DesPlazaMiento Final Web

Angelika RettbergAngela Rivas

Juliana ArboledaAndrs Cajiao

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia

Octubre de 2011

La Fundacin Ideas para la Paz (FIP) es un centro de pensamiento creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misin es generar conocimiento de manera objetiva y proponer iniciativas que contribuyan a la superacin del conflicto armado en Colombia y a la construccin de una paz sostenible, desde el respeto por los derechos humanos, la pluralidad y la preeminencia de lo pblico.La FIP con independencia se ha propuesto como tarea central contribuir de manera eficaz a la comprensin de todos los escenarios que surgen de los conflictos en Colombia, en particular desde sus dimensiones poltica, social y militar. Como centro de pensamiento mantiene la conviccin de que el conflicto colombiano necesariamente concluir con una negociacin o una serie de negociaciones de paz que requerirn la debida preparacin y asistencia tcnica. Como parte de su razn de ser llama la atencin sobre la importancia de preparar al pas para escenarios de postconflicto.

Fundacin Ideas para la Paz (FIP)

Programa de Investigacin sobre Conflicto Armado y Construccin de Paz (CONPAZ) Departamento de Ciencia Poltica Universidad de los Andes

Fundacin Ideas para la paz

Angelika RettbergAngela RivasJuliana ArboledaAndrs Cajiao

Elaborado porFundacin Ideas para la Paz (FIP)Programa de Investigacin sobre Conflicto Armado y Construccin de Paz (CONPAZ)Departamento de Ciencia Poltica Universidad de Los Andes

Financiado gracias a los aportes del United State Institute of Peace (USIP)

Con la colaboracin de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia

Bogot, octubre de 2011Serie Informes No. 16


2 www.ideaspaz.org/publicaciones

Contenido

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Introduccin

1. Contexto general del desplazamiento forzado interno (DFI) 1.1 Panorama del desplazamiento forzado interno

(DFI) 1.2 Sector empresarial, construccin de paz y

desplazamiento forzado interno 1.2.1 Construccin de paz y desplazamiento

forzado interno 1.3 Contexto de la problemtica del

desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia 1.3.1 Desplazamiento forzado interno (DFI) en

Colombia 1.3.2 Caractersticas generales del desplazamiento

forzado interno (DFI) en Colombia 1.3.3 Crisis humanitaria 1.3.4 Accin Estatal 1.3.5 Alianzas pblico privadas y cooperacin

internacional 1.4 Situacin del desplazamiento forzado interno

(DFI) a nivel departamental 1.5 Caracterizacin de las regiones estudiadas:

Antioquia y Nario 1.5.1 Perfil regional de Antioquia 1.5.2 Perfil regional de Nario 1.5.3 Actividad empresarial y conflicto armado en

Pasto y Medelln

2. Sector empresarial y desplazamiento forzado interno 2.1 Qu muestra la informacin sobre la relacin

entre DFI y sector empresarial? 2.2 Antioquia de cara a la relacin entre operacin

empresarial y DFI 2.3 Nario de cara a la relacin entre operacin

empresarial y DFI 2.4 Qu sugiere la informacin sobre la relacin

entre actividades empresariales y DFI? 2.4.1 Sector Empresarial y DFI en zonas de

expulsin 2.4.2 Caracterizacin general de la participacin

del sector empresarial en iniciativas de prevencin y mitigacin del DFI

2.4.3 Iniciativas de prevencin y mitigacin en zonas de expulsin y recepcin del DFI

2.5 Retos del sector empresarial y el DFI

Contenido

3. Observaciones finales

4. Casos documentados de participacin del sector empresarial en programas de atencin del desplazamiento forzado interno (DFI) 1. Programa de Reconstruccin Econmica y Social

del Corregimiento El Salado 2. Programa de Energa para el Retorno 3. Programa de Desarrollo Sostenible para

Poblaciones Desplazadas del municipio de Santa Marta

Anexo 1

Anexo 2

Anexo metodolgico

Referencias bibliogrficas

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8092

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Documento elaborado por la Fundacin Ideas para la Paz y el Programa de Investigacin sobre Conflicto Armado y Construccin de Paz (CONPAZ) del Departamento de Ciencia Poltica de la Universidad de los Andes, gracias al trabajo del equipo del rea de sector empresarial, conflicto y construccin de paz de la FIP, el equipo de investigacin de CONPAZ, la financiacin del United States Institute of Peace (USIP), y la colaboracin de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Colombia.

El proyecto ha contado con el trabajo permanente de:Angela Rivas, Fundacin Ideas para la Paz, directora de proyecto.Angelika Rettberg, Universidad de los Andes, investigadora senior.Juliana Arboleda, Fundacin Ideas para la Paz, investigadora y coordi-

nadora del proyecto.Andrs Cajiao, Fundacin Ideas para la Paz, asistente de investigacin.

Adems del acompaamiento de ACNUR Colombia a travs de Maite Muller y Andrs Celis.

Adicionalmente han contado con la participacin y apoyo de los si-guientes estudiantes:

Daniel Barrera, estudiante de maestra.Laura Bernardelli, estudiante de pregrado y pasante.Ana Mara Correa, practicante.Anascas del Ro, estudiante de maestra.Paulina Duque, practicante.Jaime Landinez, estudiante de maestra.Manuela Medina, practicante.Daniela Palou, estudiante de pregrado y pasante.Juan Diego Prieto, estudiante de maestra.Nicols Zorro, practicante.

Agradecemos a todos aquellos que a travs de su trabajo, en-trevistas, comentarios, recomendaciones y reuniones colaboraron en la realizacin de este estudio, especialmente nuestro reconoci-miento a las instituciones del Estado, empresas y agremiaciones, organizaciones de la sociedad civil, a la academia y comunidades que con sus aportes han contribuido a enriquecer este documento.

Los contenidos, anlisis, opiniones, hallazgos, conclusiones o reco-mendaciones expresados en este documento son responsabilidad de sus autores, y no representan necesariamente la opinin de USIP y ACNUR.

El documento completo del informe final de este estudio, as como el documento de trabajo en espaol y en ingls pueden consultarse en las pginas www.ideaspaz.org o http://conpaz.uniandes.edu.co.

Octubre de 2011.Bogot Colombia.

Sector Privado y Desplazamiento Forzado Interno (DFI) en Colombia. octubre de 2011 5

Obligados a huir de las regiones en donde se confun-den el poder de las armas, la complicidad de la impunidad y la impotencia de la poblacin civil, miles de colombianos

transitan por el camino del xodo y el desarraigo. Rojas, R. joRge e

Fuente: RUPD /Accin Social Corte: 31 de julio de 2010. Procesado: Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado

Mapa de expulsin de desplazados Accin Social 2009



Introduccin

El desplazamiento forzado interno (DFI) entendido como el fenmeno en el cual personas o grupos de per-sonas [] se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catstrofes naturales o provocadas por el ser humano, y [] no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconoci-da1 constituye uno de los fenmenos ms devastadores y con consecuencias ms duraderas que acompaan los conflictos armados internos. En efecto, en diversas partes del mundo el DFI suele afectar a las poblaciones ms vul-nerables mujeres, pobres, con bajos niveles de escolari-dad (Vogl, 2007, p. 18; Ibez, 2008; Ibez & Vlez, 2008; Rettberg, 2008a) a quienes arroja a un ciclo reiterado de persecucin y calidad de vida deteriorada. En breve, la vic-timizacin por medio del DFI tiene secuelas de largo plazo y compromete seriamente propsitos nacionales de recons-truccin, reconciliacin y estabilizacin postconflicto.

Las causas del DFI asociado a situaciones de violencia y conflicto armado interno son mltiples. Incluyen la competen-cia y los enfrentamientos entre grupos armados por el domi-nio territorial, ante las cuales la poblacin civil inerme decide huir para protegerse. As mismo incluye amenazas dirigidas especficamente a determinados grupos poblacionales con-siderados afines al bando opuesto por razones polticas o tnicas, ante las cuales los afectados se ven obligados a huir de sus lugares de residencia. En esta misma lnea cabe se-alar que el DFI ha sido utilizado como una herramienta de expansin econmica. En pases como Indonesia y Colombia actores armados vinculados a proyectos econmicos se han servido del DFI para despejar y apropiarse de tierras produc-tivas o estratgicamente ubicadas (Raj, 2008).

El ltimo aspecto pone sobre el tapete el posible vn-culo entre sector empresarial y DFI. En efecto, en el pas han sido frecuentes las denuncias sobre los vnculos entre actividades del sector empresarial y la generacin de DFI. Un ejemplo de esto son los sealamientos incluidos en las

1 Definicin reconocida por ACNUR y IDMC, y que se encuentra consignada en los Principios Rectores de los desplazamientos internos, aprobado por Naciones Unidas en 2005. En Colombia la ley 387 de 1997 define como desplazados a personas o grupo de personas que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades econmicas habituales, porque su vida, su integridad fsica, su seguridad o libertad

personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas, con ocasin de cualquiera de las siguientes situaciones: conflicto armado interno,

disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u

otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que pueden alterar o alteran drsticamente el orden pblico.2 Ver al respecto Verdad Abierta www.verdadabierta.com

versiones libres de algunos de los comandantes paramili-tares en le marco del proceso de Justicia y Paz2. Tambin en el marco de la Ley de Justicia y Paz (2005) organiza-ciones de la sociedad civil han denunciado con insistencia la participacin del sector empresarial en situaciones de DFI, o el beneficio a raz de estas situaciones, tal y como lo sugieren los casos de algunas empresas palmeras y bana-neras en el Urab (Ver anexo 1). No obstante, estos no son los nicos vnculos posibles entre sector empresarial y DFI. Tambin est la otra cara de la moneda: la labor del sector empresarial en la prevencin de situaciones de DFI y en la mitigacin de situaciones ligadas a la condicin en la que viven las poblaciones que han sido vctimas de DFI. Aunque menos publicitado, este vnculo tambin se pude ilustrar en el caso colombiano (casos de iniciativas adelantadas por empresas como General Motors Colmotores, Starbucks, Asocolflores, o las reconocidas por el Premio Emprender Paz entre otros son descritas en el anexo 2). En un con-texto en el que el sector privado aparece crecientemente como uno de los actores no combatientes ms crticos para la prevencin y superacin de los conflictos armados y la construccin de paz, el vaco en nuestro conocimiento so-bre estos temas es notable y plantea una imperiosa necesi-dad de investigacin.

