Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tesis violencia doméstica
Citation preview
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES SEDE ACADÉMICA DE MÉXICO
Maestría en derechos humanos y democracia VI (sexta) promoción
2012-2014
“Los obstáculos económicos que enfrentan las mujeres víctimas de violencia doméstica para acceder a la justicia en Cancún, Quintana Roo.”
Tesis que para obtener el grado de Maestro en Derechos Humanos y Democracia
presenta:
Marco Antonio Tóh Euán
Director de Tesis: Juan Carlos Arjona Estévez.
Línea de investigación: Estado, democracia y derechos humanos
México, Distrito Federal, octubre de 2014.
II
RESUMEN:
El presente trabajo analiza los diferentes obstáculos que enfrentan las mujeres que viven violencia doméstica y que dependen económicamente de sus parejas, sin importar la clase social ni económica, al acceder a la justicia para denunciar este delito en la ciudad de Cancún, México. Basa su estudio en los estándares internacionales establecidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y parte de ello para cuestionar la existencia de una política pública efectiva que garantice el acceso a esta justicia de las mujeres y les permita desde un inicio acceder a ella así como lograr la reparación efectiva del daño, pero sobre todo, este trabajo usa como base de análisis el modelo de Centro de Justicia para Mujeres que recientemente se incorporó en México para comprobar su funcionalidad en el aspecto económico de las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica y así poder lograr su autonomía y empoderamiento económicos evitando así, la repetición de la vivencia de violencia. Finalmente, este trabajo recoge diversas experiencias reales de mujeres que han acudido a denunciar la violencia doméstica en donde ya funcionan tales centros y, en el caso de Quintana Roo, donde aún no existen. PALABRAS CLAVE: Violencia contra las mujeres. / Violencia Familiar. / Violencia doméstica. / Derecho de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia. / Empoderamiento Económico para Mujeres Víctimas de Violencia Doméstica. /Centros de Justicia para Mujeres.
ABSTRACT:
This paper analyzes the various obstacles that women living domestic violence and who are economically dependent on their partners, regardless of social or economic situation, for access to justice to denounce this crime in the city of Cancun, Mexico. Study based on international standards set by the International Law of Human Rights and part of it to question the existence of effective public policy to ensure access to justice for women this and allow access from the start and make it effective reparation, but mostly, this work uses as the basis of analysis the model women's Justice Center who recently joined in Mexico to test its functionality in the economic aspect of the women who have been victims of domestic violence and thus ensure autonomy and economic empowerment thus avoiding the repetition of the experience of domestic violence. Finally, this document includes several real experiences of women who have come to report domestic violence where such centers already operate and, in the case of Quintana Roo, where they do not exist. KEYWORDS: Violence against women. / Family Violence. / Domestic Violence. / Right of Access to Justice for Women Victims of Violence. / Economic Empowerment for Women Victims of Domestic Violence. / Women's Justice Center.
III
DEDICATORIA:
A quienes me han dado soporte moral en todo momento: A Diana M. Euán Medina y Marco A. Tóh Perera, a mi hermana y hermanos.
IV
AGRADECIMIENTOS:
De manera muy especial a quienes creyeron en mi para poder cumplir este proyecto en mi vida y no dudaron en apoyarme económicamente para cursar esta maestría y contribuir en su realización: a la Fundación Summit mediante la beca parcial Summit del Programa GoJoven Internacional y a la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en especial al Presidente. Al Procurador General de Justicia del Estado de Quintana Roo y al equipo de ex compañeros de trabajo de esa dependencia que contribuyeron en todo momento para realizar mis investigaciones sin obstáculos con su siempre atenta disponibilidad y confianza. A las titulares de los Centros de Justicia de los Estados de Yucatán y Campeche por abrirme las puertas para poder reforzar este trabajo de investigación y al personal que labora, gracias por recibirme de manera tan amable, accesible y sonriente. A las usuarias entrevistadas por compartirme un pedacito de su historias, que sé es de mucha significancia dentro de la lucha que hoy enfrentan para acceder a la justicia y buscar un proyecto de vida buena. A mi tutora de seminario de tesis y a mi director por su paciencia y aliento en todo momento. ¡Gracias!
V
TABLA DE CONTENIDOS:
NO. CONCEPTO PÁG.
INTRODUCCIÓN
1
Cap. I PANORAMA ACTUAL DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LAS MUJERES.
7
1 Marco teórico y conceptual de la violencia doméstica que viven las mujeres.
8
2 Contexto general de la violencia contra las mujeres específicamente en el ámbito de violencia doméstica.
11
3 La violencia doméstica que viven las mujeres en México 13 4 La violencia doméstica contra la mujer en Quintana Roo.
14
Cap. II ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LAS MUJERES Y LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES.
16
1 Doctrina y corpus iuris que establecen estándares para erradicar la violencia contra las mujeres vinculados con la violencia doméstica y las políticas públicas de acceso a la justicia
17
2 Las obligaciones del Estado Mexicano para proteger y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
21
2.1.- Las obligaciones del Estado Mexicano para proteger y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
22
2.2.- Obligaciones estatales establecidas en jurisprudencia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) respecto al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia doméstica.
27
3 Antecedentes de los Centros de Justicia para Mujeres y el establecimiento de los mismos en México.
29
3.1.- Antecedentes de los Centros de Justicia en México: referencias internacionales.
29
3.2.- El establecimiento de los centros de justicia para mujeres en México
35
Cap. III SITUACIÓN EN QUINTANA ROO Y PROPUESTAS PARA MEJORAR EL ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA DOMÉSTICA.
39
VI
1 Marco jurídico de la violencia doméstica específicamente como delito de violencia familiar y los delitos que atañen a mujeres en el Estado de Quintana Roo.
40
1.1.- Definiciones de la violencia familiar o doméstica en el cuerpo jurídico del Estado de Quintana Roo, obligaciones estatales y sus sujetos.
40
2 Síntesis de los obstáculos actuales que enfrentan las mujeres amas de casa y económicamente dependientes para acceder a la justicia en Quintana Roo.
42
2.1.- A nivel nacional. 42 2.2.- En Cancún, Q. Roo. 44 3 El delito de violencia familiar y los delitos que atañen a las
mujeres en el Estado de Quintana Roo.
46 3.1.- Análisis del delito de violencia familiar y sus
reformas en el Código Penal del Estado de Quintana Roo.
46 3.2. La ausencia de un título especial que reconozca la
existencia de “delitos contra la mujer”.
49 3.3.- Los demás delitos que atañen a las mujeres en
Quintana Roo.
51 4 Marco normativo para la implementación de los Centros de
Justicia para Mujeres en México y Quintana Roo.
52 5 Situación actual en Quintana para la atención a mujeres que
viven violencia doméstica.
53 6 Organigrama y presupuestos establecidos para la creación del
Centro de Justicia para Mujeres en el Estado de Quintana Roo.
54 6.1.- Organigrama que especifica la creación del centro de
justicia.
54 6.2.- Presupuesto estatal destinado a la atención del delito
de la violencia familiar en la actualidad en Quintana Roo.
54 7 Modelo de presupuesto para el centro que se desea
implementar en el Estado de Quintana Roo.
56 8 Mecanismos de activación para que mujeres con dependencia
económica puedan acceder a servicios que se prestan en los centros y lograr el empoderamiento económico.
57
CONCLUSIONES.
61
CITAS BIBLIOGRÁFICAS.
66
REFERENCIAS SOBRE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS QUE DESCANSAN EN PODER DEL AUTOR DE ESTA OBRA.
70
ANEXOS. 72
VII
ÍNDICE DE TABLAS:
Tabla no. 1 ……………………………………………………….. Pág. 22
SIGLAS Y ACRÓNIMOS:
• CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
• SEGOB Secretaría de Gobernación.
• CEDAW En inglés: Convention for the Elimination of Any Way of
Discrimination against Women. (Convención para la
Eliminación de Toda Forma de Discriminación
contra las Mujeres).
• CONAVIM Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia
contra las Mujeres.
• PGJEQROO Procuraduría General de Justicia del Estado de Q. Roo.
• CPQROO Código Penal de Quintana Roo.
• ONU Organización de las Naciones Unidas.
• UNICEF En inglés: United Nations International Children's
Emergency Fund ( Fondo Internacional de Emergencia de
las Naciones Unidas para la Infancia).
• CJM Centro de Justicia para Mujeres.
• ENDIREH Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones
entre Hombres y Mujeres.
• SIDH Sistema Interamericano de los Derechos Humanos.
• DIDH Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
• CIDH Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
1
INTRODUCCIÓN
A lo largo de esta tesis se podrá vislumbrar la importancia de considerar la
cuestión económica como un conjunto de trabas que enfrentan las mujeres para acceder
a la justicia como un derecho humano, entendiendo como tal a la procuración de justicia
y a la administración de justicia por la vía judicial para hacer valer su derecho como
mujer víctima del delito de violencia familiar; delito tipificado que como se señala
dentro de este trabajo, resulta la asimilación que la normatividad mexicana hace respecto
a la violencia doméstica como fenómeno que viven las mujeres en nuestro país.
Para el inicio del presente trabajo se planteó la pregunta de investigación
siguiente: “¿Cómo favorecería a las mujeres amas de casa, dependientes
económicamente de sus parejas, la instalación de Centros de Justicia para Mujeres para
un mayor acceso a la justicia como agraviadas por el delito de violencia doméstica en la
ciudad de Cancún?” y, su correspondiente hipótesis que versa respecto a lo que se
pretende probar: “Si las mujeres amas de casa, dependientes económicamente de sus
parejas, que acuden a denunciar por violencia doméstica en Cancún contaran con un
Centro de Justicia especializado que proporcione entre sus servicios integrales la
asistencia y desarrollo económico desde el inicio de su denuncia y durante el
seguimiento, la respuesta del acceso a la justicia sería más favorable para ellas.”
El objetivo general versa en analizar la funcionalidad de un modelo de política
pública ya existente en la República Mexicana y que mejore el acceso a la justicia de las
mujeres en el Estado de Quintana Roo; por su parte los objetivos específicos son:
comprobar cómo la falta de perspectiva de género y de infraestructura dentro de la
procuración de justicia obstaculizan el acceso a la justicia de las mujeres amas de casa
dependientes de sus parejas quienes las violentan; hacer visible para las autoridades que
procuran justicia a favor de las mujeres que la dependencia económica de las
denunciantes por el delito de violencia familiar (manejado así en el Código Penal Local)
se convierte en el obstáculo principal para la interposición, seguimiento y consignación
de sus expedientes; revisar a profundidad la funcionalidad de los centros de justicia para
2
mujeres que se han establecido y que llevan ya años funcionando en otras entidades
federativas con el fin de usarlo como ejemplo para el caso de Quintana Roo; identificar
las razones por las cuales no existe en el Código Penal del Estado de Quintana Roo el
título específico en la sección de delitos que proteja o verse sobre los derechos de la
mujer y; proponer a la Procuraduría General de Justicia la implementación de los
Centros de Justicia para Mujeres que cuenten con la infraestructura adecuada y
proporcione asistencia y empoderamiento económico que permita mejorar el derecho de
acceso a la justicia de las mujeres.
En el Estado de Quintana Roo los últimos tres años se han dado reformas al
Código Penal y otras leyes relativas a la violencia familiar con el ánimo de proteger los
delitos contra la familia y la mujer. Sin embargo, es una realidad que el acceso de las
mujeres a un sistema efectivo de justicia que garantice su efectividad se encuentra
permeado por varios obstáculos desde la interposición de la denuncia hasta el
seguimiento que llevaría a la consignación de los diversos expedientes ante el Juzgado
Penal. La importancia de realizar un estudio que ayude a identificar estos obstáculos es
relevante para que sea efectiva la norma jurídica que busca la protección y exista una
coherencia social entre el deber ser y el ser dentro de este supuesto. Un derecho no sólo
vigente sino que sea observable y eficaz.
Actualmente en Cancún, según entrevistas realizadas a las titulares de la Mesa de
atención a la Mujer de ambos turnos, 4 de cada 10 denuncias por violencia familiar
prosperan y son consignadas ante el Juzgado Penal. Lo que hace pensar el bajo índice de
efectividad. Y algunas de las causas por las que se dan por concluido el expediente por
falta de interés o prescripción es precisamente en la falta de proporción de datos de
quienes acuden a denunciar así como el dejar de acudir a la instancia ministerial. Si bien
se desconocen las razones puntuales, es interesante observar que gran número de las
mujeres madres de familia que acuden a denunciar son dependientes económicamente de
su actual pareja y, en su gran mayoría cuentan con hijas y e hijos.
Precisamente y a nivel internacional el Comité de Expertas de CEDAW se ha
pronunciado en su Recomendación General no. 19 (1992) sobre la situación de violencia
3
que viven las mujeres “… que menoscaba o anula el goce de sus derechos humanos y
sus libertades fundamentales en virtud del derecho internacional o de los diversos
convenios de derechos humanos, constituye discriminación, como la define el artículo 1
de la Convención. Esos derechos y libertades comprenden: …e) el derecho a la igualdad
ante la ley. … La convención se aplica a la violencia perpetrada por las autoridades
públicas. Esos actos de violencia también pueden constituir una violación de las
obligaciones del Estado en virtud del derecho internacional de los derechos humanos u
otros convenios, además de violar esta convención.”
De esta forma, encontramos un compromiso del Estado Mexicano, y en este caso
de las autoridades encargadas de procurar justicia que deben contar con los elementos
necesarios que garanticen la efectividad del acceso a la justicia como derecho humano
de las mujeres que son y han sido víctimas de violencia familiar, así como aludir a la
Convención Universal de los Derechos de la Niñez respecto a los niños y niñas que han
sido víctimas de violencia y velar por el interés superior de ellos.
Así, podemos definir como elementos que ayudarían a lograr la plenitud de este
derecho, el contar con una infraestructura adecuada al momento de la denuncia
sobretodo si tomamos en cuenta el estado de vulnerabilidad en que se encuentra una
mujer que ha sufrido/vivido violencia doméstica; más todavía cuando es expulsada del
hogar donde ha permanecido tanto tiempo con sus hijos/as; la falta de recursos
económicos que requerirá para la transportación hacia las instancias o dependencias que
deberán procurarle justicia, así como el velar por el cuidado de sus hijos y librarla de
preocupaciones que pudieran obstaculizar la denuncia y el seguimiento de la misma. Ni
qué decir de la empatía y el servicio profesional que deberán recibir por parte de quienes
atienden este tipo de delitos, que estoy seguro, se puede lograr con personal certificado y
profesionalizado en el tema de perspectiva de género. Propiamente la existencia de
Centros de Justicia para Mujeres totalmente especializados que permitan el acceso a la
justicia de las mujeres denunciantes con los principios de calidad, accesibilidad e
igualdad.
4
Por lo menos en Quintana Roo es un tema que requiere ser estudiado y que hasta
la fecha ninguna instancia que atiende denuncias de mujeres y a mujeres víctimas de
violencia, cuenta con tales recursos ni ha sido analizado al respecto. Peor todavía, no
existe en ningún lugar del Estado tales Centros de Justicia que ya han sido
implementados en otras entidades del país a pesar de la última reforma que se hizo en la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se contempla la
existencia de estos lugares y que estarán a cargo de la citada dependencia estatal.
Yéndonos al la estructura de este trabajo, la metodología escogida es el de
análisis de políticas públicas. El uso de esta es, porque al plantear el tema de los
obstáculos que impactan en la consignación de averiguaciones previas, me refiero al
sistema de justicia del Estado de Quintana Roo, y me lleva a analizar el marco legal y
los recursos destinados a la infraestructura con el que cuenta el sistema de procuración
de justicia para la atención específica de mujeres en condiciones de vulnerabilidad
acentuada por pobreza, marginación, etc., así como a comparar las políticas públicas que
han sido implementadas en el sistema quintanarroense y, sobre todo, revisar si tales
políticas (inexistentes o deficientes), cumplen con los estándares internacionales sobre
derechos humanos. Además de que el análisis de políticas públicas tiene como objetivo
fundamental hallar la mejor solución posible para un problema considerado público,
donde ya se ha identificado uno respecto al tema de las mujeres y que debe ser atendido,
en este caso el de sus derechos.
La Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer (también conocida como
FEAM) perteneciente a la Dirección de Averiguaciones Previas en la Zona Norte de la
Subprocuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo, Sede Central en
Cancún, era en un principio la unidad de análisis a trabajar, no obstante, con el
desarrollo del estado de arte se cambió al del Modelo de Centros de Justicia para
Mujeres implementado a nivel federal.
Respecto al ciclo de vida de la política pública a analizar, se trataba de evaluar el
estado actual que observa esta fiscalía especializada para la atención de la mujer pero
que, al estar en puerta la creación del nuevo centro de justicia para mujeres en Quintana
5
Roo, automáticamente dejará de funcionar, por lo que se estaría hablando de una
evaluación comparada de modelo de política pública ya existente en Campeche y
Yucatán, y que se pretende implementar en Quintana Roo. Asimismo, de aquí obtener
argumentos que permitan sustentar la creación de los Centros de Justicia para Mujeres,
sobre todo en el aspecto del área de servicios y empoderamiento económico.
Es importante señalar que este trabajo define como categorías básicas las de
obstáculos económicos identificados por estándares internacionales en el acceso a la
justicia, así como los términos de violencia doméstica hacia las mujeres y
empoderamiento económico de las mujeres. Mismos que son orientados en todo este
trabajo no sólo para estudiar la situación que viven una sola clase económica y social de
mujeres sino todas las mujeres en sí que dependen económicamente de sus parejas.
Situación que se da en cualquier nivel social, ya que observaremos también en este
documento que en los centros de justicia visitados de Yucatán y Campeche, se logró
entrevistar a gente que no presentaba necesariamente una carencia económica
socialmente hablando durante el tiempo que vivían con sus parejas. Mencionando en
este párrafo como realce, que el Centro de Justicia de Campeche fue de los primeros en
incorporarse en nuestro país y el de Yucatán, apenas en el mes de marzo de este año
empezó su funcionamiento. Así, en todos estos lugares se realizaron entrevistas a
usuarias y a personal en las visitas que se permitieron al autor de esta obra.
