Casaldelrrey y Zapata

XI Congreso Argentino de Antropologa Social Facultad de Humanidades y Artes UNR Rosario, Argentina

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XI Congreso Argentino de Antropologa Social

Rosario, 23 al 26 de Julio de 2014

GRUPO DE TRABAJO

GT59-De ecologas y conservaciones: la relacin naturaleza-cultura en la antropologa reciente

TTULO DE TRABAJO

Visiones con respecto al destino de los bosques nativos de Salta en tanto bien comn.

Nombre y apellido. Institucin de pertenencia.

Mara Constanza Casalderrey Zapata. Universidad de Buenos Aires


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Introduccin

Desde hace ya varias dcadas, tanto desde el mundo de los movimientos

sociales como desde la comunidad acadmica, el debate en torno a la relacin del

hombre con la naturaleza viene cobrando cada vez ms auge. El creciente inters

en esta temtica proviene en gran parte de la intensificacin de la crisis

climtica/ambiental, entendida como resultado de la racionalidad productiva

hegemnica que sustenta al modo de produccin capitalista. Ya son varios los

autores que han buscado, desde diferentes corrientes tericas, explicar cmo y

por qu este modelo productivo es particularmente destructivo para el medio

ambiente natural (Leff 2004; Martnez Alier 2002; OConnor 1998). En este

trabajo, partimos de considerar al modelo neo-extractivista progresista (Gudynas

2009) que se viene desarrollando en Amrica Latina, como la continuacin

incluso profundizacinde lo que David Harvey da en llamar modelo de

acumulacin mediante desposesin (Harvey 2005). Este implica la desposesin

fsica que el Capital ejerce sobre los hombres al despojarlos de sus medios de

produccin y de vida, pero adems supone o se sustenta en una forma particular

de concebir la relacin del hombre con la naturaleza. En palabras de Gudynas se

mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiacin de la Naturaleza (2009:

188).

Lo que nos proponemos hacer en este trabajo es reflexionar cmo, en el marco de

un Estado que se reconoce culturalmente diverso, se logra mantener una forma

determinada de concebir la relacin del hombre con el medio, que es la que

posibilita o sustenta al modelo neo-extractivista. Se hace esto en detrimento de

otras formas de ver la naturaleza, de relacionarnos con el medio? Cmo hace el

Estado para legitimar el modelo neo-extractivista, si es que efectivamente as lo

hace, y al mismo tiempo cumplir con su deber de asegurar el derecho a la

diferencia? Para esto, analizamos los argumentos esgrimidos tanto por la parte

actora (campesinos e indgenas) como por la parte demandada (Estado Nacional y


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Provincial) durante la audiencia pblica llevada a cabo en el marco de la causa

Salas, Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional en la Corte Suprema

de Justicia de la Nacin. Consideramos que este caso puso en evidencia la

existencia de conflictos socio-ambientales en Argentina que disputan no slo el

tipo de uso que debe hacerse de los recursos naturales, sino la definicin misma

de La Naturaleza ya no slo como recurso sino en tanto bien comn,

llamndonos as a pensar la posibilidad de una verdadera poltica de la

diferencia.

El neo-extractivismo

En el transcurso de la ltima dcada hemos visto surgir en Latinoamrica

gobiernos que se dicen progresistas. Gobiernos que han ampliado la obtencin de

derechos a poblaciones marginalizadas, que buscan hacer una redistribucin de

la riqueza, mejorar la calidad de vida de aquellos que sufren las consecuencias

del modelo capitalista. Paradjicamente, este progresismo no ha implicado un

viraje en lo que atae a la poltica econmica. En palabras de Gudynas, Bajo este

nuevo extractivismo se mantiene un estilo de desarrollo basado en la apropiacin

de la Naturaleza () y que si bien el Estado juega un papel ms activo, y logra

una mayor legitimacin por medio de la redistribucin de algunos de los

excedentes generados por ese extractivismo, de todos modos se repiten los

impactos sociales y ambientales negativos. (2009: 188).

El caso que vamos a analizar est estrechamente ligado al avance del

agronegocio, el cual constituye en Argentina una de las actividades que mejor

ejemplifica el neo-extractivismo del que nos habla Gudynas, ya que avanza en

detrimento de ecosistemas naturales y de las poblaciones locales que viven en y

de ellos.


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Una de las consecuencias ms graves del agronegocio1 es el avance de la

frontera agropecuaria que si bien no es un fenmeno nuevo ni exclusivo de

Argentina ni del agronegocio, ha cobrado desde el cambio de siglo una intensidad

y velocidad nunca antes vista. Esto es as no slo en Argentina. Incluso la ONU ha

llamado la atencin sobre este tema al identificar a la actividad agropecuaria como

la causa principal de la deforestacin de los bosques2 a nivel mundial, siendo esta

ltima, a su vez, la tercera actividad que ms emisiones de GEI (gases de efecto

invernadero) libera a la atmsfera y por ende factor importante en la crisis

climtica3. Esto es importante mencionarlo ya que actualmente dicha crisis ha sido

reconocida por la ONU y por los estados miembro y es actualmente motor de

innumerables movimientos y organizaciones sociales, de protestas sociales y de

cambios en las polticas internas de muchos Estados, entre los cuales se

encuentra Argentina.

As, la crisis climtica ha incentivado y oficializado el debate en torno a la

sostenibilidad4 del desarrollo del sistema capitalista de produccin. Paralelamente,

y tal vez sin quererlo, ha promovido tambin una crtica ms profunda que parte de

pensar esta crisis climtica como resultado de un modelo civilizatorio donde el

problema no pasa solamente por la sostenibilidad del sistema actual. Segn esta

corriente, estamos ante una crisis cultural: la crisis civilizatoria de la racionalidad

moderna-capitalista que implica reformular nuestra concepcin de la naturaleza

(Leff 2004). O en palabras de Sousa Santos, nos enfrentamos a problemas

modernos para los cuales no hay soluciones modernas (Sousa Santos 2003: 30).

