SAN VICENTE DEL CAGUAN: PARADIGMA DE

LA DEBILIDAD ESTATAL

POR: DANIEL SIMMONDS PULIDO

DIRECTOR: LUIS JAVIER ORJUELA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

BOGOTA 12 DE DICIEMBRE DE 2002

SAN VICENTE DEL CAGUAN: PARADIGMA DE LA DEBILIDAD ESTATAL

POR: DANIEL SIMMONDS PULIDO

DIRECTOR: LUIS JAVIER ORJUELA

LECTOR: RODOLFO MASIAS

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLITICA

BOGOTA 12 DE DICIEMBRE DE 2002

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CONTENIDO: I INTRODUCCION II MARCO CONCEPTUAL 2 ESTADO 2.1 ELEMENTOS DEL ESTADO 2.1.1 Dominación 2.1.2 Legitimidad 2.1.3 Soberanía 2.1.4 Función de cohesión social y del Territorio 2.2 FUNCIONES DE LAS RAMAS DEL ESTADO 2.2.1 Legislativo 2.2.2 Ejecutivo 2.2.3 Judicial III ZONA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN 3.1 Historia de la zona de San Vicente Del Caguán 3.2 Historia de las FARC-EP 3.3 Antecedentes de la Zona De Distensión IV EXAMEN DE LOS ELEMENTOS Y FUNCIONES DEL

ESTADO EN LA ZONA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN 4.1 ELEMENTOS DEL ESTADO 4.1.1 Incapacidad de Dominación 4.1.2 Falta de Legitimidad 4.1.3 Ausencia de Soberanía 4.1.4 Desarticulación de la Función de cohesión social y Territorial 4.2 INCPACIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES DE LAS RAMAS DEL ESTADO 4.2.1 Legislativo 4.2.2 Ejecutivo 4.2.3 Judicial V CONCLUSIONES VI BIBLIOGRAFIA

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I INTRODUCCION Esta investigación pretende identificar la debilidad estatal en la zona de San Vicente del Caguán, cabecera municipal de una región en la que el Estado colombiano ha tenido una escasa presencia. La región a la que se va a dedicar esta monografía ha pertenecido geográficamente al territorio colombiano desde sus inicios, pero ha sido marginada de las instituciones del Estado colombiano a través de su historia. Algunos lugares marginados institucionalmente en Colombia, son ocupados por pobladores que buscan desarrollar una actividad rural que les asegure el sustento y les proporcione un bienestar aceptable, pero la realidad es que las reglas de juego que imponen aquellos que detentan el mando real cambia el modus vivendi de estas comunidades. En las regiones de la periferia dichas condiciones son mucho más frecuentes y la situación se acentúa críticamente. Este es el caso de la región que rodea a San Vicente del Caguán, municipio que pasó casi del anonimato a ser una de las ciudades más nombradas en Colombia, gracias a ser parte de la antigua Zona de Distensión en donde se instalaron las Mesas de Negociación en 1998. Gracias a dichas condiciones de abandono estatal, en Colombia existen decenas de municipios bajo la influencia y el poder de grupos subversivos, en donde la ley y el orden se implantan de hecho por medio de mecanismos para institucionales, y esta situación permitiría caracterizar al Estado colombiano como débil. Por este concepto de debilidad se entiende, siguiendo a Ann Mason, un Estado que no logra dominar la población dentro de su territorio, su gobierno central no tiene un poder consolidado, no es capaz de brindar seguridad ni cumplir con sus funciones básicas. El Estado es desafiado por grupos subordinados, la sociedad civil es marginada y queda casi indefensa en algunas regiones del país.1 Con el fin de realizar un examen de ese concepto de debilidad del Estado en la zona de San Vicente del Caguán, se identificarán los elementos que lo componen, así como la eficacia con la que se desarrollan sus funciones desde las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. En esta monografía se hará una breve presentación de la colonización de la región que rodea a San Vicente del Caguán, para mostrar que el Estado ha tenido una precaria presencia en el territorio y además evidenciar el proceso de dominio que ahí ha existido por parte de las FARC-EP durante los últimos 35 años. Es importante hacer notar que el grupo subversivo ha demostrado un poder real en estos territorios, situación que claramente influyó en la decisión de haber solicitado dicha región como zona desmilitarizada para iniciar un proceso de paz durante el gobierno anterior. Un periodo en el que se hará especial énfasis será el de la duración de la Zona de Despeje, del 7 de noviembre de 1998 hasta su terminación el 20 de febrero de 2002. Se mostrarán también los antecedentes de la Zona de distensión.

1 MASON, Ann, Colombia Internacional No. 49-50, “La “Crisis” Colombiana: Causas y Repercusiones Externas e Internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 89.

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Analizar la situación de ese municipio es interesante porque históricamente ha tenido poca presencia del Estado, habitan en ella aproximadamente 50.000 personas, y es el más extenso, el que maneja mayores recursos económicos y en donde se ubican los principales organismos municipales de la antigua zona despejada. Ubicado el objeto de la monografía, la región a estudiar y el período en el que se hará énfasis, es importante conocer qué herramientas van a ser utilizadas en el ejercicio de examinar la debilidad del Estado Colombiano en la zona de San Vicente del Caguán. Un Estado puede catalogarse como débil si no cuenta con dominación, legitimidad, soberanía, si no ha podido realizar eficazmente la función de cohesión social y del territorio, y además, si es incapaz de cumplir con funciones fundamentales de la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Estos conceptos se definirán en el marco conceptual. La identificación de estos elementos que permiten examinar la fortaleza o debilidad de un Estado va en el mismo sentido de la definición de debilidad estatal tomada de Ann Mason, en la que se alude a un Estado que no logra dominar la población dentro de su territorio, su gobierno central (o cuadros administrativos) no tiene un poder consolidado y no logra ejecutar ni eficaz ni eficientemente sus funciones, no es capaz de brindar seguridad, es desafiado por grupos subordinados (se ven amenazadas su legitimidad y soberanía), y en el que la sociedad civil es marginada (sin cohesión social ni territorial), y queda casi indefensa en algunas regiones del país. El Estado débil no tiene la capacidad de mandar ni de regular relaciones en todo el territorio y sectores regionales quedan marginados de su dominación, y de la monopolización de la violencia legítima que se debería desprender de la autoridad estatal. La coerción estatal necesita a una población y a un territorio para lograr con éxito coordinar a la sociedad por medio de su consolidación. Para reforzar esta idea y siguiendo a Luis Javier Orjuela: “Cuando el Estado no cuenta con la suficiente autonomía para constituirse como forma genérica de la sociedad, a fin de proporcionarle el mínimo de cohesión y mediar sus conflictos, podría hablarse de una crisis de integración política, cuyas expresiones son violencia y anomia.”2 Las manifestaciones de crisis de seguridad que se identifican de la debilidad estatal, son la reducción de bienestar para muchos sectores de la población, rivalidad y escalamiento del conflicto entre grupos al margen de la ley, así como el detrimento del orden tanto doméstico como internacional.3 Situaciones que se alimentan de la inoperancia del Estado y que se observan además como consecuencia de tal situación. Vale la pena resaltar la posición de Ana María Bejarano respecto al conflicto armado en Colombia, resaltando la importancia de la situación crítica por la que atraviesa el Estado. “En cuanto a la naturaleza de la crisis que ha dado origen al conflicto armado en Colombia, es preciso aclarar que se trata de una crisis caracterizada por la debilidad del Estado, que sumada a la pérdida de legitimidad del régimen político

2 ORJUELA, Luis Javier, Colombia Internacional No 49-50, “La “Crisis” colombiana: Causas y Repercusiones Externas e Internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 83. 3 Op. Cit, Pp., 85.

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resulta en un desbordamiento creciente de los conflictos sociales y políticos por fuera de los canales institucionales de mediación y regulación.”4 Otros factores que se pueden incluir en estas manifestaciones son la corrupción, el narcotráfico, el desplazamiento forzoso de poblaciones que huyen de la violencia que desata el conflicto armado de agrupaciones subnacionales, el crecimiento de la brecha social y la desaceleración económica de naciones en vía de desarrollo (“No parece exagerado afirmar que la violencia esta poniendo en peligro la viabilidad de la economía colombiana”5).6 Se genera un círculo vicioso entre consecuencias y fuentes de debilidad. Por ejemplo la corrupción hace ineficaz al funcionamiento estatal, y la capacidad de poder y de logros de los entes administrativos se ven perjudicados (evidencia de la debilidad estatal), y a su vez, la eficacia, el poder y los logros que se requerirían para acabar con la corrupción no se obtienen debido a las condiciones en que se encuentran esos cuadros administrativos, generando un ambiente propicio para que se desarrolle la debilidad. Siguiendo con la idea de debilidad estatal y sus características, el componente histórico de construcción de nación como sentimiento de pertenencia y desde allí el desprendimiento de ideas e imaginarios comunes son de gran importancia para el resultado de la consolidación del control territorial y de la identidad articulada. Ese componente no se identifica en los estados débiles, dificultando los procesos de cohesión social y territorial, y de control interno por parte de los cuadros administrativos. Ser conducidos al reconocimiento de la debilidad estatal, necesitaría una apreciación no solamente desde el instituto político, si no también desde el conjunto social, ya que seríamos conducidos a observar a un Estado que distorsiona su representación simbólica, y que acusa inoperancia en sus mecanismos de institucionalización sociales, culturales, económicos y políticos.

4 BEJARANO, Ana María, Crisis Política, Conflicto Armado y Proceso de Paz: Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, Pp., 1. 5 RUBIO, Mauricio, Los Costos de la Violencia en Colombia: CEDE Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, Pp., 19. 6 Debido a que las condiciones de explotación de los recursos económicos del país no se logran dar eficiente o eficazmente por migración rural, violencia y desconfianza para la inversión, que genera abandono, desempleo e insuficiencia estructural para que el desarrollo económico sea mayor y permita la evolución de las potencialidades de un sector que necesita educarse, prepararse y poder trabajar en los campos en que tengan ventajas competitivas. No es que a las élites no les afecte estas situaciones, sino que cuentan con diferentes opciones para lograr cuidar su capital, tales como sacarlo del país, o invertirlo en alguna moneda fuerte que tienda a ganar capacidad de adquisición respecto al peso –ya que cuentan con dicha información-. Un autor que ha manejado este tema de los costos del conflicto y de la violencia es el citado Mauricio Rubio en el texto del CEDE Los Costos de la Violencia.

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II MARCO CONCEPTUAL En el capítulo anterior se hizo una presentación del tema para que el lector conozca el propósito de la monografía, y se abordó el concepto de la debilidad estatal, desde la definición de Ann Mason y desde elementos aportados por Luis Javier Orjuela, en el que se identifica como una entidad con falencias en el campo social, económico y político. A partir de esas falencias se generan y alimentan la inoperancia en las funciones de sus cuadros administrativos, se pueden observar agrupaciones dentro de la nación aparte del Estado Central que desafían su poder, legitimidad y soberanía, desintegrando el conjunto territorial dentro del cual se regulan y median las relaciones de cooperación o conflicto de la sociedad. Otros factores que pueden observarse son la corrupción, conflicto y violencia, crisis de las estructuras económicas y desplazamiento no regulado ni dirigido; que evidencian un ambiente propicio para que tal debilidad se fortalezca y continúe, por concentrarse en unas de las bases que debe tener un Estado consolidado para lograr sobreponerse a los obstáculos y problemas a los que se podría enfrentar. Ya que el objetivo de la monografía es identificar la debilidad estatal en la región de San Vicente del Caguán, a continuación se hará una conceptualización (apoyados por diferentes autores) de los elementos que serán utilizados y que se soportarán para la realización del ejercicio . 2 ESTADO El Estado colombiano pasa por una crisis en el campo social, económico y político, que resulta de la existencia de una multitud de hechos que se están dando simultáneamente y que plantean un problema en relación con muchos de los conceptos fundamentales que permiten delimitar lo que constituye un Estado. Frente a tales hechos es importante establecer un marco conceptual respecto a los elementos del Estado. El concepto de Estado, va a ser tomado a partir de Max Weber:

“Por Estado debe entenderse un instituto político de actividad continuada, cuando y en la medida que su cuadro administrativo mantenga con éxito la pretensión al monopolio legitimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente”.7

Es evidente que debe además existir un territorio y una población en la que el Estado logre mantener con éxito tal pretensión, como lo apunta en el capítulo IX de “Economía y Sociedad” el autor citado: “(…) el Estado es aquella comunidad humana en el interior de un determinado territorio”.8 Weber pone como condición 7 WEBER, Max, Política y Ciencia: PLEYADE, Buenos Aires, Pp., 54. 8 WEBER, Max; Economía y Sociedad: Fondo de la Cultura Económica, Bogota, 1997, capítulo IX.

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para que se pueda hablar de la existencia de un Estado el hecho de que la fuerza sea impuesta por entes dependientes del gobierno, que no desbordan las leyes y la Constitución del Estado, sino que por el contrario están inscritos en éste y obran desde éste; pues de no ser así no se obtendría una adecuada administración estatal que mantenga un orden social claro dentro de los límites de las relaciones sociales seguras. Por esta razón se habla del “mantenimiento del orden vigente”, es decir, la coacción física no debe realizarse por el sólo hecho de constituir al Estado como soberano, sino para la conservación de un orden preestablecido, del que precisamente dependen las normas y los principios de tal coacción. Así, toma sentido una fuerza reguladora y controladora, pues sólo ésta puede garantizar la permanencia del orden. A su vez, para que se tenga tal orden, se hace necesaria la dominación, como condición fundamental para que se mantenga y respete el monopolio legítimo de la violencia. Sin embargo la dominación no basta como condición para tal monopolio, en tanto que de él se exige legitimidad, lo cual hace preciso una aceptación voluntaria del poder por parte del ciudadano, con el fin de que la validez del orden esté dada por una creencia en él. Más adelante se precisará con detalle, y en este mismo contexto, el concepto de legitimidad. Así pues, la dominación entra a formar parte esencial del Estado. La puesta en escena del Estado, conduce a identificar la dominación. 2.1 ELEMENTOS DEL ESTADO 2.1.1 Dominación

“Toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un modo un cuadro administrativo; es decir, la probabilidad, en la que se puede confiar, de que se dará una actividad, dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos, por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera”.9

Todas las cualidades inimaginables de un hombre y toda suerte de constelaciones posibles pueden colocar a alguien en la posición de imponer su voluntad en una situación dada. El concepto de dominación tiene, por eso, que ser preciso y significa la probabilidad de que un mandato sea obedecido10. Es decir, “Debe entenderse por dominación la probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado contenido entre personas dadas”11 La dominación puede descansar en los más diversos motivos de sumisión, que van desde los inconscientes, hasta los económicos. Pero aun así, existe un medio imprescindible, que hace referencia a un cuadro administrativo. El poder, o dominación para Weber, garantizan el uso de la fuerza legítima de la violencia y hace que sea respetado. Sin que el Estado posea dicha dominación en la 9 Op. Cit, Pp., 170. 10 WEBER, Max; Economía y Sociedad: FONDO DE LA CULTURA ECONÓMICA, Bogota, 1997, Pp., 43. 11 Ibid.

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región en mención, el uso de la fuerza es compartido y en ese sentido el poder es ejercido también por las FARC-EP. Cuando el poder es tenido por un ente regulador como debe ser el Estado, la relación entre los ciudadanos radica en el orden y seguridad. Al fragmentarse la dominación, se ven afectados también tal orden y seguridad, creando un ambiente propicio para que aparezca la violencia. Es posible entonces, pensar el fenómeno de la violencia desde una óptica desvirtuada y cuestionada de la dominación en el caso del Estado en San Vicente del Caguán, que demuestra en este sentido debilidad, por la mera existencia de una confrontación violenta que ha afectado y afecta al municipio. 2.1.2 Legitimidad Va a retomarse la noción de legitimidad, que permite efectuar la dominación en un nivel conceptual de consenso o aceptación. Frente a los motivos y factores que subyacen a la dominación, como probabilidades de obediencia de mandatos específicos, se debe añadir el de la creencia en la legitimidad. “De acuerdo con la experiencia ninguna dominación se contenta voluntariamente con tener como probabilidades de su persistencia motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su legitimidad”.12 De los tipos puros de dominación legitima, estudiados por Weber, es importante precisar el de carácter racional: “...que descansa en la creencia en la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)”.13 Como se había mencionado anteriormente, la legitimidad hace parte fundamental de la consolidación de un Estado, en el sentido de que permite la dominación con el aval de aquellos que obedecen y se subsumen a tal dominación, en palabras de Holsti: “Las órdenes se obedecen no sólo por miedo o interés propio, sino porque se cree que en cierto sentido tienen autoridad moral”14 Los conceptos weberianos y de Holsti referenciados, servirán de guía para ingresar a examinar el concepto de debilidad estatal, que se enfrenta a un creciente déficit del monopolio de la violencia legitima, de dominación y legitimidad, características claves en un Estado. 2.1.3 Soberanía Otro elemento fundamental que constituye un Estado para el desarrollo de la monografía, es el de soberanía. Más aun, cuando se piensa en la soberanía como la característica superior que pertenece al conjunto de elementos que componen a un 12 Ibid. 13 WEBER, Max El Político y el Científico: ATALAYA, Pp., 22. 14 Citado por MASON, Ann en, Colombia Internacional. No 49-50 La “crisis” colombiana: causas y repercusiones externas e internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 88. De HOLSTI, K, International Theory and War in the Third World: Editorial Brian Job, Lynne Rienner, 1992.

