I CONFERENCIA

PODER POPULAR VERSUS DEFENSA INTEGRAL DE LA NACION

El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el estado comunal.

Entre tanto, la dimensión del Poder Popular se fundamenta en el principio de soberanía y el sentido de progresividad de los derechos contemplados en la Constitución de la República, cuyo ejercicio y desarrollo está determinado por los niveles de conciencia política y organización del pueblo.

Y es así, que el Poder Popular tiene por finalidad garantizar la vida y el bienestar social del pueblo, mediante la creación de mecanismos para su desarrollo social y espiritual, procurando la igualdad de condiciones para que todos y todas desarrollen libremente su personalidad, dirijan su destino, disfruten los derechos humanos y alcancen la suprema felicidad social; sin discriminaciones por motivos de origen étnico, religioso, condición social, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, opinión política, nacionalidad u origen, edad, posición económica, condición de discapacidad o cualquier otra circunstancia personal, jurídica o social, que tenga por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y garantías constitucionales.

Por lo tanto, basado en principios y valores en la organización y participación del pueblo en el ejercicio de su soberanía se inspira en la doctrina del Libertador Simón Bolívar, y se rige por los principios y valores socialistas de: democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental, garantía de los derechos de la mujer, de los niños, niñas y adolescentes, y de toda persona en situación de vulnerabilidad, defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional.

Para poder entender con claridad y establecer un marco referencial de nuestras responsabilidades, colectivas e individuales como Poder Popular, dentro del nuevo espectro de la Seguridad y la Defensa de la Nación, necesario es primero conocer lo que a tal respecto dictamina nuestra jurisprudencia. En primer lugar nuestra Carta Magna indica en su artículo 322 lo siguiente: “La seguridad de la Nación es competencia esencial y responsabilidad del Estado, fundamentada en el desarrollo integral de ésta y su defensa es responsabilidad de los venezolanos y venezolanas; también de las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como de derecho privado, que se encuentren en el espacio geográfico nacional”, de igual manera nuestro máximo

instrumento legal hace alusión, de manera aún más específica, a la decisiva y protagónica participación de la sociedad venezolana en la seguridad y defensa de nuestro estado y del sistema de gobierno legítimamente constituido, empleando para ello los diferentes ámbitos del poder nacional, cuando en su Artículo 326 refiere textualmente lo siguiente: “La seguridad de la Nación se fundamenta en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil para dar cumplimiento a los principios de independencia, democracia, igualdad, paz, libertad, justicia, solidaridad, promoción y conservación ambiental y afirmación de los derechos humanos, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades individuales y colectivas de los venezolanos y venezolanas, sobre las bases de un desarrollo sustentable y productivo de plena cobertura para la comunidad nacional. El principio de corresponsabilidad se ejerce sobre los ámbitos económico, social, político, cultural, geográfico, ambiental y militar”.

Una vez establecido este marco jurídico, era más que imperiosa la necesidad y obligación que tenía el gobierno nacional de instrumentar una serie de mecanismos que permitiesen que este mandato constitucional no quedase, cual pintura rupestre, en letra muerta, digna de ser conservada para la admiración y estudio de las generaciones futuras; sino que, por el contrario, se transformase en un torbellino sinérgico que diera verdadera vida a las máximas aspiraciones de nuestros conciudadanos y materializara de igual forma, el ideario social y político de nuestro actual sistema de gobierno… una verdadera democracia participativa y protagónica.

Una forma de abordar las referencias constitucionales sobre la participación ciudadana está en el establecimiento de las relaciones o vínculos entre los artículos citados y otras normas específicas, a partir de las concordancias existentes, igualmente el tener presente que la participación no es un proceso aislado.