11Podramosmencionartambin,entreotrastantascosas:elaltoniveldeherbicidasyplaguicidasqueusanenloscultivosylasconsecuenciasqueestotraeparalaspoblacioneshumanas,animalesyvegetalesdellugar.2UN-REDD Framework Document 2008. Disponible en: http://www.un-redd.org/3Esdecir,elcalentamientoglobal.4Elegimoseltrminosostenibilidadenlugardesustentabilidad,yaquesteesunanglicismodetrminosustainability.Latraduccincorrectadedichotrminoessostenibilidad,decisinquehemostomadobasndonosenladefinicindelaRealAcademiaEspaola.


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Volviendo al neo-extractivismo progresista, y siguiendo esta lnea de pensamiento,

cabe preguntarse por el rol del Estado ante estos problemas, que son problemas

modernos; inherentes a la racionalidad moderna-capitalista. Son muchos los

conflictos y problemas ambientales a los que debemos hacer frente hoy en da en

Argentina. Es un pas con una gran diversidad geogrfica y climtica, con lo cual

tenemos problemas tan dismiles como sequas en una regin (cuyo), mientras en

otra hay inundaciones (litoral). Sin embargo, esto no nos impide elegir un

problema y buscar analizarlo, siempre siendo conscientes de que no es el nico y

de que forma parte de un todo complejo. Dicho esto aqu nos vamos a centrar en

un conflicto que consideramos resultado del avance de la frontera agropecuaria, el

cual constituye, si no la primera, seguro la segunda actividad econmica5 que ms

dao est causando a los ecosistemas naturales especialmente en el norte del

territorio nacional.

Un poco de contexto

Ya dijimos que el avance de la frontera agropecuaria es la causante de la

mayor parte de la deforestacin en todo el mundo. Argentina no es la excepcin.

Esto queda demostrado con la sancin en el ao 2007 de la ley 26.331 Ley de

presupuestos mnimos de proteccin ambiental de los bosques nativos, tambin

conocida como Ley de Bosques o Ley Bonasso6 en cuyo artculo tres especifica

como primer objetivo: Promover la conservacin mediante el Ordenamiento

Territorial de los Bosques Nativos y la regulacin de la expansin de la frontera

agropecuaria y de cualquier otro cambio de uso del suelo7.

5Conelimpulsoquehacobradolamegamineraennuestropas,nomeatrevoaafirmarqueseaotralaactividadquemsdaoestcausando.6Porsuautor,elentoncesdiputadonacionalMiguelBonasso.7Elsubrayadoesmo


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El parque chaqueo constituye cerca del 70% del rea poblada por bosque

nativos en Argentina8 y ha sido tambin el que ms se ha deforestado. Entre

1998-2002 se deforest a una tasa del 0,82% anual, entre 2002-2006 la tasa se

increment notablemente llegando al 1,23% anual. Finalmente entre el 2006-2011

la tasa se mantuvo en el 1,22% anual9.

La provincia de Salta, luego de Santiago del Estero, es en la que ms ha

avanzado la deforestacin del bosque nativo. En el perodo que va desde el ao

2006 hasta la sancin de la ley de bosques en el 2007, se deforestaron 191.649

ha, lo cual corresponde al 33,42% del total deforestado de parque chaqueo, selva

misionera y selva tucumano-boliviana10 en dicho perodo.

Esta situacin condujo a la formacin en agosto del 2008 de la mesa de

tierras del norte de Salta, compuesta por 18 organizaciones, tanto indgenas como

criollas, as como tambin asociaciones de acompaamiento social como

ASOCIANA, FUNDAPAZ y TEPEYAC. En su primer comunicado11 queda claro

cules son los problemas que comparten: 1) la regularizacin y titularizacin de

sus tierras; 2) el avance de los desmontes; 3) la tala ilegal; 4) participacin efectiva

en la toma de decisiones sobre el uso del territorio y sus recursos naturales.

Paralelamente, como consecuencia de la sancin de la Ley de bosques a

finales del 2007, en el trascurso del ao 2008 se empezaron a llevar a cabo las

audiencias pblicas para la realizacin del OTBN12 y el mapa correspondiente.

Segn dicha Ley, cada provincia deba llevar a cabo este ltimo en el plazo de un 8InformeN1BosqueNativoenSalta:leydebosquesanlisisdedeforestacinysituacindelBosquechaqueoenlaprovincia,realizadoporlaREDAF:redaf.org.ar9MonitoreodelaSuperficiedeBosqueNativodelaRepblicaArgentinaperodo20062011:regionesforestalesparquechaqueo,selvamisionerayselvatucumanoboliviana.SAyDSjunio201210dem11http://www.mundowichi.blogspot.com.ar/2008/12/actadedeclaraciondelamesade.html12Ordenamientoterritorialdebosquesnativosquedebehacersesiguiendotrescategoras:a)categoraverde,quesepuededestinaralaexplotacindesmonte;b)categoraamarillo,quesepuedeexplotardemanerasustentablenosepuededesmontar;c)categorarojo,sedebeconservar,nopermiteningntipodeexplotacinmaderera.


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ao, durante el cual se prohiba autorizar desmontes. Otro punto a destacar es

que la ley provee criterios para la realizacin del OTBN, entre los que

encontramos, adems de aquellos netamente biolgicos/ambientales y

econmicos, criterios sociales, que tienen que ver con la valorizacin que las

comunidades locales, tanto indgenas como campesinas, hacen de los bosques

nativos. Aqu hay dos puntos que consideramos nodales. Uno es el problema de

cmo lograr que distintas valorizaciones de un mismo territorio puedan coexistir y

otro es el problema de la tenencia de la tierra; el problema de la propiedad. Estos

dos problemas vienen de la mano en este caso, tal y como queda reflejado en el

primer comunicado que hace la mesa de tierras. En este trabajo nos vamos a

enfocar en el primero.

