E dEl la dE la niciativa La reforma migratoria en Estados ... · El cabildeo por la posible reforma migratoria y la falta de un actor ... mismas posiciones que tenían antes del receso

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La reforma migratoria en Estados Unidosiniciativa ciudadana para la promoción dE la cultura dEl diálogo, asociación civil mexicana, surge en el contexto de las elecciones del 2006 que

evidenciaron un ambiente de polarización política, desigualdades económicas y

sociales y disparidades regionales a lo largo del país. Dicho ambiente creó un

claro distanciamiento entre la sociedad y el sector político, al igual que al interior

de la sociedad misma, rompiendo los incipientes espacios de diálogo que inten-

taban construirse a partir de la alternancia política del 2000. En este contexto se

hizo evidente la necesidad de abrir y promover espacios plurales de diálogo y

construcción de acuerdos desde la sociedad civil, de tal manera que la agenda de

políticas públicas del país avanzara y no se rompiera el ya de por si frágil tejido

social nacional.

Desde entonces se ha buscado generar las condiciones para hacer posible la pro-

moción de una cultura del diálogo que identifique las coincidencias en beneficio

del interés público. Iniciativa Ciudadana se creó con la vocación de generar y

convocar a aliados entre los diversos sectores nacionales e internacionales, para

sumarse a los esfuerzos de diálogo y crear una agenda pública nacional con una

visión ciudadana.

Brújula Ciudadana es un instrumento de comunicación ciudadano que contribuye

al análisis y reflexión sobre la agenda nacional en México. Su objetivo es con-

tribuir a la generación de opinión pública sobre una agenda común en temas

prioritarios en el ámbito político, económico y social a través de información de

calidad y la reflexión plural para la toma de decisiones, llegando mensualmente

a más de 4,000 lectores.

www.nalacc.org | www.mexicocityusa.org | www.iniciativaciudadana.org.mx

Mirada desde los actores

Contexto


La reforma migratoria en Estados Unidos

Prólogo 3

Contexto 44 ¿Qué se puede hacer para asegurarnos de no acabar con las manos

vacías cuando se discuta la reforma migratoria de Estados Unidos en esta nueva sesión del Congreso?

Oscar chacón.

7 La Reforma Migratoria vista desde México

EliO VillasEñOr

9 Reforma migratoria en tiempos de crisis

JOrgE DuranD

12 La seguridad fronteriza y los muros de la ignominia

alEJanDra sEgura

Mirada desde los actores 14

14 Todos compartimos la responsabilidad y el beneficio de modernizar nuestro sistema migratorio

luis V. gutiérrEz

16 El cabildeo por la posible reforma migratoria y la falta de un actor social organizado con capacidad real de incidencia: el caso de México

JOsé luis gutiérrEz

20 Movimiento robusto por una reforma migratoria

Frank sharry

22 ¿Qué habría hecho el Old Man (después de haber leído la S744)?

antOniO gOnzálEz

24 California: impacto de leyes migratorias

angEla sanbranO

Prólogo

Prólogo

L a presente edición especial de la Revista Brújula Ciudadana, es resultado del esfuerzo y compromiso compartido por la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), por Iniciativa Ciudad de México en Chicago y Los Ángeles, y por Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo en México.

La presente publicación se centra en el esfuerzo binacional por aprobar una Reforma Migratoria Integral y Comprensiva, donde los sujetos sociales nos comprometemos en construir puentes a través de las fronteras para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades en México y en los Estados Unidos.

Nuestra perspectiva binacional nos ha llevado a la conclusión de que existe una clara demanda sobre un debate rico y amplio sobre la reforma de inmigración, más allá de lo que está siendo difundido por los medios de comunicación tradicionales.

En este esfuerzo ciudadano, los diversos autores en ambos países viven y comparten una posición crítica y propositiva ante el actual proceso de reforma de inmigración.

Con esta herramienta de comunicación, buscamos también fortalecer la capacidad de los grupos de inmigrantes latinos para promover políticas que contribuyan a la sostenibilidad del desarrollo, la dignidad humana y la búsqueda de oportunidades en todo el hemisferio.

Agradecemos abiertamente a todos los colaboradores por su contribución en este diálogo binacional, y especialmente a cada una de las y los migrantes por ser los sujetos del desarrollo del siglo XXI.

Atentamente,

Elio Villaseñor Oscar Chacón

DirEctOr DE iniciatiVa ciuDaDana para la prOmOción DE la cultura

DEl DiálOgO y cOOrDinaDOr DE iniciatiVa ciuDaD DE méxicO

DirEctOr EJEcutiVO DE la alianza naciOnal DE cOmuniDaDEs

latinOamEricanas y caribEñas (nalacc)

.

3

Contexto

I n I c I a t I v a c I u d a d a n a p a r a l a p r o m o c I ó n d e l a c u l t u r a d e l d I á l o g o4

¿Qué se puede hacer para asegurarnos de no acabar con las manos vacías cuando se discuta la reforma migratoria de Estados Unidos en esta nueva sesión del Congreso?

Oscar chacón DirEctOr EJEcutiVO DE la alianza naciOnal DE cOmuniDaDEs latinOamEricanas y caribEñas (nalacc pOr sus siglas En inglés)

fronterizo de $6.5 a $46.5 millones de dólares. Si la ley aprobada por el Senado se convirtiera en ley estadounidense, una consecuencia directa sería la militarización permanente de la frontera sur lo que representa un terrible mensaje para nuestros amigos cercanos y aliados en México y Latinoamérica.

A pesar de este cambio (presumiblemente para obtener el apoyo de los republicanos), cuando llegó el momento de votar el pasado 27 de junio, el conteo de votos para el proyecto de ley fue de 68 a favor y 32 en contra. La ley de reforma migratoria del Senado inició con cuatro senadores republicanos como co-patrocinadores. Al final, sólo 14 senadores republicanos votaron a favor del proyecto de ley. Si uno pone precio al costo simbólico de esos 10 votos adicionales, cada uno costaría alrededor de $4 millones de dólares.

Contrariamente a las expectativas de los líderes del Senado, el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes no se inmutó por la aprobación de una ley de reforma migratoria en el Senado. Rechazaron la idea de tomar la ley del Senado y declararon que abordarían la reforma migratoria en sus propios términos y a su propio ritmo. El liderazgo de la Cámara ha dejado claro que están a favor de una segmentación de reforma de la política de la

E l Congreso de los Estados Unidos regresa de su receso de verano a principios de

septiembre. La falta de acción sobre la reforma de la política de inmigración antes de vacaciones de verano, hizo sonar las alarmas en el colectivo de las organizaciones que han empujando la aprobación de lo que se conoce como la Reforma Migratoria Integral (Comprehensive Immigration Reform, CIR, por sus siglas en inglés) desde principios de la década pasada.

El plan era pasar la versión del Senado con el apoyo de una mayoría abrumadora para obligar a la Cámara de Representantes a adoptar el acta. El Senador Chuck Schumer habló esta primavera de su propósito de obtener 75 votos a favor de la propuesta de la “Banda de los Ocho”. Su intención era mover rápidamente esta propuesta a la Cámara de Representantes donde el apoyo a la reforma migratoria ha sido menos entusiasta que en el Senado, por decir lo menos.

El proyecto de ley del Senado patrocinado por la llamada “Banda de los Ocho”, un grupo bipartidista de senadores, ofreció desde el principio una mezcla de contenidos buenos, malos y feos. Después de varias semanas de debate, la versión final tuvo un giro aún más inesperado hacia políticas más restrictivas y punitivas cuando se aprobaban, entre otras cosas, el aumento del presupuesto para el control

Contexto

E d i c i ó n E s p E c i a l : l a r E f o r m a m i g r a t o r i a E n E s t a d o s U n i d o s 5

inmigración en lugar de la llamada “completa”, enfoque adoptado por el Senado. En este sentido, el liderazgo demostró que tiende a favorecer un enfoque segmentado en lugar del abordaje integral o “comprehensivo” del Senado. Particularmente, la mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes (incluyendo los principales liderazgos como Goodlatte de Virginia –presidente de la Comisión de Justica- y Gowdy de Carolina del Sur –presidente de la Subcomisión de Inmigración) han expresado en repetidas ocasiones su oposición a conceder una amnistía a los inmigrantes no autorizados que residen en los Estados Unidos que incluya la candidatura al estatus de residente permanente legal (la condición previa para cualquier inmigrante a obtener la ciudadanía estadounidense).

