Cuando hablo de soberanía popular y participación ciudadana me estoy

refiriendo a dos de los más importantes principios del constitucionalismo

democrático nacidos durante la revolución francesa.

Uno tiende a preguntarse ¿Cómo surgieron tales ideas? ¿En que época

pasaron a ser relevantes? ¿Qué filósofos o intelectuales tocaron el tema?

¿De que forma se manifiestan en nuestra realidad actual? ¿Qué avances

hemos logrado en Latinoamérica respecto de ello? ¿Cuándo no se han

respetado? ¿Qué características se desprenden de ellos? ¿Hacia donde se

encaminan en el futuro? Entre otros. Lo cierto es que es un tema que da para

hablar y que nos incumbe a cada uno de nosotros por el hecho de ser

ciudadanos y que nuestra opinión vale de igual forma que las otras.

La soberanía popular se puede definir como la residencia legal y efectiva del

poder de mando en un conjunto social, ejercida por la universalidad de los

ciudadanos. Este concepto guarda relación con la frase acuñada en la

Constitución francesa de 1793 "la soberanía reside en el pueblo...". Con el

tiempo diversas nacionalidades en sus constituciones fueron adhiriendo a tal

concepto, aunque en nuestro país tal definición no es válida ya que la

Constitución Política de la República de Chile de 1980 sigue la doctrina de la

soberanía nacional, que tiene ciertas diferencias significativas en cuanto a la

ejecución y distribución del poder.

Sobre la participación ciudadana podemos definirla como aquellos casos que

representan una respuesta, individual o colectiva, de la sociedad a una

convocatoria realizada por parte de las autoridades gubernamentales en

aquellos espacios institucionales que éstas designan o crean. Aquí se busca

que cada persona o colectividad sea parte de una toma de decisiones que

puedan afectarle directa o indirectamente. La soberanía popular y la

participación ciudadana deben ir aparejadas de un régimen democrático y

pluralista en el cual cada persona pueda manifestar su voluntad con absoluta

libertad y sin que existan reproches o castigos posteriores sino se está

pasando a llevar o afecte a los derechos esenciales de otros ciudadanos.

La soberanía popular caló hondo en la sociedad francesa durante su

revolución, ya que tal sueño de poder administrar por cuenta propia y sin un

régimen político, social y económico vertical se estaba plasmando y tomando

fuerza con la avanzada de principios y teorías libertarias y contrarias al

absolutismo reinante en Francia por varios siglos. Hubo una serie de filósofos,

científicos y gente erudita que buscaban visualizar y poder llevar a cabo un

nuevo régimen que fuera más cercano a la gente, donde la justicia no

adoleciera de vicios y la paz interior perduraran en el tiempo. Pero fue Jean

Jaques Rousseau el que propuso y dio forma a un concepto nunca antes visto

y algo radical para la época, el cual se trataba de la soberanía popular

propiamente tal.

Rousseau hace una crítica tenaz y desafiante a la concepción que existía

durante aquellos años sobre la soberanía y a quienes le correspondía ejercerla.

En su libro más importante, “El Contrato Social”, deja entrever que por el hecho

de ser ciudadanos libres, con un criterio formado y ser parte de una comunidad

tenemos el derecho de emitir un voto o proponer cosas sin importar cuanto

dinero tengamos o a que ideología simpatizamos. Al ser un opuesto acérrimo al

régimen jerarquizado y absolutista donde el rey hacía y deshacía plantea que

uno no debe por que obedecer a un sujeto que se hace llamar rey y por el solo

hecho de tener mayores riquezas o fuerza para dejarla caer se le debe rendir

pleitesía si no respeta nuestras libertades, ni fue elegido por nosotros de forma