Acercndose el plazo de un ao para culminar el OTBN, empez a circular

un mapa, propuesto por el Senador Olmedo, dnde se consideraba factible el

desmonte de unas 5 millones de hectreas (Seghezzo et al 2011: 203). A esto se

sumaron denuncias por parte de algunos pobladores criollos y comunidades

indgenas respecto a la continuidad de la tala y desmonte en sus territorios y la

falta en la regularizacin de sus tierras.13La situacin de incertidumbre respecto al

debate que se estaba llevando a cabo en la cmara de Senadores de Salta, la

sensacin por parte de los habitantes locales de haber sido burlados, de no haber

sido tenidos en cuenta, de que no se les reconociera la propiedad comunitaria de

su territorio, fueron tambin incentivos a la hora de presentar el recurso de amparo

en la CSJN. La fecha no es casual, tan slo un da despus de que fuese

sancionada la Ley Provincial 7543 (ratificatoria de la Ley de Bosques 26331), se

estaba presentando el recurso de amparo "contra la provincia de Salta y el Estado

Nacional, a fin de que se disponga el cese inmediato y definitivo de los desmontes

y talas indiscriminadas de los bosques nativos situados en los departamentos San

13ParamsdetallesobreelprocesodelOTBNenSaltavereltextodeSeghezzoetal2011.


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Martn, Orn, Rivadavia y Santa Victoria14. Se pidi tambin que se declarase la

inconstitucionalidad de las autorizaciones otorgadas y se prohibiese otorgar ms

en el futuro, que la parte demandada deba recomponer el ambiente o, en caso de

que no fuese posible, otorgar una indemnizacin que la CSJN fijase a favor de la

parte actora. Por ltimo, se le solicit a la CSJN que dictase una medida cautelar

prohibiendo provisionalmente el desmonte y la tala de bosques nativos en la

zona referida hasta que la CSJN llegase a una resolucin final.

A partir de ah, la causa tuvo mucho movimiento. Tan slo dos das

despus de presentada la demanda, el 19 de diciembre, la CSJN emiti el primer

fallo de la causa, donde se le pide al Procurador General que se expida sobre la

competencia de la Corte por va originaria. Sin embargo, el da 29 del mismo mes

se emite otro fallo dnde se convoca a las partes a una audiencia pblica a

realizarse el da 18 de febrero, hacen lugar a la medida cautelar solicitada,

ordenando el cese provisional de los desmontes y talas de bosques nativos. Si

bien para ese momento todava no se haba determinado la competencia de la

CSJN, los jueces determinaron que podan actuar igualmente ya que le

corresponde al Poder Judicial de la Nacin buscar los caminos que permitan

garantizar la eficiencia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados, como

objetivo fundamental"15. Tambin se basaron en el principio precautorio de la Ley

General de Ambiente que bsicamente plantea que ante la duda o inexistencia de

conocimiento cientfico sobre el dao que pudiese causar alguna accin humana

en este caso el desmonte y la tala se debe ante todo tomar medidas

conducentes a la proteccin del medio ambiente.

Un hecho que si bien es externo al proceso judicial, creemos importante traer a

colacin, fue el alud del 9 de enero del 2009 tan slo das antes de la audiencia

14Asseresumeelpedidodelaparteactoraenelprimerfallodeestacausa,correspondientealdadel19/12/2008. 15Extradodelsegundofalloporestacausa,delda29/12/2008


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convocada por la CSJN en la ciudad de Tartagal16 que muchos, tanto cientficos

como gente del lugar, plantearon fue consecuencia de la tala y de la exploracin

petrolera. Este hecho le dio mucha ms visibilidad a la causa Salas, ya que

Tartagal es la cabecera del departamento San Martn, uno de los alcanzados por

la medida cautelar. El pas entero observ las consecuencias de la deforestacin y

degradacin de los bosques nativos. Fue el momento ideal para incluir a la

sociedad toda en el debate sobre cmo deberamos concebir a la naturaleza y

cmo deberamos relacionarnos con ella.

La audiencia

El 18 de febrero del 2009 se llev a cabo la audiencia pblica por la causa Salas,

Dino y otros vs. Provincia de Salta y Estado Nacional en el Palacio de Justicia en

Buenos Aires. Participaron en la misma: a) por un lado la parte actora con el

abogado Dr. Ral Ferreyra, Dino Salas, en representacin de las comunidades

indgenas, y Alfredo Riera, en representacin del sector criollo/campesino; b) por

el lado de la parte demandada el Fiscal de Estado de la Provincia de Salta, Dr.

Ricardo Casali Rey, el Ministro de Ambiente de la Provincia, Julio Nasser y en

representacin del Estado Nacional, el Secretario de Ambiente y Desarrollo

Sustentable de la Nacin, el Dr. Homero Bibiloni. Los jueces presentes fueron:

Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte, Elena Highton de Nolasco, Enrique

Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Ral Eugenio Zaffaroni y Carmen Argibay.

Durante la audiencia, que tuvo una duracin de aproximadamente dos horas, las

partes se sometieron a las preguntas de los jueces y pudieron, en mayor o menor

medida, exponer sus respectivos argumentos. Nuestra intencin aqu es identificar

los sentidos que las partes le atribuyeron a los bosques nativos y a partir de ah

caracterizar sus respectivas posturas. 16Notasrelacionadas:http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/314071220100221.htmlConsultado25deabrildel2014http://www.lanacion.com.ar/1098346desastreentartagalporunaluddelodoConsultado25deabrildel2014


10

Desde ya anticipo que en la audiencia no se hace referencia directa a los bienes

comunes. Ni siquiera se habla en trminos de inters general o de inters

nacional. Pero sin embargo, pensamos que esto es lo que est en el trasfondo de

toda la argumentacin que se lleva a cabo. Es difcil, debido a las restricciones de

espacio, poder demostrar esto cabalmente, ya que hacerlo implicara realizar un

anlisis discursivo mucho ms detallado de lo aqu podemos hacer. Por ese

motivo, presento aqu las interpretaciones a las que llegu a partir de la lectura y

anlisis de la audiencia. Reconozco que tambin recurr a otros materiales, como

son los fallos de la Corte, legislacin nacional y provincial, decretos e informes

nacionales y provinciales y a algunos de los informes presentados por las ONG

que intervinieron. Sin embargo, el grueso de lo aqu expuesto se basa

exclusivamente en la audiencia pblica17.