En este estudio se aborda la difcil y compleja relacin entre sector empresarial y DFI en Colombia, en los casos de los departamentos de Antioquia y Nario. En contraste con la atencin que han recibido otros temas que tambin hacen parte de la construccin de paz como la justicia tran-sicional y los procesos de DDR, frente al DFI existe un vaco en la investigacin acadmica. Es en este sentido, y ms exactamente de cara a lograr una mejor comprensin de la relacin entre DFI y sector empresarial, que el presente estudio busca aportar elementos empricos y conceptuales que contribuyan a llenar algunos de los vacos en nuestro conocimiento sobre el DFI en Colombia, sobre los intere-ses que tendran actores empresariales para promoverlo y sobre las estrategias empleadas para lograrlo, as como sobre las consecuencias de sus acciones. En este orden de ideas, un objetivo de este estudio es describir y analizar la participacin y contribucin al DFI del sector empresarial


colombiano, para identificar las condiciones en las que se da, las motivaciones que lo guan y las consecuencias que acarrea. As mismo, el estudio tambin busca examinar la otra cara de la moneda y entender cundo, cmo, por qu y con qu resultados actores del sector empresarial adelan-tan acciones para contribuir a la prevencin del desplaza-miento forzado o la atencin a las poblaciones afectadas. En el conocimiento y comprensin de ambos extremos de la relacin entre empresa y desplazamiento radica la clave para entender de qu manera actores empresariales en di-ferentes sectores, con formas organizacionales variables e inmersos en redes comerciales nacionales e internaciona-les diversas reaccionan ante una misma realidad, marcada por el conflicto armado y la necesidad de construir paz.

Para estos propsitos es determinante la ptica regio-nal que propone y adopta este estudio. Antioquia y Nario son departamentos que comparten altos niveles de despla-zamiento forzado pero que difieren en las modalidades del DFI y en la relacin entre desplazamiento y sector empresa-rial. Antioquia ha liderado consistente e histricamente la lista de departamentos con mayores niveles de desplaza-miento forzado en Colombia. En la dcada de los ochenta y noventa, las masacres que ocurrieron en la regin bana-nera de Urab y el desplazamiento forzado al que dieron lugar marcaron nuestro conocimiento sobre el desarrollo del conflicto armado colombiano en el nivel local. Ms re-cientemente, el oriente antioqueo experiment grandes olas de desplazamiento forzado, pero esta vez liderado por actores y motivos diferentes. En la actualidad, Antioquia es pionera en la promocin de estrategias de retorno de po-blacin desplazada a sus lugares de origen. La actividad empresarial antioquea ha estado estrechamente vincula-da a las dos caras del DFI: as como empresarios bananeros y palmeros, muchos de ellos, residenciados en Medelln, han sido vinculados judicialmente a la formacin de grupos paramilitares responsables de perseguir y provocar el DFI de poblaciones enteras en Urab (ver los casos actualmen-te investigados en la Fiscala General de la Nacin sobre empresas como Chiquita Brands y en comunidades como las de Jiguamiand y Curvarad), otros empresarios como los que hoy estn en el Oriente antioqueo (flores, energa, alimentos, etc.), al igual que las comunidades, han tenido que vivir el conflicto y han apoyado iniciativas de atencin a poblacin desplazada y, ms recientemente, procesos de

retorno. Nario, por otro lado, es un departamento en el que el DFI es un fenmeno ms reciente (en la actualidad ostenta el segundo lugar despus de Antioquia en niveles de expulsin), vinculado a la expansin de las redes del nar-cotrfico en el sur del pas as como a la competencia en-tre grupos ilegales por el dominio territorial de la regin de fronteras. Las modalidades de desplazamiento y los antece-dentes reflejan que el conflicto local nariense hoy es dis-tinto a aquel que en su momento produjo el escalamiento del desplazamiento en el Urab y en el Oriente antioqueo. Mientras en Antioquia fue el resultado de la ofensiva y ex-pansin paramilitar por arrebatarle territorios estratgicos a la guerrilla, as como para apropiarse de otros claves para el negocio del narcotrfico, el conflicto actual en Nario ha estado marcado por la disputa territorial entre distintos actores armados (guerrillas, bandas criminales, organiza-ciones al servicio del narcotrfico, y su confrontacin por parte de la Fuerza Pblica) en territorios estratgicos para su control y desarrollo de actividades ilegales fuertemente ligadas al narcotrfico. La actividad empresarial, por otro lado y en contraste con Antioquia es incipiente en Nario en todos los sectores, a pesar de su posicin geoestratgica aventajada, cerca a los principales vecinos de Colombia en el sur y en el lmite con el Ocano Pacfico. En contraste con Antioquia, los vnculos entre empresa y desplazamiento for-zado son ms difciles de documentar en Nario, as como la participacin empresarial en la prevencin y mitigacin del desplazamiento forzado.

Debido a las diferencias que presentan en trminos de tipos y momentos de DFI que han experimentado, formas empresariales, magnitud del sector empresarial y vnculos entre desplazamiento y actividad empresarial3, las dos re-giones examinadas se prestan particularmente bien para examinar distintas manifestaciones tanto del DFI como de su relacin con la actividad empresarial, propsito central de este estudio.

Cabe anotar que un fin de este estudio es la formula-cin de recomendaciones aptas para el sector pblico, la sociedad civil y los miembros del sector privado interesa-dos en prevenir la vinculacin del sector empresarial al DFI y promover su participacin en actividades de atencin a poblacin desplazada y mitigacin de situaciones ligadas al DFI. El estudio considera que la formulacin de recomenda-ciones ancladas en ambas modalidades de la relacin po-

3 En el marco de este estudio se entienden como actividades empresariales, las actividades econmicas desarrolladas por empresas legales que hacen

parte del sector empresarial a nivel nacional. Estas aunque realizan actividades econmicas se diferencian de otras que no necesariamente son realizadas

por empresas, sino por particulares, campesinos, minoras tnicas e incluso en algunos casos son realizadas por actores al margen de la ley.


sible entre DFI y sector empresarial as como en realidades regionales diferentes en un mismo contexto nacional puede producir resultados ms afines a una comprensin rica y compleja de esta relacin que evite sealamientos ligeros y evasin de responsabilidades tanto como expectativas so-bredimensionadas.

Para la realizacin de este estudio se recogi infor-macin entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010, se realizaron cuatro visitas a los departamentos de Antioquia y Nario, 125 entrevistas con expertos, acadmicos, funcio-narios, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de desplazados, organizaciones internacionales y lderes del sector privado, se documentaron tres casos de participacin del sector empresarial en programadas de mitigacin del desplazamiento y se realizaron tres talleres para la discusin de hallazgos preliminares (Ver anexo metodolgico).

La estructura de este informe4 es la siguiente: en una primera parte, se hace un acercamiento general al tema del estudio, partiendo de la descripcin del panorama mun-dial del DFI para enmarcar la posicin de Colombia en este, luego aborda brevemente el rol que en materia de construc-cin de paz ha tenido el sector empresarial internacional y nacional, para a partir de ah explorar el rol de este en el desplazamiento forzado. Posteriormente, esta primera parte, hace una aproximacin a la problemtica, caracters-ticas y manifestaciones del desplazamiento forzado interno en Colombia, y de Antioquia y Nario, regiones en las que profundiz el trabajo de campo, para contextualizar el im-pacto y los retos que ste representa para la sociedad, el Estado colombiano, y la actividad empresarial que se desa-rrolla en el pas.

En una segunda parte, se analizan las relaciones que se hallaron entre operaciones del sector empresarial y el DFI, tanto en zonas de expulsin y recepcin de poblacin des-plazada, resaltando las diferencias regionales observadas. Por una parte, en zonas de expulsin se examinan las ac-titudes e intereses del sector empresarial que contribuyen a la generacin de DFI, sean stas por accin (empresas que participan o se benefician de los eventos de despla-zamiento interno) u omisin (empresas que sabiendo o no de la ocurrencia del DFI no toman medidas para su preven-cin o mitigacin). Por otra parte, se exploran las acciones

y motivaciones que ha tenido el sector empresarial para contribuir a prevenir (empresas que participan en progra-mas para reducir el riesgo del desplazamiento de las pobla-ciones) y mitigar (empresas que contribuyen a mejorar la condiciones de vida en lugares de la poblacin desplazada y retornada a sus lugares de origen) el DFI tanto en zonas de expulsin como en zonas de recepcin. En este sentido, se examinan los principales temas y lneas de accin de las iniciativas donde el sector empresarial tiene participacin. Adicionalmente, el anlisis en esta segunda parte incluye otras dimensiones del debate como las ligadas a la opera-cin empresarial en entornos complejos5, el hecho de que las caractersticas de estos entornos son propias de lugares donde se presenta el DFI y la necesidad de lograr una me-jor comprensin sobre el tipo de relaciones que existen o no entre operacin empresarial y DFI en tales entornos. En este sentido, es necesario evitar las generalizaciones y em-pezar a diferenciar los casos efectivos en los que el sector empresarial ha estado involucrado en los desplazamientos de los que no. As mismo, el anlisis, muestra la pertinencia de diferenciar entre la actividad econmica como tal y la actividad empresarial formal propiamente dicha, o entre ac-tividades econmicas o empresariales legales e ilegales, de tal manera que se pueda abordar apropiadamente el tema.

Finalmente, en una tercera parte, el estudio plantea al-gunas conclusiones asociadas a las oportunidades y retos que tiene el sector empresarial de cara a fenmenos como el desplazamiento forzado interno, en la tarea de generar entornos sostenibles para la operacin empresarial en el pas, as como recomendaciones tanto para el sector em-presarial como para el sector pblico, de tal manera que se pueda incrementar el potencial de participacin que el sector empresarial tiene para contribuir a la solucin del desplazamiento forzado interno, teniendo en cuenta sus capacidades, diferencias y limitaciones a nivel nacional y regional.

4 El informe final de este estudio, as como el documento de trabajo en espaol y en ingls pueden consultarse va electrnica a travs de las pginas www.

ideaspaz.org o http://conpaz.uniandes.edu.co.5 Se entiende como entorno complejo como la presencia de todos o alguno de los siguientes factores: actores armados al margen de la ley, economas

ilegales, debilidad institucional y/o frgil gobernabilidad. Sobre esta caracterizacin y sus implicaciones para la operacin empresarial, ver entre otros:

International-Alert, Conflict-Sensitive Business Practice: Guidance for Extractive Industries, 2005; Business and Human Rights, The Role of Business in Weak Governances Zones: Business Proposals for Effective Ways of Addressing Dilemma Situations in Weak Governance Zones, 2006.