El colectivo de organizaciones que han empujado la aprobación de la CIR lanzó un gran esfuerzo durante el receso de verano para incidir en la aprobación de la reforma en la

Cámara de Representantes. Este receso está casi terminando y hasta ahora existen indicios de que, a pesar de que las movilizaciones locales a favor de la reforma migratoria han sido más fuertes que nunca, el liderazgo de la Cámara de Representantes no parece estar persuadido a cambiar sus posicionamientos iniciales. Algunos líderes republicanos como figuras claves (incluyendo a los representantes Goodlatte and Gowdy) continúan con las mismas posiciones que tenían antes del receso de verano. Ellos siguen hablando a favor del enfoque segmentado para el abordaje legislativo de la reforma migratoria, incluyendo su tibio apoyo a algún tipo de remedio para los jóvenes inmigrantes indocumentados. Ninguno de los dos ha indicado un cambio en su posición anterior sobre el acceso a la residencia permanente, lo que abre la posibilidad de adquirir la ciudadanía estadounidense.

La razón principal detrás de este posicionamiento compartido por la mayoría de los representantes

Contexto


republicanos es un principio bien conocido para los funcionarios electos: todas las políticas son locales. En la mayoría de los 234 distritos electorales representados por los legisladores republicanos, los votantes no están pidiendo a gritos una reforma migratoria. Si bien las encuestas nacionales de opinión pública, incluyendo aquéllas identificadas con los Republicanos, indican apoyo a una forma vaga de reforma de la política de inmigración, los números son muy diferentes cuando se desagregan en distritos Republicanos en el Congreso. En muchos de estos distritos, los representantes temen al reto de la derecha mucho más que a cualquier presión de pro-reforma de los demócratas, o incluso de los dirigentes de su propio partido. Esta realidad representa el mayor de los obstáculos a la aprobación de la reforma migratoria con la etiqueta del abordaje integral o –CIR-. Los miembros de la Cámara de Representantes, en su mayoría de distritos republicanos que enfrentarán la reelección en 2014, han permanecido insensibles a las enmiendas del proyecto de ley senatorial para tranquilizar a los poderosos intereses económicos que se consideran cercanos a los legisladores republicanos.

A la luz de esta realidad, y en vista de la insistencia de los senadores y congresistas demócratas en posiciones de liderazgo ante nada más ni nada menos que el camino a la ciudadanía (aunque extremadamente difícil, costoso y de largo recorrido), la perspectiva para la aprobación de un proyecto de ley por ambas Cámaras no parece tan probable como lo hizo alguna vez. El escenario de quedarse con las manos vacías en materia de la legislación estadounidense en materia migratoria representa verdaderas malas noticias para las comunidades

inmigrantes, especialmente para aquellas de México y el resto de América Latina. En vista de los incrementados porcentajes de detención y deportación, la mayoría de las comunidades inmigrantes miran con urgencia la necesidad de resolver su situación actual de residencia no autorizada.

Entonces, la pregunta queda abierta sobre lo que habrá de pasar este año. Los inmigrantes continúan realizando contribuciones vitales a la economía así como al bienestar social y cultural de los Estados Unidos. No obstante, los inmigrantes continúan sufriendo las consecuencias de políticas migratorias injustas y obsoletas. Desde un punto de vista práctico, en los próximos 5 o 10 años no existe una diferencia significativa entre la reforma migratoria que concede autorización del empleo y el derecho a realizar viajes internacionales para la mayoría de los inmigrantes no autorizados residentes en los Estados Unidos, y una que además, incluye el llamado “camino a la ciudadanía” al cual sólo podrán acceder los más aptos, valientes y prósperos económicamente hablando. En cualquier caso, los resultados positivos para los inmigrantes dependerán de la habilidad de las comunidades inmigrantes para estar mejor organizadas y demandar las políticas públicas que merecen.

Un posible resultado sería una ley que resuelva de inmediato la situación de millones de inmigrantes residentes en los Estados Unidos sin estatus migratorio, evitando tocar el asunto de la residencia legal permanente. Esto sería una píldora difícil de tragar para la mayoría y por varias buenas razones. Sin embargo, podría traducirse en una situación mejorada para millones de inmigrantes que trabajan

Contexto


arduamente y pagan impuestos en los Estados Unidos donde permanecen sin autorización. Si dicha solución a corto plazo puede acabar con la costosa, nociva e increíblemente derrochadora decisión de aumentar los recursos para el control fronterizo, tanto mejor. Las comunidades de inmigrantes tienen un largo camino por recorrer en términos de organización para insistir en políticas migratorias verdaderamente sensibles, por lo que seguirá siendo una lucha a largo plazo sin importar los resultados en el 2013.

Al final del día, las perspectivas para un resultado legislativo positivo en este periodo de sesiones en el Congreso Estadounidense dependerán de qué tan seriamente se toma el asunto por ambos partidos políticos. Jugar cínicamente con la reforma migratoria como una moneda de cambio en la política electoral es simplemente inaceptable.

La Reforma Migratoria vista desde México

EliO VillasEñOr DirEctOr DE iniciatiVa ciuDaDana para la prOmOción DE la cultura DEl DiálOgO En la ciuDaD DE méxicO y cOOrDinaDOr DE iniciatiVa ciuDaD DE méxicO En chicagO y lOs ángElEs.

El pasado 27 de junio, el Senado de los Estados Unidos aprobó la iniciativa de reforma migratoria conocida como la S.744. En estos momentos, la Cámara de Representantes, con liderazgo republicano, manifestó que no discutirán la misma iniciativa que en el Senado, quizá se trate de la propuesta que redactan en secreto el Grupo de los 7, integrado por tres republicanos y cuatro demócratas, o quizá sea una reforma

por partes la que después del receso de agosto y dos semanas de septiembre se debatirá entre los congresistas.

Los 6.1 millones de mexicanos, que representan poco más de la mitad de la población indocumentada que radica en los Estados Unidos, están en el ojo del huracán, con una incertidumbre permanente y al pendiente de lo que sucederá en los próximos meses. Se vive para ellos un momento de claroscuros: una penumbra marcada por el miedo a las deportaciones y el aumento de la desintegración familiar que los obliga a vivir en las sombras, pero también una luz no tan lejana que ilumina un posible camino hacia el ajuste de su estatus legal y la posible obtención de la ciudadanía estadounidense.

Hasta el momento, la S. 744 cuenta con un fuerte componente en materia de seguridad fronteriza: a través de la enmienda de los senadores republicanos Hoeven y Corker, se otorgaría un presupuesto de entre 30 mil y hasta 46 mil millones de dólares para aumentar 20,000 nuevos agentes de la patrulla fronteriza, la construcción de 700 millas de muro doble reforzado, la adquisición de 24 drones –aviones no tripulados-, 600 sensores de tierra, 500 detectores de radiación, más de 900 torres con cámaras de circuito cerrado (Notimex, 2013) y otra serie de elementos tecnológicos para lograr el 90% de efectividad en la detención fronteriza, así como la implementación obligatoria del programa E-Verify (Univisión, 2013).

La militarización de la frontera puede asumirse desde distintos enfoques. Por un lado, se ve como una cuestión más simbólica que necesaria, ya que de los 11 millones de indocumentados, se

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calcula que 4.5 millones ingresaron con visas. Por otra parte, el aumento a 12 patrulleros por kilómetro de frontera puede incrementar aún más las acciones de abuso de la autoridad fronteriza. Los que sin duda se verían beneficiados en este escenario son las compañías de armamento y tecnología de seguridad a través de los contratos multimillonarios, quienes aprovecharán la coyuntura para salir de la crisis que el fin de las guerras en el periodo de Obama les hizo padecer. Finalmente, el otro tema preocupante refiere a la situación de los migrantes provenientes no sólo de México, sino de Centroamérica y otras regiones, que buscarán cruzar la frontera y se quedarán sin lograrlo del lado mexicano.