El primero en hacer uso de la palabra fue el abogado de la parte actora, el Dr.

Ferreyra. Dedic gran parte de su exposicin a ilustrar, a travs de grficos, fotos

e imgenes satelitales, cuan extensivo y grave es el dao que la deforestacin ha

causado en la zona referida en la causa. La idea que est tratando de insertar es,

en sus palabras, que de seguir as, los salteos y las salteas, los argentinos y

las argentinas, vamos a tener bosque salteo por cincuenta aos ms. Ntese,

adems del tono un tanto apocalptico, que el discurso va dirigido primero a los

habitantes de la provincia y luego a los del pas. El territorio, el recurso cuyo

destino est en juego es salteo. Efectivamente, segn la Constitucin Nacional,

corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales

existentes en su territorio (art 124 CN). Queda claro que el abogado no est

debatiendo si le corresponde o no a la provincia el manejo de sus recursos

naturales, y por ende de los bosques nativos, ya que reconoce que los bosques 17Enesteapartadoloqueponemosentrecomillasrefierealaspalabrastextualesdelosactoresdurantelaaudiencia,delacualtenemoslaversintaquigrficaylosvideos,quepuedenserconsultadosenhttps://www.youtube.com/watch?v=pQKlsQByeYconsultadoel20/06/2014Casocontrarioserdebidamenteespecificadalafuente.


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son salteos. Lo que discute es que la provincia no ha cumplido con su deber, que

el manejo que hacen de sus bosques no es el adecuado, que va en contra de lo

que establece la Constitucin Nacional y la legislacin nacional en la materia. Por

qu es un problema de todos los argentinos y no solo de los salteos? Pues

porque si bien el manejo de los recursos naturales es potestad de cada provincia,

esto no significa que cada provincia sea totalmente autnoma. Deben cumplir con

las normas mnimas que establece la Nacin, deben seguir un mismo objetivo,

comn a todos los argentinos, tanto en el presente como a futuro. Por eso el Dr.

Ferreyra habla constantemente de las generaciones futuras, porque est tratando

de instalar el debate sobre el destino de los bosques nativos, que si bien son

salteos, son recursos que deben ser utilizados siguiendo una lnea, un modelo,

una racionalidad en comn: el inters general de la nacin. Por eso los abogados

de la parte actora buscan demostrar la irracionalidad del modelo. En palabras del

mismo Ferreyra: ustedes podrn advertir que algunos bosques se tiran, otros no

se tiran. No hay el mnimo criterio de racionalidad. Cul es el criterio de la

racionalidad? De qu racionalidad estamos hablando? Pues eso es lo que se

discute, porque el modelo de pas, el inters general no es algo que est escrito

en ninguna ley, o mejor dicho, no es algo que este explcitamente definido, de ah

que sea objeto de disputa, de constante definicin.

Ahora bien, que se haya argumentado de esta manera no signific dejar de lado la

cuestin indgena y campesina. El Dr. Ferreyra se refiere en su exposicin a la

situacin que viven tanto las comunidades indgenas y como las campesinas e

implcitamente argumenta que no pueden mantener su modo de vida sin el

monte, sin los bosques nativos. Dice: La comunidad wichi tiene particularmente

que su entorno no es exactamente 100 metros cuadrados ni 200 metros

cuadrados. Como estn dedicados a la caza y a la recoleccin, es

significativamente amplio. Mientras dice esto, muestra diapositivas que reflejan el

modo de vida wich. Como el uso que hacen del territorio va ms all de sus


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lugares de vivienda, de sus respectivas casas, insertndose varios kilmetros en

el monte, donde buscan lea, recolectan miel, cazan y pescan, visitan sus lugares

sagrados, etc. Viven en y del bosque nativo.

Con lo expuesto hasta aqu, cabe preguntarse cmo se conjuga el inters

particular de los pueblos originarios y campesinos con ese inters nacional por

preservar los bosques nativos, con la preservacin del derecho para las

generaciones futuras. La clave para contestar esto la encontramos en la misma

audiencia, cuando el Dr. Ferreyra dice: La pregunta del milln, que se puede

hacer la Corte, que se pueden hacer los ciudadanos y las ciudadanas, es cuntos

de esos bosques nativos son susceptibles de ser colorados con color rojo y con

color amarillo, porque si fuera todo bosque verde y no estuvieran las comunidades

indgenas, esta audiencia no tendra sentido y nuestra presencia tampoco. Es

decir, es gracias a la presencia y resistencia de estas comunidades frente al

avance del agronegocio que se presenta este recurso de amparo, son ellas las

que protegen nuestros bienes comunes, de todos nosotros, salteos/as y

argentinos/as.

A Dino Salas y a Alfredo Riera se les concede un minuto respectivamente para

hablar. El primero en hablar es Dino Salas. De todo lo expuesto, que por ser corto

no deja de ser sumamente rico analticamente, vamos a concentrarnos en tres

puntos. Primero en la construccin de su identidad. Empieza su discurso diciendo

Soy de raza wich, lo cual no significa que renuncie a su identidad como

ciudadano argentino, ni siquiera que la contraponga a la misma. As, en todo su

discurso notamos un juego constante entre ambas identidades, y los derechos que

ambas le confieren. Construye su identidad desde la autoridad que le confiere ser

del lugar: Somos del lugar, tanto como los hermanos campesinos, los hermanos

collas, guaranes, tobas. Pero habla tambin como ciudadano argentino y salteo:

() en nuestra querida Salta () Es mi pas y nuestro pas, que nos hace falta.