Mexico5,0008,000

Serbia225,000230,000

Croatia2,400

Bosnia & Herz.114,000

FYR Macedonia650

Cyprus Up to 201,000

IsraelUndetermined

Occupied Palestinian TerritoryAt least 160,000

Senegal24,00040,000

Chad168,000

LiberiaUndetermined

Cte dIvoireUndetermined

NigeriaUndetermined

Niger6,500

TogoUndetermined

DRC1,900,000

AngolaUndetermined

Zimbabwe570,0001,000,000

Burundi100,000

RwandaUndetermined

UgandaAt least 437,000

KenyaUndetermined

Turkey954,0001,201,000

GeorgiaAt least

230,000

Armenia8,400

Azerbaijan586,000

Uzbekistan3,400

TurkmenistanUndetermined

AfghanistanAt least 297,000

Pakistan1,230,000

Nepal50,00070,000

Bangladesh60,000500,000

GuatemalaUndetermined

Colombia3,300,0004,900,000

Peru150,000

CAR162,000

Eritrea10,000

Ethiopia300,000350,000

Lebanon90,000390,000

Somalia1,500,000

IndiaAt least 500,000

Iraq2,764,000

Syria433,000

YemenAt least 175,000

Sri Lanka400,000

MyanmarAt least 470,000

Indonesia70,000120,000 Timor-Leste

400

The Philippines125,000188,000

Russian Federation80,000

Congo7,800

AlgeriaUndetermined

Sudan4,900,000

Kosovo19,700

1. Contexto general del desplazamiento forzado interno (DFI)

1.1 Panorama del Desplazamiento Forzado Interno (DFI)

El fenmeno del desplazamiento forzado interno (DFI)6

ha afectado a ms de 27 millones de personas alrededor del mundo como consecuencia de conflictos armados, guerras internas, guerras civiles, o catstrofes naturales (IDMC, Di-ciembre 2009). Ocurre en diferentes pases del mundo, princi-palmente en pases de Africa y Asia como Afganistn, Georgia, Filipinas, Pakistn, Irak, Repblica Democrtica del Congo, Ke-nia, Liberia, Somalia y Sudn entre otros; y en Amrica Latina hay registros en Mxico, Guatemala, Per y Colombia. Sin em-bargo, son Sudn, Irak y Colombia los pases ms afectados, registrando, por lo menos desde el 2007, el mayor nmero de desplazamientos forzados internos a nivel mundial con cifras que superan los 2.5 millones de personas en cada uno de ellos (Internal Displacement Monitoring Centre - IDMC, 2010).

En Colombia hay ms de 3.5 millones de personas desplazadas, lo que quiere decir que ms de un 7% de la poblacin nacional se ha visto forzada a abandonar sus hogares y establecerse en otros lugares. Aunque el DFI no es nuevo en Colombia, pues ha acompaado el conflicto armado interno, siendo este su principal causa, si empez a crecer de manera significativa desde media-dos de los noventa, teniendo incrementos preocupantes a partir de 2006, y alcanzando en el primer semestre de 2008 la mayor tasa de desplazamiento registrada en los ltimos 23 aos (IDCM & NRC, Oct. 2008). Si bien la ci-fra anual de desplazados empez a disminuir en el ao 2009, contina generndose un nmero significativo de nuevos desplazamientos de poblacin cada ao. Hoy esta problemtica afecta, segn la fuente, entre 3461.223 (Accin Social, 2010) y 4915,579 personas (CODHES, 2010), 793.599 hogares en ms de 1.026 municipios7, en todos los departamentos del pas. Estas cifras hacen del DFI un tema de especial relevancia por la crisis huma-nitaria, efectos y retos que representa para el pas.

6 Ver definicin en los Principios Rectores de los desplazamientos internos de Naciones Unidas, usados por ACNUR y IDMC, y Ley 388 de 1997 de Colombia citado Op. Cit.

7 Segn datos del SIPOD/ Accin Social; procesado por ACNUR, 2010.

DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO A NIVEL MUNDIAL (DIC.2009)

Fuente: NRC & IDMC. 2010. Internal Displacement: Global Overview of Trends and Developments in 2009.


Aunque el Estado colombiano es el principal responsa-ble de resolver la crisis de los desplazados internos, la capa-cidad y recursos pblicos gestionados por las instituciones estatales nacionales y locales, as como por las agencias de cooperacin internacional son insuficientes para en-frentar la crisis humanitaria en todas sus dimensiones. En este sentido, cada vez es ms evidente la necesidad de que otros actores sociales, como el sector empresarial, contri-buyan a la superacin de desplazamiento forzado interno y sus efectos asociados.

1.2 Sector empresarial, construccin de paz y desplazamiento forzado interno

El sector empresarial se ha convertido en interlocutor clave de organizaciones domsticas e internacionales en busca de socios estratgicos en la construccin de una paz estable. En breve, se considera que an en ausencia de motivos polticos, decisiones empresariales como invertir, producir y contratar tienen el poder de estimular, limitar o destruir la agenda y el alcance de la construccin de paz, as como su implementacin. De igual manera, se reconoce que el sector empresarial puede obstaculizar el avance hacia la paz, de forma activa (promoviendo la formacin de grupos anti-sistema y resistindose al cambio) y pasiva (dejando de responder a los estmulos y llamados del Estado y de las or-ganizaciones internacionales para asumir compromisos en temas fiscales y en tareas como el DDR). Por lo tanto, los esfuerzos de construccin de paz centran su atencin en atraer al sector privado a las tareas de la construccin de paz con argumentos econmicos (el desempeo de las em-presas sufre en contextos violentos y mejorar en un ambien-te pacfico) y morales (apelando a la responsabilidad de las empresas en la superacin de las causas de los conflictos armados) y disuadirlo de emprender acciones de sabotaje (Rettberg, 2010a; 2010b; Rettberg & Rivas, 2011).

En la prctica, la experiencia de diversos pases inmer-sos en esfuerzos por superar sus conflictos armados revela que la vinculacin del sector empresarial a tareas especfi-cas de la construccin de paz (como los procesos de des-movilizacin, desarme y reincorporacin o los procesos de reparacin a vctimas) son ms fciles de proponer que de lograr. Los inversionistas son reacios a arriesgar sus capita-les en contextos inestables e impredecibles ydespus de alcanzar un determinado umbral de activismo empresarial por la pazlos sucesivos intentos por involucrar al sector privado en la construccin de paz tienden a estancarse o diluirse. Al mismo tiempo, la importancia del sector privado como fuente de recursos, know how y capacidad institu-cional no ha decrecido. Por consiguiente, gobiernos y orga-nizaciones permanentemente experimentan con maneras innovadoras para lograr que el sector empresarial de los pases inmersos en conflictos armados le apueste a la paz (Rettberg, 2010a).

El sector empresarial colombiano, a su vez, ha esta-do cada vez ms involucrado en actividades de construc-cin de paz (Guqueta & Orsini, 2007; Guqueta, 2006a; Rettberg, 2009). Habiendo privilegiado anteriormente la promocin de conversaciones de paz entre los actores en conflicto, la inversin en desarrollo regional y programas de reintegracin para ex combatientes (Guqueta, 2004; Rett-berg, 2004), el sector empresarial ha comenzado a agregar programas destinados a atender las necesidades de las vctimas de conflicto, como los desplazados internos, a su portafolio de actividades en construccin de paz.

En parte, este activismo en construccin de paz del sector empresarial se debe al impacto del conflicto armado sobre las operaciones de las empresas, que muchas veces ocurren en zonas que de una u otra manera estn afecta-das por la problemtica del conflicto. Si bien este impacto difiere segn el sector econmico, tamao de la empresa, y regin de las operaciones, el sector empresarial en general se enfrenta a costos directos e indirectos asociados con el conflicto armado (Rettberg, 2008b).

Igualmente, la mayor participacin del sector empresa-rial en iniciativas encaminadas a la prevencin de conflictos y construccin de paz responde a las crecientes expectati-vas que tienen los consumidores y accionistas, as como a los incentivos y mejores mecanismos de sancin derivados de diversos factores, como el activismo de las ONG, los c-digos de buena conducta promovidos por organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas, las demandas transnacionales y las dinmicas globales vinculadas a in-versiones socialmente responsables, que incrementan la exigencia sobre la participacin y desempeo de las empre-

GRFICO 1.1DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA,

1997 - 2010

Fuente: Cifras de SIPOD/ Accin Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundacin Ideas para la Paz


sas en estos temas (Banfield, Haufler & Lilly, 2003; Natural Heritage Institute, Nautilius Institute for Security & Sustai-nable Development and Human Rights Advocates, 2002).

Adicionalmente, existe una conciencia creciente de que, frente a los escasos recursos pblicos y la potencialidad de generarse relaciones conflictivas entre los desplazados internos y las poblaciones receptoras, la actividad empre-sarial puede desempear un papel crucial en la promocin de una integracin productiva, econmica y social menos tensa de la poblacin afectada por el conflicto.

En este sentido, el sector empresarial colombiano est siguiendo el ejemplo de sus contrapartes en otras regio-nes del mundo afectadas por la guerra, as como las reco-mendaciones de una literatura acadmica y profesional en consolidacin que le apunta a materiales y contribuciones de gestin que hagan posible una paz duradera (Banfield, Gndz & Killick, 2006).

1.2.1 Construccin de paz y desplazamiento forzado interno

Entre las tareas ms acuciantes de la construccin de paz en Colombia aparece la atencin a las vctimas del DFI. Las razones se relacionan con la magnitud del fen-meno, sumado a la gravedad de las condiciones sociales, polticas y econmicas de las que parten y luego enfrentan los desplazados. Se trata en general de poblaciones que ya son vulnerables previamente a su desplazamiento (con elevados niveles de pobreza, baja educacin y relacin in-formal con la propiedad) y para las cuales el fenmeno del desplazamiento agrava sus condiciones, pues abandonan los pocos activos y propiedades que tenan, cuentan con destrezas inadecuadas para afrontar los nuevos entornos laborales y productivos, enfrentan diferencias culturales e identitarias con las comunidades que los reciben (con muchas de las cuales desarrollan relaciones tensas), y son muchas veces presas del miedo y de una continua percep-cin de inseguridad (ACNUR; Brown & Mansfield, 2009). A estas dificultades se agrega el trastorno de las relaciones y jerarquas como consecuencia de la prdida o la dispersin de miembros de las familias, la prdida de lazos sociales y afectivos a los lugares de origen y la creacin de dependen-cias respecto de los esquemas de ayuda humanitaria (e.g. Cambodia). Las dificultades que enfrenta esta poblacin, por tanto, pesan significativamente en el anlisis de las perspectivas de reactivacin econmica de las economas postguerra, as como en las de la reconciliacin social a me-diano y largo plazo (Sharpe & Cordova, 2009; Koser, 2009).