Al carecer de una reforma migratoria urgente, una de las características del gobierno de Obama ha sido el gran número de deportaciones. Janet Napolitano presentó su renuncia como Secretaria de Seguridad Nacional, deportando en los últimos cuatro años a más de 1.5 millones de indocumentados. Si bien este año han bajado sustancialmente la cifras comparativamente, las consecuencias del retorno forzado son graves para los mexicanos que deben regresar a su país después de años o décadas de vivir fuera, ya que la política pública para su reinserción e integración es incipiente.

Una de las consecuencias a nivel humanitario más lamentables en el tema de las deportaciones es la desintegración familiar. En el caso de la propuesta aprobada por el Senado, se incluye un camino a la ciudadanía para los indocumentados. Para que ello sea posible, es necesario haber ingresado a los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011, y cumplir una serie de requisitos y pago de multas. En el caso de los Dreamers y los trabajadores agrícolas, el camino a la ciudadanía sería de cinco años, y de 13 años para el resto de los indocumentados.

Sin embargo, algunos miembros conservadores del partido republicano buscan que la propuesta que se discuta en la Cámara Baja, no incluya el camino a la ciudadanía, e inclusive ni siquiera contemple la regularización por medio de permisos temporales de residencia. En cambio, información filtrada sobre la propuesta que redacta el Grupo de los 7, sí habla de un camino a la ciudadanía. Otras versiones señalan que es posible que la reforma se discuta por partes, y se incluya la vía de la legalización sólo para los Dreamers y los trabajadores agrícolas. Sin embargo, activistas a favor del Dream Act se han manifestado: “queremos la ciudadanía para nosotros pero también para nuestros padres. Alto a la separación familiar”. Al respecto, Obama ha declarado que en caso de que la Reforma Migratoria se estanque, pensará en un -plan b- que incluya permisos temporales por dos años de residencia y empleo para los indocumentados, algo similar a la acción diferida, pero para el resto de los inmigrantes.

Así como en el 2006 millones de latinos y mexicanos indocumentados salieron a las calles de más de 150 ciudades estadounidenses,

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protestando en contra de la Ley Sensenbrenner, logrando congelarla y sobre todo reconociendo el gran poder de convocatoria de los migrantes, hoy en día se realizan campañas y actos mediáticos para detener las deportaciones y aprobar una reforma migratoria con camino a la ciudadanía. En lo que ellos han llamado el “verano caliente”, diversos sindicatos y organizaciones pro inmigrantes están llevando a cabo eventos de presión para que la Cámara de Representantes escuche sus exigencias.

Y es cada día se reconoce más el peso político, comercial y económico que nuestros connacionales tienen en los Estados Unidos. Un estimado del Congressional Budget Office reveló que en caso de aprobarse una reforma migratoria como la que propone la S.744, el déficit federal se reduciría a 135 mil millones de dólares, ya que los inmigrantes y sus empleadores pagarían nuevas multas e impuestos.

Legalizar a esta población implicaría que pudieran obtener mejores empleos, incrementar sustancialmente la recaudación fiscal, el porcentaje en el PIB que aportan, y aumentar la cantidad de remesas que enviarían a sus familias en sus comunidades de origen. Pero también conllevaría el acceso a la educación universitaria para un millón de mexicanos Dreamers, la oportunidad para obtener un empleo digno y un permiso de conducir, dejar de sufrir el miedo a ser deportado en cualquier momento, la esperanza de visitar y reencontrarse con sus familiares, teniendo los derechos de la nación a la cual le han entregado varios años de su vida.

Así como se hizo sentir el voto latino en las elecciones de 2008, y con más fuerza en 2012 para definir la balanza hacia el triunfo de

Obama, de igual modo se busca que los latinos organizados sean el contrapeso a favor de una reforma migratoria integral, comprensiva y que respete los derechos humanos tanto de los migrantes en tránsito, como de la población indocumentada que busca salir de las sombras en los Estados Unidos.

El futuro de la comunidad latina –y por tanto mexicana- buscará poder ganar espacios públicos tanto en los Estados Unidos como en México para que se reconozca su gran aporte económico, político y cultural, de manera que trabaje de forma organizada en una agenda que dignifique a las personas para el bienestar de ambos países.

Reforma migratoria en tiempos de crisis

JOrgE DuranD. antrOpólOgO y prOFEsOr-inVEstigaDOr titular DEl DEpartamEntO DE EstuDiOs sObrE lOs mOVimiEntOs sOcialEs DE la uniVErsiDaD DE guaDalaJara, JaliscO.

Parece que sigue vigente la incógnita sobre una reforma migratoria en Estados Unidos, pero que ésta sea la solución a la migración irregular es otro cantar. Depende del tipo de reforma que se logre negociar en la Cámara de Representantes, de las enmiendas que se haga a la propuesta por los senadores y de la voluntad política de llevarla a término.

La reforma, Immigration Reform and Control Act de 1986, (IRCA, por sus siglas en inglés) se realizó en un contexto donde se preveía un etapa de crecimiento económico y se requerían

Contexto


trabajadores con urgencia. De ahí la generosidad de la reforma que fue calificada como amnistía y se legalizaron a 3.2 millones de migrantes. Pero las previsiones legales de aquella reforma se cumplieron sólo parcialmente, otras demoraron mucho en implementarse y algunas no se llevaron a cabo. El resultado fue precisamente contrario a lo que se esperaba, la migración irregular que era de 1 millón de personas en 1988, creció hasta llegar a 11 millones en 2013.

Ahora el contexto es totalmente distinto, todavía no se supera la crisis económica y financiera desatada en 2008, el proceso de recuperación es muy lento y la tasa de desempleo sigue muy alta para los estándares norteamericanos (en torno al 8%). Por otra parte, hay una profunda crisis política en Washington, la mayoría de la iniciativas se bloquean, los bandos están

muy polarizados y el Presidente Obama no ha podido impulsar su agenda. Finalmente hay una crisis social generada por más de veinte años de campaña antiinmigrante en los medios y en las campañas políticas que han ideologizado el tema migratorio, lo han llevado al campo exclusivo de lo legal y lo han despojado de su carácter económico, social, laboral y cultural.

En el tema migratorio, las reformas suelen responder a problemas urgentes de corto plazo y sólo se pretende legislar en el mediano plazo, en buena parte porque es un proceso dinámico y cambiante, además de la tensión entre las urgencias de la economía (demanda de mano de obra) y el doble rasero con el que se aplica la ley. Es por eso que las leyes migratorias dan signos de ineficiencia a los 10 años de promulgadas y a los 20 entran en situación de colapso. Con

Contexto


el paso del tiempo los políticos aducen que hay consecuencias de la ley no esperadas o anticipadas, por lo que es necesario legislar nuevamente y ajustar los sistemas de control. En realidad muchas de las consecuencias no estaban previstas, porque se supone que la ley se va aplicar con todo rigor, lo que no siempre sucede. No es factible que un legislador prevea o reconozca que la ley que promulgó no se vaya a aplicar.

Por ejemplo, la ley de 1986 estipulaba sanciones a los empleadores que contrataran indocumentados, pero nunca hubo voluntad política para aplicar la ley, ni los medios efectivos para verificar la autenticidad del documento que se solicitaba: el -social security number- o número de seguridad social. De ahí que una “consecuencia no anticipada” fuera el tráfico masivo y abierto de documentos y la multiplicación de identidades falsas. Los empleadores recibían los documentos y simplemente los guardaban en el archivero, no tenían modo de verificar su autenticidad y ellos partían del principio de que el documento era válido hasta que se demostrara lo contrario. Supuestamente no eran conscientes de contratar indocumentados, por tanto eran inocentes y la ley no podía aplicarse. La situación contaba con la complicidad del gobierno, que hacía muy poco al respecto, por la sencilla razón de que todos esos números falsos pagaban impuestos regularmente y lo que es mejor, no devengaban beneficios en el presente, ni los reclamarían en el futuro.