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Estado, pues tanto gobernados como gobernantes le están subordinados. Esta conceptualización de soberanía es reforzada por la definición que da Vladimiro Naranjo. “La soberanía del Estado significa que este es el máximo poder dentro de una Nación, y que se impone a todos los grupos y personas no habiendo nada por encima de él. Reconocer que el Estado es soberano significa que los demás grupos - comunidades, sindicatos, agremiaciones, provincias, familias, partidos, etc. - le están subordinados, a tiempo que el Estado no lo está a ningún grupo superior.”15 A partir de esta definición se entiende a la soberanía como ente superior, el cual al ser desafiado o amenazado, representa ese desafío o amenaza como propia del Estado. También debe entenderse que la soberanía es un poder absoluto que cuenta con la condición de presentar las decisiones finales con respecto a la toma de cualquier dictamen. Se requiere que la soberanía de un Estado sea plenamente reconocida y respetada por otros Estados. 2.1.4 Función de cohesión social y del territorio Otro elemento que debe existir en un Estado, es la función de cohesión social y del territorio dentro del cual los individuos que habitan ese espacio se ven involucrados. Es un deber del Estado regular las relaciones de sus ciudadanos, por divididas que estas sean, o por enfrentadas que estén. En palabras de Luis Javier Orjuela, “Desde esta perspectiva el papel de Estado es mantener el nada fácil balance entre cooperación y conflicto, de tal manera que la sociedad logre el mínimo de cohesión necesaria para su continuidad”.16 En ese sentido, el Estado debe ser el que medie entre las gentes de una nación para que al interactuar, sea éste el garante de que al existir algún problema en dichas relaciones, su resultado va a depender de la intervención estatal, con el fin de que se regulen las relaciones entre ciudadanos. En esa mediación no se debe rebosar los límites físicos a los que se dedica el ejercicio estatal, y más importante aun, no se debe dejar por fuera ninguna región del escenario, ya que al hacerlo serán otras instituciones subnacionales las que realicen sus funciones, quizá hasta respaldando el aseguramiento de la intermediación y su poder, por medio del uso de la fuerza que desbordaría el monopolio de la violencia. Desde la definición de Weber de Estado, está explícita la existencia de un territorio y población en que se desarrollan las acciones o condiciones que debe contemplar un Estado, como entidad autoritaria en el monopolio del uso legítimo de la fuerza en el territorio, población y actividades dentro de una jurisdicción definida. “(…) institución que, por medio del monopolio del uso legítimo de la fuerza y de la producción de relaciones, integra la sociedad y el territorio nacional, media los

15 NARANJO MESA, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas: TEMIS, Bogotá, 1995, Pp., 209. 16 ORJUELA, Luis Javier, Colombia Internacional. No 49-50, La “crisis” colombiana: causas y repercusiones externas e internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 104.

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conflictos sociales y asegura la coordinación sistemática de la sociedad”17; dejando claro que sociedad y territorio hacen parte fundamental del Estado y que su desarticulación o fraccionamiento no permiten identificar uno consolidado. El poder del Estado se ejerce sobre la población en un territorio. La conceptualización de este elemento es clave, ya que abre el espacio para que se identifique la delimitación física y social estatal en la que se obtiene el control territorial. Es importante introducir esta cohesión de regulación social y territorial que debe tener un Estado, porque va de la mano de los elementos anteriormente expuestos de dominio (respaldado por la violencia legítima que permite asegurar la mediación sin que esta dependa de otras instancias para estatales), legitimidad que soporta la ejecución de políticas y mediaciones por parte de los cuadros administrativos del Estado, para que su participación regulando relaciones sociales, sea entendido y aceptado por medio del consenso voluntario de los gobernados, y soberanía para ser capaz de gobernar con autonomía. 2.2 FUNCIONES DE LAS RAMAS DEL ESTADO Además de los elementos nombrados en los párrafos anteriores, se incluyen dentro de los elementos de un Estado, su funcionamiento y capacidad de ejecución de acciones de los tres poderes en los que se divide un Estado democrático moderno. Las tres ramas que componen a un Estado moderno, de las cuales se desprende su funcionamiento, son descritas de manera general a continuación. Si los cuadros administrativos que están enmarcados dentro de las tres ramas no funcionan coherente y eficazmente, el Estado al que pertenecen no puede considerarse como uno fuerte; de este planteamiento se desprende la inclusión del poder legislativo, ejecutivo y judicial dentro de la delimitación de fortaleza o debilidad estatal, para poder realizar un examen de identificación de debilidad estatal a la zona del Caguán. 2.2.1 Legislativo Rama legislativa, entendida como “... la función legislativa es la actividad estatal que tiene por objeto la creación de normas jurídicas generales o, en otras palabras, la de hacer las leyes”.18 2.2.2 Ejecutivo

17WEBER, Max, Economy and Society: Bedminster Press, New York, 1967. Citado de ORJUELA, Luis Javier, Colombia internacional No 49-50. La “crisis” colombiana: causas y repercusiones externas e internas,: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 104. 18 NARANJO MESA, Vladimiro, Teoría Constitucional e Instituciones Políticas: TEMIS, Bogotá, 1995, Pp., 235.

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Rama administrativa o ejecutiva, que para Enrique Sayagués es “... la actividad concreta, práctica desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de sus cometidos”.19 2.2.3 Judicial Rama Judicial, definida también para Sayagués como “La que tiene por objeto decidir cuestiones jurídicas controvertidas, mediante pronunciamientos que adquieren fuerza de verdad definitiva”20 III LA ZONA DE SAN VICENTE DEL CAGUAN 3.1 Historia de la zona de San Vicente del Caguán Los problemas de la tierra en Colombia están presentes en los oscuros antecedentes de sucesivos períodos de conflictos movidos por intereses políticos, económicos y sociales excluyentes a todo lo largo del siglo XIX y gran parte del XX. La zona del Bajo y Medio Caguán es un claro ejemplo de la forma en que se ha manejado este tema en Colombia. Debe decirse además, que la región identificada puede catalogarse como selvática. Tanto así, que desde el siglo XIX las dificultades físicas que representaban para los pobladores de las demás regiones acceder a los terrenos que rodeaban al sur oriente del país, la mantenían según lo describen Jaime Eduardo Jaramillo, Leonidas Mora, y Fernando Cubides, en "Colonización Coca y Guerrilla" como: “(…) una tierra incógnita que habitaban los indígenas Huitotos.”21 Sin embargo, a finales de ese siglo y hasta las primeras décadas del XX, la explotación de la quina y del caucho permitió que el Caquetá y esta zona se vinculara a la economía (aunque de una manera paulatina), situación que atrajo a algunas poblaciones en busca de trabajo y sustento, quienes se situaron principalmente en territorios costeros. Los ríos Caguán, Caquetá, Duda y Guayabero han sido utilizado desde el siglo XIX como medio de transporte y en sus orillas se desarrollo una colonización costera en este sector. Allí, durante la segunda mitad del siglo anterior, se dio una pobre colonización durante la época conocida como “La Violencia” (más adelante se tratará con más detalle este tema, en el segmento que corresponde a la historia de las FARC). La migración de campesinos hacia terrenos lejanos como lo es el de Caquetá se caracterizó por las matanzas y los fuertes conflictos entre simpatizantes del partido conservador y del liberal, así como también por el desalojo de comunidades enteras

19 SAYAGUÉS, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo: Editorial Martín Bianchi Altuna, Montevideo, 1953, Pp., 42. 20 Ibid, Pp., 47. 21 JARAMILLO, Jaime Eduardo, MORA, Leonidas, CUBIDES, Fernando, Colonización Coca y Guerrilla: Universidad Nacional de Colombia, Bogotá,1986.

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que huían de los peligros y amenazas que se producían en sus tierras. “Esta calamitosa situación fue la causa directa que ocasionó el poblamiento del Caquetá, territorio que en 1932 tenía 15.000 habitantes y 10 años después había aumentado su población a 20.000”. 22 Se dio también un movimiento social migratorio espontáneo de campesinos que huían de la violencia en busca de refugio en las ciudades, pero se regresaban al agro por no encontrar la paz. Otro factor de colonización que vale la pena mencionar son los intentos gubernamentales de dirigir personas a que ocuparan terrenos sin producir en las fronteras y especialmente en la parte sur oriental del país. Por las características de la región como son el difícil acceso y en general sus grandes porciones selváticas que acarrean epidemias, enfermedades y peligro por los animales que ahí se encuentran, las políticas estatales mencionadas no trajeron los resultados esperados, sino que se dedicaron a ayudar a las poblaciones denominadas de colonización espontánea. Esta forma de colonización se caracteriza por no tener una dirección del gobierno, en la que agrupaciones sociales se establecen en regiones en donde se marginan de las instituciones, alejándose de la dirección estatal de desarrollo económico, político y social. Algunas familias que migran de otras regiones se van ubicando en asentamientos sin ningún control que las regule y el resultado es la desordenada colonización de esos campesinos, asentados en zonas en donde florecen economías, leyes y dominios alternativos. En condiciones tan adversas sobresale el hecho de que las riquezas naturales de esta zona amazónica permitían a los colonos poseer tierras como su capacidad de trabajo y riqueza acumulada les permitiera, además de la posibilidad de tener acceso casi ilimitado de recursos como madera, piedra y barro para la construcción de las viviendas y las instalaciones agrarias que su oficio demandara. Así se explica por qué personas que huyen de la violencia se insertan en un lugar tan lejano, a la espera de lo que logre producir en un escenario de economía aislada y algunas veces ilegal. “(...) El colono mantiene su asentamiento fincado sobre los cultivos transitorios de arroz, maíz (entremezclados) con los cuales logrará dos o tres buenas cosechas, mientras se agote la tierra o, jornaleando para completar sus ingresos y entonces se definirá su suerte.” 23 San Vicente del Caguán es la cabecera de una región marcada por la falta de presencia del Estado en la que han florecido economías alternas y así mismo instituciones diferentes a las que legalmente debieron haberse constituido. Las regiones colonizadas por campesinos que buscan un sustento en la explotación del agro y que no se insertan en un escenario social “armónico” alejado del centro, se han encontrado frente a una situación adversa llena de peligros, rivalidades y violencia. Al no estar representados ni protegidos por las entidades estatales colombianas, esas comunidades quedan a merced de las organizaciones ilegales que dominan y han dominado la región transgrediendo sus derechos.

22 BRUCHER, Wolfgang, La Colonización de la Selva Pluvial en el Piedemonte Amazónico de Colombia (el territorio comprendido entre el río Arari y el Ecuador): IGAC, Bogotá, 1974, Pp., 6. Citado de: JARAMILLO, Jaime Eduardo, MORA, Leonidas, CUBIDES, Fernando, Colonización Coca y Guerrilla, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 1986, Pp., 12. 23 Ibid.

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Como se había nombrado anteriormente el propósito de esta monografía es el de identificar la debilidad estatal en San Vicente del Caguán, un municipio ubicado en una zona marginal del territorio Colombiano. Son varios los factores que se examinarán de la debilidad estatal pero es claro que el enfrentamiento que existe entre el Gobierno, guerrilla y paramilitares, alimenta su incapacidad para dar respuesta a las demandas que se le hacen. Las relaciones sociales en esta región y en muchas otras de Colombia están enmarcadas en un escenario dibujado por el conflicto armado. Cobra importancia observar que dicha población ha contado con una influencia poderosa de uno de sus protagonistas, las FARC-EP Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, durante la ultima mitad del siglo XX, desde que la agrupación guerrillera no era conocida como tal, sino que era un grupo de ex guerrilleros del partido liberal que se vieron marginados del proceso de paz de las élites tradicionales y se ubicaron en esta región y otras del país, con el fin de dominar un territorio y enfrentar al Estado, reclamando un espacio en la arena política, económica y social. Respecto a la creación y consecuencias del Frente Nacional que se basó en el consenso de liberales y conservadores en torno al plebiscito de 1957 para intentar resolver los problemas que presentaba en ese momento el país, Ana María Bejarano apunta: “Por el contrario, el pacto bipartidista fue diseñado conscientemente no solo para controlar la participación política reduciéndola a los estrechos canales previstos, sino también para limitar las posibilidades de un reformismo social, económico y político.”24 Siguiendo a Eduardo Pizarro a partir de su texto “Las FARC (1949-1966), de la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha”, en 1964, el ejército nacional atacó el municipio de Marquetalia que se identificaba como una de las llamadas “Repúblicas Independientes”, en donde se habían asentado los disidentes de la guerrilla liberal denominados Autodefensas Campesinas, que después de la violenta incursión militar, algunas facciones del grupo de autodefensa migró hacia la zona cercana de San Vicente del Caguán, ya que tanto ahora como en ese entonces, era una región marginada de las instituciones políticas y con una precaria presencia del Estado. Ahí se propiciaba un espacio tanto físico como político para que una agrupación que buscaba reivindicaciones sociales de las clases más desfavorecidas se pudieran asentar. “Colombia ha sido un país destinado geográficamente a la existencia de la guerrilla, por lo propicio de su territorio y la exuberancia de sus selvas y montañas que hace posible el asentamiento de grupos insurgentes.”25 “(...) a partir de la segunda mitad de la década de los sesenta, un auge de los movimientos de protesta y de lucha social, localizados regionalmente, desembocan en su mayoría, en abiertos conflictos sociales.”26 Los campesinos que habían colonizado los territorios del Piedemonte Caqueteño, así como los de otros lugares de Colombia, no se veían 24 BEJARANO, Ana María, Crisis Política, Conflicto Armado y Proceso de Paz: Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, Pp., 4. 25 LEAL, Francisco, “La Crisis del Régimen Bipartidista”, en Estado y Política en Colombia: CEREC-Siglo XXI, Bogotá, 1989. En BEJARANO, Ana María, Crisis Política, Conflicto Armado y proceso de Paz: Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, Pp., 4. 26 Op Cit, Pp., 5.

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involucrados dentro de los procesos pactados por las élites políticas y económicas nacionales, ya que a ese conjunto social era el que se identificaba como el excluyente y marginalizador de la sociedad, desde la óptica de los alzados en armas. Esta situación era el cultivo para que las facciones de izquierda al margen de la ley se enfrentaran a gobiernos cerrados y excluyentes, y encontraran colaboradores y hasta potenciales militantes en estas regiones y también en escenarios académicos, de empleados públicos y privados y entre invasores inmersos en conflictos de posesión de tierra rural. San Vicente del Caguán y la llamada región despejada, cuenta con riquezas naturales propicias para el desarrollo económico que se requiere en territorios de colonización campesina, y el departamento del Caquetá tiene poca presencia estatal, situaciones aprovechadas por las FARC-EP, para ocupar espacios abandonados por el Estado durante varias décadas. Esa razón con seguridad influyó en los mandos del grupo guerrillero al haber escogido ese territorio en 1998 como Zona de Despeje, pues el control de las vías de acceso y de comercio, incrementan el poder y dominio que el grupo manifiesta. Ese poder de hecho se ha podido evidenciar después de rotos los diálogos con el expresidente Pastrana por medio del abandono de los cargos de funcionarios públicos en el Departamento por amenazas realizadas por orden del Secretariado General de las FARC-EP. Inclusive han propuesto el despeje del Departamento completo así como el del Putumayo, desafiando al Gobierno y reclamando lo que podría llamarse uno de sus dominios. 3.2 Historia de las FARC-EP Desde la independencia de la República de Colombia (así como durante la conquista y colonización) una de las constantes históricas del país ha sido la desigualdad social que crea y creará complejos conflictos entre sus habitantes. Esta situación permite observar claramente una de las falencias del Estado colombiano que es la de no haber sido capaz de realizar exitosamente un proyecto de cohesión social y del territorio, dentro del cual existan espacios políticos para diferentes voces, guiado hacia el desarrollo general de la nación sin excluir a ningún sector, apuntando a reducir las diferencias sociales. Este hecho genera resistencia entre la población que busca la reivindicación de sus derechos y algunas partes de los núcleos sociales más desfavorecidos deciden enfrentar al Estado, marginándose de sus instituciones y levantándose en armas. Uno de esos grupos son las FARC-EP. Las FARC son el grupo que está y ha estado asentado en la zona que respecta al estudio. Esta muy general reseña histórica pretende mostrar que el momento violento que antecedió su creación, al igual que su formación y consolidación a través de los últimos 36 años, evidencia la deficiencia del Estado en el cumplimiento de sus objetivos. De esta manera, se analizará el hecho de que la creación y proceso histórico de las FARC-EP, influye en el estudio de la debilidad estatal, ya que la hace evidente, viéndose disminuida la capacidad del Estado colombiano de obtener un

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poder gubernamental que permita ordenar y dar seguridad a todos sus habitantes, que ve afectada su soberanía y que se disputa la idea de Estado con un grupo subordinado, dejando parte de la sociedad civil marginada. Antes de comenzar a hablar del surgimiento de las FARC-EP, es importante tener en cuenta el momento que se vivió en el país unos años antes de su aparición, porque es clave conocer el escenario histórico en el que se fue consolidando, para entender las razones que instaron a un grupo de individuos a fundar un movimiento y desafiar al Estado, del cual no se sentían que hacían parte, acusando su debilidad. Una época que se conoce con el nombre de “La Violencia” marca un hito en los conflictos de Colombia, que a partir de mediados de los cuarenta precedió la conformación del grupo guerrillero denominado FARC en 1966: “(…) época durante la cual apasionados seguidores de ambas colectividades –liberales y conservadores- se enfrascaron en una prolongada y cruel lucha que dejó, entre 1946 y 1958, un apabullante saldo de muertos que se estima en más de 250.000. (…) debe reconocerse la importancia de otros factores como causantes de esta violencia como la pretensión de algunos sectores campesinos por obtener, mediante el uso de la fuerza, la posesión de la tierra.”27. Se hace referencia a este período, por haber sido de un fuerte conflicto social y político y por identificar a una lucha de clases que enfrentan a las instituciones estatales dirigidas por las élites económicas y políticas. Las luchas agrarias y la búsqueda de mejores condiciones para aquellos que no hacían parte de los proyectos de desarrollo impulsados por el Estado durante este periodo, juegan un papel fundamental y aun 60 años después lo siguen haciendo. “Así la historia oficial divide la violencia en dos etapas: una que llama violencia partidista que va hasta 1957 y otra que denomina económica a partir de ese año. En verdad al proclamar el hecho de ser una violencia partidista sus autores, sin explicitar, lo que quieren decir es que esta lucha se ejerció bajo la dirección de los partidos políticos tradicionales: el liberal y el conservador. Y cuando hablan de que sus causas son económicas, lo que hacen es reconocer el hecho de que esta fue de explotadores contra explotados sin su control y por ende subversiva.”28 Al exponer las causas de la violencia, el autor anota lo siguiente: “Estas tienen profundas raíces económicas donde lo político sirve de racionalización o coartada para la verdadera operación buscada: la descomposición del campesinado y la explotación de los pequeños propietarios.” 29

Siguiendo a Pizarro León Gómez en “Las FARC (1949-1966): De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha”30, se identifica durante este periodo las zonas de "autodefensa", lugares en los que la lucha política y la lucha armada se 27 ECHEVERRI, Fabio, El Gran Libro de Colombia. Cultura Política: Circulo de Lectores, Bogotá, 1981, Pp., 42. 28 TOBON, Alonso, La Tierra y la Reforma Agraria en Colombia: La Oveja Negra, Bogotá, Pp., 45. 29 Ibid, Pp., 46. 30 JARAMILLO, Jaime Eduardo, En www.banrep.gov.co, acerca de: PIZARRO LEON GÓMEZ, Eduardo, con la colaboración de Ricardo Peñaranda, Las FARC (1949-1966). De la autodefensa a la combinación de todas las formas de lucha, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional: TERCER MUNDO EDITORES, Bogotá, 1991.