Dada la magnitud del fenmeno del desplazamiento y los mltiples retos que implica, el rol de las agencias huma-

nitarias y de los gobiernos en la atencin al fenmeno del DFI es difcil y complejo. Las poblaciones desplazadas no siempre quieren ni necesitan lo mismo. Esto, se relaciona con las condiciones polticas y econmicas en sus lugares de origen y de recepcin. Por otro lado, las opciones de po-ltica pblica incluyen un rango amplio de alternativas que van desde la integracin a sus lugares de recepcin hasta el retorno a los lugares de expulsin. Esto ha generado pro-fundos debates en torno a qu es deseable desde un punto de vista normativo y qu es viable desde un punto de vista fiscal. En Bosnia, por ejemplo, el retorno de comunidades musulmanas a los sitios de los que fueron expulsadas por radicales serbios ha operado para restaurar el equilibrio t-nico de antes de la guerra, desactivar a los radicales por estar en minora y disminuir las tensiones tnicas (Belloni, 2005). En Colombia, en contraste, el retorno fue criticado por mucho tiempo por los riesgos de seguridad que implica-ba para poblaciones que volvan a territorios que continan bajo el control de los actores causantes del desplazamien-to. A eso se suma que, tras aos de intentar rehacer sus vidas en los lugares de recepcin muchas personas que fueron desplazadas ya no quieren volver a sus lugares de origen.

La situacin colombiana ilustra muy bien muchas de las dificultades asociadas con el DFI (Ibaez; Ceballos, 2011; CODHES & UNICEF, 2007a). El DFI en Colombia tiene mltiples causas, que incluyen la bsqueda de proteccin ante enfrentamientos armados a nivel local y la respuesta a amenazas explcitas (Rueda & Jimnez, 2007). En varios casos se ha documentado que el desplazamiento forzado ocurre en contextos de actividades econmicas puntuales o ante la expectativa de proyectos de desarrollo de gran en-vergadura (como el cultivo de la palma de aceite u otros recursos naturales (Goebertus et al., 2008; Prez, 2004).

Los desplazados colombianos son destinatarios de un importante nmero de ayudas humanitarias. Sin embargo, para muchos estas ayudas son insuficientes de cara a las dificultades que enfrentan para rehacer sus vidas en los lu-gares de asentamiento. En ellos deben afrontar el estigma de las comunidades receptoras (CODHES; Ceballos, 2011), nuevas amenazas (Goebertus, 2008), la vinculacin a un mercado laboral limitado, adems de las dificultades que enfrentan en torno al reconocimiento de la propiedad de la tierra (Uprimny, 2009). Notablemente, el pas es considera-do lder y pionero en el andamiaje institucional que acom-paa la atencin al desplazamiento forzado (ACNUR, 2007), incluyendo varias sentencias de la Corte Constitucional y la creacin de una agencia estatal que centraliza los recursos y los programas de atencin al desplazamiento forzado (la


Agencia para la Accin Social y la Cooperacin Internacional Accin Social). Sin embargo, las ms de tres millones per-sonas que han sido desplazadas, y las vctimas futuras del DFI que siguen generando los diferentes actores armados ilegales que operan en territorio colombiano, siguen plan-teando retos importantes para la estabilidad de una even-tual y productiva paz en el pas (Ferris, 2009).

1.3 Contexto de la problemtica del desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia1.3.1 Desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia

A diferencia de otros pases donde los desplazamien-tos ocurren en zonas especficas, por un corto plazo y en un periodo de tiempo delimitado, el DFI en Colombia es un fenmeno extensivo, diluido en el tiempo, recurrente y continuo, que combina xodos individuales y grupales, si-lenciosos y no visibles (Ceballos, 2003, p.2). La principal causa del DFI en Colombia est asociada a la violencia des-atada por el conflicto armado, el narcotrfico, y la violencia urbana. Es un fenmeno que lejos de ser uniforme en todo el territorio nacional vara con las particularidades polticas, econmicas y sociales de las diferentes regiones del pas, y la intensidad y dinmicas diferenciadas de la confronta-cin armada en cada una de ellas (ACA). En este sentido, durante las ltimas dcadas se pueden observar distintas tendencias en el fenmeno del desplazamiento interno en Colombia, el cual pas de ser una consecuencia indirecta propia del conflicto a ser una estrategia econmica y de control poltico-militar de los diferentes grupos armados.

mento de Arauca que durante los enfrentamientos entre las FARC y el ELN, y la incursin posterior del paramilitarismo, gener un xodo importante de personas, que bajo la per-cepcin de inseguridad en medio de los combates se vieron obligadas a irse de sus tierras y propiedades (Meja, 2010).

Desplazamiento como estrategia de control poltico y militar: Hacia finales de la dcada de los 90 el cambio en las estrategias militares de los diferentes grupos armados al margen de la ley intensific el desplazamiento masivo de poblaciones como estrategia de control poltico-militar de territorios con valor estratgico o econmico, como co-rredores de movilidad, de trfico de armas y droga, zonas propicias para el cultivo y produccin de drogas, y zonas de refugio o retaguardia para la guerrilla. Esta estrategia se reflej en el caso de los departamentos del Meta, Ca-quet, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guaina, Vaups, Vichada, Arauca y Nario (Vidal, Nov. 2008, p.73; Ceballos, 2003, p.2). Este periodo (1998 2002), corresponde a la ruptura de los dilogos de paz con las FARC, al proceso de consolidacin y expansin de los grupos paramilitares y la intensificacin del conflicto armado, que es cuando se da el mayor nmero de desplazamientos forzados masivos e individuales en la historia del pas. El miedo, la intimidacin y el asesinato de la poblacin civil, a travs de numerosas masacres que buscaban la destruccin de las redes socia-les y de la base social de las guerrillas principalmente, se convirtieron en el mecanismo de apropiacin y control terri-torial, poltico y social de diferentes zonas del pas (Grana-da, Dic. 2008). De ah que las amenazas directas (43.7%), masacres (11.7%), el asesinato de familiares (11%), los combates (10%), el asesinato de vecinos o amigos (7.4%), las amenazas indirectas (6.5%) y el reclutamiento forzado (3.5%) se hayan convertido en las principales causas del DFI en el pas (Comisin de Seguimiento, 2009).

Desplazamiento como estrategia econmica: Com-parativamente con el perodo anterior, entre el 2003 y el 2006 se observa un descenso en la cifras de desplaza-miento, paralelo al proceso de desmovilizacin de los gru-pos de autodefensa. Sin embargo, el desplazamiento volvi a incrementarse de manera preocupante entre el 2006 y 2008, especialmente en su modalidad individual, aunque sin alcanzar los niveles alcanzados ente 1998 y 2002. A partir de 2006 y teniendo en cuenta que tras la desmovi-lizacin de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se elimin el registro de estos grupos como responsables de los desplazamientos, la responsabilidad recae principal-mente sobre la guerrilla de las FARC y autores no identi-ficados que se asocian al reacomodamiento territorial de viejas estructuras de las AUC y nuevos actores con inters

ESTRATEGIA PREVENTIVA

Por seguridad (mitad S. XX, fin de 80s y mitad de los 90s.

ESTRATEGIA DE GUERRA

Por control poltico y militar (1998-2002).

ESTRATEGIA ECONMICA

Para apropiar tierras, lavar recursos y adelantar actividades

econmicas legales e ilegales (2003 - hoy).

Desplazamiento preventivo de la poblacin: Durante la violencia poltica de mediados del siglo XX, y posteriormente, el enfrentamiento entre los actores armados, o entre alguno de estos y la fuerza pblica, especialmente entre finales de los 80 y mediados de los 90, tena como consecuencia no deliberada el desplazamiento preventivo de la poblacin que hua de sus municipios por carecer de las garantas mnimas para la proteccin de su vida e integridad fsica (Forero, 2003 citado por Ibez & Moya, 2007). Este es el caso del departa-


dencia descendente. Lo mismo ocurre en los departamentos de Caquet, Cesar y Bolvar. Caso contrario a lo que ocurre con Nario (2007) y Magdalena (2008) donde se observa un ascenso significativo en las cifras de expulsin. Algo simi-lar se presenta, aunque en menor proporcin, en el Valle del Cauca, Tolima y Putumayo (SNAIPD, 2009).

A pesar de que la cifra anual de desplazados empez a disminuir en el 2009, los desplazamientos continan, ya no solo por efecto de la guerra (aunque esta sigue siendo su principal causa) sino tambin como efecto de lo que po-dra llamarse una estrategia econmica (Entrevista Nuevo Arco Iris, 2010) de diversos actores (bandas criminales, narcotraficantes, guerrillas, terratenientes, polticos y em-presarios inescrupulosos) para mantener, apropiar y sacar aprovecho de la tierra despojada y usurpada de manera violenta o fraudulenta, en los aos anteriores por los gru-pos armados (principalmente las AUC) (Ibez & Querubn, 2004). En este contexto, ha sido frecuente el uso de la fuer-za, la violencia y las amenazas como forma de presin e intimidacin de la poblacin civil para obligarlos a salir y expulsarlos de sus territorios, mientras los actores en men-cin ven ello una oportunidad para adquirir y apropiarse de tierras a un menor costo para desarrollar proyectos produc-tivos legales e ilegales, as como para acumular y legalizar capital proveniente de actividades ilcitas.

Histricamente, tambin se han identificado inters econmicos como causas estructurales del desplazamien-to forzado ligados a la distribucin, reconocimiento y titula-cin de tierras, as como a la apropiacin, utilizacin de las mismas y acumulacin de capital por parte de diferentes actores (armados o no armados) (Ibez & Moya, 2007). Estas estrategias se apropiacin de la tierra con fines eco-nmicos por unos cuantos ha obligado a la poblacin, prin-cipalmente campesina, a desplazarse durante dcadas en busca de territorios donde asentarse. En aos recientes, los grupos paramilitares, ms que otros grupos armados, contribuyeron a reforzar procesos de apropiacin forzada de la tierra con fines econmicos en defensa de intereses de grandes ganaderos, narcotraficantes, capitalistas nacio-nales y transnacionales (Bello, 2003, p.3), as como para su propio enriquecimiento a travs de la produccin de drogas, el desarrollo de plantaciones agrcolas de larga duracin y de la ganadera extensiva (Reyes, 2009, p. 138).