Ahora se pretende solucionar este problema y hacer obligatorio el sistema de verificación de identidad (E-Verify). Pero ya se adelantó que habría un periodo de gracia de dos años para

los empleadores que contraten a más de 1,000 personas, es decir, las grandes empresas. Ahora, ya tienen la solución en puerta: si hay reforma habrá regularización y los indocumentados serán muy pocos.

Por otro lado, será muy difícil que en tiempos de crisis se castigue a aquellos que generan riqueza y generan trabajo, los empleadores. La marcha de la economía es una prioridad absoluta, no se puede atentar contra los empresarios, se dice que el futuro del país depende de ellos. Se parte, por tanto, de un razonable escepticismo de que la ley sólo se aplicará parcialmente, por lo que se espera que no se de una solución definitiva a la migración irregular. Las sanciones a empleadores van contra el espíritu y la práctica del capitalismo. En vez de exigir y perseguir a los empleadores es más fácil perseguir a los migrantes, al fin y al cabo con la sola sospecha de que una persona sea irregular, la policía puede proceder a cumplir esa fracción aprobada de la Ley Arizona.

La consecuencia anticipada, en este caso, es la creación de un mercado negro de trabajo al que ingresarán los migrantes no regularizados y los nuevos migrantes que ingresen de manera subrepticia. Hay que señalar que hoy la mayoría de los 11 millones de migrantes irregulares no están en un mercado negro de trabajo, a pesar de sus pésimas condiciones laborales, deben pagar impuestos y se les respeta el salario mínimo en términos generales. Los migrantes que no puedan acreditar su estado legal, tendrán que sumergirse en la vorágine de un mercado negro laboral, que no respeta mínimos, paga el salario en efectivo y se escapa de las regulaciones laborales.

Contexto


El otro tema pendiente, que no está en la mesa de negociaciones, es el del control a la hora de la salida. Si sólo se controla el ingreso, seguirá como práctica rutinaria que los turistas abusen del tiempo estipulado en su visa y pasen a ser irregulares. Por otro lado, muchos de los trabajadores temporales se quedarán definitivamente. Hace unos años se hizo el intento en algunos aeropuertos donde uno debía checar la salida con el pasaporte, pero fue sólo un intento. Con la frontera controlada en el momento de entrar, la nueva migración irregular habrá entrado con visa. La forma I-94 que se supone hay que dejar a la salida no sirve para nada y nadie la controla. De hecho si uno entra por la vía aérea y sale por tierra no hay lugar donde entregar la forma I-94.

Otro tema pendiente es la precondición que ponen los republicanos para cualquier tipo de reforma migratoria: el control total y absoluto de la frontera con México. Además de que es imposible controlar 3,000 kilómetros de desierto, es prácticamente inútil en estos momentos. Justo cuando ya está definida una tendencial clara de disminución del flujo migratorio irregular, se implementan medidas draconianas que ya no son necesarias.

En resumen, en veinte años tendremos que presionar otra vez por una nueva reforma migratoria. Pero en el corto plazo, si se da la reforma y se legalizan por lo menos 8 o 9 millones de migrantes, la migración irregular será controlada por medio del mercado de trabajo (E-Verify), ya no preocupará a los medios, ni a los políticos, ni tampoco molestará a la opinión pública. Es posible que baje también la tensión social y las campañas y actitudes antiinmigrantes.

La seguridad fronteriza y los muros de la ignominia

alEJanDra sEgura intEgrantE DEl prOgrama DE migración, DEsarrOllO y ciuDaDanía binaciOnal En iniciatiVa ciuDaDana para la prOmOción DE la cultura DEl DiálOgO En la ciuDaD DE méxicO.

Después de un mes de intenso debate, el 27 de junio de 2013 el Senado de los Estados Unidos aprobó con 68 votos a favor y 32 en contra, la iniciativa de reforma migratoria S.744. L a propuesta contiene cuatro temas centrales: seguridad fronteriza, legalización e inmigración legal, aplicación de la ley interna, y reformas a los programas no migrantes.

Ahora toca el turno a la Cámara Baja para discutir su propio proyecto de ley, que aún no se conoce pero se espera mucho más restringido, y en donde domina una mayoría republicana, cuya fracción más conservadora se opone a la ciudadanía de los indocumentados, a los que califica de ilegales e inclusive de criminales. Por lo pronto, la Cámara Baja se encuentra en un receso que durará hasta el 9 de septiembre, pero no será sino hasta el 22 de septiembre que los republicanos decidirán su estrategia de reforma migratoria, después del cual se esperarán fuertes debates si es que se llega a votar durante este año.

Sin embargo, hablar de la reforma migratoria en términos del camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es lo más lejano que hay de lo que se aprobó en el Senado. La propuesta original del Grupo de los 8 fue enmendada por los republicanos hasta obtener un carácter de seguridad fronteriza sumamente sólido, pensado como una estrategia para

Contexto


convencer a los Senadores republicanos de votar por ella, y enviar un fuerte mensaje a la Cámara Baja para que siguieran el mismo camino.

La militarización excesiva a la frontera con México fue analizada y criticada por académicos y organizaciones de la sociedad civil, principalmente las dedicadas a derechos humanos. Coincidiendo con la opinión del académico Jorge Durand, Obama y los demócratas se encuentran tan empeñados en pasar una reforma migratoria, que se han estado aceptando enmiendas de seguridad fronteriza cuyas consecuencias para la relación bilateral México-Estados Unidos y para la protección de los derechos humanos, pueden ser grandes.

Y el tema se vuelve aún más delicado si se recuerdan las múltiples denuncias de abusos de la Border Patrol, como el famoso caso del mexicano Anastasio Hernández, que murió por golpes y descargas eléctricas a manos de 12 elementos de la Patrulla Fronteriza mientras era deportado, o el de Valeria Tachiquín, asesinada con nueve disparos a menos de un metro de distancia, o José Gutiérrez, quien perdió la vida después de sufrir cinco fracturas de cráneo derivadas de la paliza igualmente otorgada por la Border Patrol, y cientos de miles más que no han obtenido la atención de los medios y se han quedado impunes (EFE/El Universal, 2013).

El problema de los muros es que no sólo dividen de manera física a las naciones, también las dividen simbólicamente. Separan familias, crean tensiones, provocan abusos, y a final de cuentas terminan protegiendo poco y sacrificando mucho. Recordemos que los migrantes son seres humanos, y no criminales que merezcan una valla que los deshonre,

como si fueran sujetos peligrosos o autores de acciones indignas.

En el marco del respeto a la soberanía estadounidense, no debemos olvidar que México no solo comparte 3,000 kilómetros de frontera con el país vecino, sino que también es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo cual no puede ni debe hacerse a un margen de estas discusiones. El reto para el Estado Mexicano será imprimirle a la reforma un lado humanitario, que elimine el uso de la palabra “ilegal” como sinónimo de criminal, clandestino y sin derechos hacia los inmigrantes indocumentados, que busque oportunidades para los que ya se encuentran del lado estadounidense porque han trabajado por ello, y que al mismo tiempo también proteja y frene las violaciones a los derechos de los que sigan intentando cruzar a los Estados Unidos, así como a los que se quedan varados en la frontera norte.

Hace un par de décadas la humanidad celebraba el fin de las últimas colonias, el ocaso de las dictaduras, el triunfo de las democracias, la caída del muro de Berlín y la reunificación de las Alemanias.