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ubican en sectores rurales y se revelan contra un Estado que busca someterlos con el objetivo de mantener el status quo del resultado de la unión entre los líderes del partido conservador y el partido liberal, continuando con un régimen de exclusión. “La ofensiva militar de Rojas Pinilla contra Villarrica constituye el antecedente de la guerra de "contrainsurgencia" que después, bajo el gobierno de Guillermo León Valencia, pondrá en práctica en vasta escala el ejército colombiano en zonas como Marquetalia, Riochiquito, Guayabero, El Pato y Sumapaz, lo que ocasionará el éxodo de columnas guerrilleras desde regiones influidas por el partido comunista hacia muchas de las zonas donde las FARC llegarán a tener arraigo territorial. Las "columnas de marcha" y la "colonización armada" (muy específicas expresiones de la guerra irregular colombiana) irán determinando una especial territorialidad de este grupo guerrillero, el cual combinará la actividad de su aparato militar, especialmente en zonas de asentamiento colonizador, con la organización social y política de sus pobladores, cuya adhesión al programa revolucionario se logrará en muchos casos. ”31 Se identifica el proyecto colonizador armado de las FARC, el cual incluye a la zona que trabaja la monografía desde la época de la Violencia, hace más de medio siglo. Teniendo como escenario el conflicto de la posesión y explotación de la tierra, los conflictos políticos entre los partidos conservadores y liberales (guerrillero durante la hegemonía conservadora y luego cogobernante), se desata una ola de matanzas y de desplazamientos de poblaciones, sobre todo en las zonas rurales del país. Aparecen las “Autodefensas Campesinas”, disidentes de la guerrilla liberal, que pretendían una lucha social que reivindicara los derechos y oportunidades de las clases menos favorecidas, aunque algunas de sus facciones se convirtieron en bandoleros y delincuentes organizados; solicitando cierta atención por parte del Estado colombiano a las regiones y configurándose como una especie de gobierno autónomo que desobedece las ordenes del Gobierno central. Estas agrupaciones en ese entonces estarían ubicadas en regiones como Marquetalia, Ríochiquito, El Pato y Guayabero. Vale la pena hacer notar que cerca de estas poblaciones se ubica lo que fue la Zona de Distensión, mostrando que en sus cercanías desde su inicio ha hecho presencia las actuales FARC-EP. Un episodio especialmente violento y fraccionador fue el del asesinato del caudillo liberal de corte popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá. El líder era el abanderado de las reivindicaciones sociales y de los derechos que la sociedad les negaba a las partes oprimidas en temas como la reforma agraria, espacios de participación e inclusión social, política y económica. Este hecho, hizo que se diera una violenta insurrección conocida como “El Bogotazo” en el momento en el que se estaba celebrando la Conferencia Panamericana. En muchas ciudades y pueblos del país se dieron juntas revolucionarias y hasta se llegó a creer que el gobierno podía caerse. Sin embargo, la estructura y las bases políticas que presentaba el gaitanismo, no eran lo suficientemente fuertes ni sólidas como para derrocar a un gobierno. Las fuerzas gubernamentales no lograban restablecer el orden en el país, así como tampoco las fuerzas populares podían imponer el suyo. El descontento civil y la pugna social por 31Ibid.

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pretender un espacio en la arena política nacional, creó una situación que alejó a los grupos inconformes de la institucionalidad. Las bases sociales vieron como su líder y el abanderado de un proyecto social que pretendía equilibrar las fuerzas entre clases altas y bajas, era eliminado por las élites opresoras que acallaron las voces que intentaban enfrentarlas tanto en la arena política como en la militar. Las ilusiones de sus seguidores se vieron frustradas, ya que se alejaban de la posibilidad de acceder a medios de desarrollo y de bienestar, a través de la dirección política que hubiera podido realizar el disidente liberal. Un espacio político se había cerrado, por lo que agrupaciones populares no se sintieron ya parte de la institucionalidad, buscando enfrentar a un Estado que para ellos era sectario, injusto y que defendía solamente los intereses de las élites que dominaban los medios de producción y las estructuras económicas. Algunos sectores se insertaron a las filas de la guerrilla para intentar acceder al poder y a la reivindicación popular. Durante el Gobierno del General Rojas Pinilla, se dio una amnistía y los movimientos liberales insurgentes de esa época, se lograron desmovilizar. Sin embargo, parte de esos movimientos más inconformes no entregaron las armas y por el contrario se radicalizaron con lineamientos políticos de izquierda. De esta manera, se forma el ya nombrado grupo de Autodefensas Campesinas, encabezado Manuel Marulanda Vélez que no manifestaba estar de acuerdo con las políticas gubernamentales de las que se veían marginados, así como tampoco de pertenecer a un Estado al cual desafiaban y dentro del cual no sentían que sus intereses (principalmente agrarios) se vieran representados. Esta situación no permitió que se llegara a la paz, fraccionando a la población, logrando desarticular el poder gubernamental, incapaz de cubrir todo el territorio nacional. El tema agrario en la agrupación ha desarrollado un rol fundamental, por lo que a continuación se hará una aproximación al tema. Una reforma agraria que vincule a los sectores campesinos menos favorecidos que no tienen acceso a la propiedad de las tierras ni a medios de producción y explotación adecuados, no se ha hecho “(Hoy, la reforma agraria cobra actualidad en Colombia porque ella no se ha hecho.)”32, por lo que los grupos sociales rurales menos favorecidos están condenados a tener un nivel de vida bajo, sin sus necesidades básicas satisfechas y excluidos de las instituciones y desarrollo nacional. Este es un tema que reclama y alimenta el discurso ideológico las FARC desde su existencia. Dicha reforma no se ha realizado en Colombia y el inconformismo de los sectores que se ven afectados por esa incapacidad de ejecutar políticas sociales revolucionarias por parte del Estado, abre un espacio para la inconformidad, así como para que se agrupen comunidades y se declaren en contra de ese Estado y lo enfrenten desde lugares bélicos como lo son la guerrilla. Desde una reforma agraria real, se promueve la participación social y política de los pobladores rurales, ya que harían parte activa de los procesos económicos a partir de la propiedad y debida explotación de la tierra, disminuyendo la migración de comunidades completas hacia las ciudades, generando espacios de desarrollo y empleo, mejorando la

32MACHADO C, Absalón, Reforma Agraria. Una ilusión que resultó un fracaso. Tomado de: Revista Credencial Historia No.119. (Bogotá - Colombia). Noviembre 1999

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competitividad de los productos nacionales e insertándose en una democracia participativa en la que la brecha social se vería disminuida. El fracaso de este tópico a través de la historia del país, ha generado consecuencias sociales, políticas y económicas dañinas para el bienestar de su población en general (excluyendo algunas élites tradicionales), dándole la oportunidad a las guerrillas de encontrar adeptos para buscar por medios armados ejercer la suficiente presión como para llegar a convertir en realidad ese mecanismo, permitiéndoles perdurar en el tiempo y el espacio con un discurso agrario y de reivindicación revolucionaria. Vale la pena hacer notar que se han realizado tres importantes intentos de hacer realidad una reforma agraria, que no han logrado desarrollarse durante las últimas siete décadas en el país, que han sido: las leyes 200 de 1936, y 115 de 1961 y el acuerdo con la SAC del Pacto de Chicoral. Para Alonso Tobón, no se lograron los resultados esperados de la ley 200 del 36, que se enmarca dentro de la reforma constitucional, ya que resume sus resultados en que se obliga a utilizar los trabajos asalariados, debido a que provocó el lanzamiento de los arrendatarios y aparceros. Arguye que tan solo una finca regresó al patrimonio del Estado en 1947, al cumplirse los 10 años otorgados por la ley para que se explotaran los territorios, o estos se perdían.33 Los otros intentos de socializar la propiedad agraria tampoco han dado los resultados esperados. Respecto a la ley 135 de 1961 se encuentra en el texto aludido “La Tierra y la Reforma Agraria en Colombia” lo siguiente: “La reforma agraria, a la colombiana, mezcla ambas justificaciones de manera bastante contradictoria. Quiere desarrollar el capitalismo pero al dividir la tierra como un pastel en pequeñas parcelas, decreta la mediocridad general y pone a girar hacia atrás las ruedas de la historia”. Se cita además la intervención de un senador (que no especifica) de la bancada oposicionista durante el periodo del Frente Nacional, que manifiesta que el proyecto no tenía de social sino el título y su preámbulo.34 “(...) la ley 135 de 1961 originaria de la reforma agraria, cuyo artículo primero señala dentro de sus objetivos: -La necesidad de extender a sectores cada vez más numerosos de la población el ejercicio del derecho natural a la propiedad-35 En otro aparte aparece “En tales circunstancias la nacionalización del suelo es una medida que se impone económicamente; sólo que, al realizarla, el Estado capitalista no la hace en beneficio del todo social sino de la clase que lo domina. No la hace sobre todo el país sino sobre manchas de él. De ahí el nombre de nacionalización burguesa, que es diferente de la nacionalización socializada, donde las necesidades económicas que la sustentan devienen del incremento permanente de la producción y primordialmente de la urgencia para cultivar la tierra en gran escala introduciendo métodos modernos.”36

33 TOBON, Alonso, La Tierra y la Reforma Agraria en Colombia: La Oveja Negra, Bogotá, 1970, Pp., 39. 34 Ibid, Pp., 101. De: Senado de la República, Tomo I, Pp., 21 y Tomo II, Pp., 25-27, 65,95 35 Ibid, Pp., 102. 36 Ibid, Pp., 72.

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“El fracaso también está relacionado con el hecho de que no hubo decisiones políticas para modificar los factores de poder al interior de la estructura agraria. Hoy, la reforma agraria cobra actualidad en Colombia porque ella no se ha hecho. Pero debe diseñarse bajo otros parámetros, con otra institucionalidad y dentro de una verdadera estrategia de cambio y transformación. Esa reforma requiere que el Estado deje el monopolio y control absoluto de todas las operaciones y actividades que ello implica; avanzar en una verdadera descentralización, concentrar las acciones por áreas geográficas para hacer eficiente el uso de escasos recursos, desburocratizar los aparatos del Estado y aplicarles mecanismos de rendición de cuentas, disminuir los costos de transacción en operaciones con pequeños productores, fortalecer el derecho de propiedad y adecuar los mecanismos de apoyo para el desarrollo de la agricultura y para hacerla una actividad rentable y segura. Seguir intentando una reforma agraria con modificaciones de organigramas en aparatos del Estado que han perdido credibilidad y confianza, y sin modificar los esquemas tradicionales donde los buscadores de rentas siempre están presentes, es seguir engañándose y repetir los fracasos de este siglo.”37

Los movimientos de Autodefensas campesinas, que se fortalecían con su discurso del conflicto agrario, se ubicaron en regiones en las que el Estado tenía una presencia precaria, fortaleciéndose y recibiendo más adeptos a su causa y lineamientos. En este contexto es relevante preguntarse lo que ha sido el proyecto de ese grupo al margen de la ley. Arturo Alape, en su conferencia sobre las FARC en la escuela Superior de Guerra a finales de octubre de 1998, responde sobre cuál ha sido la proyección estratégica de las FARC.

“Desde su fundación, las FARC han desarrollado tres ejes en su proyección estratégica: la tierra, núcleo esencial de su visión programática; el plan militar como guía de cumplimiento; y el poder político, desde cuando proclamó en 1964 su programa agrario ante la arremetida contra Marquetalia”.38

Su proyección estratégica ataca el propósito ideal estatal de mantener el orden y de no marginar a la población, obteniendo el monopolio de la fuerza y cumpliendo sus funciones; pues el objetivo teórico del grupo descansa en una reforma agraria y en procurarse el poder tanto político como económico. Formados los movimientos, y viendo la supuesta amenaza que estos representaban, después de varios hechos, el Gobierno bajo el mandato de Guillermo León Valencia decide atacar el 27 de mayo de 1964 al municipio de Marquetalia (Huila), espacio de influencia político militar de las repúblicas independientes. “De las Repúblicas Independientes, principiaron a hablar en el año de 1964”.39 Cuando se fundan las FARC en 1964, en una reunión de guerrilleros que hablan alrededor de un proyecto 37 MACHADO C, Absalón, Reforma agraria. Una ilusión que resultó un fracaso. Tomado de: Revista Credencial Historia No.119. (Bogotá - Colombia). Noviembre 1999. 38 Espectador, noviembre 1 de 1998. 39 OCAMPO LÓPEZ, Javier, Las Ideologías en la Historia Contemporánea de Colombia: UNAM, México, 1972, Pp., 76.