En ese reconocimiento de su identidad nacional, vemos una forma de reclamar su


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derecho a la igualdad, pero al reconocerse tambin como indgena, reconoce su

diferencia y en ese sentido retoma el derecho que debemos tener en nuestro

territorio ancestral y uso tradicional, que nosotros sabemos bien que nos

pertenece.

Este es el segundo punto, la cuestin de la propiedad y la posesin de la tierra, ya

que es su condicin indgena la que le otorga el derecho a la propiedad

comunitaria del territorio que les viene conferido por su preexistencia al Estado

Nacin. Su discurso no es confrontativo: Estoy aqu para pedirles que

compartamos (). Es decir, sabe que el territorio les corresponde, que debera

serles cedido en propiedad, pero, aun conociendo este derecho, est dispuesto a

compartir su territorio y le pide al Estado que haga lo mismo.

El tercer y ltimo punto que nos parece importante traer aqu, es la referencia a su

modo de vida. En el monte tenemos el sustento, para subsistir. Por qu? Por

qu existimos? Porque sabemos que el monte nos da para subsistir. De esta

manera, logra comunicarle a los jueces y a toda la Nacin la relacin especial que

el wichi, y el indgena, tiene con la tierra. Lo cual les confiere el derecho al uso del

territorio. Esto se relaciona inexorablemente con los dos puntos anteriores. La

identidad indgena les confiere derechos especiales que no tienen, por ejemplo,

los campesinos. Y aun si se les concediera la propiedad comunitaria de la tierra,

esto no significa que no deban atenerse a las obligaciones mnimas que establece

la Nacin. Por eso se coloca tambin como protector de La Naturaleza: Estoy

reclamando por esa naturaleza que est perdiendo nuestro territorio. Empezamos

a notar cmo se busca el dilogo entre intereses diferentes, entre su inters

privado, que es tambin colectivo, y el inters general. Es decir, su inters como

indgena y el inters de todos los argentinos, el que concuerda o se condice con

un objetivo comn: cuidar la naturaleza, pero no slo en un sentido

conservacionista, sino como lugar de vida, lugar que puede darnos para vivir y a

la vez en el que podemos vivir.


14

Luego se le otorga la palabra a Alfredo Riera. Dos puntos a resaltar de su

discurso. Por un lado, se reconoce como campesino, como pequeo productor de

ganado. Su autoridad se la confiere el ser del lugar, el ser local, tanto como los

indgenas, si bien reconoce la preexistencia de stos. Por otro lado, su discurso

nos parece ms combativo. Acusa frontalmente al gobierno provincial: Estamos

abandonados en la zona del Chaco salteo a nuestra suerte () no tenemos

cobertura para la salud () ni los criollos ni los aborgenes. Culpa al gobierno por

no estar presente, no estar ah para ellos, tanto indgenas como campesinos. Le

imputa frontalmente al gobierno de Salta el llevar a cabo una poltica de

despoblamiento del chaco salteo: () con este mtodo vamos a terminar con la

vida de las comunidades, va a quedar sin gente. Y bueno, tal vez a eso apuntar

el gobierno de la Provincia de Salta, que se despueble Salta para poner algunos

granos ms de soja, criar algunas vacas ms (). Le imputa lo que nosotros

entendemos es la implementacin de un modelo productivo que no los tiene en

cuenta, que no valoriza al pequeo productor18.

Para ir resumiendo, entonces, vemos que los abogados de la parte actora parecen

querer demostrar que el conflicto es ms amplio, que lo que se est vulnerando no

son solamente los derechos indgenas, sino los de todos los argentinos, presentes

y futuros, y que es gracias a las comunidades indgenas y criollas que se ha

logrado preservar lo poco que nos queda de bosques nativos. Ante el avance de la

frontera agropecuaria, del avance del modelo neo-extractivista, son estas

comunidades las que luchan por preservar ese bien comn, semi-destruido y

degradado, para las generaciones futuras. Son estas comunidades las que

presentan este recurso de amparo para detener los desmontes y la tala ilegal. Y lo

hacen para ellos, movidos por su propio inters, pero buscan demostrar que su

inters privado no se contrapone con el inters general. Todo lo contrario, si

18AlfredoRierahablaenrepresentacindelaAsociacindepequeosproductoresdelchacosalteo.Larelacinentrelostrminoscriollo,pequeoproductorycampesinoaparecemezclada,ascomotambinenlareferenciaalosindgenascomopueblosoriginarios,indgenas,aborgenes,inclusoelconceptoderaza.


15

entendemos que el inters general consiste en preservar un medio ambiente

sano para las generaciones presentes y futuras, entonces el modo de vida

indgena y el modo de vida campesino se ajusta mejor a ese propsito que,

digamos, el agronegocio.

As, empezamos a ver en el transcurso del proceso judicial esta tensin

permanente entre los intereses particulares y el inters general, donde se pone

en discusin, inevitablemente, si el inters general, entendido como el inters de

las mayoras, debe necesariamente o inexorablemente prevalecer sobre los

intereses de los grupos minoritarios que conforman la totalidad de la Nacin. En

ese sentido, a qu intereses debe responder el uso que se hace de los bosques

nativos. No pueden convivir los intereses particulares de los indgenas y

campesinos con el inters general? Esto es lo que est en juego.