Hoy en día, se busca legislar el aumento de kilómetros de valla fronteriza, con costes tanto sociales y poco humanitarios como económicamente multimillonarios. Valdrá la pena ver en qué medida los diversos actores involucrados –sociedad civil, académicos y todas las instancias gubernamentales correspondientes- son capaces de negociar y hacer sinergias a favor de una reforma migratoria humanitaria, capaz de reconstruir el resquebrajado tejido social de la migración, no a través de más muros, sino de políticas comprensivas que regulen y den soluciones viables a esta problemática.



Todos compartimos la responsabilidad y el beneficio de modernizar nuestro sistema migratorio

luis V. gutiérrEz rEprEsEnta al cuartO DistritO pOr illinOis En El cOngrEsO DE lOs EstaDOs uniDOs. Es miEmbrO DEl cOmité JuDiciariO y prEsiDEntE DEl grupO DE trabaJO sObrE migración DEl caucus hispánicO DEl cOngrEsO.

En agosto, visité Harrisonburg, un pequeño poblado de la Virginia rural. Fui invitado a hablar en una manifestación fuera del Palacio de Justicia en el centro del pueblo, donde se habían reunido cerca de 400 simpatizantes de la reforma migratoria.

Ahí conocí a dos personas que me causaron una fuerte impresión y me hicieron recordar por qué me encontraba luchando por una reforma migratoria. Una mujer dijo que había vivido en cierto poblado durante 14 años y había sacado adelante a su familia sin tener papeles. Ella estaba orgullosa de que sus hijos puedan tener las oportunidades que ella no pudo cuando era una niña en México. Pero también me dijo que estaba asustada con la posibilidad de ser deportada en cualquier momento. Eso podría obligarla a optar por dejar a sus hijos en Estados Unidos bajo el cuidado y tutela de otros. Existen millones de historias como la de ella. El miedo de que otra familia sea destruida es la razón principal por la cual estoy peleando por una reforma migratoria.

También conocí a un caballero nacido en Estados Unidos, un ciudadano muy bien vestido de alrededor de 50 años. Le pregunté por qué había ido a la manifestación. Me contó que él había estado casado con una mujer

indocumentada durante 27 años y que no había forma de legalizarla a menos de que ella se saliera del país por 10 años. Estas historias son comunes entre otras personas que he conocido alrededor del país, cuyas vidas han empeorado porque hemos fallado en actualizar nuestro sistema de inmigración desde hace décadas.

En los Estados Unidos, mucha gente piensa que los temas migratorios sólo afectan a los inmigrantes o a las familias de los latinos. Ven a la reforma migratoria como una lucha que únicamente premiaría a los inmigrantes o a los latinos, más que como un tema que afecta a comunidades enteras en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Durante décadas, casi todos en Estados Unidos se han fijado sólo en una cara de la migración, a pesar de que la enorme ola de inmigrantes que ha llegado a nuestro país fortaleciendo nuestra economía, buscando oportunidades para ellos y sus familias. Tenemos una responsabilidad en común para modernizar nuestro sistema migratorio, porque todos nos beneficiamos de él.

Todos sabemos que Juan ha estado cosechando nuestras verduras, que Fran ha estado limpiando nuestras habitaciones de hotel, que Mary ha cuidado de nuestros hijos o nuestros padres. No es un secreto que Pablo lave los platos. Todos



somos responsables por permitir y alentar la ola de inmigrantes en las últimas décadas. Y todos somos responsables del incumplimiento del gobierno de los Estados Unidos por cambiar las leyes, para que esos migrantes puedan llegar legalmente, con dignidad, con derechos básicos y protecciones.

Todos compartimos la responsabilidad por frenar las deportaciones que dividen familias, dejan a los niños sin sus padres y mantienen a comunidades enteras viviendo con miedo. Podemos y debemos arreglar los errores de nuestro sistema migratorio y restablecer un mecanismo legal y respetuoso para la migración, que sea benéfico tanto para los Estados Unidos, como para los países de origen. Podemos hacerlo sin necesidad de militarizar nuestras fronteras y apartar más a los Estados Unidos de nuestros vecinos, y sin

comprometer nuestros valores de cumplimiento de la ley, justicia y equidad.

La larga tradición de inmigración que ha hecho a los Estados Unidos tan peculiar y poderosa entre las naciones requiere de un compromiso nacional por la reforma migratoria. el pueblo de los Estados Unidos está listo, incluyendo nuestros migrantes. Ahora sólo necesitamos que nuestros políticos actúen.



El cabildeo por la posible reforma migratoria y la falta de un actor social organizado con capacidad real de incidencia: el caso de México

JOsé luis gutiérrEz DirEctOr asOciaDO DE la alianza naciOnal DE cOmuniDaDEs latinOamEricanas y caribEñas (nalacc pOr sus siglas En inglés), DirEctOr EJEcutiVO DE casa michOacán En El mEDiO OEstE DE lOs EstaDOs uniDOs y prEsiDEntE DE la rED mExicana DE líDErEs y OrganizaciOnEs migrantEs.

Como lo ha venido documentando el Buró del Censo en los Estados Unidos de América, la población de origen latinoamericano ha aumentado de manera constante a lo largo de las últimas cuatro décadas, destacándose el crecimiento de la comunidad mexicana. De acuerdo a la misma fuente, para el año 2012 la población de origen mexicana consistía de 32 millones de personas, lo que representa el 10% de la población total de Estados Unidos. De ese total, 12 millones de personas nacieron en México. La mitad de esta población carece de autorización migratoria, ubicándoles como el grupo nacional más numeroso.

En los últimos cuatro años, 1.5 millones de inmigrantes han sido deportados, con un promedio de 1,500 personas por día. De acuerdo con información publicada por el Departamento de Seguridad Nacional, cerca de tres cuartos de las personas deportadas desde 2009 eran mexicanas. Contrario a la percepción pública dominante, la vasta mayoría carecían de antecedente criminal alguno, su única infracción había sido residir en los Estados Unidos sin el debido visado.

La actual ley de inmigración ha causado un costo humano enorme para la población mexicana en los Estados Unidos, especialmente en lo referente a la separación forzada de familias. Desde 1996, la ley de inmigración ha sido dominada por una lógica de restricción, exclusión y castigo desmedido en relación a la población inmigrante en general, y en particular, a la población extranjera no autorizada. Como ya ha sido mencionado, la mayoría son mexicanos. Sin lugar a dudas, reformar la ley de inmigración actual constituye una de las aspiraciones más importantes para el bienestar de la población mexicana en los Estados Unidos. Idealmente, dicha reforma debería estar permeada por una lógica de sentido común, justicia, generosidad y humanismo.

Desdichadamente, las aspiraciones de la población mexicana hacia las reformas de inmigración no están acompañadas de una capacidad organizativa lo suficientemente robusta para asegurar que la orientación de dicho esfuerzo sea coherente con las inmensas contribuciones económicas, sociales, políticas y culturales hechas por los migrantes en ambos países. Por el contrario, el esfuerzo a favor de una reforma en 2013 sigue estando permeado por una visión altamente negativa de la población inmigrante en general, y en particular de los mexicanos.

A los mexicanos se nos sigue viendo como una carga pública y como -violadores de la ley-. En pocas palabras, la idea del extranjero como –amenaza- para los Estados Unidos es aún vigente. Consecuentemente, buena parte del público estadounidense, y buena parte de los legisladores federales, consideran que los migrantes deben ser tratados de acuerdo a como se les percibe, independientemente de



lo que verdaderamente representamos para el país. En el mejor de los casos, los migrantes somos vistos como algo que el mercado laboral necesita, pero no como un sujeto social merecedor de pertenencia plena en la sociedad.

Por lo tanto, y más allá de la posible aprobación de una reforma a la política de inmigración, seguirá siendo extremadamente importante trabajar rigurosa y consistentemente en la educación del público estadounidense respecto a lo que realmente somos las personas migrantes, tanto desde nuestra dimensión como seres humanos llenos de sueños, aspiraciones y valores muy similares a los de ellos, como las múltiples maneras en las que contribuimos a la generación de riqueza, al crecimiento económico, la base tributaria, la generación de empleo, la riqueza cultural y la cambiante realidad electoral del país.