1.3.2 Caractersticas generales del desplazamiento forzado interno (DFI) en Colombia

Teniendo en cuenta las anteriores tendencias se pue-den identificar algunas caractersticas generales del fen-meno del desplazamiento forzado interno en Colombia:

en desarrollar actividades econmicas legales e ilegales dentro de los territorios. El aumento en los ndices de des-plazamiento interno en el pas entre 2004 y 2007 coincide con la aparicin de las llamadas Bandas Criminales Emer-gentes (BACRIM) y se concentra en regiones donde las BAN-DAS CRIMINALES estn activas (HRW, 2010, p. 58). Estas bandas han intentado apoderarse de las zonas y activida-des que dejaron los paramilitares al desmovilizarse para su propio enriquecimiento. En este sentido, se ha pasado de numerosos desplazamientos masivos entre 1998 y 2002 por efecto de las masacres; a desplazamientos que en su mayora son individuales y estn focalizados en zonas apar-tadas y selvticas, ricas en recursos naturales y favorables para el desarrollo tanto de proyectos productivos legales, como de actividades ligadas al narcotrfico de gran inte-rs econmico para actores ilegales. En muchas de estas zonas habitan comunidades indgenas y afrocolombianas, quienes cada vez ms son vctimas del desplazamiento for-zado y otras formas de violacin a sus derechos humanos, como son el confinamiento o las restricciones a la movilidad que ponen en riesgo su seguridad alimentaria y personal.

Segn cifras oficiales, los departamentos de mayor ex-pulsin de poblacin entre 1997 y 2010 son en su orden, Antioquia, Bolvar, Magdalena, Choc, Cesar, Caquet y To-lima (Ver grfico 1.2). Estos departamentos concentran el 53% del desplazamiento en el pas durante ese periodo.

Pese al descenso general de las cifras posterior al ao 2002, entre el 2006 y el 2008, la dinmica cambia en varios departamentos. La evolucin histrica muestra que Antio-quia se mantuvo como el mayor expulsor hasta 2007, ao en el cual es superado por Nario, y empieza a mostrar una ten-

Fuente: Cifras SIPOD/ Accin Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundacin Ideas para la Paz.

GRFICO 1.210 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIN

1997 - 2010

AntioquiaBolvarMagdalenaChocCesar

NarioCaquetTolimaValle del CaucaCauca

120000

100000

80000

60000

No.

de

pers

onas

40000

20000

0


GRFICO 1.3DESPLAZAMIENTO FORZADO INDIVIDUAL Y

MASIVO (EXPULSIN PERSONAS)

Forma ms frecuente de victimizacin Segn una encuesta realizada en 2008, el desplaza-

miento forzado es la forma de victimizacin ms comn reportada por vctimas del conflicto armado colombiano (Rettberg, 2008).

Ms desplazamiento individual que masivoEn trminos generales, el registro oficial muestra que

entre 1997 y 2010 el desplazamiento forzado en Colombia ha sido en su mayora individual, con el 88% de poblacin desplazada (2.828.246 personas) bajo esta modalidad, mientras el 12% ha sido en eventos de desplazamiento ma-sivos que ocurrieron entre 1998 y 2002.

En trminos de desplazamiento masivo los aos 2000, 2001 y 2002 fueron los ms crticos, situacin que coinci-de con el elevado nivel de actividad de las guerrillas de las FARC, el ELN y los grupos de autodefensas. Sin embargo, despus del 2002 se observa una disminucin importante hasta alcanzar una reduccin de ms de un 90% en 2010 (Ver grfico 1.3) (RUPD, Accin Social).

Por otra parte, se observa un cambio en las zonas de expulsin pues mientras entre 1998 - 2002 la expulsin masiva de personas se concentr en los departamentos de Antioquia (97.805 personas), Magdalena (41.635 perso-nas), Choc (41.589 personas), Bolvar (35.316 personas) y Crdoba (17.266 personas), en el perodo 2003 2008 se concentr en los departamentos de Nario (35.451), An-tioquia (27.628), Choc (22.843), Valle del Cauca (20.337) y Caldas (12.438) (SNAIPD, 2009).

En cuanto los desplazamientos de carcter individual han tendido a aumentar, y solo a partir del 2008 se nota un descenso en las cifras anuales. Entre el 1998 - 2002 este tipo de desplazamiento tuvo un crecimiento del 566%; Aunque disminuye entre 2002 - 2003 un 42%, vuelve a in-crementar entre 2003 2008. En total, 2.828.246 perso-nas han sido incluidas individualmente como desplazadas en el Registro nico de Poblacin Desplazada (RUPD) de Accin Social, esto quiere decir que el 88% de la pobla-cin desplazada registrada ha declarado esta modalidad de desplazamiento. Los departamentos ms expulsores en esta modalidad han sido Antioquia (368.574), Bolvar (230.389), Magdalena (197.702), Cesar (155.382), Ca-quet (147.176), Tolima (145.955) y Putumayo (121.763). (SNAIPD, 2009)

Mayor expulsin de zonas rurales, a nivel interdepartamen-tal y creciente desplazamiento forzado intraurbano

Los desplazados generalmente migran de las zonas rurales (60%), centros poblados (24%) o cabeceras muni-cipales (15%) (Comisin de Seguimiento, 2010) hacia zo-nas urbanas, cabeceras municipales, municipios cercanos o ciudades capitales en busca de refugio y atencin. Esta tendencia es muy similar entre los desplazados que no es-tan inscritos en el RUPD.

El 40% de los desplazamientos se dan a nivel interde-partamental, el 31% entre municipios de un mismo depar-tamento, el 22% dentro de un municipio desde el rea rural hacia la cabecera municipal, el 5% entre veredas de un mis-

Fuente: RUPD /Accin Social Corte: 31 Enero de 2011. Procesado: Observa-torio Nacional de Desplazamiento Forzado Accin Social.

8 Segn Accin Social, el trmino intermunicipal se utiliza para los desplazamientos que se dan de un municipio a otro, sin diferenciar entre desplazamientos

de zona rural a urbana o viceversa. En este sentido este trmino se diferencia de los desplazamientos intramunicipales, los cuales son desplazamientos que se dan dentro del mismo municipio ya sea de zona rural a urbana o viceversa.

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.0000

ND

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

AO

DE

EXPU

LSI

N

Individual Masivo

110.197521

78.952

21.119

21.753

102.050

99.426

99.623

51.466

31.977

33.253

30.254

25.564

20.152

10.443

5.848

134.995

67.384

86.955

198.126

303.851

359.590

209.490

206.137

239.714

261.915

303.605

265.661

155.944

89.195

512


GRFICO 1.4DESPLAZAMIENTO FORZADO POR TIPO DE

MOVILIDAD (EXPULSIN PERSONAS)

mo municipio, 1,8% es intra-urbano y 0,1% del rea urbana hacia zonas rurales del mismo municipio (Ver grfico 1.4) (Accin Social, 2010).

Sin embargo, recientemente se ha observado un incre-mento en los desplazamientos forzados a nivel intermunici-pal8 e intraurbano. Entre 1997 y 2005 estos representaban entre el 0,1% y 1.5% del desplazamiento anual, y a partir de 2006 aumenta pasando a porcentajes entre el 2.6% y 4% anual. Entre 2006 - 2008 fue el momento ms crtico para el desplazamiento intraurbano cuando resultaron afecta-das 11.156 y 11.823 personas, respectivamente. Este tipo de desplazamiento consistente en la expulsin de familias desde una ciudad hacia otra, generadas por amenazas de actores armados que ahora luchan por el control de barrios y zonas de las mismas (los ejemplos ms conocidos son los de Barrancabermeja y Medelln, as como en Bucaramanga y Ccuta).

Frecuentemente, las familias afectadas por esta mo-dalidad de desplazamiento son vctimas de un segundo desplazamiento forzado por las presiones ejercidas por los actores en las zonas de arribo. Segn Accin Social, las ciudades ms crticas en este sentido para el 2009 fueron Buenaventura (24.016 personas), Medelln (7.573), Quibd (1.363), Bogot (1.231), San Jos del Guaviare (705), Valle-dupar (619) y Santa Marta (525).

tambin, Antioquia, Magdalena, Valle y Bolvar, seguidos por Nario, Cesar, Sucre, Crdoba y Santander son los de-partamentos de mayor recepcin de poblacin desplazada (Ver grfico 1.5).

Inter departamentalRural-urbano

Intra urbano

Inter municipal

Inter veredal

39%

31%

5%

23%

2%

Fuente: RUPD /Accin Social Corte: 30 de junio de 2010. Procesado: Obser-vatorio Nacional de Desplazamiento Forzado Accin Social.

Ciudades capitales grandes e intermedias principales re-ceptoras

Bogot, Medelln, Santa Marta y Cali se han convertido en los principales lugares de recepcin de poblacin des-plazada durante los ltimos 5 aos (SNAIPD, 2009). As

GRFICO 1.510 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIN

1997 - 2010

AntioquiaBogotBolvarCesarCdoba

MagdalenaNarioSantanderSucreValle del Cauca

120000

100000

80000

60000

No.

de

pers

onas

40000

20000

0

Fuente: SIPOD/ Accin Social; procesado por ACNUR. Fecha de Corte 31 de Diciembre de 2010. Elaborado por Fundacin Ideas para la Paz.

En cuanto a la evolucin histrica de los principales departamentos receptores se evidencia un incremento constante, entre 2004 y 2007, especialmente en Bogot, Magdalena y Valle del Cauca, los cuales empiezan a des-cender parcialmente a partir del 2008. En el caso de Na-rio, sobresale el periodo entre el 2006 y 2007, en el cual se duplica el nmero de desplazados recibidos por ao, mientras desciende entre el 2007 y 2008 en un 40%. Cr-doba y Santander tambin presentan un aumento significa-tivo en el mismo periodo (2006 y 2007), aunque con una tendencia al descenso en el 2009. Otros departamentos han presentado procesos de constante disminucin en la recepcin de poblacin desplazada a partir de 2002, como es el caso de Bolvar y Sucre.

Campesinos, minoras tnicas, mujeres y menores de 12 aos son la poblacin ms afectada

El desplazamiento afecta a diversos sectores de la po-blacin colombiana, principalmente a la poblacin rural. De ah que los campesinos y minoras tnicas sean los grupos de poblacin ms afectados por el desplazamiento (Ibez & Moya, 2007).

