personas por obra peligrosa, demanda que ha ob-tenido resolución favorable en los tribunales quedando así la colectividad reconocida como ente jurídico ambiental.

Los dos temas, la gestión del agua de Xalapa y la lucha contra la presa

22 La participación de más de 150 personas en un Coloquio sobre la Gestión del Agua en Xalapa, incluyendo una Mesa redonda sobre el Proyecto de Propósitos Múltiples muestra este escalamiento.

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tienen algo en común y unen agendas. La historia no termina, con fecha 10 de agosto de 2014, hay noticia de que la empresa Odebrecht se retira pero el campamento sigue porque no hay pronunciamiento oficial del gobierno del estado al respecto y las camionetas de otra constructora rondan por ahí.

ConclusionesEste contrapunteo entre la necesidad incuestionable de satisfacer la demanda de agua de una zona metropolitana en crecimiento por un lado y un proyecto de hidroeléctrica y trasvase de cuenca por otro, constituye un escenario de inseguridad hídrica, tanto para quienes tienen derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. (Art. 4º. de la Constitución Política de los Es-tados Unidos Mexicanos) como para quienes defienden su territorio.

Hoy día la construcción de presas hidroeléctricas, más que responder a necesidades regionales (electrificación, control de inundaciones) obedece a una lógica extra regional. Las reformas neoliberales a las leyes de generación de energía eléctrica permiten hoy que empresas privadas produzcan energía en una región para consumirla en otra, utilizando la red y las subestaciones de carácter público. Esto equivale a una privatización de hecho del agua vía apropiación de los ecosistemas fluviales que son puestos al servicio de los intereses de lucro de grandes empresas nacionales o multinacionales como lo ilustramos con el caso de la cuenca media del Antigua.

Muchas veces este tipo de proyectos aparece en contextos de crisis de las economías regionales por falta de inversiones del gobierno en infraestructu-ra y por políticas desfavorables para los precios agropecuarios, orillando a la gente a aceptarlos, incluso a vender o rentar sus tierras.

En el caso aquí presentado se ha podido ver cómo el discurso de la es-casez o déficit de agua es utilizado para justificar un proyecto de trasvase de cuenca que posiblemente tenga otros propósitos y corresponda a otras agendas. La ideología de la escasez es utilizada para justificar proyectos con otros fines no revelados. Ahora con el reconocimiento de la ONU y de las constituciones nacionales al derecho humano al agua y saneamiento, se plan-tea un falso dilema entre las legítimas demandas de quienes no tienen agua y megaproyectos como el aquí reseñado. Para Horacio Machado (2010) el discurso de la escasez además de presentar como naturales las graves des-igualdades existentes en torno al agua “encubre el asalto mundial privatista sobre las fuentes de agua, tratándose, por tanto, de una ‘escasez’ políticamen-te producida y económicamente conveniente”.


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En caso de desarrollarse este megaproyecto cuyos intereses rebasan el ámbito local y microregional ¿Qué pasa con el territorio? Varios autores especialistas de los procesos de globalización (Bervejillo, 1995; Sassen, 2014; Savy, 1990) que analizan la relación entre lo local y lo global reflexionan sobre el proceso de fragmentación de los territorios. “Hoy los polos de la red no son más solidarios de su hinterland, aún para domarlo se articulan los polos entre sí sin contiguidad espacial. Los espacios intersticiales, entre los nudos de la red, no son incorporados en ese movimiento, sino dejados a un lado” (Bervejillo 2005). Los espacios intersticiales son justamente las áreas rurales entre los polos urbanos y los polos de extracción de recursos sean el agua u otros, en este caso Xalapa y la zona aledaña a Jalcomulco.

Esta polarización entre las zonas inscritas en el mapa de la moderni-zación extractivista, además de los impactos socioambientales previsibles excluye las zonas intermedias de un desarrollo endógeno para librarlas a la dependencia, la asistencia o la desertificación (Savy, 1990). Para estas zonas que quedan en lo que Saskia Sassen llama el borde sistémico (systemic edge) les corresponde los programas asistencialistas y las poco dignas Cruzadas contra el Hambre donde se desaprende la autonomía productiva.

Un destino turístico como Jalcomulco, uno de los más dinámicos de la región centro y del estado y el resto de la cuenca media tiene un potencial enorme para el agroturismo y el turismo de naturaleza. Con la construcción de una presa de estas dimensiones la región vería disminuido su valor pai-sajístico y, en el balance final, sería mayor la pérdida de fuentes de trabajo que la generación de empleos.

En esta fase de la globalización presenciamos un debilitamiento de los Estados protectores. Estos, lejos de cumplir un papel de mediadores “entre la sociedad local y los “agentes externos desterritorializados” como los nombra Bervejillo se vuelven promotores de las empresas promoventes. En distintos lugares donde se instalan empresas extractivistas e hidroeléctricas es notable el rol de distintas agencias del gobierno como promotores de estos proyectos, no sólo desde el escritorio sino en el campo. Es el caso de emisarios de la Secretaría de Reforma Agraria en la presa La Parota en Guerrero con el ma-nipuleo de asambleas, de la Comisión nacional de Agua señalada por haber hecho firmar papeles en blanco a personas de la tercera edad en el caso de comunidades que serán inundadas por la presa El Zapotillo en Jalisco. Para el caso que nos ocupa otras actuaciones ya fueron mencionadas previamente como ofertas asistencialistas, presiones, autorizaciones de estudios sin cubrir requisitos administrativos.

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Últimamente se han observado señales de modernización del sistema de distribución, un nuevo discurso entre tomadores de decisión que habla de la necesidad de hacer un reúso del agua servida, pasos en firme para hacer más eficiente el sistema, renovar tecnología, eliminar fugas; en fin, adoptar propuestas que han mostrado su factibilidad en otras partes. Quizá esto sea, como en el caso de carreteras y bancos, un paso previo al rescate guberna-mental para sanear finanzas y operaciones para la posterior privatización de los sistemas operadores de agua.

Para terminar podemos reflexionar sobre las diferencias entre el tipo de denuncias, mayoritariamente declaraciones de personas afectadas o de personajes públicos relacionadas con la gestión del agua, el abasto, la contaminación o las tarifas. Una vez atendido el problema no hay mayor participación o reivindicación posterior. En el caso del proyecto de presa la demanda es contra la imposición de un proyecto que, según los afectados y sus aliados sólo beneficiará a intereses privados y afectará negativamente la región tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico y cultural. No es negociable, se rechaza. Me parece que este caso muestra como desde el conflicto ecológico local se establecen relaciones con con-flictos ecológicos globales. Sin salir de la localidad los activistas se asumen como parte de una red global de resistencia y de ahí a la fuerza que sienten y la transformación que se da en la conciencia. Por supuesto no es asunto terminado por lo que no se puede prever lo que pasará con los liderazgos, con la resistencia.

Lo que sí se ha observado es que ha habido un escalamiento que ha lo-grado interesar a personas más allá de la región y a plantear la necesidad de una gestión más eficiente del agua. De alguna manera las demandas locales se encuentran y buscan conformar una agenda común.

La defensa de un río abre puertas sobre el mundo hacia donde baja el agua, en vez quieta, en vez caudalosa pero siempre en movimiento.

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Savy, M. y P. Weltz, 1998. Economie globale et réinvention du local, Paris, Edi-tions de l’Aube.

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El reto de la sociología rural latinoamericana hoy: producir conocimiento situado1

Isaías Tobasura Acuña2

ResumenLa sociología rural como disciplina con objeto de trabajo y métodos pro-pios es muy joven. Está en proceso de formación y consolidación, lo cual se convierte en un reto para los trabajadores de este campo del conocimiento. En un principio su objeto fue estudiar las relaciones sociales y la vida de la sociedad rural. Y aunque las diferencias entre lo rural y lo urbano nunca fueron claras, hoy, cuando estas diferencias son aún más difusas, la socio-logía rural tiene una tarea más compleja frente a las nuevas dinámicas y problemáticas de las sociedades rurales en un mundo globalizado. El reto de la sociología rural es crear y producir conocimiento situado, que le permita a la disciplina avanzar y contribuir a la transformación de estas sociedades, sobre todo, superando el colonialismo intelectual y la dependencia cognitiva. En este texto, a partir de vivencias y recorridos indisciplinados, se exploran miradas y lecturas de problemas recurrentes y emergentes que interpelan a la disciplina en la región.

Palabras clave: Vida rural, América Latina, campesinado, movimientos agrarios, ruralidad.

The challenge of the Latin American rural sociology today: to produce located knowledge

AbstractRural sociology as a young discipline with an objective of study and own methods, is in a process of formation and consolidation becoming a challen-ge for the specialist in this field of knowledge. In its beginning, its objective was to study social relationships and country life even though differences

1 Ponencia a la Mesa redonda Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural latinoamerica-na. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Doctor por la Universidad de Salamanca (España). Profesor Universidad de Caldas, Colom-bia. E-mail: [email protected]

Isaías Tobasura Acuña

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between rural and urban were never clear. Today these differences are more diffuse and the task for rural sociology is more complex when facing new dynamics and problems of the rural society in the globalized world. Its cha-llenge is to create and produce located knowledge to advance and contribu-te to the transformation of society overcoming intellectual colonialism and cognitive dependence. In this text different points of view and interpretation of recurrent and emerging problems that question the region are explored through interdisciplinary paths.

Keywords: Rural life, Latin America, peasants, agrarian movements and rurality.

IntroducciónLa sociología rural como disciplina con objeto de trabajo y métodos es muy joven. Acaba de cumplir 100 años la sociología rural creada en Estados Uni-dos. En América Latina es aún más joven, a lo sumo tendrá unos 60 años. La Sociedad Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), que realiza su Primer Congreso de Sociología Rural en 1983, cumple 45 años. Es una disciplina en formación, lo cual se convierte en un reto mayor para los so-ciólogos de formación y los de oficio, que tienen como tarea consolidar este campo del conocimiento. No es el momento para hacer un balance, ni una historia de lo que se ha hecho en este tiempo. No obstante, se puede afirmar que en la mayoría de trabajos de investigación de lo rural predominan los estudios descriptivos e interdisciplinarios, sobre la elaboración teórica. De hecho, la sociología rural, al igual que ha ocurrido en otras disciplinas, se ha alimentado de las principales corrientes teóricas de la sociología europea y norteamericana.

Hasta no hace mucho tiempo, la población mundial era en su mayoría rural o vivía en áreas dispersas; hoy más de la mitad de la población vive en las ciudades o en concentraciones urbanas. América Latina y el Caribe, un continente heterogéneo y diverso, aún tiene unos 130 millones de población que habita en campos y pequeños pueblos. En un principio, la sociología rural se ocupó de la población rural, más exactamente de la vida rural; de hecho, La Sociología de la Vida Rural (1940), es el título de uno de los libros pioneros de esta subdisciplina en la región. Y aunque las fronteras entre lo rural y lo urbano nunca fueron claras, era evidente que la sociología rural y los trabajadores de este campo se dedicaran al estudio de la sociedad rural o de las relaciones en lo rural.

El reto de la sociología rural latinoamericana hoy: producir conocimiento situado

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Hoy, las diferencias entre lo rural y lo urbano son mucho menos claras, tanto desde el punto de vista físico como desde la óptica social. Aunque no se puede desconocer la distancia en términos de la complejidad de una gran urbe y una pequeña aldea. La sociología rural tiene un enorme reto, frente a las dinámicas y problemáticas de las sociedades rurales contemporáneas. García Márquez en un texto de 1981, se refería a lo rural como ese “lugar donde los pollos se pasean crudos”, en el cual describía la vida de los niños en las grandes urbes de la época, después de una encuesta realizada en ciudades de Europa:

Cómo se llama el que lleva la leche, el que lleva el periódico y el pan, el que recoge la basura y el que arregla los daños menores de la luz y el agua. La respuesta de los niños fue casi unánime: el portero. No tie-nen por qué contestar otra cosa, pues ya sabemos que en estas grandes concentraciones urbanas, donde el nacimiento de una flor es como un milagro de la creación, todo lo que entra en los apartamentos debe pasar por el conducto ordinario e ineludible, y además providencial, del portero.

Ese ambiente en el que se vivía en las grandes urbes del mundo, es hoy el entorno en que viven muchos niños de las grandes ciudades de América Latina. En nuestros países cada vez hay más generaciones que tienen menos referentes identitarios con lo rural, menos vínculos directos con el campo. Paradójicamente, la vida de la gente en las grandes urbes depende en mayor medida de lo que se produce y viene de fuera de ellas. Hoy es impensable que las ciudades puedan ser viables sin lo que se hace y produce en las áreas dispersas, en lo “lo rural”. Por ello, los habitantes de las ciudades empiezan a ser conscientes de lo que pasa fuera de las ciudades, y ello, resulta relevante para el futuro de la sociología rural.

América Latina y el Caribe, la tierra de Macondo, de Comala, de El llano en llamas, de Pedro Páramo, de Martín Fierro, es un mundo mágico, encantado, que en muchas facetas sigue inédito para la ciencias sociales en general y para la sociología rural en particular. Precisamente, mientras que en la literatura alcanzamos estatura universal, con obras como Cien años de Soledad, Pedro Páramo, La casa verde, Residencia en la Tierra, y otras más, en las ciencias sociales, no hemos logrado crear marcos de referencia que permi-tan comprender y explicar nuestra sociedad de manera que logremos superar el colonialismo intelectual como lo llamaba Orlando Fals-Borda o la de-pendencia cognitiva como la ha denominado Boaventura de Sousa Santos.


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La sociología rural en América Latina, debe encontrar su propia iden-tidad para construir conocimientos acorde con la realidad de la región. Lo anterior, como lo expresan Mora-Osejo y Fals-Borda, en el manifiesto La superación del eurocentrismo, en el cual plantean como hipótesis de contexto, para el caso del desarrollo de la ciencia en Colombia y otros países de la franja tropical, que:

“Los marcos de referencia científicos, como obra de humanos, se ins-piran y fundamentan en contextos geográficos, culturales e históricos concretos. Este proceso es universal y se expresa en diferentes moda-lidades. Se justifica en la búsqueda de plenitud de vida y satisfacción espiritual y material de los que intervienen en el proceso investigativo y creador, así como de los que lo difunden, comparten o practican” (Mora-Osejo y Fals-Borda, 2002: 7).

Es innegable la importancia que han tenido la ciencia y el conocimiento universal en el desarrollo de nuestros países, pero no se puede desconocer las dificultades que ha generado en muchos casos, cuando se transfieren co-nocimientos a realidades tan diferentes como las del trópico húmedo. En consecuencia, es imperiosa la necesidad de crear conocimiento en contexto, conocimiento situado, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales. Lo anterior, exige crear nuevas epistemologías como la propuesta por de Sousa Santos, en sus Epistemologías del Sur (2009), o como metafó-ricamente lo sugirió Torres García en América Invertida. Nuestra historia, nuestra diversidad de culturas, nuestros territorios, nuestro Abya Yala, de-manda una Escuela de Pensamiento Social. Nuestra región requiere:

Disponer junto con el conocimiento universal, conocimientos contex-tualizados con nuestras realidades singulares y complejas. Nos hace mucha falta comprender y aceptar que la sola transferencia de conoci-mientos básicos o aplicados, válidos para explicar fenómenos o sucesos característicos de otras latitudes o la introducción a nuestro medio de innovaciones o productos […] no siempre resultan apropiados para concebir soluciones surgidas en nuestro medio; (Mora-Osejo y Fals-Borda 2002: 7).

El eurocentrismo y el Norte, como referentes del destino de nuestro sub-continente, generan dependencia, no solo económica, tecnológica y cien-tífica, sino dependencia cognitiva, que es todavía más preocupante: “La ignorancia sobre nosotros mismos, sobre nuestro origen, nuestro devenir


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histórico, nuestra geografía, nuestros recursos naturales, entre otros; en un mundo globalizado, más pronto que tarde nos convertirá en el mercado pre-dilecto no solo de los productos elaborados allí, sino de las tecnologías y conocimientos que ellos producen y exportan” (De Sousa Santos, 2011: 11). Nos convertirá en consumidores de bienes materiales y simbólicos. Y esto es muy evidente en la sociología rural donde aún seguimos bebiendo de las teorías clásicas o peor aún de los nuevos marcos explicativos que pretenden dar cuenta de los nuevos problemas que agobian la región.

De manera que, frente a recurrentes problemas no resueltos en el campo, como el acceso a la tierra, el cambio en las sociedades rurales, las relaciones campo-ciudad, las clases sociales, las relaciones de poder, la pobreza y mar-ginalidad; y problemas emergentes, como los ambientales, los nuevos suje-tos sociales como indígenas, afrodescendientes, mujeres; los movimientos sociales y altermundistas, los imperios agroalimentarios de la globalización internacional, la transición demográfica, el cambio climático y la violencia rural, la sociología tiene un enorme desafío para crear nuevos marcos expli-cativos y enfoques metodológicos, que permitan abordar una problemática que, teniendo aspectos comunes con las de otros lugares del mundo, tiene particularidades que retan la imaginación y creatividad de la sociología rural. Si no se logra la emancipación cognitiva y la superación del colonialismo intelectual, la superación de los problemas no solo no será posible, sino que incluso, podrían agravarse. Por ello:

… es comprensible que si un marco científico de referencia no se arrai-ga en el medio donde se quiere aplicar, aparezcan rezagos y desfases teórico-prácticos, con implicaciones disfuncionales para los sistemas culturales, sociales, políticos y económicos. […] La situación empeora cuando los marcos de referencia que se emplean aquí resultan copias textuales o limitaciones impuestas de paradigmas desarraigados del contexto propio […] Necesitamos, pues, construir paradigmas endó-genos enraizados en nuestras propias circunstancias, que reflejen la compleja realidad que tenemos y vivimos (Mora-Osejo y Fals-Borda, 2002: 10).

En consecuencia, en este texto insisto en la imperiosa necesidad que tiene la sociología rural de crear conocimiento, a partir de nuestras historias, de las historias que habitan en la memoria de los pueblos, en sus narrativas y prác-ticas cotidianas, en sus creaciones populares (música, cuentos, mitos, relatos), de nuestras condiciones biofísicas y de la relaciones entre los seres humanos


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y la naturaleza. Lo anterior implica explorar nuevos caminos, porque optar por los senderos ya recorridos no permitirá crear los nuevos marcos teóricos y métodos requeridos para poder comprender, analizar y explicar la realidad rural, de manera que se pueda contribuir con eficacia a la transformación social que requiere las sociedades rurales de la región. Para ello, el texto, en el primer aparte, indaga sobre la agenda de la sociología rural; en el segundo, la vida rural; en el tercero, los movimientos y luchas sociales en el campo; en el cuarto, los nuevos campesinos; en el quinto, la estructura social y las relaciones de poder; y, finalmente, ideas para el debate.

La agenda de la sociología rural: entre lo recurrente y lo emergenteLos tiempos han cambiado, es cierto, pero muchos problemas de los habi-tantes rurales siguen vigentes. Hubo tiempos en que los campesinos com-praban fiado con la esperanza de pagar con la cosecha. Veamos: “dile a doña Inés que le pagaremos en la cosecha todo lo que le debemos” (Rulfo, 1954: 18). Esa vida rural, que magistralmente narraba Rulfo, de aquel pueblo –Co-mala- que parecía habitado por fantasmas, es lo mismo que aún recuerdan con nostalgia los campesinos de algunas regiones de Colombia agobiados por la crisis de la agricultura producto de la apertura económica y la firma de los TLC: “En mi generación –dice don Alfonso3- mi padre llevaba la co-secha al mercado y llegaba con lo que faltaba en la casa; había para comprar las alpargatas, la camisa, lo que faltaba en el hogar. Hoy, no hay ni para darle comida a los hijos. […] Lo que producimos no vale nade o nadie lo compra”.