Sabemos que el solo hecho de tener “papeles” implica superar un flanco de vulnerabilidad que afecta a la población de extranjeros que viven en el país sin autorización migratoria. La superación de dicho flanco ofrece condiciones menos adversas para la búsqueda de mejores condiciones de vida y mayor participación en la sociedad estadounidense. Independientemente de si una reforma a la política de inmigración incluye o no la posibilidad de solicitar la residencia permanente, debemos cambiar positivamente el grado de organización social y política de la comunidad inmigrante mexicana y latinoamericana. Únicamente así, por medio de una condición optima de organización social y política, será posible cambiar la ley de inmigración en un futuro cercano y otras áreas clave de la política pública que afectan nuestras vidas en los Estados Unidos, como también la vida de la mayoría en nuestros países de origen.

La carencia de capacidad real de incidencia política de la comunidad inmigrante mexicana, al igual que la del resto de las comunidades inmigrantes, se refleja consistentemente en la orientación general de las propuestas de reforma específicas a la política de inmigración. Si las comunidades inmigrantes estuviéramos debidamente organizadas, la lógica dominante detrás de las propuestas hubiera sido muy diferente. La orientación tan excluyente, restrictiva y punitiva, incluyendo la propuesta presentada este año por el grupo de senadores conocido como la “Pandilla de los Ocho,” se explica en buena medida a razón de la extremadamente débil capacidad de incidencia de las comunidades inmigrantes.

Al déficit ya mencionado, se añade también la decisión del gobierno mexicano de mantenerse esencialmente ausente en el debate político. En momentos álgidos anteriores, el gobierno de México tuvo mayor visibilidad, independientemente de que dicho actuar haya sido criticado por algunas organizaciones estadounidenses de incidencia política pro reforma migratoria, como también del mismo gobierno estadounidense. La postura de México tendría un efecto moralizador para las comunidades inmigrantes mexicanas en los Estados Unidos, como también para quienes desde México han trabajado por una reforma justa. No hay duda, sin embargo, que cualquier acción de apoyo del gobierno mexicano al esfuerzo de la reforma migratoria en los Estados Unidos seguramente sería manipulada por las organizaciones anti-inmigrante y anti- reforma, aduciendo de interferencia en los asuntos internos de los Estados Unidos.



El silencio del gobierno mexicano ante la reforma migratoria en Estados Unidos, presente desde la administración del Presidente Calderón y continuada en la administración del Presidente Peña Nieto; ha puesto de manifiesto la enorme desventaja al no contar con una sociedad civil migrante mexicana con la capacidad de ejercer un actuar vigoroso de incidencia política. Es decir, a diferencia de las manipulaciones políticas a las que se prestaría una postura visible a favor de una reforma migratoria justa por parte del gobierno mexicano, la acción de las comunidades migrantes mexicanas tendría la legitimad de actuar desde su condición de sociedad civil estadounidense. Por ello es importante insistir en la urgencia por mejorar cualitativa y cuantitativamente la capacidad de organización social y política de la comunidad inmigrante mexicana en los Estados Unidos.

Lo anterior no debe interpretarse como una excusa ante la falta de acción del gobierno mexicano. Si bien una acción directa en el ámbito político y legislativo estadounidense por parte del gobierno de México no es lo más conveniente en este momento, indudablemente habría mucho que hacerse en el campo político-diplomático desde Estados Unidos, así como en espacios políticos regionales como la Conferencia Regional sobre Migraciones, espacios políticos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas. En este sentido, es importante resaltar que algunos gobiernos de la región como Guatemala, El Salvador y Ecuador han participado más deliberadamente en reforzar los esfuerzos educativos dirigidos a sus nacionales en los Estados Unidos ante la posible reforma a la política de inmigración.

Observando el presente y mirando hacia el futuro, México debe priorizar la atención a sus comunidades en el exterior, salvaguardando sus derechos. Un objetivo estratégico de este esfuerzo es el empoderamiento del propio actor migrante. Mucho se ha hablado ya sobre la responsabilidad de los clubes, las federaciones y las redes donde participan los oriundos en relación a sus lugares de origen, pero poco se habla de cómo el gobierno de México debería apoyar la labor de profesionalización de dichas estructuras organizacionales para que sean más efectivas en la incidencia y el impacto en la política binacional. Para empezar deberíamos priorizar las siguientes acciones:

• Instar a las organizaciones nacionales en Washington, DC a voltear su atención ha-cia las organizaciones de base e incluir al liderazgo inmigrante latinoamericano en los círculos dirigentes y de toma de decisiones en lo referente a derechos de inmigrantes y la reforma a la política de inmigración. Hoy en día es evidente la gran ausencia de este liderazgo, especialmente de líderes migran-tes mexicanos.

• Promover la voluntad política en los funciona-rios mexicanos a todos los niveles para apo-yar el trabajo transnacional de las coaliciones y alianzas para que trasciendan sus propios ámbitos de acción en lo local y estatal. En el caso de Michoacán nos referimos al Frente Binacional Michoacano (FREBIMICH), en Zacatecas al Frente Cívico Zacatecano, en Oaxaca el Frente Indígena de Organizacio-nes Binacionales (FIOB), etc., para que dicho trabajo refuerce espacios de incidencia tales como el de la Red Mexicana de Lideres y Organizaciones Migrantes (RedMX) y el Co-



lectivo PND-Migración. Asimismo, se deberá potenciar la incidencia y colaboración en ámbitos regionales (Centroamérica y Caribe), ejemplificada por el trabajo que impulsan organizaciones tales como NALACC.

• Considerar convertir al Instituto de los Mexi-canos en el Exterior (IME) en una Secretaría de Estado o en un espacio de alto rango que dependa directamente del ejecutivo como un ente coordinador de programas de atención a los mexicanos en el extranjero; además de fungir también como un centro de planeación estratégica de políticas públicas.

• Promover de manera vigorosa y consistente la interlocución de las comunidades migran-tes organizadas en espacios como la Con-ferencia Nacional de Gobernadores (CONA-GO), legisladores y la iniciativa privada, para buscar consensos en temas de interés para los mexicanos en ambos países.

• Iniciar nuevos esfuerzos institucionales dirigidos a apoyar de manera decisiva el fortalecimiento de los liderazgos de las or-ganizaciones binacionales de la sociedad civil migrante mexicana, incluyendo el for-talecimiento de las organizaciones contra-partes de los migrantes en las comunidades de origen. Dichos esfuerzos deben estar debidamente respaldados por medio de la designación de recursos públicos. Es nece-sario desarrollar un programa de incentivos relacionados con la deducción de impuestos al sector empresarial mexicano, para incre-mentar la inversión en las organizaciones mexicanas de la sociedad civil que estén vinculadas al tema migratorio.

Los beneficios de contar con una sociedad civil migrante mexicana mucho mejor organizada y capaz de incidir de manera efectiva en los procesos de toma de decisiones en los campos de la política pública que afectan la vida de las personas migrantes mexicanas son de enorme valor en el presente y el futuro de ambos países. La coyuntura actual en torno a la reforma migratoria es el momento propicio para dar inicio a tan importante labor.



Movimiento robusto por una reforma migratoria

Frank sharry FunDaDOr y DirEctOr EJEcutiVO DE amErica´s VOicE y DirEctOr DEl FOrO naciOnal DE inmigración pOr 17 añOs En WashingtOn, Dc.

Las actuales leyes de inmigración de los Estados Unidos son disfuncionales y las prácticas de ejecución de las mismas suelen ser sumamente crueles. Dichas medidas se contraponen a la auto definición de nuestro país como una nación tanto de inmigrantes como de leyes. Las familias de inmigrantes están destrozadas, los trabajadores inmigrantes son explotados, a los talentosos jóvenes inmigrantes les son negados sus sueños, y los inmigrantes mueren de formas brutales cuando intentan cruzar la frontera.