El efecto sobre minoras tnicas es mayor en los ltimos aos, debido al valor estratgico que tienen estos territo-


rios para diferentes actores ilegales que los han convertido en objetivo militar. Para el 2010 se registr un 28.8% de poblacin desplazada perteneciente a algn grupo tnico. Del total de poblacin en situacin de desplazamiento, el 22.5% es poblacin afrocolombiana, principalmente expul-sados de Nario y Choc, y el 6,4% es poblacin indgena expulsado en su mayora de Putumayo y Cauca (Comisin de Seguimiento, 2010). El impacto en estas poblaciones tiene especial relevancia, pues el fuerte vnculo existente entre el territorio y su identidad colectiva hace que el des-plazamiento ponga en riesgo su cultura, la exigibilidad de sus derechos, e incluso la existencia de algunas comunida-des (Forero, 2003). Actualmente, el 5% del total de la pobla-cin afrocolombiana y el 4,7% del total de los indgenas han sido vctimas de este fenmeno.

Por otra parte, en trminos de gnero y edad, aunque el desplazamiento forzado afecta de manera similar tanto a hombres como a mujeres y a todas las edades, son los nios menores de 12 aos (36%) y las mujeres (a partir de 2005) (52.4%) unos de los grupos poblacionales ms afectados por el desplazamiento forzado (Ver grficos 1.6) (Accin Social, 2010).

De acuerdo con Accin Social el 51% las personas regis-tradas como desplazadas son menores de 18 aos. De este grupo el 20% corresponde a nios o nias de 0-5 aos, el 16% a nios o nias de 6-12 aos y el restante 15% tienen entre 13-18 aos (Accin Social, 2010). El siguiente 20% de la poblacin desplazada se encuentra entre los 19 a 30 aos, el 24% se encuentra entre 31 y 59 aos y el 5% final tiene 60 o ms aos.

Analfabetismo, baja escolaridad y discapacidad como fac-tores de vulnerabilidad

Se estima que una cuarta parte de la poblacin despla-zada es totalmente analfabeta y el nivel de escolaridad pro-medio entre los jefes de hogar est por debajo del quinto ao de educacin bsica primaria, lo que limita sus opcio-nes de acceso a oportunidades que les mejoren la calidad de vida a sus familias. As tambin, se calcula que un 5% de la poblacin desplazada tiene algn tipo de discapacidad tanto fsica o mental, de las cuales una cuarta parte fueron causadas por el conflicto armado (Comisin de Seguimien-to, 2010).

Autodefensas y FARC principales responsables de los des-plazamientos

En cuanto a los responsables de los actos generadores del desplazamiento forzado entre 1997 y 2010 se obser-van dos tendencias. Para antes del 2005, son los grupos de autodefensa con un 32,65% de las acciones, seguido por la guerrilla de las FARC con un 24,8% de los casos, los principales responsables de los desplazamientos. A partir del 2005, con la desmovilizacin de las autodefensas se limita el registro de stos como responsables de los despla-zamientos, y la responsabilidad recae principalmente sobre la guerrilla de las FARC con el 32,8%, las autodefensas con el 22,6% de los casos y autores no identificados claramente como guerrillas 14,7%, ms de un grupo 10%, el 12% sin autor reconocido, el ELN con el 2% y la Fuerza Pblica con el 0.9%. (Comisin de Seguimiento, 2008).

GRFICOS 1.6 DESPLAZAMIENTO POR GNERO DESPLAZAMIENTO POR EDAD

Fuente: RUPD /Accin Social Corte: 30 junio de 2010. Procesado: Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado Accin Social.

60 aos o ms5%

31 a 59 aos24%

19 a 30 aos20%

6 a 12 aos15%

13 a 18 aos16%

0 a 5 aos20%

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

ND

1997

199

8

199

9

2000

2001

2002

2003

2004

2005

20

06

2007

2008

20

09

2010

2011

Hombres Mujeres

62

.53

657

.95

3

91.2

09

94

.581

38

.919

38.0

10 50.1

024

9.1

17

165

.74

4

217.

611

113.

782

208.

782

186

.68

4

231

.33

9

12

9.1

80

124.

830

117.

585

116

.19

5

131.

223

137.

055

140.

354

148.

002

160

.510

171.

552

144.

575

71.8

58

13.1

00

155

.94

5

78.8

02

14.1

42


Sin embargo, no se registran nuevos autores como las bandas emergentes en el periodo posterior a la desmovi-lizacin, como posibles responsables de un nmero sig-nificativo de desplazamientos (Comisin de Seguimiento, 2010), que como se mencion anterioriorme, su aparicin y presencia coincide con el aumento en los ndices de despla-zamiento interno en el pas entre 2004 y 2007 en las zonas donde estos grupos tienen actividades (HRW, 2010, p. 58).

La mayor parte de la poblacin desplazada no quiere retor-nar a sus zonas de origen

Dentro del registro oficial, la intensin de retornar de la poblacin desplazada es muy baja. Segn la III Encuesta Nacional de Verificacin (ENV) de 2010, el 72,4% de las fa-milias desplazadas desean permanecer en el lugar donde viven hoy en da y solo el 5,7% desea retornar a su municipio de expulsin. La intencin de retorno es levemente mayor entre quienes estn por fuera el registro (6,1%, Comisin de Seguimiento. 2010) y disminuye en la medida que pasa ms tiempo desde el momento del desplazamiento. Es de-cir, quienes han sido desplazados hace ms tiempo y tienen acceso a los servicios estatales en los lugares donde viven hoy en da, tienen menos intenciones de retornar (Comisin de Seguimiento, Oct. 2008), especialmente, la poblacin joven entre los 15 y 25 aos que ha pasado gran parte de su vida en el lugar de recepcin, de los cuales el 89% no quiere retornar y el 8% manifiesta su inters en regresar a sus regiones de origen (Comisin de Seguimiento, 2010).

Las razones para el no retorno manifestadas en la III ENV de 2010, entre el grueso de la poblacin desplazada, se encuentra el temor ante la percepcin de que las con-diciones de violencia e inseguridad que generaron su des-plazamiento continan (47.6%), las perdidas sufridas por la cuales ya no tienen un lugar a dnde llegar (10.2%), la falta de servicios sociales y pblicos, y de oportunidades labora-les para mejorar sus condiciones de vida en las zonas de expulsin (8.3%), la falta de recursos econmicos para lle-var a cabo el retorno (17.3%) y solo un pequeo porcentaje argumenta el haber logrado estabilizarse en las zonas don-de actualmente estn asentados (6.2%) como razn para no retornar (Comisin de Seguimiento, 2010).

Compras masivas, grandes proyectos de infraestructura de transporte o energtica, cultivos agroindustriales y drogas ilcitas como factores asociados a la apropiacin de tierras que genera expulsin forzada de poblacin

Dentro de la III Encuesta Nacional de Verificacin (III ENV) de 2010 se evidenciaron diferentes factores asocia-dos al fenmeno del desplazamiento. Debido al incremento

en la violencia en los ltimos aos, el 85% de las familias desplazadas aseguran haber vivido hechos de violencia generalizada. En este sentido el 75,3% de estas familias han indicado la existencia de enfrentamientos entre grupos armados en la zona; el 41,5 % la quema de cultivos o vivien-das; el 73% han presenciado tomas a pueblos o centros poblados; el 76% la presencia de controles de acceso a los pueblos o veredas; y el 58% prcticas de confinamiento de la poblacin. Asimismo, se ha logrado identificar las inten-ciones de apropiacin de los territorios, donde en el 9% de los casos se presentaron compras masivas de tierra, el 10% se realizaron proyectos econmicos de gran envergadura, como minera, obras pblicas y actividades petroleras; y en el 8,5% la siembra de nuevos productos como palma, yuca, caucho. De igual forma, la siembra de cultivos ilcitos en un 27%, o del comercio o transporte de estas sustancias en un 24% (Comisin de Seguimiento, 2010, p. 39).

1.3.3 Crisis humanitariaEl desplazamiento forzado interno tiene especial re-

levancia por la crisis humanitaria y social que representa para el pas. Tal situacin se ha visto alimentada por la larga duracin del conflicto, donde el Estado no ha podido establecer su presencia en todo el territorio y hay una alta deficiencia institucional para proteger a los ciudadanos y evitar las violaciones sistemticas a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario (Serrano, 2007).

Quienes han sido vctimas del desplazamiento forzado no solo se ven afectados por la violencia (amenazas, asesi-natos, secuestros, extorsiones, ataques, acciones militares, minas antipersonales, reclutamiento, toma de municipios, etc.) que les oblig a dejar su hogar, ya sea de manera reac-tiva (ante un evento concreto que haya afectado al hogar) o preventiva (para evitar los eventos violentos relacionados con el conflicto armado) (Ibez & Querubn, 2004); tam-bin, al desplazarse se enfrentan a una situacin especial de vulnerabilidad, donde otros derechos les son negados o restringidos (libertad, locomocin, vivienda, seguridad ali-mentaria, derechos sociales etc.).

Los desplazados internos lo pierden todo y estn en constante peligro ante la reaparicin de nuevas presiones y frente a las dificultades para rehacer sus vidas bien sea en sus lugares de origen, o en aquellos a donde han lle-gado. El desplazamiento forzado tiene efectos negativos directos e inmediatos en las personas y las familias tales como inseguridad alimentaria, desarticulacin social, em-pobrecimiento, reduccin del acceso al sistema educativo y de salud, prdida de control o posesin sobre la propiedad, perdida de sus fuentes de ingresos, desarraigo, daos psi-


colgicos y emocionales, prdida de vivienda, y, en general, un deterioro acelerado de sus condiciones de vida (Ibez & Moya, 2007). En este sentido, la poblacin desplazada pierde el capital social, humano y material empezando por sus tierras, pertenencias y forma de subsistencia. Para los miembros de los hogares desplazados en edad de traba-jar, la escasa relevancia de las habilidades y conocimientos agrcolas en las reas urbanas, limita las posibilidades de insercin en los mercados de trabajo y restringe las op-ciones de empleo a actividades informales que requieren pocas habilidades y son mal remuneradas (Ibez & Que-rubn, 2004).

Adicionalmente, estos problemas generan consecuen-cias sociales y polticas como el incremento en el desem-pleo, en los ndices de pobreza, la redistribucin violenta de la tierra, distorsiones e ineficiencias en las instituciones y en la distribucin de los recursos al desbordar la demanda de servicios sus capacidades.