Ante este planteo de la parte actora el Estado provincial ante todo niega que exista

un conflicto entre el Estado y los grupos representados en la parte actora: el

Estado provincial considera absolutamente desde un punto de vista de honestidad,

que no hay un conflicto entre el Estado y ninguno de los grupos. Por otro lado,

desde un primer momento dejaron en claro que, de existir algn conflicto, este no

sera competencia de la CSJN sino de la Provincia de Salta, con lo cual queda

claro que para ellos los bosques nativos de Salta son un recurso que debe estar al

servicio de los salteos. Reconocen que s se dieron la cantidad de autorizaciones

que menciona la parte actora, pero buscan desligarse de ese hecho declarando

que esas autorizaciones fueron concedidas durante el gobierno anterior de Juan

Carlos Romero19. Sobre esta cuestin de las autorizaciones hay dos puntos que

vale la pena resaltar. En el intento por justificar sus acciones y el pedido de que se

levantase la medida cautelar, el fiscal plantea que la ley provincial 707020 permite

19Recordemos que Juan Manuel Urtubey asume el 10 de diciembre de dicho ao y tan solo das antes de la sancin de la ley de bosques. 20LeyprovincialDeProteccindelMedioAmbiente.BoletnOficialdeSaltaN15827


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la intervencin para impugnar en sede administrativa o judicial de cualquiera que

invoque un simple inters. Es decir, est previsto por ley que cualquier persona

puede intervenir en las audiencias pblicas para defender su inters particular. Y

agrega y es lo que han hecho las ONGs. Efectivamente, esto fue tambin

reconocido por la parte actora, el problema es que esa participacin no tiene

carcter vinculante. En todo caso lo que lograron hacer las ONGs con dichas

impugnaciones fue retrasar algunas de las autorizaciones, segn nos inform un

miembro de ASOSIANA.

El escenario sera el siguiente. Hay un territorio que tiene un dueo, y ese dueo

pide que se autorice el desmonte de determinada cantidad de hectreas. Entre las

funciones del Estado, se encuentra la de llamar a una audiencia pblica en la que

dan a conocer en qu consiste el proyecto de desmonte o aprovechamiento

forestal a quienes estn interesados o que se sientan directamente afectados.

Estas personas, sean fsicas o jurdicas, representando intereses individuales o

colectivos, pueden hacer observaciones y explicar por qu la autorizacin de

desmonte (o tala) los afecta. Cul es el deber del Estado en esta situacin?

Hacer cumplir la ley. Los intereses de quienes no son los dueos del terreno

afectado por la autorizacin no tienen, por supuesto, el mismo peso que tiene el

del propio dueo. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta cuando

hablamos de bosques nativos, ya sea como recurso natural o bien comn. Porque

a diferencia de lo que sucede con los minerales del subsuelo, los bosques nativos

no son propiedad del Estado21. La Ley de bosques justamente amplia el poder del

Estado sobre un bien que, si bien es propiedad privada, es tambin un recurso

estratgico para la poblacin de la Provincia y/o de la Nacin. Segn el Fiscal de

Salta, la provincia cumpli con sus deberes, es decir, cumpli con lo que dicta la

ley, llam a las audiencias pblicas y control los estudios de impacto ambiental

que cada proponente debe realizar. Sin embargo los jueces se detuvieron en estos

21Amenosqueseencuentrenenunparquenacionaloenterrenosfiscales.


17

puntos. Por un lado, que se hayan realizado las audiencias pblicas no asegura

que haya habido una participacin real. Ante la denuncia, planteada

especialmente por el Sr. Riera, de que no eran informados sobre las audiencias,

de que se les dificultaba la participacin por lejana de los lugares de encuentro,

entre otros factores, el fiscal defiende al gobierno, que era el anterior, diciendo que

la forma de convocatoria haba sido inclusiva Mediante cartas dirigidas,

comunicaciones dirigidas a estas organizaciones ()se puede advertir que

inclusive en forma personal representantes o familias criollas y aborgenes han

tomado parte en estas audiencias. Por qu es tan importante la participacin?

Porque, si bien se trata de una propiedad privada, toda propiedad tiene ante todo

una funcin social, no puede ser usada de cualquier manera, mucho menos en

contra del inters general. Es deber del Estado el controlar que los usos que los

particulares hacen de su propiedad cumplan con este mandato. Todo derecho

invoca tambin un deber. Este deber viene, en este caso, por el lado de los

estudios de impacto ambiental.

Como explica el Sr. Nasser a los jueces, la Ley 7070 determina que todo aquel

que pide una autorizacin de aprovechamiento forestal (sea tala o desmonte) debe

presentarla junto a un estudio de impacto ambiental que lo hace una persona que

debe estar inscripta en el Registro de evaluadores y formuladores de estos

proyectos, y esa presentacin es revisada por la autoridad de aplicacin, en este

caso la Secretara de Poltica Ambiental de la Provincia de Salta. Respecto a esto

los jueces le preguntan a los representante de la Provincia cmo se van a adecuar

las autorizaciones ya otorgadas al nuevo marco que introduce la promulgacin de

la Ley de Bosques a nivel Nacional, que obliga a realizar el ordenamiento territorial

de los bosques nativos, es decir, a la confeccin del mapa con la categorizacin

en rojo, amarillo o verde, segn corresponda. Segn el principio precautorio de la

ley general de ambiente, ante el desconocimiento del efecto que pueda tener una

accin del hombre sobre el medio ambiente, se debe actuar, valga la redundancia,


18

precautoriamente. El OTBN est en relacin directa con este principio: primero hay

que hacer el mapa, ver qu se podra desmontar y que no, y a partir de ah decidir

sobre las autorizaciones de desmonte otorgadas previamente a la confeccin del

mapa de OTBN. Se desprende del intercambio entre los jueces y los

representantes de la Provincia que sta no tena la intencin de actuar de esa

manera, ya que segn el artculo 30 del captulo III de la ley 7.54322, se habla de

una prrroga por el trmino de tres aos para continuar con la ejecucin de los

desmontes. Sobre este punto Lorenzeti le pregunta de forma muy directa, cul es

la postura de la Provincia: La pregunta concreta es la siguiente, doctor, porque

debemos clarificar un poco nuestras ideas. Una cosa es decir que va a haber una

gran reglamentacin de la materia, de ac para el futuro, una vez que ya est todo

deforestado y todas estas autorizaciones aprobadas y consolidadas, y otra es que,

como se va a dictar una reglamentacin, se suspende precautoriamente estas

autorizaciones hasta ver cul es el impacto ambiental global. Cul es las dos

alternativas es la que ustedes sostienen? A lo que el Fiscal de Estado de la

Provincia responde: Me atrevera a decir que la provincia, lo que trata, es de

hacer la mejor combinacin posible de estas dos cuestiones. Es decir, trata de

combinar entre talar antes de tener conocimiento de las consecuencias, y no

hacerlo hasta tener dicho conocimiento. La prrroga de tres aos para continuar

con las autorizaciones de desmontes concuerda, segn el fiscal de Estado, con

esta postura, porque lo que se busca es evitar que la concrecin del desmonte se

haga de manera abrupta, que eventualmente podra tener un impacto ambiental

an ms agudo."