Como respuesta a la crisis que enfrentan los trabajadores inmigrantes y sus familias, y en respuesta a la demanda pública por políticas de sentido común que modernicen el sistema migratorio de los Estados Unidos, ha surgido un robusto movimiento por una reforma migratoria. En la década pasada, este movimiento produjo suficiente energía como para construir una apertura sin precedentes hacia un gran avance legislativo.

En junio de 2013, el Senado de los Estados Unidos aprobó una iniciativa de reforma migratoria con un margen de 68-32. Los tres componentes principales de la iniciativa aprobada en el Senado son:

1) Legalización para los más de 11 millones de migrantes indocumentados, y una opción

de ciudadanía para la mayoría después de 13 años;

2) Reformas a la migración legal, incluyendo un programa ampliado para los trabajado-res de los sectores agrícola, de servicios y tecnológico; y

3) Seguridad reforzada, especialmente en la frontera de Estados Unidos y México, me-diante la duplicación de agentes de la patrulla fronteriza y mediante el sistema electrónico de verificación de empleo “E-verify”.

Lo peor de esta iniciativa fue la adición de último minuto de la enmienda sobre “reforzamiento de la frontera”. Es una terrible medida, que amenaza los derechos y el bienestar de las comunidades fronterizas, crea un gasto excesivo de recursos públicos e insulta a nuestros amigos en México y en todo Latinoamérica. La buena noticia es que, si la reforma llega a la meta, el reforzamiento de la frontera quedará reducido. En la Cámara de Representantes, tanto demócratas –dirigidos por representantes de las comunidades fronterizas- como republicanos –liderados por el republicano Michael McCaul (republicano por Texas), Presidente del Comité de Seguridad Nacional– se oponen rotundamente al incremento en el gasto y en los agentes de una frontera que necesita más infraestructura y menos militarización.

Lo mejor de la iniciativa incluye el inmediato estatus legal y una eventual opción de ciudadanía para la mayoría de los 11 millones. Es decir, mientras que se encuentran en -estatus provisional-, los migrantes pueden trabajar, viajar y vivir sin miedo a ser deportados. Esto brinda la oportunidad de



reunificación a las familias separadas por la deportación y representa un camino acelerado a la ciudadanía para los Dreamers y los trabajadores agrícolas. Dichas familias, que han pasado años e incluso décadas esperando en la fila, finalmente podrán reunirse. El nuevo programa de trabajadores inmigrantes les permite cambiar de empleo y ser considerados para el estatus permanente, los juzgados de inmigración serán más flexibles y considerarán factores individuales al momento de tomar sus decisiones y se reforzarán los remedios legales para aquellos trabajadores que hayan sido despedidos violando a las leyes laborales. Asimismo, se proponen límites estrictos en cuanto al aislamiento en los centros de detención, se incrementan las alternativas ante la detención, se ofrece más protección a los trabajadores contratados en el extranjero y se exige una política definida en cuanto al uso de la fuerza entre todas las agencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Ahora ¿qué sigue? Muchos han hecho la predicción de que la Cámara de Representantes, cont ro lada por los republicanos, bloqueará la reforma. Otros piensan que se impulsará la reforma con un enfoque tan cargado hacia la derecha que no valdría la pena apoyarla. Algunos de nosotros pensamos que vale la pena seguir intentando y ver qué es posible. Si pudiéramos tener una ley que fuera suficientemente buena en cuanto a la legalización y la ciudadanía, a programas de trabajo balanceados y una seguridad inteligente más que excesiva, entonces habríamos ganado en un imperfecto pero importante avance tanto en el paradigma de la política migratoria, como en el tratamiento

de millones de inmigrantes que residen actualmente en los Estados Unidos, así como aquellos que vengan en un futuro.

Si los republicanos proponen una legislación imposible de apoyar, entonces la atención pasará al Presidente Obama (muchos activistas se han enfocado en el incremento a las deportaciones). La presión haría que el Presidente use su autoridad ejecutiva para proteger a millones de indocumentados de la misma manera en que protegió a cientos de miles de Dreamers el año pasado. Pero desde nuestra visión, sería preferible una legislación que proveyera de un nuevo paradigma y una solución permanente para los más de 11 millones y para los futuros migrantes, en lugar de un alivio temporal para algunos de ellos y manteniendo un cruce peligroso para aquellos que quieran venir.

Independientemente de lo que ocurra en los próximos meses, tanto en el Congreso como desde el Ejecutivo, un factor es claro: el movimiento que impulsa la reforma migratoria es más fuerte que nunca y cada día se fortalece más. Ya sea que la reforma venga por parte de una iniciativa integral comprensiva, a través de reformas por partes, de acciones ejecutivas o de una combinación de ellas, lo que es un hecho es que – viene una reforma-. Es cuestión de tiempo, quizá años y no meses, pero vendrá.

Y cuando venga, mi predicción es que será el comienzo de una nueva era de cooperación regional, en donde se valoren los derechos humanos y un desarrollo impulsado de abajo hacia arriba, así como los temas de seguridad y comercio. ¿Es algo demasiado lejano? Eso mismo dicen de la reforma migratoria.



¿Qué habría hecho el Old Man (después de haber leído la S744)?

antOniO gOnzálEz DirEctOr EJEcutiVO DEl William c. VElásquEz institutE, cEntrO DE inVEstigación y pOlítica pública FunDaDO En 1985.

Mientras que la iniciativa S.744 del Senado está a la espera de respuesta en la Cámara de Representantes, los líderes latinos se convencen cada vez más de que esa medida no es digna de su apoyo. La S. 744 tal como está redactada, contiene terribles fallas. En síntesis:

• Excluirá a la mayor parte de los indocumen-tados en el proceso de legalización.

• Continuará deportando a millones de inmi-grantes.

• Crearía de facto al trabajador como una ser-vidumbre obligada.

• Gastará millones de dólares en el aumento a la seguridad fronteriza, lo cual no es más que gasto en la industria de -defensa basu-ra- como drones, muros y patrulleros en la frontera de Estados Unidos y México.

• Hará posible la discriminación racial masiva por medio del programa E-Verify

Esta no es la primera vez que una iniciativa de reforma migratoria ha sido invadida por fuerzas xenófobas. La historia se repite: de la misma manera en que la S.744 ha sido secuestrada en esta ocasión, lo fue en su momento la iniciativa de legalización de 1982 del Representante Edward Roybal (demócrata por Los Ángeles).

Legendario entre los círculos latinos y afectuosamente nombrado “the Old Man”, Ed Roybal fue el padre del empoderamiento latino en California, así como el fundador del movimiento por los derechos de los migrantes. En 1982, después de años de intentar legalizar a los inmigrantes indocumentados, Roybal abogó por la iniciativa de legalización Simpson-Mazzolli. Pero cuando la ley fue enmendada para incluir medidas que violaban los derechos humanos y laborales, Roybal introdujo docenas de enmiendas más, matando la iniciativa que él mismo había defendido.

Los líderes latinos de California, incluyendo a Roybal, intentaron y fallaron nuevamente en 1984, esta vez protestando en la Convención Nacional Democrática, avergonzando al candidato Presidencial Mondale después de que el liderazgo demócrata permitió medidas anti inmigrantes para destruir el apoyo latino de la iniciativa de reforma migratoria. Las protestas mataron nuevamente la iniciativa secuestrada por estas medidas. La persistencia dio frutos cuando Roybal ayudó a dirigir una coalición en colaboración con el Presidente Republicano Reagan, empujando al Congreso a promulgar en 1986 una efectiva medida de legalización para 2.9 millones de personas indocumentadas (aproximadamente el 70% de los indocumentados en ese tiempo), conocida como la Immigration Reform and Control Act (IRCA, por sus siglas en inglés).

Las medidas de “amnistía” de la IRCA, contrarias a los disparates escuchados hoy en Washington DC, son veneradas entre los latinos como uno de los mejores programas jamás emprendidos por el gobierno federal. Dicha “amnistía” tuvo beneficios socioeconómicos sumamente



positivos para los Estados con mayor peso de la inmigración como California y Texas en los años siguientes.