En lo que respecta a la estructura de este trabajo: en el primer capítulo se aborda
la realidad de la violencia contra las mujeres; ahí mismo se deja en claro por qué el uso
del término violencia doméstica y no violencia familiar, así como los índices y niveles
que existen en el plano internacional, regional, nacional y local enfocados todos al
acceso a la justicia de las mujeres, mismo derecho que se cita en el capítulo segundo y el
cual contempla dos rubros principales como son los estándares internacionales para
erradicar la violencia contra las mujeres, más todavía la violencia doméstica; y cómo
estos estándares dan como resultado la creación de un modelo de centro de justicia en el
ámbito internacional tales como los Family Justice Center y el centro de Ciudad Mujeres
en El Salvador y Perú, y por supuesto, el modelo de Centro de Justicia para Mujeres que
6
se establece en nuestro país. Por supuesto, también se estudia cómo llegan las mujeres a
estos centros y qué es lo que obtienen en materia económica que permita o no
obstaculizar su proceso legal. Ya en el último y tercer capítulo se aborda el marco
jurídico del delito de violencia familiar en Quintana Roo y que corresponde al de
violencia doméstica; los delitos que atañen a las mujeres en el Estado así como el cuadro
normativo que permitirá la implementación y existencia de algún centro de justicia para
mujeres en este Estado. Al final, también menciona algunos mecanismos de activación
que pueden contemplarse tanto en los centros de justicia ya establecidos así como de
manera externa. En su apartado de conclusiones, se resalta la hipótesis inicial de este
trabajo, el cual ofrece respuestas y hallazgos.
Sin duda, la importancia de este trabajo versa en que hay muchas realidades que
se deben tomar en consideración desde lo local, ya que siempre se contempla el tema de
violación y respeto a los derechos humanos de arriba para abajo pero pocas veces se
contemplan realidades desde abajo, las cuales nos dejan en claro que la idea de
transversalidad de los tratados internacionales aún es distante o no encuentra campo de
acción en muchas localidades del país. Es importante en todo momento observar el
enfoque diferencial de cómo se está dando el ejercicio (o no) de tal derecho a estudiar.
La problemática de la violencia contra las mujeres es muy amplia, por ello la
necesidad de revisar nuevas modalidades que den acceso a la justicia como son los
centros de justicia para mujeres, para que al final de este trabajo ver si esta visión
integral incorpora un verdadero análisis que haga valer este derecho.
Finalmente señalo que el propósito de este trabajo no es generar indicadores o
estadísticas concretas sino ver la situación cotidiana de cómo viven las mujeres y ver
qué tanto las barreras económicas impactan en el acceso a la justicia.
7
CAPÍTULO I:
PANORAMA ACTUAL DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA LAS
MUJERES.
8
1. Marco teórico y conceptual de la violencia doméstica que viven las mujeres.
Sin duda, las corrientes feministas en su evolución histórica a través de estudios
efectuados han logrado la aceptación y visibilidad de un tipo de violencia específico
contra las mujeres sólo por el hecho de ser mujeres, lo que también lleva a generar
conciencia en la sociedad de que existe una violencia machista o violencia de género. El
Derecho, con su huella androcéntrica ha definido quiénes son sujetos de derechos,
quiénes pueden reclamarlos y quiénes fungen como víctimas. Tan es así que no es lo
mismo el trato en acceso a la justicia que se le brinda a los varones desde una riña
callejera o un simple asalto, al que se le debiera otorgar a una mujer que acude a
denunciar el maltrato que viven por parte de sus esposos o cónyuges. (Sáez, 2013).
El espacio que pudiera abarcar la violencia contra las mujeres, es infinito y alude
a todos y cada uno de los rincones donde ellas están inmersas sin discriminar sector,
clase económica, grado académico y ámbito de desarrollo e interacción con los
hombres1.
Es la constante vivencia de miedo de las mujeres a una mayor violencia y la
desconfianza del sistema de justicia penal, favorecido por la serie de obstáculos a los
cuales se enfrentan las mujeres, no sólo de las amenazas latentes que se convierten en
lesiones u homicidios por parte de la pareja, sea contra ellas o contra sus hijos, sino
también por el debilitamiento o la nula eficacia de las medidas de protección que
pudieran otorgarse a su favor en su calidad de víctimas; y la dependencia económica y
falta de recursos para el cuidado de sus hijos/as las cuales impiden parcial o totalmente
el seguimiento de una denuncia. (Bodelón. 2012). Y es que la doctrina no miente en
señalar este aspecto, puesto que también hemos podido comprobarla a través de la voz
recogida de seis usuarias que habían acudido a denunciar a los centros de justicia para
mujeres de Campeche y Yucatán.
1 Para estos efectos me refiero al térnimo “hombres”, pero también está incluida en general la violencia de género desde el machismo proveniente tanto de hombres como mujeres que discriminan a otras mujeres.
9
Así, a pesar de todo esto, resulta difícil para muchos practicantes del Derecho y
para quienes tienen en sus manos la impartición y administración de justicia,
comprender este sesgo de género que se observa cuando se trata de hacer valer el acceso
a la justicia para las mujeres. Esto es imposible sin una perspectiva de género, la cual ha
sido contemplada en diversos tratados internacionales y recomendadas por diversos
organismos para que sea implementada en los sistemas jurisdiccionales y de procuración
de justicia, tal y como veremos más adelante.2
Desde el enfoque de género, resulta interesante analizar el origen de la violencia
familiar, ligada a la cultura y la discriminación histórica que las mujeres han sido objeto
por siglos. Por ello, incluso algunas corrientes feministas ven a la familia como “…el
mecanismo que materializa las imposiciones de monogamia y heterosexualidad, sobre
las que se basa la expropiación de la sexualidad de las mujeres.” Más todavía, se ve a la
familia, “protegida” y reforzada por el Derecho como una especie de control que
justifica la violación sexual y sirve para mantener a las mujeres aterrorizadas mediante la
violencia o la amenaza de ella por parte de esposos y parientes. Marcando tajantemente
la perpetuación del privilegio masculino. (Jaramillo Isabel, 2008: 269-270).
Pero, ¿por qué hablar de violencia doméstica exclusivamente hacia las mujeres,
en este trabajo? Porque la cuestión de género involucra dimensiones tanto político-
económicas y culturales-valorativas, al estructurar por un lado la división fundamental
de trabajo remunerado ‘productivo’ y trabajo doméstico no remunerado ‘reproductivo’,
asignando total y fehacientemente a la mujer la responsabilidad primaria de este último
como el cuidado de los hijos y demás miembros de la familia, repercutiendo tal
desigualdad hasta en el entorno laboral, visto como menos. Por otro lado, en la segunda
dimensión, “…el género incluye asimismo elementos que se asemejan más a los de la
sexualidad que a los de clase y que lo ubican claramente dentro de la problemática del
reconocimiento.” Prueba de ello es el androcentrismo, visto como un conjunto de reglas
que privilegian todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la masculinidad; no obstante
2 Ya diversas conferencias como la Plataforma de Beijing en los noventas, que marcó pautas iniciales en materia de perspectiva de género.
10
con las mujeres a quienes se les promueve dentro del sexismo cultural como seres
devaluados y se desprecia todo lo relacionado con lo femenino. Así, un claro ejemplo de
todo eso se expresa en el conjunto de lesiones que sufren las mujeres, entre ellas el
ataque sexual, la explotación sexual y la difundida violencia doméstica, yendo mucho
más allá todavía con la supresión total o parcial de sus derechos así como la falta de
reconocimiento de los mismos. (Fraser, S. A.: 13 y 14).
Este paquete de discriminaciones que establecen los párrafos anteriores pudieron
ser comprobados al realizar este trabajo de investigación y recoger de viva voz las
diversas situaciones que han vivido distintas mujeres en los estados de Campeche,
Quintana Roo y Yucatán, quienes la gran mayoría, salvo dos de ellas, presentan un
rezago no sólo económico y académico, sino que también les fue difícil identificar la
situación de violencia que vivían con sus parejas. Haciendo especial énfasis que en los
casos de U1QR, U4QR y de U4Y se trataban de una mujer indígena, otra joven y la otra
inmigrante guatemalteca.
Ahora bien, desde la doctrina jurídica especializada, es la Declaración sobre la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer de la ONU (DEVCM, 1993), en su artículo
primero, que define a la violencia contra la mujer como: “Todo acto de violencia de
género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico
para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria
de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada.”
No obstante, para el presente documento que nos atañe, me referiré a la agresión
perpetrada contra la mujer en los espacios privados y, algunas veces públicos pero que
están definidos por las relaciones de parentesco, noviazgo o situación sentimental, y que
en nuestro país se conoce como violencia familiar y, sobre todo para el estudio de este
trabajo me es menester precisar al lector que de ahora en adelante me referiré como
“violencia doméstica” y haciendo referencia a la vivida exclusivamente por las mujeres.
El Centro de Investigaciones Innocenti perteneciente al Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia, UNICEF, señala sobre la violencia doméstica que: “El Término
‘doméstica’ comprende toda violencia cometida por una persona con la cual la víctima
11
tiene una relación íntima o por otros miembros de la familia, cualesquiera sean el lugar y
la forma en que se manifieste dicha violencia.” En este mismo sentido, distingue la
violencia doméstica dirigida hacia el sexo femenino definiéndolo como: “…la violencia
cometida contra mujeres y niñas por una persona con quien tienen una relación íntima,
incluido el compañero con que conviven, y por otros miembros de la familia, ya sea que
dicha violencia se produzca dentro o fuera de las paredes del hogar.”
2. Contexto general de la violencia contra las mujeres específicamente en el
ámbito de violencia doméstica.
Este es un problema que atañe a todo el mundo y no es de reciente manifestación
ya que hasta 1997, un estudio realizado por este centro de investigación mostraba que en
Japón, el 59% de 796 mujeres encuestadas en 1993 declararon haber sufrido malos tratos
físicos por parte de su compañero; en Reino Unido, el 25% de mujeres señaladas en un
muestreo declaró haber sufrido puñetazos o bofetadas a manos de sus compañeros de
vida; en India, ascendía al 45% la proporción de hombres casados que reconocieron
someter a sus esposas a malos tratos físicos, según una encuesta realizada en 1996 entre
un grupo de 6.902 hombres en el estado de Uttar Pradesh; en Israel el 32% de las
mujeres declararon al menos un episodio de malos tratos físicos por parte de sus
compañeros y el 30% han declarado haber sido obligadas por sus maridos a tener
relaciones sexuales forzadas el año anterior, según una encuesta realizada en 1997 entre
1.826 mujeres árabes; y en el caso de México, el 30% de 650 mujeres encuestadas en
Guadalajara declararon haber vivido al menos un episodio de violencia física por parte
de un compañero; el 13% ha declarado haber sufrido violencias físicas el año anterior.
En octubre de 2013, la ONU informó que las cifras recientes de la prevalencia
mundial indican que el 35% de las mujeres del mundo han sufrido violencia de pareja o
violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Así, por término medio, el
30% de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna
forma de violencia física o sexual por parte de su pareja y, un 38% de los asesinatos de
mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja. Un ejemplo de ello,
12
es que entre el 15% de ellas en el Japón y el 71% en Etiopía referían haber sufrido a lo
largo de su vida violencia física o sexual perpetrada por su pareja.3
Resulta incoherente que, seres humanos de los cuales podría esperarse el
verdadero ejercicio del respeto hacia la dignidad humana, sean los que – día con día –
demuestran, ejecutan y expresan nada bondadosas acciones que afectan la libertad,
dignidad, integridad, cuerpo y vida de las mujeres. En México, “Para muchas mujeres, el
hogar es un lugar de dolor y humillación. La violencia contra ellas infligida por su pareja
es común, generalizada y adquiere especial dramatismo, pues sus repercusiones son de
gran alcance.” (ENDIREH4, 2013: 4). Hablamos de que no únicamente reciben golpes o
cualquier otra dolencia física, sino también repercute en su intelecto, libertad, salud,
integridad, emociones, estados de ánimo, plan de vida, ámbito de desarrollo, economía y
su propia vida: desacredita la estabilidad en todos los sentidos de quienes durante
muchos años errónea y androcéntricamente han sido llamadas “el sexo débil”.
O tal y como piensa Woldenberg al comentar que la violencia que viven las
mujeres no es tampoco un fenómeno exclusivamente nacional puesto que nuestra
presunta singularidad no da para tanto; y recalca al pronuncia que es tal su reproducción
en el mundo que la Organización de las Naciones Unidas, ONU por sus siglas, ha
establecido un día (25 de noviembre) para llamar la atención sobre él, para
“visibilizarlo” como ahora se dice, para encender una voz de alerta contra algo que
debiera estar erradicado; pero que hasta la fecha no lo está.
Y es que, sin ánimo de demeritar ni hacer a un lado los derechos de las mujeres
que viven en el otro hemisferio del mundo, es objetivo de este trabajo concentrarse a la
realidad que sucede en México, y que ha sido subrayada por organismos internacionales
cuando a principios de la década pasada los reflectores mundiales voltearon la luz hacia
nuestra nación con el caso de Ciudad Juárez; que vinieron a marcar precedente no sólo a
nivel del Derecho interno sino a nivel del Sistema Interamericano de los Derechos
Humanos con el Informe de la Relatora Especial sobre la Violencia contra las Mujeres
3 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs239/es/ 4 Siglas para referirse a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México.
13
de su misión a México (2006) y por supuesto, a finales de la misma década con la
sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos mejor conocida como
“Campo Algodonero contra México” (2009) y que haya sido corroborada mucho antes
tal situación en esa ciudad con la visita del Comité de expertas de la CEDAW5.
Lo anterior, como refiriera el mensaje de la mencionada relatora Yakin Ertürk al
hablar sobre la cultura machista que relega a las mujeres a un papel secundario en su
familia y en su comunidad, propiamente a los hogares; ya que independientemente de
que ellas contribuyan a la manutención de la familia, siempre es al hombre al que se le
considera fuente de sustento. Se define a las mujeres y éstas se definen a sí mismas en
función a su relación con los hombres que dominan las diferentes fases de su vida.
Resaltando que este factor, que priva a las mujeres de una existencia independiente, hace
que muchas de ellas tengan dificultades para salir de una relación violenta, pues pueden
tener la impresión de que huir es lo mismo a perder su identidad y pueden dejarlas en
una situación de mayor vulnerabilidad. El resultado es que a menudo son las propias
víctimas quienes se escudan en una idea distorsionada de la intimidad para preservar la
impunidad de sus agresores, una situación que encuentra apoyo en las normas y
prácticas sociales. (2005: 5).
3. La violencia doméstica que viven las mujeres en México.
En México en 2013 un total de 24, 566,381 mujeres casadas o unidas de 15 y
más años en el ámbito nacional, se registra que 11, 018, 415 han vivido algún episodio
de maltrato o agresión en el transcurso de su vida conyugal; tal cifra visibiliza que casi
la mitad de las mujeres en nuestro país viven violencia de género. Además que se
subrayan diversas formas de agresión las cuales muchas veces son difíciles de distinguir
y van incluso combinadas.
5 CEDAW por su siglas en inglés: Convention for Elimination of Any Way of Discrimination against Women. En español: Convención para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
14
La misma encuesta conceptualiza cuatro tipos de violencia al interior del hogar
de la siguiente manera:
• La violencia física que pueden ir desde una bofetada o empujones hasta lesiones
que causan la muerte de la víctima, , el 25.8% de todas las mujeres casadas o
unidas la han sufrido (2,842,309);
• Las agresiones sexuales, se refieren específicamente a la cosificación de la mujer
a través de su cuerpo, atentando por ende contra su libertad sexual, por cualquier
forma de abuso o presión en contra de su voluntad, así como la tentativa para
consumar tales actos (violación por ejemplo). (2013:4) el 11.7% (1,288,893) de
mujeres casadas o unidas han sufrido estas experiencias;
• La violencia psicológica que incluye todas aquellas formas insidiosas de tratar a
la mujer con el fin de controlarla o aislarla, negando sus derechos,
menoscabando su dignidad, arrojando tal encuesta que la más representativa es la
emocional pues es un total de 9, 826, 235 mujeres casadas o en concubinato que
durante el transcurso de su relación con algún varón vivieron esta forma de
violencia, es decir el 89.2%;
• Y la violencia económica, que va desde negar a las mujeres el acceso o control
del dinero para gasto diario hasta el chantaje, o apropiarse y despojarla de sus
bienes de la cual el 56.4% (6,215,767) de las mujeres casadas o unidas han
vivido algún tipo de esta violencia (ENDIREH, 2013: 3-7).
4. La violencia doméstica contra la mujer en Quintana Roo.
Durante 2010 y 2011 según la última encuesta de ENDIREH en el Estado de
Quintana Roo: de 301,205 mujeres casadas o unidas que dijeron no haber padecido
ningún tipo de violencia sumaron 202, 172. Esto de un total 652, 358 mujeres que
habitan el Estado según último censo de 2010.6 El total de mujeres encuestadas que sí
6 Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/qroo/poblacion/default.aspx?tema
15
han vivido algún tipo de violencia es el 32.7 (98,480), lo que sitúa a Quintana Roo en el
número 18 de 32 de las entidades en el país.
También, según fuentes del INEGI en Quintana Roo, el porcentaje de mujeres de
15 años y más alguna vez unidas, con incidentes de violencia a lo largo de su relación
con su última pareja por tipo de violencia es: emocional de 93.5 a comparación de todo
el país con el 93.1; económica de 75.1 a comparación con el país con el 71.1; la física
del 53.9 a comparación de todo México con el 51.5 y; la sexual del 29.5 a comparación
del nivel nacional con el 29.5 por ciento. Esto sin duda, es lo que más asusta pues
tratándose de una entidad federativa de reciente creación y con un grueso poblacional
bastante pequeño, se observan porcentajes cercanos al contexto nacional de violencia
contra las mujeres.
16
CAPÍTULO II:
ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA
DOMÉSTICA CONTRA LAS MUJERES Y LOS CENTROS DE JUSTICIA
PARA MUJERES.