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agrario, 250 hombres se dispersan en destacamentos, y un nuevo destacamento se establece en el eje cafetero; encabezado por Ciro Trujillo Castaño.40 En el momento del ataque, los grupos tuvieron que salir con sus familias y reestablecerse en El Pato, cerca a San Vicente del Caguán. Instalados ya en esta región, en 1966 el grupo encabezado por Manuel Marulanda y otros líderes, realiza una segunda reunión guerrillera, conocida como la II Conferencia Nacional de Guerrilleros. Según Jacobo Arenas, Conferencia Constitutiva de las FARC.41 Durante esta conferencia se funda la base de su organización, cuando se plantea que su objetivo ya no es únicamente el control de la tierra sino que por el contrario, ahora buscan el poder nacional. Más adelante en 1974, se realiza una quinta Conferencia, en la cual se crea el Estado Mayor Central y el Secretariado Nacional. Se trazan nuevos planes así como también se revisan los estatutos y las normas del movimiento. Una Sexta Conferencia, es realizada en el año de 1978. En esta Conferencia, el grupo decide que es el momento necesario para dejar las tácticas tradicionales de la guerrilla y orientar de una mejor manera la guerra por la cual estaban luchando. Se introducen nuevos elementos que aparecen de la experiencia acumulada en años anteriores. Se empieza a hablar de la necesidad de cambiar el modo de actuar y de operar de la guerrilla, que hasta ese entonces solo se limitaba a asaltar pequeñas partes del Gobierno, su enemigo, y se limitaba de igual manera a atacar a la policía. Sin dejar de lado su táctica, ahora se trataba de ir en busca del enemigo. En 1983 cuando se hace la Séptima Conferencia, se le da una nueva denominación al grupo, "Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo". Al igual que en la Conferencia anterior, durante ésta, se debate sobre la profundización en el nuevo modo de operar, y se habla por primera vez de un Plan Estratégico a 8 años. En este mismo año, durante la presidencia de Belisario Betancur se intenta adelantar un diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP. “Enero de 1983; lugar, montañas de Colombia, Huila; protagonistas, El Estado Mayor de las FARC y la Comisión de Paz - Otto Morales, Rafael Rivas Posada, Alberto Rojas Puyo y Jhon Agudelo Ríos - y objetivo, buscar la paz de Colombia”.42 En dicho diálogo, se llega a un compromiso en el cual se plantea un cese al fuego y un proyecto hacia la paz. El acercamiento entre Gobierno y guerrilla propiciaba que las FARC-EP entraran a la Unión Patriótica (UP) insertándose en un escenario democrático. Ese movimiento político logró llevar miembros al Parlamento, Alcaldías, Consejos Municipales y Cámara Departamentales. “El presidente Betancur intentó parar la ola de terror oficial y creó espacios de diálogo para firmar la paz con las guerrillas. Logró negociar un alto al fuego con las FARC el EPL y el M-19 entre 1983 y 1984. El sólo anuncio de la paz pactada fue un chorro de agua fría para el ejercito, que sintió frenado su impulso bélico justo cuando creía tener la victoria en sus manos”.43 Esta época de supuesta paz no duró mucho debido al asesinato de, entre 2000 y 4000, dirigentes de la UP; cometidos por facciones de ultra derecha que no querían que el

40 Ibid. 41 BEHAR, Olga, Las Guerras de la Paz: PLANETA, Bogotá, 1985, Pp., 73. 42 Ibid, Pp., 319. 43 Ibid, Pp., 429.

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grupo ocupara un espacio dentro de la arena política nacional. Para Alejandro Reyes Posada, investigador del Instituto de Estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, “Una gran parte de los asesinatos de los militantes de la Unión Patriótica durante los años de 1986 a 1989 fueron cometidos por paramilitares como una extensión de su confrontación con las FARC”.44 Los diálogos no tuvieron éxito pero las políticas de paz continuaron en administraciones posteriores. El hecho de querer llegar a la consecución de la paz (Tanto durante el gobierno de Belisario Betancur como en otros), manifiesta la importancia de las FARC-EP para las agendas gubernamentales. Con la administración de Virgilio Barco se iniciaron nuevamente los acercamientos con los grupos subversivos dentro de una política de “mano tendida y pulso firme”45, que se consolidaron con la pacificación del M-19. Durante el gobierno de Cesar Gaviria, se logró la desmovilización de la mayor parte del EPL, sin dejar de lado a otras organizaciones como el Quintín Lame o el PRT, que podría interpretarse como el que se creía sería el final de los grupos subversivos de izquierda que querían tomarse el poder por medio de la revolución armada, por las consecuencias del derrocamiento de la gran nación comunista: La Unión Soviética. También en su Gobierno, se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la cual se le mostró a Colombia como la solución a los problemas que se estaban presentando, de la cual hizo parte dirigentes del M-19 principalmente, y de grupos guerrilleros menores que se habían desmovilizado, sacando 700.000 votos y varios constituyentes. La Asamblea Nacional Constituyente tenía como finalidad entre otras cosas, abrir espacios para que distintas voces políticas tuvieran la oportunidad de manifestar sus intereses por medios democráticos, buscando acabar con la disputa del poder que existía entre las fuerzas armadas del Estado y grupos guerrilleros. El objetivo idóneo era el de consolidar un proyecto de Estado-nación colombiano, en el que no se excluyera a la población, que podría hacerse sentir por medio de la participación. Tal objetivo no se logró, pues la situación social colombiana atraviesa en la siguiente década una de las peores crisis, si no la peor. Las FARC-EP pretendían participar en la Asamblea Constituyente, pero debido al ataque del ejército a los campamentos de Casa Verde en contra del grupo subversivo, el 9 de diciembre de 1990, lugar en donde se encontraba el Secretariado General, se separan de los acercamientos. Durante la década de los noventa, el grupo incrementó su poder, soportado por una fuerte estructura económica que le permitió continuar su lucha subversiva, a pesar de la desmovilización de otros grupos similares y la caída del régimen comunista de la Unión Soviética. Actualmente, se habla de las FARC con una dirección centralizada, a la que se le ha reconocido su poder político y económico y un comandante en jefe: Manuel Marulanda Vélez. Al realizarse la concesión de un territorio de 42.000 km2, se evidenció un reconocimiento de su potencial militar y político. A grandes rasgos en la región que rodea a San Vicente del Caguán se ha encontrado y encuentra un ejército en crecimiento (“A mediados de junio de 2000 el General Tapias calculó que

44 SÁNCHEZ, Gonzalo, PEÑARANDA, Ricardo, Pasado y Presente de la Violencia en Colombia: CEREC, Bogotá, 1995, Pp., 426. 45 PARDO, Rafael, De Primera Mano: CEREC, Bogotá, 1996, Pp., 18.

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durante el último año y medio las FARC habían adquirido más de 20.000 rifles provenientes de Alemania Oriental, junto con lanzadores de granada, morteros, misiles antiaéreos SAM-12, equipos sofisticados de comunicaciones electrónicas, y su propia fuerza aérea, pequeña pero en crecimiento)”46, fuertemente jerarquizado, y organizado a través de férreos mandos militares que han apostado por una estrategia de guerra efectiva en su propósito de desequilibrar el dominio legítimo. Una guerra que bloquea el avance del ejercito, reduciéndolo (la lista de retenidos que presentó Manuel Marulanda Vélez el 21 de septiembre de 1998, era de 245 militantes de la fuerza pública)47, que sigue una dirección de expansión territorial. Este ejército, con un nivel de financiación constante y rentable, que gracias al secuestro o “retención para financiar la lucha”48, las vacunas, la extorsión, el cobro de impuestos, el narcotráfico (“... 20.000 hombres de las FARC saca provecho de la próspera industria de la droga en el país)”49, y a su intervención en una pluralidad de negocios; ha terminado por presenciar el crecimiento exponencial de su aparato militar. Las FARC-EP son un grupo poderoso que ha hecho y hace presencia en la región a examinar en el estudio. En un principio, por ser un territorio de colonia campesina sin instituciones estatales. Durante los últimos años, con el fin de fortalecerse y adelantar los acercamientos que buscan la consecución de la paz con el Gobierno (contando con el aval del expresidente Pastrana), por medio de las Mesas de Diálogos. Ahora, lo hacen básicamente porque pueden. 3.3 Antecedentes de la Zona de Distensión En Colombia existen varios conflictos nacionales, de los cuales hace parte el violento, protagonizado por guerrillas y paramilitares enfrentados entre ellos y enfrentados también al gobierno. Las FARC-EP son el grupo subversivo más poderoso y el que afecta principalmente al Estado, el cual en los últimos años ha ido adquiriendo más poder. “Al aumentar la presencia regional –y reconociendo de hecho que en muchos lugares son la autoridad- los guerrilleros se habrían visto en la necesidad de avanzar en la elaboración de códigos y procedimientos”50. Además, su poder se identifica por ejemplo en las peticiones que hacen actualmente de dos departamentos para dialogar, mientras que en el proceso anterior se abrieron los canales con 5 municipios y en procesos anteriores se concedía un pequeño municipio. A continuación se muestran unas cifras que permiten observar la

46 BAGLEY, Bruce, Colombia Internacional. No 49-50 La “Crisis” colombiana: Causas y Repercusiones Externas e Internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 16. 47 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Hechos de Paz, Bogotá, agosto 7 de 1998, enero 7 1999, Pp., 123. 48 RUBIO, Mauricio, Crimen e Impunidad: TERCER MUNDO, Bogotá, 1999, Pp., 12. 49 BAGLEY, Bruce, Colombia Internacional. La “Crisis” colombiana: Causas y Repercusiones Externas e Internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 13. 50 RUBIO, Mauricio, Rebelde y Criminales: CEDE – Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, Pp., 18.

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magnitud de los movimientos económicos de las FARC durante los últimos 10 años, en los que han aumentado gracias a su riqueza, su pie de fuerza y los equipos necesarios para continuar e intensificar un conflicto armado en Colombia. • Las FARC hacen $281 millones en extorsiones, la guerrilla colombiana de las

FARC obtuvo unos 750,000 millones de pesos en extorsiones a personas o entidades con patrimonios superiores a un millón de dólares durante el año y medio de vigencia de su llamada ``ley 002''. Esa vía de ingresos se ha constituido en la segunda fuente de financiación para las FARC después del narcotráfico. La Policía Nacional colombiana calcula en siete billones de pesos ($3,031 millones) los recursos provenientes de las drogas, la extorsión y el secuestro que han conseguido las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el último decenio. El “secretariado”' o mando de la mayor guerrilla colombiana exige el pago de hasta el diez por ciento de los patrimonios superiores a $1 millón.

• El dinero obtenido por ese método ha favorecido la ``compra de material bélico sofisticado'' y favorecido el ``aparato militar'' de la organización insurgente, que indica que esa exigencia se impone en 14 de los 32 departamentos de Colombia.

• En los últimos 15 meses las FARC también han obtenido 100,000 millones de pesos ($43 millones) por el cobro del rescate de secuestrados.

• El cobro de esta ‘vacuna’, como también se le conoce, ha generado un descenso en el pago de impuestos y aumentó el despido de empleados y la venta de activos, además del decrecimiento de la inversión extranjera en los últimos dos años en el país.

Ingresos de la Guerrilla de 1991 a 2001:

Por narcotráfico $ 3,9 billones

Por extorsión $ 2,4 billones

Por secuestro $ 1,9 billones

• La Policía asegura que solo en el Putumayo las FARC controlan 66 mil hectáreas cultivadas con coca; En Caquetá, 22 mil; en Guaviare, 17 mil; en Meta, 11 mil; en Nariño, 9 mil; en Norte de Santander, 6 mil; en Bolívar, 5 mil; en Vichada, 4 mil y en Cauca, 4 mil hectáreas. Sobre cultivos de amapola, la Policía revela que las FARC controlan 4.500 hectáreas en los departamentos de Nariño, Cauca y Cesar.51

51 GIL DELAGADO, Jorge Enrique, en –www.monografias.com

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Tal poder guerrillero, puede interpretarse como muestra viva de la debilidad del Gobierno Nacional para lograr poner fin al conflicto o darle solución alguna a las consecuencias que de éste se desprenden. Lo que podría afirmarse es que las acciones de las FARC hacen evidente los problemas que involucran las actividades del grupo en Colombia, como son el de la inseguridad por medio de boleteos, extorsiones y secuestros, el ataque a poblaciones enteras indefensas que acaban con el desarrollo económico de esos lugares, la voladura de infraestructuras como oleoductos y vías de transporte, comunicación y de servicios públicos, la corrupción infiltrada hasta en los mayores niveles, el narcotráfico con movimientos económicos de niveles altísimos, el conflicto armado con su respectivo costo social, la violación sistemática de los derechos humanos, la desaceleración económica del agro por las vacunas y la toma de tierras por medios violentos para sembrar cultivos ilícitos y dominar las regiones, además del desplazamiento masivo de comunidades. Esos problemas son influenciados por las FARC, ya que son actores principales de la ejecución de acciones en esos campos, pero debe tenerse en cuenta que al margen del grupo también se encuentran otros actores como élites económicas y políticas que corrompen y excluyen (por ejemplo por medio de sobornos y prácticas clientelistas), narcotraficantes, delincuentes comunes y otros grupos alzados en armas, que deterioran el desarrollo social, económico y político. La salida pacífica al conflicto podría ahorrar grandes gastos económicos y sociales que afectan al país, como los anunciados anteriormente y es por ese motivo que el gobierno nacional durante varias administraciones ha intentado llegar a acuerdos. Esa intención requiere de mecanismos para que se procure llegar a un acuerdo. En este punto se puede también evidenciar el crecimiento del poder de las FARC al poner condiciones para sentarse a dialogar, pues uno de los mecanismos frecuentemente utilizado es el despeje de un área para que ahí se entablen las conversaciones y lo líderes de los grupos. En 1990 el gobierno de César Gaviria otorgó un municipio para dicho propósito, en 1998 se entregaron 5 en una zona de 42.000 hectáreas, y las directivas de las FARC han manifestado que para que exista la posibilidad de un acercamiento con la administración de Alvaro Uribe, se les debe conceder la totalidad de los departamentos del Caquetá y del Putumayo. Ese incremento de poder demuestra la fortaleza política del grupo, en detrimento de la posición en la que se encuentra el Estado, ya que es desafiado y además de eso es medido al enfrentarse a un grupo que exige un basto territorio. Esa demanda acusa debilidad estatal, además de mandar un mensaje a la comunidad internacional de la capacidad y tamaño de las FARC-EP en Colombia, manifestándose como organización que merece su porción de país. En el último proyecto de paz entre gobierno y FARC, como ya se nombró, se acudió al mecanismo de despeje. Durante el período presidencial de Andrés Pastrana, se inició un proceso de paz que descansaba sobre la confianza y voluntad de paz por parte de su administración. Esta voluntad se percibió en la concesión de un territorio denominado Zona de Distensión, dentro del cual las FARC (parte de ella) se asentaron. La obtención de esa zona se debió no solo a los lineamientos del Gobierno de Pastrana sino a la forma en que el conflicto armado en Colombia se ha manejado en la historia reciente del país. Sería de gran valor hacer un estudio

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detenido de las políticas de los últimos períodos presidenciales respecto al problema de orden social, y la forma en que han sido dirigidas, pero ese estudio rebosa los propósitos de esta investigación. Aunque si vale la pena hacer notar que respecto a la paz no existe una política que se pueda denominar como supragubernamental: “Cada gobierno tiene su agenda para la paz. Betancur comenzó buscando la paz y terminó en el enfrentamiento que suscitó el holocausto del Palacio de Justicia; Barco criticó abiertamente a Betancur en su política de paz y terminó firmándola con el M-19; Gaviria estimuló la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente y terminó con la guerra integral sin restricciones. El gobierno de Samper, inició su período ofreciendo la paz y al año de gobierno, se empeña en un agresivo escalamiento de la guerra”.52 Pastrana le apostó irrestrictamente a la paz, pero en febrero de 2002 rompió unilateralmente los diálogos con las FARC. Alvaro Uribe desde la campaña presidencial hasta pocos meses de su posesión, se perfila como una administración que pretende acercamientos, con la existencia de cambios en las relaciones actuales entre guerrilla, población y su gobierno. Ha llamado la atención sus intenciones de buscar la paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, dirigidas políticamente por Carlos Castaño. En términos generales las últimas administraciones presidenciales han tenido en su agenda un tópico importante que es tratar de llegar a un acuerdo con la insurgencia para poder ponerle fin a la lucha armada que se desarrolla crecientemente en Colombia. El Presidente Alvaro Uribe no es la excepción ya que ha manifestado que buscará la paz con mediación internacional (ONU) con los grupos al margen de la ley. Pero limitándonos a la administración del Presidente Andrés Pastrana, bajo cuyo mandato se creó la Zona de Distensión, se identifican los puntos que se muestran a continuación. En las elecciones presidenciales para el período 1998-2002, el tema de la paz jugó un papel clave en los discursos de los candidatos más opcionados para lograr la presidencia (los que llegaron a la segunda ronda). El representante del oficialismo liberal para dichas elecciones, Horacio Serpa Uribe, argüía que él conocía más el tema por haber participado de manera directa en procesos de paz en períodos anteriores, y que por lo tanto en su Gobierno, la paz se podría cristalizar o adelantar bastante. El candidato por el Partido Conservador, Andrés Pastrana Arango, se atrevió a plantear la posibilidad de crear una zona despejada para convertirse en Zona de Distensión y laboratorio de paz. Es posible que esta propuesta y el encuentro que tuvo Víctor Ricardo el 15 de junio de 1998, con los líderes guerrilleros en las montañas de Colombia, haya hecho de cierta manera, que los colombianos pensaran que si Pastrana era elegido, sería capaz de tener más acceso a la paz que su principal rival electoral. Los colombianos se decidieron por Andrés Pastrana en las urnas y apoyaron que la paz fuera el más importante de los temas de su agenda (“Para mi Gobierno la paz es el más serio de los temas”)53, y a los tres meses de posesionarse como presidente de

52 CONSERVATISMO COLOMBIANO, Inseguridad e Impunidad en Colombia, Ciclo de Seminarios Colombia Tercer Milenio, Bogotá, febrero 20 de 1997, Pp., 106. 53 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Hechos de Paz II, Bogotá, agosto 7 de 1998, enero 11 1999, Pp., 37.