Nos resulta notable lo ambigua que termina siendo la postura del Estado

Provincial, pues todo el esfuerzo que hicieron por desligarse del gobierno anterior

es anulado cuando aprueban las autorizaciones que dicho gobierno otorg e

incluso, dado el nuevo marco de la Ley de Bosques, otorgan prorrogas para que

22LeydeOrdenamientoTerritorialdeBosquesNativosdelaProvinciadeSalta


19

se puedan realizar. Esto es indicativo de que hay una continuidad en el proyecto

de desarrollo de la provincia, por lo menos en lo que respecta a la poltica

ambiental.

Finalmente con la intervencin del Dr Bibiloni, en representacin del Estado

Nacional, queda claro que el problema con el derecho ambiental, cristalizado en

este caso en la ley general de ambiente, la ley de bosques y el artculo 41 de la

CN, es que si bien impone la proteccin del derecho ambiental que consagra ()

tambin impone la armona entre produccin y ambiente y ambiente y produccin,

con un equilibrio entre el hombre, la naturaleza. Es decir, s, la ley y la

constitucin nos mandan a actuar precautoriamente y a preservar un ambiente

sano para las generaciones futuras, para que estas tambin puedan disfrutar de

sus recursos y servicios, pero tambin debemos desarrollarnos, debemos

producir, debemos seguir creciendo. Creo que en este enunciado se resumen muy

bien la postura del Estado como un todo, tanto a nivel provincial como nacional.

Esto, sumado a la ambigedad que mencionamos ms arriba, evidencia cul debe

ser la tarea del Estado, por lo menos del Estado-Nacin moderno: incentivar la

produccin para el desarrollo (crecimiento) econmico de la Nacin. Cuando esa

armona entre produccin y desarrollo se pone en jaque, es decir, cuando el

avance del desarrollo, del progreso, implica destruir un ecosistema natural, parece

clara la postura del Estado: prima el desarrollo.

El principio de utilidad: fundamento de la racionalidad moderna capitalista

Volvamos ahora al punto del cual partimos y veamos si podemos echar luz sobre

las preguntas que nos formulamos al principio. Pero antes, algunas aclaraciones

son necesarias. Cuando Gudynas caracteriza el neo-extractivismo progresista,

plantea que ste no es exactamente igual al modelo neo-liberal anterior, pero que

comparte muchas caractersticas en comn. Una de esas caractersticas en


20

comn es que mantienen la misma racionalidad productiva y la misma forma de

gobierno. Nos parece que Foucault ayuda a entender esto.

El liberalismo, del cual el neoliberalismo es heredero, es una forma de gobernar

que tiene dos anclajes: el mercado por un lado, como mecanismo de los

intercambios (Foucault 2007: 64) y el principio de utilidad como regulador del

poder pblico. El lmite de la competencia del gobierno se definir a travs de las

fronteras de la utilidad de una intervencin gubernamental () (Foucault 2007:

64). Lo que interesa rescatar aqu es que el Estado acta de acuerdo con este

principio. Cundo debe intervenir el Estado? Cuando hay un conflicto de

intereses: slo est legitimado, fundado en el derecho y la razn para intervenir

en la medida en que el inters, los intereses, los juegos de los intereses hacen

que tal o cual individuo o tal o cual cosa, o tal o cual bien, o tal o cual riqueza o

proceso, tenga cierto inters para los individuos ().(Foucault 2007: 65) El

Estado, en tanto es ejercicio del gobierno, es algo que manipula intereses, y

especficamente lo hace buscando el equilibrio entre la utilidad social y la

ganancia econmica.(dem: 64) Es decir, el Estado moderno responde a una

racionalidad utilitarista, que implica una, y no varias, formas de valorar. Al

determinar la utilidad de los bosques nativos para el conjunto de la poblacin, se

est legitimando el destino al que deben someterse.

Entonces, con esto me atrevo a decir que el modelo neo-extractivista progresista

sigue siendo en este sentido un modelo liberal (y neoliberal), ya que responde a

estos mismos principios: mercado y utilidad. En este caso que hemos analizado el

Estado interviene en un conflicto de intereses donde el propio Estado es parte, es

decir, el Estado est siendo acusado de defender o favorecer unos intereses sobre

otros. Cul inters es ms til para la sociedad y cul representa la mayor

ganancia econmica para el Estado?


21

Primero recordemos cules intereses estn en pugna tratando de traducirlos al

lenguaje de la utilidad. Por un lado tenemos a las poblaciones locales, indgenas y

criollas, que platean la utilidad de preservar los bosques nativos. Lo hacen desde

su propio inters, ya que viven en y del bosque nativo, Pero, como sabemos que

el Estado gobierna en pos del inters pblico, del inters general, plantean

adems que nos es til a todos. Esta utilidad radicara en el valor que tienen los

servicios y recursos ambientales que nos proveen los bosques nativos, tal cual

son definidos en la Ley de Bosques. Entre algunos de ellos podemos citar:

regulacin hdrica, conservacin de la Biodiversidad () defensa de la identidad

cultural (Ley 26.331 art 5). Es decir, el propio Estado reconoce que es til

preservar los bosques nativos por los servicios ambientales que nos proveen,

entre los cuales, curiosamente, incluye defensa de la identidad cultural.