17
1. Doctrina y corpus iuris que establecen estándares para erradicar la violencia
contra las mujeres vinculados con la violencia doméstica y las políticas
públicas de acceso a la justicia.
El acceso a la justicia incluye todo un conjunto de medidas adoptadas para que
las personas puedan resolver sus conflictos y protejan sus derechos ante los tribunales de
justicia. Así, yendo a un análisis de la intervención social del Estado, podemos traducir
este derecho como toda una gama de políticas públicas que afectan las condiciones de
vida de la población y el orden social. Éste no se limita a casos ventilados en la
administración de justicia sino que comprende, también el control de las políticas
públicas del Estado realizado por organizaciones sociales, el trabajo que desempeñan las
defensorías del pueblo y, por supuesto los funcionarios de justicia. (Birgin y Kohen,
2006: 21 y 22).
Para el mejor seguimiento de este apartado se citarán distintos instrumentos
internacionales que componen un corpus iuris entendiendo éste como el conjunto de
normas internacionales que contemplan y regulan las obligaciones estatales respecto a la
materia, y en particular para este trabajo, sobre la violencia doméstica y la violencia que
viven las mujeres.
Por otro lado, es necesario señalar como parte del DIDH lo contenido en las
resoluciones que han dictado los tribunales internacionales en materia de derechos
humanos de las mujeres, ya que también forman parte del bloque de constitucionalidad
incluido en la reciente reforma sobre derechos humanos de nuestra carta magna, y que
ofrece estándares de cómo deben darse las condiciones precisas para favorecer los
derechos de las mujeres en materia del acceso a la justicia. Por ello, se precisarán en el
siguiente punto de este apartado los documentos y resoluciones que brindan toda una
gama de lineamientos a los Estados para respetar, garantizar, proteger y promover los
derechos humanos de las mujeres: las cuatro obligaciones estatales por excelencia
(CPEUM, 2011).
18
En materia internacional, es precisamente donde se dictan los principios que
regulan la atención a víctimas y el acceso a la justicia de las mujeres con un enfoque de
género y basado en el principio de no discriminación. Así lo confirman el artículo 15 de
la CEDAW (1979), específicamente la obligación estatal de otorgar un trato igual en
todas las etapas del procedimiento ante cortes de justicia y tribunales a hombres y
mujeres; así como el reconocer en sus leyes una capacidad jurídica idéntica para
hombres y mujeres; y es precisamente en México que el Comité de Expertas para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer “…insta al Estado Parte {México}7 a
mejorar el acceso a las víctimas a la justicia y a garantizar que sistemáticamente se
imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar con
programas de protección… {y} que proporcione la asistencia económica, social y
psicológica necesaria a las víctimas de estos delitos.”. (SER. 2008. P. 246). 8
También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace referencia esto:
“4.2.2.- La estandarización de los protocolos, criterios ministeriales de investigación,
servicios periciales y de impartición de justicia, para combatir desapariciones y
homicidios de mujeres y los distintos tipos de violencia contra las mujeres.” y, en su
punto resolutivo número 12, fracciones ii y iii, ordena que el Estado Mexicano deberá
conducir eficazmente el proceso penal y sancionar a los responsables, conforme a las
siguientes directrices: que “ii.- la investigación incluya una perspectiva de género… iii.-
deberá asegurarse que los distintos órganos que participen en el procedimiento de
investigación y los procesos judiciales cuenten con los recursos humanos y materiales
necesarios para desempeñar las tareas de manera adecuada, independiente e imparcial, y
que las personas que participen en la investigación cuenten con las debidas garantías de
seguridad…”. (CIDH. 2008. P. 153). Sin duda, esto resalta la necesidad que se tenía
hasta el 2008 en nuestro país de que existieran órganos especializados en el acceso a la
justicia de las mujeres y que brindaran de manera integral un servicio a las víctimas
mujeres.
7 El texto encerrado entre corchetes es responsabilidad del autor de este documento. 8 El texto subrayado y resaltado en formato negrillas es responsabilidad del autor de este documento.
19
En 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Caso María
Da Penha Fernandez contra Brasil, sentencia dictada en materia de violencia doméstica
contras las mujeres, señaló la importancia de castigar a los responsables ya que al no
existir justicia para las mujeres víctimas de violencia doméstica (violencia familiar en
México) persisten las acciones contra ellas.
Del mismo modo, es con la “Declaración sobre los principios fundamentales de
justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” que se define la calidad de
víctima reconociéndolas como “personas que, individual o colectivamente, hayan
sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida
financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia
de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados
Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.” (1985, Apartado A). En tal
documento se reconoce también los derechos de acceso a la justicia y trato justo de las
víctimas, el resarcimiento, indemnización y asistencia de las víctimas; y que incluso
aborda el tema de las órdenes de protección que en el caso de México y Quintana Roo ya
las contemplan las diversas leyes relativas al acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia, señalando al respecto este instrumento internacional que: “6.- Se facilitará la
adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las
víctimas: c) Prestando asistencia apropiada a las víctimas durante todo el proceso
judicial; d) Adoptando medidas para minimizar las molestias causadas a las víctimas,
proteger su intimidad, en caso necesario, y garantizar su seguridad, así como la de sus
familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de intimidación y represalia; y
e) evitando demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución de los
mandamientos o decretos que concedan indemnizaciones a las víctimas.” y respecto a la
indemnización, contempla el establecimiento, el reforzamiento y la ampliación de
fondos nacionales para indemnizar a las víctima y de otros fondos cuando sea posible.
Para este trabajo, es importante referirnos no sólo al tema de las mujeres sino
también al de las niñas víctimas de violencia, es por ello que en la “Declaración de
Nairobi sobre el Derecho de las Mujeres y las Niñas a Anteponer Recursos y Obtener
20
Reparaciones” se contempla la figura de las niñas como objeto de violaciones a derechos
humanos (2008).
Así, en el 2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rindió un
Informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas
que hace alusión a la situación gravísima que enfrentan las mujeres en los países
miembros, como el caso de México al señalar conforme a la Convención de Belem Do
Pará la obligación de los Estados para que se comprometan a adoptar progresivamente
un conjunto de medidas pertinentes que garanticen el derecho de las mujeres a un acceso
adecuado, efectivo y oportuno a la justicia, específicamente “El ofrecimiento de
servicios de apoyo para las víctimas de violencia especializados apropiados para la
atención necesaria a la mujer objeto de violencia, por medio de entidades de los sectores
público y privado, inclusive refugios, servicios de orientación para toda la familia,
cuando sea el caso, y cuidado y custodia de los menores afectados…”. (CIDH. P. 17).
Cabe resaltar que en este informe en su párrafo cinco, contempla la labor de los Estados
para remover obstáculos económicos y financieros en el acceso a los tribunales así como
garantizar un efectivo derecho a ser oído en un tribunal.
Igual, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
dictada por la ONU, establece en su artículo 4, incisos “d” y “g” respectivamente, que
“deben darse a éstas {las mujeres} acceso a los mecanismos de la justicia y , con arreglo
a lo dispuesto en la legislación nacional, a un resarcimiento justo y eficaz por el daño
que hayan padecido…g) Esforzarse por garantizar, en la mayor medida posible de los
recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación
internacional, que las mujeres objeto de violencia y, cuando corresponda, sus hijos,
dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el
cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones
y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo, y asimismo, adoptar
todas las medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y
sicológica.” Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud, reconociendo la
violencia doméstica y la violencia contra las mujeres como problemas de salud pública,
21
ha dictado estándares en materia de creación de políticas públicas sobre la materia, y que
al respecto de las “Condiciones Institucionales para Desarrollar Políticas sobre Violencia
Doméstica” señala que en los presupuestos públicos, los gobiernos deben destinar
recursos financieros necesarios para enfrentar este tipo de violencia; que tal tipo de
inversión para la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres
cumple varias funciones sociales como favorecer “el desarrollo de modelos de
intervención asegurando las necesidades de los distintos grupos de mujeres según edad,
lugar de residencia, nivel socioeconómico, etnia y otras categorías.” y también establece
como medida de protección la garantía de un domicilio seguro para la víctima; y como
una medida de atención integral a las víctimas que la atención a las víctimas de violencia
doméstica debe ser gratuita en la justicia y los servicios sociales, que es una obligación
del Estado proporcionar estos servicios de asistencia, y deben desarrollarse programas
de empoderamiento de las mujeres a fin de que recuperen su autonomía y autoestima.
De esta forma, a manera de cerrar este apartado, hemos visto que el acceso a la
justicia contempla la debida diligencia en el proceso que lleva la víctima, contar con
asistencia jurídica y psicológica pero también, se han establecido estándares para que de
manera urgente se activen las obligaciones estatales de proporcionar asistencia
económica la cual va enfocada a satisfacer las necesidades de las mujeres víctimas de
cualquier delito, en especial de las que viven violencia familiar, más aún cuando éstas
cuentan con hijos/as y ambas personas son echadas a la calle por sus parejas quien les
provee económicamente. Tales situaciones deberían considerarse siempre y en todo
momento dentro de la garantía de acceso a la justicia de las mujeres, sobre todo cuando
se habla de la implementación de políticas públicas efectivas, las cuales no existen hoy
en día en el Estado de Quintana Roo ya que únicamente se cuenta con las Mesas
Especializadas de Atención para la Mujer y que son dirigidas por mujeres abogadas que
hasta donde tengo conocimiento, carecen de certificación con perspectiva de género.
2. Las obligaciones del Estado Mexicano para proteger y garantizar el acceso a la justicia de las mujeres.
22
2.1.- Obligaciones estatales establecidas en diversos documentos
internacionales respecto al acceso a la justicia y la protección de las mujeres
sobre este derecho.
En este apartado, me permitiré mencionar las obligaciones estatales que están
relacionadas directamente con proteger, promover, garantizar y respetar los derechos
humanos de las mujeres y que se encuentran contenidas en algunos instrumentos
internacionales que conforman el corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos así como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente
sobre los derechos de acceso a la justicia y al de las mujeres a una vida libre de
violencia, sobre todo la doméstica. 9 Para ello, se presenta la siguiente tabla de
información respecto a lo que contiene cada tratado con el objeto de esta tesis: el
empoderamiento económico y la erradicación de los obstáculos de esta índole para las
víctimas. De la misma forma, se establecen estándares que sirven como guía para la
elaboración de políticas públicas y medidas que deben contener tales.
Instrumento internacional
Organismo Obligaciones/Estándares.
Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
Naciones Unidas. Derecho a la igual protección de la ley y de la protección contra la discriminación; Existencia de un recurso efectivo que ampare al individuo contra cualquier violación a sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley; Iguales derecho en el matrimonio para cónyuges; Protección del Estado hacia la familia; Todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad
Naciones Unidas. Los Estados adoptarán las medidas legislativas necesarias para determinar la edad mínima para contraer matrimonio, con dispensa de esa edad por parte de la
9 Según ONU Mujeres en su último informe “El progreso de las mujeres en el mundo 2011-‐2012”, existen en su haber 36 acuerdos, convenios e informes a nivel global, sin tomar en cuenta el SIDH que versan sobre los derechos de las mujeres en general.
23
mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (1962).
autoridad competente.
Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969).
Organización de Estados Americanos.
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención.
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (1979).
Naciones Unidas. Insta a los Estados Parte para condenar la discriminación contra las mujeres en todas sus formas y el compromiso para consagrar de manera constitucional el principio de igualdad; adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con sus respectivas sanciones que prohíban toda discriminación contra las mujeres; Obliga a establecer la protección jurídica de los derechos de las mujeres sobre una base de igualdad con los de los hombres y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de las mujeres contra toda acto de discriminación; La adopción de medidas especiales de carácter temporal para acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres; Los países deben tomar las medidas apropiadas para “a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres; Compromete a los Estados para que adopten las medidas adecuadas para la eliminar la discriminación contra las mujeres en los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares, tal como los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución.
Recomendación General no. 12 (1989).
Comité de la CEDAW.
Obliga a los Estados Parte a proteger a la mujer de cualquier tipo de violencia que se produzca dentro en la familia, en el trabajo o cualquier otro ámbito y recomienda a los Estados a que rindan informes al Comité sobre la legislación vigente, las medidas que han adoptado así como servicios de apoyo para las mujeres y datos estadísticos.
Convención Universal sobre los Derechos del Niño (1989).
Naciones Unidas. Establece específicamente la protección que debe brindarse a los menores en todo momento.
Recomendación General no. 19 (1992).
Comité de la CEDAW.
Observa que la violencia en la familia es una de las formas de violencia más insidiosas de violencia contras las mujeres y que la falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones
24
violentas; Los Estados Parte deben velar por que las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra las mujeres, protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados; Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados; Pide que se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, la indemnización inclusive; Se establezcan o apoyen servicios destinados a las víctimas de violencia en el hogar, violaciones, violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres, entre ellos, refugios, el empleo de trabajadores sanitarios especialmente capacitados, rehabilitación y asesoramiento; Obliga a establecer como medidas necesarias para resolver el problema de la violencia en la familia: sanciones penales en los casos necesarios y recursos civiles en caso de violencia en el hogar; servicios entre ellos, refugios, asesoramiento y programas de rehabilitación, para garantizar que las víctimas de violencia en la familia estén sanas y salvas; Se establezcan medidas de protección, entre ellas refugios, asesoramiento, rehabilitación y servicios de apoyo para las mujeres que son víctimas de violencia o que se encuentren en peligro de serlo.
La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993).
Naciones Unidas. Obligación de los Estados para proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por sus particulares; Se debe proporcionar a las mujeres el acceso a los mecanismos de la justicia y a un resarcimiento justo y eficaz del daño que hayan padecido; Informar a las mujeres de sus derechos a pedir reparación por medio de esos mecanismos; evitar eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de sus leyes, prácticas de aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta la discriminación contra la mujer; Que las mujeres objetos de violencia y, cuando corresponda, sus hijos, dispongan de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones y programas sociales y de salud, así como estructuras de apoyo y asimismo, adoptar todas las demás medidas adecuadas para fomentar su seguridad y rehabilitación física y sicológica.
25
La Declaración y Programa de Acción de Viena (1993).
Naciones Unidas. Observa que los derechos humanos de mujeres y niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.
El Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (1994).
Naciones Unidas. Observa que: En las intervenciones concernientes a la salud de la familia y otras medidas relacionadas con el desarrollo, se debería prestar más atención al tiempo que exigen de la mujer sus responsabilidades de criar a los hijos, atender los quehaceres domésticos y realizar actividades que generan ingresos; Se debería insistir en las responsabilidades de los hombres respecto de la crianza de los hijos y los quehaceres domésticos; Se deberían hacer mayores inversiones en medidas apropiadas para reducir la carga cotidiana de las responsabilidades domesticas, que en su mayor parte recaen en la mujer; Los quehaceres domésticos de la mujer no deberían tener repercusiones adversas en su salud; Propicia el impulso de las organizaciones no gubernamentales y el activismo a favor de los derechos de las mujeres; También de manera incluyente señala que debería hacerse énfasis en horarios flexibles para hombres y mujeres con el ánimo de que puedan atender sus responsabilidades familiares y laborales.
La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995).
Naciones Unidas. Hace énfasis en el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos; Establece que la baja condición social y económica de la mujer puede ser tanto una causa como una consecuencia de la violencia de que es víctima; Recomienda el involucramiento de los hombres en las acciones a favor de las mujeres; Respecto de la violencia doméstica señala que en muchos casos, la violencia contra las mujeres y las niñas ocurre en la familia o en el hogar, donde a menudo se tolera la violencia; Pide que los gobiernos y otras entidades deberán: Propiciar la integración activa y visible de una perspectiva de género en todas las políticas y programas; Promover el acceso a remedios justos y eficaces, inclusive la reparación de los daños causados, la indemnización y la curación de las víctimas y la rehabilitación de los agresores; Ofrecer a las mujeres víctimas de la violencia acceso a los sistemas judiciales y, según lo previsto en las leyes nacionales, a soluciones justas y eficaces para reparar el daño de que han sido objeto, e informarles acerca de su derecho a obtener compensación a través de esos mecanismos; Crear mecanismos institucionales, o reforzar los existentes, a fin de que las mujeres y las niñas puedan dar
26
parte de los actos de violencia cometidos contra ellas e interponer denuncias al respecto en condiciones de seguridad y confidencialidad, y sin temor a castigos o represalias; Establecer centros de acogida y servicios de apoyo dotados de los recursos necesarios para auxiliar a las niñas y mujeres víctimas de la violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a título gratuito o de bajo costo, cuando sea necesario, además de la asistencia que corresponda para ayudarles a encontrar medios de vida suficientes.
Declaración del Milenio (2000).
Naciones Unidas. Exige a los Estados garantizar la igualdad de derechos y oportunidades que debe existir entre hombre y mujeres y, el empoderamiento de la mujer para reducir la pobreza.
Resolución de la Asamblea General para la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer y la niña (2004).
Naciones Unidas. Insta a los Estados para que establezcan, refuercen o faciliten, siempre que sea posible, servicios de apoyo para atender a las necesidades de quienes hayan sido o puedan ser victimas de esos delitos proporcionándoles, entre otras cosas, protección adecuada, refugio seguro, asesoramiento, asistencia jurídica y servicios de atención de salud, en particular en materia de salud sexual y reproductiva, salud psicológica y otras esferas pertinentes, rehabilitación y reinserción en la sociedad.
Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la diligencia debida en la prevención (2009).
Naciones Unidas. Destaca que los Estados tienen la obligación de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas y deben ejercer la diligencia debida para prevenir, investigar, perseguir y castigar los actos de violencia contra las mujeres y las niñas y ofrecer protección a las que hayan sido víctimas de la violencia, y que el hecho de no hacerlo vulnera y menoscaba o anula el disfrute de sus derechos humanos y libertades fundamentales; Insta a los Estados a adoptar y aplicar políticas y programas que pongan a la mujer en condiciones de evitar las situaciones de violencia, escapar a ellas e impedir que se repitan y que ofrezcan, entre otras cosas, apoyo financiero y acceso en condiciones viables a una vivienda segura o a refugios, a guarderías y a otras formas de apoyo social, asistencia jurídica, formación profesional y recursos productivos, y a poner esos servicios al alcance de las mujeres y las niñas con discapacidades.