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la República, tomó la decisión de despejar cinco municipios (La Macarena, Mesetas, La Uribe y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y en el del Caquetá, San Vicente del Caguán), el 7 de noviembre de 1998. En el discurso del Alto Comisionado para la Paz, Víctor Ricardo, el 7 de noviembre durante la creación de la Zona de Distensión, el funcionario dijo: “Vamos a construir un escenario donde no haya confrontación armada; se desplaza la fuerza pero queda la autoridad del Estado, de un Estado de Derecho, con él vamos a gobernar todo el territorio nacional, incluidos los cinco municipios de distensión. Los alcaldes municipales han de ser la autoridad que cumpla, en su leal saber y entender; la Constitución y las Leyes de la República; son los alcaldes las autoridades políticas, administrativas y los jefes de la policía y en virtud de ello se ha creado una policía cívica adulta que los apoye en el ejercicio de esa función que es responsabilidad de la autoridad civil y los Consejos como representación de la democracia; no se trata de reemplazar una autoridad por otra, se trata de crear un escenario en el cual podamos dialogar los colombianos en la búsqueda de la reconciliación, en la búsqueda del sueño que todos tenemos...”.54 Víctor Ricardo, planteó en su discurso que las facultades estatales en la que se enmarcara el comienzo del despeje, no desaparecerían, pero si se modificarían en beneficio del acercamiento con la paz. Quisiera hacer notar en éste punto una aclaración, y es que en esta investigación no se va a analizar el fallido proceso de paz, sino identificar la debilidad Estatal en un representativo municipio de Colombia que es San Vicente del Caguán. El proceso de paz se concibió como bien intencionado, además de que contó con el aval de la comunidad internacional, pues varios países dentro de los que se encuentran USA, Venezuela, Alemania, Suiza, Francia entre otros, demostraron interés y apoyo al proceso. El país estaba consciente de que el precio de la paz era alto, por lo que antes de crearse la Zona de Despeje, la ciudadanía tenía claro que era posible que una de las regiones en donde se encontraba presente la agrupación guerrillera desde tiempo atrás, podía llegar a ser sujeto de ciertos sacrificios legales; en el sentido de que la fuerza pública en pleno sería disminuida para que los líderes guerrilleros se ubicaran ahí y tuvieran cierta autonomía con el visto bueno del Gobierno, a partir de las intenciones que había manifestado el Presidente Pastrana en su campaña. De todas formas en los territorios aledaños a San Vicente del Caguán, ya existía un control parcial guerrillero de la región (aunque el Batallón Cazadores aumentaba de alguna manera la seguridad de los habitantes de la pequeña urbe), pues el boleteo y la extorsión no eran elementos nuevos para sus habitantes, ya que el Caquetá, es uno de los departamentos que más ha sufrido con la presencia guerrillera y con los enfrentamientos entre estos y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los conflictos que ésta condición trae a la región. Un ejemplo de esa presencia guerrillera anterior fue el éxodo de Manuel Marulanda y su grupo subversivo (después de los ataques a Marquetalia en 1964, durante el mandato del Presidente

54 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, Hechos de Paz III, agosto 7 de 1998 a enero 21 de 1999, Pp., 80.

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Guillermo León Valencia) hacia el municipio de El Pato en cercanías de San Vicente del Caguán en la segunda mitad de la década de los sesenta. Además de estar familiarizados con la región, para las FARC dominar la zona trae ventajas evidentes, por las cualidades físicas de los llamados territorios despejados, por sus extensas zonas fértiles, accesos fluviales (como el que proporciona el río Duda, Guayabero, Caguán y Caquetá) y hasta aéreos por las características de tierras planas con las que cuenta el sector (“... utilizar las 37 pistas de aterrizaje a su disposición dentro de la zona desmilitarizada”)55, lo que la hacen muy provocativa para el desarrollo de producciones agrarias (“En estos municipios tenemos mucho que aprender sobre ecología, aire, agua, oxígeno, animales y árboles que se están extinguiendo en otras partes y que allí viven y allí se reproducen”)56, de las cuales hace parte, por ejemplo, el sembrado y proceso de la mata de coca y amapola “La Policía asegura que solo en el Putumayo las FARC controlan 66 mil hectáreas cultivadas con coca; En Caquetá, 22 mil...”57 El municipio forma parte de una posición estratégica que permite el control de la región permitiendo un mayor dominio del comercio y de poder manifestado en la expulsión forzada de población y representantes de organismos estatales como las alcaldías, las fiscalías y los juzgados. Veamos antecedentes normativos sobre la Zona de Distensión, pues no se dio jurídicamente de manera improvisada, sino que se había planteado la posibilidad de crear una zona semejante anteriormente. Se va a mostrar cronológicamente. La ley 104 de 1993, expedida durante el periodo presidencial de César Gaviria, permitió que representantes del Gobierno pudieran acordar con los representantes de los grupos guerrilleros, la ubicación temporal de éstos en zonas determinadas del territorio nacional; buscando facilitar la verificación del cese de sus operaciones subversivas. Esta ley también permitió que las ordenes de captura de los miembros de los grupos subversivos quedaran suspendidas dentro de las mencionadas zonas. La ley 104 tenía una vigencia de dos años, pero fue derogada por la Ley 241 de 1995. El gobierno ahora podía suspender la vigencia de las ordenes de captura contra guerrilleros no solo en las regiones específicas, sino en todo el territorio nacional. Además le dio la posibilidad al Presidente de determinar la localización y modalidades de acción de la fuerza pública, con el fin de garantizar la seguridad de los involucrados en el proceso de paz. La Ley 418 de 1997 entró en vigencia reemplazando a la anterior en el punto que respecta a los ciudadanos colombianos no guerrilleros que habitaran ese territorio, a los cuales se les debía garantizar los derechos y libertades. Esta Ley aclaraba las condiciones en que se podía crear la zona, que eran: existencia de un proceso de paz y reconocimiento político al grupo insurgente. En este tópico, cabe resaltar que el Presidente Andrés Pastrana, fue el que inició un proceso de paz, le dio status político a las FARC-EP, y delimitó la zona. El expresidente Pastrana realizó lo anterior por medio de una resolución del Departamento Administrativo de al Presidencia, -DAPRE-. 55 BAGLEY, Bruce, Colombia Internacional. La “Crisis” colombiana: Causas y Repercusiones Externas e Internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 15. 56 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, Hechos de Paz II, Bogotá, agosto 7 de 1998, enero 7 de 1999, Pp., 53. 57 GIL DELAGADO, Jorge Enrique, en –www.monografias.com

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El entonces Presidente de la República reconoció a los señores Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel, inicialmente, como miembros representantes de las FARC. Acto seguido declaró abierto el proceso de dialogo con las FARC, le reconoció carácter político a esta organización, y una vez cumplidos los dos requisitos, estableció una Zona de Distensión. La Ley 418 de 1997, tenía una vigencia de dos años, término que fue prorrogado tres años más por la Ley 548 de 1999. Esta prorroga venció el 23 de diciembre del 2002, fecha en la que fue nuevamente cambiado el plazo, hasta que unilateralmente el 20 de febrero de 2002, Andrés Pastrana rompió los diálogos de Paz con las FARC-EP luego de que uno de sus miembros secuestrara un avión comercial y capturara ilegalmente a algunos de sus ocupantes dentro de los que se encontraba un Senador de la República. Ese hecho no fue el más impactante durante el tiempo que duró el acercamiento pero si fue el último en una cadena de excesos por parte del grupo que contrariaba la búsqueda de la paz. Finalmente el laboratorio de paz, consistía teóricamente en retirar temporalmente la fuerza pública y suspender las ordenes de captura en contra de los miembros de la organización, respetando la vigencia del Estado social de derecho. IV EXAMEN DE LOS ELEMENTOS DEL ESTADO EN SAN

VICENTE DEL CAGUAN A continuación se realizará el ejercicio de evaluar el concepto de debilidad estatal en la zona de San Vicente del Caguán, a partir de los elementos del Estado y de sus funciones en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial, definidos en el marco conceptual. Los hechos que en muchos casos permiten ejemplificar el ejercicio, se sostienen en descripciones periodísticas realizadas durante el fallido proceso de paz del gobierno anterior cuando la región a la que se dedica la monografía hacía parte de la Zona de Distensión. 4.1 ELEMENTOS DEL ESTADO

En la región de San Vicente del Caguán se identifican varias de las condiciones que permiten observar al Estado colombiano como uno débil en ese territorio. De

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acuerdo a la identificación de los elementos del Estado que se expusieron en el marco conceptual, a continuación se examinará su condición dentro de la zona a la que se dedica el estudio, aunque se debe tener en cuenta que el Estado Colombiano al enfrentarse a una evaluación similar en todo su territorio podría arrojar resultados importantes de profundizar, claro que esa investigación rebosa los propósitos de la monografía. Como introducción a este capítulo y de acuerdo a lo anterior, según Pecaut, el Estado colombiano conserva muchos rasgos del siglo XIX.

“Basta comparar los medios del ministerio de gobierno con los de los ministerios del interior contemporáneos, observar la mediocre tecnificación de muchas instituciones, advertir que su radio de acción no cubre sino una parte reducida del territorio, comprobar las interferencias incesantes entre el personal político y el administrativo, observar las formas de intervención de los gremios. Estos elementos no manifiestan simplemente la precariedad del aparato estatal, dejan también ver la fragilidad crónica de la imagen de la unidad nacional y de los mecanismos de institucionalización de la esfera política y de las relaciones sociales”.58

4.1.1 Incapacidad de Dominación El dominio que debe tener un Estado para ser sólido, no se asimila al que tiene el colombiano en san Vicente del Caguán, pues se ve que lo disputa con las FARC-EP. Esta afirmación es corroborada por los argumentos y hechos que se presentan a continuación. Se puede observar que desde la migración de algunas facciones de las “Autodefensas Campesinas” (núcleo social de formación de las FARC-EP, como se mostró en los antecedentes de la región), así como la permanencia del grupo a través de las últimas décadas, gracias a la precaria presencia del Estado en esta región de colonización campesina no dirigida por cuadros administrativos gubernamentales “(La experiencia colombiana es rica en ejemplos de vacíos de poder de donde surgieron paraestados privados que mediante la acumulación del poder derivado del uso exitoso de la fuerza terminaron cogobernando)”59 y también durante y después del proceso de paz; en la zona de San Vicente del Caguán se ha percibido un poder por parte del grupo insurgente. Las FARC-EP utilizan medios represivos para lograr imponer un orden dentro de lo que podría catalogarse como ‘sus territorios’ (Vale la pena recordar que el grupo abiertamente comunicó que para dialogar con el gobierno actual exigen el despeje de dos departamentos, incluido el del Caquetá). El orden que debe ser garantizado por el Estado, está siendo implantado por un grupo paraestatal, que manifestando claramente una pluralidad de violencia (pues esta no depende del

58 PECAUT, Daniel, Crónica de dos Décadas de política Colombiana: SIGLO XXI, Bogotá Pp., 18. 59 RUBIO, Mauricio, Los Costos de la Violencia en Colombia: CEDE Universidad de los Andes, Bogotá, 1997, Pp., 4.

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gobierno únicamente), puede por este medio, llegar a la dominación de la población que se encuentra ahí ubicada. “En la actualidad, sería ingenuo adoptar sin reservas este supuesto para el país y desconocer que el Estado colombiano ha perdido el control político y militar en bastas zonas o que un porcentaje no despreciable de las decisiones públicas se toman bajo la sombra de las amenazas.”60 En una entrevista que realizó El Tiempo, 90 días después del despeje, un poblador atemorizado decía: “ya no hay tanta violencia, peleas ni muerte, hay que reconocerlo, pero nosotros sentimos miedo”.61 Es así, como la guerrilla ha terminado por implantar su autoridad pues no se obtiene una adecuada administración estatal que mantenga un orden claro dentro de los límites de las relaciones sociales y la amenaza de la violencia esta presente, por lo que los habitantes de la zona sienten temor. La debilidad del Estado se manifiesta incluso desde sus propuestas de control y vigilancia del territorio despejado. Una prueba, es el caso de la llamada policía cívica, conformada en principio por 200 hombres reclutados en la comunidad, la cual recibía su salario directamente de la Presidencia de la República, pero que contó también con una influencia de las FARC-EP por encontrarse dentro del laboratorio de paz. Pues para ser miembro de este cuerpo de vigilancia, los aspirantes debían obtener el visto bueno del grupo. Se nota en esta situación que la coacción física que debe existir para el mantenimiento de un orden, del que precisamente dependen las normas y los principios de tal coacción, no es ejecutada por el Estado, desvirtuándose como ente que regula y controla. “El Estado colombiano tiene que compartir el ejercicio de la violencia con grupos sociales particulares; lo privado y lo publico se interpenetran”.62 La ley de las FARC-EP se hace sentir con el temor que genera el empuñamiento de un fusil por parte de los integrantes de una organización armada, con la que se comparte el monopolio de la fuerza en San Vicente del Caguán, sustento del dominio que ejerce una entidad. En este escenario caguanense cabe la afirmación de Daniel Pecaut. Los pobladores vieron transcurrir, en la fecha del 7 de noviembre del 1998, las primeras horas del despeje de un territorio colombiano, vieron también como los funcionarios de la administración municipal (alcalde, personero, presidente del consejo, jefe de planeación y secretario de gobierno, entre otros), han acudido a la cita de las FARC-EP para organizar la forma como laborarán durante el despeje. Esta situación de reconocimiento de dos poderes paralelos (Estado colombiano, FARC-EP) es testimoniada por el alcalde de San Vicente del Caguán, Omar García, quien manifestó que cumplirá sus funciones constitucionales al pie de la letra; pero a la vez reconoció que esto se hará con la coordinación de las FARC-EP63. Esta invocación al imperio de la ley, por parte del alcalde de San Vicente del Caguán, una vez iniciado el despeje, contrasta de manera marcada con el severo régimen que

60 Ibid, 3. 61 El Tiempo, 5 de febrero de 1999. 62 PECAUT, Daniel, Orden y violencia: SIGLO XXI, Bogotá, Pp., 11. 63 El Tiempo, 2 de diciembre de 1998.

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impuso e impone el grupo guerrillero en la región. Esta situación, afecta al poder del Estado, viéndose obligado a compartirlo y a declinar en su pretensión de autoridad única legal del territorio. Un suceso en el que existieron diferencias entre el gobierno y el grupo insurgente durante la administración anterior, (en el cual el último tomó una posición más fuerte y logró su objetivo) fue el de la presencia de los 130 soldados del Batallón Cazadores en el territorio de distensión, que acabaron por ser retirados. En el discurso del Alto Comisionado para la Paz, Víctor Ricardo, el 7 de noviembre de 1998 durante la creación de la Zona de Distensión, el funcionario dijo que: “Vamos a construir un escenario donde no haya confrontación armada; se desplaza la fuerza pero queda la autoridad del Estado.”64 Demostrando que para el orden que buscan los guerrilleros, la presencia de los militares en la zona no era conveniente, razón por la que enfrentaron al Estado y lograron un ambiente adecuado para ejercer su voluntad sobre el tema. La dominación se sustenta en un aparato bélico que ejerza amenaza y presión en las personas y el territorio en donde se ubica. Desalojar al batallón que representa a la fuerza represiva del Estado, abre un claro espacio per se para que un grupo subnacional pretenda el manejo del orden y ser el mediador de conflictos, utilizando medios violentos de ser necesario. En este sentido, el retiro de la fuerza pública por un mandato gubernamental acusa la debilidad del Estado colombiano, así como la de su rama ejecutiva, al no tener el monopolio de la violencia y además por cederlo abiertamente. De manera similar, una vez iniciado el despeje, el tema de la verificación Internacional se dilató, además del que se refiere al canje, el diálogo bajo fuego, el terrorismo, la extorsión, el narcotráfico y el secuestro; sin que la guerrilla hubiera dado muestras de haber querido modificar su posición frente a estos temas al ser parte de un proceso de paz. La pugna por obtener obediencia a un dominio se manifiesta en la zona de San Vicente del Caguán, en donde se adelantaron acercamientos entre las partes con el fin de llegar a un acuerdo en el que el orden que se quiera establecer abarque los intereses mutuos, para evitar que por ir tras la dominación se continúe la guerra. Como lo dice Alejo Vargas: “Podemos afirmar que en el trasfondo del conflicto armado colombiano hay un conflicto social y político, que se configura como una competencia de poder entre el Estado y las organizaciones insurgentes, es decir, que en el fondo de esta problemática, está planteado un conflicto de poder, que se asimila a una disputa en el ámbito militar y territorial de las representaciones políticas y de las demandas sociales”65. Desde la perspectiva del gobierno pasado, la Zona de Despeje, tenía como finalidad ser un laboratorio de paz. Sin embargo, la realidad y el tiempo demostraron otra cosa, pues por ejemplo, una vez concertados los puntos (conjuntamente gobierno y FARC-EP) de la agenda de paz el 12 de enero de 1999, (que se respaldan en el uso de la violencia), las amenazas de Jorge Briceño, mejor conocido como el Mono Jojoy

64 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, Hechos de Paz III, agosto 7 de 1998 a enero 21 de 1999, Pp., 80. 65 VARGAS, Alejo, Reforma política y Paz: FORO NACIONAL POR COLOMBIA, Pp., 122.

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demuestran dominio (hechas al día siguiente), de retener algunos personajes políticos, como una medida para presionar el canje de éstos por guerrilleros presos.66 La falta de posición del gobierno frente a afirmaciones del Mono Jojoy como: ”A nosotros nos importa un carajo la constitución y las leyes porque estamos fuera de ellas”67; refleja la impotencia del Estado, que pareció querer cerrar los ojos frente a la actitud esquiva, ambivalente y guerrerista que manejó las FARC-EP en discurso y practica, y que desconoce cualquier orden establecido por el Estado. La actitud de las FARC-EP se observa inmutable o más recia al desalojar a los funcionarios públicos de la región y al exigir el despeje del departamento del Caquetá (y el del vecino Putumayo) para volver a pensar en una negociación. Otro ejemplo de la inexistencia del monopolio del dominio durante el proceso es la declaración del presidente Pastrana durante el acto de instalación del Consejo Nacional de Paz que se realizó en la Casa de Nariño el 24 de marzo de 1999. Permite reconocer la indefensión que enfrentaba (y de alguna manera enfrenta) el gobierno con un cogobierno de las FARC-EP que resquebraja la unidad del Estado. Según el presidente Pastrana “cualquier acción que hayan desarrollado o desarrollen las FARC-EP con la pretensión de reemplazar la acción de las autoridades legitimas del Estado, es un incumplimiento de los compromisos que adquirieron con el gobierno nacional”68. La afirmación deja entrever la situación de falta de poder, a través de la posición obtusa gubernamental, que respecto a unos hechos incuestionables e imposibles de justificar formalmente, decidió ocultarlos bajo el velo del incumplimiento de unos compromisos, que en la realidad fueron violados y pisoteados por la guerrilla. Al respecto Alfredo Rangel, en una columna de El Tiempo afirmaba: “La manera como el gobierno se inclinó ante los requerimientos de las FARC-EP, sin lograr imponer ni una sola condición para darle claridad al proceso, es muestra evidente de la debilidad del Estado y de la posición de ventaja que mantiene y explota la insurgencia desde antes de comenzar los diálogos”69. Desde el 20 de febrero de 2002, las FARC-EP no se aislaron de la región que tenían bajo su dominio durante tanto tiempo, sino que pretenden obtenerlo por la vía militar, amenazando y desalojando como lo hacían a las personas que puedan intervenir con sus propósitos. “A partir de la ruptura de los diálogos de negociación, las FARC decidieron profundizar la guerra contra la sociedad colombiana reafirmando su presencia con acciones armadas en lugares donde históricamente han venido actuando.”70 66 El Tiempo, 13 de enero de 1999. 67 Ibid. 68 El Tiempo, 25 de marzo de 1999. 69 El Tiempo, 14 de febrero de 1999. 70 El Tiempo, 29 de junio de 2002.