democrática. Por otra parte, todos somos seres humanos y no se puede

establecer diferencias o discriminaciones arbitrarías como es el caso de la

esclavitud o ser condenado por que un rey lo ordena sin razones fundadas. Es

por eso que él plantea la necesidad de unir fuerzas y someterse a una misma

carta que consiste en un pacto social, el cual establece derechos y

obligaciones para todos los ciudadanos y se debe respetar al pie de la letra

todo lo acordado por que es la decisión de la mayoría. Tal acto de asociación

hace que el contratante sea soberano y la vez particular en cuanto al ejercicio

del poder y los derechos que debe respetar y procurar proteger. Cada voto será

considerado en las asambleas para tomar una determinada decisión y el

cuerpo soberano actuará en base a ello y buscando dejar a la mayoría

ganadora conforme ya que al existir tal dualidad lo último que se quiere es

causarle un perjuicio a los ciudadanos por el hecho que conforman un todo y se

le permitió emitir su voto validamente. De forma categórica Rousseau nos dice

que la soberanía es inalienable ya que “la voluntad general puede únicamente

dirigir las fuerzas del Estado de acuerdo con los fines de su institución”. El fin

último del Estado es el bien común, ya que existe un acuerdo de voluntades

entre cada uno de los ciudadanos para dejar a un lado individualidades en pro

de toda la sociedad. Además plantea que la soberanía también es indivisible

por las mismas razones expuestas anteriormente. La voluntad general se hace

presente en cada momento pero existen limitaciones al ejercicio de ellas como

es el caso no menoscabar el interés último de un individuo en particular

estableciendo un plano de igualdad como base para que el soberano, el cual

somos todos, no pase a llevar de forma arbitraria tal individuo. Cuando

Rousseau habla sobre la separación de poderes, él esta conciente que es

conveniente que exista un órgano legislativo que sepa cuales son las

demandas reales del órgano ejecutivo, y eso se logra cuando somos nosotros

mismos quienes creamos las leyes y posteriormente las hacemos valer, pero

es muy difícil que ocurra y por ende es bueno y necesario que no se mezclen y

cada órgano cumpla su función de forma correcta e independiente. Todo lo

planteado por Rousseau siglos atrás nos deja como gran desafío que aun

queda mucho por hacer y la democracia si bien nunca podrá ser tan perfecta

como uno la idealiza se le puede dar más poder a la gente para que nosotros

mismos tomemos las decisiones que creemos convenientes.

Ya en tiempos contemporáneos tenemos el caso del Régimen Militar de 1973

en nuestro país, donde todo lo avanzado y logrado durante tanto tiempo de

luchas arduas terminó siendo en vano al despojarnos completamente de la

soberanía a cada uno de los ciudadanos. Si vemos la historia de Chile en el

sigo 20, podemos darnos cuenta que durante los primeros 25 años el poder y

las decisiones solamente tenían cabida en la oligarquía con un sistema

parlamentario elitista y una pésima distribución de los recursos, sin considerar

lo poco y nada que existía en cuanto a legislación laboral, previsión social y

educación al alcance de todos. En el gobierno del Presidente Alessandri

Palma, las cosas fueron cambiando un poco, tomando en cuenta la precaria

situación que vivían los chilenos por aquellos años, ya que bajo su mandato se

creó una nueva constitución con un cierto corte social y que pondría fin a

ciertos privilegios o discriminaciones aberrantes que existían anteriormente. No

era suficiente, pero la población chilena entendió que le era válido demandar

una cierta participación en cuanto a las elecciones o decisiones más

importantes en el país. Durante los gobiernos radicales se vio paulatinamente

un progreso mayor en cuanto a los derechos de los ciudadanos, como lo fue

elevar las tasas considerablemente de inserción escolar y la continuidad de

ellos, al menos en la enseñanza preparatoria y algunos en la secundaria, darle

énfasis a la previsión social de los trabajadores y finalmente, que todos los

ciudadanos mayores de 18 años y sin estar condenados a pena aflictiva

pudiesen votar sin distinguir entre clases sociales o sexos. Bajo el gobierno del

presidente Frei Montalva, existieron una serie de reformas que hicieron que los

privilegios y acumulación de riquezas fueran menores dentro de lo que se

podía, como es el caso de la puesta en marcha de la reforma agraria en forma

clara y siguiendo al pie de la letra su lema “revolución en libertad,” al realizar