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Pará (1994).
Organización de los Estados Americanos.
Reconoce plenamente la existencia de la violencia contra la mujer en el hogar y en otros ámbitos; Pide a los Estados adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; Establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que
27
incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; Establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.
Tabla no. 1
Finalmente, otros documentos que ya han sido mencionados en este trabajo,
como son “El informe de acceso a las justicia para las mujeres víctimas de violencia en
las Américas” y la “Declaración de Nairobi sobre el Derecho de las Mujeres y las Niñas
a Anteponer Recursos y Obtener Reparaciones”, la “Declaración sobre los principios
fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” que
establecen estándares específicos para la atención de la violencia contra la mujer y que
comprenden nuevamente servicios de orientación y atención a víctimas, refugios, el
empoderamiento económico y por supuesto, en lo que es materia de esta tesis: hasta la
creación de un fondo especial para víctimas de violencia correspondiente a la respectiva
indemnización que deben obtener las mujeres.
2.2.- Obligaciones estatales establecidas en jurisprudencia del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos (SIDH)10 respecto al acceso a la justicia de las mujeres
víctimas de violencia doméstica.
Deberes que han sido señalados en algunas resoluciones dictadas por algunos
tribunales internacionales y que, forman parte del Corpus Iuris de derechos humanos en
materia de acceso a la justicia y mujeres víctimas de violencia doméstica:
a) El caso Valentina NIkolaeva Bevacqua contra Bulgaria, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: Medidas de protección inmediatas que los Estados deben asegurar
a las mujeres y sus hijas/os víctimas de violencia doméstica o familiar; el deber de
10 Se usarán estas siglas para referirnos de ahora en adelante al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
28
garantizar el disfrute del derecho de ambos demandantes a los contactos normales entre
ellos; así como tomar medidas para evitar la dilación en la administración de justicia que
pueden llegar a dañar incluso el interés superior de las y los menores de edad.
b) El caso Kontrova contra Eslovaquia, conocido por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: Esta sentencia recuerda a los Estados la obligación de otorgar
medidas de protección por parte de las autoridades que conocen de casos de violencia
doméstica, desde que reciben las llamadas de auxilio, sobre todo cuando tienen
conocimiento de amenazas de carácter grave y la portación de armas de los agresores
que ponen en peligro la vida de las víctimas.
c) El caso Opuz contra Turquía, ventilado en el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos: El caso establece un precedente en el tema de la violencia contra la mujer
como violación de los derechos humanos y discriminación; deber de proteger a las
víctimas de violencia doméstica; las obligaciones de otorgar medidas suficientes y
eficaces para proteger a las mujeres que viven violencia doméstica, así como sancionar a
los responsables.
d) El informe del caso Marhia Da Penah Maia Fernandes contra Brasil, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Tomar medidas de capacitación y
sensibilización de los funcionarios judiciales y policiales especializados para que
comprendan la importancia de no tolerar la violencia doméstica; simplificar los
procedimientos judiciales penales a fin de que puedan reducirse los tiempos procesales,
sin afectar los derechos y garantías del debido proceso; el establecimiento de formas
alternativas a las judiciales, rápidas y efectivas de solución de conflicto intrafamiliar, así
como de sensibilización respecto a su gravedad y las consecuencias penales que genera;
multiplicar el número de delegaciones especiales de policía para los derechos de la
mujer y dotarlas con los recursos especiales necesarios para la efectiva tramitación e
investigación de todas las denuncias de violencia doméstica, así como de recursos y
apoyo al Ministerio Público en la preparación de sus informes judiciales.
e) El informe del Caso Jessica Gonzáles y Otras contra Estados Unidos de
Norteamérica, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Las
29
obligaciones de los Estados Parte para proporcionar recursos válidos y efectivos para
hacer valer la protección de los derechos fundamentales; señalar recursos efectivos para
hacer cumplir las órdenes de protección contra quien perpetúa la violencia.
f) El caso Gonzáles y Otras contra México (Campo Algodonero) de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos: Los Estados deben adoptar medidas integrales
para cumplir con la debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres. En
particular deben contar con un adecuado marco jurídico de protección, con una
aplicación efectiva del mismo y con políticas de prevención y prácticas que permitan
actuar de manera eficaz ante las denuncia; los Estados deben adoptar medidas
preventivas en casos específicos en los que es evidente que determinadas mujeres y
niñas pueden ser víctimas de violencia; el Estado está obligado a combatir la
impunidad por todos los medios disponibles, ya que ésta propicia la repetición crónica
de las violaciones de derechos humanos; proveer regularmente de información a los
familiares de las víctimas sobre los avances en la investigación y darles pleno acceso a
los expedientes, y realizarse por funcionarios altamente capacitados en casos similares y
en atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.
En cuanto a estas obligaciones estatales, es relevante mencionar que el panorama
que viven las mujeres en México respecto a la violencia familiar, ha sido comprobada en
las entrevistas realizadas puesto como señalaron U4Y y U4QR, en ambos casos han sido
amenazadas constantemente, siendo que en el segundo caso, incluso se presentó a
interponer la denuncia con golpes y heridas recientes. A pesar de los esfuerzos
realizados por la comunidad internacional en establecer estándares y medidas efectivas
para que sean cumplidas, podemos observar que la situación que viven diversas mujeres
en la Península de Yucatán, resulta aún caótica.
3. Antecedentes de los Centros de Justicia para Mujeres y el establecimiento de los mismos en México.
3.1.- Antecedentes de los Centros de Justicia en México: referencias internacionales.
30
El mejor modelo que pueda servir como antecedente de los Centros de Justicia
para Mujeres implementados recientemente en algunas entidades federativas mexicanas
es el de los “Family Justice Center” del los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho
“…modelo difiere significativamente de una organización no gubernamental
multidisciplinaria debido a que destina sus servicios en una relación de trabajo cercana
y de tiempo completo con la presencia de profesionales de justicia penal en los Family
Justice Centers.”11 De esta forma, la idea tuvo su origen con la iniciativa de algunas
agencias gubernamentales en el citado país así como de organizaciones comunitarias que
acudían primeramente al órgano equivalente a la Procuraduría General de Justicia en
México para demandar pero todas ellas estaban conscientes de la necesidad de contar
con un centro especializado para la atención a víctimas que contemplara abogados e
investigadores privados así como servicios de salud para los niños y niñas. (Gwin y
Strack, 2006: 1).
También, “…el primer Family Justice Center fue creado en San Diego,
California (2002)… a través de alianzas entre la Fiscalía de la Ciudad de San Diego, la
Fiscalía del Distrito, y el Departamento de Policía de San Diego. Esto involucró la
relación colaborativa entre organizaciones/refugios comunitarios de violencia doméstica
y los profesionales del derecho penal.” Más tarde este modelo fue implementado en más
de 25 centros públicos y no gubernamentales. Así, en el 2005, el Congreso de los
Estados Unidos agregó a los Centros de Justicia Familiar dentro del Acta de la Violencia
contra la Mujer en su Título Primero. (Gwin y Strack, 2006: 1)
Sobre su funcionamiento, si bien algunos centros usan el nombre de “Family
Justice Center” pero algunos de ellos llevan otros nombres para describir los múltiples
servicios que brindan. Así, “…mientras que un Family Justice Center podría albergar a
muchos colaboradores, los básicos incluyen oficiales de policía, fiscales, proveedores de
servicios de derecho civil y abogados comunitarios. El concepto principal es proveer un
lugar donde las víctimas puedan hablar con un abogado, planear su seguridad,
11 La traducción es responsabilidad del autor.
31
entrevistarse con un oficial de policía, citarse con un fiscal, recibir asistencia médica,
recibir información o refugio, y conseguir ayuda de transportación”. E insisto, la
diferencia clave que distingue a estos centros es que cuentan con policías y fiscales, que
aquí en México equivaldrían a la figura del ministerio público. El hecho de que haya
presencia de tiempo completo en estos centros de los profesionales del derecho penal
crea situaciones especiales, políticas y procedimientos con requerimientos especiales.
(Gwin y Strack, 2006: 1).
Algunas de las razones por las que existen los Family Justice Centers son
producto o consecuencia del sistema de justicia civil que dificulta que las víctimas
puedan buscar ayuda y termina cansándolas. La distancia en donde están los lugares
donde deben acudir las víctimas y los gastos que deben cubrir para transportarse; sin
tomar en cuenta la cantidad de veces que tienen que relatar sus historias de violencia a
más de un funcionario o proveedores de servicios médicos, jurídicos, entre otros.
Precisamente, las víctimas se enfrentan a tantos obstáculos que en la mayoría de las
veces regresan con sus agresores prefiriendo eso a obtener los servicios indispensables.
(Gwin y Strack, 2006: 2). Esta situación es sin duda relevante ya que en nuestro país, de
acuerdo a las entrevistas recogidas, observamos los casos de U4Y y U3C que viven
fuera de las ciudades capitales de las entidades federativas y dependen del apoyo
familiar que le brinden para dar continuidad a sus procesos judiciales y de denuncia.
Un ejemplo que ilustra la funcionalidad y la gama de servicios que brindan los
Family Justice Centers es el ilustrado en la obra “The Family Justice Center
Collaborative Model” que al plantear un caso real de una mujer hispana que vivía en
Estados Unidos y víctima de violencia familiar por parte de su pareja, ella se enfrentó a
una gama de obstáculos y necesidades que la obligaron a estar relatando su historia una
y otra vez, además que los tiempos corrían y estaba temerosa de que su pareja fuera a
salir de la cárcel para intimidarla de nuevo o algo más. En tal obra se cita
específicamente cuáles son los servicios que ofrecen los Family Justice Center y todo lo
que se hubiera evitado la víctima al acudir a éste: “La víctima tendrá acceso a
profesionales que necesitará le orienten sobre su caso penal así como de acceso a las
32
respuestas relativas a la jurisdicción civil, asuntos y recursos legales. Ya no necesitará
viajar o llamar a varios lugares para hablar con un policía, fiscal, abogado, perito,
trabajador social o un defensor de la niñez para su caso. No necesitará viajar a varios
lugares para buscar atención médica, obtener una copia del reporte policiaco, o llenar
formatos para una orden de protección o para transporte o refugio.” (Gwin, Strack,
Adams, Lovelace y Norman, 2007: 98).
La alianza de los Family Justice Centers cuenta con una biblioteca en línea de
recursos donde se han arrojado distintas publicaciones que comprueban la funcionalidad
de estos centros. “Algunos productos documentados y publicados de estos centros han
incluido: reducción de homicidios; incremento en la seguridad de las víctimas;
incremento en la autonomía y el empoderamiento de las víctimas; incremento en la
eficiencia y coordinación entre los proveedores de servicios; y reducción de las
retractaciones y minimización de las víctimas al contar con apoyo y servicios;
incremento en la acusación de los agresores; y dramáticamente el incremento de apoyo
comunitario de los servicios para las víctimas y sus hijos/as.” (Gwin y Strack, 2006: 3).
Cabe resaltar que respecto al empoderamiento y autonomía de las víctimas, este modelo
contempla el enlace con diversos organismos y dependencias así como empresarios de la
localidad que permiten no sólo la estabilidad mental y espiritual de las mujeres víctimas
de violencias sino también de que manera simultánea puedan ir preparándose para la
autosuficiencia económica. Este aspecto sin duda debería contemplarse en todo
momento, ya que en el caso de todas las entrevistadas en Campeche, ninguna hasta la
fecha ha logrado un empoderamiento económico sino que hasta la fecha continúan en su
mismo estado social, educativo y económico; en dónde sólo se les ofreció acudir a un
módulo itinerante de bolsa de trabajo.
Y, respecto a estos lugares en los Estados Unidos, cabe mencionar que también
brindan servicios especializados ajustados a las necesidades de cada familia. Lo más
importante es que “…durante el proceso de un plan estratégico, cada Centro debe
identificar cuáles servicios son los más necesitados y de ayuda para las víctimas para
que les sean proveídos en un modelo de prestación de servicios co-establecido.” (Gwin y
33
Strack, 2006: 4). Además de los que ya han sido mencionados anteriormente también
pueden darse otros servicios tales como seguro médico completo, exámenes periciales,
capacitación para el trabajo, servicios de consejería integral y de largo plazo, servicios
de campamento y de tutoría para niñas y niños, y una serie de otros tipos de servicios
acoplados a los servicios básicos de oficiales de policía, fiscales y abogados. Respecto a
este punto, cabe destacar el caso de la usuaria U2C quien lleva ya 4 años con su proceso
jurídico por el delito de violencia familiar y hasta la fecha continúa acudiendo al Centro
de Justicia para Mujeres sin resultados satisfactorios, lo cual le genera gastos, ya que
incluso ha tenido que desembolsar para la cuestión de trámites.
También vale la pena hablar de manera sintetizada la experiencia que han tenido
la implementación de los Family Justice Centre12 en Inglaterra, para ello, me permito
comentar la experiencia que recogen algunas investigadoras de la Universidad de Oxford
sobre este tipo de centro establecido en el Distrito Londinense de Croydon en diciembre
de 2005. Si bien ellas recogen testimonios de diversas usuarias que han sido albergadas
o atendidas en este centro, pero también se pueden apreciar algunas características que
impactan respecto a la funcionalidad de los mismos puesto que la gran mayoría de las
usuarias entrevistadas que habían vivido violencia doméstica, tuvieron que pasar por
eventos totalmente gravísimos para ponerse en contacto con un centro en esa ciudad
inglesa; además que al entrevistarse con el personal de la línea de ayuda telefónica, estos
refirieron que muchas veces cuando ellas llamaban (las víctimas) no siempre decidían
acudir al centro. Tomando en cuenta que no es necesario sacar una cita para que puedan
ser atendidas. El propio personal que labora en esos centros comentan que las víctimas
son atendidas al momento y que se les proporciona refugio si es necesario, y se le dan
los trámites correspondientes de acuerdo a sus necesidades y, las víctimas al ver que se
cuentan con muchos servicios, se sienten más aliviadas ya que no sólo encuentran apoyo
jurídico en sus procesos penales sino que también para todo lo que tiene que enfrentar
una víctima de violencia doméstica. En voz de algunos testimonios, se refiere que si la
12 El nombre en inglés británico difiere del estadunidense: “Centre” en lugar de “center”. Me he permitido respetar el nombre original de cada lugar.
34
víctima no ha reconocido el problema, se le proporciona personal especializado
profesionalmente para enfrentarlo así como las experiencias han demostrado que existe
un verdadero empoderamiento ya que se da una atención integral a las mujeres y que
ellas, al sentirse acompañadas en sus procesos por personas expertas en el tema se
atreven a enfrentar la situación de violencia que han vivido. (Hoyle y Palmer, 2014).
Es notable subrayar que uno de los aspectos clave respecto a la funcionalidad de
estos centros, es precisamente que se apuesta al empoderamiento de la mujer en todos
sus aspectos, puesto que al brindarle además de los recursos básicos que necesita durante
su proceso de denuncia, también se toman en cuenta las necesidades que en un futuro
garantizarán la independencia económica de la misma, sin olvidar la parte psicológica y
de desarrollo personal.
Otro modelo, que ofrece medidas de empoderamiento a mujeres víctimas de
violencia, es en España el de la “Escuela Anabella para el Empoderamiento de la
Mujer” con el apoyo del Fondo Social Danone y de Momentum Task Force (empresas
mercantiles mundiales) con la que han dado formación y empleo a 210 mujeres
supervivientes de violencia de género con la visión de que una mujer que ha superado la
violencia doméstica es un valor positivo para el desarrollo económico. Esta academia de
estudios, vincula el trabajo de atención con el de desarrollo profesional de las mujeres
víctimas. (Fundación Anabella).
En El Salvador, se ha iniciado desde 2011 el proyecto de 4 centros llamados
“Ciudad Mujer” que ofrece servicios integrados de alta calidad con más de 30 servicios
ofrecidos por más de 15 instituciones, entre los cuales destacan: autonomía económica,
salud sexual y reproductiva, atención a la violencia contra la mujer, educación colectiva
y sala de atención infantil, siendo los dos primeros tipos de servicios los que más se
demandan. Este programa establece un modelo de ventanilla única donde se brindan
todos los servicios de manera integral y con perspectiva de género y también ha sido
incorporado en Perú.
Algo que hay que resaltar en la implementación de todos estos modelos es
precisamente, los servicios de cuidado para niñas y niños que ofrecen cuando las
35
mujeres acuden a denunciar, ya que en el caso de todas las usuarias entrevistadas en el
presente trabajo y que cuentan con infantes, se toparon con este problema pero en el
seguimiento de su proceso; ya que incluso como manifestó U2C, ha tenido que pagar
para que alguien se quede cuidando a su hijo.
3.2.- El establecimiento de los centros de justicia para mujeres en México.
En nuestro país, el antecedente directo para la creación de los “Centros de
Justicia para Mujeres” está en la instauración por Decreto Presidencial el pasado 18 de
febrero de 2004 de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las
Mujeres de Ciudad Juárez, misma problemática que ya hemos narrado en el capítulo
anterior de esta obra. Precisamente, el objetivo de esta comisión en sus principios fue
desarrolla acciones encaminadas a la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres. Más adelante se creó la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres (2
de agosto de 2006) que contempló el Programa Nacional para la Igualdad entre Hombres
y Mujeres con el que se instauraron las Unidades de Género en varias dependencias
federales. Así, en 2007, se creó la Ley General de Acceso a las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia, con el cual se impulsaban acciones afirmativas de vanguardia en el
tema de protección y erradicación de la violencia contra las mujeres. (CONAVIM, 2011:
16).
Así, el 1 de junio de 2009, se crea la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, (en adelante nombrada como CONAVIM),
cuyo propósito principal es dar cumplimiento a los programas y acciones de la segunda
ley citada en el párrafo anterior.