Los campesinos y pobladores rurales de esos tiempos, vivían pobres, pero trabajaban, habitaban el territorio y tenía esperanza. Había una dinámica social y económica que se ha ido perdiendo con el modelo económico y la fase avanzada del neoliberalismo: “Yo le daba su propina por cada pasajero que encaminará a la casa. Y a los demás nos iba bien. Ahora desventurada-mente los tiempos han cambiado pues desde que esto está empobrecido ya nadie se comunica con nosotros” (Rulfo, 1954: 20). Hay pueblos que saben a tristeza, que inspiran nostalgia. En las ventanas de bares y tiendas y cruces de caminos se lee: “vendo finca…” “se vende o permuta…”

Traigo aquí estos pasajes de la literatura con una doble intención. Por una parte, porque problemas como la pobreza y el hambre, bellamente regis-trados por nuestras figuras literarias, se han hecho recurrentes y endémicos

3 Conversación con campesinos de la vereda Quebrada Vieja del municipio de Soracá, Boyacá, Colombia. Marzo de 2014.


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en nuestro continente. Y por otra, porque la sociología para comprender el sentido no sólo material y simbólico del hambre, la pobreza y la desespe-ranza de los campesinos debe superar la estrechez de sus encasillamientos teóricos y métodos de investigación, para explicar mejor la subjetividad del drama del alma humana, sin convertir a los campesinos en: pobres, indigen-tes, sin tierra, desplazados, sólo cifras que registran las estadísticas oficiales.

Igual, la música, la pintura, la fotografía, el teatro, el cine, los mitos deben ser fuentes de la investigación de la vida rural. Veamos en Plegaria de un Labrador del chileno, Víctor Jara, como canta la lucha que día tras día libra el agricultor con los poderes del capital y de la tierra: Líbranos de aquel que nos domina/ en la miseria/ Tráenos tu reino de justicia/ e igualdad.

En el caso colombiano, el problema de la violencia política de los últimos cincuenta años, originada en el despojo del campesino por la clase terrate-niente, se puede tener como referente la obra de teatro Guadalupe Años Sin Cuenta, de Santiago García, cuyo tema es la entrega de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales encabezados por Guadalupe Salcedo, que se frustró y dio origen a la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Co-lombia Ejército del Pueblo (FARC-EP), la guerrilla de origen campesino más longeva del mundo. Y lo que es inexplicable es que el problema –de la tierra- que le dio origen sigue vigente. Con esto, además, quiero anotar que la sociología rural debe realizar no sólo estudios sincrónicos, sino diacrónicos, que permitan dar cuenta de los cambios ocurridos en un período de tiempo.

Otro de los problemas de la vida rural, sobre todo de los campesinos que labran la tierra desde niños hasta viejos es el contacto con la tierra, la interacción con la naturaleza, mediada por herramientas como el arado o el azadón o la yunta de bueyes, donde igualmente se pueden apreciar dos facetas de una actividad tan noble y necesaria como producir alimentos: el sufrimiento de una labor hecha con el alma, y el sentimiento que emerge de ese contacto con la tierra, el afecto por ella. Por ello, la agricultura que reali-zan los campesinos tiene una función imperativa que es “cuidar la tierra”. Así lo moldeó con versos el pastor de Orihuela Miguel Hernández en El niño yuntero: “Empieza a vivir y empieza /a morir de punta a punta/ levantando la corteza/ de su madre con la yunta”. […] Nace, como la herramienta/ a los golpes destinado/ de una tierra descontenta/ y un insatisfecho arado/[…]Que salga del corazón de los hombres jornaleros/ que antes de ser hombres/ son y han sido niños yunteros”.

En estos versos, la condición del campesino emerge con la potencia de que carecen los estudios convencionales de las ciencias sociales, donde se


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reduce el campesino a productor de alimentos y materias primas con fines de reproducción social de la unidad doméstica. Por el contrario, aquí se ma-nifiesta lo que hoy está en peligro con el avance del capitalismo en el campo: la desaparición de una cultura, una forma de vida, una forma de relacionarse con la naturaleza, que con los peligros que entraña el avance de la tecnología, cobra un valor trascendental.

Con el auge de la agricultura industrializada, el imperativo moral de la agricultura hoy es establecer un nuevo contrato con la tierra, un contrato social extendido con la comunidad moral ampliada, como diría Serres (1991), “un contrato natural”, que es crucial, debido al poder que, por medio de la técnica, ha conquistado el hombre moderno. Y del cual la agricultura indus-trializada no es ajena. Así:

“…La techne, en su forma de técnica moderna, se ha transformado en un infinito impulso hacia adelante de la especie, en su impulso, […] en cuyo continuo progresar que se supera a sí mismo hacia cosas cada vez más grandes se intenta ver la misión de la humanidad, y cuyo éxito en lograr el máximo dominio sobre las cosas y los propios hombres se presenta como la realización de su destino” ( Jonas, 2004: 36).

O como anota Heidegger (2003: 123), en el texto La pregunta por la técnica, acerca de la técnica moderna: Es igual que la técnica antigua, pero el des-ocultar no se despliega en producir. “El des-ocultar en la técnica moderna es un provocar que pone a la naturaleza en la exigencia de liberar energías, que en cuanto tales pueden ser explotadas o acumuladas”. Y eso es, ni más ni menos, lo que diferencia la agricultura tradicional de la agricultura moderna. Veamos:

“…el campo, que el campesino antiguamente labraba, en donde labrar aún quiere decir: cuidar y cultivar [está en decadencia]. El hacer del campesino no provoca al campo. En el sembrar las simientes, abando-na él la siembra a las fuerzas del crecimiento y cuida su germinación. Entre tanto, la labranza del campo [hoy] ha caído en la resaca de otro modo de labrar, que pone a la naturaleza. La pone en el sentido de provocación. El campo es ahora industria motorizada de alimentación [al servicio del capital] (Ibídem: 123).

Otro de los temas que interpela a las ciencias sociales y, particularmente, a la sociología rural es la defensa de los bienes comunes: la tierra, el agua, los minerales. Particularmente la apropiación de dichos bienes por el capital


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financiero internacional. Este es uno de los problemas que afecta a todos los países de la región, lo cual ha hecho que muchas economías se hayan repri-marizado, por una parte y, por otra, se hayan exacerbado los impactos am-bientales y sociales. Y como consecuencia de ellos, los movimientos sociales vuelven a la cresta de la ola, enarbolando reivindicaciones históricas como el acceso a la tierra, la lucha del trabajo contra el capital, en la óptica de la clá-sica lucha de clases. Además, problemas ambientales y sociales ocasionados por el desarrollo científico aplicado a la agricultura y por la dinámica de la sociedad, como los OGM, el cambio climático, la perdida de la biodiversi-dad, el cambio social y los nuevos sujetos sociales en el campo.

Movimientos y luchas agrarias: de la lucha por la tierra a la defensa de los bienes comunesLos movimientos sociales y luchas agrarias de hoy incorporan a su acción colectiva la identidad, el medio ambiente, la defensa del territorio y de los bienes comunes, el reconocimiento de los derechos del campesino como sujeto histórico, la soberanía y seguridad alimentarias. Y en esta dirección emergen, además de las categorías ya clásicas como poder, dominio, subordi-nación y explotación, otras como autonomía, territorio, emancipación, buen vivir, territorialización, desterritorialización.

Como en algún momento se habló del nativo ecológico, refiriéndose a la relación armónica de los indígenas con la naturaleza, hoy se habla del cam-pesino como nuevo sujeto social ecológico, por la manera como se relaciona con la tierra, con los sistemas de producción agrodiversos que mantiene y refuerza en sus unidades de producción. Sobre estas formas de producción amigables con la tierra, debería trabajarse conceptos como cuidado de la tie-rra, resiliencia de los sistemas de producción campesinos, metabolismo rural y el ya conocido y trabajado concepto de racionalidad campesina. Debe construirse un marco teórico diferente, en torno a lo que podría constituir un paradigma alternativo, en lo que el Foro Social Mundial ha denominado “otro mundo es posible”. Al respecto, hay nuevas corrientes del movimiento campesino e in-dígena que reivindican La tierra para el que la cuida, además, de la tradicional e histórica reivindicación La tierra para el que la trabaja de los años setenta.

Como se puede observar, uno de los temas recurrentes de la sociología es la movilización social, en donde conviven los viejos movimientos cam-pesinos con los nuevos movimientos y luchas agrarias. El eje de la lucha de los movimientos campesinos ha sido la tierra, que hoy recobra un particular interés, por la nueva dinámica que ha tomado la apropiación de la tierra por


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el capital internacional con el acaparamiento de tierras y las figuras de Lea-sing con opción de compra. En el caso de Colombia, fueron especialmente importantes los movimientos campesinos en la década de los setenta, alre-dedor de la Asociación Nacional de Usuarios campesinos (ANUC), con la consigna La tierra para el que la trabaja. Hoy, en cambio, aunque el acceso a la tierra no se ha democratizado, y Colombia sigue teniendo una de las con-centraciones más altas de la tierra en la región, el eje de la lucha campesina y de los movimientos agrarios no es la lucha por la tierra, sino por los derechos humanos, el Derecho Internacional Humanitario DIH, la vida, el territorio y los recursos naturales y el medio ambiente. Incluso, algunos movimientos han enarbolado sus luchas con el slogan La tierra para el que la cuida, y eso es muy significativo por cuanto ella para los campesinos, los indígenas y los afros es mucho más que un recurso para la producción.

Pero en la defensa de la vida como valor supremo, el planeta, las plantas, los animales, las diferentes culturas, la tierra, hay que considerar las expre-siones culturales que superan las visiones rurales y tradicionales de los mo-vimientos sociales étnicos, campesinos, y considerar expresiones de grupos juveniles que se mueven en escenarios urbanos, pero con influencia universal, como el caso de Doctor Krápula, en Colombia, y Nana y Café Tacvba, en México, que con sus composiciones reivindican una forma alternativa para habitar en el planeta y construir una sociedad con justicia, armonía y paz, como en la canción Viva el Planeta de doctor Krapula: Que vivan todas las razas del mundo entero/ todos los países sin politiqueros/ que viva el que lucha y piensa diferente/ que sacó a su familia con el sudor de la frente. Que viva usted, que viva la tierra/ que viva la gente que no quiere guerra/ que vivan las matas, la naturaleza/ el mundo sin hambre y también sin pobreza […] que viva la vida (viva)/, que viva la gente (viva)/ que los animales vivan/ y viva el planeta (viva).

En este aspecto cabe destacar, el proyecto Ama-zonas y el colectivo Jaguar, cuyo objetivo es “Llamar la atención sobre la preservación de la Amazonia con el conocimiento del saber milenario que poseen sus pueblos –de validez no solo mítico, como se suele creer, sino también económico y estético”. Porque existe el irrenunciable derecho de cada pueblo a seguir existiendo en sus territorio y con su pensamiento. Así lo sintetizan en Ama-ama-zonas una de las canciones del CD dedicado a la defensa de la Amazonia, el cual como la Amazonia, no se vende: el verde mar/riñón del mundo/como lo que limpia…Sin árbol no hay vida/sin río no hay vida/sin selva no hay vida…mi tristeza es que la vida se volvió una mercancía.


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Igualmente, los movimientos de hoy luchan por la soberanía alimentaria, en contra del modelo neoliberal, los TLC, la defensa de una cultura y de una forma de vida. Algunos grupos, en Colombia, luchan por zonas de reserva campesina (ZRC)4, como territorios con autonomía, una de las reivindi-caciones de la Cumbre Agraria, reunida en Bogotá en 2014, que congrega campesinos, indígenas y afro descendientes. No obstante, el movimiento agrario en Colombia aún está lejos de ser monolítico, con reivindicaciones y agenda política unificados. El paro nacional agrario del año 2013, presentó tres pliegos de peticiones, uno liderado por las denominadas dignidades ca-fetera, arrocera, cacaotera, papera, lechera, y otras organizaciones que defien-den la producción nacional; otro encabezado por la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA); y el otro por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), lo cual puso en evidencia tres corrientes ideológicas y políticas que subyacen al movimiento agrario nacional.

El pliego de Las dignidades que representan los productores de café, papa, cebolla, arroz, panela, algodón y leche, de varios departamentos, reclama pre-cios justos y políticas de sustentación de precios, reducción de los costos de los insumos, control del contrabando, condonación de deudas y refinancia-ción de créditos, revisión de los TLC y subsidios para los productores, que se sintetiza en la defensa de la producción agraria nacional, en contra del modelo neoliberal y los TLC, pero no incluye el acceso a la tierra, ni otros problemas que aquejan a los campesinos pobres; por ello, algunos analistas han considerado que esta movilización expresa la “táctica de alianza de la burguesía nacional” (Dorado, 2014).

El pliego de la MIA, además de los puntos que atañen a los productores agropecuarios agrupados en las dignidades, recoge los intereses de colonos y campesinos pobres de zonas apartadas del país. Incluye medidas de acceso a la tierra, solicitud sobre ZRC, sustitución gradual y concertada de cultivos de coca, contención a la extranjerización y al acaparamiento de la tierra en la altillanura, moratoria de títulos mineros y protección a la minería tradicio-nal, participación campesina en toma de decisiones y derecho a la consulta y planes rurales sociales en salud, vivienda y educación. Representa una visión del desarrollo agrario basado en la producción del pequeño productor, que se opone al modelo agro-exportador que se impone en el país, y que ubica al campesino pobre y medio no como productor de alimentos, sino como “socio subordinado a los grandes proyectos productivos dirigidos a la ex-

4 Figura contemplada en Ley 160/94 de Reforma Agraria y Desarrollo Rural.


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portación” (Dorado, 2014). El CNA, en un pliego de enunciados generales, parece coincidir con lo anterior y, además, le añade la solución negociada del conflicto armado como sello de identidad política.

Por su parte, La Cumbre Agraria: Campesina, Étnica y Popular –que aglu-tina más de 10 organizaciones campesinas, indígenas y afros5- se proyecta como el punto de encuentro de los distintos sectores agrarios y populares para la cualificación de los debates y la construcción de un programa uni-tario con el que sustente la política económica y social. Busca establecer los lineamientos, mecanismos, rutas de diálogo y negociación conjuntos que ofrezcan posibilidades, garantías y permanencia de los procesos sociales, y el conjunto de la ruralidad colombiana. El objetivo es defender el derecho de los pueblos a definir el uso de la tierra y los alimentos a cultivar, fortalecer los procesos participativos y de diálogo interétnico e intercultural, garantizar el derecho a la soberanía y autonomía alimentaria, así como el derecho a la consulta previa con consentimiento libre, previo e informado de los pueblos afro, indígenas y campesinos (Prensa Rural, 2014).

De acuerdo con lo anterior, en Colombia no se puede hablar de un movi-miento campesino unificado con intereses de clase propios, sino de un movi-miento social heterogéneo integrado por campesinos, pequeños productores parcelarios, indígenas, afrodescendientes y sectores populares, que reivindican asuntos económicos, políticos, sociales y territoriales, incluidos en el extenso pliego de peticiones de la cumbre agraria, étnica y popular. El pliego, más que unas reivindicaciones concretas, se constituye en un proyecto político que busca la construcción de un país justo y soberano, donde todos los ciudadanos pue-dan vivir en paz. Incluye: 1. Tierras, territorios colectivos y ordenamiento terri-torial; 2. Economía propia contra el modelo de despojo o cambio del modelo productivo; 3. Minería, energía y ruralidad; 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola; 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia; 6. Derechos socia-les; 7. Relaciones campo- ciudad; y 8. Paz, justicia social y participación política.

Sobre la complejidad y cambios experimentados por los movimientos y luchas sociales agrarias en los últimos años, la sociología ha ido experi-mentando cambios en los aspectos teóricos del análisis de la teoría de clase

5 Coordinador Nacional Agrario, Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, Mesa de Interlocución y Acuerdo, Proceso de Comunidades Negras, Congreso de los Pueblos, Minga Indígena y Social Popular, Mesa Nacional de Unidad Agraria, Coalición de Movimientos y Or-ganizaciones Sociales de Colombia, Coordinación Nacional de Organizaciones y Movimientos Sociales y Políticos, Movimiento por la Constituyente Popular, Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina –ANZORC-, Red de Semillas Libres, y Federación Nacional Unitaria y Agropecuaria -FENSUAGRO-.


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social a teorías de los sujetos y actores sociales, aunque sobre este aspecto, no hay acuerdo (Pardo, 1998:130). En todo caso, la lucha de clases no ha des-aparecido, lo que han cambiado son las estrategias de lucha. Aunque hoy los movimientos sociales reivindican condiciones de clase como la tierra, luchan por la defensa de los bienes comunes: el planeta, el cuidado de la tierra, el agua, la biodiversidad, que no es un asunto sólo político de reivindicación de clase, sino ético, porque en el fondo, la destrucción del planeta y el ago-tamiento de los recursos es producto de la reproducción del capital y de una forma de civilización que se ha constituido sobre fundamentos que no han considerado los límites físicos del planeta, ni la equidad ni justicia intra e inter generacional e intra específica.

Con el desarrollo científico y tecnológico sobrevino la revolución agraria afectando la estructura social rural. Hoy estamos enfrentados a la tercera revolución agraria, la de los organismos genéticamente modificados, la del ADN recombinante, que igualmente afecta la vida de la sociedad en ge-neral, no sólo la vida de la gente que vive de lo rural, en lo rural o lo rural. Paralelamente, sobreviven y se revalorizan formas de explotación agraria tradicionales, en un torbellino de avances del capitalismo internacional que busca imponer un modelo agroalimentario hegemónico. Adicionalmente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) han conquistado los territorios rurales, acelerando los cambios que los medios de comunicación convencionales, como la radio y la televisión, habían iniciado años atrás. En este aspecto, el internet y las redes sociales han tenido influencia enorme en los procesos de movilización y resistencia de los actores rurales.

En este sentido, destacan conceptos que hoy deben ser incorporados al análisis sociológico: globalización, liberalismo económico, ciudadanía, dere-chos y libertades, formas de control político (biopoder), estudios de opinión, instituciones, riesgo, papel de las instituciones supranacionales, corporacio-nes, movimiento alter global, identidades colectivas, papel de las TICs en las sociedades rurales. Buena parte de estos temas son hoy los que ocupan la agenda de la investigación de la sociología rural. También nuevas formas de resistencia y participación social, interacción de redes de una nueva sociedad global, violencia selectiva contra símbolos del poder hegemónico capitalista y movimientos sociales rurales y agrarios.

La vida rural: vivir de y en contacto con la naturalezaUno de los aspectos que ha sido poco explorado por la sociología rural son los vínculos entre los seres humanos y la naturaleza. Y en el caso de las acti-


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vidades primarias como son la agricultura y la minería, estos cobran mayor relevancia. En el caso de la agricultura industrializada, la tierra es conside-rada como un recurso para la producción y nada más; mientras en el caso de las agriculturas tradicionales como las campesinas e indígenas la tierra cobra un significado diferente, en muchos casos, se le considera la madre, Pacha Mama, y por ello, los vínculos de los labriegos con la tierra generan relacio-nes de afecto, admiración y respeto. Explicar y comprender dichas interac-ciones no ha sido fácil para los sociólogos, porque las técnicas estandarizadas no captan las expresiones subjetivas de esos vínculos. Por fortuna, el arte, la música y la literatura lo han hecho con gran maestría. Veamos:

“Al amanecer gruesa gotas de lluvia cayeron sobre la tierra […] Fulgor Sedano [el capataz] sintió el olor de la tierra y se asomó a ver cómo la lluvia desfloraba los surcos […] ´Vaya –dijo- otro buen año se nos echa encima´ Y añadió: ´ven agüita, ven. ¡Déjate caer hasta que te canses! Después córrete para allá, acuérdate que hemos abierto a la labor toda la tierra, no más para que te des gusto´. Y soltó la risa” (Rulfo, 1983: 52).

Este no es un soliloquio, es una conversación con la naturaleza: la tierra, el agua, la lluvia. Es claro que para los campesinos, la tierra hace parte de su comunidad moral, es otro, que tiene vida, siente y expresa sentimientos, de agradecimiento, cuando se le cuida y trata bien, y de dolor y venganza cuan-do se le maltrata y hiere. Esto puede parecer un tanto raro en la concepción antropocéntrica que heredamos de occidente, pero no es extraña a muchas de las cosmovisiones de nuestros pueblos, donde la tierra es otro ser viviente. “Desde entonces la tierra se quedo baldía y como en ruinas. Daba pena verla llenándose de achaques con tanta plaga que la invadió en cuanto la dejaron sola. De allá para acá se consumió la gente; se desbandaron los hombres en busca de otros bebederos” (Rulfo, 1983: 67).