ciertos cambios estructurales en el país a través de la creación de cooperativas

y nuevas organizaciones sociales como juntas de vecinos, centros juveniles y

centros de madres, dándole poder y fuerza a la población para que ellos

pudieran en determinados casos tomar sus decisiones de forma independiente

y bastando con el apoyo de los vecinos y dirigentes de distintas organizaciones

menores. Sobre el gobierno del presidente Salvador Allende, Sergio

Teitelboim, en su libro “Derechos Humanos y Soberanía Popular”, nos relata el

legado jurídico que dejó el presidente antes del golpe militar. Se promovieron

avances constitucionales en cuanto a materias relacionadas con los partidos

políticos, como establecer garantías y libertades para ellos y su conformación.

También aceptando la movilización de diversos gremios en todo el país y

escuchando sus demandas en pro de una sociedad más justa y menos

desigual. La creación de movimientos sindicales y de distintas organizaciones

políticas y sociales, que pudieran tener un diálogo cercano y equitativo frente al

Estado, entre otros. Aquí Teitelboim nos da un concepto de sociedad civil que

podríamos resumir en un conjunto articulado de instituciones a través de las

cuales los individuos expresan su conciencia de pertenencia a organizaciones

que los representan en sus intereses y por medio de las cuales pueden realizar

actividades, integrarse y ejercer sus derechos. Además debemos rescatar el

coraje del presidente al buscar realizar una reforma constitucional radical sobre

la propiedad, pero dejando en claro que ella no afectaría directamente a los

derechos e intereses generales de la colectividad nacional, ya que señala que

para él es primordial el respeto por derechos individuales como son el de

conciencia, pensamiento, de elegir y ser elegido, al decir expresamente que la

soberanía debe radicar en el pueblo y ellos la ejercen mediante elecciones

periódicas para tener autoridades legítimas y ellos se encontrarán a disposición

de las demandas de todos los ciudadanos. Aun no se avanzaba lo suficiente ni

necesario para decir que estábamos frente a un país en el cual la soberanía

popular se ejercía en su máxima expresión, pero bien, con todo lo recabado

anteriormente se desprende que fue significativo y no menor que los

ciudadanos de una u otra manera pudieron gozar aunque por corto tiempo de

aquellas reivindicaciones sociales que le fueron tan esquivas en el siglo

anterior. Lamentablemente, como ya es sabido ocurrió un golpe militar en el

año 1973 que terminó con la democracia y todo lo relacionado con ella, como

es el caso de la abolición de partidos políticos, la disolución del congreso

nacional, la censura y represión sobre partidarios o simples simpatizantes a

una ideología distinta al régimen militar, el no permitir manifestaciones

culturales o laborales, tales como reuniones de sindicatos en lugares públicos,

la concentración del poder y la riqueza en los fervientes adherentes a tal

régimen, entre otros. La soberanía popular y la democracia van de la mano y

es impensable creer que aun existe si no se dan las garantías mínimas y

esenciales para ejercer nuestros derechos como ciudadano libre.

Hoy en día al menos tenemos una democracia en parte participativa y

pluralista, que no se puede comparar con la suiza o ateniense de hace mas de

2000 años atrás, pero que nos permite elegir a nuestros gobernantes, formar

agrupaciones sociales que no sean contrarías a la nación misma, salvaguardar

nuestros derechos fundamentales y estar al tanto de lo que acontece en las

esferas de poder al no existir una censura previa y un secretismo descarado

como años atrás.

Dejando de lado la soberanía popular en su género, se analizará como se da la

participación ciudadana en Latinoamérica, y lo que se ha logrado en el ultimo

tiempo.

El mexicano Mauricio Merino en su ensayo “La participación ciudadana en la

democracia” deja entrever que la participación ciudadana no busca en sí poder

estar presente en todas las tomas de decisiones, sino más bien relegar aquella

participación a las que realmente nos afectan y son de nuestra incumbencia.