Asimismo, los grandes flujos demogrficos no planifi-cados aumentan la densidad poblacional y alimentan los crculos de miseria en zonas de recepcin, que terminan concentrndose en reas de alto riesgo. Adems, suelen estar asociados al incremento en el nmero de enferme-dades y muertes prevenibles, aumento de la violencia in-trafamiliar, discriminacin social y laboral, la adopcin de estrategias informales de sostenimiento familiar que inclu-ye actividades como la prostitucin, la mendicidad, el tra-bajo infantil, la delincuencia y la vinculacin de jvenes al conflicto armado (Serrano, 2007; Ibez, 2008, p. 59).

El DFI y sus efectos evidencian la grave crisis humanita-ria que enfrenta el pas. Su prevencin y atencin apropiada tanto por parte del Estado como por parte de la sociedad civil en general representa un gran reto a superar, espe-

cialmente en un contexto donde el conflicto armado sigue vigente y su no atencin aumenta el riesgo de intensificar el crculo de pobreza y el conflicto armado interno.

1.3.4 Accin EstatalEl desplazamiento representa un reto importante para

el gobierno colombiano, no solo por las presiones que le genera sino por los costos que demanda, ya que requiere mayores recursos presupuestales y capital humano para atender y asistir a esta poblacin. (Ibez & Moya, 2007). Teniendo en cuenta que el Estado es el principal responsa-ble de la prevencin del desplazamiento y de la atencin de la poblacin desplazada hasta lograr la superacin de su condicin de desplazados, en 1997 se formul una poltica pblica dirigida a tomar medidas para la prevencin del desplazamiento forzado; la atencin, proteccin, consoli-dacin y estabilizacin socioeconmica de los desplazados internos por la violencia (Ley 387 de 1997).

Sin embargo, las limitaciones institucionales y presu-puestales en la accin gubernamental llevaron a que en el 2004 la Corte Constitucional (S. T-025) declarar el Esta-do de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de derechos de la poblacin desplazada, al observar el alto grado de vulneracin de los derechos de esta poblacin, y la incapa-cidad institucional para atender el problema. La sentencia oblig al gobierno a tomar medidas efectivas para garanti-zar los derechos de la poblacin desplazada que incluyeran el tema de reparacin y restitucin de tierras, crticos para esta poblacin. Desde entonces el gobierno ha avanzado en el tema y ha ido ajustando su poltica pblica y estruc-tura institucional (Ver grfico 1.7) para garantizar el goce efectivo de derechos de la poblacin desplazada y superar el ECI.

GRFICO 1.7 POLTICA PBLICA

Fuente: Presentacin Accin Social DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA: Poltica Pblica de Proteccin y Prevencin, U. Andes. Septiembre 2010.


Aunque la poltica ha avanzado en algunos componen-tes, especialmente en los relacionados con la atencin hu-manitaria de emergencia y bsica, an existen dificultades y vacos para su cabal cumplimiento.

Registro y Sub-registro: Una de las dificultades en la atencin radica en el sub-registro oficial en relacin con las dimensiones del fenmeno. Las cifras agregadas en el Registro nico de Poblacin Desplazada (RUPD) de Accin Social son significativamente menores de las registradas y/o procesadas por otras organizaciones nacionales (COD-HES) e internacionales (SIPOD/Accin Social, procesada por ACNUR). Se calcula que el sub-registro es del 22% (Comisin de Seguimiento, 2010), lo que implica que este porcentaje de poblacin desplazada no registrada queda por fuera de los programas de atencin gubernamental. Esto, adems, evidencia un problema en la estimacin de la dimensin real del desplazamiento y, en consecuencia, en su atencin.

Prevencin y ProteccinEn materia de prevencin, los avances son pocos. Aun-

que en los ltimos aos el Estado ha registrado una reduc-cin de las cifras de desplazamientos y desde el gobierno se han implementado acciones para la recuperacin de la seguridad y el fortalecimiento de la presencia institucional en buena parte de territorio nacional, esto no ha logrado frenar los desplazamientos en diferentes regiones del pas. Adems de incrementar la presencia institucional y articu-lar la accin de los diferentes entes estatales, la prevencin del desplazamiento requiere una mayor comprensin de las transformaciones del fenmeno, de sus causas ms all del enfrentamiento armado, y de los riesgos especiales de algunas poblaciones. Esto con el fin de lograr una respues-ta integral, coherente y eficaz por parte del Estado.

Atencin IntegralEn cuanto a la atencin integral, se ha avanzado en los

temas de atencin humanitaria de emergencia (83% cober-tura promedio), educacin (85% de cobertura promedio), salud (63% de cobertura promedio) y capacitacin en ha-bilidades ocupacionales. No obstante, hay dificultades en temas claves para avanzar en los componentes de retorno y estabilizacin socioeconmica de la poblacin desplaza-da. Dentro de estos temas cabe mencionar el acceso a una vivienda digna, alternativas de generacin de ingresos, y restitucin y adjudicacin de tierras.

La Atencin Inmediata (AI) se entiende como aquella ayuda o provisin que se le otorga a las familias o personas durante el tiempo que transcurre entre la declaracin y la inscripcin en el RUPD (Comisin de Seguimiento, 2010).

Segn la III Encuesta Nacional de Verificacin (III ENV) de 2010, solo el 0,5% de las familias inscritas en el RUPD han recibido todos los componentes de la Ayuda Inmediata. De estas familias solo el 33,8% han recibido algn componen-te de la ayuda y el restante 66,3% no recibi ninguno (Comi-sin de Seguimiento, 2010).

En cuanto a la Atencin Humanitaria de Emergencia (AHE) que es la atencin temporal e inmediata para garan-tizar la subsistencia mnima durante la primera etapa del desplazamiento (3 meses, prorrogables en casos excepcio-nales) (SNAIPD, 2009), aunque se increment la cobertu-ra con el aumento presupuestal otorgado por el gobierno (Ver cuadro) (Accin Social, 2010), el acceso a la AHE es parcial y no integral, pues mientras el 83% de la poblacin tiene acceso a alguno de los componentes de la AHE, solo el 0.2% se beneficia de una atencin integral (Comisin de Seguimiento, 2008). Para 2010 el 25,7% de las familias inscritas en el RUPD asegura no haber recibido ningn tipo de ayuda (III ENV, 2010).

Fuente: Accin Social.

El tema de vivienda es clave para la superacin del desarraigo y la reconstruccin de lazos sociales. Sin em-bargo, el Estado ha tenido problemas en la movilizacin de recursos para la construccin y mantenimiento de redes de servicios pblicos, equipamientos y espacios sociales que deben acompaar la dotacin de vivienda. En este componente, aunque las personas que pueden acceder a una vivienda tienen mayor acceso a los servicios pbli-cos, estn por debajo de las condiciones de pobreza e indigencia en las zonas urbanas (Ibez & Moya, 2007, p. 58). Pese a que los recursos para vivienda de pobla-cin desplazada se han incrementado en un 40% desde el 2006 (Ley 114/06), para el 2010 solo el 10,5% de los hogares del RUPD cumple con los indicadores de vivien-da digna, un 5% ms que para el ao 2008 (Comisin de Seguimiento, 2010). Para avanzar en el tema de vivienda digna es necesario ir ms all de la gestin de subsidios y contemplar las condiciones de vida de las familias, las dificultades de acceso al crdito, la informalidad e ines-

ATENCIN HUMANITARIA DE EMERGENCIA

2005 - 2009

AO PRESUPUESTO PARA AHEHOGARES

ATENDIDOS POR AHE

RECURSOS EJECUTADOS

PARA AHE

2005 40.130.539.430 23.123 21.170.338.063

2006 26.145.212.607 21.909 100.706.245.448

2007 26.723.056.000 59.396 103.702.412.985

2008 126.650.000.000 217.412 298.201.935.063

2009 190.477.729.600 272.879 220.652.710.200


tabilidad laboral de sus ingresos y la falta de inters del sector para construir vivienda de inters prioritario, entre otras dificultades (Guataqu, 2010, p. 42-43).

En cuanto a generacin de ingresos y seguridad ali-mentaria se refiere, la situacin econmica de los despla-zados es precaria. Su ingreso se ubica por debajo de la lnea de pobreza, es evidencia de las limitaciones de este componente. El 43,3% de las personas desplazadas inscri-tas en el RUPD con ms de 12 aos tienen alguna ocupa-cin, ya sea formal o informal, pero de estos solo el 11% tiene ingresos laborales mensuales superiores o iguales al salario mnimo vigente. Ms de la mitad de la poblacin desplazada tiene un ingreso de menos de medio salario m-nimo mensual, lo que muestra la precaria situacin en los ingresos a la que se enfrenta la poblacin desplazada (Co-misin de Seguimiento, 2010). Los bajos ingresos de la po-blacin desplazada se traducen en una precaria seguridad alimentaria, que afecta especialmente a los nios de estos hogares (Ibez & Moya, 2007, p 54 y 55). An cuando la poblacin desplazada logra encontrar un empleo, ste se caracteriza por requerir pocas habilidades, un alto grado de informalidad y, consecuentemente, por condiciones pre-carias e ingresos bajos y poco estables, que no permiten mitigar el choque del desplazamiento ni avanzar en la es-tabilizacin socioeconmica (Ibez & Moya, 2007, p 52).

En relacin con el tema de tierras se estima que el 40.7% de las familias desplazadas se vieron obligadas a vender (7.6%), abandonar (82.9%), o fueron despojadas (1.8%) de sus tierras (Comisin de Seguimiento, 2011). Sin embargo, para inicios del 2011 solo se han restituido alrededor de 450 mil hectreas. Para la restitucin de tierras abandonadas, despojadas o usurpadas existen varios problemas. Por una parte, se encuentra la limitada efectividad de los programas de acceso a tierras, por deficiencias en el diseo de los pro-gramas, por la baja capacidad institucional y por la falta de coordinacin entre las entidades del Sistema Nacional para la Atencin a la Poblacin Desplazada (Arboleda & Correa, 2002, citado por Ibez & Moya, 2007). Por otra parte, est la dependencia de las restituciones a las confesiones de los actos de desplazamiento y despojo que se hagan en el marco de las versiones libres de la Ley de Justicia y Paz (2005), y los tiempos de las investigaciones judiciales sobre los casos de usurpacin, as como la falta de garantas para que las vctimas puedan reclamar sus tierras sin poner en riesgo sus vidas (Comisin Colombiana de Juristas, 2006). Otro de los problemas es la falta de titulacin e informalidad en la te-nencia de tierras de las vctimas, pues segn la Comisin de Seguimiento solo el 21,5% de la poblacin desplazada tie-ne ttulos de propiedad formales (Comisin de Seguimiento,

2011), lo que dificulta la presentacin de pruebas por parte de las vctimas. Y finalmente, est el problema de la falta de informacin sobre los bienes usurpados por ausencia de un registro completo de bienes y de cifras reales sobre el nme-ro de terrenos usurpados. Aunque hay grandes diferencias entre las distintas fuentes se estima que entre el periodo de 1998 a 2008 hubo entre 2.2 y 6.6 millones de hectreas de tierra usurpadas (Ver grfico 1.8). Estas fallas en la infor-macin tambin afectan la obtencin de evidencia y pruebas para el levantamiento de medidas de proteccin de tierras en zonas con riesgo de desplazamiento.