Por otro lado, tenemos la postura del Estado provincial, que, recordemos, fue

bastante ambigua. Buscaron desligarse del gobierno anterior de Juan Carlos

Romero, que haba tenido una muy mala imagen en lo que respecta a poltica

ambiental, pero terminaron defendiendo las autorizaciones de desmonte que dicho

gobierno haba otorgado aduciendo que cumplan con los procesos legales

correspondientes. Especficamente que se haban realizado las audiencias

pblicas y los estudios de impacto ambiental. Lo que es ms, con el nuevo

gobierno se haban otorgado prorrogas para la concrecin de todos los desmontes

previamente autorizados. Esto, sumado al hecho de no haber incorporado el mapa

de OTBN, son datos que nos permiten plantear que el Estado no comparta el

inters de la parte actora en preservar los bosques nativos. Su inters radicaba o

se alineaba con otros intereses particulares, los de aquellos interesados en

desmontar. Lo que no lograron hacer los representantes de la provincia fue

demostrar cmo estos desmontes responden al inters general.

En este sentido, s es iluminador la postura del Estado Nacional, que plante que

si bien es cierto que debemos preservar los bosques nativos, por todas las


22

razones que se exponen en la Ley de Bosques, tambin es cierto que en esa

misma ley, as como en la ley general de ambiente y en la Constitucin Nacional,

se llama a hacer uso de los recursos econmicos que nos proveen, ya que

tambin son tiles para el desarrollo nacional. Este, el desarrollo Nacional,

tambin es til al conjunto de la poblacin. Subyace a esta idea, que esa utilidad

proviene de la riqueza que le genera al pas.

Aqu est diferencia del modelo neo-extractivista progresista con el modelo

neoliberal anterior: bajo este modelo esa riqueza es redistribuida ms

equitativamente. En este caso, esa riqueza consiste en la renta sojera que es

luego redistribuida bajo la forma de subsidios. As justifican, por lo menos en parte,

continuar con un modelo extractivista.

Pero, tanto neo-extractivismo progresista como neoliberalismo responden a los

mismos fundamentos, a la misma racionalidad, al sistema de acumulacin por

desposesin, slo que con el primero se tratan de amortiguar un poco ms los

efectos sociales negativos a travs de una redistribucin de la renta que el

extractivismo le deja al Estado. Es decir, el Estado no cambia; el modelo, la

estructura que subyace al funcionamiento del Estado, los principios que regulan el

arte de gobernar, siguen siendo los mismos, no slo liberales, sino precisamente

modernos.

Reflexiones finales

El neo-extractivismo es la forma en la que se cristaliza en nuestro pas el modelo

de acumulacin por desposesin. Como ya dijimos, ese modelo avanza sobre

territorios otros y sobre las poblaciones que los habitan. Al hacer esto elimina

tambin las formas de vida que esas poblaciones mantienen. As, y para

responder a la pregunta que nos planteamos al principio, es que nos atrevemos a

afirmar que efectivamente el modelo neo-extractivista, que, como vimos, se


23

sustenta en una racionalidad determinada por los principios de mercado y de

utilidad, es inconmensurable con otras formas de vida.

El Estado argentino es en los hechos culturalmente diverso, y desde el plano

discursivo ha reconocido esa diversidad, pero contina manteniendo un modelo

productivo que atenta contra esa diversidad. Mientras sea una racionalidad, y solo

una, la que determine la finalidad del gobierno y el inters general por el cual debe

velar, entonces nunca va a ser posible una poltica de la diferencia y sin esta

cualquier transformacin en la racionalidad hegemnica pierde sentido e

importancia. Si no es posible el dilogo entre racionalidades distintas, si una

implica la eliminacin de la otra, nunca podremos ser verdaderamente

multiculturales, porque siempre habr dominacin de una racionalidad sobre otra,

de una forma de vida sobre otra, de una forma de valorizacin sobre otra.

Viendo este caso no pareciera tan evidente esa crisis civilazotaria de la que nos

habla Enrique Leff. S, hay cosas positivas para rescatar. Podemos ver en la

legislacin ambiental de la ltima dcada un intento por traducir de alguna manera

la nocin de bienes comunes en trminos jurdicos. Se ha incorporado en esta

legislacin la idea de servicios ambientales, lo cual, si bien no se aleja mucho de

la idea de recurso, implica una nocin de naturaleza ms compleja, ms

holstica, ya no como mera proveedora recursos, sino como ecosistemas

interconectados que nos brindan muchas otras cosas que no son extrables ni

reemplazables. Pero, ms all de esto, sigue predominando una visin

desarrollista/extractivista por los funcionarios que son los que deben hacer cumplir

estas normas. Seguimos bien plantados en la modernidad. Ser posible un

Estado que supere su propia modernidad? Un Estado que activamente busque

las soluciones que esta modernidad ha generado, y que lo haga trascendiendo su

propia condicin moderna?


24

Esto nos plantea muchsimas preguntas y desafos, que a su vez abre

innumerables lneas de investigacin que nos obligan a traspasar las barreras

disciplinares. Por ahora, seguiremos este caso, analizando las polticas pblicas,

programas, decretos, legislacin e informes que se han construido alrededor del

mismo. La intencin sigue siendo aportar, a la usanza antropolgica, a la

desnaturalizacin del Estado moderno. O mejor dicho, rastrear la modernidad en

el funcionamiento contemporneo del Estado, especialmente aquellos principios

que sustentan la desposesin y el despojo que acarrea el modelo socio-

econmico actual. Aqu intentamos centrarnos en el problema de la valorizacin

diferencial que las partes presentaron respecto a los bosques nativos a travs del

concepto de inters. Lo que sigue es centrarnos en el derecho a la propiedad y

los desafos que para este implica el trmino de bienes comunes.

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