“La creación de la CONAVIM representa: 1) una medida para dar cumplimiento
a los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano en la materia; 2)
ser la institución que asume las obligaciones y compromisos institucionales ya
adquiridos por la entonces Comisión para Ciudad Juárez; y 3) ser la instancia encargada
de diseñar la política integral y transversal para atender la violencia contra las mujeres,
36
coordinar sus acciones en los tres órdenes de gobierno y ejercer atribuciones en materia
de seguimiento y evaluación de la política nacional.” (CONAVIM, 2011: 18).
Precisamente, las acciones de CONAVIM están basadas esencialmente en las
recomendaciones internacionales que han hecho distintos organismos, especialmente el
del Comité de Expertas de CEDAW que proponen la obligación de los Estados de
mejorar el acceso a la justicia de las mujeres que han vivido violencia, así como
garantizarles medidas de protección y la reparación del daño. De esta forma, también la
CONAVIM reconoce el problema que permea en todo el país, respecto a los obstáculos
que enfrentan las mujeres al acceder a la procuración y impartición de justicia, por ello,
se contempla por primera vez el establecimiento de una política pública basada en el
modelo de “Family Justice Center” de los Estados Unidos.
El modelo mexicano de Centros de Justicia para Mujeres reúne a varias
instancias tanto gubernamentales como organismos de la sociedad civil como son: el
Poder Judicial, las unidades especializadas de las procuradurías, instancias
gubernamentales, organismos de la sociedad civil que de manera coordinada y con
perspectiva de género brindan servicios a las mujeres bajo el mismo techo. Si se observa
con detenimiento es similar el modelo planteado en el punto anterior de los Family
Justice Center. El punto que se permite destacar según CONAVIM, es que se ha
pensado el modelo de estos centros con perspectiva de género, tomando en cuenta sus
necesidades, la distribución de las áreas y los servicios que todas ellas requieran,
tomando en cuentan también lineamientos para su seguridad. (CONAVIM, 2011: 25 y
26).
Respecto a la atención, también se subraya en el modelo que las mujeres acuden
con personal especializado en perspectiva de género, donde se evita la re victimización;
tomando en cuenta en la primera entrevista los delitos de los que puede ser víctima, y en
el dado caso que se trate de violencia familiar, se hace una exploración sobre los tipos de
violencia qué ha vivido en su historia personal. Se identifica en la primera etapa las
medidas de riesgo para su protección y saber qué servicios se le pueden ofrecer como un
albergue o refugio que evite daños irreparables y garantice su protección. Y, en los casos
37
donde se ha establecido el nuevo proceso acusatorio, también se toman las medidas de
seguridad para que la mujer evite el contacto en la medida de lo posible con su agresor.
(CONAVIM, 2011: 27).
También, es importante destacar que todos los servicios que se brinden en los
centros de justicia para mujeres deberán estar basados en los estándares internacionales
contenidos sobre todo, en la Convención de Belem Do Pará y CEDAW. Los primeros
estados en contar con centros de justicia para mujeres fueron Chihuahua, Campeche y
Guerrero.
Respecto a los servicios de albergue y refugio temporal que se ofrecen a las
usuarias en los Estados de Campeche y Yucatán, el mismo personal manifestó que
cuando reciben a una usuaria que requiere estos servicios, luego del trabajo social
realizado a cada una de ellas, se activa el mecanismo si la situación lo amerita. Sin
embargo, llama la atención que en ningún centro mencionado, exista un fondo para
víctimas el cual sea incrementado constantemente a través del gasto público o alguna
otra contribución tales como derechos o aportaciones gubernamentales.
Finalmente, para surtir este apartado, mencionaré los servicios que actualmente
están brindando los centros de justicia establecidos en las ciudades mexicanas de
Campeche y Mérida, mismos que han sido recogidos en diversas entrevistas realizadas al
personal que labora allá mismo y que vale la pena destacar sobre todo en materia de
empoderamiento y asistencia económicos como son: albergue de hasta 72 horas, refugio
temporal hasta por 30 días, servicio de cuidado y recreación para niñas y niños al
momento de acudir a interponer la denuncia; vales de cafetería si la situación lo amerita;
bolsas de trabajo en ambos centros. En el caso de Yucatán cuyo centro fue recientemente
abierto, se han dado a la tarea de incorporar becas para el autoempleo y otorgamiento de
créditos y financiamiento para microempresas a través de la secretaría de trabajo estatal;
así como las capacitaciones para el trabajo incluyen oficios que no han sido comúnmente
asignadas a mujeres como carpintería, taller mecánico automotriz, entre otras y también
continúan con los talleres tradicionalmente asignados a las mujeres.
38
Resulta relevante de lo recogido en las entrevistas al personal de Campeche, que
las agentes del ministerio público están totalmente capacitadas para que durante la
declaración tomen en cuenta las necesidades de las mujeres que acuden a denunciar, así
como también se ofrece el servicio de guardería estatal para quienes así lo requieran.
En ambos centros ya establecidos se proporciona apoyo para cubrir
transportación cuando se solicita sin embargo no es una partida que está contemplada en
el presupuesto, lo que podría ser una recomendación para ambos centros que se ofreciera
un servicio de transporte público exclusivo, sobre todo en el caso de la ciudad de
Mérida, cuyo centro se encuentra en la zona periférica totalmente fuera de la ciudad; no
así el del Campeche, que está localizado casi enfrente de la estación de autobuses para
los pueblos, sin embargo sí requeriría un servicio de transporte urbano para las usuarias
que ya están llevando asuntos y que viven en las colonias más alejadas del centro de la
ciudad.
39
CAPÍTULO III:
SITUACIÓN EN QUINTANA ROO Y PROPUESTAS PARA MEJORAR EL
ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS MUJERES QUE VIVEN VIOLENCIA
DOMÉSTICA.
40
1. Marco jurídico de la violencia doméstica específicamente como delito de
violencia familiar y los delitos que atañen a mujeres en el Estado de
Quintana Roo.
1.1. Definiciones de la violencia familiar o doméstica en el cuerpo jurídico del
Estado de Quintana Roo, obligaciones estatales y sus sujetos.
En Quintana Roo, el Código Penal del Estado es el ordenamiento por excelencia
que incluye la violencia doméstica como delito de “Violencia Familiar”. Fue el 30 de
junio de 2006 y después de una ardua lucha de casi diez años por parte de distintas
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se publicó en el Periódico Oficial del
Estado Quintana Roo lo que entonces se conoció como el delito de violencia
intrafamiliar y que más adelante fuera modificado en noviembre de 2010 como violencia
familiar, simple y llana, ya que el término era confuso y se prestaba a malas
interpretaciones que repercutían en la acreditación del tipo penal. No obstante, resulta
necesario señalar que en el Estado de Quintana Roo no han habido reformas en materia
penal en favor de los derechos de la mujer desde el pasado diciembre de 2011.
Tampoco se ha dado la actualización de la Ley de Acceso de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia del Estado con su respectivo Reglamento desde el 2009, lo cual
no ha permitido evaluar los resultados que se han hecho a la luz de diversos trabajos de
investigación en la materia, como el presentado en 2008 por la Dra. Mónica Franco
respecto a las prácticas de violencia de género legitimadas y que abordaba en ese
entonces la problemática de falta de gravedad en la comisión de delitos contra la mujer.
(Franco Mónica, 2009).
La Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de
Quintana Roo en su artículo 12 señala que son obligaciones que deben tomar en
consideración tanto el Estado como los municipios en el ámbito de sus respectivas
competencias, el promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el
acoso sexual son delitos en el Estado; incluso establece la declaratoria de alerta de
41
violencia de género en los casos de violencia feminicida en el Estado cuando los delitos
del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres,
perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, cuando
exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de
las mujeres y cuando los organismos de derechos humanos del país o estatales así lo
soliciten. Sin dejar de omitir que contempla el establecimiento de las órdenes de
protección como actos de protección (valga la redundancia) y de urgente aplicación en el
Estado como parte del interés superior de la víctima, señalando que son medidas
precautorias y cautelares, y tales órdenes pueden ser a) de emergencia, b) preventivas y
c) de orden civil. (Arts. 27-32). Y su respectivo Reglamento establece en su artículo 31
cuáles son los modelos que deben seguir los refugios para mujeres víctimas de violencia.
Respecto al tema de atención a víctimas de delito cuando se trate de menores de edad, es
la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado
de Quintana Roo, establece como obligación del Estado el: “Concertar convenios con
instituciones públicas y privadas, federales, estatales o municipales, para la prestación de
servicios gratuitos a las niñas, niños y adolescentes en condiciones de desventaja social,
maltratados, víctimas de delitos, con impedimentos físicos o mentales, con
enfermedades terminales, niñas y adolescentes embarazadas, en cuanto a la
hospitalización, tratamiento y rehabilitación;”.
Ahora bien, conforme a los delitos que atañen propiamente a las mujeres en el
Estado de Quintana Roo, se encuentran contemplados en el Código Penal de la entidad,
de tal forma que el actual delito de violencia familiar en su artículo 176 Bis expresa
como tal al “acto u omisión intencional realizado con el fin de dominar, someter o
controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o
moral a cualquiera de las personas señaladas en las fracciones del artículo 176
Ter…dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda o no
producir otro delito.” Asimismo, especifica los tipos de violencia señalados en el
supuesto jurídico; y especifica como agraviados o víctimas al: cónyuge, pareja que esté
unida fuera de matrimonio, parientes consanguíneos en línea recta ascendente o
42
descendente sin limitación de grados, parientes consanguíneos colaterales hasta el cuarto
grado, pariente por afinidad hasta el cuarto grado, parientes consanguíneos tanto en línea
recta como colaterales, parientes civiles producto del resultado de la adopción, así como
Cualquier menor de edad, incapaz, discapacitado o anciano, que esté sujeto a su patria
potestad, custodia, guarda, protección, educación, instrucción o cuidado (176 Ter). Que
en este caso cabe hacer la mención que esta reforma permite separar los tipos de
violencia que pudiera sufrir la víctima de violencia familiar.
De la misma forma, en tal ordenamiento penal se contemplan los delitos de
aborto, violación, abusos sexuales, estupro, acoso sexual, incumplimiento de las
obligaciones de asistencia familiar y propiamente el de feminicidio que se establece
únicamente como una forma de homicidio doloso contra la mujer por razones de género,
señalándolo como delito grave. Especificando tales razones como cuando la mujer tiene
antecedentes de haber vivido violencia familiar por parte de quien le privó de la vida;
cuando hayan sido signos de violencia sexual; que el cuerpo de la víctima tenga lesiones
degradantes, infamantes; que existan antecedentes de acoso u hostigamiento sexual; que
se le haya obligado a la víctima a prostituirse o ser objeto de trata de personas; así como
haya una exhibición pública del cuerpo de la víctima con el fin de demostrar el odio
hacia ella.
Y que resulta interesante, si contemplamos bien lo tipificado en el supuesto
inmediato anterior, que únicamente el delito de homicidio en su calidad de agravante por
razones de género es considerado como feminicidio, y ningún otro supuesto que ponga
en peligro o considere violaciones sistemáticas de mujeres o que señalen causas propias
a la discriminación histórica que han vivido las mujeres durante siglos, con el afán de ir
erradicando este tipo de conductas.
2. Síntesis de los obstáculos actuales que enfrentan las mujeres amas de casa y
económicamente dependientes para acceder a la justicia en Quintana Roo.
2.1.- A nivel nacional.
Nuevamente con el apoyo de la ENDIREH se ha mostrado que también la
violencia de pareja, asimilándola como una forma de violencia familiar, es un delito
43
insuficientemente indocumentado, tomando en cuenta más aún que las mujeres que han
vivido esta forma de violencia “no tienen referentes para saber cómo reaccionar, para
identificar hechos agresivos en su contra y así cortar el ciclo y la escalada de violencia”,
lo que es peor aún, la normalizan; ni siquiera identifican que están viviendo dentro de un
esquema de violencia.
A su vez, tampoco es fácil enfrentar el fenómeno puesto que pueden pasar años
para que las mujeres quienes la viven se den cuenta de ello: que realmente existe una
afectación en sus vidas y poder solicitar ayuda con tiempo. “La ignorancia, la carencia
de información sobre sus derechos y de redes sociales que las apoyen, el hecho de
sentirse en un caso único, el estigma, el temor a las consecuencias y la ausencia o
ineficacia de las respuestas institucionales son de los múltiples obstáculos que a menudo
las llevan a aislarse y perpetuar la agresión que las envuelve… En México, de las
{mujeres}13 casadas o unidas… 9.5% solicitaron asistencia o denunciaron los hechos
ante la autoridad, cifra inferior al 24.1% para las alguna vez unidas.” (2013: 6). Por lo
que tampoco hay que descuidar que muchas veces dentro de las recomendaciones que
dictan algunos profesionales de la psicología, se encuentra la separación de sus parejas,
lo cual si damos importancia a este tema de la dependencia económica, resulta casi sino
es que totalmente imposible que llegue a darse este hecho de independencia, toda vez
que esto implicaría problemas derivados de la organización familiar y de los ingresos
cuando la mujer depende del cónyuge, más todavía la necesidad de contar con otra
vivienda. Asimismo, también se dan otros problemas relacionados con lo económico que
dificultan u obstaculizan el acceso a la justicia como son los derivados del proceso de
divorcio: la dilación procesal, la aportación de pruebas del maltrato, entre otros.
(ENDIREH, 2013: 6).
No quiero perder de vista las diversas situación de vulnerabilidad equiparada que
pueden darse en las mismas mujeres que viven violencia y que acentúan más todavía la
serie de obstáculos que les impide denunciar o continuar con un proceso de averiguación
13 La palabra encerrada entre corchetes es adición del autor de esta tesis para un mejor entendimiento.
44
previa, tales situaciones en condición de vulnerabilidad podrían ser la discapacidad,
etnia, edad mayor de 60 años, o alguna enfermedad imposibilitante que recree otras
formas de violencia.
2.2.- En Cancún, Quintana Roo.
Tampoco escapa a este problema la entidad federativa cuyo estudio de esta
temática abordamos en el actual trabajo de investigación, ya que de lo recogido en
algunas encuestas realizadas al personal de la Procuraduría General de Justicia del
Estado, específicamente quienes mantienen contacto diario con mujeres víctimas de
violencia familiar como son: una perito en Psicología que durante diez años ha atendido
casos de violencia familiar y que ahora se enfoca a agresores; una titular de la Mesa de
Atención a la Mujer que recoge denuncias diariamente y les da trámite; y una agente del
ministerio público perteneciente a la Fiscalía de Delitos Sexuales cuyo trabajo se
relaciona con la atención primaria de delitos sexuales ocasionados a las mujeres por sus
parejas y que por tanto, éstos son desglosados como delito de violencia familiar y
turnados a la Mesa de la Mujer.
Cabe recalcar que con el ánimo de mantener la privacidad de sus dichos, me
permitiré únicamente citar sin orden de preferencia alguna, lo respondido a dos
preguntas realizadas por el tesista a cada una de ellas respecto a los obstáculos en
general que viven las mujeres tanto al denunciar como dar seguimiento a la misma. De
esta forma, se subrayan como obstáculos en materia económica a: la dependencia
económica con el agresor, la falta de acompañamiento jurídico, la falta de dinero para
acudir a las citas, la ausencia de redes de apoyo familiar, la falta de dinero, la falta de
recursos económicos, sus situaciones económicas.
Siguiendo con este análisis de lo recogido en las entrevistas para visualizar la
realidad de lo que sucede en Cancún y que está intrínsecamente relacionado con lo que
ya hemos descrito en documentos y recomendaciones internacionales, también resulta
importante citar las respuestas recogidas en la misma encuesta aplicada a las mismas
45
personas, pero esta vez orientadas a citar ejemplos que reflejen el impacto de la
dependencia económica como un obstáculo para interponer o mantener una denuncia
ante el ministerio público del fuero común por el delito de violencia familiar. Estas
textualmente fueron (sin orden alguno):
• ausencia de oportunidades de empleo,
• bajo nivel educativo,
• falta de albergues,
• falta de apoyo para guardería,
• falta de dinero para comer (víctimas y menores)
• falta de dinero para transportarse (2),
• falta de recursos de apoyo social y familiar;
• falta de recursos para la alimentación de sus hijos,
• falta de vivienda,
• la idea de en dónde se van a quedar,
• no tener dinero para el seguimiento de la denuncia, háblese de transporte para
acudir a las citas,
• quién va a proporcionar dinero para los alimentos si el agresor se va a la
cárcel.
Estos obstáculos no son ajenos, por ejemplo, a las necesidades que tendrían que
ser atendidas por los órganos estatales como medidas asistenciales que contemplen una
atención integral de las víctimas y que sobre todo, sean empáticas a la situación que
viven muchas mujeres que son dependientes económicamente de sus parejas (cónyuges
o concubinos), y que definitivamente tendrían que ser observados bajo un modelo de
política pública funcional que contemple tales carencias como es un Centro de Justicia
para el Estado.
No quiero dejar de mencionar que del total de encuestas aplicadas al personal de
la Procuraduría, el 90% arrojaron que las mujeres que acuden a denunciar por violencia
46
familiar, el 80% de ellas sí dependen económicamente de sus agresores. Esto, no deja
lugar a duda alguna el por qué se subraya en todo momento la problemática tan grande
que enfrenta las mujeres denunciantes y por ende agraviadas-víctimas de violencia
familiar.
Continuando con la observación de la cuestión; se plantea la hipótesis de que si
aunque se salvaran legal, institucional y procesalmente todos los obstáculos antes
mencionados como: la prácticas de corrupción, falta de personal capacitado y
sensibilizado, el otorgamiento de órdenes de protección, etc; aún así, si la mujer víctima
de violencia familiar quien es dependiente económicamente de una pareja violenta, de
todos modos abandonaría la integración de su denuncia, resultando entonces en que los
indicadores se mantendrías en el mismo nivel, a pesar de los esfuerzos aplicados; lo que
querría decir que la verdadera solución para combatir este problema, no radicaría
principalmente en la parte dogmática, procesal ni de actitud institucional, sino en una
solución orientada a resolver esta falta de recursos económicos para integrar una
denuncia y que no represente precisamente el entregar recursos a las mujeres; es decir,
¿Cuál sería entonces el papel del Estado de Quintana Roo para garantizar el derecho
humano de acceso a una justicia, pronta, expedita y gratuita de las mujeres víctimas de
violencia familiar y que dependen económicamente de sus parejas?