GRFICO 1.8DEPARTAMENTOS MS AFECTADOS POR EL

DESPOJO DE TIERRAS (segn diferentes fuentes)

Tomado de ACNUR Las tierras de la poblacin desplazada, Agosto 2009.

En materia de retornos, aunque el acompaamiento que se ha empezado a dar los procesos de retorno, es-pecialmente en el oriente antioqueo, ha incrementado levemente, de un 3% al 5%, la intencin de la poblacin desplazada a retornar a los sitios de origen, siguen siendo escasos los procesos de retorno efectivos. El reto en este tema es generar incentivos no solo de seguridad sino de condiciones socioeconmicas y de acceso a servicios pbli-cos atractivos en las regiones, as como resolver algunos te-mas como el de las deudas financieras de los desplazados que segn la Comisin Nacional de Reparacin y Reconci-liacin (CNRR) sobrepasan los 342.000 millones de pesos.

Verdad, justicia y reparacinEl componente de verdad, justicia y reparacin ha esta-

do vinculado principalmente a los procesos enmarcados en la ley de Justicia y Paz, que han tenido dificultades para el


reconocimiento y juzgamientos por parte del Estado de los delitos de desplazamiento forzado. Solo a partir del 2005 se comenzaron a hacer imputaciones e investigaciones por este delito, pero hasta la fecha no se ha producido la prime-ra sentencia condenatoria ni ejecutoriada.

Parte de estos temas son abordados por el actual go-bierno a travs de una serie de proyectos que sern discuti-dos en el Congreso de la Repblica, y con los que se espera avanzar en su solucin.

1.3.5 Alianzas pblico privadas y cooperacin internacional

En medio de este panorama, se ha buscado y recibido el apoyo del sector privado y de la comunidad internacional a tra-vs de alianzas pblicos privadas, convenios de cooperacin o proyectos especficos que han destinado recursos importan-tes para contribuir en varios de los componentes de la poltica pblica, as como a diferentes iniciativas de otras entidades

GRFICO 1.105 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIN

1997 - 2000

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIN

2000 - 2005

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR RECEPCIN

2005 - 2010

Fuente: SIPOD/Accin Social; procesado por Alto Comisionado de las Nacio-nes Unidas para los Refugiados. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Funda-cin Ideas para la Paz.

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AntioquiaBogotMagdalenaNarioValle del cauca

GRFICO 1.95 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIN

1997 - 2000

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIN

2000 - 2005

5 DEPARTAMENTOS CON MAYOR EXPULSIN

2005 - 2010

Fuente: SIPOD/Accin Social; procesado por ACNUR. Corte Dic. 31/ 2010. Elaborado por Fundacin Ideas para la Paz.

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AntioquiaCaquetMagdalenaNarioTolima

pblicas, privadas y sociales alrededor del tema. A pesar de los aportes realizados hasta ahora, quedan enormes retos por superar y donde el sector empresarial puede contribuir desde su experiencia y de acuerdo a sus capacidades.

1.4 Situacin del desplazamiento forzado interno (DFI) a nivel departamental

La dinmica y tendencias del desplazamiento forzado interno (DFI) muestran variaciones a nivel regional a lo largo del tiempo (Ver grficos 1.9). En este sentido, se observa como Antioquia histricamente se mantiene liderando los departamentos con mayor expulsin de poblacin hasta el 2007 cuando es superado por Magdalena y Nario, y solo vuelve a ubicarse en primer lugar en el 2010. As tambin, Magdalena, aunque en una menor proporcin que Antio-quia, ha estado desde 1997 entre los departamentos con mayor expulsin hasta el 2008 cuando mostr un descenso significativo en las cifras. Por otra parte, Nario empez a


incrementar las cifras de expulsin desde 2001, pero solo hasta aos recientes empez a hacer parte de los principa-les departamentos expulsores de poblacin, especialmente entre 2007 y 2010.

Algo similar sucede en estos departamentos para el caso de la recepcin de poblacin desplazada, donde Antioquia ha estado histricamente entre los principales receptores, solo superado por Bogot y Magdalena en aos recientes (2005 2010) (Ver grficos 1.10). En este periodo, Nario tambin empieza a destacarse entre los mayores receptores de poblacin, aunque por debajo de los tres ya mencionados, pero superando a Magdalena a partir del 2009.

Estas tendencias muestran la importancia de profun-dizar en el estudio de Antioquia y Nario, no solo por su vigencia actual como dos de los departamentos de mayor afectacin por la problemtica del desplazamiento forzado interno, sino porque, como veremos en las secciones si-guientes, cada uno refleja caractersticas diferentes en sus patrones de ocurrencia temporales, en las causas y tenden-cias del DFI, as como de las dinmicas del conflicto que lo motivan. Asimismo, la presencia, tamao y capacidad del sector empresarial en cada una de las zonas permite iden-tificar las diferentes relaciones entre sector empresarial y el DFI. Esto permite hacer comparaciones y obtener indicios sobre la relacin entre el DFI y sector empresarial.

1.5 Caracterizacin de las regiones estudiadas: Antioquia y Nario1.5.1 Perfil regional de Antioquia

El departamento de Antioquia tiene una ubicacin es-tratgica en la zona noroccidental del pas, donde conecta al norte con el mar Caribe y con el departamento de Crdo-ba; al occidente con el departamento del Choc; al oriente con los departamentos de Bolvar, Santander y Boyac; y al sur con los departamentos de Caldas y Risaralda. Su capi-tal es Medelln, segunda ciudad en poblacin y economa de la nacin. Antioquia tiene 125 municipios agrupados en 9 subregiones: Bajo Cauca (243.067 habitantes), Nordeste (171.839), Magdalena Medio (99.473), Urab (509.409), Occidente (200.652), Suroeste (373.506), Oriente (540.184), Valle de Aburr (3.306.490) y Norte (237.656) (ver mapa de regiones de Antioquia), siendo el Valle de Abu-rr, Urab y el Oriente los que mayor nmero de poblacin concentran (Gobernacin de Antioquia, 2007).

La poblacin de Antioquia es de 5682.276 personas, de las cuales el 76.1% se encuentran en zonas urbanas y el 23.9% se encuentran en zona rural (IGAC, 2008, p. 288), y tiene una importante presencia de comunida-des tnicas compuesta por indgenas (28.914 personas, 0,53%) de las etnias embera, embera cham, embera ka-tio, sen, tule, que cuentan con 42 resguardos ubicados


en 19 de los municipios (DANE, 2005); y afrocolombianos (593.726 personas, 10,88%) (Gobernacin de Antioquia, 2009).

Adicional a su posicin geogrfica, Antioquia posee un gran valor estratgico, por sus condiciones geopol-ticas, sociales, econmicas y ambientales. Su territorio est compuesto por las cordilleras Central y Occidental, los valles de los ros Magdalena, Cauca y Atrato y el mar Caribe. Cuenta con una desarrollada infraestructura vial, que comunican el pas a travs de importantes carreteras, como lo son las troncales del Magdalena, el Caribe y la Occidental. Su posicin le permite tener influencia sobre la regin del Atrato, el Eje cafetero, el Magdalena Medio, la Mojana y la regin del Urab (Observatorio de DDHH y DIH, 2006a).

La actividad empresarial de AntioquiaAntioquia es uno de los departamentos ms importan-

tes en la economa de Colombia. De acuerdo a las cifras del DANE, Antioquia participa en promedio (2001-2008) en el 13.7% del PIB nacional, siendo el segundo que ms aporta detrs de Bogot (Ver grficos 1.11, 1.12, 1.13).

Antioquia ha sido catalogada como un prototipo exitoso de crecimiento econmico (Gutirrez, 2007) al constatar el acelerado proceso de industrializacin que protagoniz durante la primera mitad del siglo XX. Como se ha mostrado a travs de estudios histricos, es un caso paradigmtico de crecimiento econmico en ausencia de una estructura agraria de propietarios poderosos, si te toma en cuenta que Antioquia estaba caracterizada por ser una provincia pobre de geografa abrupta, ausencia de tierras planas y una topografa montaosa9, cuya acti-vidad central estaba ligada a la explotacin y flujos comer-ciales ligados a la minera del oro y plata en condiciones de extrema precariedad (Ibd.). Sin embargo, la agricultura empez a impulsarse hacia finales del siglo XVIII con el propsito de superar la condicin de cultivos de subsisten-cia desarrollada hasta el momento, y hacia mediados del siglo XIX ya superaba a la minera como principal fuente de ingresos del departamento (Ibd. p. 333). Estos avan-ces fueron seguidos por la expansin industrial y el creci-miento econmico ms importante de su historia, primero con actividades artesanales (alfarera, cuero, herrera), plantas de textiles de pequeo tamao especialmente

en la subregin del Valle de Aburr (Sonsn, Envigado y Medelln), y posteriormente con el auge del caf en la re-gin10. El acceso privilegiado a fuentes de generacin de energa (agua), la cercana a mano de obra campesina y barata para emplear, as como los incentivos tributarios que los municipios concedieron a las fbricas con el fin de que se implantaran all (Botero, 2007), llev a que para las primeras dcadas del siglo XX Antioquia hubiera de-sarrollado la actividad industrial ms importante del pas (Gutirrez, Op. Cit. p.335). Todo esto combinado a la cons-truccin de redes viales y del ferrocarril, que comunic a Antioquia con los principales puertos, daran el impuls necesario para el crecimiento econmico del departamen-to (Poveda, 2007, p.320).

Hasta los aos cincuenta Antioquia lider el campo manufacturero en el pas, por encima de Bogot, pero esta situacin cambi con la llegada de capitales extran-jeros. Actualmente, Antioquia ocupa el segundo lugar en el pas en trminos de desarrollo y productividad indus-trial.

Las actividades econmicas con mayor participacin en el PIB departamental para el 2008 estn relacionadas con los servicios (13.5%), establecimientos financieros, seguros e inmobiliarios (20.8%), el comercio (12.7%) y la industria manufacturera (14.5%) (

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