Y la relación que mantienen con los animales, el dolor, la angustia que se siente cuando se muere, se enferma o accidenta un animal. Esas sensaciones y emociones no las captan los estudios convencionales de sociología, son imperceptibles para unos; para otros intrascendentes. Pero no hay tal: son tan significativos o más que la caída de los precios en el mercado. Es que los animales: la vaca, el cerdo, las gallinas, las cabras, las ovejas, son la alcancía, el pan de cada día. “No acabó de saber porque se le ocurría a la Serpentina pasar el río este, cuando sabía que no era el mismo río que ella conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que ha de


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haber venido dormida para dejarse matar así nomás por no nomás” (Rulfo, 1986: 126). O como canta Velosa – El carranguero- en La Pirinola: De las vacas que mi mama/ se dio la maña de criar/ tal vez jue la Pirinola/ la mejor para ordeñar […] Así jue que una mañana/ la vaca no amaneció/ tal como dijo mi taita/ La Pirinola seórcó/. Y en los dos casos, hay una reflexión acerca de por qué la vaca se ahogó/orcó. Tal vez iba dormida, o ¡ajijuna vaca!, qué haría buscando pasto en el peladero.

En este aspecto es dónde la sociología rural tiene un campo de investi-gación inexplorado, un camino muy largo por recorrer. Hay algunos avances en lo que ha realizado la sociología del medio ambiente, la sociología del riesgo y la sociología de los movimientos sociales. Al respecto, se destacan las teorías sociales medioambientales, orientadas a desentrañar los discursos y practicas relacionados con el nuevo paradigma ecológico, la hipótesis Gaia, la Ecología profunda, la modernización ecológica, la economía política de los sistemas productivos, los límites del crecimiento, la justicia ambiental, el desarrollo sostenible, el riesgo y el consumo, y las relaciones Norte-Sur.

Frente a estos nuevos conceptos y metáforas, los sociólogos deben cons-truir nuevos marcos teóricos y metodológicos que permitan explicar, com-prender e intervenir en una problemática que, por su complejidad, requiere abordajes inter y trans-diciplinarios que retomen conceptos y métodos tanto de las ciencias naturales como de las ciencias sociales, la filosofía, la ética y la estética. En este sentido, conceptos como metabolismo social, metabolismo rural, resiliencia, cuidado de la tierra, desplazados ambientales, riesgo, pre-caución, son fundamentales en la construcción de teoría sociológica relacio-nada con la vida rural.

Nuevos campesinos: entre la autonomía y la dependenciaEn el mundo de hoy, lo rural ha dejado de ser un centro de interés académico de la sociología como disciplina. Los problemas relacionados con lo rural y la vida de las poblaciones rurales, están siendo asumidos por profesionales que se mueven en geografías disciplinares híbridas, que incluyen la economía, la antropología, la psicología, la ciencia política, las profesiones agropecuarias, la historia, incluyendo las ingenierías y la filosofía. Hoy, la población que vive en lo rural, vive lo rural y vive de lo rural es más heterogénea que hace unas déca-das. Los campesinos, el grupo más numeroso de esta población se diluye en las prácticas y discursos académicos y políticos, que enfatizan en conceptos como agricultura familiar, multifuncionalidad de la agricultura, productores agrarios y empresarios del campo y nuevos habitantes rurales (neorurales).


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No obstante, los campesinos hoy emergen con nuevos bríos en la escena académica y política. En la primera, los trabajos de Van der Ploeg (2010), rescatan este sujeto histórico a partir de categorías como condición campesina y modo de producción campesino, en el marco de los imperios agroalimentarios mundiales. Los nuevos campesinos de hoy se debaten entre la concepción de la antigua cultura griega donde el campesino era un hombre, que cuidaba plantas y criaba animales, de manera independiente y hasta cierto punto vivía feliz. Y la concepción de la cultura romana, en la cual el campesino era el subordinado de los patronos, incapaz de controlar su propio destino (No-vecento, 1945). En efecto, los campesinos de hoy luchan por la autonomía, con mecanismos que oscilan entre la organización solidaria, la resistencia, la desobediencia y la insurgencia.

Durante los dos últimos siglos el campesino se consideró como un obs-táculo del cambio y, por lo tanto, como una figura social que tenía que des-aparecer o ser desplazada, convirtiéndose en empresario o asalariado como lo había expresado Marx. Los programas de modernización de la agricultura, apoyados en agencias de extensión orientadas al cambio técnico en los años sesenta y setenta en América Latina intentaron la modernización del cam-pesino sin lograrlo. Y actualmente los Programas de Agricultura Familiar (PAF), pretenden “ampliar la clase media del campo”. “Teóricamente los campesinos han sido arrancados de sus tierras, sustituyéndolos por los ém-presarios agrícolas´ –bien preparados para obedecer la lógica del mercado” (Ploeg, 2010: 12). Cuando se dice arrancados de sus tierras no se está hablan-do de desplazados, se refiere intencionalmente a ser removidos de sus raíces, de su cultura, de su forma de vida, de una manera de relacionarse con la tie-rra para producir alimentos y materias primas. Y, por supuesto, que también los han desplazado de sus tierras por la violencia política y la económica, que es la más grave y menos visibilizada. En esta lógica, los estudios acerca de los nuevos campesinos enfatizan en tres ejes:

El primero, la naturaleza contradictoria de la condición campesina, que se debate entre la autonomía y el progreso, o mejor aún entre la relativa autono-mía y la dependencia del mercado. El segundo, que los campesinos desempe-ñan un papel esencial en las sociedades modernas y de que existen millones de personas que no tienen más alternativa que esta vida. Y el tercero, el imperio, como el modo de ordenación dominante que se impone y tiende a destruir y marginar al campesinado junto con los valores que aporta y produce.

Entender estas dinámicas implica considerar dos planos de la realidad: la primera que se encuentra en el mundo real, en el que los campesinos y el im-


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perio, donde quiera que sea, entran en contradicciones multifacéticas y multi-dimensionales. El imperio es el nuevo orden político de la globalización, orden universal que no acepta fronteras ni límites, en donde las nociones de soberanía, nación y pueblo están subordinadas a la globalización imperial. Y a ello no esca-pa nada, ni nadie. Todas las culturas y pueblos del mundo están siendo amenaza-dos y sometidos a un orden mundial hegemónico, que busca uniformarlo todo.

El segundo plano es el de la ciencia, el conocimiento, es decir la lucha de las ideas, que surgen desde y atraviesan el plano del mundo real de las confrontaciones y tensiones de los actores y sujetos sociales. El primero, un enfoque o perspectiva “que hizo que el campesino sea invisible y que no es capaz de concebir un mundo en el que los campesinos sean posibles”. El segundo, corresponde a una propuesta alternativa, que surge posterior a los fracasados proyectos de modernización del campesinado, desarrollado por muchos investigadores y agencias de desarrollo en el mundo, el cual “establece que un entendimiento correcto del surgimiento y la expansión de lo que son esencialmente mercados globales es esencial para los estudios campesinos de la actualidad (Ploeg, 2010:13).

Aunque las transacciones de productos agrícolas han existido desde hace tiempo, los mercados globales de hoy de los productos agrícolas y alimen-tarios representan un nuevo fenómeno, que tiene un fuerte impacto en la agricultura, independiente de su ubicación geográfica. Y aquí, el concepto de imperio como forma de ordenación de las relaciones sociales se constituye en una herramienta poderosa para entender el fenómeno de los mercados mundiales en la producción agraria. “El análisis muestra que los imperios alimentarios que van surgiendo, comparten varias características, como el expansionismo, el control jerárquico, y la creación de nuevas ordenaciones materiales y simbólicas” (Ploeg, 2010: 13).

El resurgimiento de la condición campesina y del modo de producción campesina ha sido uno de los asuntos que sintetizan la agenda de movimien-tos sociales de alcance internacional como Vía Campesina, con sus filiales y movimientos satélites que siguen esta corriente alternativa en el mundo. Este movimiento, aunque tiene una agenda política clara está lejos de ser homogéneo. Incluye, además de los campesinos y productores tradicionales, nuevos sujetos urbanos dedicados a actividades agrarias. Por ello, la condi-ción campesina no se puede confundir con la tradicional cultura campesina, de las sociedades pre-modernas, sino como la adopción de una postura ética y política de los vínculos y relaciones que establecen los productores agrarios con la tierra, los ecosistemas y con la sociedad global.


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Van der Ploeg (2010: 49) sintetiza la condición campesina en los siguien-tes términos: lucha por la autonomía, en un contexto caracterizado por la dependencia, marginación y privación, que busca y se materializa, como la creación y el desarrollo de una base de recursos controlada y administrada por el campesino, que con formas de coproducción de los seres humanos y la naturaleza, en interacción con el mercado, le permiten su supervivencia y desarrollo, y con ello, retroalimenta y fortalece la base de recursos, mejoran el proceso de coproducción, amplía su autonomía y disminuye su dependencia. En estas circunstancias, el campesino mejora sus condiciones de existencia, pero lo más importante rescata sus derechos como sujeto autónomo.

De hecho, con el avance del capitalismo y los alimentos devenidos en mercancías en los imperios agroalimentarios, la pervivencia y desarrollo de la condición campesina se debate en la dialéctica entre la dependencia y la autonomía. Las políticas públicas de los gobiernos orientadas a convertir a los campesinos en prósperos empresarios, llevan implícita la dependencia cada vez mayor del mercado, que estandariza productos, define criterios de calidad e impone condiciones a los productores, con la venia de los consumi-dores. En muchos países de América Latina, algunos programas están diri-gidos a lograr que los campesinos y pequeños productores sean competitivos en el mercado, para poder ser viables. De lograrlo se convertirán en próspe-ros empresarios y de no hacerlo serán arrancados de sus tierras, empobreci-dos, empujados a las ciudades a realizar otros trabajos o serán desempleados.

En Colombia, el programa de oportunidades rurales y alianzas produc-tivas en las cadenas de valor ha logrado articular con relativo éxito a algunos productores campesinos al mercado. Unos se han vinculado a los mercados internacionales y otros a la agroindustria nacional. Tobasura y Ospina (2013), han estudiado el caso de la mora en Caldas, Colombia. En éste, productores de mora agrupados en la cooperativa COAR del municipio de Aránzazu, que han recibido apoyo del programa de oportunidades rurales en una alian-za público-privada con la agroindustria Alpina, han resuelto la comerciali-zación de la fruta para producir yogures y refrescos, están atrapados en las cuotas y condiciones que les imponen las agroindustrias. Incluso, la depen-dencia los ha puesto a diversificar con fresa, una planta no adaptada a las condiciones agroecológicas de las tierras tropicales de ladera, cuya semilla deben importar de Chile.

En la otra orilla se encuentran experiencias de productores de café, que organizados han logrado controlar todos los eslabones de la cadena produc-tiva, articulándose a los mercados locales y regionales con ventas de grano y


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café en taza. Se destacan los productores de café Rio Verde y la Asociación de productoras Café Mujer del municipio de Córdoba, Quindío, “…organi-zación que nace como respuesta a la necesidad de realizar sueños, trabajando juntas por conseguir identidad, dignidad y autonomía”. La experiencia de estas dos organizaciones es ilustrativa de lo que significa el rescate del modo de producción campesino, donde la condición campesina se expresa de ma-nera clara. Los sistemas de producción son diversificados, café mezclado con árboles frutales y otros cultivos, producción de alimentos, agricultura orgánica, producción de especies menores, trabajo familiar, intercambio de semillas, beneficio ecológico del café, en cuanto a la producción primaria. Y articulación al mercado local y nacional, en lo referente a la transformación, la comercialización y el consumo.

Por ello, aunque hace años se decía que la sociedad necesitaba a los cam-pesinos para la producción de alimentos, mientras que ellos podían sobrevivir sin ella, y hoy los campesinos siguen produciendo alimentos y aún alimentan a la mitad del mundo, con el avance del capitalismo agrario, los campesinos podrían perder participación en esta vital función, lo que de por sí es grave, pero lo más preocupante es que están en riesgo de desparecer, por lo menos, como cultura. No obstante, autores como van der Ploeg (2010), afirman que en el mundo hay un proceso de campesinización o de revitalización de la condición campesina y de un modo campesino de producción, no sólo en los países del llamado tercer mundo, sino en los países desarrollados. Y es cierto, los campesinos no se ha detenido en el tiempo, hay una revitalización de sus sistemas de producción, su cultura y forma de vida.

Estructura social y relaciones de poder en espacios ruralesLa dinámica demográfica, las migraciones campo ciudad, las tecnologías de la información y comunicación han modificado la estructura social y de cla-ses en el campo y con ello las relaciones de poder. Con la vuelta de mucha gente a lo rural (segunda residencia), ha cambiado la estructura de clase de la sociedad rural, así como el equilibrio del poder local. Hoy la sociedad rural es mucho más heterogénea que en tiempos pasados; elementos que se utilizaron para diferenciar sociedades rurales de sociedades urbanas, como estructura social, diferenciación social, distancia social, división del trabajo, movilidad social, se han convertido en irrelevantes para caracterizar estos tipos de sociedades.

En el caso del consumo material y simbólico, en las sociedades rurales las esferas del consumo material y simbólico se estandarizan y cada vez más se


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acercan a los consumos de las sociedades urbanas de la sociedad occidental. En donde hay diferencias notables en la producción y el consumo es en la agricultura. De hecho, la agricultura moderna industrializada es cada vez más dependiente de insumos externos, de intercambios con el mercado, en tanto que en las agriculturas campesinas y tradicionales sus vínculos e inter-cambios más intensos se presentan con la naturaleza. Por ello, analizarlas a la luz de estos intercambios con conceptos como metabolismo social, resulta fundamental para comprender sus relaciones de dependencia o autonomía, no sólo con la naturaleza sino con la sociedad. En el caso particular de los habitantes de espacios rurales, sobre todo los productores agrarios, donde el proceso productivo se soporta en la apropiación de los recursos naturales –tierra, agua, biodiversidad- como uno de los factores de producción insus-tituibles, el metabolismo rural, se convierte en un concepto central en los estudios sociales agrarios.

Por otra parte, los territorios considerados rurales, catalogados según es-tudios de uso potencial de los suelos como agrícolas, ganaderos, bosques, conservación y otros aprovechamientos, han venido cambiando sus usos potenciales, presionados por dinámicas sociales, políticas y económicas. Ini-cialmente se presentaban conflictos por el uso de la tierra, derivados del uso inadecuado, por ejemplo, de suelos con vocación agrícola dedicados a la ganadería o suelos de bosques dedicados a la agricultura. Hoy, los conflictos son de unas características diferentes. La exploración y explotación minero-energética, los emprendimientos inmobiliarios, las áreas de reserva natural, la urbanización y construcción de infraestructura turística, así como la pro-ducción de commodities agrícolas se han convertido en los usos predilectos de la tierra que generan nuevos conflictos sociales y territoriales. Hoy los espacios rurales se han convertido en territorios de disputa del capital en contra del trabajo y de la vida.

El cierre: ideas para el debateLa complejidad de los problemas que afronta hoy la sociedad, hace que la manera de estudiarlos desborde las fronteras de las disciplinas, lo cual de-manda el uso de conceptos que se producen y trabajan de manera inter y transdiciplinaria, tales como resiliencia, metabolismo social, cambio climá-tico, riesgo, cuidado de la tierra, gobernanza, entre otros. En todo caso, en América Latina, se requiere construir conceptos y categorías propias que den cuenta de nuestros problemas. Por ejemplo, conceptos como moderni-zación ecológica, desmaterialización de la economía, nueva ruralidad aplican


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a las sociedades industriales avanzadas, pero no a las sociedades nuestras, sobre todo, en algunos países en los que en los últimos años sus economías se han reprimarizado como consecuencia de la apropiación de los bienes y recursos comunes por el capital internacional.

Es en este contexto que la sociología rural y los sociólogos deben contri-buir con avances teóricos y propuestas metodológicas que permitan explicar, comprender y analizar los problemas de la sociedad rural en América Latina. La sociología rural tiene un doble desafío: uno, aportar al avance de la disci-plina, tanto en lo teórico como en lo metodológico. Y dos, contribuir con ele-mentos para la transformación de la sociedad. Un compromiso ético y polí-tico. En estricto sentido, explicar y analizar las transformaciones económicas, políticas y culturales ocurridas en el campo a causa del avance del capitalismo mundial en el contexto de la globalización y de los avances de la ciencia y la tecnología, aplicados a la producción agraria, la naturaleza y la sociedad.

La nueva agenda de investigación requiere un pluralismo metodológico, lo cual implica incluir, además de los métodos y herramientas tradicionales, la hermenéutica, la fenomenología, la etnometodología, el análisis de redes sociales. Además, el rescate de la sociología comprensiva, reflexiva y crítica. Pero lo más importante para los investigadores de la realidad rural, aban-donar la torre de marfil y trabajar de la mano con los actores sociales, mo-vimientos, productores, en los campos de trabajo, los mercados campesinos, las calles. Sobre todo, porque producir conocimiento depende del contexto sociopolítico, de la región donde uno viva y de la postura política del inves-tigador (De Sousa Santos, 2011: 11).

La producción de conocimiento situado es relevante en la región, en pri-mer lugar, por la crisis que atraviesa el pensamiento crítico eurocéntrico y, en segundo lugar, porque la teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, pero realmente quienes han producido y están produciendo cambios progresistas en tiempos recientes, han sido gru-pos sociales totalmente invisibles para dicha teoría: mujeres, indígenas, cam-pesinos, gays, lesbianas, desempleados. De esa manera podrá establecerse un dialogo fluido entre teoría y práctica y superar la relación que ha existido entre ambas. Ello llevará a superar el colonialismo intelectual euro céntrico, y a saldar la deuda cognitiva de occidente con otras culturas y pueblos.

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Los estudios rurales en Cuba. Reflexiones sobre la estructurasocial y los cambios en la agenda

de investigación1

María de los Ángeles Arias Guevara2

Arisbel Leyva Remon3

ResumenEl objetivo del artículo es presentar la incorporación de nuevos ejes temáti-cos en los estudios rurales en Cuba y cómo la investigación sobre la estruc-tura social ha marcado un importante espacio en su agenda. Se parte de la tardía institucionalización de la Sociología y una agenda de investigación más centrada en lo agrario que en lo rural, propio de la visión de desarrollo predominante; más en la investigación empírica de corte estructural fun-cionalista que en la producción teórica y en estudios desde la óptica de la Economía Política. Todo ello a partir de las disciplinas predominantes en los núcleos de investigación.

A finales de los ochenta e inicios de los noventa, reflejo de la crisis y el nuevo modelo que resulta de la reforma iniciada es posible constatar un cambio en la agenda investigativa; sin abandonar los estudios socioestruc-turales del campesinado y los obreros agrícolas, hay una mirada más abierta, puesta en lo rural, predomina el carácter interdisciplinario y hay un vuelco hacia los estudios cualitativos. Los cambios en la sociedad rural cubana alte-ran el qué de los estudios rurales y el cómo los cientistas sociales nos relacio-namos con ese campo de estudio.

Palabras clave: institucionalización, investigación empírica, modelo de de-sarrollo, reforma económica, lo rural.

1 Ponencia a la Mesa redonda Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural latinoamerica-na. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Profesora Titular de la Universidad de Holguín, Cuba [email protected] Profesor Titular de la Universidad de Granma, Cuba [email protected]

María de los Ángeles Arias Guevara y Arisbel Leyva Remon

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Rural studies in Cuba. Reflections on the social structure and research agenda changes

AbstractThe aim of the article is to present the incorporation of new thematic axis in Cuban rural studies and how the research on social structure has marked an important space in its agenda. It starts from the late institutionalization of Sociology and a research agenda focused more on agrarian than in ru-ral, own of predominant development vision; more on empirical research of structural functionalist than in theoretical production and studies from Political Economy perspective. Everything based on the predominant dis-ciplines in research nuclei. At the end of the eighties and early nineties, as reflection of the crisis and the new model initiated it is possible to identify a change in the research agenda which without abandoning the structural studies of the peasantry and agricultural workers, takes a wider look in the rural, predominates the interdisciplinary and shifts toward qualitative stu-dies. The changes in Cuban rural society alter the “what” of rural studies and “how” do social scientists relate to this field study.

Keywords: institutionalization, empiric investigation, model of develop-ment, economic reforms, rurality.