3. El delito de violencia familiar y los delitos que atañen a las mujeres en el
Estado de Quintana Roo.
3.1.- Análisis del delito de violencia familiar y sus reformas en el Código Penal
del Estado de Quintana Roo.
Resulta por demás interesante hacer un rápido análisis del tipo penal que se
instituyó en aquel entonces, para luego compararlo con el que existe en la actualidad,
analizándolo a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en
la que México aún se sigue ajustando:
47
PRIMER TIPO PENAL: “SECCIÓN SEGUNDA - Delitos Contra la Familia. - TÍTULO
PRIMERO - Delitos Contra el Orden de la Familia.- CAPÍTULO VIII.- Violencia
IntraFamiliar: ARTÍCULO 176 BIS.- Se entiende por violencia intrafamiliar el acto u omisión
intencional realizado con el fin de dominar, someter o controlar, produciendo violencia física,
psicológica, sexual, económica, patrimonial y moral a cualquiera de las personas señaladas en
las fracciones del artículo 176 Ter del presente Código, dentro o fuera del domicilio familiar,
independientemente de que pueda o no producir otro delito…”, y
ACTUAL TIPO PENAL: (Última reforma 30 de nov de 2010): “SECCIÓN SEGUNDA.-
Delitos Contra la Familia.- TÍTULO PRIMERO.- Delitos Contra el Orden de la Familia.-
CAPÍTULOVIII.- Violencia Familiar: ADICIONADO P.O. 30 JUN. 2006. REFORMADO P.O.
27 NOV 2007. REFORMADO P.O. 30 NOV 2010. ARTÍCULO 176 BIS.- Se entiende por
violencia familiar el acto u omisión intencional realizado con el fin de dominar, someter o
controlar, produciendo violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial o moral a
cualquiera de las personas señaladas en las fracciones del artículo 176 Ter del presente
Código, dentro o fuera del domicilio familiar, independientemente de que pueda o no producir
otro delito.”. Similitudes:
• Ambos tipos penales están enmarcados dentro de la “Sección Segunda Delitos
Contra la Familia”, “Título Primero Delitos Contra el Orden de la Familia”; ya
que el bien jurídico que se tutela es la vida libre de violencia de quienes integran
la familia en diferentes grados de parentesco. Por lo tanto penalmente no se
considera como un delito contra la mujer exclusivamente; sin embargo fueron
las asociaciones en favor de los derechos de las mujeres, apoyándose en los altos
índices de delitos de lesiones cometidos contra mujeres a manos de sus parejas;
lo que logró que se tipificara como un delito específico y con sus
particularidades. (tal vez se pueda ligar esto con los resultados que arrojen las
estadísticas de Fiscalía Especial para la Atención de la Mujer),
• Contemplan 6 tipos distintos de violencia.
• La penalidad sigue siendo la misma en ambos tipos.
48
• Se aumenta la penalidad en caso de reincidencia
• Contienen un último párrafo que a manera de trampa, que deslegitima y
tergiversa por completo el tipo penal, pero sobre todo el bien jurídico tutelado,
pues establece que si se cometiera una lesión POR PRIMERA VEZ, entonces se
aplicarán las sanciones relativas al delito de lesiones contemplado en el artículo
102. Por un lado, pareciera que se está dando una especie de autorización para
cometer el delito por lo menos una vez, y por otra parte, al tomar sólo en cuenta
las lesiones físicas en esa llamada primera vez, se deja de fuera por completo los
otros cinco tipos de violencia, incluso la sexual. Resulta completamente contrario
a los preceptos más fundamentales de la justicia y de los derechos humanos, el
que dentro de un tipo penal se legitime la impunidad y resulta por demás
interesante que a pesar de que este tipo penal ha sufrido ya dos reformas (2007 y
2010), este último párrafo se siga conservando.
Diferencias:
• El nombre del delito cambia de violencia intrafamiliar a violencia familiar,
en un primer intento por reconocer que no se trata de un problema doméstico
ni privado, si no que afecta a la sociedad al atentar a diferentes niveles de la
familia.
• En la enumeración de los seis tipos de violencia en la redacción del primer
tipo, debido a que se conectaban por comas y al último con la letra “Y”, se
daba a entender que para que se perfeccionara el tipo penal se deberían de
dar todas y cada una de las violencias. Es decir, que si al momento de la
agresión existían golpes e insultos (violencia física y psicológica, tal vez
moral dependiendo de las circunstancias) entonces, no podía tipificarse como
violencia intrafamiliar debido a que faltaba los demás tipos. Lo anterior
pareciera un simple problema de semántica y en un primer momento lo fue,
sin embargo al poco tiempo de emitirse las primeras órdenes de aprehensión
por este delito, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo,
comenzó a negar las órdenes incluso en segunda instancia, argumentando que
49
debían presentarse todas las formas de violencia para que se cumplieran los
extremos del tipo penal tal cual estaba redactado. Por lo anterior es que la
reforma del 27 de noviembre de 2007, se concentró en cambiar esta
redacción, quedando como se encuentra actualmente, ligando los tipos de
violencia con la conjunción disyuntiva “O” para convertirlos en optativos.
• El delito se perseguía por querella y actualmente es por oficio, mas no
significa por esto que se encuentra dentro del catálogo de los delitos
considerados como graves por el Código de Procedimientos Penales del
Estado (Véase artículo 100). Esta reforma que aparenta ser positiva al
transformar el delito a perseguible por oficio, pretendía dar relevancia al
tema; sin embargo en la práctica resultó completamente contraproducente; ya
que al no existir las órdenes de protección o de alejamiento, las mujeres
usaban el perdón o el desistimiento de la denuncia como moneda de cambio
con su agresor, ya sea por una pensión alimenticia, para que se salga del
domicilio conyugal, que le firme el divorcio, y un largo etcétera. Ahora que
el perdón por parte de ofendida es inoperante eso ya no es posible, aunado al
hecho de que en caso de un “reconciliación” la tensión siempre está presente
al saberse el agresor denunciado. Por otro lado, a nivel institucional, este
hecho hace que las estadísticas se “inflen” y entonces no reflejen
adecuadamente la realidad de los diagnósticos de este delito.
3.2.- La ausencia de un título especial que reconozca la existencia de “delitos
contra la mujer”.
¿Por qué la mujer es víctima de determinados delitos de manera casi absoluta?.
Del análisis anterior realizado al tipo penal de violencia familiar, se desprende
claramente que el bien jurídico tutelado es la seguridad de cualquier integrante de la
familia. Sin embargo “el hecho es evidente: la mujer sufre determinadas agresiones por
el hecho de ser mujer, por ese papel que le han asignado para que represente bajo la
50
supervisión del hombre, que se cree con derecho a controlarla y a utilizarla. No es una
violencia doméstica porque es salvaje, ni es familiar porque no sólo se produce en las
relaciones o el ambiente familiar. A la mujer se le agrede por ser mujer, no por ser
esposa, madre o ama de casa; por eso muchas de las agresiones se producen cuando aún
no se ha iniciado la relación familiar o doméstica, durante el noviazgo de la pareja, y no
terminan cuando sí lo ha hecho la relación familiar o doméstica…” (Lorente Acosta,
2001: 37-38).
De lo anterior deducimos que el tipo penal de violencia familiar que se maneja en
el Estado de Quintana Roo y en general en México, no pretende proteger a la mujer,
reconociéndola como blanco de una violencia estructural, dentro de un contexto de
sociedad patriarcal, cimentada en el hecho de que la mujer es un elemento más sobre el
que asentar el orden. Se coloca a la mujer sólo dentro del escenario de la familia; como
si ése fuera el único ámbito en el que se desarrolla y el único en el que se violenta. Es
decir que se está confundiendo la forma con el fondo y los delitos parecen lo que no son.
Atendiendo a estos razonamientos, podríamos decir que no existen formas de
violencia familiar, sino expresiones de violencia hacia las mujeres dentro del entorno
familiar. Es decir, que los insultos y vejaciones son las manifestaciones psicológicas y
morales de la violencia hacia la mujer, que las prácticas sexuales dolorosas y no
deseadas son la expresión sexual de la violencia hacia la mujer y que el controlar los
ingresos económicos, negar la manutención o destruir el patrimonio, son expresiones
económicas de la violencia hacia la mujer.
Esta última expresión de la violencia hacia la mujer, la económica, ha resultado
ser muy poderosa contra todas, pero en especial para aquellas que son dependientes
económicas de sus parejas, y los agresores lo saben; ya que se puede volver una especie
de violencia “extendida” donde no sólo se castiga a la mujer, sino que además se afecta
directamente a los hijos e hijas, haciendo un doble nudo o atadura contra la liberación
del ciclo de violencia.
Es sobre esta base de violencia hacia la mujer que se pretende la instalación de
espacios integrales de ayuda como lo son el Centro de Justicia para Mujeres mas no
51
Centro de Justicia para Familias; luego entonces, la legislación, es decir el código penal,
deberá también adaptarse y contemplar un apartado sobre “delitos contra la mujer” y
desagregarlo del de violencia familiar, del que por cierto al ejercerse por parte de padres
o madres, hacia hijos e hijas, resulta en muchas torpezas en su aplicación y en su
resolución, precisamente por el hecho de que el tipo penal está pensado y creado en
contra de la violencia hacia la mujer y por eso en otros casos resulta ineficaz.
3.3.- Los demás delitos que atañen a las mujeres en Quintana Roo.
De lo ya planteado en el apartado número tres de este capítulo, sólo resta
mencionar que si bien, el único delito que no se define como independiente en el Código
Penal del Estado de Quintana Roo y que atañe en gran medida a las mujeres es el
feminicidio o femicidio; además, tendría que analizarse con enfoque de género este tipo
penal cuyo estudio requiere otro trabajo dedicado especialmente a ello. No obstante,
puedo mencionar que dicho ordenamiento lo señala pero remite para su encuadre
jurídico a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia.
Por otra parte, mencionar que como describí anteriormente no existe un apartado
ni título especial en el ordenamiento penal estatal por excelencia que contemple los
delitos contra las mujeres, pero sí, curiosamente, mantiene el delito de aborto cuya
inculpada directa en la mayoría de los casos es la mujer. Los delitos ya han sido
mencionados y, todos de una u otra forma directa o indirecta atañen a la situación de
discriminación y violencia estructural e histórica que han vivido y siguen viviendo las
mujeres dentro del Estado de Quintana Roo, de las cuales habría que reconocer no
únicamente su arraigo costumbrista sino también su situación demográfica, que a pesar
de ser un Estado pequeño en territorio, la situación de cada mujer quintanarroense es a
veces muy distinta entre municipios del Sur, de la zona agrícola, de la zona pesquera, de
la zona turística y la zona urbana y maya, pero en todas ellas repercute la asignación
estereotipada de los roles de género basados en la productividad del varón y la
reproducción de la mujer.
52
4. Marco normativo para la implementación de los Centros de Justicia para
Mujeres en México y Quintana Roo.
La CONAVIM ha basado su trabajo para la creación del modelo de Centros de
Justicia para Mujeres en los siguientes ordenamientos:
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (de manera particular por
lo dispuesto en sus artículos 1, y 4) y que corresponden a la no discriminación, el
principio de igualdad
• Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (títulos II y
III) que definen la violencia, los tipos, modalidades así como el sistema para la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
• Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Reglamento de la Ley
General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (titulo III, IV y
V).
• Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Eje Rector 1 “Estado de Derecho y
Seguridad” y Eje Rector 3 “Igualdad de oportunidades”.
• Programa Sectorial de Gobernación 20072012, Objetivo Sectorial 5 “Consolidar
una cultura de respeto a los derechos y libertades de los integrantes de nuestra
sociedad”, Estrategia 5.1 “Fomentar la prevención, atención, sanción y
erradicación de la violencia contra las mujeres”.
• Decreto de creación publicado el 1° de junio de 2009 en el Diario Oficial de la
Federación.
• Reglamento Interior de la Secretaria de Gobernación.
• Ley de Acceso a las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de
Quintana Roo.
• Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Quintana Roo y su
Reglamento y su Reglamento respectivo.
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
53
5. Situación actual en Quintana Roo para la atención a las mujeres que viven
violencia doméstica.
Durante el trabajo de campo realizado para la investigación de esta tesis, nos
encontramos que a pesar de los estándares ya establecidos en distintos tratados
internacionales y de toda la legislación vigente para la protección de los derechos de la
mujer, específicamente en el tema de violencia doméstica, aún es una utopía el acceso a
la justica, luego que en entrevista la mujer U1QR expresó que lleva tres años acudiendo
actualmente a la Mesa de la Mujer en las oficinas centrales de la Subprocuraduría
General de Justicia del Estado de Quintana Roo ubicadas en Cancún, intentando que se
consigne el expediente de averiguación previa abierto desde ese tiempo; y que en el
momento que ella acudió a denunciar, a pesar de que sus tres hijos menores de edad aún
eran adolescentes, nunca recibió ningún tipo de apoyo ni canalización por parte de las
autoridades que la atendieron, además que ese mismo día una amiga fue quien le ofreció
hospedaje y al día siguiente como ella dice, tuvo la fortuna de conseguir un empleo; al
igual que las demás usuarias entrevistadas; más aún las que acuden a denunciar desde el
primer momento con sus hijos, se enfrentan a barreras económicas tales como la
transportación para acudir al lugar donde pondrán su denuncia, la imposibilidad de tener
a alguien que se haga cargo de sus hijos menores de edad, el no contar con recursos
suficientes para saber qué va a suceder luego que denunciaron a quien les proveía dinero
pero también les agredía. Esto sigue sucediendo hasta la fecha. Así mismo, es
importante resaltar que las usuarias U1QR, U2QR, U3QR y U4QR, nunca fueron
canalizadas a una instancia para poder contar con terapia asistencial para la atención
psicológica y mucho menos canalizadas algún centro de trabajo, así como tampoco
fueron abordadas para saber cuáles eran específicamente sus necesidades económicas.
Situación que pudimos ver que ha sido suplida en los Centros de Justicia para las
Mujeres que se encuentran actualmente en Yucatán y Campeche, aunque sea de manera
limitada pero que brindan mayor confianza hacia las usuarias de los servicios públicos.
54
6. Organigrama y presupuestos establecidos para la Creación del Centro de
Justicia para Mujeres en el Estado de Quintana Roo.
6.1.- Organigrama que especifica la creación de los centros de justicia.
Actualmente, no existe un Organigrama actualizado dado a conocer
públicamente por la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde se contemple la
existencia del Centro de Justicia para Mujeres; no obstante en la reciente reforma del 24
de diciembre de 2013 de la Ley Orgánica de esta dependencia estatal, se contempla la
existencia de la Dirección del Centro de Justicia para Mujeres, y sólo cita como facultad
de quien ocupe esta titularidad, de elaborar el reglamento interno para las usuarias del
Centro. (Capítulo Noveno, Sección V, Art. 44).
El modelo que se adoptará en Quintana Roo para el funcionamiento del Centro
de Justicia para Mujeres, está estrictamente alineado a lo que establece el Centro
Nacional de Prevención del Delito, que es precisamente como lo solicita la CONAVIM,
para subsidiar el desarrollo de los Centros.14
6.2.- Presupuesto estatal destinado a la atención del delito de la violencia
familiar en la actualidad en Quintana Roo.
Según el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2014, se destinó
para la Procuraduría General de Justicia del Estado un total de $451,749,455.00 y para el
Instituto Quintanarroense de la Mujer un total de $42,000,000.00 de pesos, sin embargo
no se especifica concretamente cuánto dinero debe ser destinado para favorecer la
atención del delito de violencia familiar, mucho menos a las mujeres víctimas de tal
14 Información proporcionada por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quitana Roo que coincide con el Modelo de los Centros de Justicia para Mujeres, en su Guía Metodológica publicado por CONAVIM y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE):
55
comportamiento punible. Y es que es por demás interesante ya que precisamente y con
la última reforma de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de Quintana Roo, se observa ya la inclusión dentro de esa ley del Centro de Justicia para
Mujeres y que ya se ha publicitado sobre su construcción iniciada en el Estado,
concretamente en la ciudad de Cancún, y según fuente directas recabadas para este
trabajo con el encargado del proyecto, se contempló una inversión inicial de cuatro
millones de pesos como aportación del fondo federal y de tres millones por parte del
Estado.
Si bien, sólo podemos mencionar que actualmente en el país ya existen 12 de
estos centros operando en nueve estados, los cuales, considerando los que se encuentran
en construcción han sido originados por aportaciones tanto estatales como federales por
parte de la Secretaría de Gobernación, de quien depende CONAVIM; de esta forma “por
cada 10 pesos que se han invertido en esta estrategia para mejorar la defensa de las
mujeres mexicanas, ocho los ha puesto la Conavim de la Segob, y apenas dos las
autoridades locales donde se han instalado.”15. Lo interesante, es que este fondo que es
aportado por ambas partes únicamente se dirige a la construcción y posteriormente se
celebran convenios entre ellos, sin embargo, no contemplan la existencia de un fondo
especializado para la atención a víctimas.
En Quintana Roo hasta la fecha solamente existen dos agencias especializadas
para la atención de la mujer que funciona en ambos turnos dentro de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, y que más bien son llamadas “Mesas de la Mujer”
ubicadas en la ciudad de Chetumal una y la otra en Cancún, Quintana Roo. Si bien en la
región16 número 94 de esta última ciudad hay otra agencia que atiende temas de familia
por encontrarse dentro de la instancia municipal del Desarrollo Integral de la Familia,
podríamos decir que no es una agencia especializada en la materia. Destacando que cada
una de las citadas agencias cuenta con una ministerio público titular de mesa por cada
turno con su respectiva auxiliar llamada “oficial secretaria”.
15 http://www.cronicajalisco.com/notas/2014/6493.html 16 A pequeñas fracciones dentro de las colonias se les conoce como supermanzanas o regiones en Cancún.
56
7. Modelo de presupuesto para el centro que se desea implementar en el
Estado de Quintana Roo.