Se trata de explicar el significado de participar, que podría ser tanto tomar parte

de algo como compartir una determinada cosa. La participación no se da de

forma individual ya que inexorablemente tenderemos a adherir a una

determinada organización pública o privada, con o sin fines de lucro, pero al fin

y al cabo donde participan otros individuos de igual o similar forma que

nosotros. Es por eso que el término participación está inevitablemente ligado a

una circunstancia específica y a un conjunto de voluntades humanas. En cada

país y en cada circunstancia la participación adopta formas distintas, y cada

una de ellas genera a su vez resultados singulares. Aquel puente entre

representación y participación políticas, que en principio aparecía construido

con votos, se desdobla así en una gran variedad de relaciones distintas,

formada por múltiples intercambios recíprocos entre las autoridades formales y

los ciudadanos organizados. Cuando vivimos bajo un régimen es democrático,

no solo pretendemos encontrar en él algo más que elecciones libres y partidos

políticos. Es sabido que en casi todo el mundo la democracia existente es

representativa y ella se encarga de transmitir la voluntad popular al realizar lo

prometido en su campaña y escuchar las demandas del pueblo, pero al mismo

tiempo es preciso que en ese régimen haya otras formas de controlar el

ejercicio del poder concedido a los gobernantes. Todo esto se enmarca bajo el

sustento que todo funcionario público deberá responder por los actos

realizados y quedará a disposición de los tribunales en caso de que halla

existido alguna irregularidad pero también será juzgado indirectamente por la

opinión del pueblo y un supuesto rechazo a tal acto cometido.

Si bien la participación ciudadana es una consecuencia de la soberanía

popular, una característica de ella, actualmente se habla más de participación

ciudadana propiamente tal, ya que está cobrando mucha fuerza e interesando

a distintas localidades repartidas a lo largo y ancho del continente.