Pero las conclusiones de Roybal eran muy diferentes en aquel entonces en comparación con las de la mayoría de los demócratas en la actualidad. Hoy en día, los miembros demócratas de la Cámara Baja siguen pensando –erróneamente- que apoyar la S.744 con sus disposiciones punitivas e inefectivas, les permitirá obtener el apoyo de los votantes latinos. Mientras las comunidades inmigrantes y latinas conocen

el contenido real de la S.744, más se oponen a ella. De hecho, cientos de organizaciones inmigrantes y latinas han expresado su oposición a la S.744, como ocurrió en una carta dirigida a los representantes demócratas donde deploran sus premisas punitivas y hacen un llamado a su anulación, siguiendo el heroico ejemplo de Roybal.

La promulgación de la legislación federal no es para los débiles de corazón. Los que pretenden representar a los inmigrantes en los pasillos del Congreso de los Estados Unidos harían



bien en recordar a Roybal. El “Old Man” habría hundido este acuerdo porque en su momento sabiamente supo que “ningún proyecto de ley es mejor que un mal proyecto de ley.”

Gracias a los movimientos masivos por los derechos de los migrantes y al gran incremento del electorado latino, la opinión pública estadounidense está dando un giro de la exclusión a los inmigrantes a favorecer su inclusión hoy en día. Las encuestas muestran que la opinión pública está claramente a favor de una reforma migratoria con una legalización generosa.

Ahora, el reto de los latinos es hacerle ver al Congreso dicha realidad, y lograr una legislación inclusiva y no punitiva, que se promulgue en el 2013, el 2015 o el 2017.

California: impacto de leyes migratorias

angEla sanbranO prEsiDEnta DE la Junta DirEctiVa DE la alianza naciOnal DE cOmuniDaDEs latinOamEricanas y caribEñas (nalacc pOr sus siglas En inglés)

La incapacidad del Congreso Federal de los Estados Unidos de aprobar una reforma migratoria que resuelva la situación legal de más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, la política agresiva del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en ingles) en la ejecución de las leyes migratorias, la criminalización de los inmigrantes indocumentados, y la política anti-inmigrante adoptada por varios estados de la Unión Americana, incluyendo el estado de

California, han generado una crisis humanitaria en las comunidades inmigrantes a nivel nacional.

En los últimos 20 años el discurso y las políticas anti-inmigrantes se han radicalizado y la incapacidad de generar una respuesta política capaz de contrarrestarlas han llevado a que tanto los inmigrantes indocumentados como quienes gozan de alguna visa temporal o permanente sientan inseguridad y temor al ser perseguidos por las autoridades locales, estatales y federales.

La administración y ejecución de las políticas migratorias tienen un impacto devastador en la población latina en general y la población mexicana en particular, ya que los inmigrantes mexicanos representan un gran porcentaje de la población inmigrante en Estados Unidos y del estado de California. Aproximadamente 34 millones de personas, lo que equivale al 10% de la población de los Estados Unidos son de descendencia mexicana. De estos, aproximadamente 6 millones son indocumentados. En el estado de California viven más de dos millones de inmigrantes indocumentados. Cerca de la tercera parte (23%) de los inmigrantes indocumentados en el país residen en diho estado y uno de cada diez es inmigrante indocumentado, trabajando principalmente en la agricultura, la construcción, la producción, los servicios y las industrias de transportes o movimiento de materiales y bodegas.

A pesar de la importancia de la población inmigrante indocumentado en la economía del estado de California, los inmigrantes se encuentran en constante acoso y temor de ser arrestados y deportados. Algunas de las



políticas migratorias que más impactan a la comunidad inmigrante indocumentada están relacionadas con la implementación de leyes federales que criminalizan el -estatus legal- de las personas indocumentadas.

Un ejemplo es la implementación de la política del programa de “Comunidades Seguras” (Secure Communities) que consiste en la colaboración de las fuerzas policiales federales, estatales y locales con la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) para identificar a extranjeros que han sido arrestados o detenidos para proceder en determinados casos, a su deportación. En el año fiscal 2012, fueron deportados 409, 849 personas a nivel federal, casi el doble de las deportaciones en el 2008, el ultimo año de la administración de George W. Bush. Según el gobierno federal, una de las metas principales del programa es facilitar la deportación de “criminales convictos”. Sin embargo, según información publicada por ICE, siete de diez personas de las 90,000 que fueron deportadas en el 2012 del estado de California, no eran “criminales convictos”, sólo habían cometido delitos menores.

El pasado 16 de mayo, la Asamblea de California aprobó el “Acta de Confianza” (Trust Act), un proyecto de ley que limitaría las deportaciones de inmigrantes indocumentados que no han cometido delitos. El proyecto de ley está siendo revisado por el Comité de Apropiaciones del Senado, y los senadores tienen hasta finales de agosto para aprobarlo y mandarlo al escritorio del gobernador Jerry Brown para que lo firme, o lo vete.

Otra ley federal que tiene un impacto muy serio en la comunidad indocumentada en el

estado de California y a nivel federal, es el llamado “Identificación Real” (Real ID Act), esta ley estableció ciertos requisitos para que las licencias de manejar otorgadas por los estados puedan ser aceptadas como “documento oficial” de identificación por el gobierno federal. La implementación de esta ley ha resultado, en que la mayoría de los estados, con la excepción de Washington, Nuevo México, Utah e Illinois, no otorgan licencias de manejar a personas indocumentadas. Esta situación obliga a los inmigrantes indocumentados a conducir sin licencia. En varias ciudades de California se ha comprobado que el decomiso de autos de personas que manejan sin licencia se utiliza como fuente de ingreso para la ciudad, causando un severo daño económico a las familias inmigrantes quienes, muchas veces, prefieren perder sus autos porque los gastos de más de mil dólares para recuperarlo es demasiado alto.

Ante esta situación, la comunidad inmigrante en California se ha organizado para revertir y cambiar las leyes federales que afecta la vida diaria de muchas familias que están tratando de sacar adelante a sus familias. Aunque el estado de California no otorga licencias de conducir para indocumentados, en el 2011 el Gobernador del Estado firmó una ley que evitara que en los retenes de sobriedad se decomisen los autos de los conductores que conducen sin licencia. La ley permite que los conductores que sean detenidos en los retenes por no tener licencia de manejo y no encontrarse bajo los efectos del alcohol, tengan la posibilidad de llamar a un conductor amigo que sí cuente con una licencia válida para que maneje el auto.

También, al inicio del año los jóvenes indocumentados que califican bajo el programa



de “Acción Diferida” (DACA, por sus siglas en ingles) pueden aplicar por licencias de conducir en el estado de California. La “Acción Diferida” es una determinación discrecional que otorgo el Presidente Obama el 15 de junio del 2012 para jóvenes que llegaron a Estados Unidos en la infancia. DACA aplaza la deportación de ciertos jóvenes indocumentados por dos años. A estos jóvenes se les otorga un permiso de trabajo temporal para permanecer en Estados Unidos.

La comunidad inmigrante del estado de California, al igual que otros estados de la Unión Americana, se ha visto obligada a organizarse y demandar cambios en la implementación de las leyes federales a nivel estatal, ya que el impacto social y económico en la comunidad

inmigrante es severo. Desafortunadamente, la reciente propuesta de ley de reforma migratoria aprobada por el Senado el pasado mes de junio, llamada “Ley propuesta de seguridad fronteriza, oportunidad económica, y modernización de inmigración-S.744” no contempla cambios a las leyes estatales que inevitablemente conducen a la discriminación racial por la policía y los oficiales federales.

Por eso, las comunidades inmigrantes estamos conscientes que independientemente del desenlace de la reforma migratoria a nivel federal en el 2013, será necesario seguir luchando por revertir las leyes federales migratorias que promueven el perfil racial y violan los derechos constitucionales, civiles y humanos de la comunidad inmigrante.

El contenido de la brújula ciudadana es de exclusiva responsabilidad de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.

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TraduCCión:Alejandra Segura y Brenda Valdés.

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