En primer lugar, la participación se encuentra directamente relacionada con las diferentes opciones organizativas y las actividades que cumple el Estado, pensemos por ejemplo, en las políticas de descentralización, planificación y desarrollo económico y social. En segundo lugar, desde la perspectiva de la sociedad la participación se relaciona con elementos como la corresponsabilidad, la solidaridad, la organización de las comunidades, la defensa y protección de los derechos humanos y la educación ciudadana

Inicialmente, la defensa nacional concebida como un conjunto de acciones vinculadas al desarrollo, permite como sociedad articularnos para lograr objetivos y alcanzar niveles óptimos de seguridad que hagan viable la ecuación: paz social más crecimiento económico obtendremos el bienestar. Sobre esto, la sobrevivencia de la sociedad y su proyección generacional son aspiraciones que requieren un grado de seguridad que de aparecer amenazas activen acciones de defensa nacional para protegerlas. Muchos indicadores alertan sobre los riesgos y peligros que se ciernen sobre la seguridad nacional.

Por otra parte, La definición de los "Intereses Nacionales" y la "Defensa Nacional" se hallan unidas por la esencia misma del Estado. Todo país requiere de una clara óptica de los dos conjuntos para poder establecer claramente los delineamientos conceptuales de su visión de nación. Las acciones que un país realice a través de la política exterior que

está en total consonancia con sus intereses nacionales y la defensa del mismo. Las Relaciones Exteriores es el conjunto de acciones que un Estado emprende para la defensa de sus intereses en el ámbito de las Relaciones Internacionales. Dentro de este contexto tales medidas son adoptadas conforme al ideario establecido por el marco legal dado por la Constitución Nacional y los tratados internacionales ratificados, canjeados y la legislación interna y por el marco filosófico que está dado por su concepción de "Defensa...

La Defensa de la Nación es un componente íntimo de la del sistema político, que depende de la preservación del Estado de Derecho. Además es un elemento primordial para la Seguridad de la Nación.

El Pueblo Venezolano, en desarrollo de sus poderes y pidiendo la protección de Dios, con el fin de volver a fundar la República para construir una sociedad democrática, participativa y protagonista en un estado de justicia, federal y descentralizado que fortalezca los valores y garantía universal de los derechos humanos.

Unos de los aportes fundamentales de la Carta Magna, nos dice: que no sólo la Fuerza Armada Nacional es la encargada de la Defensa Integral del territorio, sino también de la sociedad en su conjunto.

Con la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se dio inicio a la revisión y adecuación de las normas jurídicas que la rigen, estando entre las mismas, por su valiosa significación, la de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Esta que acabamos de decir, hace obligante a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, amante de la paz, defensora de los derechos humanos y solidaria de las naciones hermanas del continente Americano, dentro del ideario de Simón Bolívar.

En relación al tema plateado, fue muy clara la afirmación “de unir al pueblo y al ejército, con el fin de sustentar el Sistema Bolivariano”. Cuando Bolívar se refiere al Sistema de Gobierno, afirmaba: depende inmediata y exclusivamente de la igualdad establecida…

La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, en todo su articulado establece aspectos de suma importancia para el efectivo resguardo y protección del Estado Venezolano, y por ende de cada uno de los venezolanos. La importancia radica y depende del nivel de conocimiento y comprensión por parte de todos los sujetos que integran y construyen con sus actos y aptitudes una nación más segura, donde todos y cada uno de los ciudadanos: niños, jóvenes, adultos y ancianos, tienen un rol determinante en el establecimiento y ejecución de los preceptos jurídicos que el ordenamiento consagra.En este sentido,  dicha ley establece que la Seguridad de la Nación es la condición que garantiza el goce y ejercicio de los derechos y garantías en los ámbitos político, económico, social, cultural, ambiental, militar y otros.

 La misma, ratifica la orientación constitucional de conceptualizar a la seguridad como una categoría que va más allá de la tradicional concepción de amenazas bélicas. Se presenta una visión de seguridad y defensa, asociada al desarrollo sustentable y calidad de vida, promoviendo así el cambio social y la evolución política.

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, y siendo que uno de los factores principales del poder nacional lo constituye su Fuerza Armada, era lógico pensar que ni el Estado venezolano, y mucho menos el pueblo venezolano, aceptarían que éste quedara excluido del torrente indetenible de la participación ciudadana. Es por ello que cada vez son más las manifestaciones tangibles del acercamiento entre nuestros componentes y nuestras comunidades.