Tenemos el ejemplo de Venezuela, quien ha ido en la vanguardia en cuanto a

participación ciudadana y poder popular. Muchas veces se le tilda al gobierno

venezolano de déspota, intransigente y autoritario. Es cierto que no existe

plena libertad de expresión o que les ha causado perjuicio a los grandes

empresarios al ser mucho más rigurosos con ellos o simplemente despojarles

sus empresas para que pasen a manos del estado, pero no podemos ignorar

que al pueblo mismo se le ha escuchado en sus demandas como nunca. El

presidente Chavez ha promovido una serie de cambios en cuanto a la

estructura de las organizaciones vecinales, su poder de decisión y la fuerza

que tienen para ratificar o rechazar tales acuerdos planteados en los llamados

consejos comunales que se materializa con la Ley Orgánica de Participación

Ciudadana y Poder Popular del Gobierno de Venezuela. El diputado Pedro

Lander durante la instalación de la octava jornada nacional de Parlamentarismo

Social en la Calle se refiere a esta reforma de la siguiente manera: “estamos

dando el paso para abrir esa participación que tenemos por derecho

constitucional todos los venezolanos, en cuanto a lo que es la democracia

participativa y protagónica. Por primera vez en la historia del país, estamos

haciendo esta consulta para elaborar leyes, que alegría y satisfacción siento

cuando hago esta labor a favor de mi patria, de los excluidos de siempre, que

hoy construyen el poder popular.” Estas palabras nos hacen reflexionar y

preguntarnos. ¿Acaso no todos los ciudadanos tenemos derecho a participar

en el gobierno que nosotros mismos elegimos o mostrar nuestro descontento

rechazando tales planteamientos? Será necesario definir en parte que se

puede considerar como poder popular. Poder Popular: Es el poder del pueblo

organizado, en las más diversas y disímiles formas de participación, para la

toma de decisiones en todos sus ámbitos (político, económico, social,

ambiental, organizativo, internacional y otros) para el ejercicio pleno de su

soberanía. Ósea, en resumidas cuentas, un poder perteneciente a cada uno de

nosotros y amparado por nuestra legislación. La Ley Orgánica de Participación

Ciudadana y Poder Popular de Venezuela, esta compuesta por 8 títulos, cada

uno con distintos capítulos que tratan sobre el objeto de ésta ley, que se busca

con la participación ciudadana, que organizaciones componen y concretizan tal

participación, la elección de los cargos públicos, como se realiza la consulta

popular, como se pueden dar curso a iniciativas legales, por que se fomenta la

descentralización, de que manera se puede cuidar el medio ambiente, que

recursos judiciales existen, entre otros. El artículo 1 de la presente Ley

Orgánica nos dice lo siguiente: La presente ley tiene por objeto desarrollar las

políticas legales y sociales, vinculadas a los mecanismos y normas relativas a

garantizar, organizar e impulsar la participación ciudadana, directa, individual o

colectiva, y el desarrollo del poder popular, mediante la formulación de Políticas

Públicas para la consistencia social, material y cultural de la participación

protagónica consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela. Este cumple con decir el alcance y sentido de ésta ley que

pretende como lo ha señalado el presidente Chavez en reiteradas ocasiones

ser el camino para lograr la revolución socialista y bolivariana del sigo 21. El

artículo 5 es de suma importancia ya que contiene todos los principios

inspiradores de tal carta como lo son la soberanía popular, la formación para la

participación y el protagonismo popular, la formación para la emancipación

cultural, el estado social de derecho y justicia, la corresponsabilidad, los

derechos humanos, la universalidad, la voluntariedad, la transparencia, la

eficiencia, la equidad, la solidaridad, la información, la pluralidad, la consulta

popular, el interés superior de niños, niñas y adolescentes y la gratuidad. Lo

positivo de esta Ley Orgánica es que fue redactada de forma didáctica y define

cada materia en forma categórica para no dar paso a lagunas o ciertas

dicotomías que pudieran atenuar el poder de ella. Con la participación

ciudadana la población se siente parte del Estado y esto genera un gran

incentivo para que se mantengan informados y sepan reclamar de forma

correcta lo que les corresponde, sin perjuicio de que hayan determinados

temas que le sean propios al poder ejecutivo y legislativo discutirlos y decidir

que se llevará a cabo. La finalidad de los consejos comunales es que los

habitantes mismos de un determinado sector de la ciudad sepan que hacer y

de que forma resolverán algún problema o como invertirán los recursos

entregados por el Estado, sin tener que acudir o plantear las demandas a

organismos intermedios lo votado en tal consejo de forma democrática y

pluralista, para que no se genere una gran burocracia o pudiendo rechazar

ciertos puntos sin estar informados del todo sobre la realidad o las necesidades

que aun no han sido cubiertas a cabalidad por parte del Estado.

Algunos van más allá e incluso plantean que la Asamblea Nacional de

Venezuela sería conveniente transformarla para dar paso a una nueva forma

de legislar propia del poder constituyente originario, el cual es un atributo

exclusivo e intransferible de los pueblos para crear o cambiar las estructuras

jurídico-legales para alcanzar la añorada liberación definitiva en la construcción

de un socialismo real y comunitario.

Tenemos otros casos en Latinoamérica como es el caso de Brasil,

específicamente en la ciudad de Porto Alegre, donde se llevan a cabo

asambleas democráticas para definir y establecer en que se invertirán los

recursos dados por la municipalidad o el Estado. A esto le llamamos

presupuesto participativo y consiste principalmente en dividir las comunas en

varios sectores menores en donde analizarán y discutirán cuales son sus

propuestas y en que quieren invertir el presupuesto que les será entregado

posteriormente. Una vez que se llega a un acuerdo por parte de la comunidad

menor, ésta lleva una serie de delegados que defenderán y expondrán por que

sus necesidades y lo que pretenden edificar es de suma urgencia más que en

otras localidades. Aquí se aprecia un debate abierto en el cual la gente que

acude votará por la opción que más le simpatice, teniendo en cuenta que será

clave el número de personas que congregaron a tal asamblea. En Brasil esta

idea del presupuesto participativo se está esparciendo y ha generado un gran

acercamiento entre las autoridades locales y los propios habitantes de la

localidad. Esto se debe a que nadie sabe mejor en que se necesitan invertir los

recursos que la misma comunidad, puesto que el día a día y la experiencia con

las vivencias anteriores tendrán relevancia al momento de elegir en que cosas

es bueno invertir y que cosas son prescindibles y pueden esperar a futuro.