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4.1.2 Falta de Legitimidad Otro concepto a tener en cuenta dentro del análisis sobre la debilidad estatal colombiana, es el de la falta de legitimidad. El Estado en la zona de San Vicente del Caguán no presenta sólidamente el elemento de legitimidad, ya que en esa región no se ve un Estado que cumpla con las demandas que se le hacen por parte de su población, por lo que sus habitantes al verse abandonados a la suerte de un grupo subordinado, que ejerce por medio del terror un dominio, no tienen una aceptación voluntaria del orden que debería ser establecido por el Estado. Siguiendo a Holsti, podemos observar como en la zona de San Vicente del Caguán no se identifica una legitimidad estatal por parte de la población, ya que esos núcleos sociales no tienen un alto nivel de cohesión, aceptación y tolerancia entre diferentes grupos dentro de la comunidad política,71 manifestándose en conflictos intrasociales que generan un enfrentamiento violento y discriminador y excluyente. Durante el proceso de paz se evidencia que dos partes tienen diferencias y buscan una solución a la disputa de poder, acusando la inexistencia de un alto nivel de cohesión. Rotos los diálogos, queda claro que la aceptación y tolerancia entre diferentes grupos, no tiene cabida dentro de la comunidad política que debería ofrecer el Estado y lograr incluir a toda población abiertamente. El autor también descansa la idea de legitimidad sobre la identificación y aceptación de la sociedad civil en torno al desempeño y la ideología. El desempeño del Estado ha sido revaluado por los pobladores de la zona, al demostrar incoformidad, el párroco de esta población, manifiesta desconcierto respecto a la obediencia que debe tenerle al régimen democrático que existe en Colombia. “De cierta manera el gobierno nos regaló ante las FARC-EP, es como si nos hubiera quitado un papá que era el mismo gobierno, pero no nos lo hubieran cambiado por otro, porque la guerrilla tampoco ha llegado oficialmente a ejercer el control”.72 Otro testimonio que presenta esta situación es la de un campesino de la zona: “A uno lo mandan de oficina en oficina y es que entre ellos mismos no están de acuerdo. Cada rato cambian de parecer. Con los fracasos que hemos tenido aprendimos a conocer mucha cosa, conocer los engaños. Es que no hay políticas que favorezcan al campesinado. Parece que estuviéramos pidiendo una limosna, cuando es una obligación del Estado. Al gobierno no le interesa que el campesino progrese. Vinieron los de las Naciones Unidas, ahora vienen los del PLANTE, que la Red de Solidaridad, pero todos tienen los mismos vicios y aquí no llega nada, o si llega, ya se han robado la mitad y nos dejan las migajas. Además, nunca nos preguntan cómo deben ser las cosas y cuando opinamos, ellos ya tienen las decisiones tomadas, entonces ¿para qué creerles?”73 71 HOLSTI, K, International Theory and War in the Third World: Editorial Brian Job, Lynne Rienner, 1992. En MASON, Ann, Colombia Internacional. No 49-59 La “crisis” colombiana: causas y repercusiones externas e internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 88. 72 Espectador, 23 de noviembre de 1998. 73 FERRO, Juan Guillermo, URIBE, Graciela, OSORIO, Flor Edilma, CASTILLO, Olga Lucía, Jóvenes, Coca y Amapola: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1999, Pp., 123.

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Aunque en Colombia existe un régimen democrático al que nos hemos sometido la mayoría de sus habitantes y dentro del cual algún sector reconoce con aceptación la dominación por parte de sus cuadros administrativos, hay lugares como en la zona de San Vicente del Caguán en los que la credibilidad y reciprocidad son bastante cuestionables. No se pretende mostrar que el movimiento guerrillero sea legítimo, sino que los habitantes que se encuentran en el lugar en que estos hacen presencia, no reconocen como válido el orden impuesto por el gobierno, pues su situación es de malestar. Como se había mencionado anteriormente, la legitimidad hace parte fundamental de la consolidación de un Estado, en el sentido de que permite la dominación con el aval de aquellos que obedecen y se subsumen a tal dominación. En palabras de Holsti: “Las órdenes se obedecen no sólo por miedo o interés propio, sino por que se cree que en cierto sentido tienen autoridad moral74 4.1.3 Ausencia de Soberanía Colombia se presenta como un escenario de disputa entre fuerzas, que proyecta una nebulosa imagen en cuanto a las reglas de juego a seguir y en cuanto a la autonomía de quien las constituye. Escenario dentro del cual, se ha observado que el Estado ha perdido autonomía frente a los grupos parainstitucionales que lo enfrentan en ciertas regiones. Dentro de ese conjunto de grupos se encuentran las FARC-EP como el más poderoso y por ende el de mayor importancia, que en el territorio sujeto de este estudio, se disputa puntos fundamentales del Estado como lo es la soberanía, por el espacio abierto que deja por su falta de presencia. A continuación se mostrará a partir de varios autores, de testimonios y hechos, que en la zona de San Vicente del Caguán hay ausencia de soberanía. Respecto a la participación e importancia de los actores en el departamento del Caquetá, en el libro “Jóvenes, Coca y Amapola”, se tienen como el de mayor número a los colonos campesinos y a los raspachines, además de las comunidades indígenas como las korebaju, inganos, huitotos y paeces, pero como los de mayor incidencia se reconoce a las FARC-EP, mientras que el Estado es nombrado con una serie de otras entidades más al margen de las relaciones: “La guerrilla, presente en el Caquetá a través de los frentes 49, 3 ,13 ,32 ,14, 15, de las FARC. Sin duda representan una presencia significativa, tanto por el número de combatientes como por el control que ejercen prácticamente en todo el departamento. Los agentes institucionales, son representantes de organizaciones y gremios, que directa o indirectamente son beneficiarios, afectados o llamados a cumplir un papel de acompañamiento, apoyo, intermediación o fuerza. Además intervienen en este escenario la Iglesia, el Estado,

74 HOLSTI, K, International Theory and War in the Third World: Editorial Brian Job, Lynne Rienner, 1992. En MASON, Ann, Colombia Internacional. No 49-59 La “crisis” colombiana: causas y repercusiones externas e internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 88.

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las Fuerzas Armadas, las corporaciones financieras, los gremios, las organizaciones sindicales y campesinas, entre otros.”75 La soberanía de un Estado debe estar por encima de cualquier interés particular y entenderse como un sentimiento supranacional, condición que no se ve en la Zona de San Vicente del Caguán, en la que como en otras regiones del país las personas no actúan conjuntamente por intereses comunes, sino por sus propios, a diferencia de las acciones tomadas por la sociedad en diferentes países. “(...) el enorme fraccionamiento que caracteriza a la sociedad civil colombiana y que le impide actuar en bloque, como sí sucede por ejemplo en el caso de la sociedad española con su repudio frente a la ETA.”76 Acción que fortalece la unión y la soberanía. San Vicente del Caguán es un municipio ubicado dentro de las regiones mencionadas, en donde las FARC-EP quizá se ha manifestado y se manifiesta como el actor dominador. Claramente durante los más de tres años que duró la Zona de Distensión se evidenció esa situación. A partir de la creación del laboratorio de paz, se generó un lugar en el cual y desde el cual se cuestionó más claramente la soberanía que debe tener un Estado. Además por las características de un acercamiento de paz, las partes deben tener cierta autonomía, más aun dentro de un proceso tan generoso como el pasado por parte del gobierno. “La pérdida de derechos soberanos por parte del Estado en 1997 sobre una zona desmilitarizada del tamaño de Nueva Jersey, como una supuesta concesión para futuras negociaciones de paz con las FARC, fue de hecho un reconocimiento de la jurisdicción de facto de la organización guerrillera.”77 Esta situación permite observar que en el municipio las FARC-EP actuaban claramente en detrimento de la soberanía del Estado colombiano. Lo anterior se puede afirmar a partir del hecho del secuestro del avión por parte de un miembro de las FARC-EP, el 9 de septiembre de 2000. Un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, secuestró el 8 de septiembre de 2000, un avión de la empresa privada Aires y lo desvío hacia San Vicente del Caguán. El Director operativo de la Policía, General Tobías Durán, declaró que el aparato HK3951X que cubría el vuelo 8093 Bogotá–Neiva–Florencia, con 22 pasajeros y dos tripulantes a bordo, fue obligado a desviarse hacia el área neutral por el guerrillero que viajaba escoltado a cumplir una diligencia judicial en la capital del Caquetá, y que finalmente se quedó en San Vicente del Caguán. Por su parte, el entonces director de la Policía Nacional, General Luis Ernesto Gillibert, identificó al secuestrador como Arnubio Ramos Herbuz, integrante del bloque Sur de las FARC-EP, quien fue detenido el 17 de abril de 1998 bajo la sindicación de la muerte de dos patrulleros. Según el alto oficial, Ramos Herbuz, quien estaba detenido en la Picota en Bogotá, consumó su acción cuando la aeronave despegó de Neiva, encañonando al piloto con una pistola y eludiendo la acción de sus tres guardias del INPEC. Este suceso 75 FERRO, Juan Guillermo, URIBE, Graciela, OSORIO, Flor Edilma, CASTILLO, Olga Lucía, Jóvenes, Coca y Amapola: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1999, Pp., 73. 76 Ibid, Pp., 125. 77 MASON, Ann, Colombia Internacional. No 49-59 La “crisis” colombiana: causas y repercusiones externas e internas: CEI, Bogotá, 2001, Pp., 91.

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fractura la soberanía del Estado colombiano, ya que el miembro de las FARC-EP usó como protección el territorio despejado, porque el secretariado general del grupo hizo caso omiso al llamado de las autoridades para que este individuo volviera a ser puesto a ordenes de la justicia colombiana. Se permite interpretar este hecho como la incapacidad del Estado de tomar decisiones dentro de San Vicente del Caguán durante el despeje, de una manera autónoma. De igual manera, podría verse como un mensaje de las FARC-EP hacia el gobierno nacional y la comunidad internacional, que en los territorios despejados pueden refugiarse personas perseguidas por la justicia, pues estas podrían ser protegidas por el movimiento guerrillero, por demostrarse dicho grupo como autónomo y autodetrerminante en sus decisiones, a partir del caso mencionado anteriormente. Este argumento puede reforzarse con el hecho de la visita del Presidente de la Bolsa de Nueva York a la Zona de Distensión, sin que ella haya sido una visita oficial a la república de Colombia, pues un personaje tan importante, generalmente pasa por varios eventos diplomáticos y recibimientos del cuerpo administrativo estatal de alto nivel. El funcionario pasó por el protocolo internacional, debido a que tenía que hablar temas pertinentes de sus funciones, con los representantes de las FARC-EP, que en otro escenario, debía tratarse con organismos legales que manejan algún sector económico político o social de gran importancia. Actualmente los empleados públicos “(...alcaldes, concejales, diputados, congresistas y demás funcionarios a quienes las FARC han conminado bajo amenaza de muerte a renunciar a sus cargos y abandonar sus respectivos municipios)”,78 que representan al Estado tampoco pueden actuar autónomamente pues ni siquiera pueden ejercer sus funciones. Sin la autonomía de sus representantes, es decir, sus cuadros administrativos, el Estado no puede ser soberano. La soberanía de un Estado debe ser reconocida y respetada por otros Estados, pero esta condición fue cuestionada en los territorios despejados. Incluso Peter Romero, principal encargado para América latina del Departamento de Estado de EE.UU., confirmó a Andrés Oppenheiner, en una visita a Miami el 10 de diciembre de 1998, que “los fondos norteamericanos para el proceso de paz no serían dados sin condiciones. No podemos ayudar a la creación de una farclandia del tamaño de Suiza dentro de Colombia”;79 señalaba Romero en su entrevista. La afirmación de Peter Romero, refleja un grave reconocimiento, que no es otro que la debilidad del Estado por medio de la imagen internacional que reflejó y refleja en el territorio despejado, pues es concebido como semiautonomo bajo el mando de las FARC-EP (en palabras de Peter Romero, una Farclandia), desvirtuando el concepto de soberanía. Otro suceso que permite demostrar la imagen que muy posiblemente se tiene internacionalmente de lo que era la Zona de Distensión, es el que muestra la evaluación que la organización estadounidense Heritage Foundation, entregó al Congreso de este país a finales de marzo de 1999: “La propuesta de Pastrana es una

78 El Tiempo, 29 de junio de 2002. 79 Espectador, 10 de diciembre de 1998.

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bandera blanca más, que marca la rendición del gobierno. En vez de unir a Colombia como una sola nación, el plan muy probablemente terminará por balcanizarlo”.80 Estos cuestionamientos que en el ámbito nacional e internacional apuntan a la fragilidad de la soberanía que debilita al Estado, permiten reconocer el problema de un Estado débil en Colombia y de la zona de San Vicente del Caguán como ejemplo de ello. Para los caguanenses también es claro el sentimiento de pérdida de soberanía. Según el párroco de San Vicente del Caguán Miguel Angel Serna Zapata, “Si el proceso de paz con las FARC-EP llega a fracasar, se pierde la soberanía sobre esta región. Y así hasta para ir a Puerto Rico, el pueblo vecino, que queda a solo 57 kilómetros de aquí, sería necesario conseguir pasaporte y sacar visa” 81. El desconcierto del párroco del Caguán testimonia el también creciente desconcierto de la población frente a la pérdida de soberanía que se reflejó en la Zona de Despeje. Los subversivos pidieron abiertamente como condición para sentarse nuevamente a negociar la paz con el gobierno de Uribe Vélez el despeje del departamento del Meta y el del Caquetá (en el que se encuentra el Caguán), mostrándose en capacidad de reclamar una gran porción de Colombia en la que impongan sus reglas de juego por medio de su autodeterminación y en la que interactúen internacionalmente de manera individual. 4.1.4 Desarticulación de la Función de cohesión social y del territorio Va a analizarse uno de los elementos que hacen parte fundamental de la debilitación del Estado y es la fallida función de cohesión social y del territorio, en el que el objetivo es identificar y reunir los intereses comunes de una población dentro de la institucionalidad, para que esta se sienta parte de una gran comunidad que la representa, la defiende y le genera oportunidades para desarrollar su potencial dentro de un espacio físico delimitado. Esta inversión en el desarrollo de las regiones en el país no se percibe en su totalidad y menos aun en los lugares rurales fronterizos, como no se percibe en la zona de San Vicente del Caguán, que para efectos de medición se ubica dentro de la región de la orinoquía (que tiene una población reducida con respecto al resto de Colombia de acuerdo a su extensión). A continuación se presentarán algunos indicadores de la zona para evidenciar su marginalización a partir de los bajos niveles que muestra respecto del resto del país y de Bogotá D.C.

Colombia, porcentaje de personas que asisten a la escuela, colegio o universidad por grupos de edad y nivel educativo, según regiones del país y área (cabecera y resto)

Personas de 16 a 18 años y de 19 a 25 años 1997

80 El Tiempo, 22 de abril de 1999. 81 Espectador, 23 de noviembre de 1998.

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Regiones y área

Personas de 16 a 18 años Personas de 19 a 25 años

% Secundaria Universidad % Secundaria Universidad Post-grado

Total Nacional

56 49.18 6.86 24 7.98 16 0.2

Total cabecera

64 55.35 8.95 29 8.37 20 0.27

Total resto 33 31.97 1.03 8.9 6.79 2.07 0 Bogotá Total cabecera

66 54.37 11.6 37 3.09 33.1 0.51

Orinoquía - Amazonía

Total cabecera

53 52.87 0 23 14.78 * 8 0

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE

* Este porcentaje supera al de los niveles de Colombia y a los de Bogotá casi por el doble, debido a la edad en la que desarrollan el estudio de la secundaria, en lugares de mayor acceso al estudio y facilidades, a esa edad ya han asistido a la secundaria.