IntroducciónLos cambios en la agenda de los estudios rurales en Cuba en los últimos cincuenta años han tenido como telón de fondo los trascendentales cambios ocurridos en la sociedad cubana desde inicio de los años sesenta y marcados por la tardía institucionalización de la Sociología como disciplina. Predomi-nan en una primera etapa los estudios relacionados con la Reforma Agraria, desde una perspectiva más de la Economía Política que desde la Sociología, vendrían luego a ocupar un espacio los temas relacionados con el cooperati-vismo y con la estructura interna del campesinado y los trabajadores rurales junto a estudios de comunidades desde una perspectiva sociodemográfica. No es hasta finales de los ochenta que comienza un marcado interés por los crecientes procesos migratorios campo-ciudad y la descampesinización que se derivan del modelo de desarrollo adoptado.

Durante la crisis de la década de los noventa, la Reforma iniciada, consi-derada como la más trascendente luego de la Reforma Agraria, exigió de las ciencias sociales una revalorización epistemológica, vista esta como la nece-

Los estudios rurales en Cuba. Reflexiones sobre la estructurasocial y los cambios en la agenda de investigación

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sidad de nuevos enfoques conceptuales y metodológicos que dieran cuenta de los cambios ocurridos a nivel global, así como de otros que reflejaran los procesos que se venían operando a escala local.

El debate académico comienza a realizar una valoración crítica sobre la incapacidad del modelo de desarrollo para enfrentar la crisis. Las inves-tigaciones incluyen nuevos ejes en su agenda: la Reforma Agraria como continuum, la sustentabilidad, la agroecología y los saberes locales, la par-ticipación, el enfoque de género, la innovación social y estrategias familia-res, dirigidos a la revalorización de lo territorial/local con su capital social y humano, así como los nuevos actores sociales que aparecen en este contexto. Para ello se precisó también un tránsito de estudios macros a la búsqueda de la riqueza de estudios más cualitativos que dieran cuenta de las respuestas locales a la crisis.

Nuestro objetivo es realizar un balance de la agenda de los estudios ru-rales en Cuba, sus metodologías y la resignificación del campesinado como grupo social con capacidad de adaptación a un entorno en crisis.

La primera dificultad con que se encuentra quien pretende realizar una exposición de esta naturaleza es la tardía institucionalización de la Socio-logía en Cuba, lo que influyó en la escasez de investigaciones sobre lo rural desde la perspectiva de esta disciplina hasta inicios de los años ochenta. En esa misma década se constituye el Equipo de Estudios Rurales en la Uni-versidad de La Habana; más tarde se forma una red nacional liderada por este equipo, con núcleos en la Universidad Central de Las Villas, Univer-sidad de Holguín, Universidad de Granma que permitieron el avance en la construcción de una agenda nacional de investigación. El vacío que deja la ausencia de revistas especializadas que den cuenta de la producción cientí-fica lo han venido ocupando otras publicaciones como las revistas Economía y Desarrollo, Temas, u otras cuyo enfoque es de otras disciplinas. A ello se agrega la insignificante presencia de especialistas del país en ALASRU y sus congresos.

La falta de vinculación con la producción teórica latinoamericana y el predominio de los rígidos esquemas teóricos del marxismo este-europeo y del estructural funcionalismo norteamericano inciden en que no haya una producción teórica y sí un cúmulo de estudios empíricos que desde diferentes disciplinas toman lo rural como objeto y reflexionan sobre los impactos que están teniendo las transformaciones del modelo de desarrollo en marcha.


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Estudios rurales en el periodo pre-revolucionarioNos limitaremos aquí a una breve exposición de los momentos de mayor re-levancia en las investigaciones rurales, tomando como antecedentes algunas de las indagaciones que se desarrollaron durante el período pre-revolucio-nario. Para ello no es posible desatender los límites y lógicas insuficiencias que dejan a su paso.

En 1935 la Comisión de Asuntos Cubanos, organizada por la Foreign Policy Association, de Estados Unidos, presentó en su informe Problemas de la Nueva Cuba4 los resultados de un estudio multidisciplinar realizado en nuestro país, en el cual entre otras esferas de la vida social y económica se analizaba la situación existente en la agricultura y la sociedad rural.5 Se estu-dió la estratificación de la familia por ingresos y a partir de aquí se construyó una tipología de las unidades de parentesco supuestamente representativa de la sociedad cubana. En tal sentido se concluía que los ingresos eran di-rectamente proporcionales al número de miembros de la familia, revelando así una de las condicionantes económicas de la dinámica demográfica de la época cuando la estrategia familiar concebía la elevación de los ingresos totales y per cápita a partir del incremento del número de ocupados.

Se trata de un esquema gradacional simple de clases que, al estar ins-pirado en la teoría funcionalista de la estratificación, sólo llega hasta las subdivisiones económicas de agregados familiares y desconoce ejes deter-minantes como la propiedad y la división social del trabajo en sus diferentes niveles.

A medida que se consolidaban las estructuras capitalistas supeditadas al dominio neocolonial yanqui, se perfilaban aun más las clases y sus respecti-vas ideologías en el contexto de las consecutivas luchas y conflictos políticos. Esto hizo que, si bien fueron los académicos norteamericanos los precur-sores de las investigaciones sobre estratificación social en Cuba, como se demuestra en el documento citado, el tema en cuestión constituyera una de las preocupaciones iniciales dentro del pensamiento marxista.

4 Problemas de la Nueva Cuba. Informe de la Comisión de Asuntos Cubanos. Foreign Policy Association, New York, 1935 (75-105; 290-321)5 En este apartado se valoró las condiciones en que se desenvolvía la fuerza de trabajo en los centrales azucareros, el problema del colonato y el sistema de administración vigente. El estudio a pesar de proponer algunas medidas paliativas relacionadas con los salarios, la jornada laboral, la vivienda y la alimentación de los trabajadores, ocultó en buena medida aspectos vinculados a la explotación a que eran sometidos los colonos por el poder terrateniente y los hacendados. No obstante, cuestiona el hegemonismo latifundista en la estructura de la propiedad agraria y lo considera un freno para el desarrollo del sector agrícola.


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Así, en 1941 Carlos Rafael Rodríguez publicó un excelente trabajo acerca de la formación y estructura interna de las clases sociales fundamentales de la sociedad cubana (Rodríguez, 1983a). Particularmente interesante resulta el análisis de los efectos que en la estructura agraria y en la estratificación social del campesinado deja la penetración norteamericana en la agricultura a tra-vés de la industria azucarera y su complemento: el latifundio cañero. Como resultado de todo este proceso el sector campesino queda subdividido en ri-cos (grandes colonos, caficultores, y tabacaleros), medios, así como pequeños campesinos y semiproletarios que constituyen grupos del campesinado pobre.

Nelson Lowry (1951) en su obra Rural Cuba presenta una estructura de clases construida a partir de la ocupación o agregados ocupacionales que constituyen un modelo dicotómico (clase alta vs. clase baja), donde ligado a la categoría de empleo aparece el prestigio profesional y la tradición familiar. La esquemática separación de las clases está anclada en la bifurcación del trabajo intelectual y manual, opuestos por naturaleza. El autor no considera la existencia de clases medias en Cuba, pues sus elementos están presun-tamente subsumidos en los estratos de la clase alta, por lo que su cuadro socioestructural acusa una simplificación extrema.

Lowry utiliza un conjunto de criterios6 para analizar la estratificación social y el status en la sociedad rural y entre ellos destaca el poder de las relaciones de propiedad territorial. A pesar de sus limitaciones, su trabajo contribuyó a enriquecer el acervo teórico-metodológico que fundamentan las indagaciones en este campo.

En los círculos marxistas apareció en 1951 la obra de Blas Roca Los fun-damentos del socialismo en Cuba; aquí el autor reconoce la existencia de un campesinado internamente estratificado en ricos y pobres, ubicando estos últimos entre las clases explotadas. La clase obrera es considerada como un bloque homogéneo y portadora de intereses unificados. Esta posición im-pide diferenciar dentro de esta clase la situación del numeroso sector cons-tituido por los obreros agrícolas, reconocido como la población mayoritaria del campo cubano prerrevolucionario, y denota el uso de referentes teóricos que tendían a adelantarse a la propia realidad, si se toma en cuenta que la variante del marxismo predominante en el antiguo campo socialista en el momento en que el autor desarrolla su estudio, era precisamente la dog-mática y apologética que pretendía imponer a la sociedad un grado tal de homogeneidad que sólo existía en el discurso académico.

6 Entre ellos: tamaño de la explotación, color de la piel, movilidad y nivel de vida.


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En 1957 la profundización en el tema de la situación social en el campo recibió un impulso notable con la aplicación de la Encuesta de la Agrupa-ción Católica Universitaria7 dirigida a mostrar las condiciones materiales de los obreros agrícolas, combinando una serie de indicadores de salud, alimen-tación, situación social (vivienda y educación) y económica (ingresos y régi-men de trabajo) para configurar una imagen del campo cubano que permitía establecer contrastes con los niveles de vida de los grupos vinculados al po-der económico y político de la sociedad de finales de la década del cincuenta.

Aunque a este estudio se le reconocieron insuficiencias metodológicas, significó un levantamiento de datos imposible de obviar por cualquier acer-camiento a lo rural desde la perspectiva de las asimetrías sociales. Anterior a 1959 deben mencionarse documentos de valor histórico-social como El Programa de la Joven Cuba, de Antonio Guiteras y La historia me absolverá, de Fidel Castro. Ambos se ubican en la línea marxista de análisis y conte-nían el propósito de mostrar las calamidades que padecía la sociedad cubana como consecuencia de un capitalismo dependiente que, particularmente en el campo, reproducía constantemente la pobreza y la exclusión social.

Durante los años sesenta se abre un período en que se operan una serie de cambios cualitativos, se configuran nuevas proporciones en la base eco-nómica y, con ello, se transforma aceleradamente la estructura social ligada al capitalismo periférico que floreció a la sombra de las estructuras neocolo-niales impuestas por Estados Unidos, al tiempo que emerge un sistema de relaciones socioclasistas en correspondencia con el contenido sociopolítico y económico del nuevo poder. En este contexto se despierta el interés por evaluar el comportamiento objetivo de los actores rurales, particularmente.

Los estudios rurales en Cuba revolucionaria. Contribuciones al estudio de la estructura socialLos principales estudios sobre las transformaciones que se operan entre las décadas del sesenta y el ochenta centran la atención en la evaluación de la Reforma Agraria, sus impactos en la estructura agraria y social y en las formas organizativas de producción. Los primeros son estudios fuera del ámbito académico, realizados por destacados intelectuales como Carlos Ra-fael Rodríguez (1983c, 1983d), Oscar Pino Santos (1959), José Acosta (1972a,

7 El difícil acceso al número 2, Julio-Agosto de 1972, de la Revista Economía y Desarrollo que contiene una exposición de los resultados que arrojó dicha encuesta, nos imposibilitó citar la fuente más cercana a esos datos y tuvimos que valernos del anexo que aparece en La socialización de la tierra en Cuba, de Orlando Valdés (1990) y los comentarios hechos por Rodríguez (1983b).


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1972b), Antonio Núñez Jiménez (1982), Fernando Martínez Heredia (1978), entre otros, quienes realizan el análisis fuera del ámbito académico desde una perspectiva marxista y en especial desde la economía política; cuyos tex-tos son publicados fundamentalmente en las revistas Economía y Desarrollo y Cuba Socialista.

Desde un enfoque también marxista, Mariana Ravenet y Jorge Hernán-dez (1984) evaluaron ampliamente los procesos agrarios, sociales y comu-nitarios, así como el modo de vida campesino en las primeras etapas de la Revolución. Su trabajo “Estructura social y transformaciones agrarias en Cuba” se centra más en los acercamientos que implicó la movilidad social condi-cionada por los procesos de cooperativización y urbanización emprendidos desde la segunda mitad de los setenta.

Hasta mediados de los setenta se identificaron como rasgos esenciales de la estructura social: el alcance de niveles de homogeneización social que coadyuvaron a revertir la polarización socioeconómica típica de las relacio-nes sustentadas en la propiedad privada. Se modifica el sistema de estrati-ficación como expresión del cambio social radical que se experimenta. Es decir, desaparecen los contrastes sociales antagónicos, se produce una mayor aproximación entre grupos sociales que ahora comportan una situación eco-nómica menos diferenciada.

Durante la segunda mitad de los ochenta se asiste a una consolidación y diversificación de los estudios rurales. La confluencia de eventos cientí-ficos, así como de procesos de reproducción ampliada de la comunidad de sociólogos, por un lado, dada la reapertura de la carrera de sociología, y del perfeccionamiento de la actividad investigativa influyen en el desarrollo de la rama de la sociología que nos ocupa (Espina, 2001).

Resulta incuestionable que las relaciones académicas con el entonces campo socialista estimuló y pautó la línea teórico-metodológica seguida por las investigaciones. Si bien muchos de los autores euro orientales y soviéticos aportaron categorías y conceptos que enriquecieron el instrumental teórico para el análisis empírico (léase nociones como estructura interna, contenido y carácter del trabajo, etc.), nos legaron e instruyeron al mismo tiempo en el axioma de la marcha indetenible e inevitable del socialismo hacia la sociedad sin clases como rasgo representativo de la sociedad comunista.8

8 Ver: Un análisis de los prerrequisitos objetivos para eliminar las diferencias entre la clase obre-ra y el campesinado, de N. A. Aitov; La estructura de la sociedad soviética y su marcha hacia la homogeneidad social, por M. Rutkevich y Rumbo a la sociedad sin clases, de R. Kosolapov. Todos estos trabajos aparecen en Rojas (s.f.).


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El paradigma de la homogeneidad social9 en ascenso idealizó una es-tructura social que se apartaba de los grupos humanos realmente existentes y elevó su tendencia teórica a la condición de ley. Sus argumentos y tesis desconocieron muchas de las contradicciones, subestimaron la complejidad propia de la transición socialista y vulgarizaron la dirección del desarrollo social.

Este modelo llevó a minimizar las contradicciones y complejidades de los espacios rurales. Se nos transfirió el interés casi exclusivo por el campe-sinado y su estructura interna, desde la visión de su gradual pero necesaria desaparición como prerrequisito fundamental para eliminar las contradic-ciones que supuestamente generaba el sector privado y abrir paso a la con-solidación y absoluto predominio de la agricultura altamente socializada, lo que se corresponde con el modelo de desarrollo agrario pensado desde la estatización de la tierra.

Llama la atención que tanto en Cuba como en los países del antiguo campo socialista los estudios sobre el proletariado agrícola son bien escasos y como tendencia no constituyó foco de interés los fenómenos de enajenación económica que acusaba este importante segmento de la clase obrera en la construcción socialista.

El tipo de marxismo aldeano que proliferó posterior a la muerte de Le-nin ignoró además el enfoque sintético adoptado por Marx al tomar de di-versas fuentes anteriores a él y de su propia época las ideas más avanzadas para darle nueva forma en una visión orgánica sobre la sociedad y las clases. El aislamiento que practicó la versión eurosoviética de la teoría social con relación a los aportes provenientes de otras corrientes de pensamiento, le provocó un agotamiento interno que debilitó su capacidad explicativa y pro-positiva ante la dinámica real.

En línea con la idea de la preeminencia de los intereses sociales y colecti-vos, se privilegió la perspectiva macrosocial, quedando el nivel micro (el pa-pel y acción del individuo) en una especie de dilución social que lo subsume hasta invisibilizarlo casi totalmente. Las posibles integraciones micro-macro y acción-estructura quedaban así fuera de la agenda teórica y su lógico re-flejo en el plano metodológico no pudo ser otro que el cuantitativismo y el positivismo disfrazado que cristalizó en las tentativas matematizantes de la

9 En el caso de Cuba la homogeneización social no sólo fue el paradigma predominante en las ciencias sociales cubanas, sino que tomó la forma de proceso práctico y objetivo programático de la revolución al estar apoyado en la planificación centralizada y en las políticas institucionales; ver Ravenet (1997).


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realidad social, mientras lo cualitativo acechaba desde el exilio.Desafortunadamente las prácticas investigativas cubanas en formación

hacia la segunda mitad del XX fueron incapaces de romper esos moldes tempranos que las condujeron a mirar de soslayo las contribuciones de la sociología clásica y contemporánea y las teorías no marxistas sobre las clases.

En la década de los ochenta los estudios rurales siguieron privilegiando al campesinado con relación a los asalariados estatales. Lo que respondió a la dinámica social y reproductiva experimentada por el campesinado como efecto de la cooperativización. Al respecto vale citar Procesos actuales en la transformación de la estructura interna del campesinado cubano, de Lucy Mar-tín (1984), y Estudios sobre la estructura de clases y el desarrollo rural en Cuba (Rojas, 1983), entre otros.10

Siguiendo la perspectiva anterior el único estudio dedicado a los trabaja-dores asalariados estatales y que realiza un balance de todo el período post-revolucionario hasta inicio de los noventa es el realizado por Arias Guevara (1993), intitulado Cambios fundamentales en la estructura interna de los obreros agrícolas después del triunfo de la Revolución. Los obreros agrícolas de la región oriental, en el que se revelan las particularidades reproductivas, socioprofe-sionales y sociodemográficas de esa capa de la clase obrera cubana vinculada a la producción agropecuaria. El estudio de las diferencias y semejanzas que vivencia el grupo estudiado en varias ramas agrícolas dentro de cada una de las cuatro provincias orientales constituye una empresa sin precedentes. En el estudio son analizadas las consecuencias sociodemográficas del modelo tecnológico-organizativo apoyado en la gran propiedad estatal y en los pa-trones de la Revolución Verde: la insuficiente valorización del trabajo agrí-cola, y la falta de expectativas que ofrecían las comunidades rurales a una población que aumentaba año tras años sus niveles de cultura y educación, hicieron de los centros urbanos sus principales atractivos, dando origen a un verdadero proceso de descampesinización que se reflejó en saldos migrato-rios negativos, y en los que la región oriental, en especial sus zonas monta-ñosas, exponía las mayores pérdidas de su población rural (Arias Guevara, 1993: 65).

Las características de la transformación agraria, así como las políticas seguidas sentaron las bases de una agricultura empresarial estatal; en la mis-

10 Iliana Rojas merece un lugar especial al estimular los estudios socioclasistas en distintos niveles de su reproducción. Bajo su liderazgo se desarrollaron indagaciones empíricas y cuan-titativistas focalizadas hacia la relación reproducción-desigualdades sociales bajo los límites impuestos por las relaciones económicas de este período.


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ma medida que transformaron radicalmente la situación de los trabajadores rurales ellas privilegiaron al sector agropecuario estatal que se transformó en los treinta años posteriores al triunfo revolucionario en el más importante de la economía nacional con más del 75% de toda la estructura de la propiedad,11 muestra de ello fue la creación entre 1963 y 1977 de los llamados Planes Especiales,12 organizados por tipos de cultivos y paquetes tecnológicos cada vez más especializados. Su estructura productiva poco flexible contribuyó a la reducción de las tierras del sector campesino a través de la integración voluntaria a dichos planes por medio de la compra o arriendo de tierras de pequeños agricultores a las empresas estatales, a través de jubilaciones muy favorables y otras ventajas económicas, de seguridad social y de condiciones de vida. Los Planes estatales reproducían la explotación monoproductora, ahora más mecanizada y tecnificada, con un déficit crónico de fuerza de trabajo que se suplía con más equipamiento y con el empleo frecuente de trabajadores movilizados de las zonas urbanas.

Entre los errores del modelo siguiendo a (Arias Guevara, 1993: 69) está la falta de una política integral de desarrollo rural que, conjuntamente con los cambios en la estructura técnica de la producción, llevara implícito un programa consecuente de asentamientos humanos, elemento imprescindi-ble para modificar las tendencias del éxodo poblacional. El asincronismo entre la infraestructura técnica y la infraestructura social que le es necesaria, causó el desplazamiento de una gran masa de obreros hacia otros sectores y espacios.

Lo anterior coincide con los resultados de los estudios sociológicos reali-zados entre mediados de los setenta y los ochenta (Espina, 2001); se recono-ce una sensible disminución de los obreros agrícolas y aparecen tendencias contradictorias en el sector estatal al incrementarse desmesuradamente gru-pos como los dirigentes, administrativos y técnicos.

11 En la estructura de la tierra luego de la I Ley de Reforma Agraria, el sector estatal dispo-nía del 40% y el privado, el 60%. Como resultado de la II Ley de Reforma Agraria el Estado abarcaba el 71%, mientras el sector privado ocupaba el 29%. Ya hacia 1990 las empresas estatales dominaban el 79%, las cooperativas campesinas explotaban el 11%, en tanto los productores privados accedían al 14%.12 Según investigación realizada por el economista Víctor Figueroa (1997: 38), hacia 1977 cerca de 27 976 pequeños productores habían sumado sus tierras a las empresas estatales con un total de 383,7 miles de ha. Según este autor, entre 1963 y 1978 fue estatalizado el 31% de las 71 001 fincas sustraídas a los pequeños agricultores.