En nuestro país se está tramitando en el congreso una ley sobre la

participación ciudadana y las organizaciones sociales, que tiene como objeto

regular y esclarecer las actividades que podrán realizar como también

descentralizar y darle fuerza a las decisiones tomadas al interior de cada

organización vecinal. El portal de presupuesto participativo nos da a entender

que una comisión mixta deberá dirimir regulación para el voluntariado y un

estatuto común para las organizaciones sociales, puesto que han existido

ciertas diferencias entre las diversas bancadas para poder llegar a un acuerdo

definitivo y aprobar tal proyecto que es de gran relevancia. Así lo dieron a

conocer los senadores Ricardo Núñez y Jaime Orpis, presidente e integrante

de la instancia legislativa, respectivamente, quienes coincidieron en valorar

esta iniciativa que, entre otras materias, crea un fondo para incentivar la

participación ciudadana.

El legislador del partido socialista Ricardo Nuñez, reconoce que estamos

frente a una situación difícil de zanjar del todo en estos días, al ser complejo

poder implementar y facilitar el ejercicio del derecho de asociación mediante

regulaciones que simplifiquen la constitución de las agrupaciones intermedias

que persigan finalidades de interés social o cultural, sin fines de lucro y que no

estén reglamentadas por estatutos especiales ya que existe una delgada línea

entre el emprendimiento y la ayuda comunitaria versus la creación de

organismos ficticios que buscan lucrar con dineros entregados por parte del

estado. En tanto el senador gremialista Jaime Orpis, cree que es meester

modificar el Código Civil para elaborar un estatuto simple y que sea aplicable a

todo tipo de organizaciones para facilitar su constitución, organización y

rendición de cuentas, entre otras cosas. Lo esencial del proyecto dispone que

tanto las organizaciones sin fines de lucro como las de interés público, deberán

estar inscritas en sus respectivos registros, los que serán administrados por el

Ministerio Secretaría General de Gobierno, para que exista una mayor

transparencia y no se presenten malos entendidos como ha ocurrido en casos

anteriores. Además de un marco regulador, debemos entender que sin los

conocimientos básicos o la experiencia requerida para concretizar tales

proyectos de participación ciudadana las cosas serían difíciles de manejar y de

mantener la senda correcta a lo largo del tiempo, y es por eso que se están

realizando talleres de capacitación acorde a temas relacionados con el

presupuesto participativo y la administración de fondos como es el caso de la

localidad de Hualpén, situada en la región del Bio Bio. Estas iniciativas son

gratamente recibidas por la comunidad y la hacen comprometerse para que se

siga avanzando en esta línea de gestión pública local, al difundir y gestionar

apoyos con diversos actores sociales y políticos de la comuna y región.

Podemos concluir que ha habido una evolución importante en cuanto al rol del

ciudadano común y corriente y su participación en las diversas elecciones sea

para elegir a nuestro futuro Presidente de la República como también para

tomar decisiones de carácter local y que nos atañen solamente a nosotros.

Está demás decir que las generaciones futuras deberán seguir luchando para

que nuestra participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular se

den en su máxima expresión.

Bibliografía:

 

Textos:

-Derechos Humanos y Soberanía Popular: Sergio Teitelboim

-El contrato social: Jean Jaques Rousseau

-Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular: Gobierno de

Venezuela

-La participación ciudadana en la democracia: Mauricio Merino

Sitios web:

http://www.revelion.org

http://www.presupuestoparticipativo.cl

http:// www.beyondelections.com