Colombia, hogares en la cabecera por tenencia de la vivienda, según regiones y condición de pobreza

1997 Regiones y

condición de pobreza

total Distribución porcentual según tenencia de la vivienda

Propia En arriendo o subarriendo

En usufructo Otro tipo de tenencia

Total Nacional

7.086.723 55.27 35.9 8.09 0.74

Bogotá - Soacha

1.567.298 50.51 43.54 5.87 0.08

Orinoquía - Amazonía

115.014 52.1 37.33 9.95 0.61

No pobres Total Nacional

6.179.049 55.87 36.09 7.45 0.59

Bogotá - Soacha

1.405.020 52.4 42.72 4.79 0.09

Orinoquía - Amazonía

94.297 52.92 38.22 8.57 0.29

Pobres Total Nacional

907.674 51.17 34.59 12.46 1.79

Bogotá - Soacha

162.278 34.12 50.72 15.16 0

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Orinoquía - Amazonía

20.717 48.38 33.31 16.25 2.07

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE Aunque la vivienda propia en espacios menos poblados debería ser más accesible por los costos y la demanda que hay, en la región que nos respecta no se evidencia esa situación, aunque si es mayor que en Bogotá.

Colombia, población por condición de afiliación a la seguridad social en salud, según regiones del país y áreas 1997

Regiones y áreas

Total personas

Total población

Afiliada No afiliada Régimen subsidiado Régimen

contributivo Personas %

Personas % Personas % Total Nacional

39.842.424 7.766.144 19.5 15.018.074 37.7 17.058.206 42.8

Total cabecera

28.729.239 3.731.564 12.99 13.775.344 47.95

11.222.331 39.06

Total resto 11.113.185 4.034.580 36.3 1.242.730 11.18

5.835.875 52.51

Bogotá – Soacha Total cabecera

6.324.256 410.679 6.49 3.726.133 58.92

2.187.444 34.59

Orinoquía – Amazonía

Total cabecera

444.495 139.869 31.5 170.343 38.3 134.283 30.2

Total 85.949 14.607 17 52.922 61.6 18.420 21.4 Fuente: Encuesta Nacional de Calidad De Vida-DANE

Se observa que el régimen subsidiado en la región es similar al de los sectores rurales nacionales, y muy por encima del total nacional, casi el doble, denotando niveles de pobreza que se manifiestan como consecuencia de la falta de desarrollo. De acuerdo a un Archivo de Macroeconomía del DNP titulado “¿Se cumplen las verdades nacionales a nivel regional?”, un medidor de la economía que permite comparaciones a nivel nacional es el Producto Interno Bruto Regional (PIBR), en el cual participa Bogotá con el 22.6% del PIB del país, Valle del Cauca aporta 11.2%, las regiones de Antioquia 14.4%, (las anteriores tienen su economía basada en sectores primarios y secundarios); Caribe 15.9%, la zona central 10.2%, cuya estructura es similar a la nacional. Las regiones que se basan en estructuras agropecuarias son a la vez las que menos aportan, la oriental con 17.6%, el pacífico 4.2% y la que menos aporta al PIB y que cuenta con el PIBR más bajo es la de la orinoquía-amazonía con el 3.8%.82 82 CORDI GALAT, Nelly Angela, Archivo de Macroeconomía ¿Se cumplen las verdades nacionales a nivel regional?: República de Colombia-DNP-Dirección de Estudios Económicos.

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La anterior serie de estadísticas y datos muestran de manera muy general y por medio de algunos indicadores, que la región no es una desarrollada a la que el Estado le haya destinado serios proyectos que le permitan integrar territorio y población a través de un modelo económico y político que lo incluya plenamente. Esos proyectos históricos requerirían de un estudio profundo y extenso que excede los propósitos de la monografía. En este estudio se trató el tema de la reforma agraria anteriormente, ilustrando su importancia en el componente social y de conflicto en el país, concluyendo que no se ha realizado (que afectan directamente a la zona estudiada debido a que su economía es primaria y depende del agro). Ese es por ejemplo uno de los proyectos revolucionarios que involucrarían en escenarios políticos y económicos a los sectores hoy fragmentados, y que no se ha implantado por parte del Estado y que mantiene los niveles de calidad de vida sobre todo en el campo, bajos. En un Estado débil no se identifica claramente el propósito de reunir a la población de un territorio dentro de un proyecto sólido que integre y solucione las demandas de los ciudadanos, además de regular sus relaciones, por parte del Estado, que es la entidad desde la cual se debe desprender el desarrollo de ese proyecto y debe lograr consolidar como una función coordinada y permanente. “Ni el Estado en su totalidad, ni los partidos que los sustentan, ni mucho menos la guerrilla en su conjunto, representa la inmensa gama de intereses y conflictos que se mueven hoy en la sociedad colombiana. Peor aun: los interlocutores directos en ambos procesos de dialogo –el gobierno como representante del Estado, y un sector de la guerrilla en representación del movimiento armado- tampoco llevan la vocería de cada uno de los actores en conflicto. Los actores son heterogéneos, están dispersos, fragmentados.”83 Si un grupo marginado de la ley suplanta tal función, la sociedad queda desarticulada en un territorio fragmentado. El cuerpo social colombiano se haya dividido y confundido frente a un Estado que de ninguna manera connota colectividad simbólica en la zona de San Vicente del Caguán. Esta situación es identificada en un escenario nacional por Ana María Bejarano en su texto “Crisis Política, Conflicto Armado y Proceso de Paz” al argüir: “Pero a largo plazo, exige la realización de transformaciones en lo económico lo político y lo social, que logre recomponer las tan deterioradas relaciones entre Estado y sociedad civil colombianas.”84 Para Fernán González, al tener un contexto en el cual aparecen nuevos actores sociales aparece también una crisis de representación, una desinstitucionalización del conflicto y una informalización de las relaciones sociales.85 La aparición de nuevos actores no debería significar marginalización social si existe un escenario con reglas claras que facilite la integración de nuevas expresiones culturales o políticas que pretendan jugar un rol dentro de la toma de decisiones que sobre la población y su desarrollo se ejerce. No debe descartarse un conflicto constructivo en el que se 83 BEJARANO, Ana María, Crisis Política, Conflicto Armado y Proceso de Paz: Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, Pp., 25. 84 Ibid, Pp., 26. 85 GONZÁLEZ, Fernán, ¿Hacia un nuevo colapso parcial del Estado? En Análisis No. 50, Revista Cinep, Bogotá.

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aportan ideas desde diferentes ópticas, el problema surge al no permitir un diálogo amplio y generoso, que trae como consecuencia el acallamiento de diferentes voces las cuales al ver reprimidas sus iniciativas buscan tomar esa oportunidad por medios violentos parainstitucionales, abriéndose (y viéndose abiertos) de escenarios políticos y económicos legales. Un apoyo respecto a la argumentación sobre la capacidad del Estado para lograr integrar a toda la sociedad por medio de su función de cohesión social y del territorio, se encuentra en algunas de las ideas de Fernán González. En uno de sus escritos aparece un artículo en el que hace énfasis en el proceso histórico acumulativo y conflictivo de formación del Estado colombiano, “(...) el cual no ha logrado constituirse de manera plena como entidad relativamente neutral por encima de los conflictos entre las diferentes instancias regionales y locales de poder real, lo mismo que entre los diferentes grupos de interés”.86 Puede pensarse a partir de la argumentación de González, que tanto colonos por un lado como terratenientes y empresarios territoriales (dotados de influencias políticas y de medios económicos) por el otro, se manifiestan como instancias que detentan poder real y que han tenido tensiones y conflictos, incapaces de ser resueltos por el Estado. Dentro de los grupos de interés se permite identificar a las FARC-EP, quienes se muestran como un grupo que luchan por ese poder real, en detrimento de la solidez estatal que se requiere para que se permita la regulación de las relaciones entre los ciudadanos en las regiones, por encima de los conflictos de interés que puedan presentarse, dentro de los cuales hace parte fundamental el del tema agrario. La zona del Caguán cuenta con la presencia de los actores nombrados, así como también como con los problemas que su choque de intereses ha acarreado. Los problemas agrarios que muestra la historia en Colombia, han alcanzado una dimensión política y, al mismo tiempo, han demostrado cómo las instituciones estatales se evidencian inadecuadas para dar una solución duradera a este tipo de conflictos. “Por un lado, el sistema judicial, que debía revisar títulos y resolver controversias, resultó ser demasiado lento y engorroso. Tampoco dieron resultados las parcelaciones de predios que el Estado debía comprar en vez de recuperar como baldíos. Las soluciones legislativas, impulsadas por efímeros movimientos políticos que fueron asimilados por los partidos tradicionales, se convirtieron en fórmulas de compromiso favorables a los terratenientes. Así, la ley no hizo otra cosa que refrendar derechos discutidos y crear un certidumbre sobre “el sistema de tenencia de tierra basado en las grandes propiedades”.87 A partir de una reforma agraria que se logre realizar, se puede adelantar en este tema de la función estatal de la cohesión social y del territorio, ya que el capital humano, y los recursos rurales se aprovecharían más eficientemente y el ambiente actual para que surja el conflicto y la fragmentación social se disiparía.

86 Ibid. 87 Citado de COLMENARES, Germán en –www.monografias.com- respecto a comentarios de: LEGRAND, Catherine, Colonización y protesta campesina en Colombia, Universidad Nacional, Bogotá, 1988.

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Realizar una real reforma agraria, así como una de inclusión de grupos sociales marginados de la arena política y económica a los proyectos estatales, introduciría un cambio general en Colombia, pero mientras las condiciones no sean distintas, muchos territorios del país seguirán excluidos en estos campos, y la función estatal referida continuará desarticulada. Esa situación se evidencia en la región que rodea a San Vicente del Caguán, caracterizada por ser terrenos de colonia campesina (como se muestra en la historia del de la zona del municipio en esta monografía) que lejos de traer oportunidades claras para esas comunidades, ha permitido que grupos subnacionales regulen sus relaciones por medio de instituciones propias, quedando a menester del fraccionamiento tanto social como territorial. El hecho de permitir el despeje de un territorio a un grupo al margen de la ley que desafía al Estado, denota que evidentemente no exista tal integración. La exhortación al orden es el producto de la frustración de una representación simbólica o imaginaria, por parte de la sociedad de un Estado, dentro del cual se deberían ver representados. 88 Desde sus inicios y como una regularidad que va a permanecer a lo largo de toda la historia política colombiana, aparecerá y permanecerá el Estado como uno débil, en su función de cohesión social y del territorio. Este elemento influye en que al Estado se le enfrenten grupos, pues no se ven representados sus intereses dentro de él, ya que la cohesión social no se ha traducido en inclusión económica ni en representación política. Por ejemplo, en el caso de las FARC-EP, éstas han llegado a tener tanto poder que ha acabado por convertirse en un para-estado, entendido como un ente para-institucional que reemplaza ciertas funciones estatales en la zona de San Vicente del Caguán. Frente a la concesión territorial por parte del gobierno durante el fallido proceso de paz del periodo anterior, pareciera que el Estado representado por sus cuadros administrativos hubiera reconocido a un grupo insurgente como poseedor de intereses colectivos que representan de pronto a un sector marginado de la población, y por esa situación, les reconoció status político. Es decir, reconoce en las FARC-EP a un sector de la sociedad que no ha sido capaz de integrar dentro de un proyecto de Estado-nación, pues sus intereses no son comunes con los propuestos dentro del Estado. 4.2 INCAPACIDAD DE CUMPLIR FUNCIONES DE LAS RAMAS DEL ESTADO Las funciones estatales que debe realizar un Estado, se pueden identificar en éstas tres ramas, por lo que en los párrafos siguientes va a mostrarse cómo en la zona de San Vicente del Caguán, no son llevadas a cabo a plenitud por el Estado colombiano y son reemplazadas por las FARC-EP.

88 PECAUT, Daniel, Orden y violencia: SIGLO XXI, Bogotá, Pp., 13.

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La guerrilla ha terminado por imponer su tutela sobre San Vicente del Caguán, dejando de lado las instituciones estatales que por mandato constitucional tienen la obligación de desempeñar ciertas funciones ceñidas al ordenamiento de la ley. Las autoridades guerrilleras acaban imponiendo su orden, convirtiéndose en los administradores de justicia, legisladores de la ley y ejecutores de sus políticas; en una región abandonada por el Estado ubicada en medio de un cuestionable laboratorio de paz. Por esta vía se llega al reconocimiento de la debilidad de las instituciones estatales que ya no cumplen a cabalidad sus funciones. Pues el desarrollo de las tareas que deben desempeñar los cuadros administrativos en el Estado, forma parte de los elementos que componen a un Estado. En San Vicente del Caguán, se percibe la disfuncionalidad estatal y su incapacidad para ejercer la autoridad: un simple problema, producto del negocio informal de un arreglo de un carro que resultó dañado por un choque, es mediado y solucionado por el comandante Jairo, encargado de la seguridad. Esta situación, como lo atestigua un periodista de El Tiempo, contrasta con una defensoría del pueblo (el Defensor del Pueblo de San Vicente del Caguán, fue presionado por el secretariado de las FARC-EP para que se saliera), que si bien tiene sus puertas abiertas de par en par, ya no cumple sus funciones legales, porque no tiene tanta incidencia en la resolución de conflictos cotidianos, como sí la puede tener el personaje que porta un fusil, lleva prendas privativas de uso militar, y se asume como la autoridad del pueblo. La ley de facto del grupo insurgente, se ha hecho sentir en todo el territorio caguanense, cambiando la dinámica del funcionamiento de las instituciones estatales e implantando la nueva forma de imponer su mandato. Según el testimonio recogido por Juan José Ramírez Tolosa, enviado especial para El Tiempo en la Zona de Distensión: Una noche normal, a eso de las 12:30 PM, la guerrilla tocó a la puerta de un sinnúmero de residencias, hoteles, bares y discotecas de San Vicente del Caguán, con el fin de realizar una requisa. Al día siguiente 10 borrachos que fueron detenidos, la mayoría de ellos por no portar documentos, fueron encontrados antes de ser puestos en libertad, barriendo las calles del pueblo y del parque principal.89 En el trasfondo de este allanamiento, se encuentra el potente control que la guerrilla ejerce en esta localidad, donde ha acabado por convertirse en policía, juez y tribunal de conciliación. En cada uno de estos actos observamos como la guerrilla se impone como un para-estado, que pretende hacerse valer como tal, desempeñando funciones propias estatales, que si bien las desempeña en otros municipios al margen de la ley, en el territorio del Caguán tiene un aval de orden jurídico y político, que se connota a través de una acción para-institucional la debilidad del Estado. Como ya lo había dicho antes, atribuciones de facto tales como la expulsión de funcionarios judiciales, la solicitud al cura párroco para que abandonara la zona, al igual que la retirada de la fiscal, la retención de personas en contra de su voluntad, la instalación de retenes que impiden la movilización durante las noches, las requisas y 89 El Tiempo, 12 de enero de 1999.

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el llamado a los comerciantes para que cierren sus negocios durante los actos públicos convocados por la insurgencia, el cobro de impuestos o vacunas; son parte de la rutina diaria del régimen que ha impuesto las FARC-EP y de su pretensión de constituirse, como un cogobierno que administra y vigila el territorio. 4.2.1 Legislativo Existen varios hechos que permiten pensar que los pobladores de San Vicente del Caguán se ven afectados fuertemente por la presencia guerrillera, incrementada a partir de la creación de la Zona de Despeje. Entre los cuales aparecen las facultades legislativas que se han proclamado los subversivos. Es decir creando normas, y haciendo leyes como la 002 del 2001 que obliga a las personas que posean un patrimonio superior a un millón de dólares, a tributar el 10%; ley que fue difundida abiertamente por medios de comunicación, y que fue promulgada por los mandos del grupo guerrillero desde la región a la que se dedica en estudio, durante la existencia de la Zona de Distensión . Los ganaderos de la región, por ejemplo, se han visto damnificados por algunas leyes paraestatales guerrilleras, como son la prohibición en Mesetas de comercializar ganado hembra y la retención de más de 8.000 reses por parte de las FARC-EP. Prueba de esto es la limpieza del frente de cada casa y negocio, además de la restricción para que las vacas no se paseen por el casco urbano del municipio.90 Creando instituciones que no cobija un reglamento estatal, sino imponiendo normas que emanan de las directivas guerrilleras. En este sentido, se desconoce al parlamento como principal órgano legislador, y éste se reemplaza en el municipio por algún sector del grupo armado. Las FARC-EP, restringen las libertades y derechos de los ciudadanos, pues les prohíben a los campesinos gastar el pago de sus jornales a su gusto. “Nosotros no limitamos el consumo de cerveza pero si establecemos un horario limite para su venta. Fíjese que así evitamos que el campesino malgaste el dinero que ganó con la venta de una vaca”91, explicaba el comandante Hernán en una conversación informal, sostenida con un periodista del Espectador, enviado a San Vicente del Caguán el 10 de noviembre de 1998. Es interesante observar que a los guerrilleros no les afecta declarar el hecho de suprimir y reemplazar funciones que deberían ser monopolio del Estado, pues al estar claramente enfrentados a éste, les es indiferente la condición en que se encuentre consolidado ahí. Es más, para el movimiento subversivo es benéfico que una de las condiciones claves para que exista un Estado fuerte, sea marginada. Este tipo de medidas, son una clara trasgresión a la autoridad del Estado, que ve surgir en su territorio archipiélagos legales, que violan discrecionalmente el imperio

90 El Tiempo, 12 de enero de 1999. 91 Espectador, 10 de noviembre de 1998.

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de la ley y todo tipo de garantías legislativas, abriendo un anacrónico horizonte de institucionalización medieval. A partir de situaciones como las anteriores, observamos el desmoronamiento del imperio de la ley estatal; ya que un grupo insurgente la impone, violando los principios de legalidad sometiendo a los infractores al escarnio público. Es verdaderamente lamentable, que respecto al decreto de las FARC-EP de la llamada Ley 002, que consiste en el cobro de un impuesto del 10% sobre el patrimonio de aquellos que posean más de un millón de dólares, sean los mismos empresarios y gremios los que se rebelen frente a este arbitrario decreto, y que por su parte el Estado se cruce de brazos o se vende los ojos. Pues bajo el velo del proceso de paz, permitió que se legisle paraestatalmente. En una carta redactada el 3 de julio de 2000, el comité de gremios de Santander rechazó las pretensiones de la guerrilla de cobrar la extorsión del 10%, y manifestó “desconocer cualquier asomo de autoridad que las FARC-EP pretendan hacer valer frente a los colombianos o contra los derechos fundamentales de los ciudadanos”92. El comunicado del Comité Gremial de Santander, firmado por el Fondo Ganadero de Santander, ACOPI, ANDI, FENAVI y FENALCO, también le exige al Estado abandonar la “actitud tolerante frente a los hechos delictivos emprendidos por las FARC bajo el manto del proceso de paz y respaldar a las autoridades legalmente constituidas”93. Esta situación es profundamente problemática, al percibir que son los mismos gremios, quienes siendo víctimas de la violencia unidireccional de las FARC-EP contra su patrimonio, se han visto en la necesidad de revelarse frente a los decretos de las FARC-EP; de aquí a la formación de grupos de autodefensa solo hay un paso. 4.2.2 Ejecutivo La función ejecutiva, desvirtúa al igual que las legislativa y judicial, la solidez del Estado en lo que respecta a la falencia en las instituciones que componen fundamentalmente un Estado moderno. A partir de la definición que se dio en el marco conceptual la función administrativa o ejecutiva, es: “... la actividad concreta, práctica desarrollada por el Estado para la inmediata obtención de sus cometidos”.94 El ideal de un Estado es mantener ordenadamente a su población y regular sus relaciones, velando por sus intereses, para lo cual está en la facultad de utilizar la rama ejecutiva como herramienta fundamental para lograr sus objetivos.