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La Reforma Económica de los noventa y los nuevos temas en la agenda de los estudios ruralesDesde finales de la década de los ochenta este modelo tecnológico y orga-nizativo en las relaciones agrarias mostró síntomas de insostenibilidad eco-nómica y ecológica. El sector agrícola fue severamente afectado por la crisis, desencadenada tanto por la agudización del bloqueo económico, como por el derrumbe del socialismo este-europeo y los problemas del modelo de pla-nificación centralizada, basado en la excesiva especialización de la empresa agrícola estatal.

Para el sector agropecuario las transformaciones puestas en vigor desde 1993 significaron el tránsito hacia un nuevo modelo agrario, considerado en el debate académico como la más importante transformación posterior a 1963 y como una nueva reforma agraria. Este proceso comprendía la diversi-ficación del régimen de tenencia y explotación de la tierra a través de la en-trega en usufructo colectivo e individual de la superficie estatal, la autonomía de gestión y el pago por los resultados productivos como complementos ne-cesarios de la política de descentralización puesta en práctica por el Estado, apoyado en un modelo tecnológico más sustentable tanto ecológica como económicamente, que si bien estaba asentado en una mayor intensidad de trabajo vivo requería del aprendizaje de técnicas agroecológicas.

La desestatalización de la tenencia de la tierra tuvo lugar a través de su concesión en usufructo a colectivos laborales procedentes de granjas y em-presas estatales, así como a individuos y familias de diversa extracción social para la diversificación productiva, sobre todo de café y tabaco, productos de alta demanda tanto en el mercado externo como interno (Leyva y Arias, 1999). Con ello surgieron los trabajadores cooperativistas de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)13 y los pequeños usufructuarios, vinculados a las Cooperativas de Créditos y Servicios.14 Con la desestataliza-ción y descentralización de la agricultura empresarial, el sector cooperativo, tanto en su dimensión estatal (UBPC) como campesina (CPA-CCS), se transformó en el más importante y decisivo resorte de la agricultura cubana.15

13 Forma del cooperativismo cubano en la que los socios son dueños de los medios de produc-ción, excepto la tierra, recurso de carácter estatal que explotan en calidad de usufructo indefi-nido.14 Para un análisis de sus estructuras internas, consúltese Arisbel Leyva Remón, Cambios socio-clasistas y relaciones agrarias en la provincia Granma a partir de 1993. Tesis doctoral. Universidad de La Habana, 2006.15 La estructura de la tenencia tierra posterior a la creación de las UBPC: UBPC 42%, estatal 33%, CCS 12%, CPA 9%, privado 4% (Leyva, 2006:67).


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De este proceso de cambio formó parte la apertura del Mercado Libre Agropecuario en 1994, cuya política de precios según oferta y demanda servía de estímulo a la producción y comercialización. A ello se añadió el perfeccio-namiento de la organización productiva de las Cooperativas de Producción Agropecuaria y el fortalecimiento de las relaciones técnico-organizativas y de dirección de las Cooperativas de Créditos y Servicios.16

La reforma en el sector agropecuario fue seguida por la decisión de aco-meter la reestructuración y redimensionamiento de la agroindustria azuca-rera a partir del segundo semestre del 2002, considerada como la transfor-mación productiva y sectorial de mayor alcance en la isla en los últimos cien años (Marqueti, 2005).17 Ello modificó el peso histórico por la industria azu-carera en la dinámica económica del país; cuestión importante en la reorga-nización actual es la reducción del cultivo de la caña al 38% de las tierras que se empleaban con tal propósito, el resto entraría en un proceso de diversifi-cación productiva, dirigido en lo fundamental a la producción de alimentos, la ganadería y la actividad forestal, así como la recuperación de la industria de derivados. La propia concepción de la reforma iniciada implicaba una visión diferente del desarrollo agrícola y rural y que iba mucho más allá de transformaciones imprescindibles en la estructura productiva, se extendía a la agroindustria, el mercado y los servicios, visualizando la participación de hombres y mujeres en la producción del valor agregado a las producciones finales, implicando con ello todas y cada una de las fases del proceso produc-tivo y de las relaciones de producción, sin descuidar la gestión, la educación y otros servicios.

Todo ello implicó que el tema de las desigualdades y de la reproducción social para los estudios rurales emergiera como un fenómeno indispensable

16 Hacia el 2002 clasificaban como fortalecidas en el país 1,547 Cooperativas de Créditos y Ser-vicios, el 64% de las existentes (Chirino y Zayas, 2003). Ver también Leyva (1999).17 Pronunciamiento justificado, en tanto el aporte del sector azucarero al PIB nacional era alrededor de un 20% y de más de un 22% del valor agregado por la industria manufacturera. Asimismo, este sector representaba más del 14% de la producción mecánica nacional, poseía más del 30% de toda la maquinaria y los equipos productivos de toda la industria, el 35% de la maquinaria y los equipos energéticos y cerca del 25% de los activos fijos tangibles del país. La rama agrícola azucarera abarcaba más del 42% de las tierras bajo cultivo. El potencial productivo de la industria lo conformaban 156 centrales, 17 refinerías, 13 puertos de embarque a granel, más de 300 plantas para la producción de derivados y 6 centros de investigación. A ello se le agrega 8,000 km de líneas férreas, 30,000 vagones de ferrocarril, unas 1,000 locomotoras, entre otros elementos de infraestructura (MINAZ, 1991). La agroindustria presentaba una elevada contri-bución a la producción de alimentos y el bagazo constituía cerca del 30% del consumo energé-tico del país; garantizaba además, empleo durante todo el año a más de 500 mil trabajadores en todo el país (Marqueti, 2005).


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en el conocimiento científico de una composición social que se fractura en la medida en que cede paso a otra nueva. Bajo los efectos de la crisis y su re-forma económica correspondiente se refuerza la necesidad de estudios em-píricos que den cuenta del impacto de las nuevas transformaciones. Se parte de perspectivas problematizadoras que no siempre logran ser consensuadas más allá de la comunidad científica. Esta idea ha sido la base de un enfoque en construcción más sensible a las contradicciones y procesos inversos que acompañan a la estructura social en sus espacios fundamentales: urbano y rural, y se ha reforzado en el contexto de la acentuada diferenciación que ha arrastrado consigo la crisis económica de los noventa.

Siguiendo el impacto de las transformaciones y de la perspectiva de los estudios socioestructurales, es revelador el estudio de Leyva (2006) quien bajo el título Cambios socioclasistas y relaciones agrarias en la provincia Gran-ma a partir de 1993, establece que la reestructuración del sector estatal y la política de fomento dirigida al sector privado constituyen la base de los cam-bios socioestructurales agrarios iniciados en 1993. En tal sentido la movilidad social según ocupación y tipo de propiedad transcurre fundamentalmente desde el sector estatal hacia el estatal-cooperativo y el campesino privado, siendo este último el más beneficiado de todos.

En lo conceptual se intenta definir cuál es la dimensión de mayor peso que permite delimitar la especificidad de los trabajadores de las UBPC, te-rreno donde a pesar de los desacuerdos iniciales, desde finales de los noventa se ha venido creando un consenso acerca de su naturaleza proletaria, pues se trata de cooperativas con trabajadores agrícolas procedentes del sector estatal con cierto grado de similitud a las que concibió Lenin (1983) a partir de criterios de Engels (s.f.). El debate en torno a este nuevo grupo ha reba-sado la dimensión propiamente economicista para llegar a lo subjetivo como expresión última de identidad del productor y los medios de producción.

Si bien durante el predominio del sector estatal en la agricultura los obreros agrícolas no representaron un grupo tan atractivo como el sector privado para los estudios socioclasistas, su conversión en trabajadores coo-perativizados ha despertado un notable interés por parte de sociólogos, eco-nomistas y demás estudiosos del agro.

En general los estudios socioestructurales agrarios se han vistos favore-cidos en virtud de la conformación de nuevos sujetos de la propiedad y la tenencia de la tierra, y se han auxiliado de saberes contiguos como la propia Sociología Rural y la Economía Política aplicada a las relaciones agrarias. En este sentido, el seguimiento dado por esta última ciencia a los cambios orga-


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nizacionales, de propiedad y a la construcción de un nuevo modelo agrario, así como las nuevas formas de comercialización han aportado desarrollos analíticos y conceptuales de valor para la comprensión del comportamiento y el significado de los cambios para los grupos vinculados a las distintas for-mas de propiedad (Figueroa, 1997; Villegas, 1999; Alemán, 2000).

Entre los esfuerzos investigativos conjuntos dirigidos hacia los estudios rurales destaca el proyecto Desarrollo rural y urbano, y participación social,18 coordinado por el Equipo de Estudios Rurales de la Universidad de La Ha-bana. El proyecto se extendió entre 1995-1999 y arrojó como producción seis libros con un total de 78 artículos presentados por autores procedentes de alrededor de 11 centros universitarios, de investigación e instituciones. La estructura social agraria estuvo presente no sólo como tema de investigación en sí mismo, sino como eje transversalizador de muchos de los procesos enmarcados en la última reforma del agro en Cuba.

En la presente etapa se reconoce la necesidad de repensar el campe-sinado en términos de definiciones. El monitoreo sobre la estratificación social campesina se hace más sistemático y se amplía desde posiciones con-ceptuales en movimiento. En esta línea se destacan los cambios en la base reproductiva y la movilidad que acusa la clase, así como las nuevas diferen-ciaciones que describe este sujeto en su interior. Se extiende el concepto de campesino a otros actores que emergen en la estructura agraria como los nuevos productores usufructuarios insertos en producciones especializadas como café y tabaco. En este sentido son significativos los estudios de Martin (1991 y 1998).

Emergencia de otros ejes temáticosSi la tradición de los estudios rurales en Cuba había privilegiado el marxis-mo como marco teórico dominante con influencia del estructural funciona-lismo, con dominio de estudios cuantitativos y macrosociológicos, el nuevo contexto que emerge de la crisis de los noventa exigió una revalorización epistémica, vista esta como la necesidad de nuevos enfoques conceptuales y metodológicos que dieran cuenta de los cambios ocurridos a nivel global, así

18 A partir del proyecto se publicó UBPC Desarrollo rural y participación, 1996; Cooperativismo rural y participación social, 1997; Campesinado y participación social, 1998; Cambios tecnológicos, sustentabilidad y participación., 1999; Participación social y formas organizativas de la agricultura, 1999, y Participación y desarrollo agrícola en Cuba, 1999. Todos editados por la Universidad de la Habana y compilados por Niurka Pérez Rojas, Ernel González Mastrapa y Miriam García Aguiar.


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como de otros que reflejaran los procesos que se venían registrando a escala local. No se trataba de abandonar el aparato conceptual marxista, sino entrar en diálogo con otras perspectivas y en especial encontrar cuáles temas eran comunes en el debate sobre los estudios rurales en América Latina.

Aparece así, el repensar la Reforma Agraria como continuum, si se con-sideran o no campesinos los nuevos actores beneficiados por el usufructo de la tierra, si estamos o no ante procesos de recampesinización, así como la problemática de la pluriactividad como estrategia individual o familiar.

Los estudios comienzan a identificar temas como: las alternativas y es-trategias seguidas para encarar la crisis y potenciar un desarrollo, el modelo agroecológico y la gestión del riesgo socioambiental, la participación y el desarrollo local, el enfoque de género, la revalorización del territorio con su capital social y humano. Temas relacionados con la cultura patriarcal, el machismo y la violencia contra las mujeres en los espacios rurales, así como procesos de empoderamiento económico y social; las desigualdades socioes-paciales, la pobreza, la masculinización de los espacios rurales resultante de la mayor migración femenina, la juventud y el envejecimiento; la continui-dad del modo de vida rural en espacios urbanos periféricos, entre otros ejes temáticos que vienen siendo seleccionados como temas de investigación en la culminación de estudios o en la formación académica.

ConclusionesLos estudios rurales en Cuba motivan a repensar los referentes teóricos y metodológicos hasta aquí utilizados para una nueva agenda de investigación que contemple los siguientes aspectos.

• Los fundamentos teórico-metodológicos han privilegiado la dimensión cuantitativa y sólo han esbozado -cuando no se han pospuesto una y otra vez- la subjetividad de los nuevos grupos que integran la sociedad rural. En virtud de las transformaciones en las formas de tenencia de la tierra, el análisis de significados desde perspectivas marxistas y hermenéuticas ayudarían a integrar mejor el nivel micro en el análisis de la dinámica macrosocial utilizando la visión de los propios actores involucrados en los procesos de cambio.

• Se ha descuidado que los valores y símbolos de la cultura intervienen como indicador básico al analizar la organicidad de los cambios de la sociedad rural. Su observancia nos dice hasta que punto un determinado


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grupo asimila la identidad del grupo social al que ingresa y la significación que reporta la nueva forma de propiedad a que se vincula. Se ha de empezar reconociendo que no es este un proceso lineal donde se asumen y abandonan patrones identitarios y conductuales de manera automática, pues se interponen aquí factores diversos que mediatizan los procesos de conciencia de grupo.

• El abordaje de los estudios rurales desde lo territorial es aún insuficiente en el contexto creado por la crisis y la reforma económica. Sobre los grupos sociales actúan factores propios de las características económicas, sociales, demográficas e históricas de regiones, territorios, espacios y lugares que pautan el horizonte de oportunidades en la movilidad. Por ello ha de avanzarse en la realización de estudios comparativos interterritoriales que permitan construir una visión más holística de la estructura social rural actual.

• Se precisa dar continuidad a estudios interdisciplinares capaces de explicar más a fondo a partir de la interrelación con la economía la relación Estado-campesinado, así como el conjunto de nexos sociales y mecanismos reproductivos diversos que se observan en el funcionamiento de la economía campesina.

• Hasta el presente los estudios de género no están visibilizados en las investigaciones sobre las familia rurales, las trayectorias laborales y de vida, las posiciones socioestructurales múltiples y la movilidad espacial rural, en la diversidad de formas organizativas que asume la producción agropecuaria. Deben explorarse en mayor medida las relaciones de explotación que resurgen en el contexto de crisis y la reconfiguración de los sujetos que las sustentan, así como los nexos entre productores/as rurales y redes y agentes sociales procedentes de la economía informal. El tratamiento de las mencionadas variables darían cuenta de los signos evidentes de complejización que acusan los actuales procesos socioeconómicos y permitirían construir un enfoque más plural de las dinámicas de los espacios rurales.

• Se ha prescindido injustificadamente del tratamiento de las relaciones de renta como vía para llegar a nuevas dimensiones analíticas en la diferenciación de las desigualdades en la economía agropecuaria. En


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las condiciones específicas de la agricultura, la calidad y ubicación de la tierra con relación al mercado devienen fuentes de un ingreso extraordinario para aquellos que disfrutan de ventajas en estos parámetros y se someten a un sistema de precios que, al estar diseñado para todas las condiciones naturales de producción, los favorece aun más dado que sus costos y rendimientos productivos serán superiores al resto de la media. Ello explica que en la economía agraria de la transición socialista se reproduzcan desigualdades de este tipo que pueden y deben ser reguladas ya que introducen sesgos en los resortes motivacionales de la producción. Sin embargo, la política estatal se ha orientado preferentemente hacia la asignación de recursos a aquellos agentes económicos que mayor aporte realizan a la producción. Como la contribución física y en valores suele guardar un vínculo directamente proporcional a la productividad natural y situación geográfica de cada unidad agrícola o ganadera, pudiera aseverarse que la práctica oficial ha tendido a remarcar las diferencias provenientes de la renta diferencial (I) a través de la llamada renta institucional, fenómeno que la mirada sociológica no puede dejar inadvertido desde la perspectiva de sus efectos en las relaciones sociales.

El gradual acercamiento a cada uno de estos fenómenos implica para los estudios rurales la posibilidad de acrecentar su capacidad explicativa y mul-tiplicar su papel de instrumento científico en la aplicación de las políticas públicas.

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Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural en América Latina1

Armando Sánchez Albarrán2

ResumenPor su propia naturaleza, el objeto de estudio de la sociología rural se en-cuentra en un proceso de cambio permanente. Los últimos treinta años, sin embargo, dichos cambios se han presentado como radicales ampliando con ello la complejidad de los problemas generando a su interior disyuntivas o dilemas en los ámbitos teóricos y metodológicos. Autores como Florestán Fernández, Pablo González Casanova, Aníbal Quijano y, de manera par-ticular, Boaventura de Sousa sugieren que los problemas que tenemos los científicos sociales, de Nuestra América, es la importación eurocentrista de teorías, conceptos y metodologías para aplicarlas a fenómenos que, en oca-siones, no se relacionan con los fenómenos particulares del campo latinoa-mericano. Para solucionar lo anterior De Sousa sugiere afrontar la tarea de contrastar dos paradigmas: el hegemónico y el alternativo. Por ello, en este trabajo se pretende confrontar algunos de los rasgos de los principales para-digmas en cuatro de las áreas de estudio de la sociología rural: la política, la cultura, la sociedad y la economía.

Palabras clave: paradigma alterno, epistemología del sur, decolonialidad, movimientos ecoterritoriales, ecosociología.

Theoretic and Methodological dilemmas in Latin America Rural Sociology

AbstractBy its very nature, the object of study of rural sociology is in process of permanent change. The last thirty years, however, these changes have been radical, expanding the complexity of problems and generating disjunctive

1 Ponencia a la Mesa redonda Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural latinoa-mericana. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Departamento de Sociología, UAM-Azcapotzalco. Coordinador del Grupo de Sociología Rural. E-mail: [email protected]

Armando Sánchez Albarrán

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or dilemmas in theoretical and methodological areas. Authors such as Flo-restan Fernandez, Pablo Gonzalez Casanova, Anibal Quijano and in par-ticular Boaventura de Sousa Santos suggest that social scientists problems in our America are the import and application of eurocentric theories, con-cepts and methodologies to phenomena that, sometimes, are not related to Latin American field issues. To solve the abovementioned, De Sousa suggests facing the task of comparing two paradigms: the hegemonic and the alternative. Therefore, this paper seeks to confront some features of the main paradigms in four areas of rural sociology: politics, culture, society and economy.

Key words: alternative paradigm, epistemology of the South, decoloniality ecoterritorial movements, ecosociology.

Introducción La sociología rural en América Latina transita, de una parte, entre los ries-gos de una modernidad globalizada vertiginosa, aplastante, abarcadora, lace-rante y, de otra parte, en la tradición obcecada, en una dispersión de espacios locales, ricos en cultura, en saberes, en prácticas productivas y experiencias originales. El dilema actual que se le presenta a la sociología rural consiste en descubrir y descifrar los principios epistemológicos que fundamentan ambos polos de esa relación. Afortunadamente, nuestra América Latina cuenta con pensadores que desentrañan los principios eurocentrista de un criterio de cientificidad que tiende a excluir, eliminar, desechar, invisibilizar lo que no se conoce o no se entiende; provenientes de la sociología, economía, antropo-logía, filosofía, historia y de otras disciplinas, entre ellos podemos mencionar a: Florestán Fernández, Agustín Cueva, René Zavaleta, Pablo González Ca-sanova, Pedro Vuskovic, Agustín Silva Michelena, José Carlos Mariátegui, Atilo Borón, Gregorio Selser, Raúl Prebish, Hugo Zemelman y José Aricó, como pequeña muestra de autores que en muchos casos permanecieron re-legados (Fernández, 1959; Cueva, 1977; Selser, 1974; Prebish, 1951; Zemelman, 1987; Borón, 2003; Mariátegui, 2007).

Interesa rescatar los trabajos de ruralistas que abordan dicho dilema, en-tre ellos: Armando Bartra, Blanca Rubio, Thierry Linck, Miguel Teubal, José Luis Calva, Norma Giarraca, Monica Bendini, Jaques Chonchol, Alessan-dro Bonanno, Salete Cavalcanti, Patricia Arias, Cristobal Kay, Guillermo Almeyda, Hugo Blanco o Hubert Grammont quienes, desde los más varia-dos ángulos de la sociedad rural, han hecho importantes aportaciones para

Dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural en América Latina

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explicar la enorme complejidad de la cuestión agraria de América Latina, cuestionando también el paradigma dominante del libre mercado (Bartra, 2006a; Rubio, 2013; Linck, 2012; Teubal, 2012; Calva, 2012; Giarraca y Levy, 2004; Bendini, 2006; Chonchol, 2006; Bonanno, 2006; Cavalcanti, 2003; Arias y Woo, 2008; Kay, 2006; Almeyra, 2005; Blanco, 2012; Gramont, 2006).