El modelo de los Centros de Justicia para las Mujeres es establecido por el
Centro Nacional de Prevención del Delito, que a su vez depende del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora bien, este presupuesto
puede provenir de tres fuentes: Subsidio concursable a través de CONAVIM; Como
programa prioritario por parte del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP), y por aportación estatal.17
En el caso del CJM18 que se construye en Cancún, existió un aportación estatal
que consistió en la donación del terreno y a su vez, fue beneficiado con 4 millones del
subsidio obtenido por medio de concurso ante el CONAVIM para el ejercicio fiscal
2013. Y respecto a la integración del centro por personal de otras instancias o
dependencias relacionadas con la atención para las mujeres, el modelo que establece la
integración del CJM en Quintana Roo, propone que las personas de las diversas
instituciones que laboren en el Centro, seguirán estando subordinados en todos los
sentidos a sus instituciones de origen. La parte proporcional que corresponde aportar al
Estado beneficiado con la construcción de un centro como el que describimos, es del
treinta por ciento sobre el monto así como la donación del terreno en donde vaya a estar
construido el edificio.
Según la misma fuente, el Centro de Justicia para las Mujeres de Quintana Roo,
se construye en la ciudad de Cancún, en la Región 94, siendo ese mismo espacio físico
el que se adecuó; y que dicho lugar por su ubicación es de fácil acceso para las mujeres
que necesitan de los servicios que ahí se presten.
Cabe mencionar que esta primera parte del Centro (Esta proyectada en 3 Etapas
para su culminación total), está siendo construida con un recurso que se obtuvo vía
17 Información obtenida de la encuesta realizada al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quitana Roo que está a cargo de la creación del Centro de Justicia para Mujeres en Cancún, Quintana Roo, próximo a inaugurarse antes de fin de 2014. 18 Acrónimo de “Centros de Justicia para Mujeres”.
57
gestiones de la PGJ, y fue otorgado por la CONAVIM (Comisión Nacional para
Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), a través de la Secretaría de
Gobernación, mismo que ascendió a la cantidad total de $4,000,000.00 (cuatro millones
de pesos). La construcción que inicialmente se tiene considerada, considera las aéreas
de: recepción (vestíbulo y sala de espera), atención psicológica (contención), atención de
Ministerios Públicos, área de atención médica, atención psicológica y trabajo social, área
lúdica y recreativa, sanitarios y policía ministerial. (el espacio para las personas con
discapacidad se está considerando).
Así, respecto al equipamiento, para el presente ejercicio fiscal 2014, se tiene
destinada una inversión de $3,000,000.00 (tres millones de pesos), de los cuales
$2,000,000.00 (dos millones de pesos) serán destinados a la ampliación estructural de
dicho Centro, $500,000.00 (quinientos mil pesos) para capacitación de los operadores y
$500,000.00 (quinientos mil pesos) más para la adquisición de mobiliario de oficina,
que incluye equipo de cómputo y de tecnología de la información, equipos y aparatos
audiovisuales, equipo médico y de laboratorio.
8. Mecanismos de activación para que mujeres con dependencia económica
puedan acceder a servicios que se prestan en los centros y lograr el
empoderamiento económico.
Tomando como base lo que piden las mujeres de Quintana Roo que han sido
entrevistadas y que no cuentan con un centro especializado como los ya mencionados,
estamos en el tenor definitivo de la necesidad urgente de un Centro de Justicia para
Mujeres en el Estado de Quintana Roo, el cual se vislumbra su reciente creación pero
que debiera tomar en cuenta mucho de lo aportado por este trabajo de investigación.
Entre lo primordial que se dirige a erradicar los obstáculos económicos que enfrentan las
mujeres víctimas de violencia doméstica y dependientes de su pareja están según lo
demandado por usuarias quintanarroenses: becas para el empleo, capacitación para el
trabajo, refugio temporal o albergue, acompañamiento jurídico, apoyos económicos a
58
mujeres que son madres solteras, un centro especial para mujeres que ofrezca guardería,
y apoyo para cuidar a los bebés, dinero o apoyo económico para transporte de ida y
vuelta al lugar donde una pone su denuncia, pero sobre todo, un lugar en donde exista
todo esto junto, tal y como lo pide U4QR, quien al momento de ser entrevistada se
encontraba preocupada por cómo alimentar a su bebé después de interponer su denuncia
y por que su agresor pudiera regresar y volverla a herir.
En otro rubro de mecanismos, según lo recopilado en entrevistas con la Directora
del Centro de Justicia para Mujeres de Yucatán y su homóloga, la Coordinadora del
Centro en Campeche, así como personal de esta Procuraduría General de Justicia del
Estado de Quintana Roo, se puede deducir que no existe propiamente un fondo de
emergencias para las mujeres que requieren apoyo económico y que han acudido a
denunciar; si bien el modelo establece, asesoría y apoyo jurídico, psicológico y de
refugio temporal, así como también, capacitación para el empoderamiento económico y
el fomento al autoempleo, no cuenta con tal recurso emergente.
Esto resulta interesante luego de apreciar lo establecido en la Ley General de
Atención a Víctimas y la del Estado de Quintana Roo, que contempla la creación de un
fondo especial para que se garantice la reparación del daño por parte de quien cometió el
delito, en este caso el agresor de las mujeres. Considero indispensable que este
mecanismo sea establecido en las leyes penales a aplicar en el Estado de Quintana Roo
así como de las vecinas entidades de la Península Yucateca, ya que permite el
incremento y fortalecimiento de dicho fondo que no puede dejar nunca de estar en uso.
Respecto al albergue o refugio temporal que se proporcione, es imprescindible
que se contemplen las medidas de seguridad tal y como establecen los estándares
internacionales ya referidos; y en el futuro centro de justicia que será creado en el
Estado, se recomienda en todo momento que sea un centro dirigido de forma apartada a
víctimas de trata de personas; ya que de lo contrario se corre el riesgo de inseguridad
ante la delincuencia organizada o más todavía, significaría redoblar esfuerzos para
garantizar tal seguridad. Así como ha sucedido en el Estado de Quintana Roo con
refugios temporales administrados por asociaciones civiles que tuvieron que cerrar al no
59
poder cumplir con las medidas de seguridad que ponían en riesgo no sólo a sus usuarias
sino al personal de dicha asociación.
Es clave para este trabajo hacer notar que nueve de las once usuarias
entrevistadas en toda la Península, habían dependido económicamente de sus parejas
durante el tiempo que vivieron violencia familiar y que hasta la fecha si bien algunas de
ellas obtiene recursos de su propia cuenta, la gran mayoría traslada la situación de
proveedor a otro miembro de su familia quienes las acogen actualmente, como son
madres, padres o cualquier otro familiar. Además que las que ya trabajan y obtienen
ingresos su situación económica aún es precaria y observa obstáculos para el desarrollo
personal y de sus hijas e hijos, si los tienen, lo cual no asegura por consiguiente, la no
repetición del estado de opresión y dependencia.
Por tanto, observamos que lograr el empoderamiento económico aún requiere de
acciones efectivas, por lo que se sugiere al personal que está a cargo de este rubro en los
tres Estados que sus acciones no se limiten a realizar una función de ‘stand’ de
promoción sino que se capacite a cada una de las trabajadoras para que tenga la facultad
de poder encaminar a las usuarias que viven violencia doméstica y que se encuentran en
situación de opresión con el fin de que puedan aprovechar tales servicios de autoempleo
y financiamiento para pequeñas y medianas empresas, un ejemplo de ello, podría ser la
realización de ferias semanales donde presenten casos locales de éxito de mujeres
sobrevivientes a la violencia familiar. Esto, sin dejar atrás la actualización profesional a
través de cursos efectivos de capacitación o preparación académica a través del sistema
escolar abierto o el suministro de becas académicas para ingresar en algunas
universidades, al mismo tiempo de contemplar sus demás obstáculos como el
empoderamiento psicológico.
Asimismo, seguir vinculando con el área encargada del empoderamiento
económico de los centros de justicia ya establecidos y el próximo a establecer en
Quintana Roo, aquéllos programas efectivos respecto al empoderamiento femenino en
zonas rurales, marginadas e indígenas, con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social
y diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajen estos temas.
60
Respecto al fortalecimiento de políticas públicas generales externas a los centros
de justicia sin duda, está el impulso por parte de la secretaría de educación estatal que se
incorpore la asignatura de género y derechos humanos tal y como señala la CEDAW en
su artículo 5º con el fin de erradicar estereotipos que perpetúen los roles de género
reproductivo en el caso de la mujer, y productivos, en el del varón. También que se
contemple en las Ley de Igualdad para Mujeres y Hombres un subsidio para licencia de
paternidad así como el de lactancia materna tal y como ha implementado España en
años recientes, con el objetivo de mejorar la integración de la mujer al ámbito laboral y
favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar como lo señalaba la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing (1995).
Finalmente, se sugiere como otro mecanismo de activación para el
empoderamiento económico y la asistencia urgente, la consolidación de un patronato
del Centro de Justicia a crearse, donde se involucre la participación intersectorial,
intergubernamental y multidisciplinaria de toda la sociedad quintanarroense; y que dicho
patronato sea capacitado constantemente en materia de perspectiva de género y derechos
humanos con el fin de ir consolidando sus acciones y actividades de una manera no sólo
asistencialista sino que se involucre para conseguir y apoyar en la activación de otros
mecanismos ya mencionados en el presente apartado.
61
CONCLUSIONES.
La violencia familiar como una forma de discriminación contra las mujeres, y
específicamente la violencia doméstica contra las mujeres, subsisten en los sistemas
estatales permeados aún por el patriarcado y por el estereotipo de roles género, en donde
históricamente se ha oprimido a las mujeres acentuando aún más su rol de reproducción
en la sociedad.
A pesar de que existen tratados internacionales firmados a nivel internacional y
que se han dictado estándares no sólo por doctrinarios sino por organismos de índole
mundial y regional, aún encontramos que el aparato normativo de los derechos humanos
suelen ser una utopía en algunos lugares del país, tales como pudiera suceder en una
comunidad maya del Estado de Yucatán, o en alguna región de la ciudad de Cancún.
Esto según lo vertido por las entrevistas realizadas en este trabajo de investigación. Nos
encontramos con la necesidad de mecanismos especializados que hagan valer el derecho
de acceso a la justicia como un derecho humano alcanzable y efectivo. Que estos sean
implementados y garantizados por los Estados con el fin de cumplir con los estándares
ya dictados a modo de acciones afirmativas tomando en cuenta la situación de
discriminación estructural, cultural e histórica que viven las mujeres.
Los tratados y documentos internacionales ya firmados así como lo recogido en
diversas resoluciones e informes del Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
sientan base para poder actuar, pero se necesita siempre de la voluntad estatal para poder
dejar atrás el sesgo de género que opaca, oprime y hunde cada día más a las mujeres.
A lo largo del trabajo, su estudio se concretó en desarrollar la importancia del
empoderamiento económico que deben tener las mujeres para poder evitar la violencia
familiar. Dicho de otra forma, la importancia que cobra el obstáculo de dependencia
económica en mujeres que viven violencia familiar por parte de sus parejas; sobre todo,
al ejercer su derecho al acceso a la justicia, el derecho humano universal que realmente
impacta en este grupo históricamente vulnerado como son las mujeres. Pero, más aún, se
encaminó a comprobar si realmente es suficiente para las mujeres contar con un centro
de justicia especializado que proporcione entre sus servicios integrales la asistencia
62
económica necesaria al momento que acude a denunciar así como tener las
oportunidades de desarrollo económico con el fin de que el seguimiento de su denuncia
no se vea entorpecido por su imposibilidad y dependencia económicas por parte de
quienes las violentan.
Este obstáculo de dependencia económica como demostramos con lo recogido en
diversas entrevistas a usuarias y a personal de dependencias, se traduce en falta de
dinero para transportarse, zozobra al no saber qué va a suceder con su sustento familiar
al interponer la denuncia contra quien a final de cuentas, le provee de alimento; falta de
recursos económicos que permitan llevar un adecuado acompañamiento jurídico que le
dé igualdad de armas en el proceso a seguir; necesidad de un espacio en donde pasar la
noche cuando han sido arrojadas o despojadas del hogar familiar, alimento, vestido y
demás, entre otros. También, el enfrentamiento a la realidad de desempleo y de no
contar con un sustento formal para la obtención de dinero, cuando tampoco tienen la
experiencia laboral ni la preparación y/o actualización académica y profesional que le
coloquen en igualdad de oportunidades ante cualquier persona en busca de empleo.
De esta forma, podemos como primer punto concluir que el hecho de que una
mujer que vive esta situación y acude a denunciar a un espacio especializado para la
atención de su problema, como lo es un centro de justicia, cuenta con más herramientas
que permitirán un mejor acceso a la justicia, por lo que es urgente la implementación de
un centro de justicia para mujeres en el Estado de Quintana Roo y en otras entidades y
ciudades del país.
No obstante, se podría pensar que con la implementación de estos centros está
todo resuelto sino fuera porque a pesar de que existe un modelo establecido a nivel
federal que contempla cubrir todas y cada una de las necesidades de la mujer, tal y como
lo han logrado los Family Justice Center y otros modelos; aún vemos que el
funcionamiento y provisión de los servicios básicos tiende a ajustarse sino es que a
localizarse según los servicios, dependencias y personal con los que cuenta el Estado
que implementará tal política pública. Más todavía cuando hablamos de asistencia y
provisión de recursos económicos emergentes para las usuarias acorde a su situación
63
específica y a lograr el empoderamiento económico que le brinden la autonomía y
suficiencia para salir adelante y garantizar así la no repetición del estado de violencia
doméstica.
Fue de mucha utilidad corroborar que el funcionamiento de dos centros de
justicia para mujeres basados en el mismo modelo tienen similitudes a la vez de
diferencias en su operatividad, y que insisto, son motivadas por características de su
entorno local tales como la distancia, acceso, cultura, etnia, problemática frecuente,
población, etc. Sin embargo, también es de mucho ánimo resaltar a manera de
sugerencia para quienes dirigen y trabajan dentro de estos centros, que en virtud de que
tienden a adaptarse a sus necesidades así como contar con la iniciativa de implementar
mejoras por parte de los titulares de los organismos encargados del mismo, como son las
procuradurías o fiscalías generales, se puede apostar a mucho más para poder garantizar
el acceso a la justicia de las mujeres a través de alianzas con diversos organismos tanto
de la sociedad civil como dependencias que demuestren prácticas efectivas de
empoderamiento económico que ya han sido citadas en este trabajo; así como el
homologar los criterios de atención y proporción de los servicios con una verdadera
perspectiva de género, la cual no es sacada de la manga sino que ha sido desde hace ya
más de veinte años sugerida por parte de organismos internacionales. Dando como
resultado de esta manera, a la actualización del principio de progresividad en los
derechos humanos de acceso a la justicia y de acceso a las mujeres a una vida libre de
violencia.
Creo sin duda, que este trabajo en todo momento aportará al Estado de Quintana
Roo y a las dependencias y organismos designados para la implementación y
coordinación de los centros de justicia diversos elementos que permitirán no sólo utilizar
como ejemplos los modelos ya instaurados en los vecinos estados de Yucatán y
Campeche sino que tendrán como base más apertura para ver qué es lo que ha sido
manejado como funcional o no, así como encontrar qué es lo que falta por hacer; y que
para este Estado caribeño servirá como una especie de manual de lo que se puede
implementar con bríos a un mejor futuro para las mujeres y sus derechos.
64
Desde considerar la existencia de un fondo especial para las mujeres víctimas
que viene muy ad hoc con la reciente promulgación de las dos leyes sobre víctimas tanto
general como del Estado de Quintana Roo que permita activar un mecanismo efectivo
para la reparación del daño por parte del agresor, y que dicho cumplimiento permita
acrecentar tal recurso destinado para ello; hacer efectivos aquéllos recursos destinados
en el presupuesto estatal cada año y que no son utilizados tales como la partida dirigida a
la capacitación de los partidos políticos en beneficio del Centro de Justicia para Mujeres
que permitan acrecentar también este recurso del fondo; hasta implementar medidas
eficaces con perspectiva de género que permitan el empoderamiento económico tal y
como el trabajo que realiza el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de
Quintana Roo. Todas estas son directrices para implementar en el centro que se pretende
implementar en Cancún.
Hace falta mucho por hacer, pero hoy por hoy, podemos hablar de un trabajo
académico el cual demuestra que las acciones por alcanzar en el ámbito económico para
la atención y desarrollo económico de las mujeres que viven violencia familiar nunca
son suficientes; sin embargo es loable que ya se vayan implementando y tomando en
cuenta algunas disposiciones de las convenciones de Belem Do Pará y CEDAW que
hasta hace apenas unos años eran totalmente utópicas e irrealizables para aterrizar en el
plano local, más todavía del estado quintanarroense.
Sin embargo, y únicamente con el afán de abrir nuevas puertas para el estudio,
resultará indispensable abordar otros que permitan monitorear y dar seguimiento al
funcionamiento de este próximo centro de justicia; así como que este mismo lugar
cuente con el departamento encargado de la investigación y estudio de las problemáticas
relativas a la violencia que viven las mujeres en el Estado con el fin necesario de contar
al día con estadísticas que permitan un mejor análisis de cualquier política pública en
esta materia. Y tal vez, dentro de unos años estaremos hablando del incremento del
producto interno bruto así como de la disminución del problema, ya que no dejo de
apostar al trabajo preventivo que puedan realizar estos centros de justicia para mujeres
con un verdadero enfoque de derechos humanos y ante todo, con la perspectiva de
65
género que tanto adolecen algunos funcionarios en materia de acceso a la justicia para
las mujeres quintanarroenses.
66
CITAS BIBLIOGRÁFICAS.
• Birgin, Haydée y Beatriz Kohen (2006). “El acceso a la justicia como derecho”, en: Birgin, Haydée y Beatriz Kohen (comps.), Acceso a la justicia como garantía de igualdad. Instituciones, actores y experiencias comparadas, Biblos, Argentina,
• Bodelón, Encarna. (2012), Et. Al: La utilización del sistema de justicia penal por parte de mujeres que enfrentan violencia de género en España. en Bodelón, Encarna, Violencia de Género y las respuestas de los sistemas penales.