92 El Tiempo, 14 de julio de 2000. 93 Ibid. 94 SAYAGUÉS, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo: Editorial Martín Bianchi Altuna, Montevideo, 1953, Pp., 42.

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Sí el órgano administrativo principal del Estado que es el gobierno, busca el bienestar general, los casos presentados a continuación demuestran lo contrario en una región que se encuentra sin sus direcciones, y en cambio se ven manejados por un grupo subnacional, que vela por su bienestar particular, en donde el orden no se logra imponer y no se tiene la coacción social. “El avance de la economía ilícita va de la mano con las manifestaciones de la violencia. Esta economía se encuentra soportada por agentes económicos y políticos que actúan por fuera de la ley, lo que significa un enfrentamiento con las autoridades legales, llámese ejército, policía, justicia ordinaria o autoridad del Estado. Pero también es cierto que la enorme afluencia de dinero y la intempestiva liquidez monetaria son la fuente principal de la violencia común, en la que participa una variada gama de actores no organizados.95 Según el Espectador, desde el día en que el gobierno anunció el despeje de cuatro municipios del Meta y uno en Caquetá, muchas familias de Vista Hermosa, Mesetas, la Macarena, La Uribe y San Vicente del Caguán, optaron por el éxodo, demostrando su inconformidad con la medida y un desconcierto por la decisión del gobierno de abandonarlos a la dirección o mando de los guerrilleros. Según Reynel Cajibioy Gironza, alcalde de San Juan de Arama (territorio que limita con la Zona de Despeje): “El gobierno no manifestó una sola directriz a seguir, sobre todo en materia de seguridad, y los pobladores de las veredas Costa Rica, Peñas Blancas o Monserrate, prefirieron abandonar sus fincas por físico miedo”.96 Por este sendero de miedo se conduce a la población que indefensa y atemorizada se pregunta por la presencia del Estado, manifestada en las políticas que debe dictaminar para que su mandato sea obedecido y logre llevar a cabo los fines que se propone, conservando el monopolio de la violencia legítima a la que se refiere Weber.97 Esta serie de testimonios, van en contravía de lo que debe ser la función administrativa de Estado, que es alcanzar la inmediata obtención de sus cometidos, según la definición citada de Sayagués. El desplazamiento masivo de habitantes de la región, con seguridad es un ejemplo de la incapacidad gubernamental para ejecutar los objetivos que tiene, pues esta situación trae como consecuencia problemas sociales serios como el desempleo y la delincuencia. La diócesis de Villavicencio, en lo corrido del año, ha recibido 1.500 familias y en promedio unas 50 personas acuden diariamente a la Cruz Roja en busca de alimentos o colchonetas, situación que es social y políticamente explosiva, porque como dice el alcalde, Hernando Martínez Aguilera, “el municipio no tiene capacidad para socorrer a los desplazados del despeje, pero siguen llegando, pese a que somos la segunda ciudad del país con mayor desempleo”98. Esta situación de pánico 95 FERRO, Juan Guillermo, URIBE, Graciela, OSORIO, Flor Edilma, CASTILLO, Olga Lucía, Jóvenes, Coca y Amapola: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1999, Pp., 99. 96 Espectador, 3 de noviembre de 1998. 97 WEBER, Max, Política y Ciencia: PLEYADE, Buenos Aires. 98 Espectador, 2 de noviembre de 1998.

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colectivo, lleva a que las poblaciones de los municipios que circundan la Zona de Despeje permanezcan en total incertidumbre, resquebrajándose el supuesto control político que debe ejercer el Estado. La incapacidad del ejecutivo para mejorar el problema, por medio de las políticas tomadas en este tema y con el apoyo de entidades que de él dependen como la Red de Solidaridad Social y otras (que no se desprenden directamente del ejecutivo, pero que si trabajan en conjunto como la OIM de las Naciones Unidas), denota que el problema es muy serio y que está en crecimiento; acusando su ineficiencia para atacar de raíz las causa que generan las movilizaciones de campesinos que viven amenazados por el conflicto. Tampoco logra darle condiciones favorables a estas poblaciones en las ciudades a las que llegan, siendo un claro ejemplo de ello la invasión por parte de una comunidad a la sede de la Cruz Roja en Bogotá, en la Carrera 14 con calle 81, durante más de dos años y medio. Por su parte, la población del territorio despejado desorientada frente a la ausencia estatal, frente al manejo político, frente a la ausencia de canales de participación y de interlocución entre actores y damnificados del conflicto, comunicó a través del comité de paz del municipio, siete días antes de formalizarse los diálogos de paz el 7 de enero de 1999, con un respaldo de 120 firmas, que rechazaba la actitud “excluyente y displicente del gobierno nacional en cabeza de sus delegados Víctor Ricardo y María Inés Restrepo, con respecto al proceso de despeje”99. Excluyendo a la población de San Vicente del Caguán de una directriz importante dentro de la política nacional que es la participación; pues respecto a un proceso de paz que no dio resultado, el gobierno dejó al margen actores fundamentales como lo son los representantes de la población que habitan el municipio en mención (también se excluyen a los de los demás municipios). Se reconoce que las funciones ejecutivas en la región no son efectivas, pues desde la época de la colonización campesina la intervención gubernamental no fue exitosa, así como no lo ha sido su capacidad de abrir espacios para que se desfortalezca el conflicto y sus consecuencias. De acuerdo a su definición, el Estado no logra la inmediata obtención de sus cometidos. 4.2.3 Judicial La debilidad del Estado es atravesada por el incumplimiento de las funciones estatales como lo es la función judicial. “Por otro lado, los datos de las encuestas de victimación muestran cómo las actitudes y respuestas de los ciudadanos están contaminadas tanto por la deficiencia de la justicia penal, como por un ambiente de amenazas e intimidación. La sociedad colombiana se caracteriza no solo por los altos niveles de violencia, sino por el hecho que los ciudadanos no encuentren sus autoridades para buscar soluciones a los incidentes criminales”100.

99 El Tiempo, 1 de enero de 1999. 100 RUBIO, Mauricio, Rebeldes y Criminales: CEDE Universidad de los Andes, Bogotá, 1998, Pp., 26.

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A continuación se mostrarán sucesos que permitan identificar que en la zona de San Vicente del Caguán, las FARC-EP deciden cuestiones jurídicas, remplazando al Estado o compartiendo sus funciones. Favoreciendo su debilidad. Un ejemplo de la administración de la justicia realizada por el grupo se evidencia en el hecho que aparece en El Espectador, el 15 de septiembre de 2000. En el diario se recoge el testimonio de Alberto Salazar, según el cual lo ataron durante diez días a un árbol. Su delito fue haber viajado a la Zona de Despeje en calidad de curioso.101 Un testimonio que sirve como prueba para demostrar que en la Zona de San Vicente del Caguán la función judicial no es eficazmente cumplida por los órganos estatales es el que aparece en el libro “Jóvenes, Coca y Amapola: “Una vez vino un basuquero que venía de otro pueblo del Caquetá y que se puso a robar y solo vicio. Los vecinos se unieron para cogerlo y lo entregaron a la guerrilla. Si lo entregaban a la ley, al rato lo sueltan y después puede haber venganzas con los que lo cogieron.”102 Es tan clara la falencia del servicio judicial que presta el Estado en el territorio nacional que en un estudio del DNP se maneja la siguiente información (tomado de la Revista Colombia Internacional No 49-50 en el texto de Luis Javier Orjuela): “La incapacidad del sistema de administración de justicia colombiana para resolver los conflictos entre los ciudadanos es muy baja. En efecto, en 1994 la tasa de impunidad del 97%, mientras los jueces penales producían solamente 15 sentencias por año. Para dicho año había cerca de dos millones de procesos penales y 1´800.000 procesos civiles pendientes de solución (DNP 1994). Por dicha razón, los conflictos sociales son resueltos al margen de las instituciones públicas, lo cual, a su vez, es la principal causa del surgimiento de expresiones “parainstitucionales” de poder y de resolución de conflictos.” A partir de dichos datos que cobijan a todo el país, es muy cierto pensar que en una región que ha estado marginada de las instituciones legales durante su historia, y que ha contado con el dominio parcial de un grupo subversivo; la prestación del servicio judicial es pobre y hasta remplazada por entidades e instituciones alternas. La poca actividad de esta función estatal que podía existir en la zona de estudio, se vio reducida al ser expulsados del municipio de San Vicente del Caguán la fiscal con otros funcionarios públicos que por lo menos intentaban ejercer algún control y vigilancia en el nombre del débil Estado que se identifica allí. Otro caso que vale la pena ver, es el de la incapacidad del Estado colombiano de ejercer la justicia dentro de la zona, pues frente a casos como el que sigue, su capacidad de actuar es casi que nulo: El ganadero Ismael Díaz Gaitán interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo del Huila en contra del Ministerio de Defensa, a causa de la perdida de 3.282 cabezas de ganado, que entre el 12 y 22 de noviembre de 1998, perdió a

101 El Espectador, 15 de septiembre de 2000. 102 FERRO, Juan Guillermo, URIBE, Graciela, OSORIO, Flor Edilma, CASTILLO, Olga Lucía, Jóvenes, Coca y Amapola: Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 1999, Pp., 246.

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manos del grupo guerrillero dentro de la Zona de Distensión. La demanda apunta a obtener una indemnización por parte del Estado que no logra cumplir con lo dispuesto en las leyes, como lo es la protección de los bienes de sus ciudadanos. En uno de los apartes del oficio, el demandante argumenta que “la entrega sin prevención alguna de zonas territoriales a los subversivos constituye por esencia, un delito de lesa humanidad, porque el Estado no previó las consecuencias, ni aseguró a la población civil a sabiendas de la clase de delincuentes a que se sometía el ente público de la administración”.103 El ganadero pretende en su demanda, que la nación le pague como mínimo 2.240 millones de pesos por los prejuicios materiales, morales actuales y futuros, causados por el robo de su ganado. El abogado del ganadero dice que el Estado omitió el cumplimiento del artículo segundo de la constitución y los numerales 2 y 4 del Derecho Internacional Humanitario. “Con ocasión del despeje de la Zona de Distensión del municipio de San Vicente del Caguán, se violó la Constitución, en el deber del Estado de proteger la vida, honra y bienes de la población civil...”104. En la demanda interpuesta por el ganadero Ismael Díaz, encontramos el desconcierto que ha generado la zona despejada, ya que ante la ausencia de una institución judicial sólida estatal, y la fuerte presencia del grupo armado, las garantías de la sociedad civil se han visto deterioradas hasta el punto de que el derecho de propiedad es violado flagrantemente por los miembros de las FARC-EP sin que se impongan sanciones a los agresores por parte de la rama judicial que se supone debería ejercer sus funciones en todo el territorio colombiano, para que no se catalogue como uno débil. Un hecho permite pensar que frente la imposibilidad de los ciudadanos de verse protegidos por un ente jurídico estatal nacional, ha hecho que algunos de ellos traten de buscar una solución que rebase las fronteras de Colombia para que puedan defenderse y verse cobijados bajo instancias internacionales que hagan dictámenes que sean tomados como verdades. Una entrevista de un corresponsal del diario El Tiempo, el 7 de julio del año 2000, con un empresario que junto con otros 20 fueron liberados de un secuestro colectivo en el Huila en cercanías a los territorios despejados, aparece que los liberados están impulsando la creación de un tribunal internacional, similar a los que se encargaron de juzgar a los criminales de guerra de Kosovo y Ruanda. “La justicia de aquí no sirve, por eso diremos al mundo los nombres de los responsables”105, afirmaba. Un punto profundamente problemático consiste en reconocer que la zona es un espacio por fuera de la ley. Esto ha conducido a que dentro del territorio se cometan delitos y se transgreda la ley, como si aquel territorio pudiera ser asumido como extra territorial a la ley de la República de Colombia, que pareciera imposibilitada para sentenciar acciones delictivas en la zona de San Vicente del Caguán, quizá porque el poder lo detenta un grupo subnacional.

103 El Tiempo, 22 de mayo de 1999. 104 El Tiempo, 22 de mayo de 1999. 105 El Tiempo, 9 de julio de 2000.

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IV. CONCLUSION Una vez presentada la historia de la región y de las FARC-EP, y hecho un examen de los elementos del Estado y de sus funciones, se identifica la debilidad del Estado colombiano en la zona de San Vicente del Caguán, partiendo de la inexistencia del monopolio de la violencia, de la desarticulación de la función de cohesión social y del territorio; de la incapacidad de tener una real soberanía, legitimidad y poder, así como también desde la imposibilidad de cumplir con sus funciones estatales democráticas. Lo crítico de esta situación, es que observamos a una región ajena a la ley, paraíso de la impunidad y el delito, que festeja y celebra la debilidad del Estado. Es a este Estado, precario, inoperante, agotado por la guerra, y con relaciones distorsionadas frente a la sociedad civil, al que vemos hoy día no solo en el territorio al que se dedica el estudio sino a muchos otros lugares de Colombia que atraviesan por la misma situación. Siendo consciente de la debilidad estatal en la zona San Vicente del Caguán, donde se propicia un ambiente que incluye a agrupaciones (especialmente las FARC-EP) con instituciones autónomas, preocupa la situación en la que se encuentran sus habitantes, frente a las condiciones que desde los inicios de su colonización campesina han sido sometidos, hasta el día de hoy. La incapacidad estatal para mantener un orden por medio del monopolio de la violencia legítima, que reclama soberanía y legitimidad, permite observar claramente en la zona de San Vicente del Caguán a una atemorizada sociedad que demanda la presencia de un Estado que los ha abandonado a su suerte durante décadas y que no encontrará una fácil solución al gran conflicto social que significa identificar al Estado colombiano débil allí. Esa región durante el proceso de paz, un supuesto territorio de diálogo, esconde una cruda realidad que es un buen ejemplo de la debilidad de un Estado que ha cedido su espacio, su población, su poder, su legitimidad y su soberanía, a un grupo armado al margen de la ley, por la fallida búsqueda de la paz. Las FARC-EP, por medio de sus acciones, cuestionan el poder estatal y acaban por controlar territorio y población, creando un ambiente propicio para hacer patente una vez más, la debilidad del Estado colombiano, dentro o por fuera de los acercamientos con el gobierno. Esta situación conduce al cuestionamiento de las relaciones de dominación legítima que impone el Estado para lograr un orden legal, ya que sus disposiciones no son acatadas y obedecidas en el territorio caguanense; además de que su aparato administrativo es precario e inoperante en esta región, y como ya se había dicho antes, su existencia es una condición fundamental de la dominación.

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Por otra parte, su crisis de legitimación es crítica hacia un territorio en el que se viola flagrantemente la ley, y que es custodiado, vigilado y administrado por una autoridad armada subversiva que ha terminado por convertirse en una institución paraestatal, que obtiene la obediencia por medio del terror en este olvidado territorio. Gracias a dichas condiciones de abandono estatal, en Colombia existen decenas de municipios bajo la influencia y el poder de grupos subversivos, en donde la ley y el orden se implantan de hecho por medio de mecanismos para institucionales, y esta situación permite caracterizar al Estado colombiano como débil. Un Estado que no logra dominar la población dentro de su territorio, su gobierno central no tiene un poder consolidado, no es capaz de brindar seguridad ni cumplir con sus funciones básicas. El Estado es desafiado por grupos subordinados, la sociedad civil es marginada y queda indefensa en esta región del país, Encajando en la descripción de debilidad estatal de Mason, presentada al principio de esta investigación. DSP

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