Desde entrados los años cincuenta Florestán Fernández, pionero de la sociología crítica de Brasil, consideró que América Latina había sido forza-da a padecer procesos de modernización que mantienen y profundizan las desigualdades sociales, al tiempo que se reproducen prejuicios racistas en las ciencias sociales provenientes de un pasado colonial (Fernández, 1960). Pa-blo González Casanova se preocupó por mostrar, incluso, la existencia de un colonialismo interno (Gonzáles, 1970). Aníbal Quijano es de los iniciadores de un pensamiento de la decolonialidad lo cual ya apunta hacia un cuestiona-miento importante al paradigma hegemónico (Quijano, 2009). Boaventura de Sousa, sostiene que los dilemas que se le presentan a las ciencias sociales derivan del intento por aplicar teorías, enfoques, conceptos y metodologías provenientes de otras realidades ajenas a lo que sucede en América Latina, que, en parte, coinciden con el mundo occidental y, sin embargo, existe una tradición de principios y lógicas específicas e históricas que fundamentan un paradigma diferente. Por esa razón dicho autor convida a pensar en un paradigma alternativo (Sousa, 2012).

De cara al paradigma dominante, que hace apología del capitalismo, Boaventura de Sousa propone, en cambio, la reconstrucción de un paradig-ma alternativo y emergente (Souza, 2012). El paradigma alternativo es el que se aleja del conocimiento dualista para, más bien, superar dialécticamente las oposiciones hombre-naturaleza; naturaleza-cultura, objetivo-subjetivo, glo-bal-local, etcétera. El paradigma emergente no se pone al servicio de los in-tereses mercantiles, sino que se trata de un paradigma científico que sustenta un conocimiento prudente, pero también se trata de un paradigma social que busca el logro de una vida decente. Para este autor el conocimiento científico enseña a vivir y se trata esencialmente de un saber práctico (Sousa, 2012).

De Sousa afirma que el paradigma tradicional, hegemónico, se encuentra en un callejón sin salida pues no hay forma de solucionar los problemas de parcelación del conocimiento. En tanto que, en el paradigma emergente, el conocimiento es total y, al mismo tiempo local. El punto de partida, propone De Sousa, son temas surgidos de grupos sociales concretos, tales como: la necesidad de reconstruir la historia de una comunidad; crear espacios verdes; o disminuir la tasa de mortalidad infantil, por citar algunos ejemplos. Los


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temas, se conforman en escenarios en el que los conocimientos concurren sobre condiciones de posibilidad en un espacio-tiempo local (Sousa, 2012).

“Además, nuestras grandes teorías de las ciencias sociales fueron pro-ducidas en tres o cuatro países del Norte. Entonces, nuestro primer problema para la gente que vive en el Sur es que las teorías están fuera de lugar: no se adecuan realmente a nuestras realidades sociales” (Souza, 2006: 15).

Sousa identifica al paradigma emergente con el conocimiento posmoderno. Este se aleja de un método uniforme, pues parte desde la pluralidad metodo-lógica en virtud del ejercicio de la transgresión metodológica la cual influye, por ejemplo, en los estilos y géneros literarios previos a la escritura científica. La ciencia posmoderna es una conjunción de estilos elaborada de acuerdo al criterio y la imaginación personal de los científicos en un ambiente de tolerancia discursiva3 (Sousa, 2012).

Una característica importante del nuevo paradigma consiste en revalo-rar el conocimiento del sentido común. El conocimiento de los saberes en las comunidades originarias mediante el conocimiento, por ejemplo, de los médicos tradicionales, parte de una comunión estrecha de estos con la natu-raleza. El conocimiento común resulta eficaz ya que es práctico y pragmático pues se sustenta en la experiencia, en ocasiones milenaria, de un grupo social específico. Dicho conocimiento no parte, en modo alguno, de una metodo-logía estandarizada (Sousa, 2012).

En el periodo de la posguerra, predominó una confrontación de ideolo-gías, en particular entre socialismo y capitalismo. Se creó una cultura des-de intelectuales de países desarrollados, como práctica eurocentrista, para designar-clasificar-estudiar a las realidades no occidentales como realidades ilegítimas, inacabadas, como si se tratara de anomalías, en resumen: de “malas copias”.4 Sin embargo, la gran variedad de procesos específicos, tales como

3 Boaventura De Sousa proporciona ejemplos retomados de las observaciones de Clifford Geertz tales como las investigaciones filosóficas semejantes a la crítica literaria en el estudio de Sartre sobre Flaubert. En contraparte, el paradigma predominante impone un único criterio de cientificidad y de procedimientos estandarizados (Sousa, 2012).4 Científicos sociales de países occidentales asignan, por ejemplo que para definir burguesía en América Latina habría lumpen burguesía; en lugar de proletariado se tendría al lumpen proletariado; en vez de desarrollo, subdesarrollo o países dependientes; algunos historiadores interpretaron la revolución mexicana como revolución interrumpida; el trabajo en las haciendas porfiristas como relación laboral semiservil; para la explicación de los campesinos en el capita-lismo en América Latina se les ubicaba dentro de una articulación de modos de producción; y se sustituía capitalismo, por “situación semifeudal”, entre muchas otras.


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las formas y estructuras de explotación particulares en toda la enorme rique-za en el continente americano ponen en entredicho la noción prevaleciente de “cientificidad” de modo que la enorme diversidad de situaciones especí-ficas termina por cuestionar el orden teórico epistemológico predominante.

En otros trabajos he explicado que la sociología rural, desde su institu-cionalización a mediados de los sesenta e inicios de los setenta, se impuso un programa de investigación5 fuerte en detrimento de uno débil. El progra-ma de investigación fuerte hace alusión al predominio del desarrollo y la modernización rural, es decir, al productivismo y hacia el cambio de pautas tradicionales a modernas y, en lo fundamental, se encuentra alejado del de-sarrollo teórico6 (Hewitt, 1988; Sánchez, 2006; Sánchez, 2011). En todo caso el paradigma predominante lo constituyó el estructural funcionalismo con el modelo folk-urbano de Redfield, el modelo del paso de una sociedad ru-ral tradicional a una urbana-industrial de Everett Rogers. Dicho paradigma gozó de seguidores en América Latina con Gino Germani, Torcuato di Tella y Jorge García Vera (Sevilla-Guzmán, 1980; Sánchez, 2006).

En contrapartida, el programa de investigación débil se refiere a para-digmas alternativos al hegemónico, en su momento la ecología cultural y algunas variantes del marxismo7 que, sin embargo, resultaron eclipsadas por el paradigma dominante.8 Se puede afirmar que la sociología rural contó con un poderoso arsenal teórico y conceptual que alimentó un pensamiento crí-tico, reflexivo y alternativo, aunque se limitó a la academia (Sánchez, 2006; Sánchez, 2011).

El propósito del presente trabajo es realizar una revisión de algunas de las principales disyuntivas en las orientaciones teóricas y metodológicas de los problemas rurales mediante la contrastación epistemológica del conteni-

5 Por programa de investigación se entiende el proceso de institucionalización de la sociología rural integrado por cursos de dicha especialidad en universidades, revistas especializadas, publi-cación de libros y revistas, formación de un número de especialistas, existencia de posgrados y de centros de investigación con dicha especialidad.6 El programa de investigación fuerte hace alusión al énfasis en programas de desarrollo rural, mediante políticas públicas agropecuarias, con programas de educación, y extensión rural. En la academia predominan enfoques de tipo administrativos, financieros, técnicos y de promoción rural.7 Desde el marxismo había muchas variantes tales como: marxismo, leninismo, maoísmo, trots-kismo y la perspectiva de Gramsci, desde las que se proyectaba un intenso debate respecto al carácter revolucionario del campesino, la alianza obrero campesina, y lo que sería la lucha revolucionaria. Sin embargo hubo pocos intentos por llegar a síntesis teóricas (Hewitt, 1988).8 Es muy probable que la fundamentación teórica haya sido opacada a propósito o por omisión como parte también de una visión eurocentrista como una puesta en práctica de una práctica colonialista.


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do del paradigma dominante propio del discurso científico hegemónico desa-rrollista o modernizador confrontado con el paradigma alternativo o emer-gente desde los cuales se sustentan temas de investigación de la sociología rural en los ámbitos de la política, cultura, sociedad y economía. El enfoque aquí adoptado es un esfuerzo de traducción, de construcción, re construcción de la sociología rural; en palabras del brasileño De Sousa, se trata de la “…reconceptualización en curso de las condiciones epistemológicas y metodo-lógicas del conocimiento científico social” (Sousa, 2012: 45).

Para fines de exposición se contrastarán los paradigmas hegemónicos y alternativos en cuatro áreas de la sociología rural: política, cultura, sociedad y economía. Por último, se expondrán las conclusiones (Sánchez, 2006).

Política: El debate entre democracia formal y democracia directaEn el ámbito de la política, el paradigma dominante, el de la modernización política, sostiene la idea de que la transición a la democracia es garante de los procesos democráticos. El paradigma alterno subraya que la democracia for-mal, la democracia representativa, no garantiza por sí misma la democracia plena (Grammont, 2006). Más bien, desde el México y América profundos se han dado a conocer ejemplos concretos provenientes de la experiencia del EZLN en Chiapas con el lema: “mandar obedeciendo” sustentado en la democracia directa (Latouche, 2012).

La transición a la democracia en América Latina tuvo la virtud de per-mitir el tránsito de regímenes políticos autoritarios hacia otros más demo-cráticos y progresistas, aunque ello no devino en una democracia real. En países del Cono Sur, el proceso fue más radical pues se pasó de gobiernos militares hacia procesos democráticos9 (Grammont, 2006). Paradójicamente los vientos democráticos se han ido desgastando rápidamente. Hoy día es evidente que los procesos políticos y electorales consolidaron la democracia formal a partir de mecanismos de representación. Sin embargo, la demo-cracia real aún se encuentra muy lejos de los ciudadanos ya que prevalecen, en todos los poros de la sociedad, procesos autoritarios y formas tradiciona-les de poder sustentados en el clientelismo y en la impunidad (Grammont, 2006). Lo que se hizo evidente es que la llegada de gobiernos, incluso, de

9 Habría que señalar que la transición abarcó a países que salían de un pasado de gobiernos au-toritarios como en el caso de México; férreas dictaduras en casi todos los países sudamericanos y centroamericanos; en tanto que en otros gobiernos hubo casos contradictorios como en Perú y Venezuela; mientras que antes de los gobiernos progresistas había prácticas neoliberales en Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia, y hasta en Venezuela (Grammont, 2006).


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corte socialdemócrata no garantiza, por sí mismos, un cambio en la calidad de la democracia, sino que, en muchos casos, continúa la reproducción de formas de control autoritario10 (Svampa, 2011).

El paradigma alterno de la descolonización sirve de marco para cues-tionar y transgredir de forma contrahegemónica procesos de reproducción colonial o neocolonial. En la explicación histórica de dicha perspectiva des-taca que, en lo que va del siglo XXI, muchos grupos sociales, en particular los grupos indígenas no han logrado, y no se les ha dejado que logren, una ciudadanía plena (Quijano, 2009).

Boaventura De Sosa denomina sociología de las ausencias a la “…re-cuperación y valorización de los sistemas alternativos de producción, de las organizaciones económicas populares, de las cooperativas obreras, de las empresas autogestionadas, de la economía solidaria, etc., que la ortodoxia productivista capitalista oculto o descredibilizó” (Sousa, 2012: 123).

En oposición a la globalización hegemónica existen procesos de desglo-balización local. Se trata de procesos de globalización alternativa, es decir, como reglobalización o globalización contrahegemónica. En América La-tina y en México podemos ejemplificar otras formas de desglobalización local en experiencias de gestión local de los recursos y la seguridad, como lo ejemplifican la recuperación del territorio a cargo de la lucha desigual por la defensa del territorio en contra de las empresas mineras, eólicas, petroleras, o inmobiliarias. Muchos de esos casos son precedidos por la recuperación de formas de democracia directa11 (Chiú, 2006; Svampa, 2011; Sánchez, 2012; Cisneros, 2012).

Cultura: Oposición homogeneidad global – diferencia/pluricultural localEn el ámbito de la cultura, existe una ideología y cultura que hace apología al capitalismo, al neoliberalismo, al consumo mercantil de masas el cual tiene un efecto directo por ejemplo en las clases medias (Giménez, 2005). En la otra parte, surge un paradigma alterno, que revalora la cultura de los pueblos originarios, los saberes ancestrales llevándolos incluso a considerar como parte de los derechos humanos (Leff, 2009).

10 Algunos gobiernos identificados como progresistas han permitido o facilitado los megapro-yectos para financiar el desarrollo (Svampa, 2011).11 En varios de esos proyectos locales, como lo ejemplifica La Vía Campesina, se parte de prin-cipios tales como: la participación democrática, sustentabilidad ambiental, equidad social, racial, étnica y cultural, entre otros, que son sistemáticamente invisibilizadas y descalificadas por las agencias gubernamentales y financieras (Desmarais, 2007; Sánchez, 2012).


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La globalización crea condiciones para homogeneizar el consumo capi-talista en todo el orbe. Lo mismo sucede en el campo de la cultura donde el capitalismo tiende a crear un solo consumo cultural globalizado (Giménez, 2005). Sin embargo, persiste una lucha ancestral de los pueblos originarios y comunidades campesinas para defender su derecho a la diferencia, a una ciudadanía pluricultural (Giménez, 2005; Xón, 2013). La lucha por el espacio y el territorio es la lucha por la reproducción de bienes simbólicos y cultura-les desde donde las comunidades rurales se crean símbolos, significados, así como vínculos de identidad y solidaridad (Giménez, 2005).

Las actividades culturales y artísticas desempeñan un papel importante en la reorganización del tejido social mediante la producción de una narrati-va emancipadora a partir de la poesía, música, vestimenta y otros elementos del entorno cultural de los pueblos desde donde se aportan conocimientos, visiones del mundo, cosmovisiones y particularidades del otro y de uno mismo (Sousa, 2012). Sin embargo el discurso dominante que se encuentra encami-nado hacia la incorporación de los indígenas al mundo moderno, no es capaz de reconocer el derecho real a las diferencias culturales, vale decir, a los usos y costumbres, al derecho a la autonomía (Xón, 2013) así como a la búsqueda del Buen Vivir, y la Maximización de la felicidad (Sousa, 2012).

Social: Modernización/Desarrollo contra el derecho a la reproducción socialEl triunfo de la modernización bajo el predominio de gobiernos neoliberales enfatizó la promesa de ciudadanía para muchos grupos sociales sin derechos plenos. Sin embargo, los gobiernos neoliberales han firmado los marcos ju-rídicos internacionales tales como el Acuerdo 169 de la OIT, o en México, la firma de los Acuerdos de San Andrés, para reivindicar la autonomía indíge-na, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, el respeto de los usos y costumbres, entre otros (Sánchez, 2013).

Frente al paradigma hegemónico sintetizado en la idea de la globaliza-ción se antepone otra lógica no económica a cargo de la economía mercantil de los pequeños productores. En ocasiones, se le denomina estrategias de sobrevivencia, estrategias de vida, estrategias globales, estrategias de repro-ducción social (Sánchez, 2006). Se trata de unidades campesinas o fami-liares. Son grupos domésticos que anteponen el derecho a la reproducción desde una lógica familiar determinada por el número y necesidades de los integrantes de la familia (Cortés-Cuellar, 1990).


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Movimientos Sociales AlternosCaracterizar a los movimientos sociales siempre ha sido una tarea muy com-pleja según Antonio Melucci. Por lo general los autores de la teoría accio-nalista han puesto mucha trabas, requisitos o candados para poder afirmar que ciertas acciones sociales, especialmente en el campo, son movimientos sociales (Sánchez, 2013). Alan Touraine, en algunos de sus escritos referi-dos a América Latina muestra un carácter eurocentrista al descalificar a los movimientos sociales pues ha sostenido, por ejemplo, que en América Lati-na “…no existe una verdadera clase dirigente” (Touraine, 1989:36). En otro texto al referirse a Cuba señala: “El modelo cubano sigue siendo exterior a América Latina”; en otro más, desacredita el trabajo político de la población rural: “Los elementos rurales son más débiles de lo que parece indicar su popularidad” (Touraine, 1989).

El argumento más socorrido por los autores europeos de la teoría accio-nalista, es el que considera que las demandas indígenas y campesinas man-tienen reivindicaciones del pasado, por lo que son consideradas como “de-mandas tradicionalistas” y “localistas”, y por extensión como no modernas (Sánchez, 2013). Ciertas interpretaciones del marxismo ortodoxo también descalificaban la lucha por la tierra como lucha revolucionaria.12

En México, después de la contra-reforma agraria de 1992, el principal eje de lucha de las organizaciones campesinas e indígenas es la lucha por el control del proceso productivo, a la que se le añade las demandas ecológicas o por los derechos humanos de grupos específicos. La nueva oleada de lu-chas rurales en el siglo XXI se relacionan más con los nuevos movimientos sociales ya que en el centro de sus demandas se encuentran, principalmente, demandas sustentadas en valores tales como: la soberanía alimentaria, la jus-ticia, el respeto a la Madre Tierra, entre otras. Son en esencia luchas por un mundo mejor (Sánchez, 2012).

La ecosociología como paradigma alternativoComo ejemplo de paradigma alternativo se pude mencionar la ecosociolo-gía. En esta no hay una oposición entre lo social y la naturaleza sino que los dos son parte de la misma unidad (Sousa, 2012). El paradigma alternativo

12 En los años setenta y ochenta, predominó la versión del marxismo ortodoxo que interpretaba la frase de Marx respecto a que: “los campesinos con como papas en un costal de papas”. Con ello se aludía a que no eran una clase para sí, sino apenas una clase social. A lo anterior se añadía la idea de que los campesinos no se podían representar, sino que tenían que ser representados por el proletariado.


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no desecha el conocimiento científico, sino su utilización hegemónica. Ex-plora prácticas científicas alternativas dirigidas hacia el logro de otro mundo posible, de una sociedad más justa y democrática, pero en equilibrio con la naturaleza (Xón, 2013).

La principal crítica ecológica a la noción de desarrollo consiste en que en los países industrializados se considera que los recursos naturales son inagotables e ilimitados. De esta crítica surge la propuesta del desarrollo limitado y sus distintas versiones: desarrollo sustentable, agroecología, eco-nomía verde, y por último, la ecosociología (Sevilla-Guzmán, 2006). La ecosociología surge en los ochenta como un paradigma que cuestiona los supuestos políticos y económicos, pero también propone un nuevo orden (Sánchez, 2011).

Economía: Globalización/maximización de ganancias contra el Buen VivirA los gobiernos neoliberales de América Latina les ha tocado la penosa tarea de apresurar las reformas estructurales -léase privatización de la economía- con el propósito de alcanzar las metas macroeconómicas de crecimiento, inflación y empleo establecidas desde fuera y desde arriba por las potencias acreedoras y agencias internacionales a condición de realizar medidas de desregularización de la economía en países periféricos, en especial en países emergentes (Latouche, 2012; Cisneros, 2013).

De este modo se observan dos lógicas económicas contrastantes: por un lado el paradigma del desarrollo, y por el otro, el paradigma del Buen Vivir. El desarrollo es una derivación de la noción de progreso-civilización el cual iría de lo rural a lo urbano, de la agricultura a la industria, de lo tradicional a lo moderno, de lo atrasado a lo urbano-industrial. Hablando de desarrollo rural se trata, en esencia, de la mercantilización del espacio, la transforma-ción-industrialización de los bosques, minerales, aguas y ríos convertidos en materia prima y recursos naturales explotables (Rubio, 2006). A lo largo de la historia del colonialismo nunca se cuestionaron los efectos negativos derivados del agotamiento de dichos recursos, vistos solamente como efectos residuales. El desarrollo en el contexto neoliberal implica riesgos ecológicos que son ignorados por los científicos de los países informatizados. Los go-biernos neoliberales al reducir el control estatal condenan a los países perifé-ricos hacia la pérdida del control de los recursos y del territorio, precisamen-te debido a la debilidad del Estado (Rubio, 2006). En el contexto actual, las primeras fases de la actividad extractiva o agropecuaria, las de mayor riesgo,


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son asumidas por los países subdesarrollados y esta es una de las claves para la extracción de la renta del suelo (Sevilla-Guzmán, 2006; Svampa, 2011).