• Cançado Trindade, Antonio (2001), El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Siglo XXI, Editorial Jurídica de Chile. Santiago, Chile.
• Charlesworth, Hilary, (s. a.) ¿Qué son los derechos humanos de las mujeres? En: Cook, Rebecca (ed.), Derechos humanos de la Mujer, Profamilia. Colombia.
• Ciudad Mujer. Sitio oficial virtual: www.ciudadmujer.org • CNDH (2013). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última
reforma de enero de 2013. • Código Penal del Estado de Quintana Roo (CPEQROO), última reforma del 16
diciembre de 2013 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. • COMACUAI, DEMUS y PCS (2008). Declaración de Nairobi sobre el Derecho
de las Mujeres y las Niñas a Anteponer Recursos y Obtener Reparaciones. Lima, Perú.
• Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) (2011). Primer Informe de Actividades 2009-2010. México. Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
• Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (DPAB). Aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer reunida del 4 al 15 de septiembre de 1995.
• ENDIREH (2013). “Panorama de violencia contra las mujeres en México”. INEGI. México, D. F.
• Franco Muñoz, Mónica (2009). Prácticas de Género Legitimadas. Universidad del Caribe, SUCIQROO. Primera Edición. México.
• Fraser, Nancy. ¿De la distribución al reconocimiento? Dilemas en torno a la justicia en una época postsocialista. Biblioteca virtual de la FLACSO, México.
• Fundación Anabella. Sitio virtual: www.fundacionanabella.org que contiene en el apartado de “Qué hacemos” el trabajo que realizan con la academia para el empoderamiento de la mujer.
• Gwin Casey, Strack Gael, Adams Susan, Lovelace Rebeca y Norman Deborah (2007). A Family Justice Center Collaborative Model. Artículo publicado en el Saint Louis University Public Law Review. Vol. XXVII. USA. Texto en idioma inglés.
• Gwin, Casey and Strack, Gael (2006). Apartado de Frequently Asked Questions about the Family Justice Center. Tomado del Libro “Hope for hurting families” del Family Justice Center Alliance. San Diego, USA. Texto en idioma inglés.
67
• Hoyle, Carolyn and Palmer, Nicola (2014). Family Justice Centres: a model for empowerment? Publicado por el International Review of Victimology. Volumen 20. Reino Unido. Texto en idioma inglés.
• INACIPE (2012). Modelo para los Centros de Justicia para Mujeres. Guía Metodológica. México, D. F.
• INEGI. (2013). “Estadísticas a propósito del día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer” Datos de Quintana Roo. En http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Contenidos/estadisticas/2013/violencia23.pdf
• Informe del caso Jessica Gonzáles y Otros vs. Estados Unidos de Norteamérica. 24 de julio de 2007. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Petición 1490-05. Informe No. 52/07. Washington, E. U. A.
• Informe del caso María Da Penha Fernandes vs. Brasil. 16 de abril de 2001. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe de Fondo no. 54/01. Washington, E. U. A.
• Jaramillo, Isabel Cristina (2008). “Familia”, en La Mirada de los Jueces, Cristina Motta y Macarena Sáez (eds.), Tomo I, Red Alas, Siglo de Hombre Editores, American University Washington College of Law, Center for Reproductive Rights, Bogotá.
• Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia del Estado de Quintana Roo (LAMVLVQROO). Última reforma del 27 de noviembre de 2007 publicada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo
• Ley de Víctimas del Estado de Quintana Roo (LVEQROO). Publicada por el Períodico Oficial del Estado el 7 de abril de 2014.
• Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia(LGAMVLV). Última Reforma de 2014 publicada en el Diario Oficial de la Federación.
• Ley General de Víctimas (LGV). Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2013.
• Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo (LOPGJQROO). Reformada el 24 de diciembre de 2013 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
• Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres (LIHMQROO). Publicada el 6 de noviembre de 2009 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
• Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo (LPNNAQROO). Publicada el 4 de mayo de 2004 en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
• Lorente Acosta, Miguel (2001). Mi marido me pega lo normal, Barcelona, Ares y Mares, España, 2001.
• Manual de CEDAW y su Protocolo Facultativo (2008). Observaciones Generales número 12 (1989) y número 19 (1992) del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Secretaría de Relaciones Exteriores. Cuarta Edición. México.
68
• NU. Comisión de Derechos Humanos (CDH). Informe Especial de la Relatora sobre la Violencia contra la Mujer, Yakin Ertürk (Misión a México). Dictado E/CN.4/2006/61/Add.4 el 13 de enero de 2006.
• NU. Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (CCMEMCMRM). Aprobada el 10 de diciembre de 1962.
• NU. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas El 18 de diciembre de 1979.
• NU. Convención Universal de los Derechos del Niño (CUDN). Adoptada el 20 de noviembre de 1989.
• NU. Declaración del Milenio (DM). Aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre del 2000.
• NU. Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (DEVM). Aprobada por la Asamblea General en su 85ª sesión plenaria el 20 de diciembre de 1993.
• NU. Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (DPFJVDAP). Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985.
• NU. Declaración Universal sobre Derechos Humanos (DUDH). Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
• NU. Declaración y Programa de Acción de Viena (DPAV). Aprobada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada del 14 al 25 de junio de 1993.
• NU. Programa de Acción de la Conferencia Internacional para la Población y el Desarrollo. Aprobada el 18 de octubre de 1994.
• NU. Resolución de la Asamblea General para la erradicación de los delitos de honor cometidos contra la mujer y la niña. Aprobada por la Asamblea General el 15 de octubre de 2004.
• NU. Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para Acelerar los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer: garantizar la diligencia debida en la prevención. Aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de junio de 2010.
• Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: México. Trigésimo sexto período de sesiones. CEDAW/C/MEX/CO/6, 2006.
• OEA. (2007). Informe de Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas. OEA/SER.L/II.DOC.68. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Washington, D. C.
• OEA. Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
69
• OEA. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará), suscrita en el XXIV Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en 1994, en Belem Do Pará, Brasil.
• Sáez Torres, Macarena (2012-2014). Guía de Estudio de la Materia Violencia de Género. FLACSO. México, D. F.
• Sentencia de Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Corte IDH. Excepción Preliminar, Fondo el 16 de noviembre de 2009. San José, Costa Rica.
• Sentencia del Caso Kontrova contra Eslovaquia. 31 de mayo de 2007. Dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Aplicación no. 7510/2004. Estrasburgo, Francia.
• Sentencia del Caso Opuz contra Turquía. 9 de junio de 2000. Dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Demanda no. 33401/02. Estrasburgo, Francia.
• Sentencia del Caso Valentina NIkolaeva contra Bulgaria. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 12 de junio de 2009. Original en inglés: “Case of Bevacquia and S. vs. Bulgaria. (Application no. 71127/01.” Estrasburgo, Francia.
• UNICEF. La violencia doméstica contra mujeres y niñas. Centro de Investigaciones Inoccenti. No. 6. Junio de 2000. Florencia, Italia.
• Waldenberg, José (2013). “Vergüenza”. Artículo publicado en http://noticias.terra.com.mx/mexico/jose-woldenberg-verguenza,5d4bb10180f92410VgnVCM3000009af154d0RCRD.html
70
REFERENCIAS SOBRE ENCUESTAS Y ENTREVISTAS QUE DESCANSAN
EN PODER DEL AUTOR DE ESTA OBRA.
• U1Y (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número uno que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 1 de julio de 2014 en dicho centro de Mérida, Yucatán.
• U2Y (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número dos que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 1 de julio de 2014 en dicho centro de Mérida, Yucatán.
• U3Y (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número tres que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 1 de julio de 2014 en dicho centro de Mérida, Yucatán.
• U4Y (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número cuatro maya parlante que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 1 de julio de 2014 en dicho centro de Mérida, Yucatán.
• U1C (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número uno que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Campeche. Grabación de voz realizada el 2 de julio de 2014 en dicho centro de Campeche, Campeche.
• U2C (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número dos que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Campeche. Grabación de voz realizada el 2 de julio de 2014 en dicho centro de Campeche, Campeche.
• U3C (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número tres que acudió al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 2 de julio de 2014 en dicho centro de Campeche, Campeche.
• P1Y (2014): Clave para la identificación de personal directivo del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 1 de julio de 2014 en Mérida, Yucatán.
• P2-3Y (2014): Clave para la identificación de personal de las Secretarías de Economía y del Trabajo del Estado de Yucatán que labora en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Yucatán. Grabación de voz realizada el 1 de julio de 2014 en Mérida, Yucatán.
• P1C (2014) : Clave para la identificación de personal que labora en el Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Campeche. Grabación de voz realizada el 2 de julio de 2014 en Campeche, Campeche.
• P2C (2014) : Clave para la identificación de personal del Ministerio Público de Consignación del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Campeche. Grabación de voz realizada el 2 de julio de 2014 en Campeche, Campeche.
71
• P3C (2014) : Clave para la identificación de personal directivo del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Campeche. Grabación de voz realizada el 2 de julio de 2014 en Campeche, Campeche.
• U1QR (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número uno que acudió a la Mesa de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Grabación de voz realizada el 11 de julio de 2014 en Cancún, Quintana Roo.
• U2QR (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número dos que acudió a la Mesa de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Grabación de voz realizada el 11 de julio de 2014 en Cancún, Quintana Roo.
• U1QR (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número tres que acudió a la Mesa de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Grabación de voz realizada el 11 de julio de 2014 en Cancún, Quintana Roo.
• U1QR (2014): Clave para la identificación de usuaria anónima número cuatro que acudió a la Mesa de la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo. Grabación de voz realizada el 11 de julio de 2014 en Cancún, Quintana Roo.
• Encuesta mediante correo electrónico realizada a la persona encargada de la Procuraduría General de Justicia para la construcción, creación e implementación del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Quintana Roo.
• Encuestas realizadas a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Quintana Roo.
72
ANEXOS:
73
ANEXO 1.- NCUESTA REALIZADA A PERSONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, RESPECTO A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR, ESPECÍFICAMENTE POR MUJERES AGRAVIADAS Y LOS OBSTÁCULOS QUE ENFRENTAN PARA LA INTERPOSICIÓN, SEGUIMIENTO CONSIGNACIÓN DE LA DENUNCIA.
MOTIVO: Tesis de investigación para acreditar “El obstáculo de dependencia económica que existe en el acceso de la justicia de las mujeres que viven violencia familiar y dependen económicamente de sus parejas (esposos o concubinos).
ENCUESTA NO. ____ RESPONSABLE: Marco Antonio Tóh Euán. Estudiante de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México. Fecha: ___________________ Lugar: ________________________________ Nombre:______________________________________ Cargo/función: ___________________________________________________________________________________________________ 1.-‐ ¿De qué manera se relaciona su trabajo/función con el tema de la violencia familiar que viven mujeres en Quintana Roo? ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 2.-‐ ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres en Cancún o en alguna otra parte de Quintana Roo para acudir a denunciar ante el ministerio público del fuero común por causa de violencia familiar? (Cite 5) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 3.-‐¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres en Cancún o en alguna otra parte de Quintana Roo para seguir con el proceso de denuncia ante el M. P.? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 4.-‐ ¿Ha recibido/interpuesto denuncias durante el 2013 por mujeres víctimas de violencia familiar? Si está en posibilidades de dictar un total, por favor anótelo.
74
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________. 5.-‐ Del total de denuncias que ha recibido durante el 2013 o que ha interpuesto, ¿cuántas de ellas fueron mujeres que dependían económicamente de sus parejas? ________________________________________________________________________________________________. 6.-‐ ¿En qué porcentaje o en qué rango (0/10) considera usted que afecte la dependencia económica para la interposición o el seguimiento de una denuncia por violencia familiar? ________________________________________________. 7.-‐ ¿Cuáles podrían ser algunos ejemplos que reflejen el impacto de la dependencia económica como obstáculo para interponer o mantener una denuncia ante el ministerio público del fuero común por el delito de violencia familiar? Cite 5. _______________________________________________________________________________, ________________________________________________________________________________, ________________________________________________________________________________, ________________________________________________________________________________, ________________________________________________________________________________. 8.-‐ ¿Qué acciones propondría a la PGJEQROO para contrarrestar/eliminar el obstáculo de la dependencia económica ante las mujeres que acuden a denunciar por violencia familiar? ______________________________________________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________________________________, ______________________________________________________________________________________________________. 9.-‐ Comentarios y/o sugerencias sobre el tema. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Anexo para la Tesis sobre El obstáculo que enfrentan las mujeres que acuden a interponer sus denuncias
sobre violencia familiar en Cancún, Quintana Roo y que dependen económ
icam
ente de sus parejas.
75
ANEXO II: GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A USUARIAS DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES DE CAMPECHE, YUCATÁN Y PARA LA MESA DE LA MUJER DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. (ENTREVISTAS GRABADAS). Preguntas guía para entrevistar a mujeres víctimas de violencia familiar que acuden a denunciar ante el M. P. del Fueron Común en Cancún, Quintana Roo.
• ¿Cómo está usted? • ¿A qué se dedica? ¿Es usted de acá? ¿Tiene hijos/as? ¿Hermanos?
¿Familiares en Mérida? ¿Vive cerca del Centro de Justicia? ¿Cómo llegó hoy acá?
• ¿Está usted bien? ¿Tiene frío? ¿Quiere un vaso de agua? IDENTIFICAR LOS TIPOS DE VIOLENCIA:
• Cuénteme un poco sobre el motivo por el que está aquí. • Si no contesta al instante, inducirla a que diga qué tipo de violencia vivía:
§ ¿Usted sabía que vivía violencia? ¿Estaba casada? ¿Cómo fue su noviazgo?
• Hábleme un poco, sobre qué le llevó a tomar la decisión de venir a denunciar a su pareja por el delito de violencia familiar. (Aquí inducir a la entrevistada para que narre con detalle sobre quién le informó sobre el delito, la ayudó alguien, vino a denunciar sola, si tiene hijos).
• ¿Usted labora (ba) formalmente o sólo en el hogar? Cuénteme un poco sobre quién daba el gasto en la casa, quién lo administraba exactamente y si él también aportaba dinero.
• Ahora que vino a denunciar, ¿Tuvo algún inconveniente económico al hacerlo? (inducir a la entrevistada para que comente sobre si tiene niños, si tenía trabajo y tuvo que dejarlo, si tiene servicio de guardería o si ella cuida a los niños en dónde los va a dejar).
• A nivel general, ¿considera usted que va a necesitar dinero o apoyo económico para darle seguimiento a la denuncia ante el ministerio público? ¿Para qué lo necesitaría exactamente? Hábleme un poco sobre estos gastos y si los ha previsto.
• ¿Dependía económicamente de su pareja? Cuénteme sobre ello y qué inconveniente enfrentaría ahora usted por no tener el apoyo de él.
76
• Hábleme de cómo se siente ahora que ha venido a denunciar y de cómo es ahora su vida.
• Agregar preguntas sobre cómo mejorarían los servicios.
ANEXO III: GUÍA DE PREGUNTAS PARA ENTREVISTAS A PERSONAL DE LOS CENTROS DE JUSTICIA PARA MUJERES DE CAMPECHE, YUCATÁN (GRABACIONES DE VOZ).
• Saludo, presentación objeto de la tesis; agradecimiento; comentar que es para fines académicos y se va a incluir el agradecimiento en la tesis así como se va a mandar un ejemplar.
En cuanto al apoyo asistencial inmediato:
• ¿Qué tipos de apoyos económicos se brindan? Desde el primer contacto o llegada al centro.
• Si existe un análisis diferenciado en la recuperación económica basada en la edad, profesión, maternidad, etc. CERTIFICACIÓN CON PERSP. GÉNERO
77
• Respecto al acceso a la justicia, ¿Qué tanto influye el trabajo que hace el centro en materia económica para que ellas pueda interponer y continuar con la denuncia? Aquí tomar en cuenta el transporte, los permisos en el trabajo, las guarderías; la lejanía del lugar;
• ¿Qué le impide a la mujer interponer una denuncia? • ¿Se refleja mucho el apoyo económico que recibe o recibía de su pareja que
la violenta? • ¿Se le brinda algún apoyo económico en efectivo al inicio? Si es así, ¿Quién lo
otorgar? ¿Hay alianzas con otras instituciones? ¿Cuánto le cuesta al centro este proceso y durante cuánto tiempo se brinda este apoyo si es que existe?
• ¿Existe la posibilidad de que este dinero que se aporta por parte del centro u otra dependencia le sea cobrado al agresor? ¿Hay una reparación del daño integral económicamente o sólo se recupera el gasto sufragado?
• ¿De qué otra manera inmediata se le brinda atención a la mujer para que pueda seguir con el proceso? Luego de que se ha sufragado la parte inicial.
• ¿Qué tanto la mujer deja de denunciar por problemas económicos?
En cuanto al empoderamiento:
• ¿Cuáles son las medidas concretas para dar un empoderamiento económico? ¿va a la par del proceso penal? ¿Puede decirse que ellas logran la independencia económica?
• ¿Cómo viven este empoderamiento las mujeres que se quedan en el refugio o albergue?
• ¿Hay algún fondo de emergencias? ¿Quién lo otorga? • ¿Existe algún patronato que recaude fondos? ¿Hay alianzas empresariales
con el centro para brindar trabajo y donar dinero? ¿O apadrinar a alguna persona?
• Comentar experiencias exitosas que narren la usuarias sobre el personal. • Becas universitarias. • Preguntar sobre la certificación en materia de género. • Recuperar experiencias exitosas y buenas prácticas
![Violencia Doméstica · 2012. 6. 21. · [5] Violencia Doméstica La Violencia en la pareja, término frecuentemente equiparado en la literatura a violencia doméstica y a violencia](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/60b397acecc4a1514955c7a2/violencia-domstica-2012-6-21-5-violencia-domstica-la-violencia-en-la.jpg)
![Violencia Doméstica - mscbs.gob.es · [5] Violencia Doméstica La Violencia en la pareja, término frecuentemente equiparado en la literatura a violencia doméstica y a violencia](https://img.pdfslide.es/doc/110x75/5bba025409d3f2fb198cca8d/violencia-domestica-mscbsgobes-5-violencia-domestica-la-violencia-en.jpg)