Desde la academia un grupo nutrido de investigadores ha publicado ar-tículos con diagnósticos, proyecciones y análisis que muestran y evalúan los efectos perversos de una agricultura abierta al libre mercado: desequilibrios negativos en la balanza de pagos, importación masiva de alimentos, crisis de los pequeños y medianos productores, encarecimiento del crédito y de los insumos productivos, entre otros, lo cual ha llevado, entre otros problemas al aumento en la pobreza rural y en las masivas migraciones internas e interna-cionales (Bartra, 2006b; Rubio, 2006; Calva, 2013).

Nueva ruralidad capitalista o nueva ruralidad campesinaLa nueva ruralidad confronta de entrada dos maneras de apreciar algunos de los efectos de la globalización y que se pueden sintetizan en dos posiciones, más o menos definidas, entre defensores y críticos de dicha perspectiva de análisis (Pérez, 2008).

La pluriactividad es, sin duda, el rasgo más visible que describe mejor la evidencia de la pérdida de importancia de las actividades agrícolas. A ese rasgo descriptivo le siguen otros que claramente muestran la pérdida de im-portancia de la agricultura: desagrarización, terciarización, heterogeneidad ocupacional, actividades diferentes a la agricultura, por enumerar algunos. Se puede constatar la ausencia de alguna explicación histórica, económica, sociológica o antropológica sobre la genealogía de los conceptos que con-forman la nueva ruralidad. Desde los años noventa han aparecido trabajos estadísticos y empíricos que constatan la evidencia de la nueva ruralidad (Pérez, 2008).

La nueva ruralidad aparece como un concepto polisémico derivado, en el mejor de las explicaciones, de la expansión del sistema urbano que, sin duda, supone un cambio en la forma tradicional de ver la oposición entre rural y urbano13. En la medida en que surge un desanclaje de las actividades agrícolas, ahora serán las otras actividades no agrícolas las que definan el espacio, el te-rritorio, mediante actividades como el ecoturismo, la producción industrial, la conservación del paisaje, entre otras. Pero sobre todo porque los medios de transporte y de comunicación facilitan el traslado de una población urbana hacia lo rural (Linck, 2001).

13 Lo que se modifica es la perspectiva impuesta por autores como Zimerman y Zorokin quie-nes en 1928 escriben Elementos de sociología rural y urbana, asentando desde entonces el modelo, dualista, del paradigma folk-urbano.


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El tema del desanclaje de las actividades agrícolas ya había sido analizado por algunos de los precursores de la sociología rural desde el marxismo, la economía campesina de Chayanov y por la sociología alemana de Tonnies, Simmel y Max Weber. En el marxismo se analiza cómo el desarrollo del mercado interno supone la pauperización del campesino hasta transfor-marlo en proletario agrícola (Bartra, 2006a). El mismo Alejandro Chaya-nov explica como al dificultarse las condiciones económicas de la economía campesina se acude a actividades alternativas tales como el comercio, la mi-gración, la artesanía, etcétera., como principal forma de obtención de ingre-sos (Chayanov, 1974); por su parte, Tonnies, Simmel y Weber consideraron la relación entre comunidad y sociedad como conceptos comprensivos desde donde: “en toda comunidad, hay elementos de sociedad y en toda sociedad, hay elementos de comunidad”. Lo anterior no significa continuidad ni des-aparición de las diferencias. Las nociones de comunidad y sociedad sirven para explicar la realidad de una sociedad en rápida modernización (Weber, 1990; Sánchez, 2011).

La nueva ruralidad campesina-urbanaLos nuevos procesos campo ciudad tienen que ver con la reconfiguración so-ciopolítica del territorio. Lo que no explica la nueva ruralidad es su génesis. Como han indicado Blanca Rubio (2006), César Ramírez (2006) y Eliezer Arias (2006), entre otros autores, un gran déficit de esta corriente es que no explica de donde proviene dicho proceso, se da por hecho que el indicador que lo describe no requiere de ninguna explicación. La pérdida de importan-cia de lo agrario parecería justificar que, en un afán neomodernizador lo que se requiere, desde el ámbito de la nueva institucionalización, es la búsqueda de oportunidades de inversión. Lo mismo se aplica a la noción de desarrollo rural (Sánchez, 2011).

Desagrarización significa también cambios en la legislación agraria que permiten ahora que la tierra se pueda vender, comprar o rentar. Pero también hacer concesiones a empresas transnacionales, como en el caso de Méxi-co, tal y como sucede con los más de 50 millones de hectáreas a favor de empresas mineras nacionales e internacionales, en especial a las compañías canadienses (Svampa, 2011).

Desde la perspectiva de la ecosociología existe una propuesta de recupe-ración de la nueva ruralidad, pero desde un punto de vista radical (Sevilla-Guzmán, 2006). Dicha perspectiva sugiere que debe existir una interrelación entre el campo y la ciudad sustentado en los sujetos sociales. Lo anterior


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habla de una nueva relación entre personas de la ciudad interesadas en co-mer sano y pagar precios justos, al tiempo que exista una corresponsabilidad por los recursos naturales. De otra parte, la población rural, en estrecha rela-ción con los nuevos actores urbanos, se encuentra pendiente de las técnicas agrícolas orgánicas, compostas, lombricultura, sustentado en ecotecnias que generen empleos en el campo, sobre todo a los más jóvenes (Leff, 2009). Desde las comunidades campesinas e indígenas existe hoy una lucha por la defensa de la Madre Tierra, aunque dicha perspectiva tienda a ser criticada de tratarse de una utopía.

Desarrollo sustentable o ecosociologíaDespués de la Cumbe de Río, donde se reunieron varios países para discu-tir las medidas para frenar el calentamiento global se discutió respecto al desarrollo sostenible. Desde entonces surgieron otras alternativas críticas a la perspectiva dominante y oficial de desarrollo: el desarrollo sustentable, la agroecología, el ecosocialismo, la economía verde y recientemente la ecoso-ciología (Sevilla-Guzmán, 2006).

En el campo de la ecología varios autores han emprendido una revisión epistemológica alternativa que derivó en la propuesta de la ecosociología. Algunos autores que se pueden mencionar en esta perspectiva son Michael Redclift, Eduardo Sevilla-Guzmán, o Enrique Leff (Sevilla-Guzmán, 2006; Leff, 2009). El ecodesarrollo o ecosociología aparece como un paradigma al-ternativo ya que cuestiona los límites de la noción de desarrollo, pues los re-cursos naturales se agotan, se explotan y se acaban (Fitoussi-Laurent, 2008).

Frente a los acelerados cambios por los que actualmente atraviesa la so-ciedad rural surgen nuevos problemas teóricos y prácticos que demandan respuestas. Uno de los problemas más sentidos global y localmente son los relacionados con el deterioro de los recursos naturales ya que afectan, de ma-nera dramática, a las poblaciones locales. La sociología rural retoma, en gran medida, los postulados y propuestas elaborados desde la sociología del me-dio ambiente, la agroecología o, más recientemente, por la ecosociología para hacer frente a los desequilibrios entre la sociedad y la naturaleza (Sánchez, 2011). Dicha reflexión supone la construcción de herramientas conceptuales que cuestionan desde los países del Sur, al mismo tiempo, la noción euro-centrista de ciencia (Sousa, 2012). Esta perspectiva de análisis elabora una nada despreciable contribución epistemológica a la noción predominante de ciencia legitimada por la economía y la política, contribución que se dirige al cuestionamiento de la “crisis de la modernidad”. Interesa rescatar parte del


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pensamiento del sociólogo rural Eduardo Sevilla-Guzmán quien participa en la propuesta teórico metodológica de la ecosociología (Sevilla-Guzmán, 2002). El orden económico actual en la búsqueda del crecimiento equitati-vo logró, paradójicamente, más riqueza para unos pocos y pobreza para la mayor parte de la población. Asimismo, se cuestiona la manera en que las empresas capitalistas, en la búsqueda del crecimiento económico, y bajo el supuesto de la economía neoliberal de encontrar recursos ilimitados, han roto los elementos y ciclos vitales de la biósfera, con lo que son causantes de la actual crisis ecológica que hoy se vive en todo el planeta (Sevilla-Guzmán, 2006; Leff, 2006).

En la propuesta de Sevilla-Guzmán (2006) la agroecología considera como uno de sus elementos fundamentales a la coevolución social y ecoló-gica entendidas como una interrelación entre las dos. Lo que se trata, insiste el autor, es en pensar en la inseparabilidad entre los sistemas sociales y eco-lógicos. Dicha especialidad cuestiona la idea de que el desarrollo rural se encuentra fincado en el control del manejo industrial y biotecnológicos de los recursos naturales debido a que no ha generado soluciones a largo plazo, sino más bien, mayor desigualdad social poniendo en grave peligro la conti-nuidad de la humanidad como del planeta mismo (Sevilla-Guzmán, 2006).

Esta subdisciplina contribuye con la deconstrucción de la idea lineal de desarrollo y valida una racionalidad productiva alternativa cuyas bases epistemológicas se sustentan en la articulación de procesos ecológicos, tec-nológicos y culturales produciendo ecotecnologías, al tiempo que conjuga saberes tradicionales y modernos, a la vez que promueve la resignificación del territorio; pero además, considerando que los problemas que enfrenta son complejos, se sustenta de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad científicas. Enrique Leff asume que entre las disciplinas que participan en la producción de nuevos conocimientos ambientales destacan: las ciencias et-nológicas; la ecología (política, productiva, social); la biotecnología; la socio demografía; la economía (ecológica, política del ambiente); la educación, la historia, la pedagogía ambiental; la ética (de la interculturalidad, para la sus-tentabilidad, y por la vida); el psicoanálisis y la sociología del conocimiento (Leff, 2000). También defiende la idea que, más que una articulación fun-cional entre diferentes especialidades, habría que crear condiciones para un diálogo de saberes (Leff, 2006). Y sostiene que los principios éticos no son incompatibles con las ideas de desarrollo, de racionalidad y de la diferencia, aunque sí con ciertas concepciones modernas de la moral y de la ciencia con sustento en el individualismo, la competencia, la exclusión de los saberes no


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científicos, el utilitarismo de la tecnología y el antropocentrismo (Leff, 2002; Leff, 2006).

Otra vertiente de análisis es la propuesta de Moacir Gadotti respecto a la noción de glocal, como alternativa al globalismo burgués. Glocal hace referencia a “pensar globalmente y actuar localmente”. Dicha conceptualiza-ción se encuentra presente en el análisis de los nuevos movimientos sociales, especialmente los llamados altermundistas y en especial en los que ponen el acento en la recuperación de los nuevos movimientos sociales protagoniza-dos por campesinos e indígenas14 (Sánchez, 2008; Mestries, 2009).

La ecosociología construye conceptos e indicadores que tienden a revalo-rar a las personas, a la vida, a sus pobladores los campesinos e indígenas. Aún más, se trata de conceptos que cuestionan a la epistemología dominante y su idea de ciencia pues se presenta en realidad como reacción-oposición a la primera (Sousa, 2012). Por citar sólo algunos de estos conceptos tendríamos, en primer lugar, el de coevolución -mencionado arriba- que plantea la nece-saria interacción entre sociedad y naturaleza; la interacción entre el saber, por ejemplo el saber campesino e indígena y la ciencia, lo que supone el mutuo reconocimiento entre el entorno sociopolítico y cultural, con el contexto bio-físico; la gestión ecológica de los sistemas biológicos que parten del respeto a las estructuras y procesos; la creación de formas colectivas de acción social para generar y emplear propuestas dirigidas hacia la coevolución; el respeto por la diversidad cultural y ecológica, presente en muchas de las formas de producción indígenas (Sevilla-Guzmán, 2002 y 2006; Sousa, 2012).

La ecosociología radical intenta opciones ecológicas y socialmente sus-tentables, por ejemplo, alentando un proceso de desarrollo centrado en la agricultura campesina (Barkin, 2001). El propósito es fortalecer la economía campesina dentro de un modelo alternativo en el cual se apoyan las iniciativas locales y se propugna el desarrollo endógeno para lograr una mayor participación social, control local y autogestión sobre el territorio por parte de la comunidad campesina (North y Cameron, 2003).

Nuevas tecnologíasSin duda la controversia en torno a los productos transgénicos muestra cla-ramente la manera en que entran en la escena la oposición entre dos criterios de lo que es científico, pero sobre todo, de sus consecuencias.

14 La noción de “glocal” matiza o relativiza la relación entre la globalización y desarrollo local para comprender dichos conceptos como en interrelación dialéctica.


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Con frecuencia los defensores de cultivos transgénicos arguyen, como criterio de cientificidad, que se hace eco de artículos que se publican en re-vistas de prestigio científico. Sin embargo, este tipo de criterios quedan sin soporte cuando, por ejemplo, el Premio Nobel Randy Schekman anunció que nunca publicaría en revistas como Nature, Science y Cell, ya que los edi-tores no eran científicos sino mercadólogos, en las que los autores se preocu-pan, no por el impacto de los nuevos conocimientos, sino en saber el número de veces que son citados.

Mientras que los críticos de los cultivos transgénicos señalan que su consumo tiene como consecuencias para el ser humano algunos tipos de cáncer,15 los especialistas y médicos que trabajan para empresas transna-cionales, como Monsanto o Syngenta, esgrimen argumentos “científicos” a favor de las semillas genéticamente modificadas. Gracias a dichos argu-mentos se ha logrado, por ejemplo, que Brasil se convierta en el primer consumidor de agrotóxicos y el segundo productor de transgénicos a nivel mundial, además tiene más de diez años que realizó la primera aprobación legal de semillas transgénicas; también en Brasil se liberan cada año mos-quitos transgénicos; sólo Estados Unidos, Argentina y Brasil concentran la mayor producción de alimentos transgénicos; en México se autorizó entre 2010 y 2011 el cultivo de semillas transgénicas para fines de experimenta-ción y, posteriormente, para su cultivo comercial; Colombia estableció una reglamentación para prohibir a los campesinos usar su propia semilla; en Argentina, se cultivan los transgénicos, en muchas ocasiones, muy cerca de los poblados. Habría que señalar que en Sudamérica se inició el cultivo de soya de Monsanto con resistencia a herbicidas y a insectos; por su parte Panamá aprobó cuatro permisos para maíz transgénico, y Paraguay lo hizo para tres productos: maíz, algodón y soya (Red por una América Latina Libre de Transgénicos, 2013).

En el otro extremo, organizaciones alternativas de científicos y de Orga-nizaciones no gubernamentales como Oxfam o GreenPeace, ambientalistas y redes de consumidores cuestionan aspectos importantes de los criterios de los científicos de las empresas transnacionales, sobre todo varios de los

15 Algunos efectos del consumo de transgénicos en humanos son los siguientes: las mujeres que consumen por largos periodos de tiempo dichos productos han encontrado leche materna con toxinas; aumenta el cáncer de mama; aumento de cáncer en personas que viven próximos a cultivos transgénicos; trastornos en el sistema inmunológico, entre ellos: asma, alergias, infer-tilidad, inflamaciones, envejecimiento acelerado, cambios en los órganos gastrointestinales por el consumo de maíz-bt.


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efectos no esperados de las nuevas tecnologías: surgimiento de insectos re-sistentes a los transgénicos, supermalezas; enfermedades en las poblaciones muy cercanas a los cultivos transgénicos por la fumigación del glifosato y pérdida del control de los campesinos sobre sus semillas.16

El movimiento campesino transnacional, La Vía Campesina, mantiene una lucha constante en todo el mundo en contra de los cultivos transgénicos y por la defensa de la Soberanía Alimentaria (Desmarais, 2007; Sánchez, 2012). La Red por una América Libre de Transgénicos da cuenta de la ba-talla tecnoproductiva y legal entre los defensores y opositores a los cultivos transgénicos. Mientras que los gobiernos neoliberales crean mecanismos para legalizar el cultivo de semillas transgénicas a favor de empresas trans-nacionales, existe una lucha sorda, intensa, pero además invisibilizada, por la defensa de la biodiversidad en países como Argentina, Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, Brasil y Perú entre otros países. En Córdoba, Argentina se logró frenar el cultivo de transgénicos gracias a campamentos; en Costa Rica se organizaron cantones donde lograron ya la recuperación del 80% del territorio libre de transgénicos; en México, país de origen del maíz y donde dicha gramínea es parte de la dieta de más del 70% de la población se han realizado campañas contra los transgénicos como la encabezada por el movimiento Sin Maíz, no hay País y otras organizaciones que han logrado mantener la moratoria y frenar los planes expansionistas de las empresas transnacionales; Tlaxcala legisló en contra del cultivo de maíz transgénico y se declaró como una entidad federativa libre de transgénicos; en Colombia los campesinos se opusieron a la resolución 970/2010 que prohibía a los cam-pesinos usar sus propias semillas; en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, se demanda el etiquetado de alimentos transgénicos (Red por una América Latina Libre de Transgénicos, 2013).

ConclusionesHabría que recuperar la reflexión de Atilio Borón (2003) quien hace la si-guiente pregunta: ¿la crítica al paradigma eurocentrista garantiza una for-mulación teórica más precisa y dotada de contenidos políticos potencial-mente más emancipatorios? La respuesta está en el aire, pero sobre todo, en el trabajo de los estudios concretos e históricos de temas de la sociedad rural de Nuestra América.

16 En muchos países no ha existido un debate o grupos que se opongan o que cuestionen los posibles efectos de los transgénicos y en esos países ya existen leyes que autorizan su utilización.


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Los dilemas teóricos y metodológicos de la sociología rural no tienen una solución fácil, pero resulta de mucha utilidad pensar en la construcción de un paradigma alterno, contrahegemónico, que dé cuenta de las especifici-dades y complejidad real de los problemas de la sociología rural.

En el terreno de la política es preciso revalorar la importancia de la no-ción radical de democracia directa que se encuentra en la propuesta indíge-na de la autonomía a raíz del movimiento campesino indígena en Chiapas, Ecuador, Bolivia y otros países con presencia indígena. La democracia di-recta podría aportar mucho en los procesos políticos de las organizaciones rurales, pero también en el resto de la sociedad. La perspectiva descolonial da luces respecto a considerar a la población indígena en toda su compleji-dad, es decir, considerando no únicamente el asunto de su inclusión como ciudadanos, sino además el respeto a las diferencias.

En el ámbito de la cultura es importante asumir la noción de pluricul-turalidad propia de los pueblos campesinos e indígenas. América Latina es rica en cultura, en identidades que crean una visión del mundo, en muchos casos, con mejores principios y valores que los valores materiales impuestos por la sociedad capitalista.

La dimensión social también opone la perspectiva de las estrategias de reproducción lo cual ayuda a entender la vitalidad de las formas de organi-zación familiar propias de las zonas rurales. Las estrategias de reproducción social sustentadas en los lazos sociales como componentes del capital social persisten confrontando los procesos de exclusión, marginalización y explo-tación capitalista.

Mientras que en el rubro de la economía el neoliberalismo ha impuesto la lógica del libre mercado, mercantilizando prácticamente todos los ámbi-tos sociales y económicos de la vida social, existen formas alternativas que tienden a convivir con la naturaleza. De ahí surgen alternativas reales a los dilemas que presenta el libre mercado: el etnodesarrollo, la generación de empleo rural juvenil, proyectos ecoturísticos que favorezcan a la pequeña producción campesina y que además operan en comunión con la Madre Naturaleza.

Un paradigma alternativo apunta hacia la solución de la relación socie-dad y naturaleza para involucrar a la población rural y urbana como corres-ponsables del ecodesarrollo. Para hacer frente a una sociedad que, dejada a la suerte del libre mercado tiende hacia el riesgo y las catástrofes. La solución positiva al dilema es fortaleciendo el conocimiento y manejo de un paradig-ma alterno que lleve hacia el Buen Vivir.


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La consulta: práctica ancestral de participación de los pueblos y toma de decisión1

Ramona Margarita Domingo Díaz2

ResumenEl artículo narra el despojo de territorios y recursos naturales que ha en-frentado la población maya en Guatemala, así como la iniciativa de realizar una consulta comunitaria para frenar la expansión del capital a través de una movilización pacífica dentro de los marcos legales. Plantea cómo debe organizarse la consulta, su significado para los pueblos, el derecho con que cuentan, la base legal, los enemigos de la consulta y las políticas del gobierno en contra de la población organizada. Asimismo, señala algunos logros al-canzados y los retos que enfrentan los pueblos mayas guatemaltecos.

Palabras clave: consulta, derechos humanos, territorio

Community query: Ancient practice of people’s participation and decision making

SummaryThis article relates the dispossession of territories and natural resources of the Mayan population of Guatemala as well as the initiative to conduct a community query, the need to curb the expansion of capital through pea-ceful demonstrations within legal frameworks. The article proposes how to organize this query, its meaning for people, its legal basis, its enemies and the government’s policies against the organized population. It also notes some successes achieved and the challenges they face.

Keywords: query, human rights, territory

Introducción

1 Ponencia a la Mesa redonda Los movimientos sociales y alternativas desde el campo latinoameri-cano. IX Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural (ALASRU), Ciudad de México, octubre de 2014.2 Movimiento Social Jakalteko por la Defensa del Territorio. Guatemala. Correo electrónico: [email protected]

Patricia Avila García

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Guatemala al igual que el resto de países de América Latina, ha estado sufriendo los abusos y atropellos de las autoridades gubernamentales y las empresas privadas, viviendo conflictos sociales, intimidaciones y criminali-zación de líderes comunitarios; esto a raíz de que las empresas internacio-nales han estado aprovechando los elementos naturales del país con minería de oro, hidroeléctricas y monocultivos de palma africana. La razón de los descontentos o conflictos es porque las comunidades en su mayoría de des-cendencia maya han estado en desacuerdo con la explotación desmesurada de sus riquezas naturales y porque estas han sido en beneficio de los extran-jeros dejando cada vez más a las comunidades en pobreza y con el problema de daños extremos ocasionados a la madre naturaleza.

Las poblaciones más afectadas por los diversos conflictos han sido en su mayoría poblaciones mayas, que han sufrido los abusos y atropellos del conflicto armado interno, situación de la cual se aprovechó la oligarquía na-cional para avanzar en la apertura de la economía guatemalteca al mercado mundial a base de políticas neoliberales, aumentando así las históricas bre-chas sociales del país. Después de la maquila y del impulso al turismo, con el cambio del siglo llegó la apertura hacia los proyectos mineros y energéticos (Solano, 2005), que se vinculó con la expansión territorial de la caña de azú-car y la palma africana (Hurtado, 2008; Alonzo, Caal y Chinchilla, 2011) – relacionadas con los agrocombustibles - y con los megaproyectos energéticos asociados en el marco del Plan Puebla Panamá (Solano 2012).

Movilización que apuesta por la legalidadAnte las amenazas y la falta de consulta a las comunidades, la movilización comunitaria se ha reanimado desde una identidad indígena renovada como pueblos mayas y pueblo mestizo, que otorga derechos y un horizonte de au-todeterminación a sus actos (Sosa, 2009). Después de varias décadas de or-ganización local y comunitaria, después de un proceso de “concientización” y genocidio, después de veinte años de escuchar hablar de derechos humanos y derechos indígenas, de convenios y constituciones, de “democracia” y “rostro maya”, las comunidades se organizaron. Necesitaban defender lo único que les queda después del terrorismo de Estado y las políticas neoliberales: su entorno y su dignidad. Y lo hicieron apostando por la institucionalidad y la legalidad.

Así se apreció en las más de 64 consultas comunitarias de buena fe y consultas municipales de vecinos en contra de las explotaciones mineras, que comenzaron cuando la apuesta del gobierno por esta actividad comenzó a verse en licencias concretas. En un ejercicio de ciudadanía ejercida a nivel

La neoliberalización del agua y sus impactos territoriales en Latinoamérica

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local, renovada con los derechos como indígenas, casi un millón de personas participaron desde las instituciones comunitarias tradicionales, articuladas en redes regionales. Cuando el Estado se negó a reconocer estas consultas, las comunidades y pueblos las reclamaron como una expresión de su derecho a defender su territorio.

Asimismo los desacuerdos son por razón de que la población maya en su cosmovisión prioriza la conservación de los elementos naturales, ya que para los mayas la madre naturaleza es sagrada y por ello hay que respetarla, situación que no es entendida por quienes sólo velan por sus propios inte-reses y no respetan la forma de vida de las comunidades y las decisiones que ellas toman en relación a sus elementos naturales. Las empresas privadas y los gobiernos no escuchan la voz del pueblo y así no respetan su decisión en las consultas comunitarias, ya que todas las consultas comunitarias realiza-das han dado como resultado un rotundo rechazo a la explotación minera e hidroeléctricas, así como la exigencia de los pueblos al derechos de ser consultados e informados previamente en la toma de decisiones en cuanto a la explotación de sus elementos naturales.

Para la población maya es de suma importancia la consulta, puesto que es una práctica ancestral que se ha dado desde siempre en las comunidades; esto por la razón de que toda decisión que se tome respecto a actividades comunitarias resulta de interés común y no particular; es por ello que los abuelos siempre consultaban y consultan a la comunidad en cuanto a las ac-tividades si deben de realizarse o no; razón por la cual se le exige al gobierno el que tome esto en cuenta y que las comunidades sean consultadas en las tomas de decisiones que vienen a alterar la convivencia social y la armonía con la madre naturaleza.

El derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas en GuatemalaLa Consulta Previa es ante todo, un derecho sustantivo de protección de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Reconociendo la impor-tancia especial que para las comunidades indígenas tiene su relación con la tierra, y para fortalecer el ejercicio de sus derechos colectivos sobre la tierra y sus recursos naturales, el Gobierno se compromete a adoptar directamente, cuando es de su competencia, y a promover cuando es de la competencia del Organismo Legislativo o de las autoridades municipales las medidas que se aplicarán en consulta y coordinación con las comunidades indígenas concer-nidas. (AIDPI, 1997).


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Según el Relator de los Derechos Humanos para las Naciones Unidad James Anaya “El deber de consultar deriva del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y de los principios conexos de democracia y soberanía popular”.

Para que la consulta sea realizada de la mejor manera posible y que apor-te el resultado positivo esperado para los pueblos, debe realizarse cumplien-do lo siguiente:

1. La consulta debe realizarse con carácter previo a toda situación que pueda afectar la vida de los habitantes de la comunidad.

2. La consulta no se agota con la mera información; ya que debe tener seguimiento en los procesos posteriores al momento de la misma, así como la presentación de la documentación respectiva a donde corresponde. (No son trámites de audiencia o de información).

3. La consulta debe ser de buena fe, dentro de un procedimiento que genere confianza entre las partes.

4. La consulta debe ser adecuada y a través de las instituciones representativas indígenas.

5. La consulta debe ser sistemática y transparente, contando con la presencia de observadores nacionales e internacionales sobre derechos humanos para que den su testimonio en cuanto a los resultados de la misma y que no haya manipulación por alguna de las parte interesadas.

La consulta comunitaria desde la visión del pueblo mayaHistóricamente los ancianos y personas de las comunidades han consultado las actividades que deben de realizarse en beneficio de la comunidad, situa-ción en la cual todos los comunitarios participan, puesto que los resultados, los beneficiará a todos o los perjudicará a todos. Por lo tanto, la consulta constituye un principio ancestral de los pueblos para la participación y toma de decisiones; es el resultado de un consenso comunitario que se transforma en el poder político del pueblo; y es un derecho histórico que se practica en la vida cotidiana, como parte del sistema jurídico Maya.

En este sentido, el lahti’ (consenso) siempre se practica, como en el caso del pueblo Popti’ que domina el idioma con el mismo nombre.


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El significado de la consulta para los pueblos mayas contempla los si-guientes aspectos:

1. Organización: Deben de trabajar siempre unidos y no por separado.

2. Consenso y unidad: Tomar en cuenta la opinión de la mayoría de los habitantes y no el interés de unos cuantos.

3. Poder político: Ejercer el derecho que les corresponde sobre su territorio y no que se les impongan situaciones que desconocen.

4. Libre determinación: Para decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su propio desarrollo económico, social y cultural sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.

5. Participación directa: Como las consultas comunitarias que se han realizado, en donde la persona participa directamente en la toma de decisiones.

6. Historia: Ya que los abuelos en tiempos pasados y presentes han tomado en cuenta a los demás en decisiones que deben de tomarse para bien de la comunidad, por lo que es un derecho ancestral.

7. Sabiduría y espiritualidad: En la cosmovisión maya, es de suma importancia el respeto a los elementos naturales.

8. Solidaridad: Toma en cuenta el pensamiento Yo soy Tú y Tú eres yo.

Legitimidad de las consultas comunitariasLos pueblos originarios han ejercido históricamente un sistema integral y propio de resolución de conflictos que se basa en principios y valores propios, en el pensamiento filosófico del Pueblo Maya, siendo de esta manera que los conflictos se resuelven en comunidad y son los ancianos quienes coordinan las acciones y son consejeros en los momentos ade-cuados de intervención, ya que por su edad y experiencia de la vida, son respetados.

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, en su capítulo IV inciso B, establece la definición de formas para la asociación de


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comunidades en la defensa de sus derechos e intereses y la celebración de acuerdos para diseñar y ejecutar proyectos de desarrollo comunal y regional.

La normatividad de los pueblos indígenas ha sido y sigue siendo un ele-mento esencial para la regulación social de la vida de las comunidades y, por consiguiente, para el mantenimiento de su cohesión (AIDPI, 1997).

La consulta no se reduce a votar o tomar una decisión, es un proceso de construcción democrática.

Base legal de la consultaLa base legal para la consulta comunitaria se encuentra en la Constitución Política de la República, en el Código Municipal y en los Acuerdos de Paz (acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas).

También se respalda en los convenios y tratados internacionales en ma-teria de derechos humanos ratificados por Guatemala, tales como el Con-venio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los de-rechos de los pueblos indígenas en la que se hace referencia a los temas de Autogobierno, Libre determinación, Territorio y Autonomía.

Adversarios de la consultaLos adversarios de la Consulta Comunitaria, han sido aquellos personajes que de alguna u otra manera velan por sus propios intereses y no el de un co-lectivo, siendo manipulados por el mismo Estado o por una que otra regalía. Así como adversarios de la consulta están:

• El sistema de partidos políticos: Por la razón de que cada cuatro años la división de los comunitarios es muy marcada a causa de los diversos partidos políticos y aunque mucho hayan apoyado las consultas comunitarias, inician las rivalidades entre unos a otros y las luchas sociales se debilitan.

• La oligarquía nacional: Que a través de su ambición crean proyectos que aparentemente son de gran importancia para la economía nacional pero que terminan despojando a las personas de sus tierras a través de grandes invasiones, apoyadas por el Estado.

• Las empresas nacionales y transnacionales: Que mediante la ejecución de sus proyectos se apoderan de grandes extensiones de tierra para el cumplimiento de sus objetivos.


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• Ejército: Es el monstruo más grande que amenaza la tranquilidad en las comunidades, ya que a través de las intimidaciones y otros actos, crean temor en las comunidades recordándoles a los comunitarios lo vivido durante el conflicto armado interno y de esta manera, frenan las manifestaciones y participación de las personas en los asuntos de la Consulta Comunitaria.

• Programas sociales: Ya que a través de una bolsa solidaria o bono que le den a las personas, estas se sienten comprometidas con el gobierno y por temor a perder el apoyo que les brindan son indiferentes, o en otros casos son los adversarios directos de las consultas, influyendo en otras personas para que apoyen los grandes proyectos de “desarrollo” que se presentan a las comunidades.

Declaración de territorios libres de mineríaEn la búsqueda de declarar a los territorios de Guatemala libres de la ame-naza de la minería se pueden mencionar las siguientes acciones:

• Acuerdos políticos entre varios municipios de una misma comunidad lingüística: Guatemala se divide en 22 comunidades lingüísticas mayas, por lo que los acuerdos establecidos son por cada comunidad lingüística y no sólo por municipio; de esta manera la voz del pueblo se vuelve masiva.

• Proceso de reconstitución de los territorios originarios: No deben de ser las autoridades gubernamentales quienes ponen los límites en las comunidades, ya que para nuestros abuelos esos límites territoriales no existían y eran pueblos hermanos entre sí, por lo que se han borrado esos límites entre los pueblos.

• Articulación y organización: Se busca crear Asambleas en Defensa del Territorio por cada municipio, Consejo de Pueblos Wuxhtaj, Nación Plurinacional Q’anjob’alana, Asamblea de Pueblos de Huehuetenango –ADH-, Consejo de pueblos de Occidente de Guatemala -CPO-).

Acciones del gobierno en contra de la sociedad civilSin embargo el gobierno de Guatemala a realizado un conjunto de acciones en contra de los pueblos mayas y su proceso organizativo, las cuales son ile-


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gales y responden a intereses que no son de la sociedad. Entre estas acciones se encuentran:

• Violación a la consulta comunitaria de buena fe realizada el 23 de junio de 2007: Esta consulta dijo no a la exploración y explotación minera y recursos naturales del territorio de Barillas según actas comunitarias firmadas en las diferentes comunidades del municipio. Esto por la razón de que a pesar de la decisión de la comunidad en el rechazo de proyectos de explotación, se implantó una hidroeléctrica que ha causado grandes conflictos y hasta muertes de líderes comunitarios.

• Detección de líderes y lideresas: Quienes han sido manipulados por las empresas constructoras y se han dejado engañar, influyendo y manipulando a los comunitarios a la aceptación de la construcción de proyectos de explotación, oponiéndose así a la decisión tomada en consulta, favoreciendo los intereses de las empresas privadas.

• Cooptación de líderes y lideresas (Comité de defensa de recursos naturales): Para que sean quienes defiendan los intereses de la empresa en la construcción de los megaproyectos.

• Amenazas e intimidación a líderes y lideresas (por celular y a través de los trabajadores de la empresa): De esta manera es que muchas personas han abandonado las luchas por temor a perder la vida o a un ser querido.

• Provocación a líderes, lideresas y municipalidad: Se han dado disparos a toda hora, colocación de explosivos en el perímetro del terreno de la empresa, construcciones sin licencia municipal, penetración de maquinaria para desafiar e infiltrar provocadores.

• Acusación penal en contra de líderes y de la municipalidad: Se han hecho falsas acusaciones contra líderes y personas que han defendido los derechos del pueblo.

• Asesinato y atentado contra líderes y lideresas: El primero de mayo de 2012 Andrés Pedro Miguel, Esteban Bernabé Mateo y Pablo Antonio Pablo Pablo, tres campesinos de las comunidades cercanas a las instalaciones de Hidro Santa Cruz en el municipio de Barillas sufrieron


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un atentado, Don Andrés Pedro Miguel murió y los otros dos quedaron heridos

• Detención de líderes por personas civiles: Se ha dado persecución y detención de varias personas que han apoyado el cumplimiento de la consulta comunitaria, esto por civiles que han apoyado el proyecto hidroeléctrico.

• Mezcla de problemas derivados del narcotráfico, crimen organizado con la resistencia pacífica de los pueblos: La criminalización de las luchas sociales ha sido una de las armas utilizadas por el Estado para la detención ilegal de los líderes comunitarios.

• Secuestro y asesinato selectivo de líderes y lideresas: Caso de Daniel Maya (Daniel Pedro) que fue secuestrado y luego brutalmente asesinado.

Algunos logros alcanzadosA pesar de que el gobierno y las empresas tienen mucha fuerza y dinero se han alcanzado importantes logros que se mencionan a continuación:

• Movilización comunitaria: Se ha fortalecido a través de la participación de las personas en manifestaciones pacíficas que se han dado no solamente ante autoridades de Estado sino también para hacer llegar la petición de los pueblos para que se respeten sus derechos, manifestados a personajes internacionales, como la visita del relator de las Naciones Unidad James Anaya y la visita de la Comisionada de las Naciones Unidad para los Derechos de los Pueblos Indígenas Navy Pilay.

• Frenar la expansión minera en nuestros territorios: A través de las consultas y las movilizaciones hechas por las comunidades, se han frenado las acciones de las empresas en explotar los recursos naturales a través de minería y otros.

• Punto de partida para la articulación y propuesta política de los pueblos: Se han generado inquietudes para la propuesta de los pueblos en participar en la vida política del país y así plantear y cumplir con los cambios deseados.


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• Proceso de construcción de la democracia directa y participativa: A través de las consultas comunitarias y todo lo relacionado a la defensa de la madre tierra, ha provocado que las personas tanto hombres como mujeres se interesen en la participación activa y sin interés alguno, más que la defensa de su territorio.

RetosLos principales retos para seguir avanzando en el fortalecimiento de las co-munidades y sus organizaciones son los siguientes:

• Superar las divisiones y dispersión, así como la lucha sectorial: Ya que por los conflictos sociales que se han dado, ha habido problemas entre familiares, padres contra hijos, hermanos contra hermanos y desintegración familiar a causa de los conflictos.

• Contrarrestar la descalificación de nuestros adversarios: ya que para los adversarios de las consultas comunitarias y movimientos sociales, los participantes en estos procesos no desean el “desarrollo” de sus comunidades, poniendo en conflicto unos contra otros.

• Superar la presión de los partidos políticos y el proceso electoral: evitando dejarse llevar por regalías y otros métodos de desintegración que provocan los partidos políticos.

• Contrarrestar el discurso del falso desarrollo: ya que los pueblos indígenas queremos el desarrollo de nuestras comunidades, pero siempre conservando los elementos naturales con miras a una mejor vida para las futuras generaciones.

• Construir articulación, consensos y propuesta de los pueblos, hacia un proyecto político alternativo.

• Propuesta: Modelo de bienestar alternativo, proyecto político de los pueblos.

ConclusionesLas poblaciones guatemaltecas, no están en contra del desarrollo, están en contra del modelo de saqueo y explotación a los que los someten sus gobier-nos; están conscientes de los grandes cambios que se han dado y que deben


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de estar al día con ellos y saber vivir con ellos; en el caso de las hidroeléctricas son necesarias pero que se le den los recursos a las comunidades y que ellas mismas manejen sus hidroeléctricas comunitarias, no así con la explotación minera de oro que en definitiva solo viene a causar daños como enfermeda-des en la piel por consumo de agua contaminada con cianuro, infertilidad de la tierra explotada, escasez de agua a las comunidades, conflicto social, entre otras.

La política de Estado parece seguir siendo la misma que históricamente ha marcado esta sociedad: favorecer los intereses de un sector concreto, el que tiene capacidad de llegar hasta sus estructuras e incluso de pasar por en-cima de ellas. Para hacerlo, se recrea la práctica de no considerar a la mayoría de la sociedad, los que no tienen accesos a esos espacios, como ciudadanos, como sujetos de derecho, ni apenas como gente con dignidad y derecho a la vida. Por eso no se tienen en cuenta los reclamos surgidos desde los es-pacios legales desde lo que se presentan y se trata a quienes plantean estos reclamos como criminales. Con ello se desvirtúa la acción de la justicia y la ley: no se usa para defender los derechos de la gente, sino para desmovilizar sus acciones.

Las formas organizativas desde las que se despliegan las demandas de defensa del territorio no se pueden entender como desestabilizadoras ni te-rroristas, como cada vez se plantea de forma más abierta. Por el contrario, lo que están haciendo es fortalecer el estado de derecho en Guatemala.

En sus acciones de defensa del territorio y las formas de vida, las comu-nidades recuperan la idea de democracia como una práctica de participación cotidiana. Dan sentido a los espacios creados para ellos dentro de las es-tructuras del Estado y a través de los procedimientos establecidos en leyes, hacen valer unos derechos sobre los que se basa la condición ciudadana y que han contribuido a forjar. En su actuación cotidiana, van buscando y creando formas nuevas de hacer y pensar la política, por lo que podemos concluir con que las luchas de las comunidades son por la ampliación de la democracia y el estado de derecho y lo que se haga por apoyarlas será en beneficio de todas y todos los guatemaltecos.

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Revista alasru, Análisis latinoamericano del Medio Rural, Nueva época, Núm. 10 se terminó de imprimir en el mes de septiembre de 2014 en Impresos y Grabados Dueñas, 1er Retorno del Bosque del Tesoro Núm. 63, Colonia Jardines de Morelos, C. P. 55070, Ecatepec de Morelos, Estado de

México, con un tiraje de 500 ejemplares, sobre papel ahuesado de 90 kg.

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